Tres hombres golpearon con puños y un tubo de fierro a choferes del transporte público, de acuerdo con dos videos difundidos en grupos de WhatsApp.
La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que ya investiga la agresión a transportistas en Acapulco.
En la mañana fue difundido un video de 45 segundos de duración en el que se ve que un hombre golpea en tres ocasiones en los glúteos con una tabla a un conductor, quien está recargado en una camioneta Urvan de la ruta Centro-Jardín Azteca.
Mientras que otro hombre abofetea a otro chofer, lo sienta en un silla de plástico en una banqueta, y el chofer que recibe la agresión casi cae al suelo.
El chofer expresa “yo me he reportado”, y el agresor le contesta “¡Ya cállate cabrón, aquí nos reportas cuando sales y cuando regresas!”.
El agresor le continúa diciendo “¡Te pasas de pendejo!, ya se los dijimos, ¿acaso son animales?”.
En la tarde otro video que fue difundido en grupos de WhatsApp, y este tiene duración de 3 minutos y 19 segundos.
Dos hombres golpean con los puños en la cara, testículos y con tubo en la espalda a un chofer de camioneta Urvan, se desconoce ruta, pero al parecer de la zona poniente.
El chofer recibió los golpes en su mayoría en la cara, sentado en un silla blanca de plástico adentro de una casa.
“Aquí se van a tener que reportar, aquí los reportes, escucha mierda y baje las manos, porque le quiebro las manos y ya no va trabajar”, le dice un agresor.
Añade: “se pone verga con los reportes, hijo de tu puta madre; aquí los huevos no son al gusto”.
El chofer respondió que no tiene celular bueno y no lo dejaron hablar y le pegaron más bofetadas, puñetazos en la cara y golpes con un tubo en la espalda y pecho.
Un agresor le pregunta al chofer cuánto tiempo lleva trabajando y le responde: “dos semanas”, y lo siguieron golpeando a patadas.
El agresor le grita: “aquí hay una sola línea, va para todos, bola de vergas, oíste mierda, sigan las indicaciones de los checadores”.
Sigue diciendo: “esto va para toda la bola de vergas que no se pongan a la línea; quiero zapatos y uniforme completo, oíste”.
Al final un agresor le da una patada en la cara al chofer y éste por los golpes se le inflamó el rostro.
Al parecer, se trata de los mismos delincuentes los que salen en dos videos, pero no se precisó el día de la agresión.
El comunicado de la FGE, añade que se analiza el contenido de las grabaciones circuladas en distintos medios de comunicación y la fecha en que se habrían producido los hechos.
En enero durante 11 días choferes del transporte público suspendieron el servicio por la inseguridad, y a finales de febrero una semana.
La alcaldesa Abelina López Rodríguez informó que su gobierno seguirá coadyuvando en las labores para sofocar al 100 por ciento los dos incendios forestales del parque nacional El Veladero.
En el incendio ubicado en Los Dragos se lleva un 85 por ciento de avance y ha consumido 45 hectáreas y el de Carabalí lleva un 90 por ciento y se han afectado 8 hectáreas.
Ayer por la tarde en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, López Rodríguez acompañada del coordinador de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdez Ramírez; el encargado de Bomberos, Raúl Noyola, y el de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, dijo que las autoridades deben investigar y sancionar por la afectación al ambiente.
López Rodríguez llamó a la población a ser responsables y no tirar ni una colilla de cigarro que provoque un incendio, y luego de las primeras lluvias participar en las brigadas para reforestar las zonas del parque nacional El Veladero.
En la conferencia se informó que la Secretaría de Marina por medio de la Décimo Segunda Región Naval, dispuso un helicóptero que continúa sobrevolando las zonas, realizando 101 descargas, con un total de 252 mil 500 litros de agua vaciados sobre el siniestro.
El coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdez informó que el incendio reportado en las colonias Los Dragos y Miramar, desde el jueves 29 de febrero, ha dejado 45 hectáreas afectadas y se ha sofocado en un 85 por ciento, y que han participado 350 brigadistas de los distintos órdenes de gobierno e instituciones, 80 de ellos de diferentes áreas operativas del Ayuntamiento.
