Cinco ejecutados entre Tixtla y la capital y un muerto y un herido aquí; todos fueron torturados

La noche de ayer cinco hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en el cerro Machohua en el viejo libramiento a Tixtla, en la colindancia con Chilpancingo.
En otro hecho un hombre asesinado a balazos y otro herido en la cabeza fueron hallados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, al poniente de esta ciudad.
Ambos hechos ocurrieron durante la visita a Chilpancingo del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que evaluó las operaciones de seguridad en los municipios calificados por el gobierno federal como los más violentos de Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez e Iguala.
Con estas ejecuciones suman 210 asesinatos en lo que va del año en la capital, en los que presuntamente participó el crimen organizado, según un recuento de El Sur.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a las 8:30 de la noche de ayer recibieron el reporte de que en el kilómetro 7 del viejo libramiento a Tixtla en el cerro Machohua en las inmediaciones de Chilpancingo, había cinco hombres asesinados.
A la zona acudieron policías municipales, estatales y federales que hallaron los cuerpos de cinco hombres boca abajo y acomodados en fila.
Al llegar al cerro Machohua hay una brecha de terracería que conduce a la cima, a unos 150 metros estaban los cinco cuerpos de las víctimas.
Uno de los cadáveres vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul, tenis rojos, otro un pantalón blanco, playera rosa con rayas y calcetas grises con negro, uno más sólo tenía un short rojo, el cuarto vestía un pantalón de mezclilla azul, playera color naranja y encima tenía una cobija roja con naranja, y el último tenía una playera gris en la cabeza y pantalón de mezclilla azul.
La víctimas tenían aproximadamente entre 25 y 30 años, presentaban impactos de bala y huellas de tortura.
La zona fue acordonada por policías municipales, estatales y federales mientras peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.

Encuentran cerca de Casas Geo a otras dos víctimas

Además, un hombre ejecutado a balazos y otro herido fueron encontrados en una calle de terracería en la colonia Las Terrazas, cerca de la unidad habitacional Casas Geo, al poniente de Chilpancingo.
Según fuentes policiacas, a las 9:55 de la noche recibieron un reporte de que en ese lugar había dos hombres asesinados a balazos.
Acudieron policías municipales quienes hallaron los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura, atados de las manos hacia atrás y con los ojos vendados.
El herido vestía playera azul y estaba semidesnudo, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para recibir atención médica.
El ejecutado estaba boca abajo con las manos atadas hacia atrás, vestía una playera morada, pantalón de mezclilla azul y estaba descalzo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En la capital el lunes un chofer del transporte público fue atacado a balazos por civiles armados en la calle principal Eusebio Mendoza de la colonia Alborada.
La mañana del sábado dos hombres ejecutados a balazos y atados de los ojos fueron encontrados dentro de un taxi del servicio público en la calle Nueve de la colonia del PRI y hace nueve días el cuerpo de un hombre de unos 53 años, atado de las manos hacia atrás y asesinado a balazos y con golpes, fue hallado en la colonia Azteca, cerca del panteón nuevo ubicado al norte de la capital.

En dos meses han asesinado a 20 transportistas de la capital, denuncian

 

El Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero denunció que de octubre a la fecha han sido asesinados 20 transportistas en la capital, y exigió al alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena que no se justifique y atienda el problema de inseguridad que impera en el municipio.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el presidente del consejo, Servando de Jesús Salgado Guzmán, informó que por segunda ocasión entregarían un oficio para que el gobernador Héctor Astudillo Flores les dé una audiencia y puedan dialogar pacíficamente sobre temas de inseguridad, además de proyectos para la sierra.
Recordó que a principios de octubre le entregaron el primer oficio, pero no tuvieron respuesta. Dijo que este miércoles en el zócalo harán una concentración pacífica de choferes, líderes y permisionarios, y que se harán presentes de 500 a mil personas, para solicitar audiencia con el alcalde y exigirle que le entre al problema de seguridad.
“Hemos tenido muchos decesos ya en estas últimas fechas, como es el día de ayer, que hubo un asesinato de un compañero del autotransporte, y vamos a pedir que de una vez le entre con el tema de seguridad Marco Leyva, es la única autoridad que no le ha apostado a la seguridad y le estamos exigiendo categóricamente que nos brinde seguridad, no tan sólo al autotransporte, también a la ciudadanía”, expuso.
Indicó que anteriormente ya se habían reunido con Leyva Mena, pero evade el problema de seguridad con el argumento de que no tiene dinero o policías suficientes. Además de que le pedirán sea parte de los proyectos que propone, pues dijo que han sido víctimas de robos de vehículos, asaltos y asesinatos.
Detalló que de octubre a la fecha van cerca de 20 asesinatos de transportistas y que el robo de vehículos es innumerable, pues dijo que prácticamente a diario se roban uno.
“Necesitamos entrarle todos, ciudadanía, asociaciones, pero también el gobierno del estado y si no quiere los proyectos sobre seguridad, pues que le entre el estado, entre el gobierno, pero que le entre bien, ya no queremos más muertes, más robos y ya no queremos más asaltos en Chilpancingo, ni en el estado de Guerrero”, reiteró Salgado Guzmán.
Recordó que entre los proyectos que proponen está el de Choferes Vigilantes, parecido al esquema de Vecino Vigilante, para que en el momento que observen que se comete un delito lo reporten de inmediato.
Dijo que en el caso del gobernador, creen que van a tener buen acercamiento; que en el caso del director de la Comisión Técnica de Transportes del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, ya les informó que el 11 de diciembre les entregarán su cédula de identificación.
De esto, manifestó que “el requisito más importante es la carta de antecedentes no penales, para identificar cualquier situación que se pueda estar dando en el autotransporte, estar excluyendo y tener un autotransporte totalmente limpio. Cerrarle con esto las puertas a la delincuencia organizada y a cualquier otro tipo de delitos que se pueda cometer en el transporte público”.
Añadió que la delincuencia está en todo el estado, pero cree que está más en la capital.
La vicepresidenta María Eugenia Salgado Guzmán señaló que “estamos consientes y estamos certeros en que la seguridad le corresponde al estado y es el estado en sus tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, el que tiene que brindarla. Independientemente de que el Consejo del Autotransporte no ha tenido eco en el tema de seguridad, por cuanto corresponde al municipio, en la prevención del delito, hemos tocado puertas estatales y de la delegación”, explicó.
Contó que el lunes se reunieron con el coronel Aragón, quien es el encargado de las Bases de Operaciones Múltiples, y les externó su apoyo y que se harán recorridos.
Sostuvo que en el caso del presidente municipal, su deber es gestionar los proyectos que sean necesarios, y los recursos económicos que se requieran para dotar y capacitar, para tener todas las herramientas para la prevención del delito y que ahí es donde también resalta que el alcalde está fallando en las comunidades, “no se está ocupando de su municipio”.

El acuerdo es coordinarse con la PF y el Ejército, no replegarse, dice la Tecampanera

 

La Policía Comunitaria Tecampanera informó que ayer a Teloloapan no habían llegado los policías federales que se anunciaron, y reiteraron su postura de no dejar las armas ni su movimiento porque sería un “suicidio” para ellos.
En declaraciones por teléfono la tarde de ayer uno de los fundadores y coordinadores del movimiento de autodefensa de Teloloapan, que pidió el anonimato, dijo que uno de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno estatal en la reunión del viernes es trabajar en coordinación con la Policía Federal, y que los agentes federales se pondrían a disposición del pueblo, pero no habían llegado a esa cabecera municipal.
Agregó que otro de los acuerdos es colaborar para capturar a los integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, a quienes responsabilizan del secuestro y asesinato de tres herreros, así como de los asesinatos, levantones y extorsiones ocurridos en la zona.
Reiteró que no dejarán las armas ni su movimiento como lo ha pedido el gobierno, “no dejaremos las armas, porque dejar las armas sería como un suicidio para nosotros. Tenemos que defender a nuestras familias y a nuestro pueblo porque esos criminales no perdonan”.
Otro de los comunitarios al que se consultó por separado dijo que pedirán que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) incluya a la Policía Federal, vayan a las comunidades de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena como lo han solicitado, ya que esa zona es ocupada por delincuentes para moverse entre la región Tierra Caliente, la zona Norte y el Estado de México.
Ante la condición que pone el gobierno estatal de que se replieguen y dejen las armas para que llegue la Policía Federal y las Bases de Operaciones Mixtas advirtió, “pues entonces no van a llegar porque la comunitaria no se va a disolver ni a replegarse, porque eso implicaría que toda la ciudadanía estaría de nuevo desprotegida contra los delincuentes”.
Dijo que el acuerdo es trabajar de manera coordinada con el Ejército, la Policía Federal y la Estatal, “o le seguimos nosotros nada más como hasta ahora”.

