Siete días después de que vecinos de Linda Vista, en la sierra de San Miguel Totolapan, fueron atacados por sicarios del grupo criminal La Familia Michoacana, el gobierno del estado les llevó cobertores, medicamentos y despensas a Toro Muerto, y un grupo del Ejército se instaló permanentemente en Linda Vista.
Al menos dos comunidades se quedaron sin habitantes, ahora son “pueblos fantasma”: Petlacala y Plan Verde, porque la gente salió huyendo de la violencia, según informaron vecinos de la zona.
El delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, encabezó la caravana que llevó la “ayuda humanitaria”.
Comisarios que asistieron al lugar informaron que la principal demanda para el Ejército, que resguardó la entrega de víveres, y para López Sollano, es la presencia de militares y guardias nacionales en las comunidades Plan Verde y Linda Vista, para que puedan regresar los cientos de desplazados.
En cuanto al número de refugiados en la zona, se informó que sólo en Rancho Alegre y Puerto de Chichalaco, comunidades entre Linda Vista que fue atacada, y Toro Muerto, a donde llegaron los primeros desplazados, se contaron 30 familias, alrededor de 100 personas; además de las que están en Toro Muerto, que llegaron a 80, principalmente mujeres y niños.
Sin embargo, no hay manera de calcular cuánta gente ha abandonado la región, pero el desplazamiento forzado interno ha sido constante desde el jueves, confiaron las fuentes.
Se informó que este miércoles, con López Sollano llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para documentar la situación.
Acudieron además aautoridades y vecinos de las comunidades Rancho Alegre, Los Parejos, El Salto, La Galera, Cruz de Ocote, El Duraznito, Puerto de Chichalaco, Plan Verde, Agua Escondida, La Mina, Puerto Alegre, Las Conchitas y Linda Vista.
Entre todos se repartieron mil despensas, 12 paquetes de medicamentos, mil colchonetas y mil cobertores.
En fotografías difundidas, se observa a decenas de pobladores en la cancha de Toro Muerto descargando los víveres que llegaron en un camión torton y una camioneta.
En el lugar se colocó una lona, en la que se lee: “Maestra Evelyn Salgado Pineda. Entrega de apoyos emergentes a comunidades de la Sierra”.
Serán permanentes las fuerzas de seguridad en la Sierra
En un boletín difundido anoche, el gobierno del estado dice que “en un esfuerzo permanente para atender las necesidades de los guerrerenses, la Secretaría General de Gobierno realizó la entrega de apoyo humanitario emergente a habitantes de las localidades del municipio de San Miguel Totolapan, en Estación Toro Muerto”.
“A través de una brigada encabezada por el director general de Derechos Humanos, Miguel Flores Morales, y el delegado estatal de la región Sierra, Saúl López Sollano, se entregaron mil paquetes de suministros alimentarios, 12 paquetes integrales de medicamentos, así como mil cobertores y mil colchonetas, beneficiando a más de 300 familias a comisarios Linda Vista, Petlacala, Agua Escondida, El Chachalaco, Plan Verde, Cruz de Ocote, Puerto Alegre, El Salto, Rancho Alegre, Conchitas, y El Duraznito, comunidades perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan”.
“Durante su intervención, Flores Morales dio a conocer que el gobierno del estado no es indiferente ante las dificultades de la población y destacó que existe la presencia permanente de las autoridades y fuerzas de seguridad en todas las regiones del estado, especialmente en la Sierra de Guerrero, con el objetivo de continuar fortaleciendo la construcción de la paz en la entidad”.
“Esta caravana de apoyo emergente tiene como objetivo proporcionar atención prioritaria, garantizando la integridad y cubriendo las necesidades básicas de la población, mientras se trabaja en una estrategia integral para asegurar un retorno seguro a sus hogares”, declaró López Sollano, según la misiva.
“El comisariado y pobladores, reconocieron la respuesta oportuna y la efectiva intervención del gobierno estatal y manifestaron el deseo de la comunidad de colaborar estrechamente con el Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública, a fin de generar condiciones que fortalezcan la seguridad de las comunidades”.
Evaristo Castan?o?n Flores muestra la foto de sus an?os en la ca?rcel cuando construi?a barcos de madera para sobrevivir Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
A 51 años de su detención, tortura y desaparición transitoria que vivió durante la guerra sucia, Evaristo Castañón Flores, de El Quemado, consideró que el sufrimiento por la justicia que aún no llega es tres veces peor a estos crímenes cometidos por el Ejército.
El sobreviviente de la contrainsurgencia, de 84 años de edad, relató a El Sur cuando se lo llevaron de su comunidad en Atoyac hacia Acapulco, los maltratos, los muertos que vio y los cadáveres no fueron entregados, y sobre todo las consecuencias que aún padece de los más de cuatro años en cárcel.
Un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que puede ser consultado en la página Archivos de la Represión de Artículo 19 (organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información), indica que alrededor de la una de la tarde del 23 de agosto de 1972 un convoy militar del 48 Batallón de Infantería fue emboscado por la guerrilla de Lucio Cabañas en Arroyo Obscuro, en la brecha entre Atoyac y la comunidad de El Paraíso. El 25 de junio del mismo año el Partido de los Pobres realizó su primera emboscada contra el Ejército mexicano.
