La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.
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Desalojan policías a pedradas a campesinos de la vía en Iguala y lesionan a 20; hay dos niños graves

Policías estatales con equipo antimotines desalojaron a pedradas, toletazos y con gas lacrimógeno a campesinos de la asociación civil El Ángel de la Paz de la carretera federal en la entrada a esta ciudad por Chilpancingo, así como del acceso a la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca y de los accesos a la colonia La Floresta y Acatempan, que cerraron durante 2 horas.
El saldo fue de al menos 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad y unos 20 lesionados, entre éstos mujeres y dos niños que fueron reportados como graves de salud a consecuencia de las piedras que les lanzaron los agentes a los manifestantes.
En la tarde de ayer horas después del desalojo efectivos armados de la Policía Ministerial, entre ellos agentes vestidos de civil y en carros particulares sin rótulos de la dependencia, hicieron redadas en cerros de colonias cercanas donde fue el desalojo y catearon las oficina de la organización El Ángel de la Paz, ubicada en la avenida Vicente Guerrero de la colonia Centro, para detener al presidente de la asociación, Leovigildo Morales Garcés, quien vía telefónica dio a conocer que su abogado ya estaba tramitando un amparo para evitar su detención y para liberar a los detenidos.
Minutos después de las 9 de la mañana unos mil integrantes de la organización –unos 2 mil según sus dirigentes- que aglutina a campesinos, amas de casa y vecinos de colonias populares y comunidades de Iguala, Cocula, Teloloapan, Taxco y Tepecoacuilco, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores llegaron a la carretera federal México-Acapulco en el entronque con la entrada a la caseta de peaje de la carretera Iguala-Cuernavaca, y a las 9:35 de la mañana bloquearon de forma total los cuatro carriles de la vía federal y los accesos a las colonias La Floresta y Acatempan, para evitar el paso de los automovilistas que quedaron varados en la zona por dos horas.
La protesta causó molestia de transportistas, comerciantes y personas que quedaron detenidas en el lugar, y que en el caso de quienes viajaban en el transporte público fueron obligados a cruzar a pie la zona del bloqueo para llegar al otro lado y seguir su camino. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se vio que se diera paso a personas enfermas.
Piden despensas, láminas, cobertores, colchonetas, 20 toneladas de maíz, cemento y 200 mil pesos
El dirigente de la asociación civil, Leovigildo Morales dijo durante el bloqueo de la vía federal que cerraron el paso porque no se cumplieron las minutas de acuerdo que firmaron con el gobierno del estado, y que les prometieron cumplir antes de finalizar febrero.
Estimó que entre los “rezagos” a sus demandas desde 2015 son un millón y medio de pesos en especie: 15 mil despensas, cinco mil láminas galvanizadas, cinco mil cobertores, cinco mil colchonetas, 20 toneladas de maíz, cinco toneladas de semilla para siembra, 100 toneladas de cemento y 200 mil pesos en efectivo para gastos de la movilización.
En los bloqueos fueron mostradas lonas con las leyendas: “campesinos y sus mujeres en pie de lucha” y “nadie aboga por los pobres… sólo El Ángel de la Paz”. A los manifestantes se les vio portando machetes, palos y cuatro moto sierras.
El desalojo
A las 11:30 de la mañana en un carro de sonido el dirigente de la organización llamó a los líderes de colonias y organizaciones concentrar a la gente hacia la carretera y dar paso a lo que llamó el segundo plan de acción, que era la toma de la caseta de peaje de la autopista hacia Cuernavaca, a unos 400 metros del bloqueo, para lo cual pidió a los hombres con machetes y moto sierras que se fueran al frente.
Los manifestantes avanzaron a paso lento al tiempo que encendían las motosierras y algunos golpeaban los machetes contra el pavimento. A unos 60 metros los más de 200 policías antimotines que se encontraban en el entronque hacia la caseta de cobro cerraron el paso, y golpearon sus escudos con los toletes.
En el lugar también había policías federales y ministeriales armados. Se vio al fiscal regional José Luis Martínez Silva, peritos y agentes del Ministerio Público.
