La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emitió sus recomendaciones sobre el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, a partir del informe que envió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, las cuales se mantendrán “en reserva”.
El presidente del partido había informado que la CNHJ le solicitó un informe, sobre los hechos ocurridos en torno a la presidenta de Chilpancingo, después de que se conocieran fragmentos del video de la reunión de la edil con el presunto jefe del grupo criminal Los Ardillos, y que después de revisarlo y analizarlo, esta comisión realizaría “recomendaciones”.
La solicitud del informe no se dio en el contexto de algún procedimiento iniciado ante este órgano de justicia partidario contra Norma Otilia, por lo que los resultados o estas “recomendaciones” no se hicieron públicas, como por norma lo realiza la CNHJ.
El miércoles, Jacinto González informó que en 48 horas esta comisión iba a “resolver” sobre la información que Morena Guerrero envió, la cual consiste en una cronología de los hechos en los que ha estado involucrada la presidenta municipal morenista.
Este informe también fue solicitado a la dirigencia estatal de Morena por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que también analizarían los hechos “y con base en eso ellos, iban a emitir una posición”, dijo en su momento González Varona.
Este viernes, tras cumplirse las 48 horas dadas por la CNHJ, se le preguntó a Jacinto González si ya tenían respuesta del órgano partidario, a lo que únicamente respondió que sí pero que se mantendrían en reserva. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
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El informe del GIEI es para obtener justicia no para “joder” a la Sedena, dice Melitón
Redacción
Iguala
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega García, afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se realizó con la intención de “joder”al gobierno, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o a la estructura del Estado.
Ortega García aseguró que el objetivo es que las instituciones tengan verdad y justicia, al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Además recordó que los padres de los 43, organizaciones sociales y normalistas dieron su respaldo al informe del GIEI.
“No estamos en contra de la política del presidente de la República, sólo queremos que cumpla con su palabra cuando firmó el decreto presidencial con el que todas las dependencias federales están obligadas a entregar toda la información, incluida la Sedena”, indicó Melitón Ortega.
Este jueves a las 12:30 del mediodía y al cumplirse ocho años y 10 meses del caso Ayotzinapa, padres de familia, junto con estudiantes de la Normal Rural e integrantes del Bloque Democrático, así como representantes de Tlachinollan, colocaron una ofrenda floral en la Estela de Luz, erigida en memoria del normalista desollado del rostro, a quien le sacaron los ojos, Julio César Mondragón Fontes, ubicada en la Ciudad Industrial.
En este lugar, uno de los representantes de Tlachinollan criticó que haya una contradicción y manipulación en la información que dio el Ejército Mexicano sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, debido a que el GIEI establece que fue asesinado en la comunidad de Mexcaltepec, del municipio de Taxco, y que no fueron animales carroñeros los que se comieron su rostro, sino que fue gente “experta” la que le sacó los ojos y le quitó el rostro de la cara.
Es por ello que piden que el gobierno siga la línea de investigación que dejó el grupo de expertos y, de esta forma, se haga una investigación a fondo de lo que sucedió con Mondragón Fontes.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que gracias al informe del grupo de expertos hoy saben que hay un cambio y una alteración de todo el escenario del crimen, ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Hoy sabemos que se ha ocultado y se ha reservado la información de cómo sucedieron los hechos en contra de los estudiantes, por el régimen anterior, y que muchos de los que hoy están en la estructura de las dependencias encargada de investigar caso Ayotzinapa, no dejan que se avance desde la Sedena, la Fiscalía General de la República y desde la Comisión Presidencial y de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa”, enfatizó.
Mencionó que en el informe del GIEI se señala que el Ejército tuvo acceso total a todas las acciones, escenarios y movimientos que se realizaron la noche del 26 de septiembre, por todas las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y la participación de la delincuencia organizada, de manera conjunta.
Exigió al Estado mexicano y al gobierno de López Obrador profundizar este caso, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes.
Agregó que en el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, los engañaron al decirles que nunca había participado el Ejército mexicano en coordinar las acciones represivas en contra de la vida de los estudiantes, cuando en el informe de los expertos se exponen todos los movimientos y comunicaciones que los militares hicieron esa noche.
