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Cambian de nombre a tres secretarías estatales y amplían facultades a Gobierno y Contraloría

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 242, publicada el 11 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, se oficializó el cambio de nombre de tres secretarías y una dependencia, y se facultó a la Secretaría General de Gobierno para regular concesiones y la explotación del servicio público del transporte en el estado; también se reconoce la igualdad de género en el titular del Poder Ejecutivo.
Esta reforma desaparece la representación del gobierno del estado en la Ciudad de México, y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental pasó de tener 19 facultades a 37. Ahora ejercerá “las facultades que la Constitucioìn local les otorga a los oìrganos internos de control para revisar, mediante las auditoriìas a que se refiere el presente artiìculo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos puìblicos estatales”.
El 31 de agosto la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, presentó cinco iniciativas de reforma de ley, entre ellas la modificación de la Ley 08 de la Administración Pública del Estado de Guerrero, porque busca promover los principios básicos de su gobierno.
Argumentó que se trata de una reingeniería institucional para la disminución de la burocracia –pero sin despedir a ningún trabajador–, porque no se podía tener estructuras y organigramas que se hicieron hace 15 o 16 años, además se tenía que identificar las áreas y funciones duplicadas.
Esta ley fue aprobada el pasado 25 de octubre en el Congreso local, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 11 de noviembre, como Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242, que abroga la anterior con el mismo nombre pero número 08, publicada en octubre de 2015 durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez.

Resultados concretos en corto plazo

El documento señala que los cambios que se proponen en la estructura orgánica de la administración pública estatal establecerán “resultados muy palpables y concretos en el más corto plazo posible”, y que la anterior Ley Orgánica no respondía a las necesidades actuales de la sociedad y era “imperante sanear la estructura y reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos de alto impacto social y económico”.
Uno de los cambios que sobresalen es en el “artículo 2” donde antes sólo se reconocía la figura del gobernador, y ahora señala que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una persona “denominada gobernadora o gobernador Constitucional del estado de Guerrero”, quien tiene a su cargo la administración pública estatal”.
Otro de los cambios, indica que al “frente de cada secretaría habrá una secretaria o secretario de despacho”, cuando anteriormente solo se señalaba a la figura masculina. Además, para “ser titular de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales y demás instituciones reguladas por esta ley”, ya no es requisito “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos”.
Cambiaron de nombre la Secretaría de Desarrollo Social que ahora se llamará de Bienestar; la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas pasó a Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y la Secretaría de Protección Civil se convirtió en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Con la reforma, también desapareció la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en el Distrito Federal (actual Ciudad de México), y según el artículo tercero transitorio derivado de su extincioìn el personal a su servicio, los recursos presupuestales, el mobiliario, los vehiìculos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y el equipo que hayan utilizado para la atencioìn “quedan transferidos a la Oficina de la Gubernatura”.
Esta dependencia también cambió de nombre, pues en la anterior Ley se llamaba Jefe de la Oficina del Gobernador, y se convirtió en “Oficina de la Gubernatura”, de la cual, el actual titular es Jesús Eugenio Urióstegui García. Otro cambio de nombre fue de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado que se convirtió en la Procuraduría de Protección Ambiental.

