El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, admitió que por “intereses económicos muy fuertes”, grupos delictivos quieren controlar las zonas mineras del estado.
Agregó que, derivado de ello, el gobierno estatal se está coordinando con las mineras que operan en la entidad, para darles garantías durante el desarrollo de su actividad económica.
El funcionario estatal declaró esto a medios de comunicación este jueves, después de la colocación de la primera piedra de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, a un costado del Parque Industrial El Ocotito.
Informó que en la zona minera de Mezcala, donde desde el domingo desaparecieron cuatro pescadores, uno de ellos liberado el miércoles y siguen sin aparecer tres, “convergen” dos grupos delictivos: Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero declaró que aún no saben si fue algún grupo armado el que privó a los hombres de su libertad.
“Se siguen realizando las búsquedas desde ayer (miércoles), ya se incorporó el Ejército, la Policía Estatal, Policía Ministerial y un helicóptero. Hoy van a continuar y se esperan más resultados”, informó el funcionario.
A pregunta expresa, declaró que en esa zona “convergen” Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero que no saben si alguno de los dos grupos se llevó a los pescadores.
–¿Han identificado intereses de los grupos delictivos por controlar esas zonas mineras?–se le preguntó.
–Sí, claro, son intereses económicos muy fuertes. Sin embargo, hemos trabajado con las mineras para que tengan garantías en el desarrollo de su actividad económica.
Aseguró que las mineras que operan en el estado no han denunciado el cobro de cuota, “no nos han manifestado nada de eso, hemos dialogado con ellos (con los representantes de las mineras) y en su momento les hemos preguntado y nos han dicho que no han tenido ninguna extorsión o algún intento de cobro de piso, nada de eso”, afirmó Reynoso Núñez.
A pesar de su afirmación, de que hay “intereses económicos muy fuertes” de los grupos delictivos que quieren controlar las zonas mineras del estado, aseguró: “Con las mineras no ha habido problemas, hasta ahorita. Con ellos tenemos comunicación fluida, no se han presentado mayores incidentes, tenemos comunicación de manera permanente”.
Según el encargado de la política interna del gobierno estatal, “hay garantías para que operen con normalidad, siempre hay diálogo permanente con ellos y se van atendiendo las necesidades de seguridad de la zona”.
Hay jaloneos políticos
en el caso Norma Otilia
El secretario de Gobierno opinó que será el resultado de las investigaciones que se realizan a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, lo que determine si hay motivaciones políticas atrás de quienes demandan que pida licencia, como lo ha denunciado ella.
El secretario Reynoso Núñez ha sugerido a la alcaldesa que valore la posibilidad de solicitar licencia al cargo, por las investigaciones en su contra debido a los videos que se difundieron, en los que aparece platicando con el líder delictivo de Los Ardillos, Celso Ortega, y por señalamientos en su contra en una cartulina que apareció el 24 de junio junto con siete cuerpos desmembrados.
–Usted ha sugerido a la alcaldesa de Chilpancingo que reflexione sobre la solicitud de licencia, y ella se ha quejado de que son intereses políticos los que la presionan para que renuncie, ¿hay intereses políticos de quienes piden que se vaya?
–Ella ha manifestado su postura. Nosotros hemos manifestado la nuestra y hay una investigación en proceso, y tendrán que ser las investigaciones las que determinen la situación jurídica de la presidenta municipal y de todos aquellos quienes están siendo investigados.
Luego dijo: “La situación se prestará a que haya jaloneos políticos, sin embargo, creo que lo importante es hacer cumplir la ley y que se hagan las investigaciones correspondientes”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que “hay tranquilidad y la tranquilidad genera gobernabilidad” en Chilpancingo y Guerrero, e insistió en que la alcaldesa de la capital debe analizar si solicita licencia.
En declaraciones al término del banderazo del programa de seguridad para las vacaciones de verano, dijo que es importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) esté realizando una investigación general de cómo se están desempeñando algunos presidentes municipales de Tierra Caliente.
“Ha habido señalamientos en algún otro momento, sobre algunos presidentes municipales, y me parece importante que la Fiscalía pueda ahondar en este tema”, dijo en alusión a la solicitud que hizo la FGE al Congreso de información sobre los ediles de Chilpancingo, Acapetla-huaya, Cutzamala, Coyuca de Catalán, Tlalchapa, Tlapehuala y Ajuchitlán, así como de la diputada del PRD, Elzy Camacho Pineda..
El funcionario dijo que no sabía de la investigación, porque la FGE es un órgano autónomo y afirmó que no se trata de una represalia del gobierno estatal contra los alcaldes, que encabezaron bloqueos en Tierra Caliente, para pedir la salida de la Policía Ministerial.
“No sabemos qué delito específico están investigando”, dijo y agregó que los alcaldes señaladosno se han comunicado con él.
Hay tranquilidad y gobernabilidad
En este mismo contexto, el secretario dijo que la última vez que dialogó con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue hace 10 días.
