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Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

No tienen agua potable desde septiembre de 2015 en El Quemado, Atoyac, denuncian

 

Más de mil habitantes de la comunidad de El Quemado, en la sierra de Atoyac, se encuentran sin agua potable desde septiembre de 2015, debido a que la empresa contratada por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), construyó de manera deficiente la línea de conducción, y las lluvias de ese año dañaron la tubería.
El presidente del comisariado ejidal de El Quemado, Manuel Martínez Salas informó que la situación fue planteada al presidente municipal, Dámaso Pérez Organes, en una visita a la comunidad, quien ofreció ponerse al frente de la gestión, pero a pesar de eso no hay avances en la reconstrucción de la obra, que consta de 13 kilómetros de tubería desde el ejido de San Vicente de Jesús hasta El Quemado, y debió entregarse en diciembre de 2015.
El representante ejidal señaló que desde el principio se hicieron mal las cosas, porque los habitantes de la comunidad, que conocen bien el terreno, hicieron observaciones a la constructora de que la obra no estaba bien, pero no tomaron en cuenta sus sugerencias. Las lluvias de 2015 arrastraron los tubos, cuando miembros de la comunidad habían comentado que estaban muy abajo en el lugar en donde pasa un río.
Señaló que cuando el presidente, Dámaso Pérez Organes fue a la CAPASEG le dijeron que los recursos estaban aprobados y sólo faltaba el dinero para rehabilitar la obra; incluso el gobernador, Héctor Astudillo Flores, giró instrucciones para que se arreglara el sistema, pero los funcionarios de la CAPASEG han hecho caso omiso y ahora dicen que no hay recursos. Por eso la comunidad pregunta quién se hará responsable de la obra.
A inicios de mayo, cuando la temporada de secas es más severa, los habitantes de la comunidad de El Quemado podrían sufrir estragos en sus hogares, ya que los vecinos temen que la falta de agua sea causa de enfermedades gastrointestinales y de la piel.

 

Informan el rector interino y el secretario general de la UAG de sus nombramientos al gobernador

 

El rector interino de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, y el secretario general, Nazarín Vargas Armenta, se reunieron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para informarle sobre sus nombramientos, que fueron avalados por el Consejo Universitario.
En un escueto comunicado, la UAG dio a conocer el encuentro que se llevó a cabo ayer en Casa Guerrero y en el que Romero Olea, “agradeció el apoyo que (el gobernador) ha dado a la máxima casa de estudios en la entidad y le solicitó continuarlo para que la universidad siga caminando en la ruta de la consolidación”.
Por su parte, Astudillo Flores compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece al lado de Romero Olea, e informa que, con el rector, “abordamos los temas que preocupan a la sociedad y le invité a sumarse a los acuerdos que favorezcan la estabilidad social, política y económica de Guerrero”.
Romero Olea y Vargas Armenta fueron nombrados rector interino y secretario general de la UAG, en la segunda sesión extraordinaria del viernes pasado en el Grand Hotel en Acapulco, luego de que el Consejo Universitario aprobó la licencia definitiva de Javier Saldaña Almazán, para que pueda participar en el próximo proceso electoral y ser reelecto como rector para el periodo 2017-2021.

 

La CRAC y la UPOEG acordaron impulsar que se ratifique la Ley 701, informa Martínez Veloz

 

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jaime Martínez Veloz se reunió con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones sociales, acordaron impulsar la ratificación de la Ley 701 del estado de Guerrero, de derecho y cultura indígena.
En declaraciones telefónicas el funcionario federal indicó que el asesor César Flores Maldonado lo comunicó con el gobernador Héctor Astudillo Flores vía telefónia, con quien acordaron programar una reunión con ambas organizaciones de seguridad.
De la reunión el viernes en Barra Vieja con ambas organizaciones, Martínez Veloz dijo que acordaron trabajar juntos para apoyar la ratificación de la Ley 701 como punto de partida, para que “quede consolidada como un instrumento de regulación del trabajo y de los derechos indígenas en Guerrero”. Indicó que se busca incorporar otros derechos excluidos del texto legal, y que tienen que ver con los derechos universales de todas las comunidades indígenas.
El segundo punto es apoyar la resolución del Tribunal Federal Electoral en donde se establece que en Ayutla se utilizara el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades, sin la intervención de los partidos.
El otro acuerdo es apoyar los procesos de remunicipalización, “en los municipios o comunidades donde existan las condiciones para realizarse”.
Martínez Veloz indicó que es “la base primera de un acuerdo que quizás en el futuro pueda ser más amplio”.
Comentó que las organizaciones solicitaron su intervención para un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo que “permita encontrar una ruta de encuentro para lograr concretar los acuerdos y construir una relación sólida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.
Dijo que en la reunión estuvieron Pablo Guzmán de la CRAC y Bruno Plácido de la UPOEG, el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro y Marcos Matías, entre otros.