El vocero de los padres también habló de que el representante de la Policía Federal durante la administración de Peña Nieto, Enrique Galindo, mintió al decir que sus elementos nunca intervinieron, incluso, hasta participó en la búsqueda de los normalistas acompañando a los padres.
“Hoy podemos decir que caminamos bajo esa desconfianza de la estructura de gobierno, al querernos confundir, y nos quisieron hacer creer que la verdad histórica era una investigación histórica, porque fue un hecho de complejidad, desde donde participaron los altos niveles de gobierno desde la Presidencia de la República hasta el más bajo para construir esa estrategia y engañar a los padres”, subrayó.
Por ello, pidió a las autoridades actuales castigar y encarcelar a Enrique Peña Nieto por ser el ser el jefe de las fuerzas armadas en su momento.
Al término del mitin, se trasladaron hacia la Estela de Luz ubicada en la esquina de la avenida Juan N Álvarez y Periférico Norte, en memoria de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solis Gallardo, en la que también colocaron una corona de flores.
En este punto, los representantes de Tlachinollan y de la normal rural señalaron que mantendrán su lucha y la exigencia de que el gobierno de Lopez Obrador continúe con la investigación que hizo el grupo de expertos y que de esa manera se castigue a los responsables para que, de esta manera, los padres de los 43 tengan acceso a la justicia.
En tanto, el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, reiteró el respaldo total de los padres al sexto informe del GIEI y que el informe no se realizó con la intención de “joder” al gobierno o a la Sedena, sino para tener verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos.
Al cumplirse 106 meses del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Ortega García dijo que ya no quieren más simulación ni más engaños por parte de los gobiernos, que sólo quieren verdad y justicia para los caídos y desaparecidos.
Reiteró la petición al presidente de la República, para programar una reunión urgente con los padres de familia y definir qué hará con la información que se dio a conocer en el informe, que el gobierno federal haga una investigación amplia, responsable y profunda, con datos que proporcione la Sedena, Marina y Cisen, “porque la investigación del grupo de expertos pone en evidencia la mentira del Ejército y hace falta información, porque la que han proporcionado ya es conocida y es insuficiente”.
Para finalizar, convocó a todas las organizaciones a sumarse y agruparse para ser parte de la inconformidad de los padres, al no tener verdad y justicia en la próxima jornada global para conmemorar los 9 años del ataque y desaparición de los 43.
La licencia de Norma Otilia ayudaría, pero no garantiza la gobernabilidad, dice Morena
Jacob Morales Antonio
El presidente del Comité Eje-cutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, consideró que beneficiaría al partido que la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez solicite licencia mientras se investiga su reunión con un líder delincuencial, aunque dijo que eso no mejorará la gobernabilidad en la capital mientras continúe la disputa por el territorio entre grupos del crimen organizado.
Por teléfono, precisó que la dirigencia que encabeza no le ha solicitado formalmente a la alcaldesa que pida licencia, y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sólo emitirá una recomendación cuando concluya la evaluación del informe que le envió el CEE.
El dirigente partidista dijo que “no hay esa petición formal. Primero tiene que haber un dictamen” de la CNHJ” sobre el informe que se le envió y que a partir de su análisis harán un llamado para que la alcaldesa pida licencia temporal, mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado abiertas tras la difusión de un video y de fotografías en las que la alcaldesa aparece platicando con quien fue identificado como Celso Ortega, líder del grupo delictivo Los Ardillos.
No obstante, González Varona subrayó que “es una decisión personal de la alcaldesa, que debe de meditar bien si es conveniente que siga, que pida licencia, que ponga por delante los intereses generales del pueblo. Porque la sociedad la va a juzgar, los intereses del movimiento, qué tanto puede afectar su licencia y que tanto puede afectar su permanencia”.
El dirigente indicó que va a esperar que la comisión nacional emita su resolución y agregó que él no encontró ninguna ruta jurídica que la lleve a pedir licencia, porque no hay un pedimento de la fiscalía “es voluntario y es a reflexión propia”.
Recalcó que él no se lo ha solicitado, y que el jueves de la semana antepasada se reunió con ella y hablaron de la filtración de las fotografías y del video, pero que ella solicitó que la información de lo que allí se trató se mantuviera en reserva.