Secretarías y facultades

La reforma añadió facultades nuevas a las distintas secretarías; ahora la Secretaría General de Gobierno otorgará, revocará o modificará las concesiones y permisos para la explotación de carreteras y vialidades de jurisdicción estatal, así como regular la concesión y explotación del servicio público de transporte en las vialidades de jurisdicción estatal; autorizará en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Administración, la restructuración de las tarifas de los servicios públicos de transporte sujeto a permisos y autorizaciones.
La reforma se debe a que será encargada de coordinar a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, que anteriormente dependía de la Oficina del Gobernador.
Otro cambio es que ahora la Secretaría de Finanzas podrá “emitir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles del Estado, también, podrá “programar y practicar auditorías e inspecciones de carácter fiscal a causantes y ejercer la facultad económico coactiva por incumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a la normativa aplicable”.
La Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos ahora podrá “diseñar e implementar el plan de desarrollo sostenible, con identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada”.
Además, deberá “promover el conocimiento, desarrollo y práctica en condiciones adecuadas de la medicina indígena tradicional, con pleno respeto y reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, a través de sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la conservación de plantas medicinales, animales, minerales, aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital”.
A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se le añadió la capacidad de “proponer mejores prácticas y modernización en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que atiendan las necesidades del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, apoyado en la operación de plataformas tecnológicas, sistematización de los procesos administrativos de inscripción, modificación, actualización o baja de los trámites, servicios y sus formatos, promoviendo la transparencia y simplificación administrativa”.
La Secretaría de la Contraloría y Transpa-rencia Gubernamental, que pasó de 19 puntos de sus facultades a 37, incluso en el artículo 58, sostiene que al titular “considerando la carga de trabajo, podrá asignar a un mismo órgano interno de control más de una secretaría, dependencia, entidad paraestatal o institución regulada por esta Ley para el desarrollo de sus funciones, no podrán coincidir en una misma institución de las antes mencionadas”.
La reforma indica que podrá “ejercer las facultades que la Constitucio?n Local les otorga a los o?rganos internos de control para revisar, mediante las auditori?as a que se refiere el presente arti?culo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos pu?blicos estatales”.
Contraloría podrá “fiscalizar mediante auditori?as o supervisiones directamente o a trave?s de los o?rganos internos de control, que las secretari?as, dependencias, entidades paraestatales y dema?s instituciones que regula esta Ley, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratacio?n y remuneraciones de personal, adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecucio?n de obra pu?blica, conservacio?n, uso, destino, afectacio?n, enajenacio?n y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y dema?s activos y recursos materiales de la administracio?n pu?blica estatal”.
Según el artículo sexto transitorio los cambios de denominacio?n de las secretari?as y dependencias no afectarán los derechos laborales del personal ni las atribuciones sen?aladas en otras leyes o disposiciones normativas especiales.

 

 

Consensuarán el gobernador y diputados federales de Morena el presupuesto 2019

 

Los diputados federales de Morena se reunirán con el gobernador Héctor Astudillo Flores este miércoles, para hablar y presentar propuestas sobre el presupuesto 2019 de Guerrero y que éste sea consensuado.
Las diputadas federales de Morena, Rosario Merlín García y María del Carmen Cabrera Lagunas, son secretarias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pero no se pudo tener contacto con ninguna de ellas.
De la misma bancada, Abelina López Rodríguez, diputada por el distrito 04, informó que la primera fecha tentativa para la reunión es el próximo miércoles.
La diputada comentó que el primer planteamiento fue que la reunión se realizara este miércoles, pero algunos de los diputados no estuvieron de acuerdo porque tendrían que regresar pronto a la Ciudad de México a la sesión ordinaria del jueves, por lo que la reunión se podría posponer para el viernes.
Sin embargo, fuentes de la bancada de Morena confirmaron que la reunión privada será este miércoles 7 de noviembre a las 11 de la mañana, con el gobernador Héctor Astudillo, y después con los presidentes municipales. Aunque podría haber cambios, a partir de la reunión que hoy tendrán todos los diputados federales de Morena con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Después de la reunión de hoy de López Obrador con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, los nueve diputados de Guerrero acordarán si la reunión con Astudillo Flores es el miércoles o se cambia para el viernes, pero hasta este domingo la agenda marcaba que el encuentro será el miércoles.
“Lo que queremos es sacar un presupuesto consensuado, pero también tiene que ir con algunas reglas. No puede ser por ser, recordemos que hay obras inconclusas, proyectos inconclusos que se tienen que terminar”, comentó.
Explicó que los diputados federales plantearán las prioridades de las regiones a las que representan, que escucharán también a los alcaldes y el presupuesto 2019 para Guerrero será propuesto en conjunto con el gobierno estatal.
Abelina López recordó que la integración del presupuesto inicia a partir del 15 de noviembre, pero reiteró que la propuesta es que sean terminadas las obras inconclusas que hay en el estado.
Se supo también que el miércoles habría una reunión de los diputados federales con los 16 alcaldes de Morena en el estado, para escuchar las propuestas de integración del presupuesto 2019.
La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, había informado que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió convocar a todos los presidentes municipales de Guerrero y al gobernador Héctor Astudillo a una reunión con ellos en Acapulco, pero de acuerdo con lo comentado por diputados de Morena, podrían ser reuniones separadas. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo)

 

Protestan maestras en el Palacio de Gobierno; piden el pago de salario a una inspectora