Murieron 18 militares y otros 17 fueron trasladados heridos al Hospital Regional Militar de Chilpancingo. La reacción del Ejército fue inmediata, el documento apunta que ese mismo 23 de agosto “se inició la persecución de la gavilla que comanda Lucio Cabañas Barrientos” y grupos de militares fueron distribuidos a distintos poblados, fueron 35 a El Quemado.
El informe del día siguiente contextualiza que en ese mismo año ya había ocurrido el secuestro del director de la Prepa 2 de la UAG, Jaime Farill Novelo, y la fuga de Carmelo Cortés Castro y Carlos Ceballos Loya de la cárcel de Chilpancingo el 20 de agosto. Aunque no se menciona, el 2 de febrero murió Genaro Vázquez.
“Con motivo del ataque”, indica un documento del 7 de septiembre, fueron detenidos más de 20 hombres, entre ellos Evaristo Castañón Flores, quien precisó 51 años después que su captura fue el 5 de septiembre. Él tenía 34 años y trabajaba en la construcción de las calles de la colonia La Laja, pero regresó a su comunidad porque no consiguió quién le trabajara su parcela.
Ese día le dijo a su esposa, “voy a ver el frijol si ya está maduro para arrancarlo, no me pongas taco porque si no está maduro luego me voy a regresar”. Finalmente volvió a su casa a las 4 de la tarde y dos soldados ya lo esperaban para llevarlo a la cancha deportiva de la comunidad.
Una fila de hombres ya estaba formada cuando llegó y después de algunas preguntas lo vendaron. “¿Por qué el Ejército hizo eso en El Quemado, por qué agarró a toda la gente?”, se sigue cuestionando quien fuera comisario del pueblo un año antes de su detención e indicó que sólo 14 de 100 jefes de familia no fueron capturados.
Los bajaron en helicóptero a Atoyac sin decirles el motivo y luego los llevaron en camión a Acapulco “como animales”, amarrados de pies y manos a una banca. Fueron trasladados a la cárcel municipal, donde ahora es la Dirección de Salud municipal en la colonia Hogar Moderno, y los recibió el comandante de la Policía Judicial de Guerrero (hoy Policía Investigadora Ministerial), Wilfrido Castro Contreras, uno de los tantos perpetradores de la guerra sucia.
El informe del 9 de septiembre indica que a las 12:30 de la noche y “a petición” del comandante de la 27 Zona Militar, Joaquín Solano Chagoya, 10 presos de El Quemado fueron trasladados de la prisión de Acapulco al cuartel militar, lo que hoy son algunas oficinas del Ayuntamiento de Acapulco, atrás del Fuerte de San Diego.
“Ahí nos torturaron pues, ahí nos tuvieron como una semana y media torturando, sin comer ni beber agua”, contó Evaristo Castañón, quien señaló que también sufrieron tortura psicológica y les preguntaban por las armas utilizadas en la emboscada.
Otro documento de la DFS muestra la lista “Flit”, que Artículo 19 explica que es “un eufemismo para identificar a las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, entre ellos están José Veda Ríos Ocampo e Ignacio Sánchez Gutiérrez.
Evaristo Castañón contó que en la cárcel a “don Veda nos lo llevaron donde estaba nosotros, que supuestamente le dolían las rodillas y Wilfrido Castro dijo que comprara una inyección”, y luego supieron que murió, pero su cuerpo no fue entregado a sus familiares y es considerado un desaparecido.
“A Ignacio también lo llevaron en el comedor, de regreso de la tortura, estaba con los ojos cerrados”, expuso Evaristo Castañón y agregó que Sánchez Gutiérrez les pidió avisarle a su esposa que se sentía mal y comprara medicina, “pero al ratito ya estaba muerto, le quebraron las costillas a patadas, casi lo llevaban ahí agonizando”. Su cuerpo tampoco fue entregado.
La DFS anota en un informe “rumores” dentro del grupo de los detenidos de guerrilleros, entre ellos, Francisco Fierro Loza y Octaviano Santiago Dionisio, futuro dirigente del PRD, de que Lucio Cabañas va a secuestrar “a un alto funcionario” para liberarlos y también pedir dinero.
Evaristo Castañón recordó que estos presos “nos recibieron, nos llevaron a su celda para que nos bañáramos y nos dieron ropa seca, gracias a Dios que esa gente estaba ahí”. También estaba encarcelado Nicomedes Fuentes, que 40 años después sería uno de los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero que investigó precisamente la guerra sucia.
Un expediente de Evaristo Castañón precisa que el 12 de septiembre fue consignado al Juzgado de Distrito de Acapulco con el estatus de “confeso” por los delitos de robo, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad.
“A mí me hicieron firmar, me sacaron y me dijeron, nada más vas a firmar este papel y ya te vas, allá afuera está tu esposa con tus hijos”, contó Evaristo Castañón, quien al igual de otros 23 hombres de El Quemado recibió una sentencia de 30 años. Aún viven 10 de los sentenciados.
