Sin el pleno respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, afirmó el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, sobre la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tras escuchar a víctimas y deudos de una violación, de casos desaparición forzada y de un asesinato cometidos por militares en Guerrero.
Ayer en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía, organizaciones civiles y víctimas rechazaron la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados, para legalizar y ampliar las facultades de las fuerzas armadas en las calles, propiciando un estado de excepción donde el Ejército no rinda cuentas de sus acciones, no obstante las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos que pesan contra estas corporaciones.
El representante de la ONU señaló que si bien el tema debe de ser analizado en el Congreso de la Unión, no se deben inhibir espacios de diálogo y es pertinente (dado los antecedentes), que se discuta en Guerrero.
Inauguraron la actividad los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y es su exigencia al gobierno federal que los devuelva con vida.
Compartieron su testimonio Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido en un retén militar en 1974, en la época llamada de la guerra sucia cuando el Ejército sitió gran parte de ese municipio.
También Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente por militares a los 17 años, ambos casos llegaron a sentencias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además el sobreviviente de la masacre de El Charco ejecutada por soldados que asesinaron a 11 indígenas, Bernardino García Francisco, y el hermano de José Rubio Villegas, muerto en un ataque a balazos de militares a un autobús del servicio público, luego de cruzar un retén en el crucero de Huamuxtitlán.

Que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito, y el regreso gradual a sus tareas, propone la CNDH

En su intervención el coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Silva, señaló el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “no fue la decisión más apropiada”.
Señaló que los militares se apartaron de una debida conducta de servidor público y hace diez años, que se incluyeron en la política para contrarrestar al narcotráfico, las violaciones cometidas por sus efectivos se incrementaron. Señaló que antes de 2006, el promedio de las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en la CNDH era de dos cada año por cada institución, ahora es de 12 cada una.
Propuso, opuesto a la que plantean el PAN y el PRI en las cámaras, entre otros puntos, que se deseche la posibilidad de que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación del delito, y que estas funciones no sean incluidas en su esquema de atribuciones.
Además, establecer su regreso gradual y verificable “a las tareas que le sean propias”, y prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación de la sociedad civil.

Defensores rechazan la exención y primacía para los militares que se plantea en la Ley de Seguridad Interior

Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortés Morales habló del marco jurídico que justifica la presencia de los militares en materia de seguridad pública para coadyuvar con las autoridades civiles, y denunció que en los hechos la intervención militar en los estados ha tenido primacía.
Recordó que en 2008 cuando el problema de la delincuencia organizada incrementó su complejidad se creó la Policía Federal con una base de militares, a partir de 2006, comenzó el uso intensivo de las fuerzas armadas en temas de seguridad y desde 2011 se planteó por primera vez la intención de dar un marco legal a los soldados en materia de seguridad pública, en la Ley de Seguridad Interior.
Añadió que la movilización de organismos civiles y gubernamentales de derechos humanos evitó que se incluyera este capítulo en la legislación, llamó a la sociedad a estar alerta para que la iniciativa no se apruebe a espaldas de la población a finales del actual periodo de sesiones que concluye en abril.
El abogado, Jesús Robles Malof señaló que en los estados democráticos las leyes se crean para establecer límites y controles en el ejercicio de la función pública, y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que comienza por construir excepciones para militares, “en el mundo del revés, donde las excepciones se convierten en regla”.
Por ejemplo, señaló que una iniciativa plantea que en cuestiones de inteligencia militar las fuerzas armadas pueden hacer uso de cualquier método para lograr su objetivo, y cualquier autoridad debe colaborar en esta tarea. Dijo que hasta organismos autónomos como la CNDH estarían obligados a colaborar con los militares cuando señalen problemas de seguridad interior.
También los exenta de acatar las leyes creadas, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dirigida a los funcionarios públicos en caso de faltas, irregularidades o abusos.

