Bloquean por completo la autopista más de dos horas

Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías

Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.

 

Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran

Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria

Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela

Alejandro Guerrero

Iguala

Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.

Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN

Alejandro Guerrero

Iguala

Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.

Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde

El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.

Cierran las oficinas de Finanzas estatal padres de familia y maestros de Iguala y Tepecoacuilco

Padres de familia y docentes de planteles de preescolar y primarias de Iguala y Tepecoacuilco, entre ellas la 6 de Enero y Evolución Social, así como educadoras de las zonas escolares 95 y 103, con miembros de la CETEG, en la toma de las oficinas de la administración fiscal de Iguala Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia y docentes de preescolar y primarias de Iguala y Tepecoacuilco, tomaron la administración fiscal en esta ciudad, y mantuvieron por segundo día el cierre de la delegación regional de los Servicios Educativos, ante el incumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para la reposición de maestros.
Luego de más de tres horas de protesta, llegó el ofrecimiento de enviar para este viernes, de forma “emergente”, un maestro para las escuelas 6 de Enero, de Tepochica, Iguala; y otro para la Evolución Social de Sabana Grande, Tepecoacuilco, así como reanudar hoy las mesas de negociaciones con la SEG, poco después de las 2 de la tarde fueron liberadas las oficinas recaudadoras y casi una hora después la delegación de la dependencia, informó por la tarde el representante de la CETEG, Víctor Hidalgo.
Desde el miércoles, los inconformes habían tomado la delegación regional de la SEG, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana, junto al mercado municipal, y ante la falta de atención de las autoridades educativas, este jueves a las 10:30 de la mañana tomaron simultáneamente las oficinas recaudadoras del gobierno estatal y bloquearon la calle Ramón Corona, a una cuadra de las instalaciones.
Allí notificaron a los empleados de la toma de las oficinas y a partir de esa hora, impidieron el ingreso de más personas, aunque se permitió a los contribuyentes que ya estaban dentro concluir sus trámites, y se les dejó salir.
Entre sus exigencias estaba la reinstalación de mesas de negociación con representantes de la CETEG de las regiones Norte, Acapulco y Costa Grande, de la que se ofreció para hoy, después de las 10 de la mañana con autoridades educativas en Chilpancingo, en la que también habrá padres de familia de las escuelas afectadas con la falta de docentes, dijo en declaraciones por teléfono el miembro de la comisión política.
Asimismo exigen la reposición de docentes que se han jubilado o que han sido cambiados por inseguridad, en escuelas de Tepochica y Sabana Grande, de las que les ofrecieron para este viernes reponer los primeros dos, uno para cada escuela, debido a que desde diciembre esos grupos no tenían profesor.
Mientras que sobre el resto de los faltantes que también requieren, se van a analizar en la mesa de negociaciones.
La fuente consultada informó que en esta mesa de negociaciones ya se analizarían el resto de los puntos del pliego petitorio, entre ellos, la reposición de tres maestros, dos administrativos y un conserje de escuelas de preescolar; así como el pago de horas adeudo a profesores de secundaria y pago de seguros por defunciones.
Entre las exigencias también está la resolución del proceso jurídico que se sigue contra las supervisoras Evelyn Carranco, de la zona 103 de Tepecoacuilco, y Nedy Ortiz Garduño, de la zona 95 de Iguala, que han sido señaladas por cerca de 130 educadoras de hostigamiento, abuso de autoridad, prepotencia, amenazas, nepotismo y negligencia.