La DFS reconoce el 18 de septiembre que es un problema “la situación de las familias de los consignados, ya que algunos poblados de la Sierra quedan sin los Jefes de éstas”.
Evaristo Castañón ya tenía cuatro de los 6 hijos que procreó en su vida, “uno como preso no nada más sufría el estar encerrado, sino el estar pensando el sufrimiento que estaba pasando su familia que estaba a medio comer nada más”.
Su esposa Pabla Martínez iba a visitarlo a la cárcel, “gracias a ella no sentí tan pesada la cárcel porque cada mes venía a verme, cómo le hacía, quién sabe, el pasaje costaba 7 pesos de Atoyac a Acapulco,” recordó y mostró la foto de su finada pareja en su celular. Otro retrato impreso muestra a Evaristo Castañón con uno de los barcos de madera que aprendió a hacer en la cárcel para sobrevivir y darle 200 pesos al mes a su familia.
Los 24 sentenciados salieron de la cárcel en diferentes días de noviembre de 1976, cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa les dio 100 pesos a cada uno para regresar a su casa y con la advertencia de no hacer escándalo porque si no, contó Evaristo Castañón, “ya no los voy a traer a la cárcel, miren, con ellos los voy a mandar a fusilar”, en referencia a los soldados que les apuntaban.
Sin embargo, como lo anota la DFS, su salida formal de prisión fue hasta 1978, cuando les dieron la amnistía y fueron llevados en camiones de El Quemado a Chilpancingo. Evaristo Castañón no acudió porque estaba chaponando un terreno en otra parte y no lo encontraron.
“Ese sufrimiento que pasamos más de cuatro años en la cárcel ahora lo hemos vivido más, el doble o el triple estando libres porque estamos esperando la justicia y no llega”, dijo Evaristo Castañón y mencionó que una de las consecuencias es que no le pudo dar estudios completos a todos sus hijos.
Vendió parte de su parcela para superar un problema en la columna y en la circulación de la sangre. Vive desde el 2010 en una colonia periférica de Acapulco con su hija Rocío, maestra de una escuela privada, pero que “su quincenita se le hace nada, siempre estamos escasos de alimento, cuando yo recibo mi pensión (de adulto mayor) le digo, ora, súrtete”.
Dijo que “la injusticia para nosotros pesa todavía y cuando ganamos la presidencia de la República, porque nosotros votamos a Morena, las víctimas de la guerra sucia de El Quemado nos alegramos porque pensamos que (el presidente de la República, Andrés Manuel) López Obrador nos iba a hacer justicia, pero no pensamos que iba a ser tan lento”.
Aseguró que el mandatario federal está limpiando al país de la corrupción y enumeró los programas de Bienestar que escucha en la conferencia matutina, “todo eso qué bien, pero México tiene sed de justicia, la justicia está retrasada y no porque no pueda, no hay voluntad de la cabeza, yo digo”.
Expuso que una parte de las víctimas de El Quemado ya recibió una compensación económica en 2021 y a otros no, como él, además les dieron menos dinero a los que estuvieron sentenciados 30 años.
Dijo que vive en paz y perdonó a sus torturadores porque se unió a una iglesia cristiana. Sin embargo, mantiene su demanda de justicia, “pero en verdad no es justicia porque un daño que te causa un gobierno o una persona, es un daño físico y moral. No sanas porque te den un dinerito, es un daño que te hicieron. Te están dando una ayuda porque te violaron los derechos humanos”.
Organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas de Ayotzinapa, reprocharon que se permitiera al general Rafael Hernández Nieto, implicado en el caso, enfrentar su proceso en libertad, por considerar que se da un tratamiento preferencial y un sesgo a favor del Ejército.
La juez federal Raquel Ivette Duarte concedió a Hernández, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, el beneficio de llevar en libertad su proceso por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que este general recibe un tratamiento preferencial. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las fuerzas armadas en el presente”, señalaron en un posicionamiento las organizaciones Centro Prodh, Serapaz, Fundar y Tlachinollan.
Al hacer un recuento de los beneficios otorgados al general, recordaron que en agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió, lo que sostuvieron se logró de forma ilegal.
“Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023, después, se le dictó auto de formal prisión.
“Además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó, en menos de 24 horas, que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, advirtieron.
Las organizaciones acompañantes subrayaron que el Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, fue expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
“Con menciones que muestran que tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente, en los mensajes se dice que ‘voy a ir a telo a traer cosas y ver al coronel Nieto para que esté bien todo’. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 batallones de Infantería, mientras (Hernández) Nieto era la cabeza de este último”, añadieron.
Informaron que debido a la distancia, los padres de los normalistas apenas están conociendo la determinación y en su momento fijarán su postura.
“No obstante, es necesario señalar, desde ahora, que esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos, que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, indicaron.
La titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado, que fue levantada el lunes en su oficina por 20 hombres armados y liberada cerca de la medianoche de este martes, salió de la Tierra Caliente la mañana de este miércoles con el operativo que también regresó a Chilpancingo.
