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Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”

El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,  Jesús Martínez Martínez;  el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas,  que todos hacen su labor,  (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo  necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.

Por ausencia de tres diputados no se elaboró ayer el dictamen sobre Apango

Por falta de quórum este lunes se suspendió una sesión de la Comisión de Examen Previo del Congreso local, en la que se elaboraría el dictamen correspondiente a la solicitud de revocación de mandato que presentaron ediles de Mártir de Cuilapan (Apango) en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
De los cinco diputados convocados sólo asistieron el presidente de la Comisión, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario, el panista Iván Pachuca Domínguez; faltaron las perredistas Rosa Coral Mendoza Falcón y María del Carmen Cabrera Lagunas, y el priista Héctor Vicario Castrejón.
Consultado al respecto, Beltrán Orozco informó que se convocó a todos los integrantes y expresó que la intención era elaborar ya el dictamen para el caso de Apango, donde el grupo opositor a la alcaldesa, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras, y que mantienen tomado el Palacio Municipal, piden la revocación de Muñiz Gómez, de Movimiento Ciudada-no, a quien acusan de nepotismo, corrupción y desvío de recursos.
Dijo que la sesión de la Comisión se reprogramó para el miércoles, por lo que el resto de los integrantes serán convocados a fin de que para ese día ya haya un dictamen que posteriormente será presentado ante el pleno.
Se le preguntó si ya había un acuerdo respecto al sentido en que se dictaminaría, pero respondió que no y que para ello es necesario sesionar y que cada uno de los diputados exprese su opinión para construir un dictamen unánime.

Defiende Leyva Mena ante los diputados el proyecto del relleno sanitario en Matlalapa

El alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena se reunió públicamente con la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del estado para exponer el proyecto intermunicipal del relleno sanitario y solicitar la creación de una comisión especial para atender el problema de la basura en la capital, propuesta que fue rechazada.
Cerca de las 10:20 de la mañana parte del cabildo de Chilpancingo y el alcalde acudieron al Congreso a reunirse con la comisión de diputados que integran el rubro de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para dar a conocer el proyecto de la planta separadora de desechos en la comunidad tixtleca de Matlalapa.
En la reunión abierta a la prensa estuvieron la presidenta de la Comisión, Rossana Agraz Ulloa, del PVEM el secretario, el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, y los vocales, la perredista Eloísa Hernández Valle y el priista Saúl Beltrán Orozco.
También acudió la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve, el diputado por el PRD, Víctor Martínez Toledo, y la diputada perredista Erika Alcaraz Sosa.
Este martes el ayuntamiento capitalino dio a conocer que el alcalde acudiría al Congreso este miércoles para dar a conocer el proyecto de la planta separadora de residuos sólidos y solicitar la conformación de una comisión que ayude a dar solución al conflicto, propuesta que los diputados rechazaron.
En la reunión, Leyva Mena explicó que el proyecto intermunicipal del relleno sanitario quedó parado en Matlalapa por el rechazo del cabildo de ese municipio, y dijo que si se realiza está diseñado para que en el mismo terreno, que mide 67 hectáreas, se construya un rastro TIF (tipo inspección federal), una central de abastos y un parque.
Aclaró a los diputados que pese a que diariamente se ve basura en las esquinas del primer cuadro de la ciudad, diariamente pasan los carros recolectores de la basura de Servicios Públicos, pero que el temporal de lluvias impide que los vehículos lleguen con facilidad al basurero.
Sin embargo, por la saturación que el tiradero presenta y ante la falta de espacio, incluso llegan a tardar unas seis horas para que cada vehículo pueda depositar.
Además dio a conocer un diagnóstico que el ayuntamiento de Chilpancingo hizo respecto a los basureros que hay en Tixtla y Eduardo Neri (Zumpango), con los cuales se tiene pensado dicho proyecto y que es razón para que el relleno sanitario en Matlalapa se concluya y se aplique.
Resaltó que de acuerdo con la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el 2018 todos los municipios tienen que estar generando energía limpia con el nuevo procesamiento de la basura.
Del diagnóstico detalló que los tiraderos de los tres municipios son similares y no cumplen con la norma, lo que representa un riesgo a la salud.
Manifestó que es por eso que urge la elaboración de una agenda de gobierno entre los tres municipios que permita resolver el problema.
Expuso que en el caso de Tixtla, que se ubica al nororiente de la mancha urbana, su basurero está en un terreno poroso, que además colinda con terrenos de siembra, lo que representa un problema grave.
Además, que en el diagnóstico que hicieron el basurero comenzó a operar en el 2007 y debió cerrar en el 2012, lo que representa “una problemática complicada”, dijo.
Mientras que Zumpango prácticamente está en las mismas condiciones que la capital, y además ahí se deposita la basura que sale del Hospital General ubicado en Tierras Prietas.
El tiradero de este municipio está al norte y presenta fracturas geológicas; está ubicado del centro de la ciudad al basurero a 8.7 kilómetros.
“Es importante que yo se los diga porque el núcleo principal de negociación no es porque Chilpancingo tenga características políticas, o alguna conformación especial, o que sea capital, es por el tonelaje de basura, eso sí quisiera que quedara muy claro, porque cualquier empresa que venga, lo más importante para ellos es la basura de Chilpancingo, para que sea negocio para ellos necesitan arriba de 100 toneladas, ni Eduardo Neri ni Tixtla les da esa cantidad”, explicó.
En el caso de Chilpancingo indicó que el basurero está a 8 kilómetros del centro.
Leyva Mena añadió que si se llega a construir el proyecto en Matlalapa, éste estaría casi al centro de los tres municipios.
Señaló que en línea recta, de Matlalapa a los tres municipios hay 7 kilómetros.

