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Sólo enviará dos de seis maestros que piden en la primaria Galeana; tiene baja matrícula, dice la SEG

 

El director encargado de la escuela primaria Hermelegildo Galena, de la colonia Juan R. Escudero en la calle 13, informó que las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) le manifestaron que de los seis maestros que piden nada más les darán dos, pues no se justifica ante la baja matrícula, pues de 480 alumnos que tenían, quedan sólo 217.
Además, informó que el viernes se reunieron con César Flores Maldonado, asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien se comprometió a dar una respuesta a la petición de los maestros y padres de familia de que se respete el nombramiento que le entregaron como director encargado, luego de que el supervisor de la zona pretende imponer una directora.
Dijo que cuando se jubilaron los maestros, y al no ser repuestos, tuvieron que fusionar grupos, pues la matrícula se fue reduciendo; detalló que hace dos años dos maestros fueron cambiados a otra escuela, por lo que se quedaron sin maestros un grupo de segundo y uno de quinto año, y que los grupos son atenidos por docentes de otras áreas.
Sobre los cuatro profesores que se jubilaron, dijo que ya las autoridades le informaron que no los van a mandar, porque no se justifica la petición.
El director encargado aclaró que la matrícula se perdió porque las autoridades no atendieron la petición de reponer a los docentes, y algunos padres prefirieron llevarse a sus hijos a otros planteles; ese es “el problema que prevalece en la escuela y se tuvieron que fusionar grupos”.

Se ha dedicado a obstaculizarlo el supervisor, denuncia

Asimismo, García Romero acusó al supervisor, Armando de la Cruz Gutiérrez, de querer imponer a una directora con clave en la escuela, cuando a él la Dirección de Primarias le extendió una oficio donde lo nombra director encargado.
Dijo que el supervisor se ha dedicado a obstaculizarlo, y que los padres y maestros quieren que se respete el nombramiento que tiene, pues en la escuela ha dado clases 16 años, y desde hace cuatro meses está a cargo de la dirección; advirtió que los padres de familia pueden tomar acciones radicales para que las autoridades le den una respuesta favorable al problema, pues “el conflicto se ha creado porque las autoridades no le han dado la atención necesaria”.
Indicó que hay tensión en la escuela y que los padres ya han denunciado los hechos y han cerrado la dirección; insistió en que el supervisor, en lugar de dar una solución se ha dedicado a hostigar diciendo que los maestros se presentan a dar clases a la hora que quieren, cuando los padres son testigos de que no es cierto.
Además denunció que, aun cuando él tiene el nombramiento de director encargado, el supervisor ha dicho a los responsables de los programas a los que tiene acceso la escuela, que la directora que nombró es la “única que puede firmar y sellar los documentos oficiales; no estamos de acuerdo porque no ha presentado ningún oficio que avale que ella sea directora”.
García Romero indicó que no están exigiendo clave de director sino nada más que los dejen trabajar.

Amenazan de desalojo policías a familiares que denunciaron que un comandante violó a una menor

Luego de que el pasado 7 de febrero familiares acusaron al comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez violó a una menor de 11 años, el padre de la niña Jorge Antonio Rufino Jiménez denunció que su familia fue intimidada por seis policías que pretendían desalojarlos de su vivienda sin mostrarles un oficio de las autoridades.
En una visita en la casa los afectados colonia Alianza Popular en Chilpancingo, relataron que a las 12 del día de ayer, llegaron seis policías estatales acompañados de una abogada y con actitud prepotente les exigieron que desalojaran la casa sin mostrarles un oficio con la orden de las autoridades.
Rufino Jiménez afirmó que son represalias contra de su familia por denunciar al comandante Ismael Jiménez Téllez de violar a su hija de 11 años en mayo del año pasado.
Felipe Rufino Jiménez comentó que su mamá interpuso una demanda en contra de su hermano y él, el 6 de marzo tendrán una audiencia con las autoridades correspondientes para atender la denuncia.
“Como venganza él (Ismael Jiménez Téllez) quien es esposo de mi madre, la manipuló para denunciarme a mi y a mi hermano Jorge Antonio, quien es padre de la menor que fue abusada sexualmente, que según maltratamos a mi madre y quieren desalojarnos del terreno donde vivimos, es injusto”, afirmó.
Felipe Rufino aseguró que en su casa vive desde hace 46 años y su hermano Jorge Antonio compró una parte del terreno, manifestó que el comandante manipuló a su madre para que los denunciara de maltratarla, lo que dijo “es mentira”.
Los hermanos pidieron la intervención del secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que Jiménez Téllez sea sancionado y separado del cargo.
El 8 de febrero familiares denunciaron que el comandante de la Policía Estatal Ismael Jiménez Téllez, violó sexualmente a una menor de 11 años en mayo de 2016.

