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“Falsos e inexactos” los datos que presentó Beatriz Mojica, responde Héctor Apreza

 

El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, calificó como “falsos e inexactos” los datos del presupuesto de egresos del estado en los que se basó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga para criticar al gobierno de Héctor Astudillo Flores.
El funcionario estatal admitió que sí hay un aumento en el presupuesto en seguridad pública, no así en el del Ejecutivo estatal, y consideró que quienes le dieron la información a la perredista la engañaron. Dijo que sería “fabuloso” que Mojica explicara dónde quedaron los recursos del Fondo de Infraestructural Social Estatal, que le tocó ejecutar a ella como secretaria.
En llamada telefónica, el secretario de Finanzas precisó que el presupuesto asignado al poder ejecutivo este año es de 29 mil 973 millones, 333 millones, 1.1 por ciento menos a lo que tuvo en 2016, que fue de 30 mil 305 millones de pesos.
Por lo que indicó que quien le haya dado la información a Mojica Morga “la sorprendió y le puso datos falsos”. Expuso que han llegado este año recursos extraordinarios por 408 millones de pesos, los que se han utilizado para pagar plazas magisteriales.
“Es evidente que ella no tiene los datos correctos y que al hacer este tipo de afirmaciones miente rotundamente, y sin duda sus asesores o quien le haya integrado la información la sorprendió y la hizo declarar cosas o información falsa”, dijo Apreza Patrón.
El funcionario estatal admitió que aumentó el presupuesto para seguridad pública, el cual dijo es de 2 mil millones de pesos, lo que justificó con el incremento de operativos, los viáticos para los mismos, mejores salarios para los policías y prestaciones a los servidores públicos que cumplen con funciones policiacas. Además, indicó que del 12.8 por ciento del aumento, el aumento real fue del 6 por ciento porque el factor inflacionario es de alrededor del 6.3 por ciento.
Apreza Patrón enfatizó que se están concentrando los “escasos recursos” en “áreas sustantivas”, como educación, salud y seguridad pública. Admitió que hubo una reducción en turismo, cultura y obras públicas; sin embargo, “recordarle a la secretaria general del PRD que en este gobierno se están haciendo más acciones con menos recursos”.
En respuesta a la crítica de Mojica Morga del aumento del presupuesto del Ejecutivo, el que dijo que fue de 49 por ciento, el secretario de Finanzas respondió:
“Lo que sí es cierto es que dio datos falsos en materia de presupuesto del Poder Ejecuti-vo, en materia de seguridad”, enfatizó el secretario, quien se limitó a decir que le toca hablar de la parte presupuestal, cuando se le preguntó si había un aumento la cifra destinada para seguridad porque no impactaban en la disminución de hechos de violencia e inseguridad.
Insistió en que el presupuesto del Ejecutivo no creció y que Mojica Morga al “empezar mal ahí, lo demás lo hizo con datos falsos”. Y contraatacó: “Ojalá, sería extraordinario, fabuloso que pudiera aclarar dónde quedaron los recursos cuando misteriosamente se quemaron los datos del Fondo de Infraestructura Social estatal y que le tocaba ejecutar a ella, porque extrañamente se quemaron las oficinas de Sedesol, donde estaba la información”.