Los legisladores responden a la exigencia de la Sedena, dice el Centro Prodh

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre señaló que las iniciativas de ley son la respuesta de varios legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados a la exigencia de las fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo, a pesar de que la estrategia de seguridad con soldados no ha dado resultados.
Denunció que la violencia se incrementó y eso debe de ser tomado en cuenta en el análisis en el Congreso, pero en lugar de que los legisladores llamen a los mandos militares, los generales los citaron en las instalaciones militares para exponer “no sus peticiones sino sus exigencias”.
Señaló que, entre otras, la recomendación de los organismos internacionales para México es que se fortalezcan las capacidades de las corporaciones policiacas, particularmente en investigación en macrocriminalidad, y se retire de forma paulatina a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández denunció que el Ejército acabó de forma brutal con los movimientos subversivos de la década de 1970 y no regresó a los cuarteles, se quedó en las calles.
Después de la guerrilla, los militares llevaron semilla de amapola y mariguana a las regiones apartadas del estado, primero se pensó que le daban una oportunidad a las familias de atender demandas y necesidades, ahora, saben que fue el pretexto para justificar su intervención en las comunidades.
Opinó que el nivel sanguinario a que han llegado los pleitos por las plazas entre narcotraficantes no serían posibles si la maquinaria institucional no estuviera engrasada por la corrupción.
“Insistimos en que hay de alguna manera complicidad muy fuerte con la delincuencia organizada, si no, no entendemos como en enero del año pasado en Chilapa se anunció un fuerte operativo conjunto (militar y policiaco), y hoy se mantiene la alta criminalidad”, expuso.
Finalmente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández precisó que la Ley de Seguridad Interior no está dirigida a las elites económicas ni a las transnacionales, sino a los que se organizan, a los que demandan y exigen justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigió que en el centro de la discusión de la legislación se coloque a las víctimas, sus historias cruentas y sus luchas, “queremos una ley para fortalecer el paradigma de los derechos humanos, no el paradigma de la militarización”.
Señaló que Guerrero es el lugar más inseguro y violento, Acapulco es el centro económico más importante y está desmantelado por la delincuencia, Chilpancingo es el centro político y de la criminalidad, Iguala después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 evidenció la complicidad de autoridades y narcotraficantes, y siguen siendo un municipio violento.
Urgió a los diputados a legislar para las víctimas una Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada, en lugar de obedecer a los militares con la Ley de Seguridad Interior.

 

Las víctimas y deudos de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por militares, evidenciaron que el Ejército viola todos los derechos humanos, la subordinación que ha existido de policías ante los soldados y la protección del Estado a las fuerzas armadas, en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía.
En Atoyac hubo un sitio de excepción donde incluso policías de Tránsito hicieron detenciones de personas que entregaron a los militares, “la población indefensa sólo fue víctima”, denunció la hija del líder campesino desaparecido el 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez ante la nueva propuesta de Ley de Seguridad Interior, para legalizar la actuación sin límites de las fuerzas castrenses en seguridad pública.
En el auditorio abarrotado de estudiantes en la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que hubo más de 400 desaparecidos y los que sobrevivieron contaron que fueron sometidos a tortura, muchas mujeres violadas a principios de la década de 1970, y dijo que es muy grave la intención de los legisladores para otorgar amplias facultades a las fuerzas armadas.
Después de que los militares asesinaron al maestro Lucio Cabañas en 1974, líder de la guerrilla rural, las desapariciones continuaron hasta 1979, “y el Ejército (hoy) sigue ahí, en las calles, con el arma lista para disparar”.
Inauguraron el foro los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años y medio, y la activista señaló que ellos no deben esperar tanto para encontrar justicia, que la sociedad debe actuar porque se esclarezcan estos hechos y para que los militares regresen a sus cuarteles.

