La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, informó que las autoridades locales no han acatado el fallo a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por lo que espera la llegada de Policía Federal para su resguardo personal y posiblemente para que la reinstale en el ayuntamiento, que aún está tomado por sus opositores.
En declaraciones ayer en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde fue citada para declarar junto con sus testigos por la denuncia presentada tras las agresiones en su contra desde marzo pasado, comentó que a casi dos meses del fallo de la Sala Superior del Trife, su situación continúa igual.
La alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC) comentó que ya informó al tribunal federal que las autoridades del estado no han acatado la resolución en la que se acredita la violencia política de género en su contra y ordena que la rinstalen en el ayuntamiento que está tomado desde marzo por sus opositores.
Dijo que “apenas avisamos” y está en espera de lo que el Trife le responda, a casi dos meses de que el tribunal dictaminara que en Mártir de Cuilapan se comete violencia política y de género en su contra.
Comentó que los dos meses se cumplen el próximo lunes 19 de diciembre y sólo la han atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE), que le informaron del envío de policías federales para su resguardo personal o para reinstalarla en el ayuntamiento de Apango.
En su fallo el Trife pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, del Congreso local, la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad Pública, el Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) y la Fiscalía General del Estado, pero ninguna está interviniendo en acatamiento a la orden judicial.
La presidenta municipal reprochó que el organismo de defensa de los derechos humanos hasta ahora esté atendiendo su caso, ya que la denuncia por la que llamaron a declarar a sus testigos fue presentada tras las primeras agresiones en su contra en marzo y abril.
Comentó que la denuncia fue por la toma del ayuntamiento y los actos violentos en el municipio, como la incursión y saqueo en sus casas y la quema de vehículos.
Apenas ayer la Codehum llamó a los testigos de la presidenta municipal; “están llamando a declarar a los testigos de un juicio que ya está juzgado por el tribunal”, dijo.
Durante la estancia de la presidenta municipal en la Codehum, afuera estuvo la patrulla de la policía estatal que la resguarda y los uniformados distribuidos en algunos puntos, principalmente en las entradas del edificio.
El gobernador Héctor Astudillo Flores y el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez, inauguraron las oficinas de la Policía Federal y Gendarmería, ubicadas en la zona Diamante, y en su mensaje el primero agradeció el apoyo de esta corporación, pues dijo: “Yo no puedo tener una idea de qué podría suceder si no contáramos con su ayuda en Guerrero”.
Astudillo Flores les dijo a los policías federales presentes que les reconocía el trabajo que han hecho en Guerrero y que no quería de dejar de reconocerlo, que esperaba que esas oficinas les sirvan, pues “las hemos hecho con una gran determinación y como una pequeña contribución a su trabajo y presencia”.
“Yo no puedo tener una idea que podría suceder si no contáramos con su ayuda en Guerrero, reciban mi reconocimiento y mis mejores deseos para ustedes y para sus familias en estas fechas”, dijo el gobernador.
En su breve mensaje, según un boletín de prensa, porque la actividad programada a las 6 de la tarde se adelantó sin avisar a reporteros, Astudillo Flores agradeció también al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y al responsable de la Gendarmería por el apoyo brindado al estado.
En el acto de la inauguración de las oficinas también se develó una placa que dice: “Se dedica este lugar como centro de trabajo digno para desempeñar las funciones de la Policía Federal en el estado de Guerrero, manteniendo los canales de comunicación abiertos con la ciudadanía que vive y visita este estado”.
En las nuevas oficinas laborarán agentes especializados de la División de Inteligencia y cuenta con sala de juntas y oficinas de servicio de inteligencia.
Por su parte, el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí, le manifestó al gobernador Héctor Astudillo las gracias por las oficinas, pues “por usted tenemos un inmueble para llevar a cabo nuestro trabajo y labor en beneficio de la sociedad”.