Maestras de jardines de niños del sector 03, de la parte rural de Acapulco y Coyuca de Benítez, protestaron afuera del Palacio de Gobierno para exigir que la inspectora general de los planteles, Judith Margarita Torres Ponce, sea atendida por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los manifestantes pidieron el pago retroactivo de tres años de salario para la inspectora, que tiene a cargo 116 jardines de niños públicos y 27 privados, a los que asisten más de 9 mil alumnos.
En declaraciones la inspectora, quien la semana pasada estuvo en huelga de hambre de tres días, explicó que desde hace tres años fue enviada de Ometepec a Coyuca de Benítez con el nombramiento, pero nunca recibió el sueldo correspondiente.
Dijo que acudió a la Ciudad de México, pero en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) le dijeron que a partir de abril recibirá su salario completo, pero le corresponde al gobierno estatal resolver la deficiencia y el pago retroactivo, porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) fraccionó su plaza.
Torres Ponce se movilizó en compañía de 70 maestras de escuelas públicas, para protestar en Palacio de Gobierno y denunciar que la SEG se niega a pagarle como inspectora general de Preescolar, con la tabulación adquirida después de que se hiciera efectivo su cambio de zona, por baja de jubilación.
Explicó que las autoridades de la SEG, que encabeza José Luis González de la Vega Otero, le negaban su derecho a cambio por jubilación directa de otra inspectora, por lo que solicitó la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Recordó que antes de llegar a este puesto se desempeñaba como inspectora general del sector 08 de Costa Chica, con sede en Ometepec, y tuvo que solicitar la intervención del gobierno federal para poder ser atendida en Guerrero.
Después de la Ciudad de México, ahora enfrenta que la SEG se niega a pagarle los tres años cuatro meses que ya laboró en el sector 03 de Acapulco, bajo la justificación de que no hay dinero y que “la ley establece que no se puede pagar”.
“Las autoridades del estado no atiende a una persona que no cuenta con influencias”, comentó.
Este lunes fue atendida en Palacio de Gobierno por el secretario técnico del gobernador, Andrés González Saavedra, y de Atención Ciudadana, Miguel Silva, que se comprometieron a que el secretario de Educación la atendiera este martes.
La maestra afectada señaló como responsables directos de la falta completa de su pago al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y al subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román. A quienes les recordó que el sector 03 ha sido uno de los que mejor trabaja en el estado de Guerrero, inclusive no han protestado con bloqueos en las calles. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Amenazan por teléfono presuntos integrantes de Los Rojos a una activista, denuncia el Tadeco

 

El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) informó que recibió amenazas telefónicas, presuntamente del grupo criminal Los Rojos, para exigir que su integrante, Isabel Rosales, no se una a un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos.
En un comunicado dirigido al pueblo de México, al de Guerrero y a la opinión pública, el Tadeco informa que el lunes a las 3:10 de la tarde, recibieron una amenaza en el teléfono celular de la organización, de un hombre que se identificó como Simón Singgler, número 755 1095939, que pidió hablar con Isabel, dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Contaron que, inicialmente no les pareció extraño, pues el 23 de mayo el mismo Simón Singgler llamó a la oficina, dijo que era de la Secretaría de Gobierno estatal, y que quería tratar asuntos sobre gestiones del comité; entonces dejó como número de contacto el 7474988438, y pidió la dirección de correo electrónico para enviar información documental.
“Nosotros relacionamos este comentario con ofrecimientos de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) estatal, en mayo del 2017 en una reunión a la que asistió la compañera Isabel Rosales… por lo que no nos pareció nada fuera de lo normal. Sin embargo, más adelante se identificó como parte del grupo de Los Rojos, diciendo que no querían hacerle daño, y amenazante le pregunto ‘cómo querían que la trataran, bien o mal, como amiga o enemiga’”, detalla el comunicado.
Al escrito se añade que, después, el mismo hombre dijo que le pasaría por teléfono a su jefe, “el señor Zenén”, identificado como líder del grupo criminal, que comenzó diciendo que “él sabía que la compañera representaba a un grupo de personas desaparecidas y que no querían que ella se uniera a este grupo (de desaparecidos) con su propia familia, que sabían dónde se encontraba y que le hacían de su conocimiento que hasta el momento ella no era su enemiga y que sus enemigos se encontraban dentro de su círculo social”.
Agrega que, según el grupo delincuencial, la violencia, secuestros y homicidios, se deben a que se meten con ellos, o a que no hacen caso a los llamados, y también le dijo que grabara la conversación para que cuando matara a alguien cercano a ella, tuviera a quien responsabilizar, “Zenén Nava El Chaparro le había hecho un llamado, del que no hizo caso”.
Abunda que Isabel se negó a continuar la conversación y colgó, pero volvieron a llamar al celular y al no obtener respuesta se comunicaron a la oficina, donde contestó su compañera, Miriam.
En el comunicado se relata que le repitieron lo mismo, y que sabían que la compañera Isabel no se encontraba ahí, pero que irían a dejar documentos a la oficina, que tienen fotografías de la oficina y de personas que entran y salen, para de esa forma demostrar que los tienen ubicados, y nuevamente colgaron el teléfono.