Denuncian al secretario particular del alcalde de Iguala por violencia de género

Alejandro Guerrero

Iguala

Una ex trabajadora del Ayuntamiento de Iguala denunció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), por violencia de género, al secretario particular del alcalde David Gama Pérez, Nicolás Federico Pavón Aranda, a quien además acusó de amenazas e intimidación para obligarla a recibir una liquidación menor a la que tenía derecho por diez años de servicio y para retirar la denuncia.
La ex trabajadora del gobierno local, de la que se reserva su nombre, fue una de las despedidas en la depuración que realizó la administración priista en 2022, y debido a ello presentó su queja. El 9 de septiembre de 2022 también denunció por el delito de violencia de género, psicológica y dolosa, a Nicolás Pavón, debido a que la estaba presionando, amenazando y hostigando para recibir de liquidación una cantidad menor que le correspondía por su antigüedad.
La afectada informó que presentó la denuncia por violencia de género en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Bravo con sede en Chilpancingo, en la Unidad de Atención Temprana e Integral de la FGE, debido a que en el Ministerio Público de Iguala, perteneciente a Distrito Judicial de Hidalgo se negaron a recibir la denuncia.
Luego, el Ministerio Público con sede en Chilpancingo remitió la denuncia al Distrito Judicial de Hidalgo con cabecera en Iguala “por incompetencia”, hecho por el que la ex trabajadora solicitó por escrito se le proporcione el número de carpeta de investigación que le fue asignado a su denuncia al pasarla a Iguala, con la finalidad de designar un nuevo asesor jurídico “y a su vez no se vean vulneradas mis garantías individuales, así como solicitar las medidas de protección necesarias”.
Mediante oficios y en declaraciones con reporteros, la afectada denunció que le fue condicionado el pago de su liquidación para que retirara la denuncia hecha en contra del secretario particular del edil priista, y debido a la presión que recibió, solo aceptó el pago menor a lo que por ley le correspondía, pero no retiró la denuncia ante la Fiscalía estatal, a la que en un principio se le asignó la carpeta de investigación 120200905001307090922.
“Recientemente se suscitaron conductas en mi perjuicio, con la intención de que me desista (de la denuncia) y no se continúe con la investigación, conductas que me han generado estrés constante y se ha visto deteriorada mi salud física y mental”, denunció la ex trabajadora.
Asimismo dijo que ha recibido amenazas, acoso e intimidación por funcionarios de la actual administración que buscan que retire la denuncia, y evidenció que durante su proceso de despido buscó una audiencia con el alcalde Gama Pérez, quien se negó a recibirla.

 

Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

Arriba, las personas que se manifestaron en solidaridad con el Ejército la mañana de este domingo en el Campo Militar 35-C del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y abajo las que lo hicieron en la sede del 109 Batallón de Infantería en El Ticuí, vecino de Atoyac Fotos: El Sur y Francisco Magaña

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

En un documento enviado al gobierno federal, los soldados que apoyan a sus compañeros encarcelados destacan: “Soy militar, pero no soy cualquier militar. Soy aquel adolescente que, con 15 años, entró con el corazón lleno de emoción y orgullo a la Heroica Escuela Naval; soy ese cadete del Heroico Colegio Militar que cantó el himno de la institución durante los desfiles, debajo de la lluvia. Soy el teniente que no pudo presenciar el nacimiento de su hijo por estar en comisión del servicio. Soy el soldado que se enteró de la muerte de su madre después de dos meses, por estar aislado en la sierra. Soy el médico que sostuvo la cabeza del amigo que fue herido en combate. Soy el capitán que pasa semanas navegando lejos de su familia. Soy el comandante que entrena a su personal con máximo rigor y soy la enfermera que limpia las heridas de las fuerzas especiales”.
Abundaron que en tiempos tranquilos el Ejécito es ignorado, pero en tiempos de urgencia o desastre es convocado.
Citaron también: “Soy el marino que despues de 30 años de servicio, fue comisionado a la Guardia Nacional, aquel capitán de caballería que no fue consultado si quería pertenecer a GN, soy ese militar, el que cumple órdenes”.
Lamentaron que deban esconderse en la cobardia del anonimato para escribir esas líneas y no ser perjudicados, pero que entregan su vida y su trabajo por su país, “soy ese militar que no tiene derechos humanos, pero que en medio de la batalla debe respetarlos o ser enjuiciado. Soy el que soñó con ser de la naval y terminó de policía, soy ese fusilero paracaidista que no tiene libertad de expresión”.
Señalaron carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.
Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.
Exponen: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver. Soy el que cuida instalaciones estratégicas, el que pelea con huachicoleros, soy el piloto y el administrador que ahora administrarán bajo sus órdenes un aeropuerto. Soy el del servicio de sanidad, que ahora es responsable de resolver la crisis de salud cuando ya es demasiado tarde”.
Donde, además, el militar que recientemente vio a su familia peligrar por causa de la familia de El Chapo Guzmán, “a quienes usted ofrece ahora ayuda humanitaria”.
Señalaron que estan cansados y hartos de los secretarios, que México no merece esto. Las fuerzas armadas no lo merecemos, “así que decimos ya basta”.