Por su parte, el encargado de despacho de la dirección de Bomberos, Raúl Noyola, informó que en el incendio de la zona de Carabalí se lleva un avance del 90 por ciento y participan 80 personas de los tres órdenes de gobierno, de los cuales 30 son del municipio y en esa área se reportan 8 hectáreas afectadas.
De si ya se tiene una estrategia como lo plantean especialistas para prevenir incendios forestales, la alcaldesa respondió: “sabemos que con el calentamiento global estamos más expuestos a los incendios, y se dice que este año será un año de muchos incendios, en caso de Acapulco con mayor razón, a partir del huracán (Otis) y se ha conformado un equipo de puesto de mando entre los tres órdenes de gobierno para dar atención y este es uno de los temas prioritarios”.
Abundó que hasta la fecha no se sabe quién provocó el incendio, lo cierto es que el problema llama la atención y son de las cosas que se tienen que ir viendo en la mesa para que haya investigación, porque la afectación es grande, indicó que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado debe investigar esos hechos.
López Rodríguez afirmó que en lo que le corresponde a su gobierno van a continuar: “aquí vamos a estar, hasta tener al 100 por ciento controlado todo, apagado el fuego y no se va a descansar hasta que esto se logre”. Precisó que los incendios en la zona de Los Dragos y Carabalí dejará a los gobiernos una gran tarea de reforestación.
Abundó que los incendios no nada más causan daño a la flora y la fauna silvestre, sino también a los seres humanos por el exceso de contaminación. Agregó que en el caso de su gobierno va a fortalecer el área de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, pues recordó que cuando recibió la administración “estaba sin nada”.
“Si el huracán categoría 5 no nos hizo entender, yo no sé qué nos va a hacer entender… se entiende que hay un calentamiento fuera de lo normal y si nosotros como ciudadanos no estamos conscientes que tirar un cigarro y quemar basura” es muy peligroso, dijo.
Por otra parte, reveló que llegaron cuatro nuevos camiones recolectores de basura y que en próximas semanas llegarán otros seis, para que en total sean 10 nuevos camiones,
Hace falta un plan de manejo sustentable en El Veladero, reconoce el director de Ecología
Por su parte el director de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, dijo que el Ayuntamiento nada más es “vigilante” del parque El Veladero para que no se invada, para que no se pierda la biodiversidad, que el agua no se contamine, pero ese “parque está bajo la gestión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
“Aquí en el parque El Veladero nosotros estamos pugnando porque a pesar de que tiene cuarenta y tantos años de crearse todavía no hay un plan de manejo sustentable, está ahí declarada la zona con sus distintos polígonos, pero está declarada, pero qué vamos a hacer ahí, cómo vamos a cuidarla. Sólo está el Ejército, la Marina, la Policía del Estado Ambiental, pero no tienen una política específica de conservación, de restauración, de prevenir este tipo de conatos de incendios”, detalló.
Sobre el planteamiento del doctor en ciencias forestales Octavio Klimek Alcaraz para invertir en brigadistas de tiempo completo, respondió que el Ayuntamiento lo único que hace es invitar a los núcleos agrarios para que participen en las convocatorias de la Comisión Nacional Forestal para que se integren como brigadistas.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que opositores a su gobierno intervienen en derechos humanos y es una razón por la cual no se ha resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente afirmó que se viven “tiempos de zopilotes” y que existe “mucho oportunismo” respecto a la investigación.
“Son tiempos de zopilotes, de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos, están muy metidos en todos los temas, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desenmarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo”, señaló.
López Obrador mencionó que el caso fue utilizado para fines políticos, y de nuevo se lanzó contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a su entonces director, Mario Patrón.
“Lo usaron con fines políticos o politiqueros, este señor Álvarez Icaza, seudo defensor de derechos humanos, un farsante, los del Prodh. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, el presidente del Prodh en ese entonces (Mario Patrón) estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña”, insistió el presidente sin tomar en cuenta que el Centro Pro ya aclaró su participación en esas pláticas, y que la Compañía de Jesús de nuevo salió en su defensa.
