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Protestan defraudados por una constructora en la capital; piden que intervenga el gobernador

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce protestaron en Casa Guerrero y en Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores intervenga ante el fraude a 200 familias que compraron ahí sus casas en 2010.
Los vecinos, en su mayoría mujeres, se reunieron con pancartas en la puerta 2 de Casa Guerrero para exigir una audiencia con el gobernados en la que plantearían el problema que enfrentan desde 2010.
Ante la llegada de los manifestantes, que permanecieron afuera de Casa Guerrero 30 minutos, policías antimotines se plantaron en la entrada principal de la residencia.
En el lugar, una de las vecinas defraudadas, Gabriela Benítez Rodríguez explicó que los contratos establecían que les entregarían las casas 18 meses después de la firma, pero al llegar la fecha, la empresa Bode Constructora no había construido todas las casas y abandonó la obra.
En octubre de 2012, los vecinos ocuparon las pocas viviendas que estaban construidas, mientras que otros se apoderaron de los terrenos, y demandaron por la vía civil a la empresa Bode Constructora. Por su parte, la empresa también demandó a seis vecinos, para ponerlos como “incumplidos”, denunciaron. “Ahora, para que resulte más grave esta situación nos esta demandando por despojo a quienes estamos en posesión de nuestras casas”, agregó.
Indicó que los vecinos que están ocupando sus casas pagaron puntualmente sus mensualidades como las estableció la empresa, e incluso algunos que pagaron de contado su casa.
“Parece que la Fiscalía (General del Estado) se está prestando al juego de la empresa, aun cuando se trata de una situación civil; a grandes rasgos, esto es por lo que pedimos la intervención del gobernador”, explicó.
La propuesta de los vecinos es que la empresa se desista del ataque directo y que cumpla la construcción completa de las casas para las 200 familias afectadas.
El fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce se ubica en la parte sur de la ciudad, en un predio detrás del Palacio de Gobierno, y en el viven médicos, abogados, maestros, enfermeras y burócratas, entre otros sectores de profesionistas.
Tras protestar en Casa Guerrero, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, luego de que los policías antimotines les indicaron que ahí no serían atendidos.
En Palacio de Gobierno iniciaron su protesta a las 5:30 de la tarde, que duró más de 25 minutos, ya que los recibió en la puerta principal el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, con quien se estableció una mesa de diálogo para darle seguimiento al caso.

Incumple la Sedatu su compromiso de liberar bonos para construir casas de integrantes del FDP

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no liberó, en la primera semana de enero como prometió, los bonos para construir 317 casas de integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), luego de que la delegación no entregó a tiempo la documentación en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México en octubre.
El 19 de diciembre, integrantes de la organización se manifestaron afuera de las instalaciones de la delegación y bloquearon el bulevar del río Huacapa porque la delegación de la Sedatu no entregó a tiempo la documentación para solicitar bonos para viviendas, cuando en otros estados ya incluso los habían liberado.
Ese día se reunieron con representantes de la Sedatu que les dijeron que enviarían nuevamente la documentación de uno de los cuatro grupos que se formaron para entregar los documentos, y que para el martes enviarían el resto para que, a más tardar en 15 días liberaran los bonos, y en enero compraran los materiales de construcción. Se cumplió el plazo y no sucedió.
Consultada telefónicamente la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor informó que no les liberaron los bonos, y por ellos, sus representantes nacionales acudirían a una reunión en la Ciudad de México al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), donde preguntarán qué pasó con los apoyos para el FDP en Guerrero.
Agregó que temen que no les den los bonos pretextando las reformas estructurales y el alza de los precios de la gasolina.
“Con todo lo que está sucediendo en el país nos queda claro que la intención no es resolver los problemas de la ciudadanía sino agravarlos, y eso ya lo veníamos anunciando desde antes, que las reformas estructurales no nada más perjudicaban a los maestros, perjudicaba a todos; el terrorismo de estado que están sembrando… están sembrando psicosis y tratan de involucrarnos (diciendo) que somos las organizaciones que andamos saqueando, cuando no es así”, acusó.
Guevara Tejedor también asegura que no los han citado para hablar sobre la persecución de hombres armados en una camioneta que los siguieron en Tierra Colorado, luego de que el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas les prometió que este mes se reunirían con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Piden familiares de las víctimas el regreso de sus desaparecidos en un convivio en Chilpancingo