A la inauguración asistieron el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el Fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El gobierno del estado informó que el equipo negociador que envió a San Miguel Totolapan acordó, con la autodefensa que se creó en esa cabecera municipal, un intercambio entre el ingeniero levantado Isauro de Paz Duque y la madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, además de la liberación y poner a disposición de las autoridades a los retenidos por los ciudadanos armados.
En el comunicado no dice cómo se logrará que la banda de Los Tequileros libere al ingeniero, para que se pueda hacer el intercambio, o si alguna de las partes ya tiene comunicación con esa organización delincuencial.
Ayer en la mañana el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) integrado por policías federales, estatales, el Ejército y el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que fue un equipo negociador a San Miguel Totolapan y que se enviaron 220 agentes de diferentes corporaciones para una operación de búsqueda. 120 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 60 policías federales y 40 estatales.
En un boletín del gobierno del estado se informó anoche de los acuerdos entre una comisión de funcionarios y de personal de la Comisión Estatal de Defensa de los derechos Humanos (Codehum) con siete vecinos de San Miguel Totolapan.
El comunicado fue distribuido anoche a los medios de comunicación. A algunos les llegó mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a otros por la Secretaría de Gobierno o por la oficina de comunicación del gobernador.
Según el boletín la mesa de trabajo concluyó con el acuerdo con los pobladores de San Miguel Totolapan de “liberar y poner a disposición de las autoridades correspondientes a una veintena de prsuntos integrantes del grupo delictivo Los Tequileros, ahora retenidos por autodefensas, así como a la madre de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero”.
Agrega: “se hará un intercambio entre el ingeniero Isauro de la Paz Duque por la señora Felix de Almonte, madre del presunto delincuente apodado El Tequilero, ante esta acción los funcionarios de gobierno y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se concreten esos resultados”.
Agrega que trasladará a los retenidos al Ministerio Público de Arcelia, “bajo la observancia de todas las medidas de seguridad”, “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
Se informó que la reunión fue en la Secundaria Técnica No 38 de San Miguel Totolapan y que participaron el director de Gobernación del estado Jesús Vargas, el vicefiscal de Prevención Alejandro Santos, la primera visitadora de la Codehum Violeta Carolina Parra, así como siete pobladores de esa localidad de la región Tierra Caliente.
Antes al mediodía el gobierno estatal envió otro boletín en el que informó que acordó la integración de un equipo de negociación que “establezca contacto inmediato con familiares de un ingeniero reportado como desaparecido y con la autodefensa que se conformó en su búsqueda en la cabecera de San Miguel Totolapan”.
En este comunicado el gobierno estatal dice que la fuerza conjunta de 220 agentes busca que no lastimen a las personas reportadas como desaparecidas, “ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los Tequileros que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.
La recién formada autodefensa de San Miguel Totolapan mantuvo retenidas ayer a 18 personas incluyendo a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, con la intención de intercambiarlas por el ingeniero secuestrado Isauro de Paz Duque, con vida, lo que se asentó como acuerdo en una mesa de negociación con representantes del gobierno del estado que acudieron al punto del conflicto para dialogar.
Ayer cerca de las 10 y media de la mañana llegaron agentes del gobierno del estado a San Miguel Totolapan para dialogar con el movimiento que se levantó en armas este lunes, y para pedirles la liberación de las 18 personas que mantienen retenidas.
Por otra parte según un informe oficial, la noche del lunes, los integrantes de las autodefensas soltaron a seis personas de las 24 que mantenían retenidas en la comandancia, a quienes acusan de nexos con la delincuencia organizada y de trabajar para el grupo criminal Los Tequileros.
Entre los retenidos acusados de vínculos con criminales está la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro y la madre de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, la señora Félix de Almonte.
Los acuerdos
La mesa de negociación se canceló casi al mediodía y se retiró el grupo del gobierno una vez que escuchó las inconformidades.
La postura de la autodefensa fue clara desde el principio: no liberar a ningún otro retenido hasta que estuviera libre el ingeniero.