En el mismo tenor, el presidente volvió a decir que esa organización apoyó para la liberación de responsables de la desaparición de los normalistas y afirmó que tiene pruebas que los involucrados participaron en la desaparición, afirmando que celebraron la resolución judicial.
“Ellos avalaron que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes que supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos. Y tenemos pruebas de que de esos liberados, esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo de nuevo López Obrador.
Agregó que su gobierno se encuentra trabajando para la búsqueda de las personas desaparecidas, y realizan labores en todo el país y volvió a criticar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“El caso de los desaparecidos, ¿no? de esta compañera Karla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad” amplió.
El pasado miércoles, el presidente López Obrador afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa había sido manipulada y reiteró que el objetivo principal del gobierno federal es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
“Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. Desde que empezó la investigación la torcieron a propósito. Son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron los hechos, me encuentro” indicó en dicha conferencia.
El secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, lamentó los hechos de violencia que se han suscitado en el área de playa y dijo confiar que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Mesa de Seguridad se “ayude a reducir estos índices”.
Del ataque que ocurrió el sábado en playa Papagayo, donde un hombre fue asesinado a balazos, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) acciones contundentes para la investigación de esos delitos, porque “sólo así se podrá combatir a los generadores de la violencia”.
Este martes en declaraciones, dijo que desafortunadamente los hechos violentos ocurridos en la franja turística afectan la imagen del puerto ante los visitantes, por ello el gobierno municipal mantiene un despliegue con policías turísticos y municipales, “ahora, con la Guardia Nacional en tareas mixtas”, pero que se requiere de la investigación de los delitos.
Recordó que hace unos días el mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco se incorporó a la Mesa de Seguridad y que se informó que hay un despliegue importante en toda la ciudad: “esperamos que la incorporación ayude a reducir estos índices”.
“Hemos tenido una buena coordinación con la Guardia Nacional. Ellos nos ayudaron ahora que estuvieron tomados los pozos de CAPAMA, ellos nos ayudaron a resguardar y hemos hecho una buena sinergia, y creemos que habrá una buena estrategia”, dijo.
Abundó que con los 10 mil agentes que están en la ciudad se están haciendo operativos en las playas, se está “haciendo un gran esfuerzo en la zona de la Costera, recorridos para reducir la incidencia, pero esto no será suficiente. Nosotros hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que nos compartan las líneas de investigación y que refuercen las investigaciones, que es una tarea exclusiva del estado”.
De los señalamientos hechos por empresarios, de que los hechos de violencia en la playa afectan en la llegada de turistas y que se requiere labor de inteligencia, Ayala Villaseñor declaró: “La pausa por el huracán ya terminó, los patrullajes solos no resuelven, se tienen que atender a los generadores de la violencia”.
Explicó que compete a la FGE las pesquisas, porque si bien los operativos que se hacen en las playas alejan a criminales, cuando la policía no está en ese lugar atacan y si busca a los responsables se podría inhibir, “se requieren acciones contundentes para combatir a los generadores de violencia”.
“Me parece una fuerza grande, los 10 mil elementos de la Guardia Nacional es una estructura que debe aprovecharse con el nuevo mando especial”, dijo y afirmó que el municipio coadyuvará en las tareas para la construcción de los cuarteles y para elló ya donó tres terrenos.
A 22 meses del arduo trabajo de la exposición fotográfica Los rostros de la impunidad en Acapulco por parte del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, los integrantes de la asociación exigieron su derecho a una investigación verdadera para dar con el paradero de sus familiares y saber ¿qué fue lo que ocurrió?.
El sábado durante su exposición que se llevó a cabo en el kiosco del Centro de la ciudad, la representante del colectivo, Socorro Gil Guzmán, reprochó al gobierno federal la falta de empatía con las madres y la falta de compromiso para hacer su trabajo con el argumento de que no tienen recursos.
“Las autoridades empatía no tienen y su trabajo no lo quieren hacer y prácticamente tenemos que andar rogando para que nos den”, señaló la madre de Jonathan Romero Gil, quien fue detenido y desaparecido por policías municipales.