Aproximadamente a las 10 de la mañana, salieron de la Tierra Caliente los elementos de la Policía Ministerial del Ejército y la Guardia Nacional que vinieron de manera especial a buscar a la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
Se confirmó que en ese convoy de 10 patrullas, también salió la licenciada Jacqueline González Salgado luego de ser liberada cerca de la medianoche de este martes y quien decidió retirarse de la región.
Al mismo tiempo se informó que luego de los hechos violentos, la titular del Ministerio Público será cambiada sin que se conozca por el momento la decisión de la Fiscalía, por lo tanto por el momento la agencia de Coyuca de Catalán no tendrá titular.
La licenciada Jacqueline González fue levantada al mediodía de este lunes. La Fiscalía informó que un grupo de 20 hombres armados fueron los responsables de llevarse a la abogada desde sus oficinas para lo cual entraron al edificio y desarmaron a los policías ministeriales.
El edificio regional de la Fiscalía en Coyuca de Catalán es un complejo que cuenta con oficinas amplias. Ahí es la sede de cinco Ministerios Públicos auxiliares, en el segundo piso cuenta con el área forense con espacio para laboratorio y psicólogos. También cuenta con oficinas para el fiscal regional y el área de expedición de cartas de antecedentes no penales. Existe otro espacio amplio con oficinas y salas diversas para atender casos de violencia intrafamiliar.
Otro edificio tiene camas y separos para los agentes ministeriales además de una sala forense. Cuenta con un amplio estacionamiento y en el patio de atrás se construyó una sala especial para juicios orales debido a que el Poder Judicial no contaba con un terreno para realizar sus actividades desde el 2015 cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia.
A este edificio entraron los 20 hombres armados.
Desde la noche del lunes llegaron los efectivos estatales y federales para el operativo especial de búsqueda, que recorrió zonas urbanas, se instalaron filtros de revisión en carretera y se anunció la llegada de más efectivos para este miércoles.
Cerca de la media noche se confirmó que la abogada fue liberada y llegó caminando sola. Incluso algunos elementos de la Policía Ministerial seguían en operativo en el momento en el que ya estaba la abogada en las instalaciones del Ministerio Público.
Durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles se colocó una patrulla del Ejército y los elementos del operativo especial en las instalaciones resguardando el edificio. Pero por la mañana se confirmó que salieron de la región y que se llevaron a la titular del Ministerio Público.
Según el reporte se encontraba sana y salva y no presentaba huellas de violencia física, sin embargo también fue atendida por el área psicológica debido al temor y la presión emocional.
La búsqueda comanzó en Coyuca de Catalán y se extendió a seis municipios de la Tierra Caliente, informa la fiscal
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, emitió anoche un videomensaje en el que dijo que tras la privación de la libertad de la agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaquelín González Salgado, se movilizaron fuerzas estatales y federales, y que por eso se logró que sus captores la liberaran.
Dijo que “de manera inmediata se inició con los trabajos de gabinete y búsqueda en campo de manera ininterrumpida, primero en el municipio de Coyuca de Catalán y se emitió la ficha de búsqueda del protocolo Alba”.
Agregó que las acciones de búsqueda se ampliaron a Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Cutzamala de Pinzón y Zirándaro de la región Tierra Caliente, encabezados por la Fiscalía Especializada y Búsqueda de Personas desaparecidas, con soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado y su helicóptero, y se abrió una carpeta de investigación
Agradeció “a todas las instituciones de seguridad federales y estatales, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación por su destacada e invaluable participación”.
Además agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por el apoyo de la aeronave. “Estas acciones fueron determinantes para que los captores de nuestra compañera la liberaran sana y salva”.
La fiscal termina su mensaje: “Esta Fiscalía a mi cargo, refrenda su compromiso con nuestra compañera para que el hecho del cual fue víctima no quede impune”.
Por las lluvias militares y policías no prestan auxilio en la sierra de Tierra Caliente
Los caminos de la sierra están bloqueados por el crecimiento de arroyos; estas vías por lo general se utilizan para subir a diferentes comunidades de la parte alta, pero las corporaciones desde las cabeceras municipales no pueden transitarlas para atender los reportes de hechos violentos por lo que la responsabilidad queda en manos de diversas bases que se encuentran en aquella zona.
Existe en Coyuca de Catalán la base regional de la Policía del Estado, la de la Policía Invgestigadora Ministerial (PIM) y en Altamirano la base de la Guardia Nacional y del Ejército las cuales cubren los nueve municipios de la Tierra caliente.
Sin embargo, con la llegada de la temporada de lluvias ya no pueden subir a la parte de la sierra debido a que hay varios tramos de camino que realmente son parte del cauce de algún arroyo y que actualmente ya no se pueden utilizar.
En el último mes hubo reportes de hechos violentos en la sierra de San Miguel Totolapan, y en un caso más reciente en la Coyuca de catalán en donde se solicitó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.