Cerca de las 4 de la tarde se reanudó la mesa de negociación y las demandas de la autodefensa quedaron como acuerdos: Primero que se hará el intercambio de la señora Félix de Almonte, madre de El Tequilero a cambio de la vida del ingeniero Isauro de Paz.
El resto de los retenidos serán puestos en manos del agente del Ministerio Público de Arcelia para su investigación una vez que se haga el intercambio, se respetará la integridad de cada uno y se mantendrá la policía en el lugar como refuerzo a la seguridad.
En la reunión estuvieron Jesús Vargas Vargas director general de Gobernación del Estado, Alejandro Santos González vicefiscal de Prevención, Violeta Carolina Parra Reyna primera visitadora general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, además de una comitiva de siete vecinos de San Miguel Totolapan.
La autodefensa se mantuvo armada, en la tarde hubo reportes de camionetas con civiles armados de El Tequilero muy cerca del centro y eso puso en alerta a todo el grupo que resguarda dos cuadras a la redonda de la comandancia de la policía, donde están los retenidos, pero no hubo ningún enfrentamiento.
Ayer en la reunión hubo versiones de que hay negociaciones con El Tequilero para el intercambio.
“Dónde está mi marido”; se suman al movimiento familiares de víctimas de secuestrados
La presencia militar y policiaca en la cabecera municipal es intermitente, los agentes salen y entran. El argumento es que están buscando al ingeniero en recorridos foráneos.
San Miguel Totolapan está desierto, todos los negocios están cerrados, las casas cerradas, casi no se ve gente en las calles sólo patrullajes de las autodefensas. Algunas viviendas lucen banderas blancas del mismo grupo.
A la zona están llegando personas a sumarse desde muy temprano al movimiento.
Sonia es una mujer de 30 años de edad aproximadamente, acudió con familiares a sumarse al movimiento y expresó, “quiero que me digan dónde está mi marido, lo secuestró El Tequilero”.
Informó que recientemente secuestraron a su esposo, pagó 40 mil pesos por él cuando le pedían 200 mil.
“Estoy embarazada y me hicieron subir una loma para dejar el dinero y a la fecha no sé nada de mi marido, quiero que me lo entreguen por eso estoy aquí, porque quiero que ellos me ayuden a encontrar a mi marido”, dijo la mujer mientras lloraba.
Si el gobernador no atiende San Miguel habrá un enfrentamiento, advierte el alcalde
El presidente municipal Juan Mendoza Acosta, de extracción perredista, dijo a la prensa nacional y estatal que acudió al lugar que si el gobernador Héctor Astudillo Flores no atiende San Miguel Totolapan podría haber un enfrentamiento.
“El pueblo está haciendo su deber, el pueblo se está levantando porque la gente está cansada, mi postura es que lleguemos a un diálogo y que reine la paz, a un término bueno pero que al pueblo se le haga justicia”, dijo.
También expresó que “el tema es la inseguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, si el gobierno les garantiza eso desistirán pero además que los tequileros se entreguen”.
“Yo no me he acercado al movimiento pero la situación es así hace 15 días que se levantaron a dos contadoras de aquí, (empleadas municipales), hace ocho días mataron a un tránsito municipal, el domingo se levantan a un ingeniero, eso derramó la gota, la gente se levantó”, relató.
“Yo le pido al gobernador que mire a San Miguel Totolapan porque puede haber un enfrentamiento”.
A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.
La marcha
La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.
En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes
Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.
El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena informó que este viernes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y mandos militares para hacer una evaluación de la estrategia de seguridad.
En declaraciones a reporteros, luego de la entrega de certificados de bachillerato en la sala de juntas del Ayuntamiento, explicó que el acuerdo fue mantener las operaciones de revisión a automovilistas y motociclistas, así como los recorridos que de la Policía Federal.
Además dijo que las bases de operaciones del gobierno municipal que se encuentran en Petaquillas y Amojileca, ya no serán “estáticas” y se van a desplegar en diferentes puntos de Chilpancingo.
