El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena declaró que no puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, “de no tránsito de la autoridad, porque eso se convertiría en impunidad”, en referencia a las exigencias de vecinos de Petaquillas para que salga el Ejército de su comunidad.
El alcalde aseguró que se ha mantenido atento al asunto, y ayer se reuniría con el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, a quien le plantearía la posibilidad de permitir el libre tránsito de las corporaciones policíacas.
Este miércoles vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, con quienes acordaron que la seguridad estaría en manos de la Policía Rural.
Esta reunión se dio tras las seis horas de bloqueo el martes, en la carretera federal México-Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes para exigir la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada de petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla.
Consultado al concluir su participación en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en Palacio de Gobierno, el priista Leyva Mena señaló que tiene la misma información que el gobernador Héctor Astudillo Flores, “sobre de que de alguna manera esos grupos extraños están interesados en que no entre el Ejército”.
Agregó que la intervención del gobierno del estado en el conflicto es la reacción de una autoridad prudente y sensata, ya que, “si estiras mucho la liga, eso hubiera terminado obviamente en términos de enfrentamientos armados que no le convienen a nadie”.
Dijo que la acción de los gobernantes en este tipo de situaciones debe ser muy cuidadosa y ponderada en beneficio de la vida de sus habitantes.
Sobre la situación de inseguridad, reiteró que no es un problema nuevo y reafirmó que merece toda la atención de los tres órdenes de gobierno. “Por tratarse de estos grupos, le corresponde a la federación, para entrar en una ruta de estabilidad y buen gobierno”, señaló.
A pesar de que el alcalde no ha participado en la mesas de negociaciones con los habitantes de Petaquillas y el gobierno del estado, dijo que se avanza en un ruta de diálogo y razonamiento. “Yo entiendo que hay una población alarmada ante esta situación, y estamos en este momento coordinándonos con las autoridades para que no suceda un enfrentamiento”, comentó.
Aseguró que, a pesar de los hechos registrados en la comunidad, hay un riesgo controlado, ya que mientras haya diálogo, todo estará tranquilo para avanzar en la ruta de una solución a la petición de los pobladores.
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Bloquean el bulevar en Chilpancingo los trabajadores de la SAICA a ocho días de paro laboral
Los trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) bloquearon por segunda ocasión el bulevar Vicente Guerrero cerca de las instalaciones de la dependencia, para exigir la destitución del secretario, Gilberto Solano Arreaga y su equipo, además se reunieron con el director de la Dirección de Gobernación Jesús Vargas Vargas, pero nuevamente no llegaron a un acuerdo.
Hace ocho días trabajadores sindicales y supernumerarios cerraron las instalaciones de la dependencia estatal para exigir la destitución del secretario porque no los atiende ni los deja participar en las decisiones de los programas que se manejan en la Secretaría.
Ayer, los inconformes bloquearon el bulevar de las 9 a las 10 de la mañana, y de la 1 a las 2 de la tarde. Los trabajadores portaron una lona en la que manifestaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que no quieren ser cómplices de la falta de compromiso del secretario y su equipo.
Una de las manifestantes, Trinidad Barrera Casarrubias dijo que a ocho días de paro laboral, parece que al gobierno estatal no le interesa solucionar sus peticiones.
“Queremos trabajar, esa es nuestra demanda, ese es nuestro interés, somos parte de la Secretaría, somos parte del gobierno de Héctor Astudillo (Flores), no obstante de que ya hemos tenido una reunión con el secretario general de Gobierno (Florencio Salazar Adame), ellos nada más se concretan en decir (que) no es necesario que tengamos cerrada la oficina”, manifestó la trabajadora.
Agregó que en las reuniones con el director de Personal, Jaime Ramírez Solís, y el secretario general de Gobierno, la propuesta de los funcionarios es hacer mesas de trabajo, que terminen el paro laboral, para que el secretario y su equipo entren en las instalaciones, “y borrón y cuenta nueva, que ahora sí se van a poner las pilas.
Otra manifestante, Esmeralda Antúnez dijo que es una mentira la declaración que dio a El Sur el secretario de la SAICA, de que el presupuesto de la dependencia es de 30 millones de pesos (como se publicó en la edición del miércoles 8 de febrero), porque dijo que son 10 millones, que así está en el periódico oficial. Agregó que los trabajadores anteriormente denunciaron que debido al mal manejo de los programas, le redujeron el presupuesto a la Secretaría.
Más tarde, los manifestantes informaron que se reunieron con el director de Gobernación Jesús Vargas Vargas, pero nuevamente no llegaron a un acuerdo, porque les ofrecen mesas de trabajo con el Solano Arreaga, y ellos no lo aceptarán.