Gonzalez Varona afirmó que en ese encuentro le expresó que la reunión fue una irresponsabilidad y ella le insistió en que ya se había puesto a disposición de las autoridades.
El también diputado local expresó: “No creo que sea un factor que mejore la gobernabilidad que la compañera esté o no se quede. Es un tema de seguridad, es un tema de disputa de territorio entre poderes fácticos. No veo que ella separándose del cargo vaya inmediatamente a mejorar la gobernabilidad, quien venga tendrá que luchar contra todo eso”.
El dirigente señaló que en dado caso que la alcaldesa solicite licencia temporal, eso ayudará al partido a aumentar su credibilidad ante los ciudadanos, “pero hablando socialmente y de seguridad, no es la solución”.
Agregó: “En el tema de ingobernabilidad, es un tema que está fuera del control de las administraciones municipales”.
No es momento de echar culpas y sí de apoyar a la gobernadora, dice Yoloczin
La presiente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, declaró que el Congreso local apoyará al gobierno estatal para mantener la gobernabilidad y a los actores políticos de oposición que afirman que no la hay, les dijo que no es momento de echar culpas.
El sábado, luego de que asistió como invitada a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, reiteró que mientras no haya un resolutivo final sobre la expulsión del diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, éste seguirá siendo parte de la fracción.
Sobre cómo apoyará el Congreso del Estado a los pobladores que bloquearon la Autopista del Sol los días lunes y martes pasado, la diputada precisó que “vamos a contribuir al tema de la gobernabilidad, eso que quede bien claro. Nosotros no vamos a ser esa caja de resonancia que enrarezca los temas. Nosotros estamos para coadyuvar con los tres poderes”.
“Respeto las opiniones encontradas, que se tienen de diversos actores políticos, es respetable la opinión que tengan. Puedo decir que Guerrero nunca ha sido un estado sencillo de gobernar, tiene guerreras y guerreros broncos, es un estado donde nuestro partido inicia este gobierno, pero muchos años atrás ha sido gobernado por otros partidos políticos, Si las cosas se hubieran hecho bien no se tendría tanto caos y tana inestabilidad”, dijo.
Agregó que no se trata de echar culpas, “aquí yo creo e invito a todos los actores políticos, y ciudadanía en general, a contribuir en el tema de la gobernanza, porque si hablamos de señalamientos y nos vivimos señalando y poniendo el dedo en la yaga, de las acciones complejas que se presentan, no saldríamos de ese debate, porque en otros gobiernos han sucedido situaciones sumamente delicadas, catástrofes que han salido del ámbito nacional y no se trata de seguir señalando y golpeando, Guerrero necesita esa estabilidad social, esa paz”.
Sobre el caso de Sánchez Esquivel insistió: “No puedo adelantarme a decir que nosotros ya expulsamos al compañero, porque él tiene todo su derecho de acudir a las instancias, para hacer los trámites legales que crea”.
“Hasta en tanto no haya un resolutivo final, todavía no es una cosa juzgada, entonces no podemos adelantarnos a manifestar que el compañero está completamente expulsado”, dijo y abundó que “cuando se llegue a la conclusión de todo este proceso, a quien le tenga que llegar la parte de responsabilidad, tendrá que acatar esas resoluciones”.
Respecto al caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, la diputada dijo que el Congreso del Estado sabe cuáles son sus funciones y en el ámbito de sus competencias se abordará el tema, una vez que haya sido turnado, “nosotros no somos instancia investigadora de este proceso”.
“No vamos a entorpecer ningún tipo de proceso de investigación y no vamos a caer en la dinámica de la situación, de entrar al golpete mediático y político, que creo que no es para nada lo conveniente. Debemos ser respetuosos y que la fiscalía pueda llevar a cabo su proceso de manera correcta y confiamos en que así será. Si hay o no una responsabilidad, no depende del Congreso”, puntualizó. (Aurora Harrison).
Pide AMLO al gabinete de seguridad un informe del asesinato de líder del PVEM
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al gabinete de seguridad a presentar un informe sobre el asesinato del coordinador del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, encontrado asesinado este jueves en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, a López Obrador se le comentó el caso de González Ríos, así como el de un feminicidio en Querétaro, en los cuales no se ha permitido la revisión del expediente, a lo que el presidente respondió que se pediría un informe de ambos casos.