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

Qué digan a qué autoridades infiltradas se refieren los agentes de la PGR, pide Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que debe haber una “mejor” coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y calificó de “temeraria” la declaración de dos agentes que resultaron heridos en el enfrentamiento contra Los Tequileros en La Gavia, de que las autoridades locales están “inmiscuidas” con el crimen organizado y que por eso ya los estaban esperando para emboscarlos.
En breves declaraciones en el centro de convenciones Mundo Imperial, tras anunciar la reinauguración de la Casa de Cultura del Niño de Atlamajalcingo, Astudillo Flores insistió en que la PGR debe informar qué ocurrió en el enfrentamiento que dejó tres muertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pues aunque él tiene “información” no le corresponde divulgarla.
“Esa es una información muy temeraria, respecto a que los gobiernos locales están infiltrados, hay que ubicar a qué gobiernos locales se refieren, porque los gobiernos tienen tres instancias. Yo lo que les puedo expresar a ustedes que en ese lugar hay una lucha muy antigua, no es nuevo lo que está sucediendo ahí, y no creo que sea lo correcto que en una situación en donde se ha lamentado la pérdida de vidas, de quienes intentaron detener un delincuente, frente a una circunstancia que no salió como hubiéramos querido, el reparto de culpas sea de esa manera”, dijo el gobernador.
“Sin que yo pueda meter las manos al fuego por alguien, me parece que la Procuraduría General de la República, con todo respeto, debe ofrecer alguna información de qué fue lo que sucedió y por qué fue el planteamiento de la operación como lo hicieron, yo sigo reconociendo y agradeciendo a todas las instancias federales que vengan y que nos ayuden”, indicó el gobernador.
“Yo creo que la coordinación que se tiene que hacer para enfrentar ese tipo de problemas debe de armarse mejor”, opinó Astudillo Flores, quien dijo que espera que pronto se aprehenda a El Tequilero y a quienes generan la violencia en Tierra Caliente.
“Tengo información pero no puedo yo hacer alguna exposición, porque no me corresponde, soy muy respetuoso en este caso de la Procuraduría”, justificó.
Lo anterior, luego las declaraciones de dos agentes que resultaron heridos y que fueron entrevistados por Denise Maerker en el noticiero En Punto de Televisa, el miércoles en la noche, quienes señalaron que el ataque al convoy de federales fue perpetrado por habitantes de ese poblado y que en esa situación las autoridades locales están inmiscuidas.
En la transmisión, uno de los agentes federales que lograron sobrevivir al ataque subrayó que no se avisó a ninguna de las autoridades federales ni estatales que entrarían a La Gavia, “no, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay mucha resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con ese tipo de bandas”.
Se le comentó al gobernador que el mes pasado fue mostrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el más violento en los últimos cinco años y respondió: “No es un problema que solamente esté afectando a Guerrero, es un problema nacional y en ese problema nacional lamentablemente estamos en una situación de la cual no nos sentimos nada, nada halagados”, expresó.

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.

Instala la SEG un comité para ayudar a los alumnos que tienen beca de Prospera seguir

El titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, se reunió con funcionarios de educación básica, directores generales de instituciones de nivel medio superior y el delegado del Programa de Inclusión Social (Prospera), José Antonio Abad Mena, para instalar el Comité de Transición de Becarios Prospera, con el objetivo de que los alumnos conserven el apoyo durante su formación escolar para evitar la deserción.
Salgado Urióstegui dijo que el comité busca que los alumnos que están estudiando la secundaria y cuentan con la beca Prospera, puedan conservar el beneficio cuando ingresen al nivel medio superior en cualquier subsistema del estado. Expresó que la beca Prospera “es un apoyo familiar” que motiva a los alumnos y que “la beca nos ayuda para que (los estudiantes) no abandonen la escuelas”.
Informó que de los 114 mil becarios de Prospera, 88 mil están en el nivel medio superior, por lo que es importante que los estudiantes conserven el apoyo, que varía de acuerdo con el nivel educativo en el que se encuentren, es decir, a los alumnos de primaria se les entrega una cantidad, a los de secundaria otra y así sucesivamente, de manera mensual, “va aumentando”.
Dijo que también se reunirá con los rectores de las instituciones de nivel superior en el estado, para que los becarios de Prospera puedan mantener el beneficio hasta que concluyan sus estudios, ya que se trata de un programa que apoya a alumnos de bajos recursos que cuentan con un buen promedio.
Durante la instalación del comité, Abad Mena pidió ayuda a los directores de las instituciones para mejorar la atención a los estudiantes que sufren algún tipo de violencia en el hogar o son de bajos recursos, “ustedes saben quiénes son los becarios de Prospera, nosotros los conocemos por número, pero ustedes los tienen (en las escuelas)”.
Señaló que para el programa Prospera “es más fácil” que los directores informen cuántos alumnos estudian, cuántos se han dado de baja y quiénes necesitan la beca, ya que la dependencia realiza un reporte cada cuatro meses, que muchas veces es rebasado por la realidad en las escuelas.
La reunión se llevó a cabo en el plantel del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chilpancingo. Estuvieron presentes el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Abraham Ponce Guadarrama; el director general de Educación Secundaria, Alfredo Rodríguez Bello; la jefa del departamento de Secundarias Generales, Blanca Lilia Peralta Ávila; el director del Conalep, Nabor César González Guerrero; el director general del Colegio de Bachilleres, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, y otros funcionarios.