Abundó que este año electoral “nos está afectando porque la Comisión Nacional de Búsqueda se está desmantelando en lugar de reforzarla, la comisionada que llegó a desmantelar despidió a todos los trabajadores y los recursos los están usando para la campaña y que ahorita no nos van a dar recursos para búsquedas, porque no hay dinero”, señaló.
Gil Guzmán explicó que no hay fecha de búsqueda y tampoco hay respuesta a las solicitudes.
Recordó que en las primeras exposiciones las personas no eran empáticas porque cuando ponían las fichas de búsqueda “nos las rompían y ahorita vemos que las respetan y duran más tiempo pegadas y tenemos la esperanza de que alguien nos diga dónde están nuestros seres queridos”.
Dijo que con estás acciones y tras establecer el Muro de la Memoria, hay más empatía hacia las madres buscadoras y el material que utilizan para difundir los rostros de sus seres queridos.
Sin embargo lamentó que Acapulco “sea una gran fosa. Después de la última búsqueda que hicimos nos han llamado para darnos varias ubicaciones y tenemos muchas búsquedas más, una de campo y una más que se hará en vida, que es la nacional”.
En su comunicado explicaron que 2022 y 2023 fueron años difíciles y que les ha tocado que aprender en la práctica. Y hoy con 22 meses cumplidos en el Zócalo de Acapulco con trabajo de visibilización, de memoria, resistencia y denuncia gritando el nombre de sus seres amados.
“El Estado mexicano no ha cumplido con su cometido y estamos todas y todos, en todos lados en la total indefinición y este año continuaremos aquí forzadamente como la desaparición de nuestras hijas e hijos, de nuestras madres y padres”, decían en el comunicado.
Agregan que los familiares de personas desaparecidas “seguimos aquí conscientes de que sólo exigiendo nuestro derecho a la verdad, lograremos tener una investigación verdadera para conocer el paradero de nuestros familiares y saber qué fue lo que ocurrió, quién se los llevó y por qué se los llevaron”.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda platica con choferes de taxis azules en la Costera, cerca de la Base Naval Foto: Gobierno del estado
Jacob Morales Antonio
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorrió a pie un tramo de la avenida Costera y la avenida Cuauhtémoc para supervisar la reactivación del transporte público paralizado desde el jueves pasado, luego de los ataques y amenazas por parte de grupos criminales, y se informó que hoy estaría operando al 100 por ciento.
Por separado, el director de Gobernación del estado, Francisco Ramírez Cisneros, indicó que la parálisis del transporte en Acapulco es “atípica” y se investiga si hay otro trasfondo, porque se ha atendido la exigencia de seguridad que piden los choferes del transporte público.
Sobre si esta parálisis podría obedecer también para que se de la autorización del aumento al pasaje respondió que “se está haciendo una revisión de esta conducta atípica, no es una conducta normal o tradicional de los transportistas, y por eso el secretario General de Gobierno ayer marcó una postura oficial de que se va a revisar esta conducta, porque si es la seguridad en toda la ciudad hay un despliegue muy importante”.
El recorrido de la gobernadora, sin invitación a los medios, se llevó a cabo antes de la ceremonia de toma de protesta del nuevo comandante de la Décima Segunda Región Naval en Acapulco, junto al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso; el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, así como del director de Transporte, Arturo Salinas Sandoval.
En una transmisión que hizo la gobernadora en su cuenta en la red social de Facebook, desde una camioneta después de estar en la parada de Las Anclas en la avenida Cuauhtémoc, Salgado Pineda dijo que se está trabajando en conjunto para el restablecimiento al 100 por ciento del transporte público de la ciudad.
La gobernadora agradeció a los líderes del transporte “que nos están apoyando, ahorita había ahí muchos líderes transportistas que están brindando todo el apoyo a la ciudadanía”, al igual que a los agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía del Estado.
Salgado Pineda también llamó a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial en las página y redes sociales del gobierno del estado, y “no hacer caso a otro tipo de información, se suscita a veces esta infodemia, hay a veces falsas noticias, e inclusos los transportistas nos pedían que la ciudadanía no hiciera caso de todos estos mensajes que de repente se reenvían en cadena, y resultan que no son ciertos”.