“Hay investigaciones y yo voy a pedir un informe para que ya sea el día de información sobre Cero Impunidad o cuando venga el gabinete se traten los dos temas, y desde hoy empiezan a revisarse qué avance se tienen”.
Se le comentó que días antes de su crimen, González Ríos señaló a Guadalupe García, presidenta municipal de Copala, como la responsable de lo que le pudiera suceder tanto a él como a su familia. El presidente afirmó que en ambos casos se está trabajando en las investigaciones.
“Esta persona era un líder del estado de Guerrero en Copala, y él sacó un video previo a su asesinato, a su desaparición, donde señala a la presidenta municipal de este municipio, del municipio de Copala, hay un video que incluso está en las redes sociales”, le indicaron a López Obrador.
El pasado 28 de junio se reportó el secuestro de González Ríos, por lo cual familiares y vecinos de Copala bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir su presentación con vida.
Incluso la dirigencia estatal del PVEM se manifestó a la exigencia de la búsqueda de González Ríos por su secuestro, exhortando al gobierno estatal que diera con el paradero.
El 30 de junio se reportó, mediante la Fiscalía General del Estado, que Jesús González Ríos fue encontrado muerto en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo en el municipio de Florencio Villarreal.
Durante el sepelio de Jesús González Ríos, tanto familiares y amigos exigieron justicia y castigo a los responsables tanto de su secuestro como de su posterior asesinato.
Pide el PRD a la FGE que informe sobre la violencia en Chilpancingo
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) informar si se investigan los hechos de violencia que ocurren en el estado.
En declaraciones telefónicas sobre los hechos violentos y de inseguridad en diferentes partes del estado y los recientemente ocurridos en Chilpancingo, el dirigente perredista dijo que “se preveía” que ocurriera algo como lo que pasó el sábado, cuando un grupo criminal dejó siete cuerpos desmembrados frente a la iglesia de San Mateo en Chilpancingo: “la escalada de violencia desgraciadamente va en aumento… las personas que aparecieron desmembradas, eran las personas que habían aparecido en algunos videos que se hicieron públicos”.
Dijo que es necesario conocer la postura de la FGE y que ésta informe.
Contó también que la violencia e inseguridad “ha ido en aumento en la Tierra Caliente, zona Norte, ahora en Chilpancingo, hoy también se dan algunas situaciones violentas en Juan R. Escudero, en Heliodoro Castillo”, por lo que el gobierno del estado y la Fiscalía deberían investigar e informar “qué es lo que está pasando, porque se está recrudeciendo la violencia de esta manera y si la estrategia de seguridad que están empleando les va a funcionar. No sabemos si son hechos aislados o tienen alguna conexión entre todas estas situaciones que se dan, pero lo que sí es que se ve la descomposición respecto al tema de seguridad”.
Catalán Bastida insistió en que el recrudecimiento de la violencia en el estado “es resultado de una fallida estrategia de seguridad. Ojalá que esto se controle y ya no suceda”.
Pidió que la FGE informe lo que se está haciendo, quiénes son los responsables y si hay o no detenidos por los hechos de violencia que ocurren y son ampliamente conocidos. También criticó que no haya un posicionamiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por todos estos hechos “que dejan en duda el actuar de las instancias de seguridad”.
Del caso de las amenazas al presidente municipal de Iguala, el priista David Gama, y el síndico Oscar Díaz, dijo que sí ha hablado con él, pero no a detalle sobre su situación y que solo le preguntó si estaba bien.
Informa el IEPC a partidos del plazo de acreditación para el proceso electoral del 2024
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), emitió un informe respecto al término que tienen los partidos políticos nacionales para acreditarse ante este órgano electoral para participar en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
El artículo 95 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que para que puedan participar en el proceso electoral se deben acreditar 60 días naturales antes del mes en que este inicie.
El proceso electoral iniciará la primera semana de septiembre del 2023, por lo que los partidos nacionales tienen como fecha límite para presentar su solicitud de acreditación el 2 de julio.