Para reforzar la seguridad en Chilpancingo, donde han ocurrido 226 asesinatos en lo que va del año, expuso que las autoridades municipales seguirán impulsando el programa de Vecino Vigilante.
Agregó que ha logrado la integración de 122 comités de Vecino Vigilante y que el objetivo en 2017 será incrementar la cifra a 200, además de que se contratará más personal para la policía de proximidad, dando prioridad a jóvenes que hayan realizado recientemente su servicio militar.
Informó que Chilpancingo cuenta con 112 policías municipales evaluados y certificados, y 24 reprobados que serán dados de baja, pero aclaró que esto no afectará las finanzas del Ayuntamiento.
De la postura del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD y algunos regidores que le pidieron que hable del problema de violencia en la ciudad para que el gobierno estatal y federal lo atiendan, y aseguraron que la capital enfrenta una situación grave de inseguridad, dijo que comprendía su postura porque son oposición.
En cuanto a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda quien el jueves manifestó que se necesita legislar para generar un marco jurídico que defina el papel del Ejército en las labores de seguridad pública, y que los soldados no estudiaron para perseguir a delincuentes, Leyva Mena se limitó a decir que sí es necesario legislar para ofrecerle a esa institución certeza en su labor.
“El Estado mexicano le ha pedido la colaboración a una institución como el Ejército para enfrentar temas de inseguridad, temas en los que el marco legal no es el apropiado para las funciones de la Secretaría (de la Defensa) y él dice que no pueden dar los resultados que se quieren sin el marco jurídico legal, por eso se requiere la intervención del (poder) Legislativo”.
En cuanto a los trabajos de rehabilitación de la avenida Miguel Alemán aseguró que han concluido, y sólo falta terminar las banquetas, pero aclaró que esto se debe a que las empresas de Izzi y Telmex no han resuelto el cableado, pero aseguró que todo estará listo para el 18 de diciembre, cuando se celebrará el tradicional paseo del Pendón.
Las asociaciones ganaderas de Tierra Caliente se reunieron este viernes por la tarde en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, con funcionarios de la Fiscalía General del Estado, a quienes pidieron su intervención para que la Policía Ministerial no detenga ni extorsione a los ganaderos que llevan a sus animales al proceso de registro.
La tarde de este viernes, se reunieron 14 representantes de diferentes asociaciones ganaderas de la Tierra Caliente con el fiscal regional, Carlos Vinalay de la Rosa, para dialogar acerca de sus inconformidades con la operación de la Policía Ministerial contra de los ganaderos.
Los ganaderos explicaron que están en el proceso de registro y colocación de aretes a los animales, como parte de la campaña para un tránsito correcto en todo el país, tendiente a abrir la frontera norte para la exportación de ganado.
Denunciaron que cuando los ganaderos van a sus respectivas asociaciones, como la de Altamirano, policías ministeriales detienen a quienes lleven el ganado y no les reconocen la validez de sus documentos.
El dirigente de la asociación ganadera de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario dijo que están platicando con la Fiscalía, “porque tenemos quejas de que se ponen aquí, a dos cuadras los ministeriales a detener a los ganaderos, cuando apenas vienen justamente a registrar a sus animales”.
Dijo que con el afán de que, “también se atienda el tema del abigeato, les estamos orientando a los de la Fiscalía acerca de los documentos obligados que debe traer un ganadero para mover su ganado y acreditar su propiedad, pero si lo acredita, luego vemos que se van ahora con el vehículo”.
Mastachi dijo que también están haciendo un llamado a la Policía Federal, que para a las camionetas para revisar las placas, el pago de la tenencia, “traer un faro roto, queremos que nos apoyen”, y dejen de extorsionarlos.
El diputado local perredista, Isidro Duarte Cabrera estuvo en la reunión y expresó que fue invitado para participar como presidente de la comisión correspondiente en el Congreso. Dijo que “la intención no es ser un estorbo en la lucha contra el abigeato, sino buscar los mecanismos de respaldo para que los ganaderos lleguen a donde quieren documentar su ganado”.