En la transmisión el secretario Marcial Reynoso informó que hasta este miércoles se había restablecido un 85 por ciento del transporte público en la ciudad, y que durante la tarde alcanzaría un 90 por ciento y este jueves estaría operando en un 100 por ciento.
Dijo que se le está dando la certeza a los transportistas que se está trabajando en la seguridad con los puntos de control y revisión por parte de la Guardia Nacional, así como los patrullajes en la ciudad “y vamos a seguir en esta ruta de trabajo” por la tranquilidad de los choferes y los usuarios.
El secretario de Seguridad, Méndez Gómez, dijo que hay presencia de policías estatales en 10 sectores de la ciudad donde le corresponde atender, pero que continúan en coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina para brindar la seguridad.
En declaraciones al término de la ceremonia del nombramiento del nuevo comandante de la Décimo Segunda Región Naval, el director de Gobernación dijo que sólo falta la reactivación del servicio de los camiones urbanos en algunas zonas de la ciudad, y que hay un 85 por ciento de operación del transporte ligero.
Justificó que hay pocos taxis en las calles porque la mayoría están acudiendo a los centros de entrega de enseres acarreando los electrodomésticos que está dando el gobierno federal, “por eso no están corriendo en las calles”.
El funcionario estatal dijo que la Guardia Nacional está centrada en la atención de la seguridad y en algunas partes donde se requiere el apoyo de transporte están operando los camiones de la corporación, también informó que la Policía del Estado se ha integrado a las labores de seguridad en el sistema Acabús.
Indicó que en el momento en que la totalidad de los camiones urbanos se reactive, la Guardia Nacional se va a replegar, y que el apoyo que mantiene ahora se determinó en la Mesa de Construcción para la Paz. Además se acordó que agentes de la corporación acompañen a los choferes en sus recorridos.
“Desde el primer día de esta campaña de sicosis que se generó en la ciudad, el gobierno del estado trabajó de manera coordinada con el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional”.
El director de Gobernación del estado, Francisco Ramírez Cisneros, dijo que se está revisando el actuar de los concesionarios de los camiones urbanos “porque el tema de la seguridad ya está muy coberturado por la Policía del Estado, por la Guardia Nacional, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y estamos revisando si esto esto no obedece con otra conducta que tenga que ver con otra situación. Lo decía el secretario General de Gobierno, explorar la revocación de las concesiones y expedir permisos temporales a quienes sí quieren dar ese servicio”.
Una reportera le preguntó si esta parálisis podría obedecer también para que se de la autorización del aumento al pasaje, a lo que respondió: “se está haciendo una revisión de esta conducta atípica, no es una conducta normal o tradicional de los transportistas, y por eso el señor secretario General de Gobierno el día de ayer, marcó una postura oficial de que se va a revisar esta conducta, porque si es la seguridad en toda la ciudad hay un despliegue muy importante”.
Dijo que desde el primer día la Policía del Estado desplegó a 80 agentes que se sumaron a los 200 que hay permanentemente operando en Acapulco. El director dijo que se está valorando dar la autorización para que las plataformas digitales operen, como Didi y Uber, “pero hacemos un llamado respetuoso a los transportistas para que reactiven la actividad en beneficio de la ciudadanía de Acapulco”.
Rodríguez Cisneros informó que se han reunido con todos los líderes de los transportistas que operan en Acapulco.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
El pasado 26 de diciembre, los padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe donde el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, ofició una misa por los estudiantes que fueron desparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Foto: Cuartoscuro
Se abrirán a los padres dos meses los archivos de Ayotzinapa del gobierno incluido el Ejército
En una carta, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, dice a los padres que por instrucciones del presidente López Obrador, se atiende su demanda de ampliar la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.
Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales
Busca el presidente aislar a los padres de sus asesores, dice su abogado. En la convocatoria a revisar expedientes se les deja en indefensión porque son documentos técnicos, señala el defensor de Tlachinollan. Los padres han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado, y ahora el gobierno pretende que se revise lo que quiera para que diga que no apareció nada, explica el asesor jurídico
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.