Maltrato e inseguridad reciben del Ejercito: Valentina Rosendo

Después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) la reconoció como víctima de violencia sexual y emitió una sentencia contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, relató ayer que la violación por soldados a los 17 años fue una pena muy grande y no quería contarla a nadie, “porque es una vergüenza para mí y para las mujeres de mi pueblo”.
Recordó que otras mujeres que también fueron violadas tenían miedo y le pidieron que callara, pero le preguntaron después de dónde sacó la fuerza para llegar tan lejos, “y yo sigo enfrente de la lucha”.
Para presentar la denuncia dijo que caminó 11 horas a una agencia del Ministerio Público, no hablaba español y las autoridades no le creyeron. Mediante organizaciones de derechos humanos llevó su caso a la Coidh, donde el Estado negó dos veces la agresión.
En su pueblo los militares intentaron sobornarla, y después de una audiencia en la Coidh hubo un intento de secuestro a su hija, por eso asegura que los soldados propician la violencia y la inseguridad.

Los que cometen delitos andan libres: sobreviviente de El Charco

El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Bernardino García Francisco también compartió su experiencia del ataque de militares a campesinos na savi el 7 de junio de 1988, que un día antes se reunieron en la localidad.
“No nos reunimos para pelear, el gobierno hace muchas cosas, por eso en ese momento estuvimos organizando de qué manera solicitar un apoyo, una obra o salud más que nada, por eso estuvimos allá en El Charco. Se hizo tarde, no alcancé a llegar a El Paraíso (su pueblo de origen y se quedó con otros a dormir en la escuela donde fueron agredidos).
“Cuando uno se dio cuenta ‘¡son los guachos!’, conforme van hablando de locos (los militares) muy mal, ahí fue como a las 2 de la mañana. Como son miedosos (los soldados no avanzaron) y ahí andamos sin miedo, a las 2:30 casi a las 3 metieron la granada, hubo una balacera y estuvimos boca abajo en la escuela”.
Señaló que al amanecer acordaron que los campesinos saldrían con las manos en alto y en ese momento les dispararon, quedaron unos ocho heridos, él entre ellos, con un herida en el pie. Al final 11 fueron ejecutados.
“Eso es lo malo que hace el gobierno, ¿qué hace con estudiantes, profesores indígenas?, agarra personas que no tienen delito, y los que tienen delito andan libres”.

Un calvario sin defensores

José, hermano de Bonfilio Rubio Villegas asesinado en un autobús del servicio público por soldados cuando el vehículo se alejaba de un retén militar, recordó que en la agencia del Ministerio Público en Tlapa lo trataron con desprecio antes de la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Dijo que su familia supo dos días después de la agresión y se trasladó a Tlapa a pedir la entrega del cuerpo que estaba en Chilpancingo, “cuando escuché que le decían ‘jefe, jefe, ahí están allá afuera’, se trataba del personal de Tlachinollan”.
Recordó que estaban siendo interrogados cuando llegó Abel Barrera y saludó a su esposa, “qué haces aquí Verónica”, “es mi cuñado a quien mataron”, respondió.
“Dos horas antes para el juez no valíamos nada, cuando llegó Tlachinollan cambia toda la atención, ¡hasta donde llega la hipocresía del gobierno! El proceso es un calvario, más si hablas lengua indígena y no tienes quién te respalde, por eso dice Valentina hay pocas persona que levantan la voz y otros que se callan por temor a ser desaparecidos o ser torturados por el Ejército”.
Recordó que su hermano llevaba un celular y dinero, pero sólo les devolvieron unas moneditas, luego recibió una llamada a su casa -estimó que los soldados tomaron el número telefónico del celular de su hermano muerto-, y le ofrecieron 130 mil pesos para gastos funerarios, con la condición de que cerrara la boca y no denunciara.
“Váyanse a la… mi hermano no vale 130 ni 200 mil pesos, no es un animal, la dignidad de una mujer, de un hombre, no se vende”, relató ayer, exacerbado.
Agregó que en Guerrero hay suficientes pruebas de que el Ejército agrede, y que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto “no sirve, que regrese a los militares a los cuarteles para que ya no maltraten a mi gente. Nos interesa de que está ley no pase, pero ellos le apuestan a sus intereses aunque el pueblo sufra”.