En medio de la tragedia que viven con sus padres ausentes, hijos de desaparecidos y asesinados ante la violencia que se padece en Guerrero, festejaron este viernes el Día de Reyes, en un convivio que organizó el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, en Chilpancingo.
Los hijos de las víctimas de la violencia recibieron regalos, partieron la rosca de Reyes, y tomaron agua y refrescos, pero los reyes no les cumplieron el mayor deseo que muchos de ellos pidieron para este día, el regreso de sus padres.
Como José, un niño siete años, hijo de Josué Molina Rodríguez, desaparecido desde el 14 de junio de 2014, que llegó acompañado de dos de sus hermanitos, nietos de Guadalupe Rodríguez Narciso, presidenta del  Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.
Guadalupe Rodríguez comenzó la lucha por la presentación de los desaparecidos luego de que hombres armados levantaron a su hijo, Josué Molina, cerca de la Secundaria Técnica número 30 de Chilpancingo, y ninguna autoridad estatal o federal quiso ayudarla, hasta que sumó fuerzas con familiares de otros desaparecidos y asesinados para constituir el colectivo, el año pasado.
Al festejo asistieron la tarde de este viernes más de 30 niños de distintas edades acompañados por sus madres o padres, que llenaron un local ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Progreso, de la capital.
En el festejo, cada niño recibió un regalo de los que fueron recolectados por el colectivo. Los menores tuvieron derecho a escoger su regalo bajo la condición de responder una pregunta escrita en un pedazo de papel que sacaban al azar de una improvisada urna.
La primera niña sacó una papeleta que decía: “¿Si fueras gobernador qué harías?”, no pensó mucho su respuesta, “ordenaría que buscaran a mi papá y a los otros desaparecidos”.
Después, algunos de los menores platicaron con los reporteros. Los hijos de Josué Molina eran los menos tímidos. José recordó a su padre, “grandote”, su hermano mayor recordó que con él tenía “amor”, y el más pequeño de los tres recordó que a su padre le “gustaba comer mucho”, pero que ya quiere que regrese.
Por su parte, Mariana, hija de Miguel Ángel Nava, desaparecido hace siete años, pidió que el  gobierno busque a su padre y que se lo regrese. “Él era una persona buena”, dijo antes de que la tristeza la embargara y se le cerrara la garganta.
A su vez, Paola dijo que su padre tiene ocho meses desaparecido, y recordó que cuando él vivía con ellos, ella era muy feliz, porque su padre era, “amable conmigo y me compraba todas las cosas que yo quería, por eso quiero que regrese”, dijo.
Alexandra, hija de Juan Álvarez Gil, un policía ministerial que desapareció hace tres años, exigió que el gobierno le ayude a buscar y encontrar a su padre, y se quejó de que no haya hecho nada para devolverlo.
Junto con las exigencias de los menores, hubo también de los adultos.
Jesús Castrejón Santana, padre del agente de Tránsito de Chilpancingo, Moisés Castrejón Serrano de 32 años, que desapareció hace nueve meses, denunció que a pesar de que su hijo era servidor público, los gobiernos estatal y municipal no han investigado su paradero.
“No hemos tenido nada de parte del gobierno. Al contrario, he pedido informes y lo único que me dicen es que ya pidieron informes a las diferentes presidencias  municipales para saber si fue detenido. Es lo único que han investigado”, se quejó.
Declaró que, en cambio él, sin recursos, se ha ido a buscarlo a las barrancas, a los cerros, “en los lugares donde tiran cadáveres, he ido a hospitales, a las prisiones, a diferentes partes, lo que el gobierno no ha hecho”.
Dijo que, desgraciadamente los familiares de los desaparecidos no tienen los medios para buscar en todas partes, “y el gobierno sí los tiene, pero lo que no tiene es voluntad. Yo le pido que hagan algo por nosotros”, exigió.
Reprochó que, en cambio, cuando a un funcionario le desaparecen a un familiar “pagan los millones y al segundo o tercer día aparecen, ¿y eso por qué?, por el dinero.
Desgraciadamente nosotros no tenemos el recurso para pagar y para que nuestros desaparecidos regresen, aunque sea como sea”.
Recordó que su hijo estaba laborando el 8 de febrero de 2016 en la avenida Guerrero, a la salida del paso a desnivel, aproximadamente a la 1 y media de la tarde, cuando avisó por radio a sus superiores que lo apoyaran porque unas personas estaban discutiendo con él, pero que nunca llegó el apoyo que pidió.
Dijo que, cuando varias horas después fueron a buscarlo sus compañeros, solamente encontraron la motocicleta que utilizaba en el servicio. Denunció que a casi un año de su desaparición, las autoridades no han investigado para localizarlo.
“No existe ningún reporte en el expediente que diga qué actividades han hecho para encontrarlo, y ni siquiera a sus familiares les han pedido informes, menos a sus vecinos les han ido a preguntar en qué trabajaba o cómo se portaba, que es lo mínimo que se debe hacer en una investigación, nomás nos han ido sobrellevando”, protestó.
Contó que Moisés tiene tres hijos, de  nueve, siete y cuatro años, y que durante el tiempo que lleva desaparecido ninguna autoridad ha querido apoyarlos, por el contrario, denunció que el Ayuntamiento hasta el mes pasado sólo le pagó a su mujer el salario que venía recibiendo, pero que le suprimió el aguinaldo y un bono que recibieron el resto de los policías de Tránsito en activo.
Informó que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, le dijo que posiblemente en enero van a valorar si es que le dan el apoyo a sus familiares, a pesar de que él estaba en labores cuando se lo llevaron, “por falta de atención de la autoridad, por no cuidar de nosotros”, reclamó.