El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, en entrevista con El Sur en las instalaciones en Acapulco de la institución encargada de procurar justicia Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, indicó en entrevista con El Sur que después de dos meses del paso del huracán Otis lo “más probable” es que los cuerpos de las personas desaparecidas en el mar hayan sido devorados por animales.
Aseguró que se van agotar todos los pun-tos de búsqueda, pero la FGE no se puede comprometer a encontrar a todos los ma-rineros porque no está diseñada para esa tarea y su obligación es perseguir e investigar el delito y este caso “fue un fenómeno natural”.
Informó que la búsqueda en tierra de cinco personas, tres de la colonia Nueva Era, una de la 20 de Noviembre y otra de El Pedregoso, fue suspendida ante la falta de resultados y continúa en el mar, a donde los peritos concluyeron que fueron arrastradas, por lo que las 32 personas no localizadas oficialmente son buscadas en agua.
El vicefiscal mencionó que a pesar de las pruebas genéticas, aún no han sido identificados seis cuerpos de un total de 52 muertos contabilizados, y corresponden a personas que fallecieron en diversos puntos en tierra y fueron localizadas en fechas “muy recientes” al paso de Otis; los restos siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo).
En cuanto a la cifra de 24 personas desaparecidas en el mar que dio la Semar en la conferencia matutina del 20 de diciembre, y de las cuales 17 ya habrían sido localizadas, Hernández Mendoza dijo que “la cifra oficial sigue siendo 32 personas desaparecidas”.
En una oficina de la FGE en Acapulco, el vicefiscal precisó ayer que de éstas, 27 están en el mar y cinco en tierra, pero las búsquedas de estas últimas cinco “ya fueron suspendidas en virtud de no haber localizado a las personas en los puntos de búsqueda que teníamos”.
Después de 52 días ininterrumpidos de búsquedas, la FGE concluyó que el alud que sepultó a estas personas también “los arrastró hasta el mar, entonces ahorita la búsqueda se va a continuar en mar”, expuso.
Dijo que la búsqueda en mar comenzó inmediatamente después de la suspensión en tierra, “nosotros no hemos dejado de buscar a las personas, en uno u otro lugar” y afirmó que la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas y Desaparición Forzada de Personas les notificó a los familiares de esta decisión.
Agregó que la búsqueda de estas cinco personas se realiza “en el punto donde desembocó ese alud de tierra, es el primer punto; también tenemos que entender que la propia corriente o la marea puede ir llevando escombros, restos humanos”.
Se le cuestionó que la colonia 20 de Noviembre está lejos del mar y el vicefiscal precisó que ahí “se hizo una búsqueda alrededor de 3 kilómetros lineales de donde iba el alud; insisto, se utilizaron maquinaria pesada, georadares de nueva generación que son los que nos permitían tener un panorama del subsuelo mucho más claro”.
Además, se suspendió la búsqueda también porque Protección Civil advirtió que “podía haber nuevos deslaves que pudieran comprometer la vida de las personas que estaban buscando”, comentó.
En cuanto a la búsqueda de las personas desaparecidas en el mar, destacó que todos los días parte una trilogía de la FGE, en compañía de la Marina, a realizar búsquedas en muchos puntos, uno de ellos es la isla de La Roqueta, otro es Punta Bruja, donde se encontró un “esqueleto completo”, que corresponde al capitán de la embarcación Vida, Mauricio Adrián Bibiano Ochoa; y otros lugares “a lo largo y ancho de la costa de Acapulco”.
Se le preguntó por qué no se ha buscado en las embarcaciones ancladas de la Marina Acapulco si dos cuerpos de marineros fueron localizados ahí, –el capitán del Acarey, Felipe Castro, y el marinero del yate Sir Lady, José Ángel Murga–, y si el motivo es que las aseguradoras aún están en proceso de revisión.
El vicefiscal Hernández Mendoza contestó que no se ha buscado en las embarcaciones ancladas “por la peligrosidad que tiene el realizar una búsqueda ahí, es decir, éstas pueden colapsar, son sujetas de que se puedan mover y queden prensados personas”.