 

Reanudan labores trabajadores de Inclusión de la SEG luego de que destituyen a su coordinadora

El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Emiliano Díaz Román nombró al ex director del departamento de Catastro e Impuesto Predial de la Subsecretaría de Finanzas del gobierno estatal, Guillermo Franco Mora, como coordinador del programa de Inclusión y Equidad Educativa, en sustitución de Ana María López Cortés, con lo que los trabajadores concluyeron el paro laboral que comenzaron el 11 de octubre pasado.
En un escueto comunicado, la SEG dio a conocer el nombramiento de Franco Mora, quien, se dijo, fue designado por el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, pero fue Díaz Román quien le entregó el documento oficial el miércoles.
Por su parte, consultados vía telefónica, los trabajadores de las delegaciones de oficinas centrales D-III-16-06, D-III-16-07 y la D-III-16-08, que pertenecen al programa de Inclusión y Equidad Educativa, informaron que, desde el lunes 9 de enero, reanudaron sus actividades, luego de que acordaron con las autoridades la destitución de López Cortés, a quien acusaron de exclusión y de darle preferencia a los empleados de confianza.
Señalaron que ya comenzaron los procesos correspondientes a la entrega-recepción del programa de Inclusión y Equidad Educativa, pero aún está pendiente la destitución de tres trabajadores de confianza que fueron impuestos en la dependencia por López Cortés.
Dijeron que Franco Mora les pidió que aceptaran que los tres trabajadores de confianza permanezcan en el programa, lo cual les afecta y por lo que se reunirán con Díaz Román para pedirle al subsecretario de Educación Básica que los empleados regresen a sus puestos correspondientes.
Explicaron que los empleados de confianza que llegaron al programa con López Cortés, pertenecen a otras áreas de la SEG, por lo que exigirán que regresen a sus centros de trabajo.
El 11 de octubre pasado, los 10 trabajadores de base del programa de Inclusión y Equidad de la SEG que pertenecen a las delegaciones de oficinas centrales D-III-16-06, D-III-16-07 y la D-III-16-08, y dependen de la Subsecretaría de Educación Básica, tomaron las oficinas ubicadas en la colonia Unidad Deportiva y pararon labores para exigir por segunda ocasión la destitución de López Cortés.
López Cortés es esposa del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, y según los inconformes, la funcionaria se negaba a dejar su puesto, ya que se jactaba de tener una buena relación con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y su esposa la presidenta del DIF, Mercedes Calvo Elizundia.

Esperan Los Otros Desaparecidos que empiece la Ciudad Víctima en el primer trimestre del año

Familiares de víctimas de desaparición forzada del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, confían en que para este primer trimestre del año inicie la construcción de la primera de tres etapas de la Ciudad Víctima, en la que se espera una inversión de 40 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de los gobiernos estatal y municipal de Iguala.
La tarde del martes, representantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se reunieron en Chilpancingo con el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, y con el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), José Luis Gallegos, quienes les presentaron el proyecto de lo que será Ciudad Víctima.
En declaraciones hechas ayer, vía telefónica, la secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dio a conocer que en la primera etapa de Ciudad Víctima –de tres que llevaría el proyecto– se calcula una inversión de 40 millones de pesos, de los que el gobierno federal aportaría el 60 por ciento y el resto tendrían que asumirlo el gobierno del estado y el municipio de Iguala.
Bahena Cruz dijo que sólo falta que se comprometan el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del alcalde Herón Delgado Castañeda, para que Ciudad Víctima, que sería el primer proyecto en su tipo en el estado, sea una realidad en Iguala, y que no sólo atendería a familiares de víctimas de desaparición, sino a toda la población que lo requiera.
Explicó que la primera etapa consiste en la construcción de un centro comunitario, un edificio de dos plantas con seis aulas para talleres, una cancha de basquetbol y otra de futbol rápido, una cocina, un gimnasio techado y equipado, áreas para juegos, estacionamiento y un auditorio al aire libre.
Agregó que en una próxima etapa se espera que se construya el laboratorio de genética que han solicitado para la identificación de restos.
Tras la reunión con el delegado de Sedatu, Adriana Bahena declaró que buscarán una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con el alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, para ver de qué manera pueden ellos también entrar con sus aportaciones del 40 por ciento faltante para que este proyecto sea una realidad, y que espera que la construcción inicie en el primer trimestre de este año.
Asimismo, Adriana Bahena comentó que estaba esperando una reunión con el Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para presentarle el proyecto de Ciudad Víctima, y dar seguimiento a puntos en los que han trabajado en relación a la atención a víctimas, entrega de becas y pedirle su apoyo para que los procesos se aceleren.

