Padres de familia de la primaria Niños Héroes, ubicada en la cabecera municipal de Coahuayutla, denunciaron que el supervisor de la zona escolar 99, Carlos Reyes Gervasio, de manera arbitraria pretende cambiar a una maestra de centro de trabajo, por lo que demandaron la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Este miércoles, vía telefónica, una de las madres de familia de la escuela, manifestó que los papás no están de acuerdo con la actitud del supervisor escolar, quien aseguró que se ha distinguido por cometer diversas irregularidades, entre éstas, favorecer a los profesores que simpatizan con él, pues les da adscripción en escuelas cercanas a la cabecera municipal y a los que no, a las más alejadas, pese a que llegan con un nombramiento distinto.
La ama de casa dijo que se enteraron que el supervisor pretende mover a una maestra de la escuela Niños Héroes a la primaria José María Morelos, “y no estamos de acuerdo, porque allá no tienen la misma cantidad de niños que tenemos en nuestra escuela, y si las autoridades no hacen algo, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de cerrar la escuela y la propia supervisión, porque no está bien eso que el supervisor quiere hacer”.
Agregó que el jefe escolar del sector 10, Artemino Castillo Galarza, “sabe todas las cosas que está haciendo mal este supervisor, pero son muy cercanos y por eso se hace de la vista gorda. Él vino a acompañarlo para darle el nombramiento a la maestra en la escuela y ahora, de buenas a primeras, sale con que siempre no, que porque desde un principio su nombramiento había sido para la primaria Morelos y no en nuestra escuela”.
Enseguida, hizo un llamado al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, “para que haga algo, que intervenga y cambien a este supervisor. Ya no lo queremos en Coahuayutla, que vengan y que lo investiguen, esta injusticia que quiere hacer con la maestra no es lo único, se le saben muchas cosas injustas que hace con los maestros acá en el municipio”.
Dijo que antes de hacer esta denuncia pública, los padres de familia de esta escuela se organizaron y acordaron que darán un tiempo prudente, de una semana, para tener noticias por parte de la SEG, “pero si vemos que no hacen nada y al final cambian a la maestra, vamos a cerrar la escuela y la supervisión, porque ya estuvo bueno que alguien como ese maestro crea que porque él tiene más estudios que uno le vamos a estar aguantando que nos cambie a la maestra, nomás porque él quiere”, apuntó.
El comité sindical, así como los responsables de los subcentros y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 122 de Las Cruces, piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que de manera definitiva se resuelva el conflicto.
Recordaron que hay una minuta firmada con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se asienta que Mateo Carmona Martínez Dorantes concluirá como director el semestre.
En una conferencia de prensa en el 100% Natural de Condesa, el secretario general de la delegación sindical, Macario Cruz Ventura, dijo que es urgente solucionar el problema, porque los más afectados son los estudiantes. Dijo que lo único que quieren es que se respete los acuerdos firmados, que marcan que una vez que concluya el ciclo escolar se emita la convocatoria para elegir nuevo director.
El dirigente sindical dijo que lo único que piden a la gobernadora Evelyn Salgado Pienda, al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Silvano Palacios Salgado, es que se atiendan de manera urgente “nuestros planteamientos, nuestra problemática, para que tenga una solución inmediata al problema que se está suscitando en la UPN y que es la imposición de un director, Jovanni Ramírez Paéz, quien es el jefe de departamento de Educación Universitaria de UPN, a fuerza quiere ser, cuando sabe que Mateo Carmona Martínez Dorantes es el director en funciones, porque durante todo este trayecto ha estado funcionando y respaldado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marco Antonio Marbán Galván, con quien se firmaron los acuerdos”.
Añadió que la base trabajadora está resplando a Martínez Dorantes, porque quieren la estabilidad y funcionamiento de la escuela, que como sindicato “venimos a defender este derecho, porque la UPN ha estado atrapada en este conflicto por un grupo minoritario de doce personas, que son maestros de la institución, pero que en ningún momento han estado al frente de la escuela, resolviendo los problemas y necesidades de la institución, y que hoy el gobierno estatal y la SEG les están haciendo caso, ignorando la fuerza de la mayoría del personal y alumnado”.
Cruz Ventura dijo que se reunieron el 14 de febrero con el secretario particular de la gobernadora, Pablo Gordillo Oliveros, quien dijo que se deben respetar los acuerdos que alcanzaron con el subsecretario Marco Antonio Marbán, donde se precisa que Mateo Carmona Martínez continuará como director hasta que concluya el ciclo escolar, por lo que iba a seguir funcionando igual, pero el jefe departamento, Jovanni Ramírez, no lo ha respetado y ahora ha dicho por oficio a Mateo Carmona que ya está destituido, cuando no tiene la facultad, y está pidiendo que le entregue el dinero y las instalaciones.
