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Detiene la PF a un tendero de Las Querendas, Pungarabato; lo libera ante protestas de vecinos

Policías federales catearon una casa en la comunidad de Las Querendas, municipio de Pungarabato, y detuvieron al dueño, a quien posteriormente liberaron tras las protestas de vecinos.
Alrededor de las 9 de la noche de este viernes, policías federales ingresaron con violencia, según relataron vecinos, a una casa ubicada a la orilla de la carretera estatal a Tlalchapa, en la que también hay una tienda.
Los federales amagaron con armas a una menor de 10 años de edad que se estaba bañando, e ingresaron exigiendo que les entregaran las armas y la droga.
El dueño de la casa y de la tienda, Ponciano Pérez relató que le apuntaron con armas y que se llevaron de su casa un rifle calibre 22, que tiene registrado, y un rifle de postas. También dijo que tras el ingreso de los federales aparecieron en su casa “una pistola .380 y una pistola .9 milímetros, pero que no son mías, no se cómo aparecieron ahi”; los familiares acusaron a los policías federales de sembrar las armas en la casa.
Los vecinos comenzaron a juntarse y vieron el momento en el que se llevaban a Ponciano Pérez, a quien, dijeron, pondrían en manos del Ministerio Público federal.
La gente siguió en varios vehículos a las patrullas, pero los policías no fueron a su base ni al Ministerio Público, sino que se detuvieron en la calle 5 de febrero, junto a la glorieta de las Américas, a donde la gente comenzó a cerrarles el paso.
Cerca había un festejo del Club Rotario donde estaba el alcalde de Pungarabato, Ambrocio Soto Duarte, a quien pidieron su intervención. De ahí, los vecinos, los policías federales y el tendero se fueron al Ayuntamiento, donde hicieron firmar a Ponciano Pérez un documento en el que exonera a los federales de las agresiones.
“No se lo que firmé”, dijo Ponciano Pérez, quien aseguró que no sabe leer y que desconoce lo que decía el documento que le dieron a firmar. Luego fue dejado en libertad, cuando ya había más de 100 vecinos afuera del Ayuntamiento.
Minutos después, soldados del Ejército arribaron a Las Querendas, a donde ya había regresado Ponciano Perez. Los soldados revisaron la casa y el saqueo del lugar. El presunto agraviado expresó que le robaron de su tienda “las tarjetas de celulares (y) 30 mil pesos que llevaba de la cuenta del día”.
También le quitaron una camioneta Expedition roja que tenía estacionada afuera de su casa, pero los federales la devolvieron ante el reclamo de los vecinos.
Los más de 100 vecinos reunidos alrededor de la casa pidieron a los soldados que inspeccionaran el lugar, donde los militares tomaron fotografías y recabaron testimonios de lo sucedido; luego, los vecinos reunieron firmas para denunciar el cateo de la casa, el allanamiento, las amenazas y el robo, en respaldo del agraviado.

Entrega el alcalde de Zihuatanejo patrullas a la Policía, desarmada desde hace un año

 

Este jueves el alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, entregó cinco patrullas nuevas a la Policía Preventiva Municipal, “para fortalecer la seguridad pública de nuestro municipio, un municipio de paz”, sin embargo, desde hace un año los uniformados municipales no tienen armamento porque les fue retirado por el Ejército.
El 23 de diciembre de 2014, el entonces director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todo el armamento de la policía al Ejército, con el argumento de que ese día los policías tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública usando sus armas, hecho que no era cierto.
Ayer, en la explanada del Palacio Municipal, García Bello entregó a los policías tres camionetas Ford Ranger y dos vehículos Nissan Tsuru equipados de acuerdo con los requerimientos de seguridad pública y prevención del delito, como torretas led, altavoz, tubulares en la batea y bancas, rotuladas con las insignias de la dependencia, lo que tuvo un costo de 2 millones 480 mil pesos, los cuales provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Luego, el alcalde ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que las patrullas son “para fortalecer la seguridad pública de nuestro municipio, un municipio de paz, de los más tranquilos en el estado, reconocido ya por el señor gobernador en un evento donde nos felicitó por tener uno de los municipios más seguros del estado y hoy decidimos fortalecer la seguridad pública”.
Enseguida, fue cuestionado sobre la falta de armamento para los poco más de 350 policías municipales y contestó, “estamos ya en la gestión de que nos regresen el armamento, es una cuestión desafortunada que tenemos que cuestionar de los anteriores municipios (sic), esa falta de responsabilidad de tener a los elementos sin la certificación correspondiente que originó que les quitaran las armas”.
Comentó que ahora Zihuatanejo es uno de los municipios con más avance en la certificación de los policías, y que por ese motivo le van a regresar el armamento a la Policía Municipal, y que en “menos de un mes” tendrán el armamento, “para que los policías tengan las armas que necesitan”, aseguró el alcalde.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Abandonan la PF y el Ejército sus retenes en Iguala luego de que hubo 15 ejecutados en 9 días