Otro proyecto de resolución aprobado fue el 012/SE/15-06-2023, respecto al Dictamen consolidado de la revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que presentaron su manifestación de intención para constituirse como partido político local, correspondiente al periodo de enero del 2022 a enero del 2023.
En esta sesión también se aprobaron modificaciones al reglamento interior, al manual de organización, y el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa interna.
También se aprobó un proyecto de acuerdo relacionado con la Convocatoria y Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de personal operativo a ocupar un cargo de la rama administrativa en la Dirección General de Informática y Sistemas de este instituto electoral, documentos en los cuales se establecen el procedimiento y las reglas del Concurso Público en la modalidad de oposición, ofertando 2 plazas de analista de soporte técnico y 1 de auxiliar especializado en desarrollo, plazas que se someterán a concurso y para las cuales solo podrán participar mujeres.
Plantea el informe de la consulta a pueblos indígenas y afros, reservar plurinominales
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En el informe del resultado de la consulta a comunidades indígenas y afromexicanos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) envió al Congreso local, se planteó también que los partidos reserven diputaciones plurinominales para estas poblaciones, y se generen los mecanismos para elegir diputaciones locales a través del sistema normativo propio de usos y costumbres.
En este proceso de consulta, para determinar las propuestas de reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, los representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas realizaron propuestas para otras modificaciones en materia electoral.
Esta consulta se realizó precisamente para que a partir de este informe el Congreso local realice reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
En el informe aprobado por el Consejo General se incluye la opinión de las comunidades consultadas respecto a que las candidaturas indígenas y afromexicanas no sólo deben ser en diputaciones de mayoría relativa, sino también se solicita que se haga obligatorio que en la lista de candidaturas de representación proporcional se reserven espacios exclusivos para ambas poblaciones.
También plantearon diseñar un mecanismo para que se puedan registrar candidaturas independiente indígenas, electas vía asamblea comunitaria, y que se flexibilicen los requisitos para que pueda materializarse este tipo de candidaturas.
Otra propuesta que se destaca en este informe es que las comunidades indígenas durante la consulta plantearon crear el marco normativo para que esta población pueda elegir diputaciones locales a través del sistema normativo propio de usos y costumbres.
En la legislación que apruebe el Congreso local, de acuerdo a lo propuesto en la consulta, se deberán establecer mecanismos de revisión o certificación de documentos que eviten que haya políticos que usurpen la identidad de personas indígenas o afromexicanas, y que estos casos sean sancionados.
En este informe se incluyeron opiniones de organizaciones relacionadas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, una planteó que se consideren municipios indígenas a Cuajinicuilapa, Copala, Juchitán, Marquelia y Florencio Villareal, y que en estos los partidos políticos postulen a personas afromexicanas en las planillas incluidos a la presidencia, sindicatura y en la lista de regidurías observando la paridad de género, juventudes y población LGBTTTIQ+.
Otra propuesta de organización es establecer una sanción para quien usurpe un cargo indígena auto ostentándose como indígena sin serlo, así como para el partido y el órgano electoral que lo postule.
Fija el IEPC condiciones para que candidatos indígenas y afro pertenezcan a esos pueblos
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral, que será remitido al Congreso local para realizar reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024
Entre las principales reformas se plantea que únicamente las asambleas comunitarias -y no alguna institución del Estado- pueden emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento; y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular candidatos de estas poblaciones.
La consulta es para realizar las reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, en la que participaron mil 135 autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias.
En la sesión del Consejo General que se realizó de manera virtual, el presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, dijo que se consultó a 2 mil 532 comunidades en las que tuvieron intérpretes y traductores para cumplir con el principio de “culturalmente adecuada”.
Destacó también la participación en la etapa consultiva del 45 por ciento de las autoridades comunitarias convocadas.
De las 2 mil 532 autoridades comunitarias que participaron en las reuniones informativas solo 138, que son 13.2 por ciento fueron mujeres, 910 que representan el 86.8 por ciento fueron hombres.
Mientras que, en la fase consultiva, fueron convocadas 2 mil 532 autoridades y asistieron mil 135 que representan el 45 por ciento, de los cuales el 16 por ciento (182) fueron mujeres y el 84 por ciento (153) fueron hombres.