Intenta la UPOEG entrar a Tierra Colorada, se enfrenta al FUSDEG y mata a un comunitario

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El policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Jesús Eloíso Contreras de 22 años fue asesinado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en uno de los cuatro enfrentamientos de ayer en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en las comunidades Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamiento armados como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete hombres muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde ayer intentó irrumpir la UPOEG con armas de grueso calibre.

En Plan de Lima, la primera
balacera

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 9:10 de la mañana reportaron un enfrentamiento entre los dos grupos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, sin embargo policías comunitarios informaron que fueron balazos al aire porque había tensión, ya que la UPOEG pretendía entrar a la cabecera municipal.
Ante la amenaza de irrupción de la Policía Ciudadana a Tierra Colorada, unos 100 policías comunitarios se desplegaron entre los cerros en las entradas y salidas a Acapulco y Chilpancingo para resguardar la cabecera municipal.
Después de las 11:40 de la mañana ocurrió un enfrentamiento armado en la entrada del entronque de Tierra Colorada y la Autopista del Sol, que duró más de una hora y media.
Un grupo de unos 10 policías comunitarios estaban dispersos en la loma de un cerro cerca del restaurante El Mexicano para contener al otro grupo, los comunitarios se refugiaron entre piedras y matorrales.
Mientras que unos 10 policías ciudadanos de la UPOEG a bordo de tres camionetas estaban en la entrada de la carretera federal México-Acapulco con dirección a la comunidad Papagayo.
Durante una hora y media se escucharon detonaciones de armas de fuego y cuatro patrullas de la Policía Federal de Caminos impidieron el paso de los automovilistas, particulares y del transporte público para que las personas no quedaran entre el fuego cruzado. Además había un helicóptero del gobierno estatal sobrevolando el lugar.
Cuando ocurrió este enfrentamiento armado, a las 12 del día, vecinos y promotores del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a su comandancia en la colonia San José para impedir la entrada de la UPOEG, además sonaron las campanas de la Iglesia para que alertar a los vecinos.
En el bloqueo los pobladores impidieron el paso a los automovilistas como forma de presión para que las autoridades de los gobiernos del estado y federal intervinieran en el conflicto de los grupos de civiles armados.
Después de la 1:30 de la tarde terminó el segundo enfrentamiento, no se reportaron heridos ni muertos. Los policías comunitarios del FUSDEG se replegaron y cuidaron los límites de Tierra Colorada pero poco a poco los integrantes de la UPOEG se acercaron a la cabecera municipal.
A las 3:50 de la tarde comenzó otra balacera cerca de donde ocurrió el segundo enfrentamiento, más cerca a Tierra Colorada, donde fue asesinado el policía comunitario del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años, su cuerpo quedó tendido boca abajo en la carretera federal México-Acapulco cerca del entronque de Tierra Colorada.
Los policías ciudadanos de la UPOEG recogieron el cuerpo de la víctima y hasta las 12 de la noche se desconocía en dónde estaba.
El tercer enfrentamiento duró más de 20 minutos cuando los policías ciudadanos estaban más cerca de la cabecera municipal, en este hecho no había policías federales, estatales, ministeriales ni militares para resguardar la zona.

Reporteros y agentes de gobierno quedan en el fuego cruzado

Un grupo de 15 reporteros y agentes de gobierno infiltrados en el gremio quedaron atrapados en el fuego cruzado durante unos 20 minutos, cuando ocurrió el cuarto enfrentamiento entre los dos grupos, más cerca de la cabecera municipal.
Los comunicadores escucharon un balazo cerca del lugar donde se refugiaban en la orilla de la carretera federal México- Acapulco, se tiraron al suelo pecho a tierra a un lado de una camioneta para protegerse de las balas. Fue a las 4:10 de la tarde cuando comenzó este último enfrentamiento armado entre la UPOEG y el FUSDEG.
Los comunicadores que estaban tendidos en el suelo y junto a una camioneta blanca para refugiarse de las balas gritaban, “amigos nos vamos a mover, somos prensa no disparen, por favor confirmen”, “estamos en un fuego cruzado” y “la prensa se va mover”.
Algunos transmitieron en vivo mediante la red social Facebook. Después de 20 minutos, en un lapso de un minuto no se escucharon disparos y los reporteros corrieron unos 200 metros a refugiarse a sus vehículos para dirigirse a una zona más segura cerca de la cabecera municipal.
Cuando los trabajadores de los diferentes medios de comunicación llegaron a sus vehículos se escucharon otros balazos, parecía una agresión directa pero no se pudo determinar qué grupo era el que les disparaba.
Ahí el vehículo del agente de gobierno, al parecer de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Rodríguez quien se presenta como fotógrafo de Expresión Popular, recibió dos impactos de bala en el medallón y dos en el techo del i10 Dodge Hyundai gris.