Tiene registradas más de 100 víctimas, 80 de ellas desaparecidas y el resto asesinadas

El Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, tiene registradas más de 100 víctimas de la violencia; 80 de ellos son casos de desaparecidos y el resto de asesinados.
La representante del grupo, Guadalupe Rodríguez dijo que algunos casos fueron denunciados desde hace ocho años, pero que ninguno ha sido esclarecido.
A nombre del Colectivo, demandó una audiencia al gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitarle atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y asesinados ante la violencia que se vive en la entidad.
La representante de la agrupación se quejó de que mientras sigue el baño de sangre en Guerrero y continúan las desapariciones de personas, no haya atención para las víctimas y sus familiares, que quedan en el desamparo.
“Ojala este año si nos reciba, porque el año pasado nos dejó plantados tres veces a los familiares de las víctimas de desaparición y de los asesinados”.
La representante declaró que el gobierno del estado tiene la obligación de velar por el bienestar y por los intereses de los familiares de las víctimas, porque se encuentran en ésta a situación debido a que el gobierno no ha sabido o podido resolver el problema de la violencia, y por consiguiente no garantiza la integridad física y de sus bienes, como es su obligación.
Dijo que hasta ahora, sólo han sido apoyados medianamente por la Comisión Estatal de Atención  a Víctimas (CEAV), pero que el organismo no cuenta con los recursos necesarios para brindar la ayuda integral que establece la ley.

Denuncian desabasto de medicamentos en centros de salud de comunidades de Chilpancingo

El representante de la organización Proyecto 2018, Sergio Ramos Aguilar denunció desabasto de medicamentos como suero antialacrán en centros de salud de comunidades de Chilpancingo.
Al final de la conferencia de prensa conjunta con organizaciones de personas con capacidades diferente para rechazar el aumento de la gasolina, Ramos Aguilar denunció que en comunidades como Santa Bárbara, San Cristóbal, Santa Rita, Amojileca, Petaquillas y Mazatlán hay desabasto de medicamentos en los centros de salud.
“Quiero hacer un llamado muy enérgico a nuestras autoridades de Salud… Mucha gente de escasos recursos viene hasta Chilpancingo, y en el hospital no la reciben. El Seguro Popular es un fraude, es un fraude porque no atienden, (los) tienen parados, las autoridades no dejan pasar a la gente humilde”, denunció.
Agregó que ha enviado peticiones a la secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, para que atienda la falta de medicamentos pero que sólo queda en promesas. También llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores, a los diputados y al alcalde Marco Antonio Leyva Mena para que atienda su demanda.

Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.