En su lugar, la Secretaría de Seguridad Pública ha reportado que cuenta con una base en el municipio de San Miguel Totolapan, y en Coyuca de Catalán en los que también está el Ejército quienes tienen la responsabilidad de atender estos reportes o en su defecto hay algunos caminos por donde pueden acceder pero desde lado de la costa.
Esto impide que suban corporaciones policiacas desde la parte baja incluso de los elementos de la policía municipal.
Para esas temporadas las comunidades se preparan debido a que año con año quedan incomunicadas con la parte baja por el bloqueo de caminos y en algunos casos incluso por derrumbes que dejan en mal estado las brechas. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)
Efectivos del Ejército vigilan las instalaciones de los terrenos de la Feria a la Bandera, principal sede alterna del Ayuntamiento de Iguala, al retomar actividades este viernes, luego de que el día anterior suspendieron labores por una amenaza que se difundió en las redes sociales Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
El Ayuntamiento de Iguala reanudó este viernes sus actividades en oficinas y sedes alternas bajo un dispositivo de seguridad de efectivos del 27 Batallón de Infantería y la Policía Estatal, luego de las amenazas dirigidas en contra del alcalde David Gama Pérez, el síndico Oscar Díaz Bello y trabajadores, que obligó el jueves a cerrar todas sus oficinas y suspender los servicios.
Hasta este viernes el gobierno municipal no había emitido ningún comunicado ni información relacionado a estos hechos, y sólo se difundió una fotografía de una reunión que tuvo el priista David Gama Pérez con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la que se informó que fue para revisar proyectos de obras y programas para Iguala.
El jueves se detuvieron todos los servicios del gobierno municipal y fueron cerradas todas las oficinas, desde áreas administrativas, operativas y recaudadoras, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capami), recolección de basura y el DIF con sus distintas áreas y guarderías, éstas últimas que fueron las únicas que este viernes no regresaron a laborar.
La determinación se derivó de una amenaza difundida en una página de Facebook en contra del alcalde priista, David Gama Pérez y el segundo síndico, Oscar Díaz Bello (PRD), en el que presuntamente el grupo del crimen de la Familia michoacana, advirtió a los trabajadores que “no vayan a trabajar hasta nuevo aviso en todas sus áreas”.
Este viernes al retomar las actividades, en la principal sede alterna del Ayuntamiento ubicada en los terrenos de la Feria a la Bandera, se instaló un camión militar con efectivos del 27 Batallón de Infantería que resguardan de forma permanente las instalaciones en la que están la presidencia municipal, la mayoría de regidurías, secretarías y direcciones de área.
Los soldados armados vigilan el único acceso que ha sido habilitado para ingresar a estas instalaciones, y este viernes, se observó escasa presencia de contribuyentes y se presentaron algunos funcionarios, pero no así los ediles, de acuerdo con fuentes consultadas.
En otra de las sedes alternas, en el edificio de la sala San Luis, en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro, en la que se ubica la sindicatura de Procuración de Justicia que encabeza el perredista Oscar Díaz Bello, y donde además están la secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil y Reglamentos, fue la más vigilada.
Afuera de estas instalaciones había un numeroso grupo de efectivos del Ejército fuertemente armados, así como de la Policía Estatal, resguardando la zona.
Mientras que en la sede ubicada en la ex comandancia de la Policía Municipal y Barandillas, en la que hubo una ataque a balazos el 13 de junio, y donde está la primera sindicatura, tres regidurías y la secretaría de Obras Públicas, había recorridos de vigilancia por el Ejército y Policía Estatal, y siguen operando con el portón cerrado.
De acuerdo con trabajadores, principalmente quienes son de áreas operativas como recolección de basura, Limpia, Parques y Jardines, hay zozobra por las amenazas difundidas, luego del asesinato a balazos cometido el miércoles en contra de uno de los trabajadores, al que dejaron una cartulina con un mensaje escrito dirigido al alcalde Gama Pérez y al síndico Díaz Bello, éste último del que ha trascendido que se fue al extranjero.
Se reúne Gama con la
gobernadora
Hasta el cierre de esta edición el gobierno de Iguala no había emitido ningún comunicado de prensa ni postura relacionada con estos hechos, y en su página personal de Facebook el alcalde David Gama difundió una fotografía de una reunión que sostuvo este viernes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin mencionar la seguridad o la violencia en el municipio, en un breve texto que escribió indica que esta reunión fue para “revisar proyectos de obras y programas” que próximamente se realizarán en Iguala, entre los que menciona la restauración del Lienzo Charro y la entrada por la autopista a Cuernavaca.
Ofrece su gratitud y reconocimiento a la gobernadora “por todo su apoyo y respaldo para su natal Iguala”, y señala que acordaron seguir trabajando “de la mano para mejorar la calidad de vida de las y los igualtecos”.
Locatarios del Mercado Central de Acapulco, con algunas de las pertenencias que lograron rescatar del incendio que consumió una gran parte de la nave mayor la madrugada del lunes Foto: Carlos Carbajal
Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
El delito de extorsión en Guerrero ha crecido poco más de 80 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual responde a un vínculo estrecho entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, advierten especialistas entrevistados por El Sur.
