Eran de una familia de Cuernavaca, Morelos, los cuerpos de tres hombres y dos mujeres ejecutados a balazos y calcinados hallados el domingo en Olinalá.
Fuentes del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que las víctimas fueron identificadas como Elizabeth de 24 años, Silvia de 40, Aristeo de 38, Fernando de 21 y Adelfo de 50 años.
En el expediente de la Policía Ministerial se informó que los integrantes de la familia salieron el domingo de su lugar de origen en una camioneta Ford gris y se dirigían hacia una comunidad de la región de la Montaña para acudir a una fiesta.
Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para después sepultarlos.
La tarde del lunes los cuerpos de tres hombres y dos mujeres ejecutados a balazos y calcinados fueron encontrados en el camino de Paraje-Texcalera cerca de las comunidades Tecolapa y Iyocingo en el municipio de Olinalá en la región de la Montaña.
Por su parte el alcalde priista de Olinalá, Saúl Apreza Patrón lamentó los hechos porque “no se había visto algo así en mi municipio, que considero es uno de los más seguros” y señaló que es un hecho de violencia aislada que impactó por la forma en que fueron asesinadas.
El comisario de la comunidad de Ventanas informó a la Dirección de Seguridad Municipal que en El Manguito cerca de la carretera estaban cinco personas calcinadas.
La Montaña ha sido escenario de hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
Hace 11 días los cadáveres de seis hombres, seis cabezas y dos osamentas que corresponden de 14 personas fueron encontrados en un barranco de 90 metros de profundidad en la carretera federal Tlapa – Marquelia municipio de Copanatoyac informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Piden ciudadanos de Olinalá que Telmex mejore su servicio de internet
Ciudadanos del municipio de Olinalá pidieron a través de la organización Change.org que Telmex mejore los servicios que les brinda, ya que llevan años con deficiencias en el uso de internet.
En un comunicado que envió Change.org solicitan firmas para que apoyen a este municipio en la Montaña, porque han solicitado su colaboración para hacerle llegar la petición a Telmex, de que no está brindando el servicio por el que están pagando los usuarios.
También informaron que en 2004 contaban con mil 800 líneas de teléfono de casa, sin tomar en cuenta los teléfonos celulares.
Explicaron que más de 50 por ciento son profesionistas que requieren de una computadora con internet y llevan cinco años con este problema, y aunque han ido a quejarse con autoridades municipales para que exijan una mejora a las instancias reguladoras de las Telecomunicaciones, no lo han hecho. Así también, detalla que en Olinalá la gente se dedica a la artesanía, ganadería y agricultura, y casi todos necesitan contar con un servicio eficiente de internet porque están pagando el servicio.
De acuerdo con la publicación de Change.Org es necesario alcanzar mil firmas para que puedan hacer llegar a Telmex, y a las autoridades, la petición de los olinaltecos, que por la noche apenas llevaban 102 firmas.
Denuncian pobladores de Olinalá que el alcalde quiere imponer un comisario con elecciones a modo
Pobladores de la comunidad de Zontecomatlán del municipio de Olinalá se inconformaron porque este domingo acudió un representante del Ayuntamiento y del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) para hacer nuevamente las elecciones de comisario luego de que ganaron un juicio para anular las elecciones de junio, sin embargo lo único que quieren es que se reconozca al comisario que ese día ellos eligieron por usos y costumbres.
La convocatoria para las elecciones que programó para este domingo el alcalde priista, Saúl Apreza Patrón, no se definió en Cabildo, además no se emitió 15 días antes y por lo tanto no se llevaron a cabo, lo único que se provocó fue un conflicto verbal y físico entre el grupo afín al del edil y el de los pobladores que ganaron la anulación.
En una llamada el abogado de los pobladores inconformes, Panfilo Sánchez Almazán relató que “nosotros promovimos un juicio de reconocimiento de nuestras autoridades, lógico que el Ayuntamiento lejos de reconocerlo reconoció a su grupo, lo cual lo hicieron en una casa particular (la elección de junio), nada más recabaron las firmas, nosotros promovimos el juicio, acreditamos que hubo varias inconsistencias por lo tanto el Tribunal (Electoral del Estado de Guerrero) le ordena al Ayuntamiento cancelar los nombramientos y que el Cabildo debiera emitir una nueva convocatoria con fecha de elección”.
Agregó que el día de las elecciones, el 25 de junio el grupo de pobladores que representa hicieron su elección por usos y costumbres como lo han hecho siempre y en la comisaría como se indica el proceso.
Recordó que ese día hubo inconformidad por parte del grupo del alcalde porque no beneficiaba sus intereses, por lo tanto hicieron sus propias elecciones en una casa particular.
Dijo que luego de las elecciones el Ayuntamiento no les reconoció a su comisario y reconocieron al otro.