Y sobre si debe separarse del cargo respondió: “Yo lo he dicho, es un tema que ella tiene que reflexionar”, no es una sugerencia ni un exhorto, pero “las autoridades debemos de generar certidumbre en la sociedad. Sobre todo en temas relacionados en la seguridad, que son los que más duelen a la gente”.
Reynoso Núñez indicó que ha escuchado las declaraciones que ha dado la edil a los reporteros, “creo que tiene el derecho también ella, de explicar lo que sucedió, y obviamente tiene el derecho a defenderse. Hay que recordar que hay una presunción de inocencia, siempre, en el sistema jurídico mexicano”.
–¿Hay gobernabilidad? –preguntó un reportero.
–Hay tranquilidad, y la tranquilidad genera gobernabilidad. Yo creo que en la gobernabilidad participamos todos, la ciudadanía, los partidos, el gobierno, todos las construimos. En eso estamos trabajando.
Un reportero refirió que el periódico El País señaló que el grupo delictivo obligó a las autoridades a dialogar al entrar en Chilpancingo, pero el secretario general afirmó: “Hay que ser muy claros, nosotros hemos propuesto un diálogo con las comunidades, con los comisarios, y se hizo en esos términos, y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro deber atender a todos los ciudadanos”.
Recordó que a los comisarios se les dijo en el encuentro que hubo excesos en la manifestación. “El gobierno, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene ni pactos ni acuerdos, ni va a haber negociaciones con grupos criminales”, recalcó.
Respecto al porqué el gobierno federal no actúa contra estos grupos, a pesar de que ya los tiene identificados, dijo que eso corresponde a la federación atenderlo, aunque aceptó que “todo el tema de seguridad es un esfuerzo conjunto, donde participa federación, estados, municipios, cada quien en su ámbito de responsabilidad. No es un tema sencillo, no es un tema de ir por alguien en algún momento. Tiene que hacerse de manera muy minuciosa de manera muy cuidada, para evitar que haya daños colaterales o que pudieran surgir conflictos de otra naturaleza”.
Luego, otro reportero preguntó si las instituciones han perdido el respeto de la delincuencia, “no yo creo que ha habido, en algún otro momento, algún tipo de convivencia. Pero nosotros hemos separado muy bien con mucha claridad el ejercicio del gobierno de cualquier expresión delictiva”.
Se ha dado de baja a policías que consumen drogas
El secretario dijo que la FGE realiza una investigación por la desaparición y los policías estatales que han sido asesinados en Chilpancingo, como el jefe del Grupo Jaguar, Jonathan Zambrano, el sábado.
Afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido muy cuidadosa respecto a los señalamientos que hizo el policía desaparecido, Óscar César Bautista Flores, en un video donde evidenció la venta y consumo de drogas en la corporación, señalando que se han hecho exámenes sorpresivos a los agentes.
Dijo que “ha habido policías separados también de sus funciones” por consumo de drogas, pero no supo precisar el número, aunque dijo que cada tres o seis meses se aplican los exámenes antidoping.
Casos de Matus y Ulises Nava
El secretario general dijo que en la mesa de seguridad se informó que hay varias líneas de investigación por el asesinato del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, ocurridos el sábado en la colonia Zapata, de Acapulco, pero que la Fiscalía deberá de informar.
“Nosotros deseamos que ya no haya más muertes de periodistas. Creemos que son atentados contra la libertad de expresión, nosotros la respetamos y la seguiremos respetando”, expresó.
Además, lamentó el asesinato del jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ulises Nava, ocurrido el sábado, y afirmó que la violencia nunca se va a justificar en cualquiera de sus formas.
Dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha estado atenta al tema, “vamos a solicitar a las autoridades de Aguascalientes que nos informen sobre los avances de esta investigación”.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, tomó protesta a Roberto Estrada Amaya como nuevo director del Instituto Estatal de Oftalmología, ubicado en Renacimiento, que depende de la Secretaría de Salud estatal, en sustitución de Mario de la O Almazán, quien llegó al cargo durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores.
En una publicación en la página de Facebook de la dependencia, que preside Reynosa Núñez, se informa que el secretario entregó el nombramiento y tomó protesta al nuevo director en nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que ahí exhortó al nuevo funcionario para “conducirse bajo los principios de transformación y bienestar en favor de las y los guerrerenses”.
El ahora ex director, Mario de la O Almazán, estuvo en el cargo durante casi ocho años, los seis del gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y un año y 9 meses del gobierno de la morenista Evelyn Salgado. En la publicación no se informó sobre el motivo de la salida del ahora ex funcionario, pero se da a casi un mes de la protesta de trabajadores del instituto.
Trascendió además que el cambio es por jubilación del oftalmólogo Mario de la O.
El pasado 19 de junio trabajadores del instituto protestaron, para exigir más personal y dar cobertura al rezago de 20 mil cirugías que hay anualmente. Indicaron en ese momento que el personal que hay es insuficiente y que desde hace 20 años no se han dado plazas. Luego de esa protesta, y ante la intervención de la gobernadora, el consejo del instituto autorizó la creación de seis nuevos puestos. (Karina Contreras).
Después de la reunión con comisarios municipales de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró que “cada quien asumirá sus responsabilidades” con respecto a los hechos de violencia del lunes.