Señaló que la continuidad de Mateo Carmona tiene el objetivo de no afectar a los alumnos en sus trámites, títulos, certificados y todo lo que implica. Agregó que no se quiere perjudicar, porque los procesos de cambio generan tiempo y perjudican al alumnado, y por eso se dijo que éste continúa siendo director, “no hay otro documento superior al firmado por esta autoridad, el subsecretario Marbán es el jefe superior y autoridad responsable de la educación superior, como es la UPN”.
Añadió que la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo y por eso exigen la destitución de Jovanni Ramírez, porque está violentando un acuerdo de la SEG. Aseguró que ellos no están de acuerdo en que continúen, que urge la salida y destitución de éste, porque los está perjudicando como institución. Sobre la falta de clases, que originó que el lunes los alumnos protestaran, se aseguró que a pesar de que la escuela no está abierta en las licenciaturas y posgrados, las clases se están dando en línea y que quienes no lo hacen son los maestros que están en contra de que continúe Mateo Carmona.
Dijeron que si no hay una solución pronta, tendrán que llevar a cabo acciones para exigir una atención de las autoridades para resolver el caso, porque no van a permitir la imposición de un director y que no se respeten los acuerdos alcanzados.
Manta afuera del plantel del Colegio de Bachilleres, donde trabajadores afiliados al SUSPEG aseguran que los cambios impugnados por la otra organización forman parte de sus derechos, plasmados en el contrato colectivo y además no son plazas de nueva creación Foto: El Sur
Karina Contreras
Trabajadores administrativos del plantel 24 del Colegio de Bachilleres, en Plan de los Amates, de la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para solucionar el problema de la toma de oficinas por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) desde hace un año.
Los manifestantes indicaron que lleva un año tomada la oficina, por parte de los agremiados al Sutcobach, porque exigen que salgan dos trabajadores suspegistas que llegaron a la escuela por cambio de adscripción del plantel de San Marcos y precisaron que no son plazas nuevas, porque ellos ya tienen 20 años en bachilleres.
Precisaron que el cambio es parte de los derechos que tienen en el contrato colectivo de trabajo y afirmaron que el director general de ese subsistema, Jesús Villanueva Vega, tiene conocimiento del caso, pero no ha tenido la capacidad de resolver el problema y por eso piden la intervención de la gobernadora.
La representante sindical del SUSPEG en el plantel, Enriqueta Estrada Rodríguez, señaló que los miembros del Sutcobach piden la salida de dos trabajadores administrativos y por ello tomaron las oficinas administrativas, desde hace casi un año, y no se ha podido resolver, pero no saben porqué no se actúa. Señaló que esta situación los afecta porque no pueden trabajar “nosotros tenemos toda la disposición, pero no nos permiten trabajar”.
Los del Sutcobach piden, dijo la dirigente del SUSPEG, la salida de dos trabajadores argumentando que ya son muchos en la oficina, cuando no son de nuevo ingreso porque su compañero Rutilo Ignacio Trejo tiene una antigüedad de 20 años y Flor Nayeli Rogel Dorantes de 15 años, y ambos vienen con cambio de adscripción del plantel San Marcos, no son plazas de nueva creación ni contratos nuevos, porque “tiene su antigüedad y como lo marca el contrato colectivo tenemos derecho a permuta, cambios de adscripción, permisos sin goce de sueldo. Pero estos compañeros no lo permiten, no lo aceptan y están pidiendo la salida de ellos”.
Señaló que no hay condiciones para trabajar porque están tomadas las oficinas y precisó que no el plantel, pues los docentes están trabajando de manera normal, en cuanto a las clases, pero no las oficinas administrativas, porque los inconformes no los dejan ingresar, al mantenerlas cerradas con candados y que, aunque han hecho oficinas alternas para no perjudicar a los alumnos, no es lo mismo.
Explicó la dirigente Enriqueta Estrada que el SUSPEG sólo tiene afiliado a personal administrativo, que son siete, mientras que el Sutcobach tiene a maestros y once administrativos. Recordó que en enero acondicionaron el área de centro de cómputo para seguir trabajando, por el papeleo de los jóvenes, pero los manifestantes los sacaron y cerraron también con candados, sin importarles que ahí estuvieran los padres de familia y, por eso, piden la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, porque el funcionario responsable del subsistema no ha tenido la capacidad para resolver el conflicto.
