En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), solicitó nuevamente al Congreso de Guerrero un informe sobre el cumplimiento que ha dado a las sentencias referente a la designación de los integrantes del Ayuntamiento instituyente del nuevo municipio de Ñuu Savi, y le otorgó un plazo de dos días hábiles para entregarlo. Y recordó al Poder Legislativo que este retraso “conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
En el acuerdo plenario presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz se advierte que de no cumplirse con esta solicitud de informe, el Congreso local se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la ley.
En el acuerdo se señala que en el primer informe que el Congreso entregó al TEE, el poder Legislativo informó de un “plan de trabajo” en el que establecen entre otros tiempos, un plazo de seis semanas para “llevar a cabo la consulta a las comunidades del municipio para que avalen las propuestas de las personas que se designen como integrantes del Ayuntamiento instituyente”.
Es decir que después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre la planilla del Ayuntamiento instituyente, continúa un plazo de seis semanas para que estos nombres sean avalados por las comunidades, pero aún no hay fecha para tener al menos la propuesta de este cabildo.
El TEE también estableció que de acuerdo a lo que dice la ley, el Ayuntamiento instituyente de Ñuu Savi (al igual que los de los otros tres nuevos municipios) debe ser nombrado antes de septiembre, previo a que inicie el proceso electoral.
Pero solo el plazo de seis semanas, representan “42 días, cuando solo se dispone de 65 a 61 días, antes de iniciar el próximo proceso electoral 2023-2024, no obstante, se debe considerar en éste, el plazo que requiere el Instituto Electoral para resolver la solicitud del cambio de modelo de elección”.
El TEE le recordó al Poder Legislativo que “los plazos y términos establecidos en ambas sentencias son imperativos, por lo que no pueden ser objeto de retardo, y éstos se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio el derecho de las y los justiciables y conlleva a la responsabilidad de la autoridad responsable del desacato a una sentencia”.
El TEE requirió al Congreso local a través de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Jucopo, un informe dentro del plazo de dos días hábiles en el que se detalle el cumplimiento que ha dado a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y por la Sala Regional Ciudad de México, en el que pidieron que se incluyan las constancias que sustenten su informe.
Y se apercibe que dé incumplir “con lo ordenado en el punto de acuerdo que antecede, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas” en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En la sesión, el TEE revocó la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del IEPC del pasado 18 de abril con las que declaró la improcedencia de la solicitud de registro como partido político local, presentada por la organización ciudadana Guerrero Pobre, emitida por el Consejo General del órgano electoral.
El pleno, se declaró fundado el agravio planteado por el representante legal de la organización ciudadana Guerrero Pobre, Rubén Valenzo Cantor, los magistrado confirmaron que se realizó una “indebida fundamentación y motivación en la determinación de invalidar siete asambleas municipales, así como, a la violación al derecho de audiencia al no haberle notificado a la organización, los resultados de la verificación y autenticidad de las afiliaciones realizada por el INE y, al haberse emitido el dictamen y la resolución impugnada, sin analizar las consideraciones del oficio con dichos resultados”.
El TEE ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral y al Consejo General del IEPC emitir un nuevo dictamen y una nueva resolución, respectivamente.
El Tribunal confirmó también la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el proyecto emitido por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, se determinó declarar infundado el juicio promovido por el ahora ex presidente del Comité Directivo Municipal panista en Coyuca de Benítez Bruno Calixto Ríos Díaz, toda vez que, el actor no demostró que el acto la falta de entrega de prerrogativas le causara alguna afectación a su derecho político electoral de ejercicio del cargo partidista durante su periodo.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reasignó el financiamiento público pendiente por entregar a partidos políticos del ejercicio fiscal 2023, entre los siete nacionales y los ocho nuevos locales para el periodo de julio a diciembre de 2023
El acuerdo aprobado en sesión del Consejo general, indica que al mes de junio se habían entregado 83.3 millones de pesos de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, y 2.5 millones de financiamiento público para actividades específicas, de un monto anual aprobado de 171 millones 727 mil 204 pesos.
Señala que faltan por distribuir 85.8 millones de pesos; es decir, 83.3 millones para las actividades permanentes, y 2.5 millones para actividades específicas. Así, la ministración mensual para actividades ordinarias del PAN pasa de 988 mil pesos, a 830 mil; el PRI, de 3.32 millones recibirá ahora 2.79 milones; el PRD, de 2 millones baja a 1.6 millones, y Morena que tenía asignado 4.6 millones de pesos recibirá 3.8 millones.