Explicó que el registro ayudará a ordenar este sector, “y lo que vamos a pedir es que el gobierno del estado apoye con un programa emergente que aporte un recurso para que los ganaderos no gastes mucho en este registro y se haga todo lo necesario para concluir el aretado del ganado en esta región, y esté listo para la exportación en menos de ocho meses”.
Los ganaderos consideraron que va un poco más del 60 por ciento de avance en el aretado, y que pronto podrán concluirlo si se dan las facilidades.
Profesores de preescolar, primaria y telesecundaria de unas 14 comunidades del municipio de Apaxtla suspendieron clases ayer y no se presentaron a sus centros de trabajo, en protesta para pedir a los gobiernos municipal y estatal seguridad en sus comunidades, caminos y carreteras ante la presencia de un grupo de unos 70 hombres armados, presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana que han visto en la zona.
Tras una reunión la tarde y la noche de ayer los maestros definieron que este día tampoco se presentarán a sus escuelas los profesores de las comunidades, ya que a las 8 de la mañana tendrán otro encuentro con el grupo de 10 policías federales que fueron enviados anoche.
Por separado el alcalde de Nueva Alianza, el general retirado del Ejército Salvador Martínez Villalobos dudó de la presencia de gente armada, y dijo que al menos él no los ha visto y no podría hacer esa afirmación, pero anticipó que haría las gestiones necesarias para solicitar al gobierno estatal mayor seguridad como piden los maestros.
Ayer después de las 10 de la mañana y durante poco más de dos horas, una comisión de unos 60 maestros de 14 comunidades de Apaxtla que ayer suspendieron clases se reunieron en el Palacio Municipal con el alcalde, a quien le pidieron mayor seguridad en las comunidades, caminos y carreteras que transitan para llegar a sus escuelas.
En declaraciones por teléfono al concluir la reunión, un profesor que encabezó la comisión y que pide el anonimato por seguridad, dio a conocer que el jueves de hace dos semanas en la carretera Apaxtla-El Caracol, en el paraje conocido como La Virgen cerca de las comunidad de Zacapostepec y Cacalotepec, “hubo presencia de gente armada, presuntamente de la Familia Michoacana, que son los que nos han estado molestando”.
Narró que esa ocasión los maestros que trabajan en esa zona se tuvieron que regresar ante el miedo de ser secuestrados, y en una zona en la que tuvieron señal de teléfono llamaron a los comunitarios para que los fueran a traer, lo cual hicieron cuatro grupos del Movimiento Apaxtlense.
Mencionó que un día después el grupo de sicarios interceptó a otro maestro que es de Apaxtla y que trabaja en la comunidad El Caracol, lo interrogaron y lo dejaron ir.
Dijo que calculan que son unos 70 hombres con armas largas que están en la comunidad de Xochitepec y sus alrededores, así como en el pueblo de Santa Cruz, municipio de Teloloapan, ambos colindantes con Totoltepec y Arcelia de la región de Tierra Caliente.
Dio a conocer que el lunes algunos profesores no se presentaron a sus escuelas y ayer se sumaron a ese paro los maestros de nivel preescolar, primaria y telesecundaria de unas 14 comunidades.
De la reunión con el alcalde, el profesor de Apaxtla dio a conocer que el presidente les informó que no tiene presupuesto para seguridad pública y que no tiene policías municipales.
Les informó que ha hecho gestiones en materia de seguridad a nivel estatal pero no ha tenido buena respuesta.
“Nos dijo que no nos garantiza la seguridad más que tengamos valor”, dijo y agregó que a las 6 de la tarde tendrían una asamblea general de la base magisterial para definir si suspendían clases en todo el municipio hasta enero o hasta que les enviaran seguridad.