Tiene todos los permisos, dice

Abundó que el predio que fue adquirido en la administración pasada, presidida por el priista Mario Moreno Arcos, cuenta con los permisos estatales y federales necesarios para poder hacer el proyecto.
“De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el lugar, el manto freático más cercano a la celda emergente, se encuentra acá, es decir está en una parte superior hacia abajo, en ningún momento podría ser entonces que la celda emergente contaminara, el manto freático más cercano que se encuentra a 2 kilómetros exactamente”, declaró.
Ahondó que hasta el momento en la estructura del relleno sanitario ya cuenta con respiraderos, sitio para almacenar los lixiviados, está colocada la geomembrana de 1.5 centímetros de grosor, que dijo es la que impedirá que se filtren los lixiviados.
Aseguró que por todo lo anterior cumple con la norma.
Relató los encuentros que tuvo con el alcalde tixtleco, el perredista Hossein Nabor Guillén, y con el comisario de Matlalapa, Reyes Duarte, hasta que el edil informó la decisión del cabildo de no permitir el proyecto porque no tenían certeza de que no contaminaría el ecosistema.
Agregó que tenía conocimiento de que era área natural protegida y argumentó que no había documentación de cambio de uso de suelo.
El presidente municipal capitalino refirió que “parte de esto (el proyecto intermunicipal) es la derrama económica, que inclusive independientemente del asunto de lo que les acabo de decir, la central de abasto, el asunto del rastro, el asunto del parque sumado, a esto va a detonar económicamente la zona, y sobre todo a quien más va a beneficiar es a Tixtla, por qué razón, porque si nosotros hacemos una central de abasto con cerca de 60 bodegas, a quién le van a pagar el predial es a Tixtla, no es a Chilpancingo, y a quien le va a pagar el rastro el asunto de los impuestos es a Tixtla, no a Chilpancingo”.
Leyva Mena aseguró que el predio en Matlalapa no es área natural protegida, que la más cercana se encuentra en Chilapa, el parque Juan N. Álvarez.
Aceptó que se tiene que cuidar la fauna creando una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), porque hay presencia de venado cola blanca.
En su intervención el director de ecología municipal, Alejandro Zepeda Castorena, señaló que el 50 por ciento de la basura que se genera es orgánica, e indicó que es llevada a biodigestores que a través de un proceso llamado biólisis genera metano para producir energía eléctrica, con la que se beneficiaría la comunidad de Matlalapa.
El alcalde insistió en la integración de una comisión especial para la atención de este problema.

Mecánica de suelos

Durante las preguntas y respuestas el diputado Beltrán Orozco cuestionó si existe una mecánica de estudios de suelos que indique la capacidad de soporte de la membrana y la capacidad de soporte del suelo mismo.
Zepeda Castorena respondió que “cuando se hace una inversión y un proyecto de este tipo, sobre todo esta inversión económica, se hacen estudios previos, se hizo un estudio de perfectibilidad, ese estudio de perfectibilidad trae todos los estudios de mecánica de suelo, cuánto es la carga que puede soportar el terreno”.
El diputado abonó a que se tiene que hacer labor de convencimiento con la población para permitir la ejecución del proyecto.
Saúl Reséndiz preguntó si ya se tiene identificado que al hacer el rastro y la central en el mismo terreno donde se ubicará el relleno no se cruzarán las normas de salubridad o se contraponen a los estándares de calidad, y si hay acercamiento con los alcaldes de Tixtla y de Zumpango, el perredista Pablo Higuera Fuentes.
“Hay que aclarar que el terreno sea de Chilpancingo y esté en Tixtla, no pueden hacer lo que se les pega la gana”, recalcó.
El alcalde dijo que conforme a la magnitud del terreno es posible realizar todos los proyectos pero que se analizará la norma y comprobar si es posible.
También argumentó que hace tres semanas se reunió con Nabor Guillén y el acuerdo fue que no se interpondría para que Chilpancingo acudiera a hacer una campaña de información, y de Higuera Fuentes sólo dijo que se había reunido hace dos semanas.
En la intervención de la diputada Hernández Valle dijo que tiene conocimiento de que existen problemas gastrointestinales “fuertes” en la capital, que no quiere ser alarmista pero que es importante que se avance en el proyecto.
“Es un asunto que tienen que resolver ustedes, ustedes habrán de tocar puertas para buscar los recursos que requieran, suena bien, y suena bastante halagador el decir se van a generar bastantes empleos, es un proyecto integral, sin embargo son ustedes quienes habrán de revisar y dar cuentas de esta parte técnica, de la regulación, de cumplir con los permisos”, expresó.
La diputada Flor Añorve pidió una próxima reunión con ambos alcaldes de Tixtla y Zumpango para escuchar las problemáticas que identifican con este proyecto, y también destacó el problema de las enfermedades gastrointestinales existentes en Chilpancingo y que se tiene que analizar su origen.
“Yo no desconozco que en Chilpancingo esté un problema gastrointestinal fuerte, que se deba al tema únicamente lo del actual relleno, no es así, creo que hay otros factores, es multifactorial pero el problema existe y yo creo que si tenemos claro que se está generando este tipo de problemas, creo que sería muy positivo de manera urgente apuremos la solución”, abundó el alcalde.
Finalmente la Comisión acordó exhortar a los presidentes municipales de Zumpango y Tixtla para que así como lo hizo Leyva Mena acudan al Congreso a exponer su opinión sobre el proyecto, y manifestó que será ésta la encargada de darle seguimiento al tema, que no es posible la creación de una nueva comisión como lo solicitó el alcalde.
Por lo tanto se acordó que este jueves se dará a conocer la respuesta de ambos alcaldes y definir la fecha de la reunión.