La UAG integrará toda la información de la violencia contra universitarios, anuncia el rector

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que se reunió con la comisión que nombró el Consejo Universitario para dar seguimiento a los hechos violentos contra los universitarios y se acordó integrar en una sola toda la información, porque eso va a ser como una herramienta, un soporte para “establecer las estrategias que debamos tomar los universitarios como protocolos dentro de la universidad y también hacía afuera”.
En declaraciones en el Centro de Enfermedades Tropicales (CIET), donde se reunió con el Grupo Universidad, Saldaña Almazán explicó que si un universitario sufre una extorsión, robo, secuestro u homicidio (se va a) saber “cuáles fueron las razones, se están haciendo grupo focales, en ellos habrá de determinarse los instrumentos de medición”. Dijo que se aplicarán cuestionarios que van a dar como un horizonte, una media y que dicha información “por supuesto la compartiremos, una vez que se sistematice, con las autoridades, sobre todo tener el diagnóstico real de las cosas de cómo están”.
El rector no descartó que hoy en la sesión del Consejo Universitario se dará un pronunciamiento sobre estos casos, que “lastiman mucho como universitarios y la verdad deseamos que no estén pasando”. Al CIET llegó el coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, y sobre ello el rector Saldaña Almazán respondió: “Ahorita la atención del director de la ministerial es que me trae información sobre los casos, estos mismos, su grado de avance y cuáles son los motivos, las pesquisas que tiene, indagatorias, los avances para que con base en ello podamos ir tomando decisiones que permitan salvaguardar la seguridad de todos los universitarios”.
Indicó que la comisión hará un recuento de años pasados, un conteo porque es una situación de fondo no es una cuestión sencilla, “con está información coadyuvar, dar una propuesta para seguir un protocolo de trabajo y evitar más cuestiones de inseguridad en los universitarios”. En otro tema, sobre el Consejo Universitario que se llevará a cabo hoy, el rector comentó que uno de los puntos es la calificación del proceso de elección de los consejeros.
También se va tomar protesta a los nuevos consejeros, reconoció que hay escuelas en donde se va reponer el proceso como es en el IIEPA y en Filosofía y Letras, pues lo que “ellos suscribieron en sus acuerdos eso respetará el Consejo Universitario, no vamos a extralimitar al consejo, hay que respetar la soberanía y los acuerdos para que haya armonía en todas las escuelas”.
Indicó que los universitarios deben tener la tranquilidad de que se respetará lo que la Comisión Electoral lleve como dictamen y se hará la toma de protesta de los nuevos consejeros. Adelantó que también serán presentados los nuevos funcionarios. Agregó que hasta este jueves ya se tenía definido el 50 por ciento, donde muchos de los funcionarios serán ratificados, aunque habrá enroques.
Aseguró el rector que nadie será desplazado y será un trato igual para todo el equipo de trabajo, “es lo que tengo en mente, no desplazar a nadie, son tiempos de la Universidad, no son tiempos de pensar en cosas que no convengan, todos pensando en la unidad y todos van estar representados”.

El periodismo en Guerrero está entre las bandas “delincuenciales” y las “institucionales”, dice

En una misa celebrada en la catedral en la capital para conmemorar la 51 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza, dijo que en Guerrero no es fácil ejercer el periodismo, ya que por una parte a “las bandas delincuenciales” no les gusta que se publique “la ropa sucia”, y por otra parte, “las bandas institucionales” impiden que se informe la verdad.
Rangel Mendoza encabezó la misa y en su mensaje recordó al periodista de Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo pasado en Ciudad Altamirano; y al periodista de Novedades Acapulco, Martín Méndez Pineda, que según consta en medios de comunicación solicitó asilo político en Estados Unidos tras recibir amenazas.
El obispo expresó que “cuando se asesina a un periodista o se le hace callar, nos están negando a nosotros el derecho a la información, porque si los periodistas no nos informan, ¿quién nos va a informar?”. Aseguró que las instituciones “son puras alabanzas” y dedican a declarar que “no pasa nada en Guerrero, todo está en orden. 15 descabezados en Chilapa, pero todo está en orden, allá los señores de la Tierra Caliente, Los Tequileros, haciendo de las suyas pero todo está en orden y ya no me quiero meter en eso porque me molesto”.
Señaló que “el detalle” es apoyar a los periodistas, “por una parte las bandas delincuenciales, por otra parte las bandas institucionales, se oye feo ¿no? Bueno, las instituciones, cómo a veces cuántos periódicos están pagados”.
Por otra parte, Rangel Mendoza también criticó a los reporteros que piden recursos a cambio de no publicar determinada información y a los que prefieren “no más por malvados, a mí en lo personal me han tirado un montón en ocasiones, pero no más por la nota periodística, porque los pobres también tienen que comer y si no sacan notas de esas interesantes ni quién les compre el periódico”.
Dijo que en los puestos de venta de periódicos “el estante está chorreando de sangre, son puros destripados, descabezados”. Sin embargo, insistió en que se debe apoyar a los reporteros, porque “las mismas instituciones son las que más persiguen a los periodistas”.
Por otra parte, Rangel Mendoza dijo que el mensaje del Papa Francisco por la 51 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales para los periodistas y medios de comunicación es que “no debemos perder la esperanza, tenemos acontecimiento no muy gratos, negativos, que a veces vamos caminando por caminos difíciles, pero no matemos la esperanza, la situación social, política y económica, de inseguridad en Guerrero, dice el Papa, no nos maten la esperanza”.
Continuó: “la segunda idea del santo padre, es la confianza, tenemos que confiar en Dios, que nunca nos va a dejar”.
Después de la misa, en conferencia de prensa en las oficinas parroquiales, Rangel Mendoza dijo que considera que los medios de comunicación “amarillistas” promueven el “morbo” en la sociedad y que los niños que ven los periódicos, replican las acciones negativas con juegos con pistolas o bien juegan al secuestro, por lo que es necesario que se encuentre un punto medio y que también se difundan “noticias positivas”.