Marchan en apoyo a militares en varias ciudades del país

En instalaciones militares de Chilpancingo (imagen), Iguala y Atoyac, lo mismo que en la Ciudad de México y otras de la república, militares en activo y retirados y familiares de soldados se manifestaron para exigir respeto a lo que llaman sus derechos humanos, exigieron al presidente la liberación de cuatro efectivos acusados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo y reclamaron que si no se les va a permitir enfrentar con firmeza a los delincuentes que mejor los dejen en sus cuarteles Foto: Jessica Torres Barrera

Marchan familias de militares en la capital, Iguala y Atoyac; piden respeto a sus derechos humanos

También exigen al presidente López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero

 

Luis Blancas / Alejandro Guerrero / Francisco Magaña

Chilpancingo / Iguala / Atoyac

Pobladores y familiares de militares se manifestaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para apoyar al Ejército mexicano, solicitar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamau-lipas, en acción ocurrida el domingo 26 de febrero.
En la capital unos 40 manifestantes marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en Iguala la protesta fue afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. Mientras que los familiares de soldados de Atoyac lo hicieron en el cuartel del 109 Batallón de Infantería.
Desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar, cerca del Panteón Central de Chilpancingo, a las 9:50 de la mañana, unos 40 manifestantes partieron en marcha y se dirigieron hacia la entrada, que se encuentra en la lateral del bulevar Vicente Guerrero en que se convierte la Autopista del Sol en el tramo de la ciudad.
Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delicuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.
Al llegar al segundo acceso comenzaron a manifestarse y gritaron consignas: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.
La vecina Modesta Santiago Sánchez comentó que esta movilización se realizó en todo el país, para que no se criminalice a los soldados por sus acciones en tareas de seguridad pública, luego de la vinculación a proceso de cuatro militares acusados de matar a cinco jóvenes, lo que ocurrió a principios de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Santiago Sánchez dijo que la manifestación también es para apoyar al Ejército mexicano, para que se respeten los derechos humanos de los uniformados, porque también son ciudadanos, y exigió al presidente López Obrador la liberación de los cuatro militares.
“El militar da su vida por nosotros, nosotros podemos dar algo a cambio a ellos, para apoyarlos, que haya justicia a todos ellos. Ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan”, declaró.
Dijo que los militares también tienen familia, hijos, esposas y sobrinos que los esperan en sus casas con bien, y que no les pase algo, “por eso pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.
Por su parte, una participante exigió que se audite a los mandos militares, porque no entregan el presupuesto a los soldados para la compra de alimentos, limpieza y mantenimiento de las patrullas, “exigimos que auditen al Ejército. Los soldados tiene que pagar su material, también allá arriba hay corrupción”.
Indicó que había rumores de que la movilización había sido convocada por la delincuencia, lo cual negó: “Somos hijas, hijos, padres, madres y esposas de soldados, para defenderlos, porque han sido golpeados, maltratados, les quitan sus derechos, los amenazan, los alto mandos no hacen nada”.
“Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes, exigimos la liberación de los cuatro militares del caso de Tamaulipas. Si AMLO libera al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán que los libere también”, concluyó un participante de la movilización.
Después el contingente de personas se trasladó a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron una parada simbólica frente al Ayuntamiento de Chilpancingo y después se retiraron.