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

Marchan 2 mil vecinos con la policía Tecampanera en Teloloapan; reclaman seguridad al gobierno

Más de 2 mil policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, muchos de ellos portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre, así como maestros, mujeres y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal para conmemorar el primer aniversario de la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera.
En la marcha y el mitin reclamaron el incumplimiento del gobierno estatal para reforzar la seguridad y advirtieron, una vez más, que no dejarán las armas ni su movimiento de autodefensa.
Ayer después de la 1 de la tarde los negocios estaban cerrados, las clases en las escuelas de la cabecera municipal fueron suspendidas, el transporte público se paralizó y la mayoría de las calles lucían vacías, como una muestra de apoyo a la Tecampanera, dijo uno de sus representantes.
A las 11:15 de la mañana inició la marcha en el punto conocido como Las Pilitas en la avenida Independencia que es la principal que va al zócalo de la ciudad, encabezaron la marcha los comunitarios de Teloloapan, siguieron los de Cuetzala y cerraron los del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Algunos llevaban carrilleras con cartuchos de las armas que usan y otros vestían chalecos, al parecer algunos antibalas y todos iban con el rostro descubierto.
También se vio a mujeres, muchas de ellas también portando armas, y niños con algunas cartulinas en las que se leía “gracias policía comunitaria”, y “primer aniversario de la lucha por la paz de Teloloapan”.
En un carro de sonido al frente del contingente de más de 2 mil comunitarios –4 mil según los organizadores– se informó que la movilización era para conmemorar el primer aniversario de de la Tecampanera, la cual surgió en 2016 en contra del grupo criminal La Familia Michoacana, a la que responsabilizan de más de 400 asesinatos ocurridos en cuatro años, así como de las extorsiones, levantones, secuestros y cobros de piso.
La extensa fila de comunitarios a los que ayer se les vio más organizados que en otras ocasiones, caminó al Zócalo de la ciudad pasando junto a la sede del Ayuntamiento, y regresó por la avenida Vicente Guerrero a la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en la entrada a la avenida Independencia donde se colocó un templete y hubo un mitin.
En el recorrido se vio a vecinos de la cabecera municipal que ofrecían agua a los comunitarios que iban marchando.
A pesar de la movilización los retenes de revisión y vigilancia permanecieron en las carreteras y en caminos de terracería que dan acceso a la cabecera municipal.