Soldados retiraron los retenes que tenían instalados en los principales accesos a la ciudad luego de la violencia que dejó 15 ejecutados entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, en los municipios de Iguala y Tepecoacuilco, así como la aparición de mantas y narcomensajes dirigidos al gobierno federal, estatal y al Ejército.
En un recorrido ayer se confirmó que los retenes en los que había policías militares las 24 horas del día en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala e Iguala-Taxco fueron abandonados. El primero se ubica en la entrada a la comunidad Tomatal y el segundo antes de llegar al poblado de El Naranjo, también fue desalojado el reten de la carretera federal 51 Iguala-Teloloapan, en Loma de Coyotes.
Se hacían revisiones al azar a los vehículos de transporte público y particular.
El abandono de los retenes ocurre luego de la violencia que dejó 15 ejecutados, 10 en Iguala y cinco en Tepecoacuilco, además del ataque a balazos el 28 de diciembre a la funeraria El Ángel que tiene la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, y el 2 de enero fueron hallados dos hombres ejecutados que tenían narcomensajes en los cuales se hace referencia a una “limpia” y estaban dirigidos al gobierno federal, estatal y al Ejército.
También se observó que el módulo de seguridad ubicado en la glorieta del periférico Sur y la salida hacia Teloloapan, en la que anteriormente había vigilancia permanente de la Policía Federal, estaba abandonado.
La tarde de ayer sólo se observaron grupos de soldados del 41 y 27 batallón y efectivos de la PF patrullando el periférico Norte, la carretera Iguala-Taxco y parte del centro de la ciudad.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

No hay rastros del paradero de los siete vecinos de Apaxtla levantados hace 18 días, dice el alcalde

Al cumplirse 18 días del levantón de siete personas en el municipio de Apaxtla, hasta ayer el dispositivo de búsqueda y rescate seguía sin dar resultados positivos y se disminuyó, ante la espera de sus familiares a que los delincuentes se comuniquen con ellos para pedir algún rescate, declaró la tarde de ayer el alcalde de Nueva Alianza, el general retirado del ejército, Salvador Martínez Villalobos.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer, el edil indicó que, como autoridades municipales ya no se están “metiendo” mucho en el asunto del levantón de las siete personas, ya que los familiares están esperando a que ocurra la posibilidad de que los delincuentes se comuniquen con ellos para pedir algún tipo de rescate para su liberación.
El martes 8 de diciembre, entre 15 y 20 hombres con armas largas, vestimenta tipo militar y en huaraches interceptaron en la carretera Apaxtla-El Caracol una Urvan del servicio público y de ésta se llevaron cinco pasajeros, entre ellos al chofer y a una mujer: Gustavo Ríos Tinoco, Maribel Castrejón Sánchez, Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar y Carmelo García Estrada, vecinos de las comunidades de Tetela del Río y Amacahuite, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), así como a Isidro Sarabia Sánchez y a Ubaldo Chavelas Morales, leñadores de la cabecera municipal de Apaxtla.
Ayer, el alcalde informó que, por temor, los familiares de las cinco personas levantadas desde el 8 de diciembre, no quieren denunciar ante el Ministerio Público para no poner en riesgo a sus familiares, y sólo hicieron las denuncias ante los ayuntamientos de Apaxtla y Heliodoro Castillo.
Indicó que los familiares de los vecinos levantados en la Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, como son de la comunidades de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), no tienen mucha comunicación con él, ni le han informado si ya tuvieron comunicación con los delincuentes, “pero ya nos hubiéramos enterado y las cosas siguen igual”, dijo.
También dijo que no ha tenido ninguna comunicación con familiares de los dos leñadores de la cabecera municipal de Apaxtla que también están plagiados.
Informó que en Apaxtla sólo se quedaron los policía federal y los soldados del Ejército que estaba de base, que siguen con la búsqueda de las personas plagiadas con los patrullajes y recorridos en las comunidades, “porque no puede uno dejar abandonado todo eso”.
Declaró que el dispositivo de búsqueda de las siete personas retenidas ya no es como en los primeros días, y sólo están en espera de que los delincuentes o los levantados se comuniquen con sus familiares.
Informó que en este periodo vacacional no se ha registrado ningún otro incidente en su municipio y que en la carretera hay “poca” vigilancia del Ejército, que mantiene el retén en la entrada a Teloloapan, paso obligado para llegar a Apaxtla.