Consideran las llamadas una acción del Estado, dice

Comenta que podría parecer un intento de extorsión, pero les extraña que los hostiguen cuando están haciendo en actividades en favor de las víctimas de la violencia.
A nivel nacional, la organización participa en actividades con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, en particular en el estado; trabaja con jóvenes asuntos de inseguridad, y recientemente recabaron firmas a favor de la aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy.
Los activistas del Tadeco recuerdan que ésta no es la primera vez que los hostigan, porque desde que constituyeron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, en 2009, han sido amenazados para que dejen de buscar “verdad y justicia” para las víctimas.
“Nuevamente percibimos la injerencia de agentes del Estado atrás de estas amenazas e intento de extorsión. ¿Cómo sabe la gente que nos llamó que hubo un ofrecimiento de la CEAV Estatal para nuestro Comité pendiente de resolver?, ¿por qué nos llamaron el día 23 de mayo… para obtener información particular de algunos de nosotros, como nombres, teléfonos y dirección? ¿Cómo saben que esos teléfonos son los datos que utilizamos de contacto durante las reuniones sostenidas con el gobierno estatal el año pasado?, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de estas amenazas disfrazadas de extorsión?”, preguntan.
Responsabilizan a las autoridades estatales y federales de la integridad física y moral de Isabel Rosales Juárez y Miriam Altamirano Carmona, y de todos los integrantes de la organización.
El Tadeco pide la solidaridad del pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades, para que se les otorguen las garantías necesarias para seguir su trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social, y de desarrollo comunitario en la entidad. En particular solicitaron el apoyo al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

Zotoltitlán: entre la alerta por grupo armado y corte del agua a Apango para conseguir obras

Pobladores de Zotoltitlán, municipio de Mártir de Cuilapan, se “alzaron” en contra de los gobiernos municipal y estatal, porque incumplieron una minuta de acuerdos firmada en febrero de 2016. También están a la defensiva ante la presencia de un grupo de la delincuencia organizada que había llegado el 24 de febrero pasado, que tenía amedrentados a los habitantes y pretendía tomar el control del pueblo.
En un recorrido este miércoles, se confirmó que las más de 2 mil familias mantienen cerradas las válvulas de la red de agua que surte a unos 8 mil habitantes de Apango, la cabecera municipal, para presionar a los gobiernos del municipio y del estado a cumplir las obras y compromisos que firmaron.
Asimismo, los habitantes aseguran desconocer a qué grupo criminal pertenecen los agresores, pero creen que llegaron como represalia a su exigencia a los gobiernos municipal y estatal para que cumplan la minuta de acuerdos que firmaron en febrero de 2016.
En una reunión a la que asistieron unos 500 vecinos, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez dijo sospechar que los hombres armados fueron enviados por la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez para amedrentar al pueblo.

Antecedentes

El 27 de febrero de 2016, la alcaldesa que llegó por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Felícitas Muñiz Gómez; el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el entonces asesor del gobernador, Roberto Álvarez Heredia, se reunieron con unos 2 mil habitantes de Zotoltitlán para firmar acuerdos a cambio del agua que surte su núcleo agrario a los habitantes de Apango, pero los gobiernos estatal y municipal incumplieron todos los compromisos.
En la reunión de este miércoles, el comisario municipal, Sabino Sevilla Rodríguez fue respaldado por cientos de vecinos frente a la comisaría, donde denunció que después del reclamo del incumplimiento de la minuta de acuerdos, el 24 de febrero entró al pueblo un grupo de hombres armados que, en camionetas o a pie comenzaron a “patrullar” las calles, amedrentando a los habitantes.
El viernes de la semana pasada los pobladores cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango para presionar a Felícitas Muñiz y a Maldonado del Moral, a dialogar los términos de la minuta de acuerdos que firmaron en 2016.
Maldonado del Moral se comprometió a ir él e invitar a la alcaldesa para el martes pasado, pero los pobladores estuvieron esperando y no llegó nadie.