Autoridades agrarias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Tepecoacuilco, en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de núcleos agrarios de Leonardo Bravo (Chichi-hualco), Eduardo Neri (Zumpan-go), Tepecoacuilco y Chilpancin-go, señalaron en conferencia de prensa a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) como la “generadora de conflictos sociales y de violencia” en algunos núcleos agrarios del estado.
Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se revise la actuación del delegado Roberto Olivares Pita, pues lo ubicaron como el responsable de obstaculizar la solución de conflictos.
Encabezaron la conferencia Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco; José Juan Pérez Sánchez, de Zumpango; Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancin-go, y Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, Tepecoacuilco.
Denunciaron que la dependencia federal está inscribiendo de manera ilegal en el padrón a comuneros o ejidatarios y en otros, no reconoce a las autoridades legalmente electas, lo que está generando una grave división que ha comenzado a provocar confrontaciones, y podría ser motivo de violencia entre los campesinos, advirtió De Jesús Alejandro.
Se advirtió que las autoridades agrarias han iniciado, por ahora, una etapa de denuncia pública de las irregularidades, pero que en seguida, sino se corrigen, seguirán con la protesta pública.
De Jesús Alejandro justificó que pretenden denunciar las irregularidades antes que los conflictos, “que se vienen generando de manera deliberada por el RAN”, escalen a otros niveles de confrontación y “puedan tener otro tipo de consecuencias que no queremos”.
Aseguró que todos los conflictos están documentados y que los van a canalizar por las vías institucionales al presidente López Obrador, para que tome cartas directas en el asunto.
Añadió que, igualmente, van a enviar el documento a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la que depende el RAN y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que a través de sus órganos internos de control hagan las investigaciones pertinentes.
De Jesús Alejandro informó que además de las pruebas de las irregularidades que tienen, hay otras que han presentado en los tribunales agrarios que harán valer.
Alfonso Duque Marino, secretario del Comisariado Ejidal de Chichihualco, denunció que el 15 de enero de 2021 fueron electos por 306 de 509 ejidatarios, y el 21 de enero acudieron al RAN para pedir que se inscribiera el acta de elección, pero que se las recogieron y nunca la certificaron.
Agregó que en la delegación, “de manera irregular” se la entregaron a cuatro inconformes del ejido mismos que impugnaron la elección.
Reprochó que con ello, en vez de entregarles el acta certificada se la entregaron a los inconformes, para que les sirviera de soporte para su impugnación en el juicio agrario que sigue sin resolverse.
“Con ello, en Chichihualco, el RAN está creando violencia. Está metiéndonos en conflictos cuando los ejidatarios de aquél lugar somos gente de paz”, sostuvo.
El representante agrario denunció, además, que el delegado extendió una constancia a una persona que no es ejidatario y que ni siquiera tiene tierras en el ejido.
Por ello, llamó al presidente y a la gobernadora para que “echen un vistazo” a esa dependencia y vean que “no está haciendo las cosas bien”.
Denunció que para conseguir una ficha necesitan llegar a las 5 de la mañana, porque a las 6 están repartiendo sólo una poquitas, “cuando antes se nos recibía a los ejidatarios sin cortapisas, sin embargo, ahora, si no tenemos billetes no entramos al RAN”, denunció, sin dar más detalles de la presunta corrupción.
Denunció, asimismo, que en 2021 fueron engañados por la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales. Dijo que fueron visitados en Chichihualco “por los representantes que dicen que están coordinando a los ejidos, pero no nos pareció la forma de proceder, porque nos hicieron muchas promesas que no cumplieron, como la devolución del pago que hicieron productores del Procampo”.
Explicó que el hermano del “mero encargado del RAN en Ciudad de México, les comprometió a que se iba a hacer cargo de la gestión, cosa que no fue cierta”.
“Consideramos que como no quisimos participar en esa coordinadora, ahora el delegado del RAN, Roberto Olivares Pita, nos cierra las puertas”.
José Juan Pérez Sánchez, del núcleo agrario de Zumpango, informó que en 2021, el RAN “se atrevió” a registrar a 107 comuneros cuando por órdenes federales, debido a la pandemia, se prohibía hacer reuniones, y a pesar de que los “legítimos comuneros” estuvieron en contra.
Informó que los comuneros se enteraron un año después, cuando solicitaron el padrón y en el nuevo ya se incluían los 107 cuestionados.
Dijo que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario, de Iguala, y que el juicio agrario sigue pendiente por resolverse.
Informó que hace un mes terminó el periodo del comisariado y se emitió una convocatoria, pero el TUA mandó una medida cautelar en la que dice que los 107 impugnados no pueden participar en la elección.
Añadió que a pesar de la medida cautelar del TUA, el domingo pasado se emitió la segunda convocatoria y se eligió a un comisariado, aun cuando hay un juicio sin resolver.