Al finalizar el diálogo con las autoridades municipales en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, se le preguntó si habrá demandas y detenciones contra los causantes de la violencia: “no lo sabemos”, pero admitió que “es claro que los manifestantes infringieron la ley”.
Con respecto a los señalamientos que se hicieron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer, respecto a que los dirigentes del movimiento son líderes del grupo Los Ardillos y que cuentan con causas penales, el funcionario contestó que “el Gobierno federal tiene su propia información y nosotros sabemos lo que ustedes saben por los medios de comunicación, no tenemos otra información y vamos a esperar”.
Reynoso Núñez declaró que al Gobierno del estado le preocupan mucho los hechos de violencia que se han dado en los últimos días en la capital, y que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, han estado dialogando para fortalecer la seguridad en el municipio.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez informó que instalaron filtros carreteros en los accesos a Chilpancingo, como el de Tixtla, Zumpango, Chichíhualco y Petaquillas.
También que realizan recorridos permanentes en los 11 sectores en que está dividida la ciudad.
Aclaró que hasta ayer no se habían cometido agresiones a comercios y sólo se han dado a los transportistas, y “las que hicieron los manifestantes ayer”, informó en referencia a los pobladores de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec.
El secretario de Gobierno llamó al comercio local, que desde el sábado por la tarde cerró por temor a la violencia, a mantener la calma: “estamos trabajando para que se reactive la actividad económica, entendemos que hay temor pero estamos actuando”.
Informó que hasta el mediodía de ayer no se habían evaluado los daños que ocasionaron los manifestantes.
Una reportera le preguntó si hay comunicación con la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y dijo que sí: “ha habido comunicación con ella, ha estado trabajando en su ámbito de competencia y lo demás es un asunto particular de ella”, dijo en referencia a los señalamientos en contra de la alcaldesa por su reunión con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos.
El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien fue el primero que quiso entablar contacto con los dirigentes de los pobladores de los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Acatepec, declaró que no fue posible el diálogo directo con los campesinos por sus “manifestaciones extremadamente violentas”.
En declaraciones después de que fue liberada la Autopista del Sol, advirtió que si hay consecuencias legales “cada quien tendrá que asumir la parte que le corresponde”
Explicó que como parte del Ejecutivo entablaron el diálogo y siguen abiertos, pero que las Fiscalías General del Estado (FGE) y de la República (FGR), tendrán que hacer las diligencias que considere prudentes.
Reconoció que hay voces que están cuestionando al Gobierno de que no actuó de manera oportuna para evitar los hechos de violencia, pero que lo que se trató de evitar es la confrontación y la represión.
El funcionario declaró que hasta antes de la liberación de la carretera, así como de los policías y agentes de la Guardia Nacional que estaban privados de su libertad y la entrega del vehículo blindado de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno estatal no había presentado ninguna denuncia y desconocía si había carpetas de investigación en contra de los manifestantes.
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Tras 10 horas de actos violentos en la capital,unos 3 mil manifestantes se llevan a 10 policías
Amenaza con volver hoy el contingente de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec. Llegan por la entrada sur, por Petaquillas, repliegan a antimotines de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y causan destrozos en vehículos. Se llevan un camión blindado, rompen puertas en el Congreso y el Recinto y cierran la autopista. En la noche informan que su demanda es un eje carretero y que mantienen retenidos a siete policías y tres funcionarios de Gobernación como garantía para conseguir diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Más de 3 mil pobladores de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec entraron ayer a Chilpancingo, en una manifestación no anunciada, sin consignas ni mantas ni carteles donde expresaran sus demandas, y por la fuerza se abrieron paso en un retén en el que estaban unos 400 policías y guardias antimotines, a los que después corretearon hasta la entrada sur de la ciudad capital.
A palazos y pedradas destrozaron vehículos, un módulo de seguridad, y se apoderaron de un camión blindado, capturaron a siete policías antimotines de ambas corporaciones y a tres funcionarios de Gobernación, tomaron el Congreso del Estado y el Recinto del Ejecutivo, después la Autopista del Sol. Tras diez horas de estas acciones, se retiraron, llevándose a los 10 retenidos con la amenaza de que volverían hoy con más gente.
Durante el día no dieron a conocer sus demandas. En medios se difundió que pedían la liberación del líder de transportistas y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Jesús Echeverría Peñafiel, detenido el jueves por transporte de drogas y de cartuchos. Por los municipios de procedencia del contingente, se difundió su presunto vínculo con el grupo delictivo Los Ardillos.
A su llegada a Chilpancingo, por Petaquillas, los más de 3 mil pobladores, en su mayoría en apariencia campesinos, replegaron con palos y piedras a elementos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal que con vallas y camiones blindados intentaron impedir su paso para llegar a protestar a Chilpancingo. Dijeron que venían a exigir “la construcción de caminos”, pero en informes internos de seguridad pública se aseguró que venía a exigir la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y Bernardo Chávez, detenidos el jueves por policías estatales y consignados a la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de droga y armas.