Ante el cierre del paso hacia la caseta un grupo de unos 30 hombres y adultos mayores rodearon a los policías estatales y éstos nuevamente les cerraron el paso.
En este lugar inició un intercambio de empujones y después de piedras, principalmente de los antimotines que en ese momento superaban en número al grupo de inconformes que avanzó, ya que el resto de la gente, en su mayoría mujeres y niños se quedaron en la retaguardia.
Los policías lanzaron gas lacrimógeno y unos minutos después había unos 15 inconformes intercambiando pedradas con los más de 200 agentes estatales que con esta acción abrieron el paso a los automovilistas.
Los manifestantes corrieron, pero los antimotines siguieron lanzando piedras hacia donde estaba la multitud donde había mujeres, niños y reporteros.
Después de haber dispersado a la gente algunos policías lanzaban piedras hacia los vehículos que estaban estacionados, al parecer de los manifestantes.
Con el apoyo de policías ministeriales armados, algunos vestidos de civil y en vehículos particulares sin rótulos de la dependencia persiguieron a los manifestantes que corrieron hacia los cerros y calles del lugar. Los agentes estatales se metieron a negocios de donde sacaron con violencia y a punta de golpes con los toletes a presuntos integrantes de la organización, a los cuales sometían en grupos de cinco a siete.
Algunas mujeres fueron golpeadas y sometidas por los policías cuando intentaron defender a sus esposos o familiares, hechos que fueron videograbados y difundidos en la red social Facebook. Una mujer se desmayó durante los reclamos y no fue atendida a pesar de que sus familiares pedían una ambulancia.
La agresión de los antimotines también fue contra reporteros, al de ABC radio, Ricardo Almazán le impidieron grabar y con un golpe le tiraron su teléfono. Algunos antimotines también hicieron uso de sus escudos para evitar que los reporteros tomaran fotografías o video de la violencia al momento de las detenciones.
En varias patrullas de la Policía Ministerial del estado y algunos vehículos particulares sin rótulos, civiles armados al parecer policías ministeriales se llevaron detenidas a varias personas, entre jóvenes y personas mayores. Durante esta acción se vio la detención de al menos 15 personas, aunque el reporte oficial menciona 13.
Después de la una de la tarde ya que había desalojada la vía federal se vio que policías estatales, ministeriales y federales, los dos últimos armados, seguían en busca de más manifestantes.
Un grupo de ocho agentes ministeriales en dos vehículos particulares catearon las oficinas de la asociación ubicadas en la avenida Vicente Guerrero para detener al dirigente Leovigildo Morales.
Los detenidos y lesionados
Según información vía telefónica del dirigente de la organización social El Ángel de la Paz, Leovigildo Morales, fueron 13 detenidos pero no descartó que puedan ser más, y reportó 20 personas lesionadas, entre estos a mujeres y dos niños heridos de gravedad por las piedras que les cayeron y que fueron lanzadas por los policías. Dijo que los heridos estaban siendo atendidos por ellos o en sus casas, ante el temor de ir a hospitales y ser aprehendidos por los policías.
En un boletín oficial el gobierno estatal dice que los antimotines fueron “agredidos” y que “repelieron” esa agresión, y que resultaron 13 personas detenidas.
Agrega que “se tiene conocimiento” que una de las personas que está “manipulando” a esta organización es el ex alcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado.
En el reporte se dice que los inconformes lanzaron petardos, pero esto no se vio en la protesta, sí se oyeron los disparos de los lanza granadas de los antimotines.
Los detenidos son: Juan Esteban Moreno Martínez de 23 años, Alfredo Cortés Rodríguez de 28, José Martín Cortés de 45, Aurelio Fuentes Sánchez de 40, Jesús Carrera López de 19, Silvestre Martínez Díaz de 27, José Luis Enrique Pastor Fuentes de 23, Juan Juárez Lara de 42, Rosa Fuentes Santos de 42, así como dos jóvenes de 17 años, uno de 16 y una adolescente de 14.
Morales Garcés responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores de haber ordenado el desalojo, y dijo que en ese momento (a la 1:20 de la tarde) los abogados de la asociación ya tramitaban un amparo para evitar que fuera detenido. Dijo que la consigna que había del gobierno del estado era llevárselo, “y golpear a algunos cuantos para darnos un escarmiento y ya no salgamos a las calles”.