Escucharán diputados a las partes y emitirán otro dictamen sobre Apango

 

Por errores en el procedimiento al no tomar en cuenta a la parte denunciada, la Comisión de Examen Previo del Congreso local repondrá el dictamen de la solicitud de revocación de mandato que la disidencia del cabildo de Mártir de Cuilapan presentó en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Este martes el presidente de la Comisión de Examen Previo, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario de la misma, Iván Pachuca Domínguez, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Flor Añorve Ocampo, y la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, para tratar ese caso.
La reunión estaba convocada a las 11 de la mañana, sin embargo comenzó poco después de la una de la tarde y sólo estuvieron presentes dos de los cinco diputados que integran la Comisión de Examen Previo, que tiene en su turno la solicitud de revocación de mandato.
Los ausentes fueron el priista Héctor Vicario Castrejón y las perredistas María del Carmen Cabrera Lagunas y Rosa Coral Mendoza Falcón.
El encuentro fue a puerta cerrada en la sala José Bajos Valverde y al concluir los diputados dieron una conferencia de prensa en la que informaron los acuerdos a los que llegaron.
En su intervención, el presidente de la Comisión, Saúl Beltrán, recordó que ya se había emitido un dictamen respecto a ese caso, como se informó en estás páginas el pasado 19 de julio, sin embargo dijo que hubo observaciones en el proyecto, por lo que se tendrá que reponer.
Entre las observaciones están que los diputados no habían visitado Apango, cabecera de Mártir de Cuilapan, para certificar las presuntas irregularidades señaladas por la disidencia del cabildo, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, además de que la alcaldesa, que milita en el partido Movimiento Ciudadano, no había dado su postura ni presentado pruebas en su defensa.
“Nosotros no hemos verificado con certeza lo que dicen los denunciantes. Ustedes ya saben, habla siempre el que denuncia a su favor y el que es el perjudicado también tiene que defenderse”, dijo.
Por esta razón, informó que se integró una comisión especial, que estará conformada por él, el diputado del PAN Iván Pachuca, la del PRD Erika Alcaraz y se incluiría a un diputado de la fracción de Movimiento Ciudadano, quienes harán una inspección ocular en ese municipio.
Se le preguntó si citarían a comparecer a la alcaldesa de Apango para que presentara pruebas a su favor, pero respondió que se valoraría esa posibilidad hasta después de tener un nuevo dictamen.
Sin embargo, la diputada Erika Alcaraz lo corrigió y dijo que sí es necesario que comparezca Felícitas Muñiz ante la Comisión de Examen Previo.
Incluso informó que la semana pasada la Comisión de Gobierno se reunió con ella, presentó documentos en su defensa y expuso a los legisladores la situación que se vive en el municipio que gobierna.
“Es necesario que la Comisión (de Examen Previo) coteje ambos elementos probatorios que presenta tanto la parte acusadora y la parte de la presidenta municipal, nosotros hicimos lo propio (…) La presidenta sí tendría que venir, estaría obligada pero ya ante la comisión dictaminadora”, señaló.
El diputado Iván Pachuca respaldó la postura de Erika Alcaraz en el sentido de que sí comparecerá la alcaldesa, pues es necesario contar con su versión y que ella presente documentos antes de que se emita el segundo dictamen.
“No puede haber un dictamen si ambas partes no han acudido, entonces la presidenta va a tener que acudir también ante la Comisión de Examen Previo a desahogar sus pruebas y la comisión que visitará el municipio lo hará para analizar las quejas”.
Por su parte, Flor Añorve indicó que se le notificará a la fracción de Movimiento Ciudadano de la conformación de la comisión especial que visitará Apango para que designe a uno de sus miembros y participe, pues al tratarse de una autoridad municipal de su partido consideró que es necesaria su presencia.
Por la tarde, vía telefónica, Añorve Ocampo explicó que sí comparecerá la presidenta municipal, sin embargo no se ha definido cuándo ni cuál será la dinámica.
Explicó que podría ser una entrevista con ella el día en que se realice la inspección ocular por parte de la Comisión Especial o citándola a comparecer ante la comisión dictaminadora.
Informó que se agilizará todo el procedimiento para que el dictamen salga cuanto antes y reconoció que se cometieron errores en la elaboración del primero, del que no quisieron explicar en qué sentido se emitió bajo el argumento de que ya no tenía validez y que darlo a conocer podría alterar el nuevo procedimiento.
Informaron que en la sesión de la Comisión Permanente que se celebrará hoy en el Congreso se definirá la fecha de la visita que los diputados harán a Apango.