“Es evidente que el delegado esta coludido con quienes quieren llegar de manera irregular a la representación agraria”, concluyó.
Informó que tuvieron un dialogo con él, pero los atendió “despóticamente”, sin tomar en cuenta su recomendación.
Otro inconforme fue Víctor Miranda Cortez, del núcleo agrario de Dos Caminos, Chilpancingo.
Denunció que la situación en el RAN “se ha tornado complicada y desquiciante” para los campesinos, porque el director nacional, Plutarco García Jiménez, se ha impuesto y autoproclamado como coordinador de los núcleos agrarios en Guerrero, a través de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales, “enviando como operador político a su hermano Arturo García Jiménez”.
“Todos hemos simpatizado en Morena, pero hoy tenemos que hacer a un lado la política de soberbia, de prepotencia, de arrogancia. Hoy debe de aplicarse la política de justicia social”, pidió.
Denunció que en el RAN hay una servidora, Liz Yanetzi Álvarez López, quien atiende con arrogancia “cuando ahora, debería tener un trato humilde, sencillo, y un trato social al campesinado”.
Pidió una limpia en el RAN “que está en los últimos lugares de hacer todo tipo de trámites. Todo tiene que pasar por esta señora, cuando no tiene capacidad, calidad, ni perfil académico”.
Demandó el cambio de los servidores públicos “que en nada le ayudan a la gobernadora, ni al presidente de la República.
Pedro de Jesús Alejandro, de Xalitla, denunció que en su núcleo agrario, que es nahua, los ejidatarios sufren un problema de división por culpa del RAN.
Explicó que en 2019 permitió la inscripción de una supuesta acta de asamblea, que la protocolizó el notario de Iguala, Aurelio Ortiz Gutiérrez, y la aceptó el RAN.
Aseguró que la convocatoria, la asamblea y el acta nunca existieron “fue fantasma todo”.
Añadió que lo peor es que, igual que en Chichihualco, aceptaron la inscripción de 32 nuevos ejidatarios, y que, además, no saben bajo qué criterios ni quién le autorizó al notario repartir tierras de agostadero del núcleo ejidal con el aval del RAN.
“Eso, lógicamente, va a generar conflictos una vez que los ciudadanos quieran hacer valer este documento y se quieran agarrar las tierras de uso común, lo que va a generar confrontación que puede llegar a niveles de violencia insospechados”.
Denunció que a pesar de que han presentado la denuncia en el TUA, el RAN les sigue dando la asesoría legal a la otra parte, “que espuriamente quieren hacerse pasar por ejidatarios”.
Agregó que hace ocho días, en la nueva asamblea para el cambio de ejidatarios, a pesar de que el TUA de Iguala emitió en tiempo y forma una medida cautelar, para que el RAN no publicara o no les entregara el padrón, la dependencia incluyó a esos 31 nuevos ejidatarios, “hizo caso omiso, les entregó el acta y se hizo el pase de lista”.
Denunció que el RAN se empeña en reconocer a la otra parte, que es totalmente ilegal y que lo han hecho mediante un documento falso, “pero vemos que las irregularidades del RAN persisten por eso pedimos a Roberto Olivares Pita que pare esto, o si su intención es echar a pelar a los comuneros y ejidatarios de Guerrero. Entonces, vamos a pedir al presidente que tome cartas en el asunto”.
Padres de familia de la escuela Tierra y Libertad, turno vespertino, de la colonia Emiliano Zapata, soldaron las puertas de ingreso al plantel para evitar el ingreso del nuevo director y, con ello, afectaron las clases de los alumnos del turno matutino, de la primaria Plan de Ayala.
Por segundo día consecutivo, los inconformes mantuvieron cerrado el plantel y apoyaron a Miguel de la Rosa Nava como director, quien salió de la escuela por conflictos con algunos docentes. Los manifestantes exigen la intervención del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
Los manifestantes tienen colocadas varias pancartas donde se lee: “Doctor Marcial Rodríguez ¿qué pasa con sus directivos?”, “exigimos solución al conflicto laboral de la primaria Tierra y Libertad. Basta de tanto conflicto en la escuela de nuestros hijos” y “fuera directivos corruptos”.
El conflicto laboral entre el ex director y maestros, que ya involucró a los padres de familia, escaló más fuerte, al grado de que los inconformes soldaron las dos puertas de ingreso al plantel, el miércoles por la tarde-noche, y esa medida provocó a la falta de clases al turno de la mañana.
