Según voceros de la autodefenesa, en La Gavia quien atacó a Los Tequileros fue un grupo con el que tienen conflicto y no miembros del Movimiento por la Paz, y señalaron que el Ejército se ha prestado para “llevar parque (municiones) y armas” a la banda de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En conferencia de prensa dijeron que “ese señor tiene problemas si subía la sierra porque ya no lo quieren, si se va hacia a un lado como Altamirano tampoco lo quieren, si se va hacia el otro lado tampoco, es decir tiene muchos enemigos, entonces no todo lo que pase contra él es responsabilidad de la autodefensa de San Miguel Totolapan. Nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que ocurre en la cabecera municipal y ahorita ya en San Antonio, pero más allá no tenemos injerencia”.
El Movimiento por la Paz también se unió a la protesta contra el Ejército y lamentó que los soldados apoyen a estos criminales, a los que ayudan a salir de la zona, incluso si tienen órdenes de aprehensión. “El Ejército los está apoyando con suministros, con parque, con armas, y por eso ya no queremos que entren a ese lugar”, dijo un voceros.
Dijo que en La Gavia no fueron las autodefensas las que retuvieron las actuaciones del MP, “fueron los familiares de los muertos quienes no permitieron que se revisaran los cuerpos, porque ellos tuvieron acceso hasta el pueblo junto con el Ejército, pero las familias fueron quienes impidieron, no fuimos nosotros”.
En esta reunión estuvieron cerca de 60 pobladores entre vecinos de San Antonio y de La Gavia que han formado un comité de defensa en la localidad, y confirmaron que solicitaron el apoyo de la autodefensa de San Miguel Totolapan.
Hubo testimonios de vecinos que han salido por temor de sus casas, pero con el apoyo de la autodefensa piensan regresar poco a poco. “Llegaban en la noche y nos pedían de comer a cualquier hora, entonces nuestras familias no estaban seguras, por eso decidimos salir porque la vida allá es muy complicada con esa gente”, relataron.
Una mujer de la tercera edad afirmó que llegó con su familia con miedo, va con siete niños que son sus nietos y que son hijos de un hombre que fue desaparecido el 19 de abril por Los Tequileros.
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El Ejército protege a El Tequilero y el vocero miente sobre Totolapan, declara el alcalde
El alcalde de San Miguel Totolapan, perredista, Juan Mendoza Acosta dijo que el Ejército brinda protección al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y que ha ayudado a hombres con órdenes de aprehensión a salir de esa localidad.
En conferencia de prensa en su oficina dijo que “algunas autoridades se han visto mal, como ocurrió el pasado viernes para amanecer sábado, hubo un operativo en La Gavia y resultó al revés. Ya traían a delincuentes detenidos como El Mulero, que es el que descabeza, el que mata gente inocente, ya lo traían detenido pero un grupo de mujeres, entre ellos su suegra, sus cuñadas, se amontonaron y qué pasó, les quitaron al detenido y además las corporaciones salieron secuestradas”, expuso sobre la retención de militares.
Afirmó que para poder salir tuvieron que pagar, “el acuerdo al que llegaron primero fue la liberación de los detenidos y segundo el pago de 70 mil pesos como un rescate por permitirles salir de La Gavia, la verdad es que se han visto mal”.
Agregó que “el Ejército en lugar de ayudar a la gente inocente que está pidiendo que detengan a El Tequilero es al revés, le están dando protección. Allá sacaron delincuentes tiene como 20 días que sacaron a esa gente con órdenes de aprehensión y se prestaron a eso. Sin embargo yo soy presidente municipal y no soy quien debe de juzgar”.
Dijo que el combate al grupo criminal Los Tequileros es un tema de “voluntad”, “el gobierno ha agarrado delincuentes grandes en el país pero aquí no le han puesto interes a El Tequilero, que esa persona ha hecho más ofensa a la sociedad que algunos que se dedican al trabajo ilícito pero no se dedican a perjudicar a la sociedad. Me parece que el gobierno tiene la tecnología para detenerlo pero no ha querido”.
Juan Mendoza mencionó que el grupo de la comunidad de San Antonio le ha llamado para salir del pueblo y que los atiende como parte de sus obligaciones como alcalde.
“Yo estaba en Chilpancingo firmando el convenio del fertilizante y por la noche del martes me enteré de que la gente de San Antonio se había ido a defender sus casas, porque tenían reportes de saqueos”, expuso.
“Ayer la gente que es de La Gavia y que no tiene nada que ver con El Tequilero salió del pueblo, aquí llegaron y yo di respaldo, los acomodé en algunas casas de amigos, aquí están en San Miguel Totolapan, les damos comida”, dijo.
Son unas 15 familias que salieron de sus hogares y saldrán más.
“Yo quisiera una audiencia con el gobernador para hablar del tema y el presidente la República, quisiera decirle que regrese a ver a San Miguel Totolapan, que regrese a ver La Gavia que ha sido muy ofendida, y que está fácil terminar este asunto, la gente quiere trabajar, sembrar y dedicarse a sus funciones pero este sujeto al que no le gusta trabajar no los deja”, agregó.
En redes sociales se mencionó que una de las camioneta que usó el grupo armado que intentó ingresar a La Gavia a combatir a El Tequilero, era del alcalde, quien ayer dijo que eso era falso.
Afirmó que el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia difunde información falsa de San Miguel Totolapan, “le pido al vocero respeto hacia mi persona, que primero investigue las cosas y luego las saque a relucir”, dijo que hay personas que intentan relacionarlo con grupos criminales, “que hagan una investigación real de mi persona, no tengo nada que esconder”.
Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso
Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.
De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH
Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.
Cisis humanitaria: Centro Prodh
El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?