La estrategia funciona y sin ella el estado estaría “más convulsionado”, dice Almazán a diputados

Durante su comparecencia ante el Congreso local, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, defendieron la estrategia en la materia que el gobierno del estado y la federación mantienen en Guerrero.
Argumentaron que los pocos resultados en el combate a la delincuencia son producto de la insuficiencia presupuestal en sus instituciones y acusaron a los gobiernos municipales de no cumplir sus responsabilidades en la prevención del delito.
Por ello solicitaron a los diputados mejorar los presupuestos de esas dependencias en el ejercicio fiscal del próximo año, de lo contrario advirtieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado difícilmente se erradicará.
Durante su informe, el fiscal general Xavier Olea Peláez reveló que se identificó a dos funcionarios vinculados directamente con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes comparecieron ante las Comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; el de la FGE, Xavier Olea, y el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz.
La comparecencia se desarrolló en la sala José Francisco Ruiz Massieu de la sede del Legislativo y se extendió por poco más de seis horas.
Al contrario de lo que se había anunciado, sí se permitió la cobertura a reporteros, a quienes se les instaló una pantalla y una bocina afuera de la sala para escuchar los informes que los tres funcionarios presentaron a los diputados.

Se queja Almazán de los recortes presupuestales

El primero en intervenir fue Pedro Almazán, quien defendió la estrategia de seguridad que mantienen el gobierno de Héctor Astudillo Flores en coordinación con la federación, y aseguró que de no ser por las acciones que se han emprendido en la materia, Guerrero enfrentaría una situación aún más compleja de la que vive actualmente.
“La estrategia de seguridad sí está funcionando y está aportando resultados que contribuyen grandemente a la pacificación de Guerrero, pues de otra manera tendríamos ya un estado más convulsionado por las acciones de los cárteles de la droga”, expuso.
Dentro de los logros que destacó por parte de la SSP, dijo que del 27 de octubre de 2015 a la fecha se han destruido 74 mil 400 sembradíos de amapola, 799 de mariguana, 4.3 kilogramos de cocaína, 220 gramos de heroína, 6.7 gramos de cristal, 285 dosis de cristal, 572 gramos de piedra, 344 dosis de piedra, 9 kilos de sustancia base y tres laboratorios rústicos.
Indicó que también se han decomisado 217 armas largas, 300 armas cortas, 26 granadas de mano, 23 chalecos balísticos, mil 411 vehículos, 566 motocicletas, 480 teléfonos celulares y 46 radios de comunicación.
Además informó de la detención de mil 13 presuntos responsables de delitos del orden federal, 847 del fuero común y más de 4 mil personas han sido remitidos a barandillas por faltas administrativas.
Informó que fueron liberadas 53 personas secuestradas, además de que han sido detenidos 24 “objetivos criminales relevantes”, 14 dentro de la entidad y 7 en otros estados, y destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la ubicación y detención de 16 criminales más que, aseguró, son quienes propician violencia de alto impacto en Guerrero.
Almazán Cervantes indicó que el mayor mérito en los resultados de la estrategia de seguridad es para las corporaciones federales, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería; y en segundo término a las fuerzas de la SSP.
Aseguró que las corporaciones de seguridad del estado han actuado de manera profesional y responsable a pesar de las carencias que enfrentan, y acusó a los gobiernos municipales de no hacer lo que les corresponde en la materia.
“Respecto a la participación municipal no soslayo mencionar que ahí los esfuerzos han sido mínimos, por no decir que han sido nulos, muchos municipios no cuentan con el personal y el equipamiento necesario. Siguen contando con elementos que no satisfacen los requisitos para permanecer y desempeñar funciones policiales ni se observa interés alguno para finiquitarlos, reclutar nuevos policías o desarrollar capacidades policiales que permitían a los alcaldes cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, expuso ante los diputados.
Aseguró que la falta de trabajo de los gobiernos municipales en materia de seguridad ha generado en el estado mayor impunidad, así como el crecimiento de los índices de violencia, y en consecuencia el gobierno del estado a través de la SSP ha tenido que asumir las responsabilidades “que por ley le corresponde a los municipios”.
Explicó que para 2016 la SSP recibió un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el cinco por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2015.
Dijo que de este monto el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el cinco por ciento restante a gastos administrativos.
Además dijo que el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignó a Guerrero el año pasado 105.5 millones de pesos, pero para este 2016 lo redujo a 105.2, mientras que el subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos y para el actual ejercicio el estado ya no recibió ese apoyo.
“Con estas limitaciones los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles; prueba de ellos es que desde hace un año y 8 meses que llevo al frente de esta secretaría, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura”, explicó Almazán Cervantes.
Dijo que el estado de fuerza actual de la SSP es de 4 mil 189 policías que son insuficientes para garantizar la seguridad de la población, situación que se agrava aún más por la no participación de los gobiernos municipales.
“Señoras y señores, debemos estar conscientes que por muy adecuadas que sean las estrategias de contención y combate a los índices de violencia que aplica el gobierno estatal y federal, no será posible obtener con prontitud mayores avances y mucho menos solucionar los problemas de seguridad de manera definitiva si únicamente nos atenemos a la presencia y trabajo de las instituciones federales de seguridad y no se superan con urgencia los grandes rezagos que presentan hoy los cuerpos de seguridad del estado y municipios”, advirtió.