Desconoce cuál es el “delito grave” del que lo acusan, responde Chávez Adame al fiscal

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que desconoce cuál es “el delio grave” por el que lo acusan, como señaló el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, y quizá se trate de otra averiguación previa en su contra.
Agregó que el único indicio de delito y motivo de que le giraron una orden de aprehensión fue por descubrir e ingresar en un almacén del DIF estatal que escondía despensas para damnificados, y que posteriormente serían utilizados con fines proselitistas.
Después de que le giraron orden de aprehensión, con apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un amparo al Juzgado de Primero Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el cuál le concedieron.
El martes, el fiscal declaró que no se giró una orden de aprehensión contra el dirigen por irrumpir en el almacén del DIF estatal en 2014, sino por un “delito grave” del que no especificó.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame dijo que sus compañeros de las organizaciones que están aglutinadas en la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, investigaron y extraoficialmente les informaron que la orden fue por lo sucedido en 2014.
“Nosotros no tenemos conocimiento de otro tipo, vi la nota (que se publicó de la declaración del fiscal), lo que deja entrever es que él tampoco sabe o se hace, o a lo mejor ellos ya maniobraron, porque tienen el poder de fabricarme otro delito por otra, una averiguación previa que hayan abierto. Yo ando ahorita con mi amparo, yo le hablé al compañero Vidulfo (Rosales Sierra, abogado de Tachinollan) el día de ayer y me dijo que como abogados iban a investigar, le iban a informar de qué se le acusaba”, expuso.
Declaró que es extraña la respuesta del fiscal Olea Peláez cuando dice que lo acusan de un delito grave, y que le parece que se trata de otra orden de aprehensión.
Aseguró que esta declaración obedece a una indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Amparan al líder de la APPG contra una orden de aprehensión, indica

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, informó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo le concedió el amparo que solicitó contra una orden de aprehensión que se giró en su contra.
El martes pasado Chávez Adame informó que le giraron una orden de aprehensión porque en el 2014 irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, las cuales no fueron entregadas y que serían utilizadas con fines proselitistas.
El dirigente solicitó amparo con el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los hechos por los que se le acusan se dieron en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, y Nicolás Chávez asegura que fue el gobernador actual, Héctor Astudillo Flores, quien solicitó que se girara la orden de aprehensión pues anteriormente tuvieron un rompimiento de diálogo al cuestionarle que el crimen organizado está infiltrado en su gobierno.
Después el dirigente denunció hostigamiento y amenazas de muerte, sin que se le concedieran medidas cautelares.

 

Protestan padres de la primaria de La Poza en Acapulco; exigen dos maestros y un director

Unos 60 padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, de La Poza, acudieron a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para exigir que les envíen dos maestros, un director y un intendente, que han solicitado desde hace tres años y no han sido atendidos por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los padres de familia llegaron alrededor de las 11 de la mañana a la Protur, donde tuvieron una reunión privada con el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado, y con funcionarios de la SEG; al salir, los padres comentaron que las autoridades se comprometieron a enviar los maestros faltantes la próxima semana.
La presidenta del comité de padres de familia de la escuela, Mónica Pérez detalló que piden un maestro para cuarto año A y otro para el quinto año A, en cada grupo hay entre 21 y 28 alumnos. La escuela tiene una población de 300 estudiantes.
Pérez Escalante señaló que les urgen los maestros porque sus hijos van muy atrasados, “la verdad, no tienen un aprovechamiento de acuerdo al grado que llevan; están siendo afectados, mucho”.
Por su parte, la señora Ana Yuridia Sandoval Díaz informó que en la reunión hubo una respuesta favorable de las autoridades, pues les dijeron que llegarán los docentes la próxima semana.
Informó que un maestros se jubiló y una maestra dejó de ir a la escuela, pero no saben porqué; sin embargo, la maestra no ha sido dada de baja en la escuela, lo que “no es lógico porque ya tiene dos años que no va”, no hay un documento que avale que ya no está ahí, por lo que el supervisor tiene que entregar un oficio de que ella ya no acude, para que les asignen otro docente.