El bloqueo y la marcha de vecinos de Tierra Colorada

Unos 150 vecinos de Tierra Colorada bloquearon de manera intermitente la carretera federal México–Acapulco frente a la base comunitaria del FUSDEG en la colonia San José desde el mediodía, cuando se enteraron que había muerto uno de los policías comunitarios y que la UPOEG intentaba entrar a la cabecera municipal.
A las 4:30 de la tarde marcharon vecinos y otro grupo a bordo de un autobús fue a la entrada del crucero de la Autopista del Sol, donde ocurrió una de las balaceras, ahí bloquearon de manera intermitente y rescataron a un policía comunitario que estaba escondido en la loma de un cerro.
Después llegaron a donde estaba el cuerpo del comunitario caído pero el cadáver ya no se encontraba, “los policías de la UPOEG se llevaron el cuerpo del compañero que murió defendiendo su pueblo”, declaró un testigo.
Ante el nulo apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) los pobladores avanzaron otros 500 metros, y a las 6 de la tarde bloquearon un carril a la Autopista del Sol.
Los manifestantes estaban a unos 200 metros de 50 policías ciudadanos de la UPOEG en la carretera federal que se dirige a Acapulco.
Uno de los inconformes pidió “somos pueblo y si no hay condiciones nos vamos a armar, nosotros queremos paz y tranquilidad, la Policía Ciudadana que se vaya a Chilpancingo y a Acapulco para hacer limpieza”.
Comentó que están satisfechos con el FUSDEG, “estamos bien con los comunitarios, no queremos a Bruno Plácido Valerio (el dirigente de la UPOEG), para brindar seguridad que se vaya a otros lugares”.
Después de 8 horas de enfrentamientos armados entre la UPOEG y el FUSDEG llegaron unos 70 policías estatales al bloqueo para intervenir en el conflicto y resguardar la zona.
Llegó el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral y se reunió con los vecinos de Tierra Colorada que se manifestaron.
Una vecina que se reservó su nombre informó que los acuerdos fueron que hoy se reunirán integrantes del FUSDEG y la UPOEG en Palacio de Gobierno, además que los policías estatales pedirán a los policías ciudadanos de la UPOEG que se replieguen a Xolapa en Acapulco, y no invadan el territorio de Tierra Colorada donde opera el FUSDEG, para evitar otra confrontación.
A las 7:30 de la noche los inconformes se retiraron del bloqueo en la entrada de la Autopista del Sol en Tierra Colorada y se restableció la circulación vial, sin embargo los comunitarios del FUSDEG se quedaron desplegados en la cabecera municipal para evitar la entrada de la UPOEG.
La Policía Ciudadana de la UPOEG avanza poco a poco al territorio donde opera el FUSDEG, el 7 de noviembre policías ciudadanos y pobladores de El Ocotito tomaron la base de esa organización y ésta se replegó a Tierra Colorada.
Hace seis días policías ciudadanos de la UPOEG instalaron un retén en la salida de Xaltianguis hacia Tierra Colorada.
El lunes pobladores, comisarios municipales y autoridades agrarias de la comunidad de Xaltianguis y poblados cercanos, en una asamblea acordaron dejar las filas del FUSDEG y regresaron a la UPOEG.

No hay reportes de muertos en el enfrentamiento de Tierra Colorada, dice el vocero

El gobierno del estado mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que no se tiene confirmada la muerte de un integrante del FUSDEG en el enfrentamiento.
Álvarez Heredia dijo que la única información sobre los hechos es que hubo un enfrentamiento y que no hay una postura del gobierno al respecto.