Declaró que la exigencia de los maestros es que se les envíe seguridad y que soldados del ejército –que hasta ayer sólo había entre 15 y 20 -, policías federales y estatales hagan recorridos en las comunidades y las carreteras que ellos usan para ir a las escuelas.
Minutos después de las 6 de la tarde y hasta las 8:30 de la noche los maestros de Apaxtla tuvieron una asamblea en el Zócalo de la cabecera municipal.
Consultado en la noche dio a conocer que habían programado otra reunión para las 8 de la mañana de hoy y dio a conocer que en ese momento habían llegado policías federales.
Informó que en ese momento desconocían cuantos agentes habían llegado y señaló que la reunión con ellos esta mañana será para tomar acuerdos y saber cuál es su plan de trabajo.
Dijo que en la cabecera municipal sí hay clases de manera normal.
A pregunta expresa la fuente consultada informó que la única petición que tienen es de seguridad, y la advertencia de los profesores es parar las clases en todo el municipio hasta que les den seguridad y las condiciones para presentarse a sus centros de trabajo “sin temor a ser secuestrados”.
No ha visto hombres armados, dice el alcalde
Consultado por separado la tarde de ayer, el alcalde Salvador Martínez Villalobos dijo que no podía asegurar la presencia de hombres armados, “porque yo no he visto nada ni me consta… por eso a veces se alarma la ciudadanía de que empiezan a hacer declaraciones de eso y la verdad a mí no me consta eso, si a ellos (los profesores) les consta pues están en su derecho de hacer declaraciones”.
A la petición de seguridad dijo que trataría de lograr algo y haría las gestiones con las autoridades en Chilpancingo, “pero hasta ahí, pero yo presencia de gente armada yo no he visto, hasta ahorita a nadie que no sea gente conocida, por lo que yo no puedo asegurar algo que no me consta”, insistió.
Mencionó ayer su municipio estaba en tranquilidad y que en recorridos que ha hecho no ha visto “absolutamente nada”, aunque no descartó que “en cualquier momento puede pasar algo desagradable y que a cualquiera le puede suceder, incluyéndome a mi como ciudadano”.
Consultado vía telefónica minutos antes de las 10 de la noche el alcalde confirmó la llegada de 10 policías federales en dos patrullas.
El lunes integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y autodefensas de la comunitaria Tecampanera de Teloloapan informaron que se encuentran en “alerta máxima” y mantienen vigilancia en caminos, carreteras y cerros ante el avistamiento de gente armada, presuntos miembros de la organización delictiva La Familia Michoacana, a los que se responsabiliza del asesinato de tres herreros y del ataque a las bases de los comunitarios ocurrida la tarde del sábado.
Civiles armados presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana atacaron la tarde de ayer de forma simultánea dos bases de vigilancia de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, lo que dejó a dos lesionados.
Una hora después del ataque en el centro de la cabecera municipal dos personas fueron secuestradas.
En la tarde vía telefónica el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño confirmó los ataques y a los dos comunitarios heridos que dijo no son de gravedad, dio a conocer que hombres desconocidos intentaron levantar a una persona pero la comunitaria intervino y el plagio no ocurrió.
Asimismo informó que hasta ayer a Teloloapan no habían sido enviados policías federales ni soldados del Ejército, como prometió el gobierno del estado para reforzar la seguridad en el municipio.
A las 3:32 de la tarde de ayer, integrantes de la comunitaria Tecampanera informaron a El Sur que en ese momento había balaceras en distintos puntos de Teloloapan, que se oyeron más de 200 detonaciones de armas de grueso calibre.
Minutos después confirmaron el ataque a dos bases de seguridad, vigilancia y revisión, uno en el punto conocido como Blanca, que se ubica al oriente de la cabecera municipal y que está en el camino de terracería que va a la comunidad de Tierra Blanca y el municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco).
El otro ataque fue a la base Hornos, ubicada al poniente de Teloloapan en un camino pavimentado que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, en este punto dos comunitarios fueron lesionados, al lugar llegó una ambulancia que los trasladó a un hospital de ese municipio.