Adelantó que se aliará con otras organizaciones y protestará en Chilpancingo en contra del gobierno estatal y la represión de sus policías.
Denunció que tres policías federales vestidos de civil lo querían detener, pero logró escapar. “Nos clavaron a tres policías federales que iban encubiertos y ellos empezaron a lanzar piedras a los antimotines para que ellos respondieran con todo, tenemos fotos de esos federales disfrazados de civil, los vamos a exhibir”.
Desalojan el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia
Durante la represión los empleados del Palacio de Justicia desalojaron el edificio durante una hora y media, después regresaron a sus actividades.
Según un empleado del poder judicial abandonaron el edificio –ubicado a unos 100 metros de donde fue la protesta- por miedo, y no porque alguna autoridad haya dado la indicación.
A las 12:30 de la tarde la sede del Ayuntamiento en el centro de la ciudad también fue desalojada ante el rumor de que los manifestantes llegarían para destruir el edificio.
Ahí se generaron rumores de la llegada de policías comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan en apoyo a los integrantes de la asociación civil El Ángel de la Paz, pero esto no sucedió. Algunos empleados, principalmente de Tesorería sacaron equipo de cómputo para su resguardo.
Anuncia la UCEZ protestas contra el desalojo
La activista y dirigente de la organización social Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ)-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena reprochó en declaraciones por teléfono el abuso de poder del estado en el desalojo, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a la reflexión para que no demuestre su ambición, la corrupción y el abuso que existe en su gobierno.
Advirtió que se sumarán a las movilizaciones en apoyo a la organización El Ángel de la Paz para exigir cumplimiento a las demandas de los campesinos de Guerrero.
Denunció que “el Estado mexicano abusa del poder para desalojar una manifestación, que hasta donde sabemos fue pacífica y había mujeres y niños”.
Señaló que las movilizaciones campesinas son el reflejo de las necesidades del campo y de la corrupción que existe en las dependencias estatales y federales que deben atender a los agricultores.
“Sí nos molesta, sí nos indigna y sí le llamo a Astudillo para que no se vea la corrupción y la ambición desmedida de su gobierno, que trae no sólo en el campo y en otros sectores como en la Salud y la Educación”, señaló.
Denunció que los gobiernos priistas de la zona Norte sólo están beneficiando a gente identificada con el PRI, en un claro uso de los recursos públicos para el proceso electoral de 2018.
Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.
Llaman organizaciones de la Montaña a diputados y al gobernador a trabajar su iniciativa de ley

Integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña y del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecodec) anunciaron que se movilizarán este martes en Chilpancingo para exigir que los diputados retomen la iniciativa popular de Ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.
Ante la cercanía del 15 de marzo, cuando fenece la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero, las organizaciones llamaron a los diputados y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a que reciban a una comisión en una reunión de trabajo en la que expondrán el contenido de la ley, solicitud que les hicieron llegar mediante un oficio el 1 de marzo de 2017.
Asimismo, pidieron la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
Los integrantes de las organizaciones, Ilaviel Cantú, Maribel Soto Jerónimo y Abel Bruno Arriaga dijeron que en los oficios enviados también se les informó a las autoridades que los pueblos acordaron movilizarse este martes 7 de marzo, para respaldar la iniciativa popular que reunió 6 mil 122 firmas de indígenas.
Agregaron que esperan la representación de 73 comunidades de 14 municipios de La Montaña en la manifestación, “aunque pueden ser muchos o pocos, porque cada comunidad se mueve con recursos propios, no hay grupos, no hay padrinos, sólo el objetivo de mejorar una ley que contemple ampliamente a los pueblos”.
Indicaron que la iniciativa popular es pionera en el estado y cumplió los requisitos que se necesitaban al ser verificada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que hizo la muestra al azar del 10 por ciento de los firmantes, al visitar a 591 de ellos que ratificaron su firma y con ello se cumplieron los requisitos de iniciativa popular propuesta por el Consejo de Comunidades y el Frecodec en su resolución 001/SE/03/03-2017.