Reiteraron que no quieren al director que mandaron las autoridades, porque la misma Secretaría de Educación Guerrero (SEG) absolvió a Miguel de la Rosa de todas las acusaciones que le hicieron, por lo que se debe respetar lo que resolvió el área de contraloría y el jurídico.
Sin querer dar nombres, los inconformes se quejaron de que las autoridades nada más los han engañado, por lo que advirtieron que tendrán cerrada la escuela hasta que haya una solución al conflicto laboral que está afectando la escuela de sus hijos.
De acuerdo con padres de familia, en las próximas horas tendrán una reunión con autoridades, para poder destrabar el conflicto.
Liberan padres la primaria Ruffo Figueroa en Iguala; se enviará a una maestra provisional
Padres de familia de la primaria Ruffo Figueroa Figueroa levantaron su plantón y liberaron el plantel, luego del acuerdo con la directora María Eugenia Hernández Gómez y autoridades educativas, de designar a una profesora provisional al grupo de segundo grado.
Mientras tanto, familiares solicitarán a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que investigue las agresiones que denunciaron los niños.
El martes pasado, los padres de familia del grupo de segundo C tomaron la escuela para exigir la destitución de la directora y la reposición de un profesor, luego de la jubilación del maestro Olegario Víctor Pina Pérez.
Denunciaron que el maestro de cómputo, Emanuel Flores Bahena, quien fue comisionado a ese grupo para darle clases, ejerció violencia contra los alumnos, “que consiste en agresiones físicas y psicológicas”.
Luego de una mesa de trabajo, realizada el miércoles, entre los padres inconformes, la directora de la escuela y autoridades educativas, se acordó el nombramiento provisional de una maestra para el grupo de segundo grado.
En declaraciones a reporteros, la directora Hernández Gómez informó que por acuerdo de los padres inconformes, se determinó que una maestra provisional se quede al frente de la escuela, la cual ya fue presentada este jueves a los niños y empezó a dar clases.
Se le preguntó sobre la denuncia que hicieron los niños, de que el docente del área de cómputo cometió agresiones físicas y psicológicas, pero justificó que ese docente lleva 14 años en la escuela, y siempre le apoya cuando falta un maestro por jubilación, mientras se hace la reposición, “y jamás he tenido problemas”. (Alejandro Guerrero / Iguala)
Familiares y amigos de la joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UAG, Lesli Berenice Palacios Pérez bloquean la avenida Costera en la glorieta de La Diana Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Familiares, amigos y compañeros de Lesli Berenice Palacios Pérez, la alumna desaparecida de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), realizaron un bloqueo en La Diana e hicieron una marcha a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se agilice su búsqueda, porque llevan seis días sin saber de su paradero.
Alrededor de 100 manifestantes iniciaron su jornada de movilización en la glorieta de La Diana a las 8 de la mañana, donde primero dieron declaraciones a los medios de comunicación, para denunciar la incapacidad de la FGE, que dirige Sandra Luz Valdominos Salmerón, en la investigación de la desaparición de Palacios Pérez. Exigieron la intervención de la gobernadora, porque en el Ministerio Público nada más les dijeron que esperen y que tengan fe en que regresará.
Minutos antes de las 9 de la mañana, inició el bloqueo total a la avenida Costera, donde desplegaron grandes mantas con la foto de Lesli Berenice, para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizarla.
La movilización generó molestia en algunos automovilistas, mientras otros optaban por buscar vías alternas. Otros se tuvieron que bajar del transporte público. El flujo fue cortado frente al hotel María Eugenia, hasta pasado el mercado de artesanías, para pasar caminando el bloqueo.
En declaraciones, Amayrani Palacios Pérez, hermana de Lesli, pidió agilidad en las investigaciones porque ya han pasado muchos días sin saber de ella. Indicó que el último contacto que se tuvo fue el jueves a las 11 de la mañana, cuando se despidió de su mamá y salió de su domicilio en la calle Almendros, en la unidad habitacional El Coloso, para dirigirse a una cita de trabajo, pero que no saben dónde era.
La joven desaparecida tiene 20 años, estudia el segundo año de derecho y tiene un hijo de tres años.
Informó que el viernes 9 de diciembre se hizo la denuncia en el Ministerio Público, donde les dijeron que iban a resolver, pero todavía no hay nada, “nosotros esperamos algo de respuesta, pero todavía no sabemos nada de mi hermana Lesli”, pese a que hicieron todos los requerimientos para su búsqueda.
Señaló que además han acudido a los hospitales, a los penales y “lugares donde se puede encontrar fallecida (Semefo) y no hay nada”.