Recriminan padres de los 43 a diputados que no exijan su búsqueda y castigo a los culpables

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos recriminaron a diputados federales de distintos partidos políticos que no hacen uso de sus facultades, para exigir al gobierno federal que localice a los jóvenes y castigue a los responsables.
Al hacer uso de la tribuna del Salón Legisladores de San Lázaro, demandaron a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de su lucha, y que exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a que cumpla todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.
“Ustedes están puestos por el pueblo y deben de ayudar al pueblo, pero desgraciadamente son personas que al llegar al poder pensamos que todo lo tenemos, y lo peor de todo es que se amparan en el fuero federal, que se creen intocables por tener ese fuero”, reprochó Mario César González Contreras.
“Ojalá y como me gustaría que la mayoría de ustedes tuviera conciencia que ese fuero les hace daño, porque tienen mucha hambre de poder, mucha hambre de dinero, pero para nosotros los 43 padres de familia, el hambre es encontrar a nuestro hijos”, expuso.
Cristina Bautista Salvador indicó que las familias de los normalistas desaparecidos no han recibido ningún gesto de apoyo de los legisladores y que por el contrario, algunos diputados han puesto en duda la legitimidad de su movimiento.
“Jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo durante todo el tiempo que han sido diputados no han movido ni un dedo para ayudarnos a exigir justicia, mientras nosotros hemos marchado por todo el país para denunciar la impunidad de los desaparecidos, miles y miles que están desaparecidos en nuestro país”, señaló.
El sobreviviente de los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal disparó contra los jóvenes y se llevó a 43 de ellos, Ernesto Guerrero Cano exigió que los diputados actúen para que el caso sea resuelto.
“Cada uno desde sus respectivas atribuciones aporte algo, lo que pueda, lo que esté en sus manos para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala. No queremos más mentiras, no queremos que a los padres de familia se les intente comprar, se les intente callar de una u otra forma”, dijo.
Los padres entregaron a los diputados los dos tomos con las recomendaciones del GIEI.
En la reunión en la que los padres colocaron mantas con las fotografías de sus hijos desaparecidos estuvieron integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y la Especial para el caso Ayotzinapa.
La sesión fue difundida en el canal del Congreso por televisión de paga e Internet. Por los 43 desparecidos subieron a estrado madres y padres, un sobreviviente de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales Sierra en una primera intervención.
Continuó la participación de los representantes de ocho parlamentarias y un diputado independiente y concluyó la sesión con dos padres del movimiento y los familiares del normalista herido de bala en la cabeza el 26 de septiembre, Aldo Gutiérrez Solano, que se mantiene en estado vegetativo. Todas las participaciones fueron escuchadas en silencio, y al final los activistas gritaron la consigna de lucha: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“Venimos a emplazar a que hagan algo”

La señora Cristina Bautista Salvador, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Salvador saludó en náhua, su lengua materna, y recriminó que no haya habido una palabra de apoyo de la Cámara de Diputados para exigir justicia por los 43, salvo en los tiempos de campañas electorales.
Aclaró que los padres que continuarán exigieron presentación con vida de los estudiantes como la de todos los desaparecidos en todo el país, y a modo de pregunta demandó:
El señor Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete González ratificó que los estudiantes “fueron privados de su libertad por el gobierno de México”, que envió policías con “armitas de grueso calibre para demostrar cobardía… Me duele lo que le hicieron a mi hijo y a sus compañeros, no tiene perdón ni olvido”.
Ayer solicitó el apoyo de los diputados para que la PGR siga las recomendaciones que dejó el GIEI: “no queremos que salgan a hacer investigaciones, sino que vigilen que todo eso se cumpla, que exhorten a la PGR a seguir todas las líneas de investigación, que identifiquen quién es El Caminante y quién es El Patrón, a la fecha la PGR no da respuesta ni tiene a todos los policías federales que dijeron que se llevaban a los estudiantes al Patrón”.
Aseguró que sólo con presión se podrá conocer la identidad de estos personajes, de quienes hay testimonios y evidencia de su intervinieron en la desaparición de los 43 estudiantes
Abiertamente el señor Mario César González, papá de César Manuel González, señaló la desatención que algunos diputados frente a las primeras participaciones, “desgraciadamente veo que no les interesa, que en las intervenciones están volteando a otro lado”.
Lamentó que algunos diputados participaron en la campaña de desprestigio contra el GIEI que terminó en su salida del país. Un caso es el del priista Víctor Manuel Silva que desestimó la intervención de los expertos internacionales para resolver el caso, así como el rechazo a puntos de acuerdo para pedir que los expertos independientes entrevistaran a los militares sobre los hechos de Iguala y la permanencia del GIEI en México.
No obstante subrayó que el único interés de los padres es que por ética y profesionalismo los diputados den todo el apoyo al nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin desprestigiar su labor, ni al movimiento de los padres.
Muy enojado espetó que los diputados no representan a la izquierda, a la derecha ni al centro “son puros chapulines que brincan a los partidos que les convienen, y tampoco van a llegar a la verdad a través de comisiones especiales, queremos que dejen de jugar al investigador, si sabemos perfectamente bien que no los van investigar (a los culpables), queremos que le digan a la PGR que siga las recomendaciones del GIEI”.
Luego recriminó que toleren nombramientos como el de Omar Hamid García Harfuch en la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, a quien se señala de posibles vínculos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que sólo se explica por la complicidad entre políticos, y que hayan premiado a Tomás Zeron de Lucio con otro cargo federal, después de diseñar la verdad histórica.
Al bajar de la tribuna en el salón Verde, dejó en la mesa los dos informes del GIEI, “lo único que nunca pudieron desprestigiar fueron estos dos libros, espero que los lean porque es importantísimo para el caso Ayotzinapa”.
El abogado de los padres, Rosales Sierra señaló que a dos años de los ataques no hay indicios del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los 200 tomos de la investigación y más de 130 personas en prisión. Lo que hay son irregularidades y versiones falsas que han dado dolor adicional a los padres.
Aclaró que la investigación de PGR era un caos antes de la intervención del GIEI, que estableció todos escenarios de los ataques, la intervención coordinada de todas las corporaciones y distintas rutas sobre la desaparición forzada que llevan a Huitzuco, a la comunidad de Tijerillas y a una casa blanca en la cabecera municipal que señalaron los propios detenidos y choferes de los autobuses del servicio público donde iban los estudiantes.
Pero la PGR mantuvo vigente la versión de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, “una mentira total que lo único que provoca es la revictimización. Aún así muchas voces que piden a los padres que regresen a sus casas, que dejen de movilizarse, que no hagan marchas, pero ¿cómo van a regresar si la premisa fundamental que es la verdad no está establecida?, lo único que tenemos son nubarrones en las investigaciones”.
Subrayó que la versión del basurero de Cocula, aunque ofrece un buen debate político, fue desechada con pruebas científicas, por eso exigen el cambio de la narrativa de los hechos en la investigación.

“Nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar”, dice el diputado Manuel Clouthier

El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo destacó dos temas que dan cuenta del caso Ayotzinapa: que la verdad oficial no coincide con la realidad porque algo se trata de ocultar, y da cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que se viven en el país.
Coincidió con la diputada de Morena en que tales hechos evidencian la transgresión a los derechos humanos de las policías municipales, estatales, federales y de las fuerzas armadas, “por eso nadie quiere decir la verdad, porque estos hechos van a evidenciar una realidad que se ha preferido negar. El Estado mexicano tiene que dar respuesta veraz a estos padres de familia y tienen que hacerlo las autoridades con un criterio fundamental de justicia”.
De Encuentro Social, José Alfredo Ferreriro Velazco, se dijo indignado por los hechos de Iguala y señaló sólo la posible responsabilidad del gobierno estatal, que fue descartada al comienzo de la investigación. Aclaró que este conflicto no es un tema de partidos, sino de justicia, y nadie estará conforme hasta conocer la verdad y aparezcan los desaparecidos.
Siguieron en turno dos diputados de Morena, y la presentante del Partido Verde Ecologista, Sofía González Torres que dijo que admira la lucha de los padres y señaló la responsabilidad de los hechos de Iguala en las policías de Iguala y Cocula.
Del PAN, la diputada Karina Padilla Ávila reconoció que la PGR no ha ofrecido una respuesta creíble, “solo infiere que el narcotráfico destapó la violencia esa madrugada” y es necesario que se agoten todas las líneas de investigación, en forma particular los vínculos del crimen organizado y actores estatales.
Concluyó la ronda de los partidos el representante del PRI, que destacó las acciones del Estado señaladas en 288 tomos.

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

Retiene la Tecampanera unos cien camiones de productos para Tierra Caliente y mantiene paralizado Teloloapan

 

En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.

Detiene la PF a dos jóvenes en la vía en Mezcala; transportaban 100 kilos de mariguana

Policías federales del sector Caminos detuvieron a un joven y a una mujer que llevaban más de 100 kilogramos de mariguana en una camioneta, en la carretera federal Chilpancingo-Iguala cerca de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Según fuentes de la Policía Federal de Caminos la noche del jueves una pareja iba en una camioneta Nissan Kingcap negra hacia Iguala, una patrulla de la corporación cerca de la comunidad de Mezcala le hizo la parada para una revisión.
Los policías federales revisaron la cabina de la camioneta y encontraron cuatro cartones para huevo, adentro había paquetes de mariguana envueltos con cinta café.
Los dos detenidos y la yerba fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal en Chilpancingo para las investigaciones y deslindar responsabilidades. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.