A las 8 de la mañana unos 200 policías estatales antimotines al mando del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la SSP, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, se apostaron en la carretera Chilpancingo-Acapulco frente al cuartel de la Guardia Nacional, donde colocaron vallas y estacionaron seis vehículos blindados Black Mamba, conocidos como “rinos”, para cerrar la circulación y contener a los manifestantes que provenían del circuito del Río Azul (Colotlipa, Quechultenango, Mochitlán, Tepechicotlán y Petaquillas).
Minutos después 200 elementos de la GN con equipo antimotines salieron de su cuartel y se colocaron en formación de defensa para apoyar a los policías estatales en la contención de los manifestantes.
La GN llevó al menos cuatro camiones blindados para reforzar el operativo e impedir que la protesta llegara a la Autopista del Sol.
A las 10 de la mañana comenzaron a llegar camionetas de redilas al lugar llamado La Avioneta, donde fueron formados y les entregaron palos. Atrás llegaron camionetas Urvan de servicio público de Quechultenango, Tepechicotlán, Mochitlán, Petaquillas, y Colotlipa.
El contingente tomó los cuatro carriles de la carretera que comunica a la capital con Petaquillas. En un principio los medios manejaron que provenían de comunidades del circuito Río Azul, después los manifestantes declararon que venían de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, para exigir la construcción de caminos.
A los veinte minutos el contingente comenzó a marchar con dirección al filtro de seguridad. Adelante iba una camioneta blanca con una bocina donde pedían que “dieran el libre tránsito de manifestación”, que los pobladores “no venían a provocar” y que sólo entregarían en el Recinto del Poder Ejecutivo un pliego petitorio donde exigían caminos y una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La multitud se paró frente a los antimotines que chocaron sus escudos en el suelo para intentar intimidar. Al lugar se acercó el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, para intentar dialogar y fue recibido con gritos de exigencia para que abrieran el paso.
Los campesinos amenazantes con palos quitaron las vallas para replegar a los 400 antimotines que fueron superados por el contingente.
El subsecretario Rodríguez Cisneros escapó por piernas ayudado por guarda espaldas. Al mismo tiempo Irvin de Jesús Jiménez ordenaba el repliegue de sus elementos.
La turba enardecida se abrió paso a palazos y pedradas. Los policías corrieron y algunos lanzaron gases lacrimógenos para ayudar a sus compañeros a escapar de la avanzada de gente que venía sobre ellos.
Los pobladores apedrearon carros blindados y se apoderaron de un rino con los policías a bordo
En su camino correteando a los policías y guardias los campesinos destruyeron un módulo de la Policía del Estado y retuvieron al menos a siete agentes de la Guardia Nacional, entre ellos cuatro mujeres.
Los policías, sin protocolo de repliegue corrieron, buscaban refugiarse o subirse a los vehículos que alcanzaban, el mando los dejó y a varios, los manifestantes les quitaron escudos, toletes, cascos y fornituras.
Algunos automovilistas los subieron a sus carros, y así escaparon de la gente que corría tras ellos y aventaba piedras a diestra y siniestra.
En la entrada a la ciudad, frente al hotel Parador del Marqués, donde confluyen la autopista y la carretera federal, los policías intentaron colocarse para detener a los que protestaban. Pero no funcionó, de nuevo a correr y a escapar como se pudiera.
En el cielo tres helicópteros de la GN, la Marina y la Policía Estatal sobrevolaban, para seguir desde el aire a los manifestantes.
A las 11 y media de la mañana más de 3 mil hombres llegaron al Parador del Marqués. La turba ya no tenía contención, caminaron sin problemas por los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol.
A su paso todos los comercios cerraron y la ciudad se volvió un caos, la gente corría para todos lados, no había transportes y los cláxones de los automovilistas no dejaban de sonar, todos querían salir de la zona de conflicto.
Al medio día el contingente llegó al Congreso del Estado, donde minutos antes los trabajadores y los vigilantes desalojaron al lugar. Ahí lanzaron a la puerta el camión blindado para derribarla, entraron y permanecieron en el lugar una hora.
La gente con palos y piedras correteaba a los reporteros, no dejaba que se acercaran y los intimidaba constantemente con hombres tatuados tomándoles fotos con celulares.
A la una de la tarde los manifestantes abandonaron el Congreso y caminaron al ex Palacio de Gobierno ahora llamado Recinto del Poder Ejecutivo, por delante el “rino” y la camioneta del sonido diciendo que era “una manifestación pacífica” y sólo pedían “diálogo con las autoridades”.
Ahí volvieron a utilizar el carro blindado para derribar una puerta y permanecieron hasta que fueron llamados a un diálogo que según los manifestantes “nunca existió”.
Estuvieron dos horas. A las 4 de la tarde regresaron a la Autopista del Sol, tomaron los cuatro carriles y los dos laterales y en el Parador del Marqués bloquearon la carretera.
En ese lugar, después de horas sin informar el motivo de su protesta, solicitaron la presencia de reporteros y pidieron disculpas si fueron agredidos. Ahí tomó la palabra el presidente de la organización de comisarios, Diego Matías Marrón, que aclaró que su manifestación no era para exigir la liberación de dos transportistas detenidos el jueves y que venían a exigir la construcción de un eje carretero que conecte a cinco municipios de la Montaña.