Se informó que tras el ataque grupos de comunitarios de la Tecampanera salieron a los cerros a perseguir a los sicarios, quienes huyeron hacia la comunidad de Río Zayulapa, asentada en los límites del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, donde antes ya se había denunciado la presencia de hombres armados con vestimenta tipo militar, de una célula de La Familia Michoacana.
Cerca de la zona en la que fue el ataque a la base Hornos, comunitarios localizaron decenas de casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 para fusiles AR-15 y AK-47.
Poco más de una hora después de los ataques, a las 5:15 de la tarde uno de los comunitarios dio a conocer que dos personas habían sido levantadas en el Zócalo de la cabecera municipal, uno de ellos un cartero y el propietario de una casa de alimento para ganado por el cual los delincuentes ya estaban exigiendo el pago de un rescate a sus familiares, para su liberación.
El gobierno no cumplió los acuerdos, se queja la Tecampanera
Por separado, otro de los comunitarios consultado sobre los hechos reclamó la falta de cumplimiento de los acuerdos del gobierno del estado para dar seguridad al municipio, luego de la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Entre el miércoles y jueves de la semana pasada los comunitarios de la Tecampanera tomaron el Palacio Municipal, cerraron tiendas de autoservicio y de cadenas comerciales, posteriormente retuvieron más de 24 horas unos 200 camiones y tráileres de carga de empresas trasnacionales y de empresas de servicios para presionar a las autoridades.
Ayer la fuente lamentó que los policías estatales que enviaron a la cabecera municipal y las bases de Totoltepec y Alahuixtlán, “se la pasan encerrados”, no hacen recorridos ni retenes.
Hasta minutos antes de las 8 de la noche los comunitarios no habían dado a conocer nuevos hechos ni resultados de la persecución y búsqueda de los delincuentes que atacaron sus bases.
Al menos 12 civiles que portaban armas de grueso calibre atacaron a balazos a un hombre que circulaba por el bulevar en la colonia Galeana en esta ciudad.
Fuentes policiacas informaron que a las 6:25 de la tarde de este sábado se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles en esa colonia, frente a la tienda comercial Aurrerá y a la unidad deportiva.
Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), agentes de la Policía Federal y del Ejército, quienes encontraron abandonado un vehículo modelo Seat Toledo con placas HCW-58-77 con cuatro impactos de armas AK-47 o Cuerno de Chivo y AR-15.
Según reportes policiacos, el conductor del Seat se encontraba en el carril de norte a sur del bulevar, frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, cuando al menos 12 civiles fuertemente armados le dispararon desde el otro carril.
El conductor huyó a pie en dirección a la colonia PPS, que colinda con la Galeana, luego de abandonar su vehículo frente a un puesto de tacos ubicado en la esquina de la unidad deportiva, donde resultó herida en una pierna una mujer identificada como María de la Luz, de 43 años, quien estaba cenando cuando ocurrió la balacera y fue trasladada a la clínica del ISSSTE.
Las detonaciones provocaron zozobra en los vecinos y que los clientes de Aurrerá pidieran a los trabajadores que los dejaran salir por las puertas de emergencia, una mujer embarazada a quien se identificó como Sandra Hernández Gómez y se encontraba en la tienda tuvo una crisis nerviosa que le provocó un parto prematuro, según fuentes policiacas que no precisaron a qué hospital fue trasladada para su atención médica.
Pese a que los hechos provocaron la movilización del Ejército y la Policía Federal, cuyos agentes instalaron retenes de vigilancia en distintos puntos del bulevar, una hora después se observó que frente a la unidad deportiva de la colonia Galeana, unos siete hombres estaban tomando cerveza a pocos metros de los agentes que acudieron a resguardar la zona.
Los trabajadores de la taquería se disponían a continuar el montaje de su puesto para seguir vendiendo.