Anuncia líder de transporte que pedirá amparo contra el alza; rechaza protestas

 

El Consejo de Autotransporte del Estado de Guerrero, que agrupa a 43 organizaciones, en conferencia de prensa se declaró en contra del aumento del combustible, anunció que demandará un amparo y reprobó las manifestaciones de protesta que se están llevando a cabo en el estado.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el presidente del Consejo, Servando de Jesús Salgado Guzmán expuso que las organizaciones de transportistas están en contra del aumento de los combustibles, pero también de las manifestaciones “violentas” de protesta.
“Creo que estamos cometiendo un error, las organizaciones y la sociedad, porque estamos yéndonos en contra de la misma sociedad al estar haciendo violencia en contra de las gasolineras como lo que sucedió en Zihuatanejo… les reitero mi apoyo a los trasportistas, pero no es la forma correcta de hacer las cosas”, expuso.
Opinó que se debe precisar el contexto en que el aumento se da, porque lo determinó el gobierno federal. Dijo que no se tiene que protestar contra el gobierno del estado, y le reiteró su apoyo al gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Indicó que también se le debe pedir al gobernador que sea el principal intermediario para resolver el problema del aumento ante el gobierno federal, y que por eso le solicitaron por escrito dialogar y hacer mesas de trabajo para hallar una solución.
“¿Qué tenemos qué hacer?, primero buscar a las autoridades estatales para poder hacer acuerdo con ellos, para que en un momento dado se pudiera no pagar este impuesto que se le está dando a los hidrocarburos, que es el 35 por ciento”, agregó, y recordó que no sólo aumentaron el precio de la gasolina y el diesel, sino también el gas.
Informó que el Consejo está dialogando con un abogado, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y adelantó que el lunes firmarán un amparo en contra de la reforma energética.
Asimismo, convocaron a los transportistas del estado, a las organizaciones sociales, a los colonos, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a sindicatos de maestros, de la universidad y a la población para que firme colectivamente. El líder refirió que, tanto senadores como diputados federales tendrán que dar respuesta a este problema, porque votaron a favor de la reforma y además tendrán que decir qué es lo que se debe de hacer.
Dijo reiteradas veces que por el momento no tienen pensado incrementar el costo del pasaje, después de que el mes pasado ya hubo un aumento de un peso a la tarifa del servicio en la capital, es decir, de 5 a 6 pesos.

Continúa la remodelación de la avenida Alemán en la capital; debe entregarse esta semana

Las obras de remodelación de la avenida Miguel Alemán continúan, a pesar de que los gobiernos estatal y municipal se comprometieron a entregarla antes del Paseo del Pendón; este jueves, el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, junto con la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, recorrieron la obra y plantaron robles rosas.
En un video difundido en redes sociales se observó el recorrido del alcalde y la líder sindical. El área de comunicación del gobierno municipal no convocó a El Sur para acudir al recorrido.
En el video se observa a Leyva Mena, Vélez Núñes, y a la esposa del alcalde, Martha García Morales, en la avenida Alemán, donde se toman fotos con los árboles, los locatarios y vecinos de la avenida.
Ahí, el alcalde dijo que, “se plantarán más de 150 robles rosas, además se realizaran dos obras más en la capital como lo ha venido anunciando el gobernador (priista), Héctor Astudillo Flores”.
Posteriormente, en la avenida se observó que los trabajos de remodelación continúan, casi la mitad de la avenida está terminada, falta la colocación de algunos botes de basura, luminarias, las banquetas y el cableado subterráneo.
Consultado en su local, el comerciante Víctor Reza dijo que, “por lo que los comerciantes hemos visto y por lo que nos han informado, los trabajos continuarán, yo le calculo que terminarán hasta diciembre del 2017 porque falta que las compañías de Telmex, Izzi y CFE introduzcan el cableado subterráneo”.
Además manifestó que en la avenida hacen falta varios detalles, como las luminarias, banquetas, más árboles de ornato y botes de basura.
El 17 de diciembre, en un recorrido de Leyva Mena en la avenida Alemán, en declaraciones aseguró que la remodelación se terminaría hasta finales de diciembre, sin embargo se observó que la remodelación continuará.