“El delito de extorsión en Guerrero es demasiado grave. Estamos hablando de dos Estados: en primer lugar, el oficial-constitucional-jurídico, con autoridades establecidas; pero, en segundo lugar, hablamos de un Estado paralelo, criminal.
“Desde hace mucho tiempo existe una relación y connivencia entre los grupos delictivos y las élites políticas estatales, situación que se agravó con la llegada del nuevo gobierno al estado, con la gobernadora” Evelyn Salgado, expone Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), firma especializada en el análisis de seguridad y otras políticas públicas.
Los registros oficiales respaldan el análisis de Rodríguez Aranda. La cifra de delitos de extorsión ha crecido de manera constante. En el periodo 2015-2020 se pasó de 144 a 241 reportes de extorsión. Al cierre del año pasado hubo un nuevo repunte: se llegó a 260, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, este delito en particular alcanzó el 80.5 por ciento entre 2015 y 2022. “Ya ha habido noticias e informes sobre las extorsiones en Guerrero. El año pasado, por ejemplo, se habló de lo que pasaba en las pollerías. Incluso hubo un desabasto, particularmente en Chilpancingo e Iguala”, contextualiza Rodríguez.
Sin embargo, dice, esa apenas muestra una parte del problema; fue “una pequeña perla de todo el baúl de situaciones que ocurren en la entidad” porque la situación ahí se ha generalizado”.
Ahora, enfatiza, no existe sector de la economía formal e informal que no esté invadida por la extorsión. Afecta a todo mundo, “desde los comerciantes más básicos, aquellos que venden tamales o paletas, a quienes se les pide una cuota, hasta comerciantes bien establecidos, del sector empresarial”.
Alianzas criminales y extorsión en todas partes
El “muy estrecho” vínculo entre autoridades de gobierno y el crimen organizado siempre ha existido. “Se trata de alianzas que benefician a los dos grupos”, coincide por separado José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Aunque, dice, en la actual administración se ha formado “un vínculo más fuerte”. Ahí está el caso del grupo criminal Guerreros Unidos, por ejemplo. “Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo criminal aparentemente se desarticuló, pero lo que realmente sucedió es que algunos de sus ex integrantes se aliaron con otros grupos de la sierra ante el fuerte avance de La Familia Michoacana”.
Lo que sucedió, según el análisis de Cisneros, es que estas nuevas alianzas se extendieron por todas las regiones del estado “y empezaron a tener control en las presidentes municipales, en los cabildos y hasta en la gubernatura”.
Las extorsiones se han ido multiplicado por todos lados. Y eso es así, explica, porque es una forma de control de estos grupos criminales. “Hoy podemos decir que el delito se ha generalizado. En el comercio y el turismo, pero también en la vida cotidiana. Es bárbaro lo que ha sucedido”, advierte el investigador universitario.
“En manos del crimen
organizado”
La extorsión en Guerrero se encuentra extendida y está en manos de varios grupos criminales. Todos los días se registran homicidios en la entidad; a veces como resultado de la disputa entre esas bandas delictivas, pero en otros casos como consecuencia de las extorsiones. “Son personas que se niegan a pagar o que no tienen para pagar y las asesinan, en sus negocios o domicilios”, menciona Leopoldo Rodríguez.
Otros fenómenos sociales son producto también de las extorsiones. Uno de ellos es la migración. El desplazamiento ocurre de forma generalizada. “Sucede sobre todo en Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades con mayor población y comercio, después de Acapulco. Muchos empresarios y negocios cierran cortinas y se mudan de la zona”.
El director de Gesec señala que en Iguala se exige a los taxistas una cuota diaria. “La entregan al líder de taxistas, y éste, a su vez, la entrega al grupo delictivo que controla. Eso pasa con todos negocios, hasta en las tortillerías. Y mucho en cantinas. En las cervecerías establecidas formalmente y también en las clandestinas”.
En caso de que las personas se nieguen o no puedan pagar, el modus operandi consiste en disparar al comercio. “Llegan y balean, aun con comensales. Lo hacen para presionar y como una muestra dirigida a la persona directamente afectada y a toda la zona”.
La extorsión pone en peligro la vida de las víctimas, quienes, ante las amenazas de muerte, difícilmente denuncian. “No hay manera. La estructura criminal conoce todo sobre los extorsionados. Éstos no tienen forma de escapar”.
Generalmente, detalla Rodríguez, quienes efectúan los cobros son personas jóvenes y no las verdaderas cabezas de las organizaciones. Por eso, las detenciones de los cobradores no afectan a las estructuras criminales. Las organizaciones y las represalias siguen.
Las actividades criminales han llegado a ser tan predominantes en muchas zonas del estado que la presencia de estos grupos también incide directamente en el ámbito de la política formal.
Fuerzas armadas con rol “meramente testimonial”
En las elecciones de 2021 ocurrió una situación “muy grave” a los ojos de Rodríguez Aranda. “Los grupos delictivos determinaban las horas, momentos y lugares en que podían hacer campaña los candidatos. Controlaron la agenda”.
Esto ilustra un problema aún peor porque se habla de un territorio con una autoridad formal establecida, “pero en términos de seguridad, en este caso de la extorsión, la autoridad está fuera del ámbito, no opera”.