Demanda penalmente el Ayuntamiento al comisario municipal y a un líder comunitario, informan

En la reunión de ayer, los habitantes denunciaron que, en respuesta a sus acciones, el Ayuntamiento presentó una demanda penal contra el comisario, Sabino Sevilla, y el líder, Floriberto Vidal, a quienes acusa de mantener “secuestrado al pueblo” y responsabiliza del corte del agua a los habitantes de la cabecera municipal.
Asimismo, a Floriberto Vidal lo acusa de “abuso de confianza”, porque dice que se quedó con dinero del Ayuntamiento, Acusación que rechaza el dirigente, que asegura que él nunca ha trabajado en el Ayuntamiento y que no sabe de dónde saca la alcaldesa que se quedó con dinero.
Incluso responsabilizó a la alcaldesa de un atentado en el que resultó herido en abril del año pasado en la carretera Apango-Zotoltitlán.
Mostrando las cicatrices, denunció que, sin embargo, ahora le paga con quererlo perjudicar, sólo porque está exigiendo que cumpla sus compromisos con el pueblo.
Después de la reunión, los pobladores mostraron las válvulas que cerraron para impedir que pase el agua hacia Apago. A unos 100 metros se encuentra el manantial.
Los habitantes informaron allí que son ellos los que limpian, los que dan mantenimiento a los depósitos, los que apagan los incendios y los que han reforestado la zona para evitar que disminuya el flujo del manantial.
Se quejaron de que, mientras tanto, a los pobladores de Apango les llega el agua, y que el Ayuntamiento ahora se niega a pagar el servicio, y tampoco quiere hacer obras en Zotoltitlán, a pesar de que es obligación de la autoridad municipal.
El comisario municipal Sevilla Rodríguez, advirtió que el pueblo va a seguir así, alzado, hasta que los gobiernos estatal y municipal no vayan a cumplir los compromisos que firmaron allí, junto al manantial, el 27 de febrero del 2016, ante unos 2 mil habitantes.
A seis días de que pobladores de Zotoltitlán cerraron las válvulas de la red de agua que surte a Apango, la cabecera municipal, comenzaron los problemas de en este pueblo.
Algunas familias han comenzado a comprar agua hasta en 150 pesos por mil litros; otros aceptan el agua gratis, pero sucia, que les envía la presidenta municipal Muñiz Gómez, declaró el síndico Benito Sánchez Ayala, quien encabeza el grupo del Cabildo disidente a la alcaldesa.
Sánchez Ayala reconoció que si no se resuelve el conflicto pronto con los pobladores de Zotoltitlán, ésta será una de las peores temporadas para los habitantes de Apango.
La propietaria de la fonda Lupita, ubicada en el mercado de la cabecera municipal, dijo que, hasta hoy todavía le alcanzó el agua que tenía almacenada en la cisterna de su casa, pero que para mañana tendrá que comenzar a comprarla al precio que se la den, porque es indispensable para su negocio.
El síndico informó que el agua que llega a la cabecera municipal la traen de Atliaca o de un manantial que está cerca de Apango, pero que no es agua de calidad como la que les llega de Zotoltitlán, que incluso usan para consumo humano.
Se quejó de que, hasta en estas condiciones haya discriminación de la alcaldesa, pues el agua buena, que trae con recursos del Ayuntamiento, la reparte gratuitamente entre sus familiares, y la de peor calidad que saca de un pozo cercano a la cabecera municipal, la distribuye al resto de la población.
El resto de las familias tienen que comprar el agua hasta en 150 pesos un recipiente de mil litros.
Ante la gravedad del problema, este miércoles, dos grupos de ciudadanos, uno afín a la alcaldesa y otro opuesto, estaban convocando a reuniones para la noche de este mismo día y tomar acuerdos que alcancen la solución del conflicto con sus vecinos de Zotoltitlán.

 

 

Siguen sin protección policiaca cuatro escuelas de la capital agobiadas por los robos y violencia