 

Entrega la SEG cinco nombramientos a maestros que se exigían en cuatro primarias de Acapulco

El delegado de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara entregó cinco nombramientos a maestros que atenderán planteles de la zona escolar 33, que comprende las colonias Zapata y Simón Bolívar, con lo que cumplen las demandas que plantearon los padres la semana pasada.
El delegado informó que los nombramientos de los maestros son interinos, y que se les explicó a los padres de familia que los docentes se quedarán hasta el final del ciclo escolar para resolver la falta de maestros; añadió que, mientras tanto, la comisión estatal de cambios hará la planeación y al inicio del próximo ciclo escolar, los maestros que tengan derecho al corrimiento serán asignados a las escuelas donde les toca.
El 9 de febrero, unos 100 padres de familia de cuatro escuelas de la zona 33 exigieron al delegado enviar cinco maestros y dos directores que no tienen desde hace dos años. A la 1 de la tarde, en las oficinas de la supervisión número 33, ubicada en la escuela Plan de Ayala, el delegado se reunió con los nuevos maestros y los directores de las escuelas a las que fueron asignados, para presentarlos.
Ya en declaraciones a reporteros, Miranda Vergara informó que se entregaron cinco nombramientos a docentes para planteles de esa zona escolar, “con ello cumplimos el compromiso asumido hace una semana con los padres de familia, los directivos y supervisora de la zona, de que esos maestros tenían que llegar para cubrir los faltantes en las escuelas… con ellos se están cubriendo las necesidades de esta zona escolar”.
De los cinco maestros, uno es para la escuela Nicolás Bravo, otro para la Simón Bolívar, uno más para la primaria Aquíles Serdán y dos para el plantel Tierra y Libertad.

 

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.

 

No cumple la SEG su compromiso de enviar maestros a secundarias técnicas de Zihuatanejo

El presidente del comité de padres de familia de la escuela Secundaria Técnica 186 Adolfo López Mateos, de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, Gustavo Adolfo Gurrión Maldonado manifestó que hasta este lunes, ningún funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se había comunicado con ellos para resolver la falta de maestros en cuatro secundarias técnicas de este municipio.
El representante de los padres adelantó que, en el transcurso de esta semana cerrarán de nueva cuenta las escuelas ante la falta de sensibilidad de las autoridades.
El viernes de la semana pasada, los presidentes de los comités de padres de familia de las secundarias técnicas 186 Adolfo López Mateos, de la unidad habitacional Infonavit El Hujal; de la 52 Caritino Maldonado Pérez, de la colonia El Embalse, ambas en Zihuatanejo; la 100 Héroes Guerrerenses, de la comunidad Pantla; y la 99 Ignacio Zaragoza, de la comunidad serrana Vallecitos de Zaragoza, dieron un ultimátum a la SEG para que envíe a los maestros que faltan en estos planteles.
Ayer lunes, vía telefónica, el presidente del comité de padres de familia de la Secundaria Técnica 186 Gustavo Adolfo Gurrión Maldonado, dijo que hasta la tarde de ayer, lunes, ningún funcionario de la SEG se había comunicado para informarles si enviarían a los maestros que hacen falta, o de qué manera solucionarán el que sus hijos no tengan calificaciones en las materias faltantes.
A pregunta expresa, Gurrión Maldonado dijo que, por motivos laborales tuvo que ausentarse de la ciudad, pero que este martes se reunirá con los padres de familia de las otras secundarias para determinar a partir de cuándo las vuelven a cerrar.

Se inconforman los comerciantes fijos contra la feria de la Canaco en el Zócalo de Chilpancingo