Recorren soldados el Mercado Central tras los asesinatos del viernes y el domingo
Efectivos del Ejército recorrieron ayer el Mercado Central, luego de los asesinatos de tres personas, entre ellas un comerciante, en dos días.
Se constató que a las 11 de la mañana los soldados recorrieron las calles 2 de Agosto, Feliciano Radilla, 16 de Septiembre y la avenida Constituyentes.
Los comerciantes se mostraron asombrados por el despliegue militar en el centro de abasto, aunque la actividad comercial continuó de manera normal.
Los efectivos no revisaron a las personas ni automóviles del transporte público, como ocurrió en operaciones del año pasado. Después se subieron a una camioneta del Ejército y se retiraron.
Por su parte, personas que acudieron a comprar pidieron recorridos de los soldados en el Marcado Central para que haya más seguridad, así como un módulo de policía permanente.
El viernes pasado, una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos en el Mercado Central, y el domingo un comerciante murió acribillado a balazos en el mismo centro de abasto.
En abril, un militar retirado fue asesinado a balazos adentro de camión urbano de la ruta Jardín, en la calle Diego Hurtado de Mendoza, frente al centro de abasto.
Y el 1 de enero de este año, un militar vestido de civil fue ultimado a balazos atrás del estacionamiento del mercado.
El 9 de septiembre del año pasado, el ex comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, militares, efectivos de la Gendarmería y policías municipales, recorrieron el Mercado Central, donde los jefes policiacos aseguraron que hay extorsiones.
Ayotzinapa, punto neurálgico de la agresión al movimiento social, afirma un coautor de La guerra que nos ocultan
Zacarías Cervantes
Tixtla
Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.
Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.
Hubo tres incendios esta semana en Atoyac; en Zihuatanejo se quemaron tres casas
Tres incendios se registraron esta semana en las zonas baja y media del municipio de Atoyac, después de que uno que duró 15 días en Agua Fría, sierra de Pie de la Cuesta, tuvo que ser sofocado con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y soldados.
Por otro lado, un incendio la mañana de ayer en la comunidad El Camalote, en la parte media de la sierra de Zihuatanejo, consumió por completo tres casas.
Esta semana, Protección Civil de Atoyac reportó tres incendios, dos en la zona baja del municipio, uno en Alcholoa, otro en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y uno más en la colonia Vicente Guerrero de la cabecera municipal.
En el sitio conocido como Huerta Chiquita, en el poblado de Alcholoa, el fuego arrasó 5 hectáreas de pastizales, así como varios árboles de mangos y palmeras; mientras que en la colonia Vicente Guerrero, en la ciudad de Atoyac, atrás de la escuela de educación especial, sofocaron un incendio en terrenos de pastizal seco que quemó una hectárea y media.
En la comunidad de Caña de Agua, en la sierra de Pie de la Cuesta, en el lugar conocido como Cacahuatán, los brigadistas de Protección Civil combatieron una quemazón de maleza y arbustos secos en un cerro de la zona.
Por otro lado, un incendio ocurrido la mañana de ayer en la comunidad El Camalote, en la parte media de la sierra del municipio de Zihuatanejo, consumió por completo tres viviendas.
Al lugar acudieron bomberos de Zihuatanejo y de la Secretaría de Protección Civil estatal. (Francisco Magaña y Brenda Escobar / Atoyac y Zihuatanejo).
Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43
A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.
El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX
El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.
La marcha
La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.
Implementa el Ejército el Plan DN-III en la sierra de Atoyac; un incendio lleva 13 días
La Dirección de Comunicación Social del gobierno de Atoyac informó que el Ejército implementó el Plan DN-III para sofocar un incendio que ayer cumplió 13 días en activo en la sierra de Pie de la Cuesta.
Se dio a conocer que soldados del Ejército y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se integraron a los trabajos para sofocar el fuego, en apoyo al personal de Protección Civil municipal y algunos vecinos de la zona que desde hace ocho días lo combaten.
El fuego inició en un cerro en la periferia de la comunidad de Caña de Agua, atrás de las instalaciones del 109 Batallón de Infantería en la comunidad de El Ticuí.
En el boletín se detalló que el alcalde, Dámaso Pérez Organes supervisó y apoyó las labores de combate al incendio forestal que sigue activo en el cerro de La Ciénega, en las inmediaciones de la población de Agua Fría.
Aseguró que la afectación por los incendios es menor de la que dijo el coordinador de Protección Civil local, Irving Hernández Zamora el martes 18 pasado, de casi 200 hectáreas, y a 13 días del incendio manifestó que sólo “un centenar de hectáreas de arbustos secos y árboles de pino, ocote y otras variedades propias de esa zona serrana” fueron afectadas. (Francisco Magaña / Atoyac).
Roban con armas una motocicleta en Iguala; policías y militares recuperan otra, informan
La madrugada de ayer hombres armados persiguieron hasta su casa a una joven y la despojaron de su motocicleta en la colonia Tamarindos, en Iguala.
En un hecho distinto, en una operación para recuperar vehículos robados, policías federales, estatales, municipales y soldados del Ejército recuperaron una motocicleta robada.
Fuentes policiacas informaron que tras instalar retenes de revisión para recuperar vehículos con reporte de robo en la colonia Capire, al sur de la ciudad, cerca de la una de la mañana de ayer policías y militares recuperaron una motocicleta que horas antes había sido robada con violencia en el centro de la ciudad.
La motocicleta recuperada es una Italika blanca tipo Ft-150 modelo 2016 y fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público.
Se dio a conocer que a las mismas horas, dos hombres armados a bordo de una moto persiguieron y despojaron de su motocicleta a una joven en la colonia Tamarindos, al norte de la ciudad.