En este informe se apunta que en la para la fase previa se realizaron 29 reuniones, el mismo número para la fase informativa y 52 de la consultiva
Mientras que la consejera Dulce Villalobos Tlatempa confió en que los resultados que obtuvieron en esta consulta tengan finalmente “una materialización en la normativa que integrará la representación” de los pueblos consultados.
Los resultados
En el caso del artículo 13 Bis que se refiere a la postulación de candidaturas a diputaciones locales, se menciona en el informe que se está parcialmente de acuerdo con la iniciativa de reforma, pues se propone que en los ocho distritos electorales locales (de los 28 de Guerrero) identificados como indígenas, los partidos políticos registren y postulen de manera obligada a ciudadanos que se autoadscriban como indígenas” o, en su caso, se postulen en al menos seis distritos de manera obligada.
Se propuso que en el distrito 15 afromexicano, de manera obligada los partidos políticos registren y postulen candidaturas de ciudadanas o ciudadanos que se autoadscriban como afromexicanas.
Que las candidaturas indígenas y afromexicanas cumplan con la paridad; están de acuerdo en que se sigan usando los datos estadísticos INEGI, y que, por lo tanto, se actualicen los distritos catalogados como indígenas y afromexicanos, en función de los resultados de dicho censo.
Otra de las opiniones principales incluidas en este informe es que “se opinó que en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígena”.
Del artículo 272 Bis relacionado con las candidaturas a los ayuntamientos, se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea requisito un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento como actualmente se propone, y que “en su mayoría de registren y postulen ciudadanas y ciudadanos que se auto adscriban como indígenas”.
Se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para los pueblos y comunidades indígenas.
En Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena, se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada pueblo.
Respecto al vinculo comunitario y autoadscripción calificada en la consulta se opinó que quienes deben expedir la constancia para acreditar a una candidata o candidato como indígena o afromexicano, sea expedida por las autoridades comunitarias: comisarías, delegaciones o colonias, así como autoridades tradicionales de la comunidad de donde se adscriba la o el candidato.
También que ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ni la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) o alguna otra institución, tienen la facultad para expedir constancias de auto adscripción o vínculo comunitario, por lo que estas constancias no pueden ser utilizadas para el registro de candidatos.
Las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad: haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y que preferentemente la candidata o candidato que se postule como indígena, hable la lengua de su comunidad, además del español; que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
En el caso de las mujeres, priorizar los cargos tradicionales u otros en los que participen en sus comunidades de origen, debido a que la mayoría no realiza servicios comunitarios o de ser el caso, “se cuenta al hombre como cabeza de familia”.
También debe solicitar acta de nacimiento, constancia expedida por autoridades comunitarias y avalada por la asamblea, para que se acredite la pertenencia de la candidata o candidato a la comunidad indígena o afro, asimismo, que la persona viva en una comunidad de ese origen.
No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.
Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179
También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.
La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH
Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.
Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género
También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.
Gracias al Ejército, Guardia Nacional y Marina, Guerrero ya no es de los más violentos: Evelyn
Daniel Velázquez
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que el trabajo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina mantienen a Guerrero en octavo lugar en cuanto al número de homicidios dolosos, de acuerdo a la lista nacional sobre delitos ocurridos en el primer bimestre del 2023.
De acuerdo con un informe del Inegi de 2014, Guerrero fue ese año el estado más violento del país al registrar una tasa de homicidios de 63 personas por cada cien mil habitantes (El Sur, julio 24 de 2014).
La gobernadora encabezó este jueves la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual se realizó de manera virtual, con la participación de las autoridades de seguridad pública, castrenses y civiles.
En la reunión se informó de la llegada de mil 750 agentes, de la Guardia Nacional y “fuerzas especiales” del Ejército que se suman a los trabajos de combate a la inseguridad para atender las zonas de atención prioritaria en el estado.
En un boletín de prensa del gobierno del estado se retoma la información presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, quien presentó las gráficas de los delitos del fuero común por entidad federativa del periodo enero-febrero 2023. Ahí el estado de Guerrero ocupa el octavo lugar en homicidio doloso, “resultado de la estrategia integral implementada en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno”, se lee en el documento
En la reunión, la gobernadora hizo un reconocimiento por “el apoyo de las instituciones de seguridad estatales y federales como la Guardia Nacional, Ejército mexicano, así como de la Marina, que ha permitido mantener a Guerrero en el octavo lugar a nivel nacional en delito de homicidio dolosos, alejado de los primeros seis lugares por entidades que concentran el mayor número de delitos en todo el país durante el primer bimestre del 2023”.
