Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.

 

 

Demanda el padre Solalinde la libertad de los presos de la CRAC

En un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en México, el sacerdote Alejandro Solalinde demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la liberación de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
El también director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, en diciembre emitió un primer video pidiendo la libertad de los presos de la CRAC-PC, luego de la liberación de Arturo Campos. En el segundo plantea que los dos no merecen estar en la cárcel porque son personas dignas, y se requiere que sean liberadas de inmediato.
El 6 de octubre de 2013 Samuel Ramírez Gálvez fue detenido acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre de 2013 y es acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.

Retrasan sentencia a un preso de la CRAC; señalan que el gobierno usa el caso políticamente

La mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez preso en la cárcel de esta ciudad, Beatriz Gálvez Macario, exigió a las autoridades la liberación de su hijo y la reparación del daño, luego de que se hicieron cuatro peritajes que terminaron en febrero y se debió emitir sentencia el mes pasado pero no fue así.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López dijo que la organización considera que no emiten sentencia por la contienda electoral y que se está buscando cómo utilizar el caso políticamente.
En una llamada telefónica la madre del preso político expuso que a su hijo “desde hace años están que lo van a sacar y no hay salida y ya se cerró el caso… ahorita falta, estamos en espera pues para que ya lo tengamos afuera, yo exijo que reconozcan la Ley 701 y que reconozcan que mi hijo es comunitario, no es ningún delincuente, no es ningún secuestrador”.
Abundó que hay delincuentes peligrosos pero con dinero salen libres, desafortunadamente su familia es de bajos recursos y como el gobierno es corrupto todo lo hace con dinero, motivo por el que su hijo sigue preso.
Indicó que las autoridades deben reconocer que su hijo está en la cárcel sin ninguna culpa porque el arma que estaba utilizando cuando lo detuvieron la llevaba porque estaba en funciones de policía comunitario.
“Exigimos que los años que estuvo ahí se le recompensen porque ahorita yo estoy toda endeudada por ese encarcelamiento, y ahora si él sale, sale sin ningún recurso, es como si hubiera estado durmiendo cuatro años y cacho y qué va a hacer en su futuro, ese es el problema”, resaltó.
Enriqueta Chávez manifestó que con la organización consideran que el motivo por el que no se ha sentenciado a Ramírez Gálvez es que hay una situación electoral, que están esperando poder manejar el caso políticamente.
En el proceso de Ramírez Gálvez se realizaron cuatro peritajes, el primero fue el de Tecnología, el segundo de Grafoscopía, uno de Química Forense y el de Dactiloscopía que se terminaron en febrero y en marzo se debió emitir la sentencia.
Remarcó que es evidente la inocencia de Samuel Ramírez, que los familiares y activistas que lo apoyan van a esperar pero que jurídicamente están presionando.
Agregó que se enviaron al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo dos recursos de inconformidad porque no resuelven nada.
“El proceso terminó pero todo salió favorable a Samuel, entonces lo único que quedaba era presentar obviamente documentos que estuvieran a nuestro cargo, evidentemente estaría en la Fiscalía, eso ya se cerró y solamente estamos en espera de que nos den la sentencia”, dijo.

Posponen otra vez una audiencia del preso de la CRAC Samuel Ramírez; no acudió un perito

La penúltima audiencia del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez preso en Chilpancingo, se pospuso otra vez, ahora para el 19 de febrero porque el perito de Química Forense no se presentó.
En consulta telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López demandó respeto al debido proceso y la libertad absolutoria de Ramírez Gálvez.
El 9 de enero se canceló la penúltima audiencia del preso, mientras que la última sigue programada para este jueves.
La representante del Comité refirió que si nuevamente  no se presenta el perito existe la obligación de que el juez lo presente o puede provocar un “problema mayor”.
Dijo que el abogado del preso solicita que se garantice la presencia de los peritos para ambas audiencias, aunque sea mediante la fuerza pública, pues se está retrasando el proceso.
“Exigimos el respeto al debido proceso, y demandamos la libertad absolutoria de Samuel porque está purgando una pena que se puede comprobar que él  no cometió, es un delito fantasma”, recalcó.
Dijo que el preso está acusado de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, aunque está acreditado que pertenece a la CRAC, “entonces tenía el permiso de portar un arma”, y la que traía no era de grueso calibre.
En abril se le dictó sentencia a Samuel Ramírez, la que cumplió en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días, se podía conmutar pero se apeló para buscar su libertad absolutoria.
Enriqueta Chávez dijo que después de la apelación se han entregado más pruebas para comprobar la inocencia del policía comunitario, que nuevamente se entregó la acreditación de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y las resoluciones de los casos del ex preso Arturo Campos Herrera, y de Samuel Ramírez Gálvez.
Son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante el  proceso del policía comunitario ya se hicieron dos, el primero fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía, falta el de Química Forense y el de Dactiloscopía. (Beatriz García / Chilpancingo).