Comerciantes fijos del primer cuadro de la ciudad se instalaron en el Zócalo capitalino sin pagar al Ayuntamiento, para manifestar su desacuerdo de que vendedores de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) hayan instalado un tianguis, porque bajan sus ventas, además de que existe un documento de la Dirección de Gobernación municipal que rechaza su instalación.
A un costado de la catedral en el Zócalo, representantes de los comerciantes fijos manifestaron que están en contra de los vendedores que se establecieron como parte de la feria de la Amistad-Canaco 2017, y que aseguran pagaron por los espacios 5 mil pesos cada uno.
El sábado 11, el presidente de la Canaco, Víctor Manuel Ortega Corona, dijo que suspendió la inauguración de la feria, ante el temor de un posible enfrentamiento entre comerciantes, y responsabilizó al director de Gobernación municipal Juan Manuel Valenzuela Ortiz, de invitar a otros vendedores para que se instalaran.
Los cuatro representantes de los comerciantes fijos, Ernestina Giles, Ersi Vélez don Juan, Guadalupe Pineda y César Mayares desmintieron las declaraciones del presidente de la Canaco, y señalaron que fueron los comerciantes que compraron el espacio en el Zócalo quienes iniciaron la confrontación.
“Nos sentimos desalentados ante tanta arbitrariedad que han cometido las autoridades, porque no tienen esa visión, no saben para qué fue creada la plaza (cívica Primer Congreso de Anáhuac), no sé por qué hicieron tanta inversión y al último venga a parecer como mercado. Nosotros somos comerciantes establecidos”, manifestó Ernestina Giles.
Anteriormente se han realizado otras expo ventas en el Zócalo capitalino, los comerciantes fijos expusieron su descontento hasta el momento porque acudieron con el director de Gobernación municipal Juan Manuel Valenzuela Ortiz, quien les dijo que no autorizó el permiso a la Canaco para instalarse del 10 al 19 de febrero en la explanada.
Los inconformes mostraron un oficio girado por Gobernación municipal al presidente de la Canaco donde dice: “De acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 33 del Reglamento para Actividades Comerciales en uso de la tenencia de la Vía Pública del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, así mismo por acuerdo de cabildo de fecha 10 de septiembre del año dos mil ocho, no autoriza la instalación de comercio semifijo y móvil, en cualquier fecha del año, primordialmente en las colindancias de los siguientes inmuebles del centro histórico de la ciudad de Chilpancingo”.
Los comerciantes dijeron que se enteraron de que como Gobernación municipal no dio permiso a los de la Canaco, lo solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien les autorizó instalar la feria.
Agregaron que Ortega les advirtió que pese a su inconformidad, ya tiene autorizadas otras cinco fechas más para instalarse en el Zócalo, que “ya compraron la plaza (Primer Congreso de Anáhuac).
Los comercios fijos afectados son del andador Zapata, las calles Madero, Abasolo, 16 de Septiembre, Hidalgo y la avenida Miguel Alemán. Los comerciantes dijeron que están unidos y que han recabado 400 firmas en rechazo a las expos en el Zócalo, indicaron que falta consultar a la ciudadanía para que también firmen y así tener un sustento que llevar al gobernador.
Los comerciantes inconformes informaron que para protestar también sacaron sus productos a la explanada del Zócalo sin pagar al Ayuntamiento, y que ahí estarán hasta que se retiren los de la Canaco, a quienes acusan de ser ambulantes y algunos son de otros estados.
En un recorrido en calles al rededor del Zócalo de la capital, se observó que en el andador Zapata, algunos comerciantes se instalaron en medio, se les consultó y dijeron que son comerciantes fijos y que tienen permiso para establecerse durante tres días en estas fechas, además de que pagaron en Gobernación municipal.
Otros manifestaron que se instalaron en el andador pero sin pagar, para rechazar a la feria de la Canaco.
En el oficio de Gobernación municipal que presentaron los comerciantes fijos detalló que la Alameda Granados Maldonado sólo puede utilizarse con fines didácticos, lúdicos, sin fines de lucro, prohibiendo toda clase de comercialización en su modalidad informal, pero ayer se constató que también hay puestos de ropa, dulces y joyería.
Un comerciante dijo que cada año se establecen en el Zócalo, y debido al evento de la Canaco, Gobernación municipal los reubicó en la Alameda, para vender en la temporada por el 14 de febrero.