Con lágrimas, Amayrani Palacios dijo que la familia y ella se encuentran desesperadas, que es su hermana pequeña y sólo quieren que vuelva, porque tiene un bebé de tres años, “tiene que volver, es una buena chica, con buenas calificaciones. Es entregada a su hijo, le dedica tiempo y yo sólo quiero que vuelva porque la extrañamos demasiado. Todos estamos preocupados por ti, sólo queremos que vuelva. No estamos completos sin ella”.
Dijo que necesitan una respuesta pronto, por parte de las autoridades de la FGE, y que hagan su trabajo, que a muchos no les parece que bloqueen, que se manifiesten, pero “les aseguro que si no lo hacemos, quién nos escucha. No estaríamos aquí si la seguridad de Acapulco fuera otra, eso es evidente. Nosotros no queremos molestar, pero ya van para ocho días que no sabemos nada de mi hermana ¿qué se supone que tenemos que hacer, quedarnos sentados esperando de brazos cruzados?”.
Indicó que ellos, como familia, fueron a la escuela y nadie la vio llegar, que cuando preguntó por la calle donde vive, le dijeron que sí la vieron pasar, pero nadie recuerda exactamente cómo iba vestida, pero de ahí en adelante, nadie sabe nada y es toda la información.
Los manifestantes portaban una gran manta que decía: “Exigimos a la Fiscalía del Estado la aparición con vida de Lesli Berencie Palacios Pérez”. Gritaron consignas como: “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “mujer escucha, esta es tu lucha”, “porque viva se la llevaron, viva la queremos”, “el gobierno decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y “Lesli escucha, tu familia está en la lucha”.
Los manifestantes portaban cartulinas donde se leía: “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “tu familia y la FDA te estamos esperando”, “no estamos completas, nos faltas tú”, “exigimos a las autoridades competentes búsqueda y aparición de Leslie Berenice Palacios”, “Fiscalía del estado, no seas incompetente exigimos la busqueda inmeadta de Lesli Berenice”, “gobernadora, cada día somos más. No sé da cuenta” y “señora fiscal, si no puede garantizar seguridad a las mujeres, renuncie”.
Luego del bloqueo de dos horas a la avenida Costera, los manifestantes tomaron el carril con sentido al centro, para iniciar una marcha rumbo a la FGE, para exigir saber sobre las investigaciones. Durante el trayecto hicieron una parada en las escalinatas del Ayuntamiento, donde bloquearon por media hora y exigieron a la alcadesa Abelina López que dé seguridad en el puerto.
Los manifestantes siguieron rumbo a la Fiscalía. En el acceso de entrada de los carros de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se pusieron seis policías con equipo antimotines, pero los manifestantes siguieron su camino.
Al llegar al lugar, se pidió formar una comisión de seis personas para entrar y hablar con los funcionarios, la cual fue integrada por la familia y amigos de Lesli Berenice. La reunión tardó alrededor de 40 minutos, donde se acordó que este mismo miércoles se haría una búsqueda con perros entrenados en el área de El Coloso, junto con familiares.
De acuerdo con la información obtenida, hubo reclamos de los familiares porque no se ha activado la Alerta Amber, a pesar de que ya han pasado más de seis días de la desaparición de la universitaria.
La maestra Georgina Carreón Gómez, quien formó parte de la comisión que ingresó, dijo que hay irregularidades y cero avances en la investigación, pues no se ha emitido la Alerta Amber y tampoco se ha investigado a la ex pareja de la joven, no han revisado los celulares y no es que se le eche la culpa, pero eso se hace en las investigaciones.
Otro comentó que la carpeta de investigación es un “cagadero” y los funcionarios de la Fiscalía nada más se pasan el expediente, pero nadie dio una respuesta concreta de los avances que se tienen desde que se interpuso la denuncia.
Los manifestantes abandonaron las oficinas casi a la 1 de la tarde, pero con la advertencia de que si no ven resultados en las próximas horas, regresarán a las calles para exigir con más fuerza la presentación con vida de la joven de 20 años.
Habría tantos aspectos de lo sucedido en México a lo largo del último par de días que podríamos escribir páginas interminables al respecto. Pero como unos y otros van a decir más o menos lo mismo, me centraré en dos temas: uno, sobre el cual nadie hablará, otro evidente pero imposible de silenciar.
El primer párrafo del discurso en la Cámara de Andrés Manuel López Obrador contiene una gran mentira. Por enésima vez desde el 1 de julio, repite que le agradece a Enrique Peña Nieto no haber intervenido en las elecciones de este año. Es falso: Peña intervino de manera tan abierta –o más descarada– que Fox y Calderón, sólo que no en contra de AMLO. Utilizó toda la fuerza del Estado mexicano, y en particular a la PGR, el SAT, Notimex, y la propia Presidencia, contra el candidato del Frente.