El financiamiento ordinario de seis meses para México Avanza, Fuerza por México Guerrero, Partido de la Sustentabilidad Guerrerense, Partido Encuentro Solidario Guerrero, Partido Alianza Ciudadana, Movimiento Laborista Guerrero, Partido del Bienestar Guerrero y Regeneración, será de 1 millón 667 mil pesos, dividido por mes en 277 mil 876 pesos.
El Consejo también aprobó por unanimidad el calendario del proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, para ajustarse al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas a las leyes secundarias electorales, conocidas como Plan B.
Según el proyecto, del 8 de septiembre al 8 de diciembre comienza la recepción de solicitudes de registro de convenios de coalición y candidaturas comunes y el 24 de noviembre se instalarán los 28 Consejos Distritales Electorales.
Las precampañas para ayuntamientos durarán 26 días, del 7 al 31 de enero de 2024, mientras que las de diputaciones locales serán de 40 días, del 7 de enero al 15 de febrero.
Y el 4 de marzo es la fecha límite para que los funcionarios públicos que pretendan participar por alguna candidatura se separen del cargo.
Del 29 de febrero al 14 de marzo es el registro de candidaturas para la elección de diputaciones locales, tanto por mayoría relativa como de representación proporcional y del 20 de marzo al 3 d abril será el periodo de registro de candidaturas para la elección del ayuntamiento; las primeras serán aprobadas del 28 al 30 de marzo y las segundas del 17 al 19 de abril
Por otrol lado, se informó que en junio el IEPC entregó al Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, por concepto de multas a partidos políticos y a un particular, Marco Tulio Sánchez Alarcón, 3 millones 276 mil pesos. La multa más alta fue para el PRD, de 1.5 millones de pesos.
Tras una discusión y un receso de 15 minutos, los consejeros sacaron del orden del día un acuedo, para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayunta-mientos 2023-2024, a fin de que se realizara únicamente por el IEPC, para ajustar la argumentación legal local con la federal.
Hallan muerto al dirigente del PVEM en Copala un día después de ser secuestrado
Encuentran a Jesús González Ríos en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en Florencio Villarreal. Había grabado un video donde denunciaba amenazas de muerte, a través de un grupo armado, de la alcaldesa Guadalupe García Villalva, y la responsabilizaba de lo que le pasara
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Jesús González Ríos en una marcha del PVEM en Copala, Fue candidato a alcalde en las elecciones de 2021 Foto: Tomada de Facebook
El coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, quien estaba desaparecido desde las 11 de la mañana del miércoles, fue hallado muerto la mañana de ayer en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal.
El hallazgo fue confirmado por fuentes de la la Fiscalía General del Estado (FGE), y por familiares cercanos del político costachiquense.
“Cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipa (la perredista) Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde me dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”, había advertido González Ríos en un mensaje videograbado.
Después de que se confirmó el hallazgo de su cuerpo, familiares y amigos levantaron el bloqueo que mantenían desde las 12 del día de miércoles en la entrada de la ciudad en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Familiares informaron que a las 8 de la mañana recibieron la noticia de que su cuerpo fue hallado en medio de un ramal cerca de la carretera en una brecha que comunica con la Laguna de Chautengo.
El cadáver fue encontrado desollado del rostro y cabeza, con un short negro y playera azul y blanca, en medio de un camellón.
González Ríos fue privado de su libertad por hombres armados en la esquina de la calle Miguel Alemán y Leona Vicario, de la colonia La Loma, en la cabecera.
Desde entonces no supieron nada de él hasta la mañana de ayer, y su esposa acudió a realizar el reconocimiento del cadáver.
Después de la identificación del cuerpo por sus familiares, y la confirmación por parte del fiscal regional de la Región Costa Chica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jiménez Romero, los familiares retiraron el bloqueo “para guardar el duelo”.
Pero uno de ellos advirtió que después del sepelio realizarán las acciones “que sean necesarias” para exigir a las autoridades la investigación, el esclarecimiento del caso y castigo a los culpables.
González Ríos fue candidato a la alcaldía por el PVEM en las elecciones del 2021, pero perdió ante la actual alcaldesa Guadalupe García Villalva, del PRD, y se promovía nuevamente como aspirante del mismo partido.