Abel Bruno explicó, de manera general, que la iniciativa busca que se reconozcan los diversos sistemas de justicia en los pueblos, “ya que la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) ya no es el único cuerpo de seguridad comunitaria que existe en el estado; pero también con candados que se sujeten a los principios comunitarios y se defina en asambleas, legitimados para evitar grupos armados al servicio de algo”.
Dijo que la ley 701 tiene 70 artículos, y que es la base de la iniciativa popular que propusieron, ahora con 115 artículos en los que consideran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, “lo que se busca es que esté más amplia, no sólo que se ratifique la 701, y por eso hay apartados específicos como los derechos políticos electorales para su inclusión en las instituciones políticas”.
Agregó que se pide que los pueblos elijan a su presidente o diputados, y que haya curules especiales para pueblos indígenas me’phaa, na savi, nahua y ñomnda, ya que los diputados que llegan por la vía partidista no representan a los indígenas, traicionándolos.
Además, se pide la revocación de mandato si así lo solicita el 5 por ciento de la población, porque el actual sistema político encubre a los diputados y presidentes, y lo mejor es que el pueblo decida.
Piden que se institucionalice el programa de granos básicos, viviendas, y que haya escuelas de nivel superior en la región, porque cada año hay miles de jóvenes rechazados; que los servicios de salud sean gratuitos; se paguen los precios justos en los productos como el café, que bajó un peso, contrario al aumento de la canasta y los servicios básicos.
Comentó que se pide el derecho a la consulta para evitar que empresas mineras entren al territorio sin autorización de la comunidad, y de igual manera para las actividades militares y policiales, que deben acordar con los pueblos.
Pidieron que los diputados hagan su trabajo y aprueben la propuesta, pues en el IEPC los representantes de los partidos dijeron que la respaldaban y que estaba bien, por lo que invitaron a quienes quieran sumarse a la propuesta a que lo hagan y si tienen agregados también, pero que no pretendan obstaculizarla.
Lamentaron que instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se presten al juego del gobierno al promover una consulta en donde no se invitó ni se pidió la opinión de las organizaciones ni pueblos indígenas.
Tiene el ISSSPEG un déficit de 470 millones de pesos y 352 millones de cartera vencida, informa
El director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Manuel Urióstegui Alarcón informó que la cartera vencida del instituto es de 352 millones de pesos, y que tiene un déficit financiero de 470 millones de pesos.
Consultado al finalizar los honores a la bandera en la explanada de Palacio de Gobierno, informó que el déficit financiero, “es una cantidad bárbara de dinero”, porque incluye a todos los jubilados, pensionados y los activos que están cotizando hasta que se jubilen y fallezcan.
Indicó que, “el gobernador ha apoyado al instituto con el pago de los aguinaldos de 2015 y 2016, y con un primer paquete del programa Fondo de Apoyo Federal para Entidades Federativas (FAFEF) para pagar pasivos”.
Reconoció que el instituto le adeuda a los jubilados y pensionados el retroactivo de 2015, y una parte de 2016, en total son 21 millones de pesos para 4 mil 200 jubilados, detalló.
Manifestó que de 2012 a 2016 se adeuda el pago de marcha, “es un dinero necesario y costoso por la pérdida de un familiar”, retroactivos y bonos que asciende a 47 millones de pesos. Recordó que los que más adeudan son los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Taxco y la CAPAMA.
En su último video, Cecilio Pineda habló de “compromisos muy fuertes” del gobierno estatal con El Tequilero

Dos horas antes de ser asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, la cabecera de Pungarabato, el periodista Cecilio Pineda Birto señaló que hay “compromisos muy, muy fuertes” entre el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En un video transmitido en vivo de 12 minutos y 37 segundos el periodista también acusó al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero, y con el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco quienes convivían en fiestas populares, y los uniformados escoltan a las esposas de los delincuentes, “pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
Afirmó que existen videos como prueba de la relación, pero no alcanzó a publicarlos.