Encontró un subejercicio presupuestal, dice Pano Cruz

Por su cuenta, Daniel Pano Cruz informó que cuando empezó esta administración, el 27 de octubre pasado, se encontró un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FAS)  acumulado de 2013 y 2014 por un monto de  57.43 millones de pesos; adicionalmente un presupuesto no ejercido correspondiente a 2015  por 317.8 millones del que sólo se había aplicado el 1.25 por ciento.
Dijo que para abatir el subejercicio se buscaron alternativas y el gobernador convino con la federación la participación para redireccionar  el FAS al rubro de infraestructura del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicó que para el presente ejercicio fiscal, y derivado de los  recortes, el FAS sufrió una disminución de 10 por ciento, al pasar de 321.2 millones de pesos a  290 millones.
Del Centro Estatal  de Control y Confianza dijo que se están atendiendo 28 evaluaciones diarias, incrementando su operación en un 56 por ciento.
Informó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 elementos de la Fiscalía)  se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictaminación, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Dijo que existe un  universo de 2 mil 653 policías por evaluar, lo que significa un avance del 74.7 por ciento en la evaluación de las corporaciones de seguridad.
“Con la sociedad civil se trabaja en los números de urgencia 066 y 099, ya que el 90 por ciento de llamadas que se reciben son de broma, se trabaja con jóvenes  para prevención de explotación sexual y trata de personas”, dijo.
Finalmente dijo que solamente 55 gobiernos municipales firmaron su carta adhesión al esquema de mando único, cinco lo rechazaron (Pilcaya, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Atlamajalcingo del Monte) y los otros 21 aún no deciden.

Ubicó la FGE a dos funcionarios vinculados a la delincuencia

El último en rendir su informe fue el fiscal general, Xavier Olea, quien durante su exposición dedicó más tiempo al tema de violencia contra las mujeres y manifestó a los diputados y diputadas presentes que no es misógino, y que su actitud atiende a lo que establece la ley.
Olea Peláez informó que del 1 de enero al 30 de julio de 2016 se cometieron mil 251 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo lapso hubo 426 homicidios culposos, obteniendo en lo que va del año 68 autos de formal prisión por homicidios dolosos y 56 sentencias condenatorias por el mismo delito.
Respecto a la violencia de género, dijo que en lo que va del año han ocurrido “cientos” de homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo sólo 11 fueron tipificados como feminicidios.
Dio a conocer las acciones emprendidas desde su llegada en la FGE en el cumplimiento del marco normativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las estrategias encaminadas a combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los mecanismos implementados para combatir los delitos de homicidio, extorsión y secuestro en Guerrero.
Informó que del 11 de diciembre al 10 de julio se han recibido denuncias con 50 asuntos de secuestro, se ha liberado a 52 víctimas de ese delito y detenido a 57 personas con averiguaciones previas. Olea Peláez indicó que la fiscalía especializada para el combate de la corrupción ha detectado casos de funcionarios en el ejercicio indebido de la función pública, incurriendo en abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Incluso comentó que existen dos casos de servidores a quienes se les comprobaron vínculos directos con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados ante la SEIDO.
Al igual que la SSP, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la FGE es la insuficiencia presupuestal, por lo que pidió el apoyo del Congreso para que en el próximo ejercicio fiscal se incremente su presupuesto.
Dijo que los salarios del personal de la FGE son raquíticos, lo que los hace susceptibles a acceder a “dádivas”.
Dijo también que la FGE carece de vehículos que permitan un buen desempeño, y como ejemplo mencionó que en la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, personal de la Procuraduría de Michoacán participó con 65 camionetas nuevas y seis helicópteros propios, mientras que la FGE intervino con 45 camionetas “chatarrizadas”.
Tras los informes se abrieron cinco rondas de preguntas y respuestas por parte de los diputados, quienes en su mayoría cuestionaron respecto a información que fue proporcionada en las exposiciones, por lo que los funcionarios se limitaron a repetir gráficas y estadísticas.
El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez y el priista Héctor Vicario Castrejón se comprometieron a atender la petición de los funcionarios de gestionar más recursos para esas instituciones a fin de mejorar su efectividad y erradicar el problema de violencia.

Que Evodio decida si es alcalde o dirigente del PRD, exigen diputados y regidores del PRI