Abundó que la semana pasada el Ayuntamiento emitió la nueva convocatoria sin que les notificara.
“La convocatoria que emitió de mala fe y con alevosía y ventaja la convocó para hoy (ayer), pero sin notificar a la contraparte que somos nosotros, digo nosotros sabíamos de la resolución. Resulta que el presidente de manera de mala fe, sin que se sesionara en Cabildo emitió una convocatoria a intereses de ellos y la programaron para el día de hoy, nosotros ya nos enteramos muy tarde el día viernes, porque para justificarse fueron a pegar una convocatoria a un poste”, detalló.
Por lo tanto los vecinos acudieron al auditorio donde fue convocada —cuando debería ser en la comisaría— y fijaron su postura ante el secretario general y el representante del IEPC.
“Nosotros argumentábamos que el Ayuntamiento en ningún momento sesionó para acordar en qué términos se iba a lanzar la convocatoria y para cuándo”, indicó.
Además pidieron que se leyera la resolución del Tribunal en la que decía que primero el Cabildo debiera acordar los términos de la convocatoria y la fecha, pero no se hizo, que se iba a llevar a cabo por usos y costumbres, sin embargo se pretendía hacer sólo con las personas que tuvieran credencial de elector.
“Cuando en los pueblos sabemos, primero cada comunidad indígena tiene un padrón y se lleva el control de los ciudadanos que están al corriente con su servicio como con sus cooperaciones”, manifestó el abogado.
Lo único que se provocó fue un enfrentamiento a golpes y verbal entre ambos grupos de pobladores.
Sánchez Almazán argumentó que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) recurrieron a un recurso donde se le está exigiendo a las autoridades electorales que reconozcan la elección que efectuaron en junio, donde eligieron como comisario a Fidencio Cruz, porque lo hicieron en términos de ley y apegado a derecho, que por lo tanto están en espera.
Con esta situación los pobladores consideran que el alcalde quiere imponer a su comisario afín a sus intereses priistas.
Acaban su paro trabajadores de IMSS en Tlapa; les pagarán salarios y viáticos en 15 días
Trabajadores de la unidad médica urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Prospera de Tlapa, concluyeron su paro laboral el jueves 27 de abril, tras acordar con sus superiores los pagos de sus salarios y viáticos.
Este viernes se reincorporaron a sus labores y, de manera escueta se supo que en 15 días les pagarán los honorarios y viáticos pendientes, así como la reparación de las camionetas y camiones que usan para atender a pacientes en las comunidades.
Los 10 trabajadores que se negaron a identificarse por miedo a represalias, sólo dijeron que su paro, iniciado el lunes 24 de abril, era porque no les habían pagado salarios ni viáticos desde octubre de 2016.
La unidad médica se encuentra dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (Cdi).
Recientemente, la Secretaria de Salud del estado informó que IMSS-Prospera atenderá con sus unidades móviles a 11 municipios, ante los recortes al presupuesto en 2017, entre los que están Malinaltepec, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán, Acatepec, Metlatónoc, Alcozauca e Iliatenco.
Derechohabientes na savi, me’phaa y nahuas se inconformaron y exigieron atención e información luego de que suspendieron el programa de caravanas de la Salud sin avisarles. (Antonia Ramírez / Tlapa).
Exigen atención médica indígenas de la Montaña ante la suspensión de las caravanas de salud
Pobladores na savi, nahuas y me’phaa de los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Zapotitlán Tablas y Alcozauca exigieron atención médica y medicamentos porque tienen meses sin el servicio.
Autoridades de varias comunidades exigieron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, región Montaña, de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Morales Alvarado, que reponga los servicios de las caravanas que suspendieron sin avisar.
El comisario de la comunidad me’phaa de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Misael Bruno Arriaga informó que la Ssa suspendió seis caravanas que atendían a vecinos de 49 comunidades de seis municipios, “por falta de presupuesto”, se quejó.
Los indígenas llegaron alrededor de las 2 de la tarde a la Jurisdicción para plantear sus reclamos; ahí fueron atendidos por Morales Alvarado, quien les prometió que tendrán atención médica a partir de mayo en caravanas del IMSS-Prospera, con el que el gobierno del estado firmó un convenio luego de desaparecer las seis rutas de caravanas de la Secretaría de Salud estatal.
Los asistentes pidieron que los acuerdos se pusieran por escrito para formalizarlos, porque “las palabras se pierden”, y donde les informaran de la desaparición de las caravanas en sus comunidades.
El comisario de la comunidad de Xochimilco, municipio de Olinalá, Nemorio Pascual dijo que acudió porque les quitaron la caravana sin informarles y porque hay varios vecinos enfermos.