Aseguró que las aseguradoras no les han impedido buscar y “sinceramente una prohibición de una aseguradora para una auto-ridad no es nada”, aseveró, pero se necesitan “grúas con características específicas que puedan mover o sostener las embarcaciones y poder estar buscando con mayor seguridad”, y éstas fueron solicitadas por la Semar.
Expuso: “la Fiscalía está coadyuvando en la búsqueda; aquí hay que aclarar que la obligación constitucional que tiene la Fiscalía es la persecución del delito, solamente es pro-curación de justicia, y en este caso las personas desaparecidas por Otis no tienen que ver con un delito, fue por un fenómeno natural”.
Sobre la posibilidad de citar a los dueños de los yates, insistió en que, desde su perspectiva, no hay delito, existe “una responsabilidad laboral, vamos, pero es una vía completamente distinta a la vía penal”.
La FGE “se ha solidarizado”, indicó el vicefiscal, y “ha puesto todas las herramientas que tiene a su disposición, tanto humanas como tecnológicas para buscar a las personas desaparecidas”. Pero las autoridades que deben intervenir son la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Protección Civil estatal y su par federal, indicó.
“Sí es complicado o es en algún momento molesto que se le exija a la Fiscalía que realice actividades que no son su obligación porque nosotros, si ustedes leen el artículo 19 constitucional y el artículo 21 constitucional, la única obligación que tiene la Fiscalía es perseguir e investigar el delito”, aseveró.
Continuó: “la Fiscalía no está diseñada para realizar búsquedas en mar, la Fiscalía, insisto, no tiene la infraestructura para hacer búsquedas en el mar, nosotros nos apegamos al calendario que da la Secretaría de Marina, a los puntos que da la Secretaría de Marina, y nos apoyamos por supuesto en las herramientas que ellos tienen, ellos tienen ecosondas, Fiscalía no tiene ecosondas”.
El vicefiscal de Investigación, que tiene a su cargo peritos, MP y policías ministeriales, contó que desde el 25 de octubre más de 100 agentes de otras regiones fueron destinados a Acapulco, donde “todo el personal, tanto operativo como administrativo en la Fiscalía Regional de Acapulco, fueron damnificados”.
Hernández Mendoza dijo que “esta Fiscalía se compromete a continuar con las búsquedas en mar y en tierra si hubiese la necesidad aún hasta encontrar o descartar que el cuerpo de su familiar esté en algún punto”.
–¿La Fiscalía se compromete a no parar la búsqueda hasta encontrar a las 32 personas?
–Es muy complicado decirte que vamos a encontrarlas o no vamos a encontrarlas, lamentablemente, y es algo que muy pocas personas han querido decir, la fauna que existe tanto en costa como en mar suele devorar los cuerpos; los cuerpos flotan, pero las osamentas ya no, es muy difícil poder encontrar una osamenta en mar.
“¿Por qué? Porque bueno ésta se va al fondo del mar y la propia marea va arrastrando y moviendo el sedimento marino, es por eso que es muy complicado poderles dar una certeza a las familias sobre el encontrar o no encontrar a sus familiares”, agregó.
Insistió en van agotar todos los puntos de búsqueda, “pero no me puedo comprometer a decirles que los voy a encontrar, el mar es muy grande y los recursos de las instituciones que estamos participando son finitos; no podemos destinar perma-nentemente operativos de búsquedas, porque hay otras acciones que nos demandan también nuestra atención”.
Dijo que “el índice delictivo en Acapulco afortunadamente ha bajado en estos últimos meses, pero en todo el estado se mantiene de alguna manera uniforme y no puedo tener concentrado a mi personal aquí en Acapulco porque es darle la oportunidad a la delincuencia en las demás regiones”.
El vicefiscal de Investigación se comprometió “a continuar con las búsquedas hasta en tanto Marina continúe con ellas, a destinar un equipo, una trilogía ministerial conformada por peritos, Ministerio Público y Policía de Investigación que coadyuve, pero entiendan que la Fiscalía no puede por sí sola salir a una búsqueda de mar porque no tenemos ese tipo de vehículos ni ese tipo de equipamiento para poder navegar en el mar”.
–Entonces, ¿una de sus hipótesis es que los cuerpos ya fueron devorados por animales?
–Después de dos meses, es lo más probable.