Diputados locales y regidores del PRI en Acapulco exigieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que decida si será dirigente del PRD o presidente municipal, y que cumpla su obligación de dar seguridad y servicios públicos a la ciudad o renuncie.
Enfatizaron que el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, es un asunto de seguridad y no político como consideraron que lo está haciendo el alcalde Evodio Velázquez con las declaraciones hechas en la ciudad de México el pasado martes, en las que dijo que la coordinación contra la inseguridad es de “chismito”.
En conferencia en el salón El Faro en la Costera, los diputados locales del PRI y los regidores de ese partido en Acapulco coincidieron e insistieron en cada una de las intervenciones en la exigencia al alcalde Evodio Velázquez que decida si será presidente municipal, y de ser así contará con todo su apoyo, o si seguirá actuando como líder político del PRD, ante lo cual le solicitan que renuncie, dijo la diputada Flor Añorve.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz expuso que la postura del alcalde en la conferencia de antier en la Ciudad de México no fue la postura de todos los alcaldes del PRD.
“Hay que decirlo, es Evodio Velázquez quien ha querido tomar por estandarte la visión, la opinión pública de los escenarios, los reflectores, cuando Acapulco, lo sabía desde que estaba en campaña porque es joven, pero sí le alcanza para entender la magnitud y la complejidad que significa gobernar Acapulco”, expresó.
Vadillo Ruiz se refirió a las declaraciones de Evodio Velázquez después de asistir al velorio de Soto Duarte, en las que dijo que “parece como si las estrategias no funcionan, había que decirle al presidente de la República y exhortarle al gobierno, que haga algo y que atraiga la PGR este suceso, este homicidio”.
Dijo que se vio como “con una desesperación, con el temor de un infante ante la situación que no puede resolver llamando a su papá” para que la federación actúe, y preguntó “qué ha hecho él por el municipio de Acapulco, dónde están sus estrategias” para combatir la delincuencia.
La diputada llamó al alcalde a no apostarle a la división desde la vocería “que se ha nombrado, quiero pensar”, y trabajar en conjunto, asumir la responsabilidad y gobernar sin distinción de partido, en referencia a lo dicho por Evodio Velázquez en la conferencia del martes.
La presidenta de la Comisión de Gobierno y coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso, Flor Añorve Ocampo, recordó que el martes los diputados del PRD pedían no politizar el asesinato de Soto Duarte, y eso contrastó con las declaraciones de Velázquez Aguirre en la ciudad de México ese mismo día.
“Solamente estamos exigiéndole al presidente que se ponga a trabajar, en él está la decisión de seguir, que trabaje, resuelva los problemas de agua, de inseguridad, obra pública, si es así contaraá con el apoyo de todos nosotros”, ofreció la diputada, y enfatizó que si continúa con las prácticas de actuar y ser vocero de su partido que se dedique a eso.
Agregó que lamentan el asesinato de Soto Duarte y “no queremos que se politice más”.
El diputado del PVEM, Eduardo Cuevas Ruiz, consideró que las declaraciones del alcalde “es protagonismo puro, hay que ponerse a trabajar y si no puede, insisto, que pida licencia y nosotros con todo gusto se la vamos a conceder”.
Exigió a Velázquez Aguirre que deje de echar culpas y que defina si es presidente municipal o dirigente de su partido.

“Cinismo” del alcalde

Por su parte, el diputado Samuel Resendiz Peñaloza expuso que de acuerdo con el artículo 115, fracción 3, inciso H de la Constitución, es responsabilidad de los municipios la seguridad, la policía preventiva y el tránsito.
“Sólo cuando los ineficientes ayuntamientos no pueden, tiene que entrar al quite el gobierno federal y el gobierno estatal, eso es lo que ocurre en el puerto de Acapulco ante la ineficiencia del presidente Evodio Velázquez, otros gobiernos han tenido que responderle a los acapulqueños”, dijo.
Consideró que es “cinismo” del alcalde hacer creer a la población que lo que ocurre en Acapulco es culpa del gobierno federal y estatal.
“Tenemos un presidente municipal que mientras en Acapulco asesinan dolosamente a seis personas él da, hace grilla en la Ciudad de México vestido de amarillo, en horas hábiles, ante los medios nacionales, porque prefiere ese protagonismo a darle la cara a los acapulqueños, exigimos que se defina y actúe como lo que es, el presidente municipal de todos los acapulqueños”, manifestó.
Es “una demanda y no una solicitud de que el joven renuncie porque sus hechos, acciones y palabras nos mandan un mensaje muy claro que se comporta como dirigente del partido de los amarillos”, indicó a su vez la diputada Rosaura Rodríguez.
El coordinador de la fracción de los regidores del PRI en Acapulco, Luis Miguel Terrazas Irra, lamentó el “trágico acontecimiento”, como calificó el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Enfatizó que los regidores del PRI rechazan “todo sesgo” de desvirtuar la intención criminal del asesinato y se quiera ubicar el hecho como asunto de carácter político, por lo que dijo que es “cuestionable” que el alcalde Evodio Velázquez busque en medios culpables “en donde no los hay”, ante la inseguridad.
Cuando Acapulco, puntualizó Terrazas Irra, es calificada como la ciudad más violenta del país, por lo que llamó al alcalde a actuar con “prudencia y sensatez”.
Terrazas Irra puntualizó que el problema de la inseguridad atañe a todos y que el gobierno del estado no ha sido ajeno, por lo que ha coadyuvado para “lograr un Acapulco en paz”, defendiendo con ello al gobernador Héctor Astudillo Flores de los señalamientos que hicieron perredistas que exigieron su renuncia por no garantizar la seguridad de la población.
“Le hacemos, la fracción de regidores del PRI, un llamado enérgico (a Evodio Velázquez) para que asuma su responsabilidad, los acapulqueños demandamos resultados en seguridad y en servicios públicos, los acapulqueños queremos un presidente que trabaje por el municipio y no que sea un dirigente de partido, si no puede exigimos su renuncia”, sostuvo.
La regidora Brígida Rosa María Trani Torralva expuso que Evodio Velázquez olvidó que ya terminó la campaña y que el PRD gobernó los últimos diez años Guerrero, que “dejó un gobierno en ruinas y lo convirtió en uno de los estados más violentos de México”.
Recalcó que el presidente municipal anda distraído en otros temas y no presta atención a los problemas del municipio, como la falta de pago a la CFE por parte de la Capama, por el que le han suspendido el servicio de energía eléctrica desde el lunes.
“Creo que al presiente municipal se le ha olvidado precisamente eso, que es el presidente municipal de Acapulco y no el dirigente del PRD, y si es así que deje la presidencia a alguien que quiera servir a los acapulqueños”, planteó.
En otro tema, a los diputados se les pidió una postura en tres ocasiones sobre la detención el viernes pasado de la secretaria general de la Red de Jóvenes x México en Guerrero, Ximena Bernal, pregunta que ignoraron en dos ocasiones y en la tercera, el diputado Vicario Castrejón dijo que se encontraban ahí para ser solidarios con los regidores del PRI ante la incapacidad de “quien hoy gobierna al puerto de Acapulco”.
En la conferencia estuvieron los diputados del PRI, César Landín Pineda, Antelmo Alvarado García, Irving Adrián Granda Castro y María de los Ángeles Salomón Galeana; del Verde, Rossana Agraz Ulloa, y los regidores Rodolfo Escobar Ávila, Emma Reyes Hernández, Linda Karina Ríos Radilla y Braulio César Montes Vázquez.