En su cuenta de Facebook, la gobernadora informó: “también evaluamos y dimos seguimiento a las acciones puestas en marcha dentro del Operativo Vacacional de Semana Santa en coordinación con los tres niveles de gobierno, destacando la llegada de elementos de la Guardia Nacional en refuerzo a la seguridad en los últimos días de la presente temporada vacacional”.
“Revisamos la agenda estratégica de seguridad y delineamos objetivos para la pacificación de Gue-rrero.”.
El destino preferido
A mediodía la gobernadora realizó una trasmisión en vivo desde su oficina en el palacio de Gobierno mediante la red social Facebook en la que informó que en la primera semana de este periodo vacacional de Semana Santa, el estado recibió a 344 mil vacacionistas: “Guerrero, el hogar del sol sigue siendo el destino preferido por muchas y muchos mexicanos y extranjeros”.
La derrama económica estimada es de 2 mil 646 millones de pesos, y la ocupación hotelera promedio es del 75.7 por ciento.
Agradeció a los cuerpos de seguridad que estuvieron pendientes de la llegada de los vacacionistas, a la Guardia Nacional que cuidó la Autopista del Sol, la Marina, Se-cretaría de Seguridad Pública, Tránsito Protección Civil, Ángeles Verdes y Capufe: “gracias a ellos tuvimos una muy buena temporada”.
Salgado Pineda informó que el Air Show estará de regreso en Acapulco este año. La última vez que los aviones hicieron un espectáculo aéreo en la ciudad fue en 2018. Dijo que “ya esta casi casi confirmado”, pues los acuerdos con los promotores de este espectáculo están al 98 por ciento.
Luego, el secretario de Turismo Santos Ramírez detalló que Acapulco, durante la primera semana del periodo recibió 270 mil turistas, a Ixtapa acudieron 64 mil y a Taxco 10 mil paseantes.
Agregó que en mayo habrá muchas convenciones y que los conciertos que ofrecer cantantes en Acapulco también son un indicador de la afluencia de visitantes porque algunos que se desarrollaron en la Semana Santa estuvieron llenos.
Llamó a los prestadores de servicios turísticos a dar lo mejor a los visitantes para asegurar el regreso de los vacacionistas.
Protocolo violeta
La gobernadora invitó a las mujeres a descargar en sus teléfonos celulares la aplicación Protocolo Violeta, una “es una herramienta que ponemos al alcance de niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses”.
La aplicación está disponible para iPhone y Android, donde usuarios hombres y mujeres registran sus datos. Cuenta con un botón de pánico, el cual servirá para rastrear la ubicación en tiempo real de la persona que lleva el teléfono.
En su intervención, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo André Gordillo Oliveros, informó que unas mil 500 personas han descargado la aplicación y adelantó que para una próxima actualización se integrará el servicio de transporte público.
Gordillo Oliveros informó que siguen sin ser localizadas 15 mujeres reportadas como desaparecidas. Indicó que de 238 reportes de mujeres desaparecidas han sido localizadas 223 mujeres, lo cual “son muy buenos números”. No especificó a qué periodo corresponden los 238 reportes, sólo que el corte es al 10 de abril.
De las mujeres pendientes de localizar tres son competencia del gobierno del estado, y 12 corresponden a la Fiscalía General del Estado.
Abundó que es una de las entidades que mejores resultados tiene en la localización de mujeres reportadas como desaparecidas.
En el Transporte Violeta Gordillo indicó que el servicio del Acabús y los 60 taxis preferentes “funcionan muy bien”. Informó que este fin de semana se aplicarán los exámenes de control de confianza a los transportistas, que incluyen examen toxicológico y sicológico
La gobernadora agradeció a la Fiscalía estatal, al Ejército, la Marina, la Secretaría de la Mujer, Seguridad Pública y transportistas por su apoyo para el desarrollo de acciones con el Protocolo Violeta.