Dijo que no hubo ningún diálogo y que solamente el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso “le quitó el pliego petitorio”.
En ese lugar presentaron a tres funcionarios de Gobernación y siete elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal retenidos como garantía para dialogar principalmente con la gobernadora Evelyn Salgado.
Luego de no recibir noticias para una mesa de diálogo, los más de 3 mil manifestantes se retiraron a las 8 de la noche del Parador del Marqués, hacia la comunidad Petaquillas, llevándose a los 10 servidores públicos retenidos, el vehículo blindado y amenazando que “si no hay respuesta el día de mañana (hoy martes) regresarán a protestar”.
Fue para desestabilizar al gobierno estatal la movilización de ayer, afirma Ludwig Reynoso
Sostiene el secretario de Gobierno que los manifestantes “en ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”, y posteriormente reclamaron obras que no habían planteado ni los alcaldes de Quechultenango, Mochitlán o Chilpancingo. Confirma que mantienen retenidos a cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno y un elemento de Gobernación federal. Advierte que se levantarán actas por los daños, la violencia y las personas privadas de la libertad. Hubo disparos a camiones blindados, se revela
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Vinculan a proceso al líder transportista y a su acompañante, informa la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un juez federal de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al líder transportista y a un acompañante detenidos en Chilpan-cingo el jueves pasado.
En un brevísimo comunicado, la Fiscalía informó que a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y su acompañante Bernardo, se les vinculó a proceso “por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea; y, en el caso de Jesús, por delitos contra la salud en la modalidad de transporte”.
Según la FGR en este boletín, los dos hombres fueron detenidos por la Policía Estatal “el pasado 5 de julio”, el miércoles, en la carretera federal México-Acapulco, en Chilpancingo.
Pero las protestas de transportistas por su detención fueron el jueves 6, un día después de que se difundió el video de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con un líder de Los Ardillos. Precisamente a este grupo se vincula a Echeverría Peñafiel.
La dependencia dijo que la detención ocurrió cerca del fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, donde a los dos hombres se les aseguró una camioneta Ford, modelo 2021, con placas de circulación de Guerrero.
Indicó que en la inspección se les localizaron dos cargadores metálicos para fusil de AK-47; 26 cartuchos útiles; así como una bolsa con una sustancia granulada, característica de la droga conocida como “cristal”.
“Conforme avance el proceso penal, se informará de inmediato sobre sus resultados”, adelantó.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que se revisarán las amenazas de muerte recibidas por alcaldes, “aproximadamente once los que tenían este problema”, y será la Fiscalía del estado las que lleve a cabo las investigaciones.
Ocho alcaldes de Tierra Caliente y tres de la región Norte, y dos diputados locales y uno federal, revelaron amenazas por el grupo delictivo Los Tlacos. Este jueves la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió por más de tres horas con estos ediles y ayer ediles encabezaron bloqueos en diversos municipios contra acciones de la Fiscalía del Estado.
El funcionario añadió que “hay que revisar muy bien, hay que investigarlo, la Fiscalía del estado se hará cargo del tema y en su momento se dará una opinión sobre el ello”
Indicó que los compromisos con los alcaldes de la región de Tierra Caliente y Norte en la reunión del jueves es trabajar juntos, buscar mejores condiciones para la zona, incorporar más elementos a la región y hacer más operativos de vigilancia.
Se ofreció una “mejor coordinación, creo que es importante en este rubro de la seguridad, ellos también forman parte, nosotros no es que vayamos a proteger a los alcaldes, ellos tienen que ejercer también su responsabilidad en la parte que les toca”. Aunque luego dijo que se estableció una estrategia desde la Secretaría de Seguridad Pública para “garantizar sus traslados a la ciudad de Chilpancingo” y serán resguardados por quien se determine en su momento.
En declaraciones antes de un acto de incorporación de nuevas unidades al Acabús, que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario habló de la reunión con los alcaldes este jueves en Tierra Caliente y se les ofreció coordinación para la seguridad. Añadió que las amenazas las han recibido alcaldes de Tierra Caliente y zona Norte y se presume que es un solo grupo delincuencial el que los está amenazando, pero “estamos en esa investigación”.
Informó que son aproximadamente once ediles los que “tenían este problema. Sin embargo, no identificamos el tema exactamente porque hablaban solamente de mensajes de texto y entonces vamos a revisar muy bien ese caso”. Al funcionario se le preguntó qué decían esos mensajes, si los están extorsionando pidiendo dinero y respondió: “Solamente era la advertencia de que no fueran a Chilpancingo porque los iban a generar un daño en su persona, por eso nosotros estamos haciendo la investigación correspondiente”.
Se le preguntó si se les dará seguridad a los alcaldes y respondió que no, que la vigilancia será para la ciudadanía, “creo que en este caso lo importante es proteger a la gente y lo hemos estado haciendo y tratamos de incorporar más efectivos para la Tierra Caliente”, aunque sí serán protegidos cuando vayan a Chilpancingo. Indicó que se busca que todos se incluyan y que se pueda dar mejores condiciones a los municipios de esa región.