En otras palabras, remarca, no es la autoridad, pero sí el crimen organizado el que controla la seguridad de los estados y los municipios. “La Guardia Nacional, Ejército y la Marina son invisibles. Cuando hay actos de violencia, llegan después de que ya sucedió, pero su papel es meramente testimonial”.
La situación de Guerrero, puntualiza el consultor en seguridad, se encuentra “en manos del crimen organizado”. E identifica tres premisas clave: una, la autoridad evita tratar el tema de seguridad de forma pública. Dos, existe un abandono de las instituciones de seguridad, cuyo control recae en la delincuencia organizada. Y tres, las autoridades están rebasadas. En el mejor de los casos, hacen caso omiso; en el peor, se someten a estos grupos.
Si el problema ya era grave antes, hoy es más serio, pues hay “un gobierno plenamente coludido con estos grupos”. A su juicio, la autoridad no interviene porque tiene pacto con las organizaciones criminales o está sometida. Y tampoco posee la capacidad técnica ni operativa para hacerlo. “Si no es un estado criminal, sí es una entidad donde la línea que divide a los grupos delictivos y quienes gobiernan es inexistente”.
Actuar y recuperar la confianza de la gente
–¿Es posible revertir la situación? –se le pregunta a José Luis Cisneros.
–Campesinos y otros ciudadanos se han organizado como grupos armados, de autodefensas, para poner freno a esto. La única posibilidad es que desde el gobierno federal se intente someter a control a estos grupos, pero no se ve claro. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido coludidas y penetradas como cualquier fuerza de seguridad en México. En algunos casos había contención, pero hoy es más fuerte la situación.
Es lamentable lo que sucede en México, insiste el especialista, “no sabemos qué va a pasar. La única forma es que el Estado mexicano retome su papel. Ha perdido el control; se halla en manos del crimen organizado. Eso es muy peligroso”.
–¿Qué se requiere?
–Primero, que se reconozca el problema. Hace días fueron a balear la casa del presidente municipal de Iguala, pero no se publicaron notas sobre eso. La delincuencia también controla lo que se publica en los medios a través de amenazas a los periodistas.
“El dato del aumento de extorsiones –continúa Leopoldo Rodríguez– no refleja el profundo terror y miedo que vive la población en el estado. Mientras la autoridad local no reconozca que hay una situación grave, será difícil avanzar.
“Después tendría que venir la acción de la autoridad. Dar el manotazo en la mesa. Se tiene que hacer. Hacer uso de la fuerza e intervenir en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de la cohesión social. Es decir, reconstruir para que la población tenga confianza en la autoridad”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de conmemoración por la Gesta Heroica de la defensa del Puerto de Veracruz, en la Decima Segunda Región Naval. La acompañan el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias, el comandante de Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina, el comandante de la 27 Zona Militar, Martín Gerardo Franco, y el secretario de seguridad del estado, Evelio Méndez Foto: Carlos Carbajal
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que en Guerrero se refrenda el compromiso de seguir trabajando de la mano “como lo hemos venido haciendo en todas las tareas de construcción de la paz”.
Así como en la reconstrucción del tejido social, de la generación de bienestar para las familias de Acapulco y de Guerrero de la mano del Ejército, Marina y la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales y de todas las instituciones que desde sus diferentes trincheras están trabajando de manera incansable con valentía, con transparencia y honestidad.
En su mensaje durante la ceremonia de conmemoración al 109 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz, por parte de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, ante la pretensión de la fuerza naval estadunidense, en las instalaciones de la Décimo Segunda Región Naval y que encabezó el almirante Julio César Pescina Ávila, subrayó que esos hechos son el reflejo de lo que es esa institución y por eso se honran con la memoria, pero también con la acción. Y señaló: “con la memoria para nunca olvidar de dónde venimos, nuestras raíces. Nunca perder de vista nuestra historia que nos motiva y que nos empuja todos los días a salir adelante”.
Mientras con la acción llevar a la práctica los más altos valores navales “y siempre navegando por lo correcto con honor, con deber y con lealtad, patriotismo. Valores que siempre han distinguido a esta gran institución de la Marina”.
La gobernadora manifestó que sirva esta conmemoración “para recordarnos en México y en Guerrero somos hijos e hijas de esa tradición. Que nuestra historia nos obliga a seguir a adelante, a fortalecer nuestras instituciones, a valorar a quienes nos antecedieron y a trabajar de manera incansable en beneficio del pueblo de Guerrero”.
Mientras que el comandante de la décimo segunda región Naval, almirante Julio César Pescina Ávila, leyó el mensaje del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Recordó la gesta del puerto de Veracruz y dijo que ha 109 años el honor, deber, lealtad y patriotismo que impulso a los marinos navales al amparo de la patria siguen intactos.
Añadió: “Valores que son el faro y guía de actuar de los integrantes de la institución. Hoy el México en que vivimos las armas no son la opción menos aún esperamos que por el suelo nacional corra la sangre de nuestro pueblo”.