El supuesto escándalo de Barreiro y la bodega de Querétaro golpearon severamente a la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cuánto? Imposible saber. Pero sí es un hecho que todo fue inventado por el gobierno de Peña, presentado ante la prensa con la ayuda del gobierno, en los momentos más delicados de la campaña (cuando no se podía responder con spots), y cuando ya era evidente que la aspiración del PRI de ocupar el segundo lugar era absurda. Los medios más afines al gobierno hicieron la tarea; los columnistas pagados, también. Surgió una acusación de corrupción basada en nada, en hechos inexistentes, todo ello urdido por Peña Nieto.
No conozco a un solo observador del proceso electoral que no admita en privado que así fue. El debate es sobre la habilidad –o falta de la misma– de Anaya para responder, y cuanto se modificó el resultado de la elección. Pero la mejor prueba de la inexistencia del caso de corrupción, y del carácter electoral del escándalo, reside en el absoluto silencio al respecto a partir del 1 de julio. Peña no presentó expediente alguno contra Anaya, ni contra Barreiro; la PGR no volvió a abrir la boca; los medios tan obsesionados por el tema antes del 1 de julio no hablaron nunca más del asunto. En un diario se informó que se extinguió la acusación contra Barreiro porque renunció a recuperar su bodega; algunos me han dicho que Peña ya se la devolvió. El ex presidente sí intervino en el proceso electoral, y AMLO miente.
El segundo comentario se refiere al contenido de ambos discursos del nuevo presidente. Detalles más detalles menos, reproduce casi con exactitud el espíritu y la letra de su libro, La salida, publicado a principios de 2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, su justificación, son idénticas a lo dicho el sábado en su toma de protesta.
Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿qué va a hacer? La mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia conceptual.
Significa en el fondo que nada de lo que vivió López Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, salvo la militarización de la policía a través de la Guardia Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con columnistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses como presidente-electo, de estudio, discusión, negociación y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes, o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el mundo en estos dos años, tampoco.
En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis XVIII la frase memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien oublié”. Nada aprendido, nada olvidado.
Padres de familia de la secundaria Juan N Álvarez marcharon, para pedir que el presidente Jesús Noé Abundiz García intervenga con las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y sean atendidas sus demandas.
Los padres de familia tomaron la escuela desde hace ocho días, para exigir la reconstrucción del plantel, ya que está deteriorado y dañado por el sismo del año pasado.
También pidieron el cambio de directivos, docentes y auditoría a la administración, por las cooperaciones excesivas y sin rendición de cuentas.
Desde el pasado lunes mantienen bloqueada la carretera Tlapa-Chilapa, para que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, visite la escuela y se dé cuenta de las necesidades.
Mencionaron que no es capricho, sino que necesitan que las autoridades vengan a Tlapa, para que verifiquen las instalaciones y vean que realmente están deterioradas, porque tiene más de 30 años que se construyeron. Esta escuela fue la primera secundaria en la ciudad, y una de las que tiene más demanda.
La marcha salió a las 9 de la mañana de las instalaciones de la escuela y recorrió la avenida Colegio Militar, Morelos hasta llegar al palacio municipal, donde exigieron que los atendiera el edil Abundiz García; sin embargo, éste no se encontraba y fueron atendidos por el secretario general, Javier Jiménez Vázquez, quien justificó al presidente y que desconocían del problema, por lo que hubo molestia de la gente porque llevan ocho días con su protesta.
Le pidieron que como autoridades generen las condiciones para que los funcionarios estatales se animen a venir, porque sienten que tienen miedo.
Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD y miembros de Coduc solicitaron desde mayo al dirigente Celestino Cesáreo Guzmán y al secretario de Finanzas, Mario Ruiz Valencia, información financiera del partido, principalmente de la nómina, pero no se las han entregado a pesar de la intervención del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig).
Fuentes de la dirigencia estatal del PRD y del ITAIG informaron que desde mayo las integrantes del CEE, Iveth Díaz Bahena y Concepción Luna Ortiz, han solicitado al presidente y al secretario de Finanzas de esa instancia información del gasto de las prerrogativas que recibe, principalmente lo relacionado con la nómina.
Incluso realizaron solicitudes de información pública a su partido, pero nunca les fue entregada, por lo que recurrieron al ITAIG.
La fuente comentó que a partir de que el ITAIG fue informado de la negativa del PRD a entregar la información pública, el órgano requirió a la dirigencia que entregara de manera urgente los datos requeridos por las integrantes del CEE.
Finalmente la dirigencia perredista tuvo que responder la solicitud de las perredistas, pero la respuesta fue limitada, ya que sólo informó de algunas categorías de trabajadores y los salarios, pero no detalla quiénes son los empelados.