Añadió el secretario que habrá más efectivos y se les solicitó a los alcaldes “que en el caso de los municipios no se cuenta con predios aún destinados a la Guardia Nacional nos puedan ayudar con este proceso para poder tener mayor presencia en la región de la Tierra Caliente”.
Sobre qué municipios podrían ser, comentó que se está haciendo el diagnóstico con la Sedena y que el gobierno del estado tiene la intención de hacerlo en Arcelia, y en San Miguel Totolapan no había un predio definido, pero esa es la petición atenta que se ha hecho a los presidentes municipales para poder tener mayor presencia.
Lamentable el asesinato de la adolescente
Al funcionario se le preguntó sobre la desaparición de adolecentes y el asesinato de Eyna Vanesa Pérez Bahena, de 16 años en Acapulco. Respondió que será la Fiscalía la que emita un pronunciamiento, “nosotros, qué hemos estado haciendo y que consta en los medios de comunicación, hemos estado haciendo toda una estrategia para fortalecer y proteger a las mujeres, el Protocolo Violeta, el Transporte Violeta, y más elementos que hemos ido agregando para que haya una mejor protección a las mujeres”.
Informó que se va seguir trabajando en el tema y que el gobierno estatal lamenta mucho estas muertes violentas, “la verdad son muy lamentables, una jovencita de 16 años, es indescriptible esto. Creo que necesitamos seguir trabajando y trabajar en la recuperación del tejido social”. La joven desapareció el lunes 24 de abril y al otro día fue encontrada asesinada en un barranco del fraccionamiento Mozimba.
El dirigente de los ex braceros en Guerrero, Carmen Loeza Hernández informó que tuvieron una reunión positiva con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, con quien acordaron hacer un padrón para que reciban un apoyo solidario de parte del gobierno del estado como se ha hecho en otras entidades.
En declaraciones telefónicas, Loeza Hernández informó que nuevamente se reunirán el 12 de mayo con el funcionario para ya llevar el padrón de los ex braceros que viven, así como de las viudas y en una tercera etapa los hijos.
Indicó que en esa reunión ya se tiene que tener trabajado todo el padrón y el monto del apoyo, para así llegar a la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con un planteamiento concreto y no estar divagando.
El pasado martes 4 integrantes del movimiento nacional de ex braceros bloquearon de manera intermitente dos horas y media la avenida Costera y la Cuauhtémoc para demandar una audiencia con la gobernadora a quien le piden ser el vínculo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les paguen un fideicomiso que les adeudan desde hace 22 años. Ese día Loeza Hernández informó que terminaron su protesta tras el acuerdo de que se reunirían el miércoles con Reynoso Núñez.
Consultado ayer acerca de la reunión, Loeza Hernández respondió que fue positiva y que acordaron realizar un registro de ex braceros, pues Reynoso Núñez les manifestó que cuando se reúnan con la gobernadora “ya tenemos que tener el padrón de los ex braceros que viven, de las viudas y los hijos”.
Contó que hará un recorrido en el estado para empezar con el listado y que ya habló con los dirigentes en los municipios para que lo hagan.
Mencionó que no se habló de cantidades, porque eso se tratará directamente con la gobernadora, y para ello Reynoso Núñez pedirá a la gobernadora que los reciba en audiencia y pueda ser el enlace para una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por separado, en un comunicado de prensa el gobierno del estado informó que Reynoso Núñez, propuso realizar un diagnóstico que permita tener un padrón actualizado de ex braceros con la participación de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales para su seguimiento.
Indicó que el funcionario dijo que existe voluntad política por parte del gobierno estatal “para tocar puertas e intervenir ante la federación en la búsqueda de soluciones que atiendan los derechos laborales de este sector”.
Citó que Reynoso Núñez también dio a conocer los diferentes programas sociales con los que cuenta el gobierno estatal, a fin de garantizar una atención integral para las familias de los ex braceros.
En el boletín el gobierno indicó que los exbraceros fueron representados por Aarón Cabañas Marcial y Carmelo Loeza Hernández, dirigentes nacionales de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), quienes expusieron la inconformidad de ese sector y el abandono institucional que han sufrido.
Dijo que los ex braceros confían en la gobernadora y el presidente López Obrador para resarcir el daño de esta comunidad de trabajadores del campo y que además “agradecieron la intervención del gobierno estatal para coadyuvar en la búsqueda de soluciones, y reconocieron a la gobernadora como una mujer sensible ante las desigualdades que históricamente han vivido las y los guerrerenses”.
Mencionó que al encuentro asistieron también el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Luis Chávez Rendón; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el delegado de Gobierno en Acapulco, Osiel Morales Nava.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que en el gobierno estatal tienen claro el panorama de la violencia que generan los grupos delictivos por la disputa de territorios, “que lleva muchos años” y “desgraciadamente se ha recrudecido”.
En declaraciones por teléfono, aseguró que: “estamos trabajando para irlos sacando (de sus territorios) e ir disminuyendo el índice de criminalidad”.