El 27 batallón de Infantería en Iguala

Unas 40 personas, entre ellas niños, se sumaron a la convocatoria nacional y participaron en la movilización para apoyar al Ejército, afuera de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, de Iguala, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, en la que exigieron la liberación de cuatro cabos, que fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Con aplausos y “vivas” para el Ejército, las familias llegaron a las 9:35 de la mañana de este domingo, con vestimenta color verde olivo y algunas banderas de México, a la puerta del acceso principal del 27 Batallón de Infantería, junto al Periférico Oriente, y estuvieron allí con un automóvil, al que le instalaron una bocina, acción que duró unos 20 minutos.
Asimismo, mostraron cartulinas con muestras de apoyo al Ejército: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”, “todos somos Ejército”, “exigimos justicia para nuestras fuerzas armadas”, “al soldado no se toca” y “gracias por cuidar de la ciudadanía”.
Una de las oradoras durante el mitin, quien no se identificó, exigió la liberación de los soldados detenidos por los recientes hechos ocurridos en Tamaulipas, relacionados con el asesinato de cinco jóvenes durante una persecución.
Al terminar la actividad, las personas guardaron un minuto de silencio por los militares asesinados en cumplimiento de su deber, luego cantaron el Himno Nacional mexicano.
La acción convocada en todo el país, mediante las redes sociales, se deriva de la aprehensión y vinculación a proceso de cuatro cabos de Caballería, por desobediencia y delitos del fuero militar, luego de que el domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, persiguieron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta pick up y fueron abatidos por los militares.

Apoyo al Ejército en Atoyac

Con una manifestación de apoyo, familiares de militares del 109 Batallón de Infantería realizaron una manifestación, en la entrada de las instalaciones, ubicadas en la localidad El Ticuí, en el municipio de Atoyac, para apoyo a los soldados del país.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, pidieron al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que se respeten los derechos de los trabajadores castrenses, al señalar que son los que resguardan a la población y dan seguridad al país.
Con pancartas indicaron que “si hay situaciones que no pueden ser controladas, que no se le den armas y que los mantengan acuartelados para evitar este tipo de situaciones”.
En contraste, compararon que no hay esa atención cuando los militares son agraviados por civiles.
Los manifestantes estuvieron alrededor de 20 minutos en la entrada del cuartel del 109 batallón.
Señalaron que llegó una patrulla del Ayuntamiento de Atoyac, con torreta encendida a tomar fotografías, lo cual consideran una intimidación, ya que de acuerdo con vecinos del lugar, la policía no hace recorridos por esa zona.
Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.
Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

 

Marchan militares activos y en retiro; protestan
contra AMLO por arrestos y muertes de soldados

Cientos de personas salen a las calles en la Ciudad de México y en al menos otras 15 ciudades luego de que cuatro militares fueran vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que las víctimas eran parte del crimen y se encontraban armados, pero un sobreviviente lo niega

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.
Los manifestantes reclamaron por la estrategia de “abrazos no balazos”, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.
La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.
Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”; “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “Respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los 4 sargentos’”, fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.
También se reportaron manifestaciones en ciudades como Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Chilpancingo, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.
Algunos de los participantes portaban prendas color verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban consignas como “¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Libertad!” y “¡Justicia!”, incluso marcharon cantando el Himno Nacional.
En la capital mexicana el contingente partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde realizaron una protesta frente a Palacio Nacional.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”, decían otras cartulinas.
“A mi no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí”.
También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Somos el pueblo de México”