Incluso en la nómina han estado cobrando desde enero los integrantes de la comisión de transparencia del PRD, que fue nombrada el 4 de julio pasado.
Por lo anterior volvieron a solicitar la información detallada y la fuente del ITAIG comentó que incluso el dirigente y el secretario de Finanzas del CEE no acudieron a una comparecencia a la que fueron convocados por el órgano de transparencia.
La comisión está conformada por el presidente del CEE, Celestino Cesáreo; el secretario de Finanzas, Mario Ruiz Valencia; la secretaria de Movimientos Sociales, Blanca Alicia Camacho; la secretaria de Derechos Humanos, Yenedith Barrientos Santiago, y Francisco Evelio.
El día que se conformó la comisión, las representantes de Coduc en el CEE denunciaron que fue integrada “a modo” de la dirigencia.
La semana pasada, Celestino Cesario y el dirigente de Coduc, Sebastián de la Rosa Peláez, han intercambiado señalamientos por las críticas del presidente del partido al gobernador priista Héctor Astudillo Flores, con las cuales no está de acuerdo el también diputado local.
Los señalamientos se recrudecieron después de que De la Rosa Peláez acompañó al gobernador durante la entrega de programas sociales a integrantes de su corriente, lo que provocó que Cesáreo Guzmán lo acusara de intercambiar con el gobernador sumisión a cambio de dinero.
En respuesta el diputado y líder de Coduc lo señaló de enriquecerse con las prerrogativas del partido.
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en el conflicto de Apango no sólo debe intervenir la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso local.
Durante su visita a esta comunidad del municipio de Leonardo Bra-vo, acotó que la Secretaría General de Gobierno no ha sido rebasada, y que sólo “es un caso muy especial”, ya que es un conflicto “que frecuentemente se da en ese pueblo”.
Dijo que por eso en Apango “no solamente tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y la Fiscalía con su autonomía… también tiene que participar del Congreso del estado”, dijo en alusión a que allí está detenido el proceso de revocación del mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz, pese a que ya existe el dictamen de la Comisión Instructora.
Un reportero le preguntó si la detención del ex alcalde Crisóforo Nava es muestra de que no se permitiría el desorden, y respondió que la detención fue determinada únicamente por la Fiscalía con el objetivo de parar la confrontación.
A pregunta expresa sobre si existe una estrategia de su gobierno para la solución del conflicto y evitar nuevos hechos violentos, respondió que las estrategias no se revelan.
Consultado sobre las declaraciones emitidas por los integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra, quienes informaron que ya no continuarán la campaña de recolección de firmas en su región para solicitar la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, hasta que esta iniciativa cuente, en los hechos, con el respaldo del gobernador. Astudillo, respondió que el respaldo lo tienen, pero hasta que avance el tema de la mariguana.
“Yo espero poder hacerlo materialmente más adelante, el asunto es que, como yo lo he dicho, primero es el 1 y después el 2, el uno es la mariguana que está en el Congreso (de la Unión), que ahí se detuvo, o sea, no podemos meter lo de la amapola si todavía no ha salido lo de la mariguana, y yo creo que primero tiene que salir lo de la mariguana en los términos medicinales, yo subrayo, con términos medicinales, y después hay que buscar lo otro en programa piloto”, especificó.
Se le preguntó si el tema de la siembra de la amapola con fines medicinales se abordó con los comisarios, y respondió que ha sido un tema de reuniones, pero sin que exista una formalización.
Insistió en que será solidario con los comisarios de la sierra, y que no “ve mal” a la organización que el pasado 28 de abril bloqueó la Autopista del Sol por más de ocho horas, por lo cual fueron detenidas 71 personas.
–¿Esta es una muestra del respaldo (la visita a Filo de Caballo?
–Es una muestra, no de ese tema, es un respaldo de todo, ¿no?, mal haría yo en decir que vengo solamente a respaldar el tema de la amapola o de la mariguana, no, yo creo que es un tema que está en este momento detenido, pero que yo tengo confianza de que se va a mover, mi visita radica fundamentalmente en el tema del hospital, temas de obra pública, carreteras, caminos, apoyos al campo, y por supuesto también algunas obras públicas y educación, también un tema de educación, o sea, vamos a hacer una secundaria nueva y vamos a mejorar las escuelas —dijo.
Sobre los hechos de violencia en Acapulco, dijo que todavía están llegando los policías federales para reforzar el estado.
Por otra parte, dijo que espera que el reinicio de clases se dé “bien y que Guerrero retome su camino en este caso de la educación con armonía y entendimiento”.