Las cuatro escuelas de educación básica de la capital, ubicadas en zonas de riesgo donde hubo robos a los planteles y no cuentan con bardas, laboran sin la seguridad que las autoridades se comprometieron a brindarles, luego de las protestas que hicieron en días pasados.
El Sur visitó el jardín de niños Diana Laura Riojas de Colosio, de la colonia Eduardo Neri, donde según representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el Ayuntamiento y el gobierno estatal, habría resguardo policiaco a partir de este martes. El acuerdo se hizo este lunes, cuando los padres de familia bloquearon la avenida Juan N. Álvarez, para exigir seguridad ante los constantes robos al plantel; sin embargo, no se envió el resguardo policiaco prometido.
La colonia Eduardo Neri colinda con la colonia Las Palmas y se encuentra al poniente de la ciudad. La calle para llegar al jardín de niños es empinada, con curvas pronunciadas, y de doble sentido de circulación vial. En ese lado, el tipo de las casas varía desde las más humildes de madera y techos de lámina, hasta otras con acabados vistosos, más de dos niveles, pero eso sí, con bardas y portones altos.
El plantel está en lo alto de un cerro de la colonia, la vereda para llegar a la entrada es de terracería y tiene una malla ciclónica, mejor conocida como “de gallinero”, con alambre de púas por barda, que en varios tramos está cortada o sumida. Así es como entraron los ladrones, según especulan las maestras, a llevarse computadoras, impresoras, material de oficina y didáctico.
Las maestras de la escuela dijeron que no llegó el resguardo que les prometieron las autoridades, aunque se supone que hoy una comisión acudirá a visitar las instalaciones para conocer sus necesidades, “ahora nos preocupa lo que nos pueda pasar a nosotras”, dijo una de ellas, ya que al no haber nada de valor que extraer, se sienten vulnerables y desprotegidas ante la incertidumbre de si los desconocidos responsables de los hurtos intentarán agredir al personal de manera directa. Esperan que las autoridades cumplan con su promesa de garantizar la seguridad.
Por otra parte, el jardín de niños y la primaria de la parte alta de la colonia PRD, ambos llamados Ignacio Manuel Altamirano, junto con la secundaria Heberto Castillo Martínez, tampoco cuentan con el resguardo policiaco que se prometió, luego de la marcha que organizaron unos 400 padres de familia el jueves de la semana pasada.
Los tres planteles están ubicados en la calle Heberto Castillo, el jardín de niños pegado a la primaria y la secundaria de frente a ambos. Esta zona fue incluida en uno de los polígonos de alta incidencia delictiva, determinada por el gobierno federal durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Sin embargo, el asesinato de un intendente del jardín de niños, en marzo de 2016, los constantes robos y las denuncias de maestros y padres de familia, no fueron suficientes para que las autoridades construyeran la barda del preescolar, la primaria y cumplieran con brindar la seguridad que les exigieron.
En una visita a las escuelas, no se observó presencia policiaca, ninguna de las tres patrullas que prometieron enviar las autoridades se encontraba en la colonia y según una madre de familia, policías estatales llegaron este lunes y martes cerca de las 7 de la mañana. Se tomaron fotografías en la entrada de cada uno de los planteles y luego se retiraron.

 

Mantendrán el paro en la primaria rural de Buena Vista en Zihuatanejo, anuncian padres

 

Padres de familia de la primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la comunidad Buena Vista, municipio de Zihuatanejo, mantendrán cerrado el plantel hasta que llegue ahí el maestro que atenderá al grupo de cuarto grado, pese a que las autoridades educativas les informaron que ya hay un nombramiento y que a más tardar el miércoles 7 de marzo, el profesor estará en la escuela.
El viernes de la semana pasada, los padres de familia del cuarto grado, apoyados por el resto de los familiares, tomaron la decisión de cerrar la escuela porque desde el ciclo escolar pasado se jubiló un maestro y no ha sido repuesto, por lo que en el actual ciclo escolar, los 27 alumnos del cuarto grado no han tenido clases, pese a que el jefe de los Servicios Educativos de las escuelas rurales en Costa Grande, Gilberto Abarca Flores, conoce la situación.
Este lunes por la mañana, la escuela permanecía cerrada y los papás manifestaron que ninguna autoridad educativa los había atendido, por lo que aseveraron que no abrirían la escuela hasta que les dieran una solución.
Uno de los padres de familia, José Alonso Sánchez García, manifestó que además, en este ciclo escolar se jubilará otro maestro y que en el ciclo escolar pasado se retiró el profesor de educación física, y ya no regresó, “por lo que no sólo nos falta un maestro, nos faltan tres. Queremos que nos hagan caso, no que sólo nos vienen a ver cuando quieren nuestro voto, ahorita es cuando queremos que nos den soluciones”.
Agregó que además de la falta de maestros, la escuela tiene muchas carencias, principalmente en la cancha de usos múltiples, “todas las escuelas tienen su cancha techada, menos la nuestra. Hemos pedido a las autoridades del gobierno del estado que nos apoyen, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación a los oficios que la directora ha ido a entregar personalmente hasta Chilpancingo. También tenemos salones que ya no se pueden ocupar, el comedor está en malas condiciones; tenemos una escuela muy abandonada por el gobierno”.
Otra de las madres de familia reprochó que la reforma educativa “nos la vendieron como algo que iba a ser muy bueno para nuestros hijos, que iban a tener educación de calidad y no vemos eso. Según, esta escuela es de Tiempo Completo, pero no hay maestros, la escuela se está cayendo y no vemos que el gobierno le invierta en la reconstrucción”.
Horas más tarde, los padres de familia informaron que el jefe de los Servicios Educativos de las escuelas rurales en Costa Grande, Gilberto Abarca Flores, se comunicó con ellos vía telefónica para darles a conocer que ya hay un nombramiento para que llegue ahí un maestro y que a más tardar estará mañana miércoles, por lo que les propuso que permitan a los demás maestros entrar a la escuela y regresen a dar clases, pero la postura general de los padres fue que no se abrirá el plantel “hasta que veamos al maestro en la puerta de la escuela, listo para entrar a atender a los niños de cuarto grado”.