En la reunión hubo autoridades de las comunidades de Almolonga, municipio de Alcozauca; Xochimilco, municipio de Olinalá; y El Tepeyac, La Lucerna y La Soledad, del municipio de Malinaltepec.
Todos coincidieron en que el gobierno quita los recursos a las zonas más pobres y manda gente que iba a prestar sus servicios sin paga, “y por eso hacen mal su trabajo”.
También se quejaron de la falta de medicamentos en las casas de salud, o de que los mandan caducados, y reclamaron la falta de información oportuna sobre el retiro de las caravanas, “porque así más o menos sabemos los días de atención, y ahora nos dicen que tenemos que bajar a los centros de salud donde ni nos atienden y quedan lejos”.
Mostraron su desacuerdo con el servicio de IMSS-Prospera, “con caravanas luego nos atendían mal o faltaba medicamento, y ahora con éste no traen nada, ni equipo ni medicamento, estaremos peor y cuando quieran nos lo quitan”,
Dijeron que discutirían la información en sus comunidades para exigir el derecho a la salud, “no vendremos a pedir, vendremos a exigir que se cumpla”, advirtieron.
Aceptaron confiar en la palabra del jefe jurisdiccional, a quien le pidieron que reinstale las caravanas de salud, porque no confiaban en las del IMSS-Prospera, que empezarán desde cero y “no traen medicamento”, insistieron.
No tiene garantías de seguridad para regresar a México, señala Nestora desde Estados Unidos
A un año de haber salido de la cárcel, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado, quien radica en Estados Unidos, señaló que la criminalización en su contra persiste y que no cuenta con garantías para regresar a México.
La comandanta fue aprehendida el 21 de agosto de 2013 y fue acusada de secuestro y homicidio. Por la noche del 17 de marzo de 2016 le notificaron el auto de libertad que determinó que no existen elementos suficientes para inculparla, y al siguiente día salió libre.
A un año de permanecer en libertad y radicando en el país del norte, mandó un comunicado desde Phoenix, Arizona, donde expresó que la siguen criminalizando, persiguiendo y no tiene garantías de seguridad para regresar a México.
Resaltó que antes de salir de prisión se enteró de que las órdenes de libertad otorgadas a su favor habían sido apeladas por las supuestas víctimas, pero que ha pasado un año y ninguno de los acusantes se ha presentado a ratificar su denuncia, lo que impide que su caso se cierre definitivamente, y por lo tanto abona a que persista la criminalización en su contra.
“A pesar de ello, un día después de salir me reuní con organizaciones sociales para agradecer de manera personal todo el esfuerzo que hicieron para lograr mi liberación y les informé que mi lucha no cesaría, que lucharía para exigir la liberación de los presos políticos en México y por la defensa de los derechos humanos, hoy mi compromiso sigue vigente”, señaló la comandanta.
Abundó que su trabajo y liberación fueron forjados por el pueblo. Además que cada una de las acciones para exigir su libertad en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hizo posible derribar los muros que le permiten estar ahora con su familia y continuar su lucha.
Sostuvo que los 940 días que estuvo presa “de manera ilegal y arbitraria”, como lo declaró el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, y lejos de la Policía Comunitaria, su familia y la afectación a su salud no serán en vano, que seguirá luchando por su libertad absoluta y para que pueda continuar su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde Olinalá.
“Después de toda la fabricación de delitos en mi contra, como asesinato y secuestro, y de la tortura que sufrí desde el primer día en que fui detenida, el 18 de marzo es y será uno de los mejores días de mi vida”, recalcó.
Finalmente señaló que junto con el Movimiento Continental por los Derechos Indígenas y el Comité de Defensa del Barrio Tonatierra Movimiento Macehualli en Phoenix, Arizona, exigirán el cese a la criminalización en su contra, también el alto a las deportaciones de la policía de Estados Unidos y a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en este país.
“Hoy más que nunca (se necesita) la unión entre nuestros pueblos y la exigencia del respeto a nuestras formas de organización comunitaria desde cualquier parte del mundo”, manifestó.
Marcha en Huamuxtitlán la Policía Ciudadana y Popular; exige se reconozca su sistema
Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de la cabecera municipal de Huamuxtitlán marcharon para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas amparados en la Ley 701 y que se incorpore en ella el reconocimiento de su sistema de seguridad y se manifestaron en contra del gasolinazo.
La marcha comenzó como a las 10 de la mañana y fue desde la gasolinera al Ayuntamiento, en su recorrido los participantes gritaron consignas y desde un carro de sonido explicaban el motivo de su movilización.
Al llegar al Ayuntamiento se colocaron frente a la fachada con sus mantas y pancartas.
Ahí se leyó el manifiesto del sistema de seguridad surgido en la comunidad nahua de Temalacatzingo, Olinalá, que se ha instaurado en colonias del municipio de Tlapa y localidades del municipio de Malinaltepec y Cualac y dijeron que de manera conjunta estuvieron en Olinalá.