Cecilio Pineda era director de un semanario La voz de Tierra Caliente, que según fuentes de la región no se imprimía desde hace seis meses, y cuando lo hacía el tiraje era de mil ejemplares que él repartía en diferentes Ayuntamientos de la zona. También enviaba información para el periódico nacional El Universal y agencias locales, pero su mayor audiencia la tenía en los portales Youtube.com y Facebook.com.
En un video que el reportero transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el día en que fue asesinado, informó que regresaba a Ciudad Altamirano después de visitar San Miguel Totolapan, “la mera verdad se siguen sumando escuelas, al paro, son alrededor de 104 escuelas que pararon labores en solidaridad con el movimiento (de autodefensa por la paz), se acuerdan que hace ocho días vino el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, de derechos humanos y se hizo un argüende”.
Dijo en referencia a la reunión del 21 de febrero en ese municipio al que acudió el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para dialogar con profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz, con la intención de analizar el regreso a clases pero los maestros les reiteraron que no volverán si el gobierno no detiene a El Tequilero.
A esa reunión asistieron unos 200 maestros en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses.
“El chiste es que fracasó este operativo, como ven son pocos los policías estatales que recorren la cabecera y lo demás… pues no han agarrado a nadie, sigue igual”, dice a sus seguidores.
Después recordó que contrario a la promesa de detener a El Tequilero, el Congreso local concedió 10 días más de plazo antes de dictaminar si procede o no el desafuero del diputado local priista que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo y que además tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento.
Comentó que en la cabecera de San Miguel Totolapan se comentaba que al día siguiente habría otra reunión con el delegado de Servicios Educativos en la Tierra Caliente, y que ahí el Movimiento por la Paz haría un pronunciamiento “para dar a conocer ya, las medidas más drásticas que se van a tomar para obligar en este caso al Congreso del Estado y al fiscal estatal Javier Olea (Peláez), y al secretario de Seguridad Pública a que detengan a estas personas que siguen ahí en La Gavia”.
“Incluso sicarios de ellos mismos han salido y que estuvieron ahí en hechos recientes, ahí en el topón que se dieron con los militares y ministeriales, han desertado y ellos mismos están dando lugar, están dando a conocer donde se encuentra El Tequilero, dónde se encuentra El Vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no, no los quiere detener y eso que ya saben dónde están todas sus posiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra El Tequilero, con quién se encuentra El Tequilero en estos momentos”, agrega.
El reportero insistió en que los sicarios del grupo de Los Tequileros que desertaron “están dando a conocer sicarios de ese grupo criminal dónde tienen todas sus guaridas, y ni así quieren ir a detenerlos (las autoridades)”.
Después habló de delicados transcendidos en San Miguel Totolapan, “incluso hay videos en los que acusan al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero y con el diputado, al grado de que convive con ellos en fiestas populares, incluso escolta a sus esposas a traer suministros ahí a la cabecera municipal, les da protección a las esposas de los sicarios, hay muchas cosas que no se entienden que uno como ser humano pues por lógica piensa que ahí hay algo de relación, entre el gobierno y este grupo criminal”.
Después del señalamiento dijo que “deberían hablar con El Tequilero y habrían de montar un show de que por lo menos hace como que se entrega, para así ya dar certidumbre a la gente y vuelvan a su chamba, a sus actividades y dejen el movimiento, pero no quieren hacerlo, pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
El periodista dijo que esperaría a saber cómo terminaría el caso “esperemos que no sea con más muertes, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser, total esto ustedes lo han visto, hay esos señalamientos, han visto todo este procedimiento y pues la mera verdad llama mucho la atención del por qué no quiere actuar el gobierno sabiendo que hay sicarios de El Tequilero que están dando a conocer todos los puntos y guaridas de dónde está, y lo más grave es que señalen a elementos estatales coludidos con este grupo criminal”.
Después dijo que será el Movimiento por la Paz el que dé esa información y que él sólo comentaba lo que había escuchado, que son transcendidos de manera extra oficial.
Comentó que seguiría al pendiente del caso “que pudiera salirse de control al gobierno del estado si no atiende las demandas de los ciudadanos de aquí de San Miguel Totolapan”.