Piden defraudados por la caja de ahorro del STTAISUAG la lista de montos y trabajadores afectados

 

Agremiados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), que fueron defraudados por la caja de ahorro el año pasado, demandaron a la Rectoría y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad, que entregue la lista de ahorradores que no recibieron sus recursos, el monto total de la deuda y la fecha en la que se hará el pago correspondiente.
En conferencia de prensa, Pedro Salazar Trinidad, de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales; Miguel Pérez Martínez, de la Preparatoria 10, y Benjamín Ávila Pérez, de Radio Universidad, dijeron que solicitaron la información al Comité Ejecutivo Estatal del STTAISUAG, pero no recibieron respuesta, por lo que a través de oficios hicieron la solicitud a la Rectoría y a la Unidad de Transparencia de la Universidad.
Salazar Trinidad precisó que la solicitud se envió de manera directa al rector Javier Saldaña Almazán, a quien también le pidieron la lista de ahorradores de la Caja de Ahorro de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, el monto que ahorró cada trabajador por centro de trabajo, quincena a quincena, la relación de órdenes de descuento por préstamos y el monto correspondiente.
Expresó que Saldaña Almazán no suele responder a este tipo de peticiones por escrito, por lo que también se hizo la petición ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, “esperamos que la Universidad no se niegue, nos dé esa información clara y precisa”.
Precisó que las solicitudes tienen fecha de 22 de mayo y fueron recibidas por las autoridades el 23 de mayo.
Dijo que el monto que se adeuda a los trabajadores, sólo de ahorro, son 20 millones de pesos, más otros 10 millones de pesos por intereses, lo que suma un total de 30 millones de pesos que fueron desviados por los ex responsables de la Caja de Ahorro, Guadalupe Gutiérrez Campos, Erik Manrrique Catalán y Felipe Alonso Alonso, quienes fueron presidente, tesorero y contador respectivamente.
Aseguró que fueron unos mil 500 los defraudados por la Caja de Ahorro y que no les consta que el STTAISUAG ya pagó a unos 250 trabajadores, porque el comité no informa a los agremiados al respecto de la situación. Añadió que aún se desconoce el resultado de la auditoría que se aplicó a la caja de ahorro.
Dijo que según los estatutos del STTAISUAG la Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro está obligada a dar un informe mensual y otro trimestral al comité, por lo que la secretaria general, Brenda Alicia Alcaraz González, debió notar las fallas en el pago a los trabajadores y actuar de manera inmediata para evitar el fraude.
Manifestó que hay muchos trabajadores que están preocupados por la situación, pero al estar en centros de trabajo ubicados en Huamuxtitlán, Zihuatanejo y otros puntos apartados de la capital, se les dificulta poder acudir para informarse, razón por la que hicieron la solicitud correspondiente.
Por último, exigió que se resuelva de manera inmediata la solicitud de información, que el STTAISUAG se haga responsable del pago de los trabajadores y que Alcaraz González sea destituida de su cargo, ya que permitió el fraude al no exigir los informes de la caja de ahorro a los ex responsables.