Los manifestantes exigieron la solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que tienen años sin atenderse y están plasmadas en los pliegos petitorios específicos, además de un alto a la violencia institucional y jurídica que se ejerce contra los militantes de la CRSJ-PCP.
También exigieron al juez décimo de distrito del estado que dé una resolución definitiva y que absuelva de los delitos falsos que la organización priista Antorcha Campesina en complicidad con el Ministerio Público (MP) de Olinalá y funcionarios del Ayuntamiento en el periodo del priista, Eusebio González Rodríguez, fabricaron a integrantes de la PCP, quienes fueron designados en asamblea como guardianes de la seguridad del pueblo.
Exigieron al Estado mexicano, el Tribunal de Justicia del Estado, el juez del Juzgado Décimo de Distrito, respeten la Ley 701 y el artículo 2 de la Constitución, así como un alto a la represión y presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a todos los presos políticos del país, esclarecimiento a los asesinatos de activistas, luchadores sociales, profesores y mujeres.
Y que el gobierno del estado dé cumplimiento a la demanda de los pueblos sobre la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG).
Pidieron que el Ayuntamiento se manifieste ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Congreso para que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado no sea reformada y se afecten los derechos elementales de los pueblos y se respete la autónoma y la libre determinación.
Y que si el Congreso hace modificaciones debería consultar el contenido con los pueblos y no sólo a pequeños grupos de acarreados y manipulados ya que “toda ley que se impone de facto es ilegítima y genera violencia”.
Pidieron a los integrantes del Cabildo, al presidente, síndicos y regidores que se pronuncien contra la reforma energética, laboral, educativa, hacendaria y de salud que en su conjunto generan discriminación, exclusión y pobreza, como ejemplo pusieron el alza a los costos de la gasolina, los impuestos y aumento de los precios de los productos de la canasta básica.
Los manifestantes se quejaron de la inseguridad y las cifras de marginación y pobreza en el estado que limitan el desarrollo de las comunidades. También de que la Ley 701 contempla varios derechos pero sólo en el papel y que en la realidad no se cumplen, por lo que exigieron que sean acciones reales no sólo de esta ley específica para indígenas sino de todas las que amparan a los ciudadanos.
Unos guardias entraron al Ayuntamiento a dejar un documento con las demandas específicas que tiene la PCP en este municipio y fueron recibidos por la secretaria del presidente, al tomar la fotografía del hecho policías municipales que cuidaban la puerta cerraron el paso a esta reportera diciendo que no se podía hacer eso y llamaron a mujeres policías para intimidar y sacar del edificio porque no “estaba permitido tomar fotos”.
Los guardias de la PCP cumplieron con el protocolo de dejar el documento porque el edil estaba en otra actividad, salieron a informar a sus compañeros y se retiraron del lugar para finalizar su actividad que dijeron fue simultánea en las comunidades donde tienen presencia.
Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC
En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.
No tiene cargo en la CRAC pero colabora con la casa de San Luis Acatlán: Nestora
La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.
Se deslinda la CRAC de Huamuxtitlán de la retención de comunitarios de Rincón de Chautla
El miembro del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez se deslindó de los hechos de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde el sábado pasado retuvieron a 14 policías comunitarios de una fracción opuesta que luego fueron liberados, el 16 de junio.
Manuel Alejandro Gutiérrez solicitó, vía telefónica, que se precisara la información luego de que en diversos medios, incluido El Sur, se publicó que en la operación del 18 de junio participaran policías comunitarios de Cualac, Huamuxtitlán y Temalacatzingo, del municipio de Olinalá.
“Los que integramos la Policía Comunitaria de La Cañada, de Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán no tuvimos conocimiento de nada”, dijo.
Descartó la participación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y de la que hay en Huamuxtitlán, así como la de Cualac, “porque nadie nos dijo, y no se vale que digan que estuvimos cuando no fue cierto”.
Añadió que en la subregión Cañada tienen sus ocupaciones, y que para participar en alguna acción u operativo se convoca y no se hace a la ligera.
Agregó que la precisión es porque se continúa hablando de su participación, pero “para que nosotros pudiéramos estar nos debieron convocar a una reunión, y eso no ocurrió”, insistió.
El comité de comentó que tampoco cree que participaran en la operación los policías comunitarios de Cualac ni integrantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Olinalá y sus comunidades.
El 11 de junio, policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco acudieron a la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, donde, luego de anunciar la conformación de su organización, retuvieron a 14 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Las 14 comunitarios fueron liberados el 16 de junio, tras una asamblea, donde se acordó la disolución de ambos grupos comunitarios; el comisario municipal se coordinará con la Policía Estatal para la seguridad, acordaron.