 

Incumplen la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, Tecoanapa, dañada en 2013, se quejan

A más de cuatro años de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, los gobiernos federal y estatal incumplieron la reubicación de la comunidad de Los Tepetates, municipio de Tecoanapa, a la que también le prometieron la construcción de su sistema de agua potable y la reparación de su carretera con dinero del Plan Nuevo Guerrero; las obras sólo quedaron en proyectos, denunció el comisario municipal, Santos Salmerón Palacios.
Además, el comisario denunció que tampoco les han reconstruido la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria dañadas en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, a pesar de que fueron diagnosticadas por Protección Civil, que pidió no utilizar las instalaciones.
“Hasta ahorita, desafortunadamente, de todas las cosas que nos prometieron no nos han hecho caso de nada. Tenemos, además, un centro de salud sin doctor, las escuelas están decaídas, la carretera y el agua potable sólo quedaron en proyectos, y sólo nos dicen que no hay recursos y que no hay recursos”, se quejó vía telefónica.
Los Tepetates fue una de las comunidades que resultaron dañadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre del 2013. Según el comisario, las lluvias provocaron daños totales sólo a unas 10 viviendas, pero Protección Civil dictaminó que quedaron en riesgo por derrumbes y deslaves unas 800 casas, por lo que el gobierno federal anunció su reubicación total, “según que para quitarnos del peligro dónde estábamos”, dijo el comisario.
Sin embargo, a más de cuatro años del fenómeno natural, sólo se construyeron cinco casas dentro del mismo pueblo, los demás damnificados se quedaron sin sus casas y la totalidad del pueblo sin ser reubicado.
Informó que las autoridades compraron un terreno cerca de la comunidad, en donde se iba a hacer la reubicación, pero que el predio quedó abandonado, “y ya no hicieron nada”.
Informó que por los daños de Manuel e Ingrid, también les prometieron la construcción de su sistema de red de agua que resultó dañado y la reparación de su carretera con recursos del Plan Nuevo Guerrero, pero que ambas obras sólo quedaron en proyectos.
El abandono en que se encuentra esa comunidad, ubicada a aproximadamente una hora de la cabecera municipal, también se reflejó con los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
El comisario Salmerón Palacios informó que entonces resultaron con daños graves la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria Bernal Díaz del Castillo.
“Nosotros fuimos a Chilpancingo a reportar los daños y nos dijeron que iban a venir los de Protección Civil, pero nunca vinieron”.
Explicó que Protección Civil municipal recomendó a los maestros que no utilizaran las instalaciones ante los riesgos, pero dijo que se cansaron de esperar y que en diciembre pasado volvieron a ocupar las instalaciones.
Ejemplificó que en la preparatoria popular, además de las fisuras, toda la lámina se cayó, y que fueron los propios padres de familia los que la arreglaron.
El 5 de octubre, cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa, para entregar paquetes de apoyo a los damnificados del huracán Max y del sismo del 19 de septiembre, una comisión de ciudadanos encabezados por el comisario Santos Salmerón y el ciudadano Gumencio Santos, protestaron y exigieron el cumplimiento de los ofrecimientos e esa comunidad; sin embargo, entonces solamente les ofrecieron despensas, que la mayoría rechazó por considerarlo una burla.
Ese día, el comisario Santos Salmerón reclamó que Los Tepetates es una comunidad que siempre ha estado olvidada, no sólo por los gobernadores, sino por los presidentes municipales, y que se han acumulado las demandas, “estamos pidiendo la carretera, la casa del pueblo, la reparación de las escuelas, que algunas se cayeron y otras se partieron, y los maestros están dando clases afuera, en el sol”, dijo entonces.
Frente a las cartulinas con sus consignas escritas, el gobernador les prometió que enviaría a funcionarios para evaluar la situación y el apoyo que podría darles; sin embargo, hasta ayer no había acudido nadie, aseguró el comisario.