“Señor presidente (López Obrador) los militares que ahorita se encuentran en la prisión militar no deberían estar ahí”, afirmó Rosalío, un militar retirado, quien encabezó la marcha en la Ciudad de México.
“Señor presidente no puedes dejar, no puedes hacer, que a un soldado lo maten porque como dice el himno nacional: “Un soldado en cada hijo te dio”“, dijo tras considerar que los elementos se sienten desarmados y sin posibilidad de actuar.
El militar afirmó que la protesta es legítima, luego de que el mandatario federal aseguró en días pasados que detrás de ella podría haber otros intereses e incluso estar implicado el crimen organizado.
“No queremos que en la mañanera digas que estamos comprados, que somos un grupo de choque, no señor presidente, te lo sostenemos, que somos el pueblo de México. Solicitamos que no haya represalias contra nosotros”, pidió
Rosalío aseguró que las autoridades están procesando militares mientras ellos defienden al Estado y al pueblo mexicano.
“No podemos dejar que las personas que delinquen y causan daño al pueblo y al Ejército mexicano estén por arriba de los soldados mexicanos y los derechos humanos”, demandó.
El hombre, quien iba vestido de civil y portaba sombrero, emitió un discurso al llegar a la plancha del Zócalo y frente a Palacio Nacional aseguró que el Ejército vela por los intereses del pueblo de México, así como por los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Afirmó que en la marcha participaron contingentes de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Y que son activos, son retiros, son desertores, pero son buenas personas y como lo dice el señor Presidente: “Son pueblo de México”“.
Insistió en que la manifestación era pacífica.
“No vamos a dejar que se infiltren grupos subersivos, no permitimos que el Ejército mexicano involucre a personas que realicen el mal”, dijo.
Por su parte, Paulino Jiménez Hidalgo, un general retirado, afirmó que los soldados no le juran lealtad al Presidente, sino al pueblo de México.
“Nuestra lealtad es al pueblo mexicano. El Ejército no jura lealtad al comandante supremo. Los soldados juramos bandera ante nuestra insignia patria y juramos respeto a la Constitución”.
Asimismo, denunció que los recursos que deberían dirigirse al Ejército han sido desviados para otras tareas.
“Tengo entendido que le sacó dinero del Fondo de Adquisición de Material Militar para metérselo al Tren (Maya), ojalá algún día ese Tren pase y se lo lleve a su rancho”, expresó.
En la movilización participaron decenas de personas, quienes lanzaron consignas como: “Soldado, amigo, el pueblo está contigo”; “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!.
“Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto”, “En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó” y “respeto al Ejército mexicano ‘Liberación de los cuatro sargentos’”, fueron otros de los reclamos plasmados en pancartas.
Los asistentes aseguraron que la marcha se realizó de manera simultánea en otras partes del país e incluso hay apoyo de Estados Unidos y Canadá.
“Somos militares, personal militar, personal retirado, personal de sector, que tienen buenos principios y buena fe. Son muchísimas personas, no solo las de aquí, en todo México y Estados Unidos, en Canadá, está pasando y está diciendo: los estamos apoyando”, expresó un participante que pidió el anonimato.
“No traemos acarreados señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad”.
“Los detenidos no tienen apoyo del presidente”

“Mi familiar no tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni del Ejército”, aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar la libertad de los militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El joven, quien portaba una pancarta cuyo mensaje decía: “Hagamos valer sus derechos, Hagamos valer su trabajo! Hagamos valer su, esfuerzo, indicó que provenía del Estado de México y que es familiar de uno de los militares detenidos por los asesinatos de cinco jóvenes en Tamaulipas; sin embargo, prefirió omitir el tipo de vínculo que lo relaciona con éste.
“Venimos por todas las inconformidades que hay con el Ejército. No puedo platicar bien (lo que sucedió en Tamaulipas) porque sólo ellos saben por qué lo hicieron”, indicó.
Aseguró que existen constantes anomalías en esa institución, así como violaciones a los derechos humanos de sus miembros. “No tienen nada de apoyo”, lamentó.
Yasmín, una joven de 26 años, cuyo padre, hermanos y tíos forman parte del Ejército, también acudió a la protesta para exigir la liberación de los militares señalados por los asesinatos de los jóvenes en Tamaulipas.
“Exigimos su liberación, no hicieron nada, fue en defensa propia. Millones de militares han sufrido está situación y no se han dado a conocer cuántos militares han muerto en cumplimiento de su deber”, aseguró la joven, quien portaba una pancarta en la que se leía: “Levanto la voz y visto de verde olivo porque mi papá, hermano, tío, pertenecen a esta institución y no estoy dispuesta a perder a ninguno de ellos”.

Es el crimen organizado, dijo el presidente

López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.
Desde su conferencia mañanera el pasado viernes, el presidente aseguró que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo laredo.
“No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina”, agregó.