Dijo que ahora la patria llama a los marinos mercantes y navales a defenderla con actos “colmados de honradez y honestidad. Con legalidad y respeto a los derechos humanos nos llama a velar por la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo sobre una base de inclusión y justicia social”.
Añadió que en memoria de los héroes del 21 de abril 1914 “la Secretaría de Marina refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo, refrenda un legítimo deseo de contribuir a fincar un país de paz y seguridad y bienestar. Refrenda nuestra entrega al servicio de la patria”.
Al acto acudieron el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez; la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y el ex alcalde de Acapulco Luis Walton Aburto, entre otros. (Karina Contreras).
El presidente de la AHETA, Alejandro Domínguez; el ex alcalde, Luis Walton Aburto; el secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala; la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos; el comandante de la Déci-mo Segunda Zona Naval, Julio César Pescina Ávila; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón; el comandante del 56 Batallón de Infantería, Diego Antonio Chávez; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Luis Enrique Velázquez y la síndica procuradora, María Inés Mendoza en el acto de entrega de cien patrullas y cuatro ambulancias en la avenida Costera Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó como “un grave error” la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En declaraciones a reporteros después de encabezar dos actos de seguridad pública en Acapulco, Marcelo Ebrard consideró que los ministros no valoraron el avance en seguridad que hay en el país, de acuerdo con la encuesta sobre percepción de seguridad presentada por el Inegi.
Marcelo Ebrard estuvo ayer en Acapulco, donde participó en dos actividades con la alcaldesa Abelina López. La primera fue la presentación de la estrategia de seguridad Fuerza Acapulco y después la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.
A pregunta expresa sobre la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, Ebrard opinó que se trata de un grave error y explicó que su postura es porque el Inegi reportó avances en la percepción de inseguridad.
“Esa encuesta se hace con 30 mil cuestionarios, no existen de 190 países del mundo una encuesta similar. No la hay, nadie hace esa encuesta, ni Estados Unidos la tiene. ¿Por qué se hace en México? Bueno, hace muchos años se decidió hacerla para tener una medición de lo que la gente opina, y no sólo la versión de la autoridad, para eso se hizo la encuesta ¿Qué nos dice la encuesta que se dio a conocer hoy en la mañana? Que tienes una mejora, si bien el problema de seguridad sigue siendo muy serio Quizá en muchos lugares, el primero, sí hay una mejoría en la percepción pública respecto al último trimestre. O sea, se está avanzando gradualmente de manera importante. Ahora hay un descenso en la sensación de inseguridad de poquito más del 4 por ciento. En ese momento donde estás empezando a tener resultados, ‘ah no, pues vamos a poner en tela de juicio a la Guardia Nacional. Es un error, eso va en contra de la seguridad de las personas mas allá de la opinión de cada cual”.
Añadió que de acuerdo con esa encuesta, el Ejército y la Marina tienen un apoyo muy alto por parte de la población, “y se está dando resultados. Entonces desde mi punto de vista es un error ponernos ahorita discutir la naturaleza de la Guardia Nacional cuando estamos empezando a tener resultados”.
E insistió: “en mi opinión es un error (de los magistrados), vista la seguridad de las personas, porque metes en tela de juicio. Ustedes imaginense si eres parte de la Guardia Nacional: estás preocupado. No sabes qué va a ser tu futuro, creas un problema que nos va a distraer, cuando el asunto principal es la seguridad de las personas”.
Agregó que la decisión de la Corte no tiene efecto inmediato, por esa razón la Guardia Nacional seguirá al mando del Ejército, pues falta definir en qué tiempo la decisión de la Corte va a entrar en vigor, lo cual podría demorar varios años. “Yo diría que no deberíamos de distraernos u ocuparnos en eso ahorita hoy mañana Porque eso significa interrumpir el esfuerzo de la Guardia Nacional, yo creo que no es un acierto eso”.
A pregunta si eso desmantela la estrategia de seguridad del gobierno federal, respondió: “Depende que resuelva la Corte de cuándo va a entrar en vigor, No lo sé en este momento, pero desde mi punto de vista es un error como país ponernos a discutir la naturaleza de la Guardia cuando está obteniendo resultados a favor. ¿Llevamos cuántos años esperando resultados favorables? Desde que me acuerdo”.
De las declaraciones de la senadora del PRI y aspirante a la candidatura presidencial del PRI Beatriz Paredes Rangel de que los lugares turísticos necesitan seguridad especializada, Marcelo Ebrard dijo que Acapulco eso ya es realidad y no son planes. Puso como evidencia la estrategia presentada por la alcaldesa, Fuerza Acapulco, que es un esfuerzo por tener mejores resultados y de la cual la evaluación será en tres meses, “es una gran oportunidad para Acapulco”.
Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enterado del esfuerzo que se hará en Acapulco en materia de seguridad, y ofreció que si se tiene éxito la misma estrategia se replicaría en otros municipios del país.
Considero que el resultado de la encuesta del Inegi es una buena noticia para Acapulco pues tiene una mejoría de 11 puntos en cuanto a percepción de seguridad.
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social
Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan
Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.