La noche del miércoles circuló un video en las redes sociales en el que denunció que desde el 1 de mayo había sido amenazado de muerte por la presidenta municipal García Villalva, a través de un grupo armado, como consecuencia de su activismo político.
El video tiene una duración de 2 minutos con 50 segundos: “Muy buenas tardes amigas y amigos, a través de este video quiero comentarles algo muy delicado y grave a la vez de lo que me está pasando en estos últimos días”, dijo el político copalteco.
Agrega: “Para ser exactos, desde el día 1 de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, la química Guadalupe García Villalva, me manda amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”.
González Ríos, expone: “Les soy sincero, tengo mucho miedo, mucho temor, porque a partir del 1 de mayo se ha tornado un ambiente complicado para mí y para mi familia, estoy muy preocupado de que algo les pueda pasar a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos, sobre todo a mí, a mi persona, porque obviamente estamos en el proyecto político con miras al 2024 y la alcaldesa municipal de Copala me manda amenazar a través de un grupo armado”.
Y entonces plantea: “La verdad yo quiero externar que cualquier situación que suceda mala, que algo le hagan a mi familia, a cualquiera de mis familiares y amigos cercanos y a mi persona, será total y absoluta responsabilidad de la presidenta municipal Guadalupe García Villalva, dado que ella me mandó amenazar a través de un grupo armado, en donde mi dicen que tengo que quitarme del camino, que ya no participe”.
El aspirante a la alcaldía, concluye: “Por tal motivo quiero dejar este video, y si es necesario utilizarlo, la verdad tengo mucho miedo de seguir haciendo actividades, si se dan cuenta ya no subo nada a las redes sociales, debido a esas amenazas que me hicieron, estamos y no nada más yo estoy vulnerable, mi familia, somos nosotros gente pacífica de bien”.
Durante el bloqueo del miércoles, la madre del dirigente, Valentina Ríos, informó a los medios que a raíz de esa amenaza “como le dijeron que se hiciera a un lado mi hijo ya no iba a participar, él habló conmigo y me dijo que se iba a hacer un lado”.
Condenas de Carabias y Velasco
Mediante un comunicado de prensa, el dirigente del PVEM en el estado, Alejandro Carabias Icaza, condenó el crimen del González Ríos, y exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo ese caso” para que no quede impune como muchos otros.
Asimismo, exigió garantías para todos quienes realizan actividades políticas.
El ex gobernador de Chiapas y uno de los seis aspirantes de la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco Coello condenó el asesinato y exigió castigo para los responsables.
“Condenamos enérgicamente el crimen perpetrado en contra de nuestro compañero Jesús Gon-zález Ríos, líder del PVEM en Copala, Guerrero. Exigimos a las autoridades castigo a los responsables para que su muerte no quede impune. Nuestro pésame y solidaridad con sus seres queridos”, escribió en Twitter antes de mediodía.
Se deslinda del asesinato la alcaldesa de Copala y se pone a disposición de la FGE
En conferencia que difunde por Faceboook, la perredista Guadalupe García Villalva, dice que condena y repudia los hechos y que es “la primera interesada” en que se investiguen
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Copala, la perredista Guadalupe García Villalva, se deslindó ayer de la privación de la libertad y el asesinato del coordinador municipal del PVEM, Jesús González Ríos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para coadyuvar en las investigaciones.
En conferencia de prensa que se difundió por Facebook, la alcaldesa “condenó” y “repudió” los hechos y pidió la colaboración de las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de la privación de la libertad y el homicidio del dirigente del PVEM.
“Guadalupe García Villalva es la primera interesada en que se realicen las investigaciones y va a coadyuvar en lo que realicen y decidan las dependencias. En Copala podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes ideologías religiosas y militar en diferentes partidos políticos pero nunca hemos sido enemigos”, dijo.
La alcaldesa rechazó las acusaciones en su contra, y dijo: “a estas personas que se han empeñado en seguir difamando a mi persona los invito para que presenten las pruebas ante las instancias correspondientes”, en referencia a quienes la han responsabilizado del homicidio en las redes sociales, derivado del video que dejó el ahora occiso en el que la acusa de haberlo mandado a amenazar de muerte a través de un grupo armado.