Niega el CEE del PRD información sobre su nómina pese a la intervención del Itaig

 

Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD y miembros de Coduc solicitaron desde mayo al dirigente Celestino Cesáreo Guzmán y al secretario de Finanzas, Mario Ruiz Valencia, información financiera del partido, principalmente de la nómina, pero no se las han entregado a pesar de la intervención del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig).
Fuentes de la dirigencia estatal del PRD y del ITAIG informaron que desde mayo las integrantes del CEE, Iveth Díaz Bahena y Concepción Luna Ortiz, han solicitado al presidente y al secretario de Finanzas de esa instancia información del gasto de las prerrogativas que recibe, principalmente lo relacionado con la nómina.
Incluso realizaron solicitudes de información pública a su partido, pero nunca les fue entregada, por lo que recurrieron al ITAIG.
La fuente comentó que a partir de que el ITAIG fue informado de la negativa del PRD a entregar la información pública, el órgano requirió a la dirigencia que entregara de manera urgente los datos requeridos por las integrantes del CEE.
Finalmente la dirigencia perredista tuvo que responder la solicitud de las perredistas, pero la respuesta fue limitada, ya que sólo informó de algunas categorías de trabajadores y los salarios, pero no detalla quiénes son los empelados.
Incluso en la nómina han estado cobrando desde enero los integrantes de la comisión de transparencia del PRD, que fue nombrada el 4 de julio pasado.
Por lo anterior volvieron a solicitar la información detallada y la fuente del ITAIG comentó que incluso el dirigente y el secretario de Finanzas del CEE no acudieron a una comparecencia a la que fueron convocados por el órgano de transparencia.
La comisión está conformada por el presidente del CEE, Celestino Cesáreo; el secretario de Finanzas, Mario Ruiz Valencia; la secretaria de Movimientos Sociales, Blanca Alicia Camacho; la secretaria de Derechos Humanos, Yenedith Barrientos Santiago, y Francisco Evelio.
El día que se conformó la comisión, las representantes de Coduc en el CEE denunciaron que fue integrada “a modo” de la dirigencia.
La semana pasada, Celestino Cesario y el dirigente de Coduc, Sebastián de la Rosa Peláez, han intercambiado señalamientos por las críticas del presidente del partido al gobernador priista Héctor Astudillo Flores, con las cuales no está de acuerdo el también diputado local.
Los señalamientos se recrudecieron después de que De la Rosa Peláez acompañó al gobernador durante la entrega de programas sociales a integrantes de su corriente, lo que provocó que Cesáreo Guzmán lo acusara de intercambiar con el gobernador sumisión  a cambio de dinero.
En respuesta el diputado y líder de Coduc lo señaló de enriquecerse con las prerrogativas del partido.

Integra el PRI su comité de transparencia para abrir la información al público

 

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI integró ya su Comité de Transparencia, que se encargará de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública del partido.
En un comunicado, el PRI informó que el martes por la tarde el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaig), Roberto Rodríguez Saldaña, asistió a la sede de esa formación política en esta capital para presenciar la toma de protesta a los miembros del comité.
Éste quedó integrado por el secretario de Finanzas del CDE, Erik Catalán Rendón; el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), César Julián Bernal; el asesor Roberto Pastor Reynoso; el encargado de la Secretaría de Organización, Celso Atrisco Nava; el encargado del Departamento Jurídico, Carlos Alonso Gutiérrez; y el secretario de Atención a Adultos Mayores, Héctor Arellano Pérez.
También lo integran el secretario de Estrategia Digital, Dael Flores Trani; el encargado de la Secretaría de Acción Electoral, Juan Agama Montaño; así como Edel Chona Morales, Elizabeth Pineda Pineda, Areli Pérez Nava y Eduardo Ruano Calvo.
Según el comunicado, Parcero López manifestó que la falta de transparencia y la corrupción en algunos estados motivaron la derrota del tricolor en las elecciones del pasado 5 de junio.
“La falta de transparencia, los síntomas de corrupción que se dan son graves, son serios, ya lo vimos donde perdimos elecciones, ahí la gente percibió corrupción, por eso votó en ese sentido, dada la corrupción abierta, ni siquiera embozada o enmascarada, pues hubo gobernantes que se corrompen abiertamente y les vale nada la ley”, dijo.
Por ello celebró la integración de este nuevo órgano de transparencia en el partido.
El mismo día en que se integró el comité, el Itaig capacitó a miembros de la dirigencia del partido y militantes, y se les informó de sus obligaciones en la materia.
Los encargados del curso fueron Denisse Cansino, coordinadora de Capacitación del Itaig, y el comisionado Roberto Rodríguez Saldaña.