Violó un comandante de la Policía Estatal a una menor de 11 años, denuncia su padre
Familiares de una menor denunciaron que el comandante de la Policía Estatal, Ismael Jiménez Téllez, violó sexualmente a su hija de 11 años en mayo del año pasado y exigieron al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervengan para que sea sancionado y sea separado del cargo.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la delegación 17 de la capital, el padre de la menor, Jorge Antonio Rufino Jiménez recordó que su hija fue violada el 29 de mayo pasado por Ismael Jiménez Téllez y existe una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Estado y que la institución ha evadido sus responsabilidad en el caso porque no ha actuado con oportunidad.
Comentó que el comandante de la corporación es pareja de la mamá de la menor desde hace 14 años y su hija había sido violada durante un año cuando visitaba a su abuela, “ella (su hija) no nos decía nada que ya tenía tiempo siendo violada por el policía estatal, porque fue amenazada de que nos mataría a toda su familia”.
Denunció que el comandante es protegido por la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Vianney Alejandra Pastor Reynoso, “porque fuimos a interponer la denuncia y ella salió en su defensa, porque no violó a su hija”.
Acusó que desde mayo y después de denunciar la violación, la familia de la menor ha habido represalias, “me han intentado detener en mi casa policías ministeriales diciendo que porto una pistola y vendo droga en la Secundaria Técnica No. 30, lo cual no es cierto”.
El papá de la menor dijo que el comandante policiaco interpuso una denuncia en el Ministerio Público (MP) del fuero común en la que está solicitando que los hijos de su esposa abandonen el terreno que habitan y que colinda con la vivienda de su madre.
Exigió al secretario de Seguridad Pública estatal, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes y al gobernador Héctor Astudillo que se haga justicia para que Ismael Jiménez Téllez sea separado de su cargo y sea investigado por la violación de la menor.
El presupuesto de la SAICA no alcanza para las demandas de los paristas, dice Solano Arreaga
El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga declaró que su presupuesto de 30 millones de pesos se destina al pago de salarios y prestaciones, algunos programas de asistencia jurídica, becas, pago de traductores y gastos emergentes como traslados, ataúdes y compra de medicamento.
Confió en que la gestión de recursos adicionales en concurrencia con otras dependencias federales y estatales les permitirá atender las demandas de más traductores de los trabajadores de Tlapa de la Secretaría que llevan una semana en paro de labores.
Aceptó que los recursos son insuficientes y se vieron obligados a reducir el número de los traductores, de 17 a 12, que apoyan a las víctimas y presuntos responsables cuando los requieren en las agencias del Ministerio Público y hospitales. Dijo que probablemente se reduzca a ocho y añadió que van a tratar de atenderlos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cdi), para amortiguar el problema.
Recordó que el año pasado, se aplicaron más de 40 millones de pesos en las comunidades indígenas con recursos “transversales” de distintas dependencias, en apoyo y coordinación con la secretaría.
Sobre la demanda a la federación de granos básicos del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, afectados tras las tormentas de 2013, ante el problema del hambre en la región reconoció que a veces el presupuesto “es insuficiente”.
En una reunión de alcaldes y funcionarios estatales en Casa Guerrero, para la instalación del grupo de coordinación de la estrategia federal en favor de los migrantes repatriados, adelantó que hoy, miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores va a reunirse con el Consejo para atender su demanda de granos.
Recordó que el interlocutor de la Secretaría de Gobernación con los pueblos era el ex subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, ahora secretario de Desarrollo Social, y que sí se distribuyeron los granos en las comunidades de Tepeyac, Unión de las Peras, El Tejocote, Acatlatzala, y en los pueblos de los municipios de Zapotitlán y de Acatepec, que piden la continuidad del programa en 2017, y “a veces el dinero no alcanza para todos”.
Sobre los migrantes, aclaró que aún no han recibido información de indígenas repatriados de Estados Unidos, en la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump..
Cierran trabajadores la SAICA en la capital; exigen la destitución del delegado
Trabajadores sindicales y supernumerarios cerraron las instalaciones de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) desde las 8 de la mañana y exigieron la destitución del director, Gilberto Solano Arreaga, porque no los ha atendido y no los deja participar en las decisiones de los programas que se manejan.
Colocaron pancartas en la fachada del edificio de la dependencia estatal que decían, “Falta de compromiso y discriminación laboral. Fuera todos”, “No queremos duplicidad de delegado administrativo”, “¡¡¡Insensibilidad para los pueblos indígenas”.