La alcaldesa envió sus condolencias a los familiares de la víctima y les dijo que el Ayuntamiento está dispuesto a coadyuvar para que se realicen las investigaciones necesarias.
“Yo, Guadalupe García Villalva, estoy abierta a cualquier investigación. Soy una madre de familia y con estas cosas que han pasado en México, en Guerrero y en la Costa Chica, también somos vulnerables y tememos por nuestra vida”.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayuden para concretar la paz en Costa Chica.
Expresó que va a seguir trabajando en su oficina del Palacio Municipal hasta el último día de su gobierno, “porque el que nada debe nada teme y vamos a seguir luchando para que juntas y juntos evitemos que pasen estas tragedias tan lamentables”.
Dijo que la violencia no está solamente en Copala, sino en toda la región, en el estado y en el país y pidió a sus paisanos a organizarse para ayudar a la gobernadora y al presidente de la Republica para que ya no sigan pasando estas “terribles tragedias”.
“Desde el día de hoy me pongo a la disposición de las autoridades para que juntos hagamos una investigación y que se castiguen a todos los responsables”, ofreció.
Respecto al video que circuló en las redes sociales, en el que el dirigente del PVEM denuncia que lo mandó a amenazar a través de un grupo armado y la responsabilizo de cualquier cosa que le llegara pasar a él o a su familia, respondió que desconoce “los motivos que hayan orillado al ingeniero a publicar esos videos, pero están las instancias correspondientes para que investiguen que hay de fondo, que hay atrás de eso y yo estoy aquí para coadyuvar como gobierno y como ciudadana”.
El director de Seguridad Pública, Martín Aparicio Mora, habló de la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de Jesús González Ríos, sin resultados hasta ayer en la mañana que se dieron los hechos “tristes y lamentables”.
También se dijo en la mayor disposición para apoyar en la investigación.
Un reportero le preguntó a la alcaldesa si está dispuesta a pedir licencia mientras se hacen las investigaciones y respondió: “lo que me indiquen la ley y las instancias, yo estoy dispuesta”. Y reiteró: “yo soy la más interesada de que esto se aclare porque el que nada debe nada teme” y dijo que confía en la justicia y en las leyes.
Informó que también está desaparecido desde hace 15 días el policía municipal, Mario Alberto Medina Parra, de quien hasta ayer no se sabía nada de su paradero.
“Es un elemento de los mejores, muy calmado, humilde, imagínense cómo me siento yo que me levanten a un policía, pónganse de este lado, estamos muy consternados de todo lo que está pasando, pero todo se lo pongo en manos de las autoridades”.
Informó que lo siguen buscando pero que no han encontrado indicios de su paradero pero tienen fe en que lo encontrarán.
El director de la Policía Municipal Aparicio Mora informó que ese caso ya está en manos de la FGE y son ellos los que están investigando el caso, “ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde coordinados con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.
Inicia la FGE investigación por el asesinato de Jesús González
Redacción
La Fiscalía General del Estado informó que inició la carpeta de investigación por el homicidio del dirigente pevemista Jesús Gonzále Ríos, aunque situó en un lugar diferente el hallazgo del cuerpo: en la comunidad de Santa Clara, Cuautepec.
La FGR informó que inició una carpeta investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de “Jesús N”, por los hechos ocurridos en el lugar conocido como Las Marías, en un punto cercano a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de Santa Clara, municipio de Cuautepec.
Aunque de acuerdo con los familiares, el cuerpo del líder del PVEM fue hallado en una brecha de terracería rumbo a la Laguna de Chautengo, municipio de Florencio Villarreal.
La FGE informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo actos de investigación.
“En ese sentido se logró la plena identificación del cuerpo con base en los protocolos correspondientes”, informó la dependencia.
Indicó que el 28 de junio recibió la denuncia por el delito de privación de la libertad personal, “por lo que se procedió a brindar atención directa y asesoría a los familiares de la víctima.
Piden en el IEPC garantías para candidatos tras el asesinato del pevemista de Copala
Tras la condena de los partidos al hecho, la presidenta Fabiola Matildes responde que al organismo sólo le corresponde ser enlace en las solicitudes
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los representantes de partidos condenaron el asesinato del dirigente del PVEM en Copala, Jesús Gon-zález Ríos, y los consejeros pugnaron por condiciones para un proceso electoral con tranquilidad.