Un encargado no es un secretario, responden diputados de MC a Evodio

 

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local respondió al desplegado del Ayuntamiento de Acapulco, y dijo que efectivamente el gobierno de Luis Walton nombró a Francisco Sandoval encargado de despacho de la Dirección de la Policía Preventiva municipal el 9 de septiembre de 2014, pero subrayó que para tal puesto “no se requiere” tener título y cédula profesional, como sí es ese un requisito para un secretario de Seguridad Pública.
En un desplegado titulado Miente Evodio Velázquez nuevamente, la fracción de MC habla sobre la información difundida un día antes por el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, en el que rechazó que el gobierno perredista haya promovido mandos de la policía sin certificar y afirmó que fueron el ex alcalde Walton y la ex secretaria general del Ayuntamiento, Magdalena Camacho, quienes le reconocieron el grado de licenciado a Francisco Sandoval.
Los diputados de MC afirman que la designación de Sandoval como secretario de Seguridad Pública, fue responsabilidad del Ayuntamiento que encabeza Evodio Velázquez de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero, y debió de verificarse que cumpliera todos los requisitos exigidos por dicha norma.
Indican que para ser secretario de Seguridad Pública se requiere tener título y cédula profesional, como lo señala el artículo 21 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en cambio para ser designado encargado de despacho de la Dirección de la Policía Preventiva municipal, como ocurrió el 9 de septiembre de 2014, “no se requiere tal requisito de conformidad con el artículo 22 de dicha normatividad”.
Explican que en esa ocasión Sandoval Vázquez aprobó los exámenes de permanencia pero “este resultado aprobatorio le fue revocado o se le dejó sin efecto, por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública” y se le informó el 15 de octubre de 2015 al alcalde Velázquez Aguirre en el oficio número 1948.
Los diputados también rechazan el señalamiento de que los policías municipales actuales son los mismos de los gobiernos de Luis Walton-Luis Uruñuela, y dijeron que en el “supuesto convénio” que suscrito por el segundo “no se alude de ninguna manera a los 667 elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, como lo quieren hacer ver en el desplegado aludido”.
En el desplegado los diputados afirman que el alcalde “no tiene excusa” de no cumplir lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a separar del servicio a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública que no obtengan el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución de la República.
Afirman que el desplegado que publicó el secretario general del Ayuntamiento a nombre del alcalde “al entrañar una aceptación expresa de las violaciones legales y los delitos cometidos”, se aportará al Ministerio Público federal para que se integre a la indagatoria como prueba.

Ve Mejía Berdeja una amenaza en declaraciones de Sebastián de la Rosa

El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, exigió al diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez que aclare a qué se refiere cuando dice que “el exhibicionismo político tiene un tope, un límite”, pues consideró que esa declaración es una amenaza.
Mejía Berdeja aclaró que no tiene nada en contra de la militancia del PRD, incluso aseguró que mantienen una buena relación el coordinador parlamentario de ese partido, por lo que se dijo sorprendido de sus declaraciones.
El miércoles De la Rosa pidió a Mejía Berdeja ser “más responsable” en sus acciones “porque me parece que el exhibicionismo político tiene un tope, incluso para la respuesta de los demás actores políticos, tiene límites”, en referencia a los señalamientos que ha hecho en contra del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Esta declaración fue interpretada por Ricardo Mejía como una presunta amenaza en su contra, por lo que lo que ayer exigió al perredista que aclare a qué se refiere y se retracte.
En conferencia de prensa que ofreció ayer en la tarde en la sala Jorge Bajos Valverde del Congreso Local, el diputado de MC insistió en que la “protección” que la dirigencia del PRD y el coordinador parlamentario de ese partido le ofrecen al alcalde de Acapulco es similar a lo que se hizo con el ex presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso por sus vínculos con el crimen organizado y por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
En la conferencia, Mejía Berdeja mencionó que el artículo 53 de la constitución local establece que los diputados no podrán ser perseguidos o reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo ni por el sentido de sus votos.
También se refirió al artículo 61 de la constitución federal, que indica que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, “y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
“No acepto ninguna reconvención, y segundo, pido que (Sebastián de la Rosa) aclare el alcance de su dicho, a qué se refiere cuando dice que todo tiene un límite, que ese límite ya llegó , porque insisto esto tiene un tono de amenaza que trasciende el tema eminentemente parlamentario, tiene tintes de amenaza contra nuestra integridad física”. (Carlos Navarrete / Chilpancingo).