 

 

Incumple gobierno con remover a funcionarios acusados de hostigamiento laboral, denuncian

Trabajadores de la sección 21 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), adscritos a la Dirección General de Fiscalización, denunciaron que el gobierno estatal incumplió con remover a tres funcionarios de esa dependencia denunciados por hostigamiento.
En conferencia de prensa en el restaurante El Portón, de Galerías Acapulco, el secretario general de esa sección, José Luis Lemus García, y del Trabajo y Conflictos, Enrique García Reyes, advirtieron que suspenderán actividades el próximo viernes si no hay respuesta a los acuerdos del año pasado con representantes del gobierno estatal, luego de las denuncias.
“Nosotros no estamos contra el gobierno, pero hemos batallado porque nos resuelvan las peticiones que son justas, porque se firmaron varias minutas que no se han cumplido, pero si no hay respuesta nuestro siguiente paso es hacer un paro”, advirtió Lemus García.
Señalaron que han pedido, desde enero del año pasado, la salida del jefe de programación, Martín Flores Catarino; del jefe del Departamento de Auditoría, Rosario Mejía Toris; y del encargado de Procedimientos Legales, Silvano Catalán Mendoza.
Indicaron que el director general de Fiscalización, José Antonio Villalobos Romero incumple los acuerdos de dos minutas signadas, y pidieron la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Enrique García dijo que, debido a la relación tirante con los funcionarios de quienes piden la remoción, hay auditorías rezagadas a contribuyentes, o que no han culminado.
Calculó que hay unos 60 trabajadores en Acapulco y “otros tantos en Chilpancingo”, que padecen de acoso laboral.
Acusan a los sindicalizados de “incompetentes”, a pesar de que tienen de 20 a 30 años de antigüedad.
“Hay gente que está pidiendo su salida y el director general manifiesta que es una cuestión unilateral, pero no es verdad porque queremos que fluya el trabajo, porque somos una dependencia recaudatoria. Ha habido falta de capacitación y no es sólo responsabilidad del trabajador, sino que es también responsabilidad del patrón dar la capacitación y de equiparlos. La Subsecretaría dará equipo de cómputo, pero no hay capacitación técnica”, dijo.
El director general de fiscalización no ha cumplido y los problemas se siguen acumulando y los juicios, si lo hay, deben cubrirlos los trabajadores, pues son auditorías a contribuyentes que se establecen y que no han concluido.

 

Bloquean maestros jubilados la Costera durante cuatro horas; piden el pago de adeudos al ISSSPEG

Maestros jubilados y pensionados del estado bloquearon por cuatro horas un carril de la avenida Costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado el pago del adeudo con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).
A las 10 de la mañana, 20 integrantes de la asociación de jubilados número 4, de Acapulco, que aglutina a maestros estatales jubilados, trabajadores del gobierno del estado y municipio en retiro, se colocaron en el sentido a la Base Naval, frente al Zócalo. El bloqueo terminó a la 1 de la tarde, luego de pactarse una reunión con el director del ISSSPEG.
Con pancartas donde mostraron imágenes de los funerales de tres maestras jubiladas, fallecidas en los últimos tres meses y que no recibieron sus pensiones, los adulto mayores recriminaron la falta de voluntad del gobierno del estado para pagar al ISSSPEG las cuotas sindicales.
Por la protesta hubo una intensa carga vehicular, desde el Fuerte de San Diego hasta el Zócalo. Pese a la presencia de agentes de Tránsito en el Parque de la Reyna, éstos no acudieron a la esquina de la Costera con avenida Cuauhtémoc, y fueron los propios conductores quienes realizaron el trabajo de los agentes viales.
En declaraciones por teléfono por la tarde, el dirigente Carlos García Urióstegui informó que a las 3 de la tarde se reunió con el director del ISSSPEG, Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, quien se comprometió a realizar los pago de las pensiones a los jubilados el 13 de diciembre, y para el 20 entregarles sus aguinaldos. (Jacob Morales Antonio).