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también  preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que  son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto,  como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

Esperará un año su penúltima audiencia Samuel Ramírez; la programan para el 9 de diciembre

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el 9 de diciembre de este año será la penúltima audiencia del policía comunitario preso, Samuel Ramírez Gálvez, luego de que fue sentenciado a 4 años 100 días de prisión, pero apeló la sentencia porque espera una sentencia absolutoria.
El 14 de noviembre el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra dijo que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, se le dictó una sentencia en abril y terminaba en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días de multa y se podía conmutar la sentencia.
Entonces declaró, “nosotros optamos en que mejor, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria pudiera Samuel acogerse a la misma, porque daba lo mismo estar peleando los recursos de apelación… en automático Samuel ya hubiera obtenido su libertad, nosotros lo que le dijimos a sus familiares de Samuel, nosotros no queremos estar peleando un recurso”, pero su nueva defensa interpuso un recurso de apelación, y se está obteniendo la reposición del procedimiento, pero no se está dando oportunidad a la defensa de dar pruebas.
En un comunicado el Comité por la Libertad de los Preso informó de la penúltima audiencia del policía comunitario, que será hasta que finalice el año.
Abunda que Ramírez Gálvez fue detenido y consignado injustamente por el Estado el 6 de octubre del 2013, a sus 18 años, de origen na’ savi no habla bien el español, y su nombramiento de policía comunitario fue un reconocimiento al compromiso con su comunidad.
Añade que Samuel  está en espera de que un juez le dicte su sentencia absolutoria, que nunca hubo un crimen que perseguir pero, “ha pagado una condena de más de cuatro años de su vida por un delito que nunca existió”, “esa es la manera de otorgar justicia en Guerrero”.
“Samuel fue elegido en asamblea por su comunidad con tan sólo 18 años de edad para formar parte del sistema de justicia y seguridad normados por usos y costumbres indígenas. El participar en la Policía Comunitaria de la CRAC-PC ha sido tradición en su familia. Su mamá Beatriz Gálvez Macario también perteneció a esa institución, fue la primera mujer elegida para consejera y coordinadora de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, la cual representó dignamente al conformar los primeros comités de mujeres y convertirse en una luchadora incansable de los derechos humanos en su comunidad”, agrega.
El 6 de octubre de 2013 el policía comunitario fue detenido junto a tres policías más y fueron acusados de portación de arma de fuego, mientras que Ramírez Gálvez fue acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sus compañeros alcanzaron fianza y él no.

Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso

 

A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.

 

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.

Terminan 10 reos del penal de Chilpancingo el taller de pintura gestionado por Gonzalo Molina

Este viernes finalizó el segundo taller de pintura al óleo que gestionó y organizó el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, para internos de la cárcel de Chilpancingo, en donde está recluido.
Concluyeron el taller 10 reos, entre ellos el policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, en un espacio dentro de la cárcel que han denominado “La Escuelita”.
El grupo de segundo año de la escuela de Sociología turno matutino de la UAG entregó los reconocimientos a los reclusos.
De acuerdo con información de un integrante de la comunidad indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, se prevé que se imparta otro taller de pintura, al que se integrarán más reclusos.
Las obras hechas por los presos podrían ser exhibidas al público y a los internos.
Gonzalo Molina dijo que se debe hacer énfasis en el tema de la reeducación, porque es viable para la transformación de una sociedad; también hizo un llamado a la sociedad, porque si dentro de la cárcel se pueden hacer cosas, afuera también, con base en el sistema de reeducación.
Los cursos se imparten con el fin de transformar a la sociedad, para que los reos, al salir de la prisión, en sus lugares de origen enseñen lo que aprendieron mediante el método de reeducación, informó.