Bloquean vecinos dos calles en la capital; exigen alumbrado en la colonia donde vive el gobernador
Vecinos de la colonia Margarita Viguri bloquearon las calles Prolongación Altamirano y Sofía Atenas para exigir alumbrado público, porque ante la falta han ocurrido asaltos y se ha incrementado la delincuencia en la zona.
Cerca de las 9 de la mañana, los inconformes bloquearon las principales calles de la colonia Margarita Viguri, portaron pancartas en las que se leyó: “Queremos alumbrado público por el bien de todos”, “Exigimos alumbrado” y “Colonia del gobernador vive carencias de alumbrado público”.
El presidente del comité de desarrollo de la colonia, Alejandro López Pacheco denunció que “el programa emergente que anunció (el alcalde Marco Antonio) Leyva Mena para cambiar las luminarias es una mentira y en el lugar se encuentran dañadas 27 lámparas que le han solicitado desde el año pasado”.
López Pacheco aseguró que por la falta de alumbrado público ha provocado el incremento de robos, incluso, hace unos días en la calle Altamirano, una persona fue atacada a balazos, además de que el viernes de la semana pasada una universitaria fue asaltada y golpeada, debido a la obscuridad que hay en el lugar.
Afirmó que en la colonia sólo sirven 10 lámparas y 27 se encuentran inservibles desde el año pasado.
Aseguró que la colonia se encuentra sin luminaria a pesar de que el gobernador Héctor Astudillo Flores es vecino del lugar.
El presidente de la colonia indicó que las calles que se encuentran sin lámparas son la Figueroa Mata, Alfredo Castañeda, Sofía Atenas, Prolongación Altamirano, y Elías Ramírez.
Marchan normalistas, organizaciones y padres de Ayotzinapa en Iguala a 29 meses de los ataques

Al cumplirse 29 meses de los ataques, los asesinatos de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, la tarde de ayer padres de los desaparecidos, estudiantes y organizaciones que los acompañan marcharon en las calles y carreteras de Iguala, colocaron ofrendas florales y reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida y castigo a los involucrados en este crimen.
Minutos después de las 5 de la tarde de ayer, más de 100 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una madre de familia y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala que los acompañan, salieron en marcha de la carpa de la Dignidad instalada en la explanada de Las Tres Garantías, caminaron en la calle Juan Álvarez y 40 minutos después llegó a la esquina con el periférico Norte, donde se colocó una ofrenda de flores a los normalistas asesinados la madrugada del 27 de septiembre, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. También se hizo un mitin en este sitio.
Durante el recorrido se vio a policías federales, estatales y municipales en patrullas siguiendo las actividades, tomando fotografías de los participantes y vigilando a corta distancia.
En la marcha, uno de los oradores en un carro de sonido reiteró el llamado a los vecinos de Iguala para dar información de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, y los convocaron a apoyar a los padres de los 43 desaparecidos.
Un vocero de los normalistas reiteró durante el mitin la exigencia de que se investigue a los soldados que participaron esa noche y a los mandos militares que estuvieron detrás de las órdenes que se dieron a los involucrados.
Exigió al alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al presidente Enrique Peña Nieto que encarcelen a todos aquellos que estuvieron vinculados a los crímenes del caso Ayotzinapa.
“Llamamos a la población de Iguala a que se una y comparta esta voz de rabia, de injusticia de los normalistas… las 43 butacas siguen esperando a nuestros compañeros para que sigan estudiando y terminen sus estudios para ir a sus escuelas a dar clases, a llevar educación a los niños y a las niñas”, expuso, y demandó al gobierno “que responda a esta terrible masacre, a este crimen de Estado ocurrido hace 29 meses, dónde participaron los policías municipales, los policías federales, los estatales y los militares”.
El vocero dijo que se sumaban también al rechazo al gasolinazo, los incrementos en el precio de la electricidad, el gas y los productos de la canasta básica que tanto han afectado a las clases más desprotegidas.
Después de las 5 de la tarde la marcha siguió por el periférico norte, en la dirección poniente-oriente, hasta llegar a la estela erigida en honor de Julio César Mondragón Fontes, el normalista torturado y desollado del rostro, donde también colocaron una corona de flores y se hizo un mitin en el que se advirtió que las acciones de protesta no se detendrán hasta que haya justicia, la presentación con vida de los 43 desaparecidos y castigo para todos los implicados.