No dejarán las armas, advierten al gobierno

En el mitin que duró cerca de una hora, tiempo que fue cerrada la carretera federal y se paralizó la circulación vehicular, los diferentes oradores advirtieron una vez más al gobierno estatal que no dejarán las armas ni su movimiento, y reprocharon el incumplimiento del compromiso de reforzar la seguridad como ofrecieron las autoridades en la última reunión que sostuvieron.
Uno de los coordinadores de la Tecampanera, quien omitió su nombre, repudió y rechazó que se les vincule con la delincuencia organizada, y afirmó que entre los grupos de autodefensa están campesinos, comerciantes, maestros, transportistas y amas de casa que han decidido cuidar y defender a sus familias, “y son a quienes les han levantado a un hijo o un padre, o les han quitado el poco dinero que durante toda su vida han podido hacer”.
“Esta gente que hoy ven con una escopeta o con un rifle .22 es gente que se cansó de tantos pinches secuestros, de tantos levantones y de tanta extorsión, de que nos quiten lo poco que hemos tenido. Aquí está la gente que se cansó de que los siguieran privando de la libertad y de su vida”.
Otro orador mencionó al vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, a quien le pidió “que en todos y cada uno de sus comunicados diga la verdad, Teloloapan no ha tenido bajas de la policía comunitaria, al día de hoy seguimos en la lucha y seguimos fortalecidos”.
Exigió a la Policía Federal y al Ejército que los apoyen y recordó el caso de “Rosita”, una mujer que los comunitarios detuvieron y después fue liberada por las autoridades en Iguala, “es la encargada de la plaza en Tlapehuala, quien secuestra, quien ordena a quién asesinar y quien está siendo parte del grupo armado que en Teloloapan no queremos”, dijo en referencia a La Familia Michoacana.
“Ayúdennos o váyanse”, gritó a los soldados del Ejército y policías estatales y reclamó la falta de cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo de que se instalarían Bases de Operaciones Mixtas y el reforzamiento de la policía federal y que llegarían agentes de la Marina.
Pidió al Ejército “que nos ayude, que nos apoye y que nos permita hacer las cosas como hasta hoy, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, ayúdennos en esta lucha que hemos considerado justa”.
Otro de los participantes, todos omitieron sus nombres, señaló al gobierno estatal y federal que “la existencia de las policías comunitarias se debe a que ellos han dejado de hacer la chamba que hoy hombres y mujeres han tenido que hacer, porque ellos han sido incapaces de lograr la paz y la tranquilidad”.
Llamó a no permitir protagonismos ni que el movimiento de autodefensa sea el “trampolín” político de nadie y que el movimiento no se “prostituya”.
Otro mencionó el caso de los tres herreros secuestrados y asesinados por delincuentes de La Familia Michoacana, y le dijeron al gobierno que ellos no se rigen por estadísticas sino por hechos y resultados, y que en un año de su conformación ese es el único caso que se ha dado en Teloloapan, que ocurrió en una comunidad.
Dijo que antes de su conformación había un alto índice de secuestros, asesinatos, violaciones, robos a casa habitación, de carros, y extorsiones que ninguna autoridad podía frenar.
También expuso que la venta de drogas a los jóvenes se ha reducido un 90 por ciento a un año de la conformación de la autodefensa.
Uno de los principales coordinadores de la comunitaria le dijo al gobierno que “la policía comunitaria va a continuar para que pueda haber orden y que pueda haber paz en Teloloapan, porque sólo así podemos vivir tranquilos y sólo así podemos evitar los levantones y todos los delitos que se cometían, aunque no lo quieran reconocer el estado y la federación”.
Advirtió que seguirán con su movimiento y su levantamiento en armas “hasta acabar con toda la delincuencia”, y les dijo a los que no participan con el movimiento que de nada les ayuda a estar en sus casas porque hasta allá los pueden a ir a secuestrar como le pasó a él.
Dijo que los comunitarios “no pedimos cuotas” y llamó a quienes lo pudieran hacer “déjense de chingaderas”.
Advirtió a las organizaciones criminales “rojas, amarillas, azules o de las que sean, Teloloapan no se va a dejar, va a luchar y va a pelear hasta la muerte si es necesario”.
Casi al finalizar el mitin, otro de los oradores dijo que el movimiento también se pronuncia en contra del gasolinazo y el alza a los precios de la energía eléctrica, el gas y los productos de la canasta básica.
Al mitin llegó el alcalde perredista Robell Uriostegui Patiño a quien le agradecieron su respaldo a la comunitaria Tecampanera.

Se va la Policía Federal también de la región de la Tierra Caliente para contener protestas contra el gasolinazo

 

La Policía Federal (PF) se fue otra vez de la región Tierra Caliente, este viernes y sábado los agentes fueron enviados a otras partes de la República, donde hay conflictos sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Lo mismo sucedió en Iguala el jueves pasado.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
El 13 de diciembre se informó de la conformación de una operación de búsqueda del ingeniero Isauro de Paz, quien estaba secuestrado y fue liberado, entonces se anunció, “una fuerza conjunta de 220 elementos para iniciar un operativo de búsqueda y localización, integrada por 120 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 policías federales y 40 estatales”.
Pero la Policía Federal se fue de la región desde el viernes y sábado, fueron enviados a otros estados donde se han incrementado las manifestaciones en contra del gasolinazo.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan principalmente fueron recogidos y dejaron las bases abandonadas. En los hoteles se observan sólo las recientes barricadas que construyeron para su protección.
Debido a que se incrementaron las protestas contra el aumento al precio de la gasolina, se reforzarán ciudades clave, pero no se conoce si los agentes van a regresar.
Esta medida ocurre a menos de un mes de que inició el movimiento de autodefensa en San Miguel Totolapan, el cual provocó el anuncio de una fuerte operación de la Policía Federal en esta zona de San Miguel Totolapan, para brindar seguridad tal y como lo pidió la población.
En 2016 la corporación estuvo sólo cinco meses en Tierra Caliente y de manera intermitente, según los registros del pago de hoteles.
Su última llegada fue el 15 de diciembre, después de cuatro meses de ausencia. Cuando no hay policías federales sólo 80 policías estatales tienen que atender los nueve municipios, tarea que no pueden cumplir porque es mucho territorio y son largas las distancias.
La Policía Federal llegó a la zona en el último mes, pero sólo en tres municipios instaló bases permanentes: Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
A San Miguel Totolapan los agentes entraban constantemente, pero sin quedarse. El resto de los municipios: Cutzamala, Zirándaro, Tlalchapa, Ajuchitlán y Tlapehuala, no tienen la presencia de ninguna corporación, sólo hay recorridos esporádicos de grupos militares.
Recién el jueves los 200 agentes de la Policía Federal que estaban al frente de la seguridad en Iguala fueron enviados a la Ciudad de México, para contener las protestas y saqueos provocados por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.