Critica transportista que los diputados de MC no apoyen la desincorporación de la Policía Vial

El presidente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, criticó la postura de los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), sobre la no desincorporación de la Policía Vial de la Preventiva y aceptó la Coordinación de Movilidad y Transporte porque evitará lentos trámites que hay en la Secretaría de Seguridad Pública.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el transportista comentó que la desincorporación de la Policía Vial facilitaría el trámite de las infracciones o liberación de los automóviles, porque para denunciar la corrupción de los agentes viales tiene que darse un largo proceso, “yo creo que el cabildo y Evodio tienen intención de mejorar el servicio y apoyamos la propuesta presidente municipal”.
Mendoza Tapia criticó que “los diputados locales de Walton no tiene dignidad de lo que piden, ellos pudieron hacer el cambio cuando estuvieron de gobierno, y no lo hicieron”.
El jueves, los diputados del PRI, MC, PAN y PVEM aprobaron, por mayoría, exhortar al Ayuntamiento de Acapulco a modificar el acuerdo que creó la Coordinación General de Movilidad y Transporte para dejar sin efecto la desincorporación de la Policía Vial de la Policía Preventiva municipal, además de que la designación del coordinador y de los mandos de los agrupamientos de la Preventiva sea certificada.
En declaraciones a reporteros el viernes en el Ayuntamiento, el coordinador general de Movilidad y Transportes, Israel González Nava eludió el asunto del exhorto de los diputados locales para no desincorporar a la Policía Vial de la Preventiva: “ese tema lo está desahogando el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza, yo desconozco detalles, por tanto no podía opinar en ese sentido”.
“Yo trato de cumplir con mi obligación como funcionario público, que lo califique el pueblo, si puedo o no puedo, el Cabildo es quien tiene la palabra, y el secretario general es el vocero de estos casos del municipio, yo estoy en mi chamba”, concluyó.

Apoyar a su candidato en Tixtla, pide la dirigencia estatal del PRD a los diputados

 

La dirigencia estatal del PRD solicitó a los diputados de ese partido que sumen sus estructuras territoriales a la campaña del precandidato único a la alcaldía de Tixtla, Hossein Nabor Guillén.
Ayer a las 10 de la mañana en la sala de juntas de la fracción parlamentaria del PRD en las instalaciones del Congreso local, los diputados perredistas, que encabeza Sebastián de la Rosa Peláez, se reunieron con miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que preside Celestino Cesáreo Guzmán.
La reunión duró cerca de hora y media, fue cerrada y no hubo convocatoria a medios de comunicación.
Consultado vía telefónica al respecto, Celestino Cesáreo informó que la visita de la dirigencia a los diputados forma parte del acuerdo de comunicación permanente que existe entre ambas partes.
Explicó que la dirigencia solicitó a sus diputados que ayuden con su presencia en la campaña electoral del precandidato único a la alcaldía de Tixtla, Hossein Nabor, realizando visitas domiciliarias y aprovechando que varios de ellos son líderes del partido en municipios y regiones de la entidad.
Indicó que ellos para llegar a su curul hicieron campaña política, por lo que tienen la experiencia que se necesita para el proceso electoral extraordinario que se celebrará en Tixtla el próximo 29 de noviembre.
Consultada aparte, la diputada local por el distrito 24 con cabecera en Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, comentó que el compromiso de los diputados fue movilizar las estructuras territoriales con las que cuentan para que se sumen a la campaña de Hossein Nabor y promuevan el voto.
Dijo que ningún diputado intervendrá directamente y que el apoyo que pueden darle al precandidato, además de facilitar su estructura, es solamente moral.
Dijo que en Tixtla ella, miembro del grupo de lo que fue NI-CODUC, colaborará con las bases que la respaldan, además de que Nueva Mayoría, Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) y Alternativa Democrática Guerrerense (ADG) harán lo propio.
“El compromiso de los diputados es moral, apoyar allá. Como estructura estamos trabajando, queremos rescatar el municipio, reconocemos que se han cometido errores en administraciones pasadas, pero queremos una nueva oportunidad y que se mantenga el PRD en el gobierno municipal, queremos demostrar que el PRD sí puede encabezar un buen gobierno”, dijo.
Otro tema que tocaron, aseguró, fue el de la agenda legislativa de la fracción del PRD de la que, aseguró, ya están afinando detalles para darla a conocer en los próximos días.
En la reunión estuvieron presentes Celestino Cesáreo y los diputados Sebastián de la Rosa, Carlos Reyes Torres, Crescencio Reyes Torres, Erika Alcaraz Sosa, María del Carmen Cabrera Lagunas, Ociel Hugar García Trujillo, Rosa Coral Mendoza Falcón y Eloísa Hernández Valle.