Consultado en el plantón el representante sindical de los trabajadores de base, Henry Hernández Gutiérrez declaró que “el motivo de nuestra toma es la exclusión laboral que tenemos por parte del secretario que no nos toma en cuenta en la operatividad, funcionalidad y participación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, entonces estamos pidiendo ya su destitución, porque ya estamos cansados de esta discriminación laboral que tenemos, agotamos el recurso de reunirnos con él, nos dejaba plantados en todas (las reuniones)”.
Agregó que tres veces intentaron reunirse con él pero no los recibió, que lo que quieren es trabajar y no simular, que por lo tanto exige junto con sus compañeros su destitución junto con su equipo de trabajo como su secretario particular, secretarios técnicos y directores generales.
Indicó que ya están cansados de lidiar con personas como el secretario que sólo ven su beneficio, además pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Mientras que el representante de los trabajadores supernumerarios, Atahualpa Reyes Calleja reclamó que “por la incapacidad del secretario de ejercer los programas que existen aquí en la Secretaría de Acuerdo como lo marcan los lineamientos, el secretario no lleva a cabo los programas como debiera de ser, pues nosotros también ahora si que nosotros no hacemos trabajo por lo mismo”.
Dijo que debido a que no se ejercen los programas como debiera de ser, el presupuesto que hace dos años se tenía de 25 millones de pesos, el año pasado se redujo a 17 millones y este año a 10 millones de pesos.
Por la tarde una comisión de trabajadores sostuvo una reunión con el director de personal, Jaime Ramírez y también el secretario de la SAICA, sin embargo no llegaron a acuerdos. Los manifestantes insistieron en la destitución del secretario y advirtieron que este viernes continuarán el paro laboral.
Termina sin acuerdos de aumento salarial la reunión del Sutcobach con el director general
El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) llegó a acuerdos con el director general de la institución, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, en cuanto a las demandas académicas de la organización, pero aún no se resuelve la demanda de incremento salarial de 3.15 por ciento.
El viernes, más de 100 integrantes del Sutcobach bloquearon 10 horas la avenida Benito Juárez, frente a la Dirección General, para exigir solución al emplazamiento a huelga, ya que, en caso de que no se resuelvan sus demandas, el 1 de febrero comenzarán el paro indefinido en todos los planteles del estado, lo que dejará sin clases a unos 30 mil estudiantes.
Ante la protesta, una comisión del Sutcobach que encabezó el secretario general, Alfredo Ramírez García, se reunió en privado con Martínez Otero, para discutir las demandas de los trabajadores, quienes exigen incremento salarial, revisión de la plantilla laboral, recategorizaciones y que se aseguren los pagos de las prestaciones que marca el Contrato Colectivo de Trabajado, como los bonos de estímulo a la antigüedad, del Día de la Madre y del Día del Padre.
Ramírez García dijo que en la reunión sólo se abordó la revisión de la plantilla laboral y se firmó una minuta en la que se acordó que hoy comenzará a trabajar la comisión de la administración para llevar a cabo la repartición de horas de los maestros, pero no se discutieron las peticiones financieras.
Acuerda el gobernador con los alcaldes que Zumpango recibirá la basura de la capital
El gobernador, Héctor Astudillo Flores firmó un acuerdo con los alcaldes de los municipios de Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango), para que el basurero de este último reciba los desechos que se generan en la capital, luego de la saturación del tiradero.
Por la mañana de ayer, el gobernador encabezó la firma del convenio entre los municipios para que comience el saneamiento, clausura y rehabilitación de una celda del relleno sanitario de Zumpango, para poder recibir los desechos de Chilpancingo.
“El gobernador encabezó todo esto, es un asunto que está caminando, es un asunto que requiere pocos días para empezar los trabajos”, afirmó Astudillo Flores.
El convenio se firmó en una reunión privada en Casa Guerrero, los alcaldes de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes, el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Karina Castrejón Trujillo.
Consultado tras concluir la entrega de nombramientos en Casa Guerrero, el gobernador informó que logró avanzar en el tema de la basura en la capital, gracias a su intervención.
“Yo intervine, el problema está arreglado, en la mañana firmamos el convenio y se va a preparar celdas en el municipio de Eduardo Neri”, agregó Astudillo Flores.
Por medio de un boletín de prensa, se informó que la nueva celda recibirá más de 400 toneladas de basura diariamente entre los dos municipios, y para su construcción, el gobierno estatal 6 millones de pesos, y el ayuntamiento capitalino aportará la misma cantidad, para el saneamiento y clausura de este deposito.