Admitió el mapa que indica que en Guerrero hay más de 16 grupos delictivos que se disputan el territorio. Recordó que él ha dicho que sólo en Acapulco hay más de 16.
Informó, que en las próximas semanas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informará de un plan de desarrollo para la Sierra de Guerrero que implica apoyos y una estrategia “para generar mejores condiciones de vida en esta región del estado”.
El mapa de seguridad del actual gobierno estatal, publicado el lunes en El Sur, indica que este año se tienen registrados al menos 16 grupos delictivos que se disputan el control del territorio del estado para la explotación de recursos naturales, el trasiego y distribución de drogas, así como el cobro de cuotas y las extorsiones.
Derivado de ello el obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, opinó que los grupos delictivos se han multiplicado y fortalecido en la entidad, en algunos casos por sus vínculos con las autoridades, pero también “por la ineficacia del Estado y los huecos sociales y políticos que deja, donde no han podido entrar a trabajar las instituciones”.
El director de Tlachinollan Abel Barrera, declaró que el mapa indica que ya no hay municipio que no tenga jefe de plaza, y que el resultado es una violencia mayor; las víctimas son asesinadas, ejecutadas, torturadas, encajueladas en actos crueles y de deshumanización de la vida pública a la que “nos han acostumbrado los grupos de la delincuencia”.
Reynoso Núñez declaró que en el gobierno son “respetuosos” de todas las opiniones “y las escuchamos con mucha atención; me parece que esas expresiones que se hacen nos ayudan”.
Pero aseguró que en el gobierno tienen claro el panorama “y sabemos que hay muchos grupos en disputa por el territorio, y estamos trabajando para irlos sacando de estos territorios. Estamos trabajado en todo el estado”.
Respecto al mapa y diagnóstico de los grupos delictivos que se disputan el territorio, dijo: “Efectivamente, cuando yo he hablado de los grupos delictivos, he dicho que solamente en Acapulco contamos con más de 16”.
Reconoció que en el estado hay una disputa que lleva muchos años y que “se ha recrudecido desgraciadamente, pero estamos trabajando para irlos sacando e ir disminuyendo el índice de criminalidad; vamos a seguir atentos a las declaraciones y observaciones que nos hacen los diversos organismos y los actores que hacen vida en el estado”.
No obstante, rechazó que haya vínculos de las autoridades estatales con algunos de estos grupos, como coincidieron en señalarlo el obispo emérito Rangel Mendoza y Barrera Hernández.
“Por parte del gobierno del estado no hay vínculos con ningún grupo delincuencial. Lo ha sostenido la gobernadora y lo ha dicho con mucha firmeza, y nosotros estamos en esa misma línea; quien se involucre con grupos criminales lo hará bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad”.
Aseveró que si hubiese una vinculación de esta naturaleza, probablemente existirían otras condiciones, “pero no lo queremos, ni lo deseamos, me parece que estamos trabajando para imponer el estado de derecho, eso es lo que la gente necesita, no que haya una vinculación del Estado con los grupos criminales, porque ahí es donde se dan los problemas de la extorsión, cobro de piso y secuestros, cuando hay una connivencia y complacencia del Estado”.
Insistió: “vamos a seguir trabajando para que las instituciones de seguridad sirvan verdaderamente al pueblo”.
–¿Se ha hecho una revisión, como para estar tan seguros?
–Se hace siempre, recuerde que hay exámenes de control y con fianza, y cuando hay denuncias se hacen las investigaciones correspondientes. La Policía del Estado ha estado también en la rotación de sus mandos, ha estado buscando erradicar estas prácticas que se arraigaron dentro de los cuerpos policiacos, pero hoy tenemos muy clara la ruta, que es la del trabajo, el respeto a los derechos humanos, y servir a la gente, a la sociedad.
Respecto a su diagnóstico de la violencia que ha aumentado en Acapulco y en Chilpancingo en los últimos días, el funcionario explicó que muchos de los homicidios están ligados a la criminalidad, cobre todo por ajustes de cuentas, pero reconoció que otros, “desgraciadamente” han tocado a gente inocente.
Admitió: “Hay de los dos, hay muchos ligados a la criminalidad pero otras son víctimas colaterales de los conflictos que hay entre los grupos”.
Solución al caso de los desplazados
El funcionario dijo que al gobierno se le dificulta dar seguridad a los pueblos de la sierra porque son muchas comunidades y muy dispersas, “y es materialmente imposible” instalar una base para cada pueblo. “Lo que hacemos es una estrategia estableciendo puntos de control y rutas de recorridos”.
Explicó que pretenden ir poco a poco penetrando en el territorio, “junto con la Policía del Estado se ha estado implementando esta estrategia y se va a ir trabajando en ella”.
Informó que en el caso de las familias desplazadas de San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, que pedían que se atendiera el problema de seguridad, en la reunión del martes les informaron que ya había presencia en la zona desde antes que se desplazaran; “estaba la Policía del Estado junto con el Ejército”.