No avanza su demanda para destituir al director, dicen alumnos de colegio superior agropecuario

Alejandro Guerrero

Iguala

A tres semanas del paro estudiantil y toma de oficinas del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro), alumnos denunciaron que no hay avances en su demanda de destitución del director general, Régulo Jiménez Guillén, por lo que organizan movilizaciones en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en Ciudad de México.
Uno de los voceros del movimiento informó que hasta la tarde de este viernes se mantenía el paro estudiantil y la toma de las oficinas de la dirección general del Csaegro en Iguala, la escuela de Cocula y el vivero de Tepecoacuilco, que iniciaron desde el 16 de febrero.
Consultado vía telefónica, el vocero aseguró que no han tenido ningún avance en su demanda de separar del cargo al director general Régulo Jiménez Guillén, a tres semanas de iniciada la protesta.
Indicó que una comisión de representantes de los estudiantes se trasladará la siguiente semana a la sede nacional de la Sader, para buscar una audiencia con el secretario Víctor Villalobos Arámbula, sin descartar, en caso de no ser recibidos, realizar movilizaciones en Palacio Nacional, para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La fuente consultada indicó que están elaborando el expediente, con evidencias de todas sus denuncias de corrupción, desvío de los recursos y abandono que los directivos de la institución han hecho en la escuela de Cocula, en las carreras de Zootecnia y Fitotecnia.
Declaró que al director general Jiménez Guillén no le ven la disposición de separarse del cargo, y por el contrario, buscó otra sede alterna, donde está citando a los docentes y administrativos para que se presenten a firmar sus asistencias, luego de que el jueves de la semana pasada tomaron durante seis horas las oficinas del distrito 6 de Sader, donde también hay otras dependencias federales y el director del Csaegro se reunía con los trabajadores de la institución.
El vocero de los estudiantes informó que Carlos Cabrera, que es el director provisional del Centro de Estudios Profesionales (CEP), que fue impuesto por Jiménez Guillén, luego de la renuncia de Rubén Gutiérrez Vargas, se ha presentado ante ellos en los distintos paros queriendo negociar, pero la comunidad estudiantil lo desconoce, pues su nombramiento fue irregular sin el proceso que establece la norma.
A pregunta hecha, dijo que en la escuela de Cocula, en la que hay ganado bovino y plantas en los viveros, es el alumnado el que los alimenta, les da atención y mantenimiento con sus propios recursos, luego de que el director general Régulo Jiménez ordenó que los trabajadores sindicalizados encargados de esas funciones dejaran de presentarse, debido al paro y como una clara represión al movimiento.
Explicó que los alumnos han hecho guardias para alimentar al ganado que se tiene en la institución y vigilan la escuela, así como las oficinas centrales y el vivero en Tepecoacuilco, donde por grupos se quedan a pernoctar.

 

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Esperan el aviso de la salida del director de CEP del Colegio Superior Agropecuario, dicen alumnos

Alejandro Guerrero

Iguala

Alumnos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro) informaron que esperaban en el transcurso de este martes se presente la notificación de la separación del cargo del director del Centro de Estudios Profesionales (CEP), Rubén Gutiérrez Vargas, a casi dos semanas de iniciado el paro estudiantil y la toma de oficinas en Iguala, Cocula y Tepecoacuilco.
El paro estudiantil, donde participan más de 400 alumnos de las carreras de Fitotecnia y Zootecnia, inició la mañana del 16 de febrero, para exigir las destituciones del director del CEP, ubicado en Cocula, Rubén Gutiérrez, y del director general Régulo Jiménez Guillén, ante presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, abandono en la escuela, falta de mantenimiento a instalaciones, maquinaria y vehículos, a lo largo de sus administraciones, de acuerdo con denuncias de los estudiantes.
Este martes por la tarde, una de las voceras del movimiento declaró que esperaban que se hiciera efectivo el anuncio de la separación del cargo del director Gutiérrez Vargas, que les fue informado en la reunión del jueves pasado, con representantes federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Dijo que esperaban el anuncio oficial por parte del CEP, y la difusión del oficio mediante el cual se haga efectiva su salida.
Indicó que por el lado contrario, de la separación del cargo del director general del Csaegro, no les han dado ninguna información y los funcionarios de la Sader incluso “se han puesto a la defensiva” en favor de Régulo Jiménez y desconocen el motivo.
Recordó que en 2018, Jiménez Guillén llegó como director general interino por diez meses al Csaegro, y luego trascendió que, mediante una convocatoria a discreción, que fue emitida por la institución y allegados a Régulo Jiménez, habría presentado un examen y se quedó en el cargo.
Advirtió de nueva cuenta que no levantarán su paro estudiantil ni liberarán las oficinas tomadas, mientras mantengan en el cargo como director general del Csaegro a Régulo Jiménez.