Pagará el lunes o martes a los jubilados que cerraron la Costera, dice González de la Vega

El secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega Otero dijo que entre lunes o martes se les pagará a los maestros jubilados que exigen su quincena, aguinaldo y varios bonos que están pendientes.
Señaló que hubo un problema de “comunicación” con los jubilados que protestaron el viernes en la Costera, a quienes dijo que ya estaba listo el pago correspondiente.
Consultado minutos antes de que iniciara el acto de develación del memorial del joven futbolista de los Avispones, David Josué Evangelista, el funcionario estatal expuso que el problema con los jubilados se resolvió, “había jubilados y pensionados que no tenían conocimiento que se les pagaría el lunes o martes”.
Agregó que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) está dedicada a responder lo primordial, sin perder de vista “lo académico” con los programas federales, ya que aseguró que atenderán el problema de aprendizaje, la autonomía para escuelas y su acompañamiento.
Comentó que es necesario un presupuesto que ayude a mejorar estas condiciones, “ya que nunca es suficiente”, pero espera que en el Congreso del estado se les brinde apoyo.
Agregó que en la próxima semana definirán en qué serán empleados los recursos federales para mejorar las condiciones de los planteles educativos.
Confirman que habrá descuentos para maestros que adelantaron vacaciones ante la inseguridad sin justificación

Sobre las escuelas de Acapulco que adelantaron sus vacaciones, dijo que seguirán aplicando descuentos a los maestros e instituciones que no acrediten el adelanto de sus descansos. “Hemos establecido oficios, estableceremos descuentos, lo mencionado a cada supervisiones, de que si no había una justificación real con el tema de la inseguridad no podían abandonar las aulas, muchos los hicieron, y tendremos que seguir los descuentos”, comentó.
Agregó que no tienen los datos exactos de cuántas escuelas adelantaron las vacaciones, pero advirtió que la próxima semana revisarán cuidadosamente cuáles planteles decidieron hacerlo. “Sin ánimo de amenaza, pero habrá descuentos como los hubo en esta quincena”, señaló.
Comentó que con el Ejército continuará el operativo de seguridad para las escuelas, siempre y cuando consideren que lo requieran, ya que revisarán también si continúan las extorsiones.

Violencia en la sierra de Chichihualco; ataque en Izotepec y enfrentamiento a balazos en Yextla

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que hubo dos heridos en un enfrentamiento a balazos en Yextla, y en la comunidad vecina de Izotepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), pistoleros irrumpieron y atacaron a la población.
A las 7:50 de la mañana de ayer tuvieron reportes de que más de 50 hombres armados atacaban a la población en Izotepec, y los vecinos pedían la ayuda de las autoridades, informaron.
Según otra versión, civiles armados escondidos en los cerros dispararon en contra de vecinos de la comunidad de Izotepec, y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelieron la agresión.
Unos 40 minutos después, se informó que había balaceras en las calles de la comunidad de Yextla, que los habitantes estaban en pánico, se resguardaron en sus casas y solicitaron el apoyo de las policías federal y estatal.
Ayer, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), y se enfrentaron a balazos con vecinos de la localidad, dejando dos personas heridas. Seis horas después del enfrentamiento, llegó la Policía Estatal y militares para resguardar la zona.
Minutos antes de la 1 de la tarde, la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado confirmó que ayer ocurrió un enfrentamiento en la comunidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), luego de que durante la mañana hubo versiones de que hombres armados se enfrentaban en Yextla y en la localidad vecina de Izotepec, en la sierra.
La dependencia informó mediante las redes sociales Facebook y Twitter que la Policía Estatal ya se encontraba en Yextla, que el tiroteo había terminado y que un helicóptero del gobierno del estado sobrevolaba la zona por si fuera necesario trasladar a algún herido.
No se precisó si hubo personas muertas o heridas luego del ataque a Izotepec y el enfrentamiento en Yextla.
Las comunidades de Yextla e Izotepec se ubican cerca del poblado de Polixtepec, donde la medianoche del domingo 22 de noviembre hombres armados irrumpieron y mataron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos jóvenes, entre éstos una mujer, y se llevaron a dos campesinos.
A las 5:30 de la tarde, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes leyó un comunicado para informar que, después de lo que ocurrió en Yextla realizaron un operativo en el que participaron 35 policías estatales destacamentados en Polixtepec, 25 de Chilpancingo y siete a bordo de un helicóptero se trasladaron a la localidad; éstos fueron apoyados por dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y 106 militares.
Pero al entrar a la comunidad de Izotepec el convoy de los agentes de la Policía Estatal, en la carretera encontraron pinos y árboles atravesados que les impidieron el paso; los mismos policías quitaron los árboles.
Almazán Cervantes dijo que en este hecho violento no hubo muertos, y no precisó a qué organización pertenece el grupo criminal que irrumpió en Yextla, porque no hay una denuncia formal de los afectados.
Señaló que 50 hombres armados irrumpieron en la localidad y huyeron del lugar ante la presencia de los policías.
Almazán Cervantes dijo que no tenía conocimiento sobre la defensa que hicieron del poblado los policías ciudadanos de la UPOEG, y que tiene previsto un recorrido a Izotepec para investigar.
Señaló que el enfrentamiento en Yextla duró tres horas, y reconoció que en esta parte de la sierra de Guerrero, “hay rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada, no es el primero que se da”.