No obstante indicó que ellos están pidiendo una base permanente “y el Ejército nos está apoyando en las tareas de seguridad en la sierra, sin embargo, es muy complicado instalar bases en cada comunidad”.
Pero añadió que van a mandar a San Antonio de las Tejas grupos de la Policía del Estado con el apoyo de soldados “y vamos a ir valorando cómo se va desarrollando la seguridad en esta comunidad y en toda la zona en general”.
Dijo que es el mismo problema que plantean las 40 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, que la semana pasada pidieron también, la presencia del Ejército, pero aseguró que ya los hay, aunque “no en la forma de bases permanentes en cada comunidad, porque es materialmente imposible”.
Informó que para resolver el problema de la violencia en la sierra el Gobierno del estado está trabajando en un plan de desarrollo que pronto dará a conocer la gobernadora.
“Es un plan que incluye el tema social, de educación y de salud; el tema de seguridad es importante en estos momentos y se tiene que atender de manera inmediata para evitar la inseguridad y que se sigan dando los desplazamientos de más comunidades, pero también debe ir acompañado y de la mano de un proyecto social y es el que está trabajando la gobernadora”.
Explicó que el hecho de haber considerado a la sierra como octava región, no es solo un tema declarativo, sino que va a ir acompañado del rubro social.
“La gobernadora hará anuncios importantes en la próxima semana respecto de los apoyos que vienen para la sierra y de la estrategia que se va a estar implementando para poder generar mejores condiciones en esta región del estado”.
El secretario de Gobierno explicó que se trata del plan de desarrollo que han estado pidiendo los actores de la sierra para poder darles a las comunidades la atención que requieren.
“Estaremos dando atención al problema de educación y al de salud, que es bien importante y son los dos reclamos principales, vamos a trabajar también el tema de desarrollo social, y para ellos se está involucrando el programa Sembrando Vida”.
Declaró que es un trabajo que se está haciendo de manera integral y que es la gobernadora la que va a dar el anuncio en las próximas semanas.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el gobierno estatal respalda todas las acciones del Ejército mexicano en el combate a la delincuencia, en consulta telefónica sobre el enfrentamiento este viernes en la comunidad serrana de El Pescado, en el ejido de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán.
Afirmó que van a seguir trabajando de manera conjunta, para fortalecer la presencia del Estado mexicano en regiones que estaban tomadas por la delincuencia organizada.
Sobre el enfrentamiento donde resultó muerto el jefe de zona del grupo delictivo La Familia Micho-cana y dos de sus hijos, indicó que los militares realizan acciones conforme a las líneas estratégicas de acción que se están implementando en toda la Sierra, “nosotros obviamente respaldamos la actuación del Ejército mexicano en la zona”.
Confirmó que van a trabajar de manera conjunta con los militares que tienen más efectivos en campo, “para seguir fortaleciendo la presencia del Estado mexicano en estas regiones donde ya no había control, ya la delincuencia organizada se había apoderado de estas regiones”.
Lamentó la muerte de dos soldados en servicio durante ese evento de violencia, pero añadió que hay personas involucradas en la región con la delincuencia organizada y son señalados por toda la población.
De la situación en la región, consideró que “todo proceso de estabilización lleva tiempo, nosotros estamos trabajando para que haya más presencia del Estado, obviamente para que con esto se logre una paz duradera”.
Confió en que “las acciones van trascender, van tener mayores alcances para que la gente de la sierra viva en paz”.
Si bien, en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción Paz es donde se revisan las estrategias acordadas, recordó que el Ejército participa más activamente en las acciones porque tienen tiene un mayor número de elementos en el estado.
Enfatizó que la Sierra tiene una atención especial en este gobierno, porque sus condiciones son más complejas, “hay una gran dispersión de las comunidades, los caminos están en muy mal estado, hay condiciones muy diferentes de trabajo.
También están atendiendo la demanda social, y Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (Cicaeg), prepara la mejora de caminos.
Reprueba expresiones del delegado estatal en la Montaña sobre el paro en el hospital
Sobre el paro laboral del hospital general de Tlapa, confirmó que están revisando alternativas con la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), y probablemente en unos días haya una solución.
De las declaraciones del delegado del gobierno estatal en la Montaña, José Bazán González, para que ciudadanos y alcaldes de la región desalojen a paristas del hospital de Tlapa, en un acto público, Reynoso Núñez aclaró que “definitivamente” esa no es una solución.
Precisó que el funcionario no depende de la SGG, sin embargo, tienen una buena relación como autoridades, y se habló con él.
“Entiendo que son expresiones que se hicieron en algún momento, ya hemos hablado con él, definitivamente la solución no es que se tome justicia por propia mano, para eso estamos la autoridad”.
Confirmó que está en diálogo con la líder de la Sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, con quien espera encontrar una salida dialogada al paro de labores.
Los trabajadores tienen poco más de tres semanas exigiendo con la toma de oficinas la salida del director y el administrador Javier Blanco Martínez y del administrador Gregorio Ramírez Maldonado, porque no atienden sus demandas para el servicio y como trabajadores.
El secretario indicó que están trabajando en alternativas, en propuestas y probablemente en estos días haya una solución.