El basurero capitalino
En septiembre de 2012, el gobierno municipal que encabezado por Tulio Pérez Calvo, planeó la compra de un terreno ubicado al norte de la ciudad, para sustituir el relleno sanitario.
Cuando el actual gobernador Héctor Astudillo Flores, fue alcalde de Chilpancingo, prolongó la vida útil del relleno, con anuncios constantes de que quedaban dos de vida útil al tiradero, hasta que se convirtió en un problema de salud público, denunciado por 14 presidentes de colonias, que demandaron oficialmente la intervención de Procuraduría de Ecología, la cual multó con 200 mil pesos por la contaminación de las corrientes pluviales por los lixiviados (líquidos residuales tóxicos) generados en el relleno sanitario.
Durante la administración del priista Mario Moreno Arcos, se intentó construir el relleno sanitario en el terreno conocido como Los Amates, rumbo a la sierra de Chilpancingo, pero habitantes de esta región se movilizaron y se detuvo el proyecto, y el gobierno municipal determinó convertir el terreno en un pulmón verde.
En 2013, el basurero a cielo abierto sufrió los estragos de la tormenta tropical Manuel, cuyo impacto provocó el aumento considerable de los desechos recogidos por toda la ciudad, saturando aun más su capacidad.
Aun en el periodo de Mario Moreno Arcos, se informó sobre el acuerdo de la construcción de un relleno sanitario intermunicipal, en el que se beneficiarían Tixtla, Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo, y durante el último periodo se firmó el convenio en el que se establecía la construcción. Se iniciaron las obras pero debido a la falta de permisos adecuados y la depredación de área protegida, y la Semarnat detuvo el proyecto.
También se planteó la construcción de una planta tratadora de residuos en la comunidad de Metlalapa, pero los vecino impidieron su construcción, además el municipio de Tixtla salió del proyecto.
En 2016 se dieron diversas protestas por el problema de la basura, como los vecinos de la colonia La Cinca que el 13 de agosto, bloquearon la entrada a las camionetas particulares de recolección de basura.
No respeta el Cobach el amparo del secretario de la sección 63 del SUSPEG, se queja
El secretario general de la sección 63 del Colegio de Bachilleres (Cobach), adherida al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Vicente Torres Lucerna, informó que el amparo que se resolvió a su favor para continuar en su cargo no ha sido respetado por la dirección general.
El 8 de diciembre, Torres Lucerna dio a conocer que el juicio de amparo que interpuso ante el Juzgado Séptimo de distrito en Chilpancingo fue resuelto a su favor para que continúe en su cargo como secretario general de la sección 63 del Cobach.
Sin embargo, en conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Torres Lucerna informó ayer que el amparo que se resolvió a su favor no se ha respetado.
Indicó que el director general, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, siguió dando las prestaciones y cuotas sindicales a Adelfo Martínez Abarca, como si él fuera el secretario general.
Agregó que el 30 de noviembre se dio la resolución del amparo a su favor, y que el 8 y el 15 de diciembre pidió una audiencia con el director general, pero se la negó. “Si el señor director no se pone en un plan de que se respete la ley, vamos a proceder en su contra penalmente, porque está violando la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos”, advirtió.
Por su parte, el abogado del SUSPEG, Rafael Villanueva Cruz pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se dé posesión a Vicente Torres, “porque legítimamente él fue elegido en una votación”.
El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos
Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.
El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator
En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
Abandona Los Otros Desaparecidos una reunión con la Fiscalía porque no presentó la información que prometió
Integrantes del colectivo Los otros Desaparecidos de Iguala abandonaron el auditorio de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde peritos exponían las fichas técnicas de personas no identificadas que serán enviadas al Cementerio Forense.
Los familiares de víctimas de desaparición exigieron datos de las exhumaciones en las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La representante de la organización, Adriana Bahena Cruz dijo que una vez que se descartó que los restos hallados en aquellas fosas eran los normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, la Fiscalía los hizo a un lado.
Informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores en su visita a Iguala en agosto pasado les pidió un voto de confianza, y hace 15 días Bahena Cruz se reunió con el vicefiscal, José Antonio Bonilla Uribe para acordar esta reunión.
El acuerdo fue que les presentarían los resultados de las exhumaciones de fosas clandestinas de 2014 que estuvieron a cargo de la Fiscalía. Sin embargo no les presentaron la información solicitada, a pesar de que ya la tienen.
Ayer recriminó que “sólo nos hicieron perder el tiempo, nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir”.
En la mañana se tuvo conocimiento que dos camiones con integrantes del colectivo salieron de Iguala rumbo a Chilpancingo, y poco después de las 11 comenzó la reunión con especialistas forenses de la Fiscalía que explicaron el tipo de análisis a los cuerpos encontrados, antes de enviarlos al Cementerio Forense.