Fueron asesinadas 199 mujeres en Guerrero desde enero de este año; 96 son en Acapulco

Desde enero de 2016, 199 mujeres han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en el estado, es decir, un promedio mensual de 16.58 víctimas, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
En Acapulco fueron asesinadas 96, el mayor número en comparación con otras regiones, le siguen en mayor número de mujeres asesinadas Chilpancingo con 17, Iguala con 14 y Zihuatanejo con siete; Coyuca de Benítez, Chilapa, San Luis Acatlán, con cuatro casos en cada municipio; Huitzuco, Ayutla, Cocula, Atoyac, Tlapa, Tecpan y Eduardo Neri (Zumpango), con tres muertes en cada caso.
Continúan Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tixtla, Igualapa, Quechultenango, Pilcaya, Buenavista de Cuellar y Ajuchitlán del Progreso, con dos; y Arcelia, Tlapehuala, Taxco, Marquelia, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Copanatoyac, Leonardo Bravo, Florencio Villareal (Cruz Grande), Ometepec, Azoyú, Apaxtla de Castrejón, La Unión y Zirándaro, con uno en cada demarcación.
El año pasado, al menos 162 mujeres fueron asesinadas en Guerrero, por lo que feministas y organizaciones de mujeres han demandado al gobierno del estado la declaratoria de alerta de género, pero el gobernador, Héctor Astudillo Flores se ha negado, argumentando que deben analizarse todos los casos y que no hay elementos para que en la entidad se emita tal declaratoria.

Amas de casa, comerciantes, estudiantes, empleadas y policías, entre las víctimas de la violencia

Las edades de las víctimas van de los 14 a los 88 años, y entre ellas hubo amas de casa, estudiantes, empleadas y funcionarias de gobierno, trabajadoras de la iniciativa privada, una policía municipal, mujeres que se dedicaban a la preparación y venta de alimentos, comerciantes, una guardia de seguridad, empresarias, una maestra de primaria, trabajadoras de centros de diversión, una coordinadora de taxis, una trabajadora doméstica, una estilista, y una checadora de autobuses del servicio público de transporte.