Desacredita una organización los resultados del estudio de daños de la minería en Nuevo Balsas, Cocula

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) desacreditó los resultados de los estudios de dos universidades públicas sobre daños de contaminación y vibraciones provocadas por explosiones de la minera Torex Gold, en su proyecto Media Luna, en Cocula.
Según los resultados de la investigación atribuida a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad Michoacana, que se presentaron el jueves a funcionarios federales y estatales de medio ambiente y de pesca, no existe evidencia de que la minería afecte la producción pesquera o deteriore las viviendas por voladuras (explosiones), para la extracción de metales.
En un comunicado, la organización señala que la información publicada es ambigua porque no muestra métodos de medición, y la considera ilegítima, porque “no hay forma de esconder científicamente los daños y perjuicios que ya pescadoras y pescadores observan todos los días”.
Demandó a las dependencias que muestren al público y a los afectados los resultados de los análisis en tierra, en atmosfera y en agua, así como los de las ondas expansivas y de las ondas de presión, además del análisis de las ondas sonoras en atmosfera y agua, “porque la vibración como tal no deben ser considerada como único parámetro, ni puede entonces ser tan determinante como es manejado en la nota en la que participaron dichos investigadores”.
Aseguró que también deben mostrar los resultados de los gases que producen las voladuras o explosiones, por lo menos del monóxido de carbono y de óxido de nitrógeno, ambos tóxicos, y los análisis de minerales liberados en las explosiones, en particular de polvo ultraligero.
Aseguraron que los investigadores, “no tienen idea de dónde se depositan esos polvos particulados por las explosiones, ni qué tipo de metales tóxicos contienen”, lo que deja en entredicho sus planteamientos.
Destacaron la lucha de los pescadores y comunidades desplazadas contra la minera, frente al manejo discrecional de investigadores y funcionarios de gobierno, que a puerta cerrada entregan resultados de los análisis que involucran a muchos sectores de la población.
“Indigna que no se haya invitado a dicha reunión a los afectados directos que desde hace dos semanas mantienen en bloqueo a la empresa; indigna que aparezca el nombre de instituciones universitarias avalando tanto la secrecía de la entrega del informe, como que en dicho informe manifiesten que no existen evidencias de los daños ocasionados por las explosiones y trabajos de la minería”, cuestiona.
Urge a los investigadores a que digan de dónde sacaron sus líneas de base, con los que compararon el efecto que las vibraciones derivadas de las explosiones pueden causar en los peces, “porque este tipo de estudios no existen en México, ni siquiera están normados, y sólo en la nota se menciona, y mal, que las vibraciones están lejos del rango mínimo aceptado de tres milímetros por segundo en cada vibración”, sin precisar si ese rango fue en tierra, en aire o en el agua, en donde suele prolongarse aún más la vibración.
Pidió que se precise si la UNAM y la Universidad Michoacana avalaron los resultados, o si los investigadores sólo son egresados de esas instituciones académicas y presentaron una evaluación a modo.
Para el siguiente diagnóstico pesquero relacionado con las actividades de la empresa minera Torex Gold en la presa El Caracol y el río Balsas, recomendaron que se considere la dosis, cantidad o volumen de la sustancia peligrosa a la que están expuestos en agua, sedimento y aire; el tiempo-frecuencia a la que está expuesta la vegetación, peces y la población a la sustancia peligrosa; y la manera en la que peces y humanos absorbemos la sustancia peligrosa (inhalándola, comiéndola, bebiéndola o por contacto, y sus combinaciones).
También se deben considerar las características y hábitos de la población, y el acceso al agua limpia y a la atención médica integral, entre otros asuntos, “porque suelen existir efectos rápidos en etapas de crecimiento menores, en el caso de peces, en los niños o el crecimiento de los bebés dentro del vientre de las madres embarazadas, que derivan en deformaciones o enfermedades crónicas cuasi inmediatas o bien futuras”.
En su comunicado, la REMA recriminó que el biólogo que defendió el análisis, “tiene la desfachatez de señalar en su informe que son los pecadores quienes violan la Norma Oficial Mexicana 060 de la Sagarpa, a la vez que señala que la calidad del agua es buena”, y criminaliza la resistencia.
Estimó que, si los estudios se basaron en la técnica de la emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo, el apoyo de un toxicólogo mejoraría su investigación, pero “no sirve para tomar decisiones a favor de la empresa, que resultan sesgadas, manipuladas, oscuras, carente de ética profesional”.
Llamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a actuar con objetividad, “a las y los compañeros pescadores de Nuevo Balsas, de Real de Limón, de La Fundición y de Atzcala no hace falta que les digamos que este informe carece de argumentos técnicos, no presenta elementos científicos claros, faltó la inclusión y la participación de ustedes como afectados, y sin tener más detalles que los expuestos ya podemos expresar que se trata de un informe sin credibilidad alguna”.