En el segundo mitin, un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reiteró la exigencia a las autoridades federales para que den a conocer información del proceso y la situación actual del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez y su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, ambos detenidos en penales federales por este caso.
También exigió justicia y castigo al asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, ocurrido hace un año durante el desalojo violento de policías federales en Acapulco, y demandó al gobierno federal que use toda la fuerza que mostró en el desfile militar del viernes, para que se garantice la paz y la tranquilidad de los igualtecos y los guerrerenses ante la imparable ola de violencia.
Minutos antes de las 7 de la noche, las actividades concluyeron sin incidentes, y los normalistas y una de las mamás que participó salieron de Iguala con dirección a la Normal Rural de Ayotzinapa en los dos autobuses Consta Line en los que llegaron.
Hay dilación en la impartición de justicia y poca experiencia en juicios orales mercantiles, dicen abogados
Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero criticaron que en la procuración de justicia hay mucha dilación en los procesos y, en el caso de los juicios orales mercantiles, hay poca experiencia y hace falta capacitación para la mediación.
Ayer, a la sesión del Colegio acudió como invitado el secretario proyectistas del juzgado civil, Carlos Gustavo Hernández, quien habló de los juicios orales mercantiles, “la preparación está, nada más falta que entre en vigor la ley, de acuerdo a las reformas de la ley”, dijo.
Con diapositivas, el secretario proyectista explicó los juicios orales mercantiles y cómo han avanzado en Guerrero; “es más práctica la oralidad y sale más barata para el estado, porque se agilizan los trámites, ahorras papel, impresiones, ahorras personal humano, y se agilizan los procesos y tiene muchas ventajas”.
La abogada María de la Luz Reyes Ríos dijo “hay una dilación en la administración de justicia en Guerrero y no se le da importancia. Declaraciones y declaraciones del procurador de Justicia, y la verdad es que los juicios están colapsados”.
Agregó que “no hay una administración de justicia expedita, pero además no hay un proyecto para administrar, eficientar… todo va en un discurso demagógico”.
En tanto, el presidente del Colegio, José Francisco Salgado Jiménez dijo que, en los juicios orales mercantiles en la etapa de mediación, los “juzgados no están capacitados para llevar a cabo las mediaciones, que es lo que hace falta; y hemos pugnado la instauración del Centro de Justicia Alternativa para resolver las controversias civiles, mercantiles y familiares”.
Detalló que es un asunto desatendido por las autoridades, cuándo un solo juzgado lleva mil 800 procesos, “si se prestara atención a los medios alternativos, pueden desahogarse los juicios que se ventilan en los juzgados, y habría mejores sentencias”.
Abundó que con los juicios orales mercantiles deben adecuarse las instalaciones, de una forma diferente a la que tradicionalmente se utiliza en los juzgados, para dar un mejor servicio.
Por su lado, la abogado Sandra Castro criticó que las “condiciones físicas de los juzgados sean deplorables, muchos que hemos salido fuera a litigar hemos observado diferente, no hay un comparativo”, y pidió a las autoridades atender esas necesidades en los juzgados.
En asuntos generales, hubo una discusión entre los integrantes porque se puso a consideración el acuerdo de estabilidad y desarrollo del gobierno del estado, que reduce 30 por ciento el salario del gobernador Héctor Astudillo Flores, y 20 por ciento el de sus funcionarios.
Unos dijeron que es prematuro dar una posición al respecto, mientras que otros advirtieron que no permitirán que se utilice al Colegio para temas “demagógicos” del gobierno del estado, y propusieron que se pongan a consideración en otra sesión.
El presidente del Colegio, Salgado Jiménez dijo que “no hubo punto de acuerdo, en lo particular estoy en desacuerdo con que se reduzca porque sería inconstitucional, pero no puedo tomar esa postura a nombre del colegio porque no hubo un consenso”.
El gobernador no puede ser sólo un espectador de cómo se pierden vidas, señala Salvador Alanís
El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.
Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura
El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.