Los crímenes a lo largo del año

El 24 de enero de 2016, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados en una fosa clandestina en la carretera de Amojileca y Xocomanatlán, del municipio de Chilpancingo. Seis días después, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados a balazos en la colonia 24 de Febrero, en Iguala, hecho en el que otro joven fue herido.
El siete de febrero, en el municipio de La Unión, en la carretera que conduce a la salida de la cabecera municipal hacia Coahuayutla, una mujer identificada como Adalberta Ocampo Rivera de unos 35 años, fue asesinada de nueve balazos.
El 22 de ese mes, en el paraje conocido como La Barranca del Salitre, en la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, se encontró el cuerpo lapidado de una mujer que había desaparecido días antes.
El 25 de febrero, una estudiante de 22 años de la Unidad Académica Preparatoria número 26 de Chilapa, fue encontrada desmembrada, degollada y semienterrada en un predio en el fraccionamiento Los Reyes, en la periferia de la cabecera municipal.
La noche de ese día, una pareja fue ejecutada a balazos por dos hombres armados, afuera de su casa en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
El 2 de marzo, hubo cinco asesinatos, entre ellos dos de mujeres, en Acapulco. El día 22, una mujer fue asesinada a machetazos en la colonia Emiliano Zapata, y el 12 de abril fue encontrado el cuerpo de una mujer desmembrada dentro de bolsas negras en la colonia Progreso, también del puerto de Acapulco.
El 28 de marzo en Tlapa, Arturo o Aurelio Castañón Ramírez de 38 años asesinó de cuatro disparos a su pareja, Cinthia Guadalupe Quiroz de 25 años, originaria de la comunidad de Plan de Guadalupe, Atlamajalcingo del Monte, donde se desempeñaba como policía municipal. El feminicida se suicidó.
En la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, la noche 8 de abril, hombres armados se metieron a una casa del barrio San Martín, donde asesinaron a una mujer de 30 años y su hijo de 10, a balazos en la cabeza.
El 13 de abril, el cuerpo de Yessica Salgado Ramos fue encontrado en una calle de terracería de la colonia Villas del Sol, en la periferia de Chilpancingo, con un balazo en la cabeza, apuñalada, semidesnuda y con huellas de tortura. Según reportes policiacos, días antes, hombres armados sacaron a la mujer de su casa en El Ocotito.
En otro caso similar, el 1 de mayo, la oficial de la Policía Municipal de Tecpan, María Antonio Romero de 20 años fue asesinada a balazos por su pareja, adentro de una casa en ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial se trató de un femenicidio; el asesino es un policía federal del sector Caminos activo.
El 22 de mayo, un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes dejó una policía estatal y un civil muertos, así como tres heridos en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.
El 26 de mayo, una mujer fue hallada muerta a pedradas en la colonia El Cayaco, en la zona conurbada de Acapulco. La víctima estaba en la zanja de una terracería. Los peritos informaron que la mujer, de unos 30 años, murió a consecuencia de golpes propinados con bloques de concreto y troncos de madera.
El 30 de mayo, la restaurantera y también vendedora de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez, de la colonia Tribuna Nacional, en Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 7 de junio, los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron encontrados en fosas clandestinas en la colonia Nueva Orleans, de Chilapa.
El 28 de junio, fue asesinada a balazos una mujer en Acapulco. Unos días antes, el 24 de junio, en distintos hechos, cuatro hombres y dos mujeres fueron ejecutados en la cabecera municipal de Iguala y en la comunidad de Zacacoyuca en ese municipio. Cinco de las seis víctimas fueron halladas con el tiro de gracia y los ojos vendados, además de que dejaron junto a los cuerpos una narcomanta.
El 14 de julio, una joven de unos 20 años fue asesinada a balazos, su cuerpo fue hallado en el nuevo libramiento a Tixtla.
El 19 de agosto, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Tierras Prietas, a unos 500 metros del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo.
Seis días después, el 25 de agosto fueron asesinadas una mujer y una niña, junto con un hombre, durante el asalto a una tienda de la colonia 21 de Marzo, de Chilpancingo.
El 25 de septiembre, fueron ejecutados a balazos una estudiante de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, un estudiante de la Preparatoria 33 de la UAG, una niña de dos años y un hombre, durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia CNOP, en Chilpancingo.
El 4 de octubre, un hombre encapuchado ejecutó a una mujer afuera de su casa en la colonia Guadalupe, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar.
El 6 de octubre, ocurrieron tres asesinatos a balazos en distintos hechos de violencia en Acapulco, entre ellos el de una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul. El día 12 de ese mes, el cuerpo de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, quien estaba desaparecida desde el 22 de septiembre, fue hallado en un barranco de la playa La Majahua, en Zihuatanejo.
El 17 de octubre, tres cuerpos, el de una mujer y los de dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid, en la parte alta de Las Cruces, en Acapulco.
El 3 de noviembre, una mujer fue ejecutada frente a sus hijos en su casa en la comunidad de Arroyo del Zapote, municipio de Ayutla.
Seis días después, la dueña de una cocina económica en Tecpan fue asesinada a balazos en la periferia de la cabecera municipal.
En Acapulco, el 19 y 20 de noviembre hubo 10 asesinatos, entre ellos los de una adolescente y de una mujer adulta.
El líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecieron el 24 de noviembre cuando se trasladaban a Chilpancingo, a una reunión en Palacio de Gobierno. El domingo 4 de diciembre, fueron encontrados sus cadáveres, envueltos con zarapes y lonas, cerca de Las Antenas, en Zumpango, a más de hora y media de camino de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
El cuerpo de una joven estilista de 20 años, que desapareció en octubre en Chilapa, se encontró entre los 32 cadáveres hallados en las 20 fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla, en Zitlala, el 5 de diciembre.

No bloquearán la autopista “por atención al gobernador”, dicen pescadores

 

Pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, dijeron que “por atención al gobernador”, Héctor Astudillo Flores, no bloquearán la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, y que esperarán hasta el 10 de enero para hablar con él de la indemnización que exigen ante la contaminación de combustóleo en el río Balsas, informó el dirigente de pescadores, Gilberto Barrera Reyes.
El viernes 23 de diciembre, dirigentes de cooperativas pesqueras de Petacalco, encabezados por Gilberto Barrera, convocaron a una conferencia de prensa para exigir públicamente una audiencia con Astudillo Flores, para hablar con él de la indemnización que exigen a la empresa Flensa, a la que responsabilizan del derrame de combustóleo en el río Balsas en febrero de 2016.
Dijeron que, a 10 meses del derrame de combustóleo, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la compañía para arreglar la indemnización.
Ayer, vía telefónica, Barrera Reyes comentó que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno del estado, del que no reveló su nombre, se comunicó con él tras saber que los pescadores bloquearían hoy la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, para presionar al gobernador a reunirse con ellos.
“Me dijo que, a nombre del gobernador, pensáramos bien lo que íbamos a hacer, que el gobernador nos pedía que esperemos al 10 de enero para que nos atienda, pero que si no estábamos dispuestos a esperar y que si bloqueábamos, lo que ocurriera ya iba por cuenta nuestra”.
Dijo que no tomaron las palabras del funcionario como una amenaza, “nosotros conocemos a Héctor Astudillo, y si él nos pide que lo esperemos para enero, lo vamos a hacer; la persona que nos habló nos dijo que el gobernador nos pedía que pensáramos lo que íbamos a hacer porque íbamos a afectar a muchas personas con nuestro bloqueo, y que pensáramos en que hacer algo así no ayuda a Guerrero”.
Dijo que respondió al funcionario diciéndole que los pescadores están desesperados porque no hay fuentes de trabajo en Petacalco, “este funcionario se comprometió a que Héctor Astudillo nos va a atender, y también el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar; entonces, vamos a esperar para que vean que también hay disposición de nuestra parte para que así, ellos también le apuren a la empresa y nos atiendan”.