A los activistas les dijeron que todas las muestras biológicas de los familiares, se confrontan automáticamente con la base de datos de todos los fallecidos que no han sido identificados.
A pregunta de los familiares sobre sus desaparecidos les respondieron que si no les han llamado es porque no ha habido coincidencia con los perfiles genéticos de los cuerpos.
Comenzó la exposición de las fichas técnicas de los primeros 20 cuerpos enviados del Servicio Médico Forense de Iguala que no fueron reclamados. Entre ellos algunos casos de 2011 a 2015.
Mencionaron siete casos de homicidios, tres de desnutrición severa e inanición -probablemente indigentes-, y una persona que se infartó en la vía pública, cada cual con su filiación personal, racial y prendas de vestir al momento del deceso.
Continuaron con los cuerpos de la morgue de Chilpancingo enviados de Chilapa en 2015, y a media exposición Adriana Bahena denunció que no se habían trasladado de Iguala a conocer los datos de personas que murieron en hospitales, y que la información que les ofrecieron apenas la están preparando.
A las 12:45 los familiares salieron del auditorio, la mayoría con reclamos ante el desgaste y la pérdida de tiempo.
“Hoy nos quisieron ver la cara de tontos al hacernos venir con una parte, porque el colectivo se forma con mil 200 personas. Yo no sé si quieren que yo le venga a hacer un zafarrancho y vea la manera de que esa información se nos haga llegar”, se quejó Adriana Bahena.
Relató que los integrantes del colectivo llevan meses pidiendo la información de ocho fosas en específico que tiene la Fiscalía, “son las que nos interesan a nosotros, algunas de estas fosas tienen como 30 cuerpos, más de 200 en total, y nos interesa saber qué pasó con esos restos”.
Mencionó la de Mexcaltepec, Taxco, que ubicaron con un grupo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabezó Miguel Ángel Jimenez Blanco en febrero de 2014, con 25 cadáveres.
Al salir del auditorio el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, José Luis Gallego Peralta abordó a la dirigente del grupo para decirle que irá el viernes a Iguala, y que a fin de mes entregaría al Colectivo la información que requiere.
Ella respondió que era mucho tiempo, pues Eréndida -en referencia a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Procuraduría General de la República (PGR)- le dijo frente a Bonilla que la Fiscalía ya entregó esa información a la PGR.
La activista le recordó a Gallegos Peralta que está prevista una visita del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián a Iguala el 2 de febrero, como si el gobierno estatal quisiera hacer coincidir la entrega de los datos con la visita del funcionario federal. Gallegos sólo respondió que son muchos temas para abordar con Campa.
De noviembre de 2014 a junio de 2015 se hallaron 104 cuerpos en fosas de Iguala y sus alrededores
Un recuento de El Sur del 30 de noviembre de 2015 indica que de noviembre de 2014 a junio de 2015, después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala y sus alrededores fueron hallados 104 cuerpos, de los cuales 11 eran mujeres, la mayoría presentaba huellas de tortura, tiro de gracia, pies y manos atados, golpes, estaban amordazados y con los rostros cubiertos.
En el paraje La Joya se exhumaron 20 cuerpos, 42 en Monte Hored, 13 en la Barranca del Tigre, 26 en El Maizal y 30 en Las Parotas.
Los últimos cuerpos fueron exhumados por peritos y antropólogos de la PGR el 15, 17 y 22 de junio, recuperaron tres cuerpos con huellas de calcinación en tres fosas diferentes a sólo unos metros de donde en octubre la Fiscalía hizo la exhumación de Las Parotas.
Antes del 26 de septiembre de 2014, la FGE ya había hecho exhumaciones masivas con base en declaraciones de supuestos detenidos.
El 27 de marzo de 2014 fueron exhumados dos cuerpos en fosas de Pueblo Viejo, al pie del Cerro Gordo, entre el 16 y 17 de abril de ese año la Fiscalía sacó nueve cuerpos más del paraje La Joya y el 20 y 21 de mayo, sólo un mes después, fueron exhumados 19 cuerpos en el paraje Monte Hored, todas estas zonas ubicadas en la misma ruta hacia el Cerro Gordo, al poniente de Iguala.
Antes, del 10 al 14 de febrero de 2014 la Fiscalía y soldados del 41 Batallón de Infantería con base en Iguala exhumaron 25 cadáveres en el cerro de La Antena, en la comunidad de Mexcaltepec, Taxco, colindante con Iguala.