Llama la gobernadora a la reconciliación en la ceremonia del aniversario de la bandera

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda flnqueada por el alcalde de Iguala, David Gama Pérez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; el comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila; el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, durante los honores a la bandera en el cerro del Tehuehe en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alejandro Guerrero

Iguala

En la conmemoración del 202 aniversario de la Bandera, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llamó a la unidad y a la “reconciliación” de los guerrerenses, y destacó que más allá de los partidos políticos “está nuestra patria”.
El acto conmemorativo inició a las 9:10 de la mañana de este viernes en el Asta Monumental del cerro El Tehuehue, al que no asistió ningún funcionario federal en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ni el senador Félix Salgado Macedonio.
En el discurso oficial luego del izamiento de la bandera gigante, Salgado Pineda insistió que “aquí no hay colores, más allá de los partidos políticos está nuestra patria, y aquí la patria es primero; por eso tenemos que salir unidas y unidos todas y todos, ese el llamado que realizo a la reconciliación, a la unidad, al trabajo de todas y todos”.
Destacó que este 24 de febrero, además del Día de la Bandera “bien podría ser llamado el día de la reconciliación, como lo expresó hace algunos años nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Dijo que hay que tener un profundo amor por esta tierra que nos vio nacer y que nos ha dado todo, “y si ponemos como centro de toda acción, de toda política y de toda estrategia, al humanismo y el amor al prójimo, a nuestra patria y a nuestra tierra, les aseguro que Guerrero cada día va a ser un estado mejor”.
Agregó que la historia nos ha enseñado que Guerrero siempre ha sido la punta de lanza de las grandes transformaciones, y ahora, en esta nueva etapa al estado le corresponde la revisión y actualización de sus instituciones y de sus estructuras para que respondan de manera eficaz a la exigencia de cambio.
Este gobierno, dijo, “trabaja todos los días para que el bienestar y el desarrollo sean cada vez más palpables en los lugares con pobreza y marginación para hacer de nuestra tierra ese lugar próspero que todas y todos queremos”.
En el contexto de esta fecha histórica, convocó a hacer del estado el epicentro de todas las libertades, de todos los derechos, de la democracia y de la justicia social.
Dijo que si hemos de definir un momento cumbre sería que en estas tierras del sur nació la Independen-cia y nuestra bandera hace 202 años, luego de que los generales Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, sellaron con el abrazo de Acatempan el futuro de nuestra patria, y destacó que desde estas tierras “seguimos reafirmando que aquí en Guerrero la patria es primero”.