Trasladan a cuatro heridos en un helicóptero de la Fuerza Estatal a la capital

Aproximadamente a las 2:50 de la tarde, arribó al hangar de la aeropista ubicada al norte de la capital el helicóptero de Fuerza Estatal que trasladó a cuatro vecinos, dos de ellos heridos, que estuvieron en el enfrentamiento de ayer en la comunidad de Yextla, en la sierra de Chichihualco.
Aunque de los helicópteros bajaron dos hombres y dos mujeres, solamente se observó que un hombre llevaba la cabeza cubierta y una mujer rengueaba. La Dirección de Comunicación Social informó que los heridos son Isidora Gómez Romero de 38 años y Juan Carlos Nava Espinoza de 28.
Al bajar del helicóptero de la Fuerza Estatal, los heridos fueron auscultados por paramédicos de la Policía Federal, la Cruz Roja y la Secretaría de Protección Civil estatal, y a las 2:57 de la tarde fueron trasladados al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en ambulancias.

Detiene la Policía Estatal a un hombre fuertemente armado en los límites de Izotepec

En la noche, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal informó que detuvo a Francisco Estrada Hernández y le decomisó tres fusiles AK-47, conocidos como cuerno de chivo, una pistola calibre 9 milímetros marca Ruger y 18 cargadores para cuerno de chivo, además de un cargador de disco para fusil AK-47, cartuchos de diversos calibres, una granada de fragmentación, tres chalecos tácticos color negro, cuatro placas balísticas, un carro Nissan y otro Mazda, así como 50 gramos de marihuana en greña.
De acuerdo con el boletín, la detención fue en los limites de la comunidad de Izotepec. El detenido Francisco Estrada Hernández, las armas y el equipo decomisado fueron trasladados a Chilpancingo a bordo de la aeronave, y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
En la comunidad de Yextla, en la sierra del estado han ocurrido otros hechos de violencia recientemente.
En marzo ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad, que dejó cinco hombres muertos y tres heridos.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar, y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15, en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo.
Después del enfrentamiento llegaron soldados del Ejército, que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido. El lugar del enfrentamiento, y de la emboscada posterior, es una cañada a orillas del río El Naranjo, ubicado a unos 4 kilómetros de esta localidad, en una brecha de terracería; ahí fueron abandonadas 12 camionetas de los policías ciudadanos, cuatro de ellas calcinadas, con múltiples impactos de bala; pero no se encontró ningún cuerpo.
La medianoche del domingo 15 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: a una mujer, a su hija y a dos de sus hijos, incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja de la mujer y padre de los dos hombres y la joven.

No encuentran a las personas levantadas en Apaxtla a pesar de la búsqueda del Ejército

El alcalde del municipio de Apaxtla, el general retirado del Ejército, Salvador Martínez Villalobos informó que a 11 días de que siete personas (al principio se mencionaron 17) fueron levantadas por pistoleros con vestimenta tipo militar, hasta ayer no había resultados en la operación de su búsqueda.
Al término de la reunión regional de coordinación de la Secretaría de Salud y alcaldes de la zona Norte, en la que estuvo el secretario Carlos de la Peña Pintos, el alcalde apaxtlense reiteró que hasta ayer los pistoleros no se habían comunicado con los familiares ni con las autoridades para pedir algo a cambio de su liberación.
Dijo que la búsqueda a pie, en la que participan soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, policías federales y estatales se sigue llevando a cabo en las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec y Xochitepec, y Tierra Blanca del municipio de Arcelia.
El alcalde indicó que la situación “sigue siendo la misma”, y dio a conocer que se ha reunido con los familiares de las siete personas retenidas que están identificadas.
Informó que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que se había utilizado durante cinco días para la búsqueda sigue en mantenimiento, según lo que le informaron.
Negó que por la búsqueda se esté descuidando la seguridad en la cabecera municipal y otros poblados.
El 8 de diciembre fueron levantados por un grupo de entre 15 y 20 hombres armados con vestimenta tipo militar cinco pasajeros de una Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, quienes fueron identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar y Maribel Castrejón Sánchez de la comunidad de Amacahuite y Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco de la comunidad de Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, el último el chofer de la Urvan.
También fueron levantados Isidro Sarabia Sánchez y Ubaldo Chavelas Morales, ambos leñadores de la cabecera municipal de Apaxtla.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.