Exigen indemnización pescadores de Petacalco, La Unión, a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas

 

 
Dirigentes de cooperativas pesqueras de la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión, exigieron una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para hablar sobre la indemnización de la empresa Flensa, ante la contaminación que provocó el derrame de combustóleo al río Balsas en febrero de este año.
Ayer viernes, en la plaza principal de Petacalco, el dirigente pesquero, Gilberto Barrera Reyes, acompañado del comisario municipal de esa localidad, Epifanio Reyes Ramírez, y del presidente de la cooperativa Delfín, Arturo Vargas Ramos, así como de una decena de representantes de cooperativas pesqueras, ofreció una conferencia de prensa para decir que a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la empresa responsable del derrame para que indemnice a los pescadores.
El 13 de febrero de este año, en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en el puente Dr. Ignacio Chávez, que atraviesa el brazo izquierdo de la desembocadura del río Balsas y que es el límite entre los estados de Guerrero y Michoacán, una pipa con doble tanque que transportaba 32 mil litros de combustóleo, de la empresa Flensa SA de CV, se volcó y derramó todo el combustible directamente al río.
La mancha del combustóleo llegó al mar, afectando a mil 200 pescadores de la zona de Petacalco, por lo que desde marzo de 2016, iniciaron las gestiones ante el gobierno del estado para que la empresa de transporte de carga especializada se responsabilizara de la afectación que el derrame ocasionó al sector pesquero y que cubra una indemnización ante la mengua de la pesca en la zona.
El gobierno del estado pagó más de 1 millón de pesos a un especialista para que hiciera un estudio sobre la contaminación provocada; sin embargo, pese a las muchas reuniones que los pescadores han tenido con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, no ha sido posible que éstos citen a la empresa para que atienda la exigencia de indemnizaciones.

La empresa responsable del derrame es propiedad de un familiar de Enrique Peña Nieto, denuncian

“Nos enteramos de que la empresa Flensa es propiedad de un familiar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a lo mejor por eso no han querido tocarla”, dijo Gilberto Barrera.
Indicó que, “estamos viendo que el tiempo se pasa y a 10 meses del derramamiento, no ha sido posible que nos atiendan; nosotros estamos pidiendo una audiencia personal con el gobernador, Héctor Astudillo, para hablar con él, para pedirle que atienda al sector pesquero de Petacalco, que tenemos meses sin buenos ingresos, porque toda nuestra zona de pesca está contaminada, el río donde anidaban las especies de peces está muerto, todo se acabó, ya estamos desesperados”, relató el dirigente pesquero.
A pregunta expresa, Barrera Reyes, quien también encabeza movimientos sociales contra de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que también esa planta generadora de energía resultó afectada por el derramamiento del combustóleo, “sus turbinas se afectaron, con la diferencia de que ellos sí demandaron a la empresa y ésta les condicionó el retiro de la demanda a cambio de que les siguieran surtiendo del combustóleo, se arreglaron en otros niveles”.
Luego, advirtió que de no haber una respuesta del gobernador, “no nos va a quedar más remedio que volver a la movilización; hemos sido pacientes y hasta agradecidos con el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado en todo este proceso, pero queremos que nos reciba el gobernador, que escuche nuestras propuestas y nuestras demandas, por eso, si el lunes no tenemos una respuesta, no nos va a quedar de otra más que movilizarnos, aunque resulten terceros afectados”, advirtió.