Incidentes por la espera

Durante el discurso de la gobernadora Salgado Pineda se observó que una alumna de secundaria que era parte de la escolta se desmayó y tuvo que ser auxiliada por paramédicos, y durante el abanderamiento de las 16 escoltas de escuelas públicas y privadas, otra alumna también se desmayó debido a la insolación y el tiempo que permanecieron de pie desde antes de iniciar el acto oficial. Al finalizar, se vio que otros dos estudiantes también recibían atención en una ambulancia.
La gobernadora tomó protesta a 16 escuelas de nivel básico y medio superior de Iguala y otros municipios de la región Norte, y durante la ceremonia en la que se rindió homenaje a la Bandera nacional, dos avionetas de la Guardia Nacional surcaron el cielo.
En la calle de acceso al cerro El Tehuehue daban seguridad solo agentes de la Policía y Tránsito Municipal desarmados para guiar la ruta, pero ya en el perímetro más cercano al Asta sí había vigilancia de efectivos de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal.
El acceso fue restringido solo a personas con invitación, y se observó que una mujer que estaba en la coordinación llamó la atención a los trabajadores colocados en los filtros por dejar pasar a personas que no aparecían en su lista, entre los que se escuchó a Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora y el diputado local y presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona.
Posteriormente la gobernadora acompañada por funcionarios locales y estatales, y legisladores estuvo en el Museo de la Bandera en un acto en el que no se permitió el ingreso a la prensa, y mediante un boletín se conoció que hicieron guardia de honor a la Bandera Trigarante prestada para esta celebración y cortó el listón de la exposición Arte de Costa de Marfil.
Salgado Pineda con mandos militares y representantes de los poderes presidió el desfile cívico-militar que en los tres años anteriores había sido suspendido debido a la pandemia por Covid-19.
Este fue encabezado por efectivos del Ejército y la Marina, policías estatales, Protección Civil y escuelas lo que congregó nuevamente a cientos de familias en las distintas calles por las que fue el recorrido, en su mayoría ya sin utilizar el cubre bocas.
Al final del desfile participaron asociaciones de charros, y con ellos se vio al cantautor José Manuel Figueroa junto al empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura, quien no saludó a la gobernadora ni a miembros del presídium.
En las diferentes actividades asistieron además la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez; lade la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el alcalde de Iguala, David Gama Pérez.
Asimismo el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González; el comandante de la Décima Segunda Región Naval, almirante Julio César Pescina Ávila, el Comandante de la 35 zona militar, general Enrique Martínez López, la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el Inspector Renato Delgadillo Rodríguez, representante del coordinador estatal de la Guarda Nacional
También el senador priista Manuel Añorve Baños, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, los diputados federales Araceli Ocampo Manzanares y Pablo Sandoval Ballesteros.

 

Se irá uno de los funcionarios impugnados del colegio superior agropecuario: alumnos

Alejandro Guerrero

Iguala

A una semana del paro y toma de oficinas por parte de alumnos del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (Csaegro), informaron en declaraciones en una de las oficinas tomadas en esta ciudad, que el director de la escuela en Cocula, Rubén Gutiérrez, se separará del cargo el próximo martes, pero advirtieron que no suspenderán su movimiento hasta que sea cesado el director general, Régulo Jiménez Guillén.
Los alumnos de las carreras de fitotecnia y zootecnia iniciaron un paro estudiantil el jueves de la semana pasada y desde entonces mantienen tomada la escuela en Cocula, las oficinas de la Dirección General en Iguala y el vivero en Tepecoacuilco.
En declaraciones ofrecidas la tarde de este viernes, en las oficinas tomadas de la calle Vicente Guerrero de esta ciudad, uno de los miembros del Consejo Estudiantil, que pidió la reserva de su nombre, informó que el jueves interrumpieron una reunión que tenían el director general Régulo Jiménez con las representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Eugenia Zamora y Leticia Antonio, la cual se realizaba en las oficinas de la coordinación regional de la dependencia en la colonia Fovissste.
Contó que allí entregaron las demandas de los estudiantes y su pliego de peticiones, las cuales van con evidencias documentales, no sólo de los alumnos, sino también de inconformidades de los docentes que reclaman la falta de dinero para sus investigaciones de campo, y de los trabajadores administrativos, quienes según el estudiante también ya se sumaron a la inconformidad contra Jiménez Guillén.
Indicó que los representantes de la Secretaría de Agricultura les informaron que el director del Centro de Estudios Profesionales (CEP), Rubén Gutiérrez, será separado del cargo a partir del próximo martes; sin embargo, advirtió que no levantarán su paro estudiantil ni liberarán las oficinas tomadas desde hace una semana si el director general, Régulo Jiménez, no presenta su renuncia o es separado del cargo.
Mencionó que los representantes de la Sader les pidieron retomar las clases, pero ellos les advirtieron que no regresarán a las aulas “si el doctor Régulo Jiménez no presenta su renuncia, y una vez que presente su renuncia, el alumnado regresará a clases. Es lo que se ha determinado”.