Marchan más de mil miembros de Antorcha Campesina en Chilpancingo para exigir programas de la Sagarpa

Más de mil integrantes de Antorcha Campesina marcharon en la capital para protestar y para entregar un pliego petitorio en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y otro al gobierno del estado.
Luego de la protesta y la entrega de sus documentos, los manifestantes se dividieron para llevar pliegos petitorios también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en Guerrero (Sagadegro) y al Ayuntamiento capitalino.
Los manifestantes se congregaron desde las 9 de la mañana en la explanada del Zócalo capitalino, provenientes de Chilapa, Olinalá, Cualac, Xochistlahuaca, Tlachoachistlahuaca, Cuajinicuilapa, Zirándaro y Marquelia, entre otros lugares. De ahí salieron en marcha rumbo a la Sagarpa.
Los antorchistas portaron una lona y algunas pancartas en las que se leían sus demandas: “Movimiento antorchista nacional solicitamos apoyo para el campo en 60 municipios”, “Antorchistas de Chilapa presentes”, “El campo, no al aumento de la gasolina”. Además llevaban las banderas rojas que distinguen a su movimiento,
Durante la manifestación gritaron consignas: “¡Se ve se siente Antorcha está presente!”, “¡Que viva, que viva antorcha está presente!”.
Antes de iniciar la marcha se consultó al dirigente, José Juan Bautista, quien dijo que pedirían a la Sagarpa, “que nos ayuden mediante los programas que ya están enmarcados en las reglas de operación, pues nos ayude a producir alrededor de 65 mil hectáreas de maíz y frijol en apoyo a aproximadamente 50 mil productores”.
Agregó que en el Palacio de Gobierno también entregarían un pliego de peticiones porque los programas de apoyo de las dependencias federales y estatales no son suficientes; argumentó que el presupuesto del estado para este año subió de 48 mil millones a 50 mil millones de pesos, y que por eso le plantearían al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que apoye al campo, además de proyectos productivos, obras y servicios.
Indicó que el apoyo que requieren de la Sagarpa es de alrededor de 100 millones de pesos, e incluye programas de maquinaria agrícola, motobombas e invernaderos, y que al gobierno del estado le solicitan casi 300 millones.
También señaló que Antorcha Campesina rechaza el aumento de los combustibles, pero reprocha las manifestaciones, tomas de gasolineras y saqueos. Insistió en que deben pagar los impuestos las personas ricas, como los empre?sarios.
El contingente bloqueó la avenida Ruffo Figueroa, donde se encuentran las oficinas de la Sagarpa, en la colonia Burócratas. Una comisión de representantes entró a dialogar con el nuevo delegado de la dependencia federal, Eugenio Treviño García, donde también estuvo la subsecretaria de Atención a Organizaciones del estado, Julieta Velazco, a quien le entregaron el pliego petitorio, y ya no marcharon al Palacio de Gobierno. Con ambas acordaron volver a reunirse para revisar reglas de operación y definir qué apoyo les darán.
Posteriormente, el contingente se dividió para entregar pliegos petitorios en diversas dependencia estatales; los inconformes provenientes de Zapotitlán Tablas, por ejemplo, acudieron a la Ssa para solicitar ocho médicos, equipamiento de su centro de salud y equipo de Rayos X, mientras que otros acudieron a Cicaeg a para solicitar caminos y carreteras.
Los antorchistas de la capital protestaron afuera del Palacio municipal y bloquearon la avenida Ignacio Ramírez para exigir 200 paquetes de láminas, regularización de predios, liberación de dinero para la construcción de un centro cultural, cinco equipos de cómputo para la casa de estudiantes indígena y 10 despensas que les prometieron mensualmente a los estudiantes.