El representante del PVEM en el Consejo General, Juan Manuel Maciel Moyorido, condenó la privación de la libertad de González Ríos, conocido como Chucho Ríos, el miércoles, y el hallazgo de su cuerpo este jueves.
Exigió a las autoridades estatales que no haya impunidad, y al IEPC que tome las medidas necesarias para que los aspirantes en general, y los actores políticos, tengan seguridad, porque a dos meses del arranque formal del proceso electoral hay temor de que amenazas coarten el derecho legítimo de participar, “si eso le sucede a personas destacadas, la democracia se irá acabando”.
La presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, aclaró que el organismo sólo está facultado para ser enlace en la solicitud de medidas de protección a candidatos registrados, a petición de parte.
Se sumaron a las condolencias y la demanda de justicia por la paz en las elecciones, los representantes del PRD, Mariano Hansel Patricio; del PRI, Manuel Saavedra Chávez; Esther Araceli Gómez Ramírez, de Morena; Isaías Rojas Ramírez, del PT y Lorenzo González, del PAN.
La presidenta compartió que las autoridades resuelvan este cas que ocurre “a unas semanas de inicio del proceso electoral, entonces estaremos pendiente. Mi más sentido pésame, licenciado, por este fallecimiento de Jesús González Ríos”.
La consejera Vicenta Molina Revuelta compartió las condolencias y “por velar que en el estado y en todo el país contemos con la paz y la tranquilidad que todas la ciudadanas y ciudadanos necesitamos”.
La consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa, expresó preocupación por las condiciones que se estarán generando para el inicio del proceso electoral.
Señaló que en otros hubo situaciones de violencia hacia quienes participaban e hizo votos porque las instituciones “tengamos la responsabilidad de generar las condiciones para que el proceso electoral se lleve a cabalidad y con la certeza de que se respetará la integridad de las personas que participan en política”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes hizo votos “para que pronto regrese la paz, y se puedan desarrollar el proceso electoral en las mejores condiciones y garantías de seguridad a la ciudadanía”.
Consultada por separado, Ma-tildes Gama recordó que en cada proceso electoral se forma un grupo con instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas y la Fiscalía, donde invitan a los órganos electorales para que informen sus necesidades de seguridad pública.
La Mesa para la Construcción de la Paz revisó en su sesión de este martes “los asuntos prioritarios en materia de seguridad en la ruta del trabajo conjunto, con el propósito de garantizar el bienestar de las y los guerrerenses”, de acuerdo con lo informado mediante un comunicado de prensa.
En la sesión de Mesa de seguridad, que encabezó la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el gobierno del estado destacó los apoyos federales del Tianguis del Bienestar en Alpoyeca, Xochihuehuetlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Tlapa y Chilapa.
En alusión a los eventos recientes de violencia, sólo alude que los tres órdenes de gobierno trabajan “en estrecha coordinación” por el bienestar de los guerrerenses.
El sábado pasado, en la capital del estado dejaron siete cuerpos desmembrados. Este lunes hubo balaceras entre grupos criminales en Chichihualco, con al menos cinco decesos, y ayer la Fiscalía estatal confirmó la desaparición de cinco policías municipales de Taxco.
En el último párrafo del boletín de la Mesa, agregó que la mandataria llamó “a no bajar la guardia en las zonas de mayor incidencia delictiva y reforzar la coordinación con cada uno de los municipios en materia de seguridad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes”.
Salgado Pineda reconoció en este mismo comunicado los apoyos a los sectores vulnerables del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del programa Tianguis del Bienestar, que entregó en municipios de la Montaña artículos de primera necesidad, incautados o decomisados en las aduanas.
“Entre estas se encuentran ropa, calzado, utensilios, herramientas y juguetes, beneficiando a más de 66 mil habitantes cumpliendo con la encomienda presidencial de devolver al pueblo lo que por derecho les corresponde”, indicó.
Además, la gobernadora resaltó el acompañamiento de las instituciones de seguridad para el desarrollo de la actividad “de manera ordenada”.
En el boletín del informe quincenal de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, se detalla que esta segunda etapa del programa comenzó el 26 de junio y terminará el 19 de julio, y recorrerá seis municipios de la Montaña de Guerrero.
El primer día dice que entregaron 57 mil 768 artículos nuevos a 3 mil 941 familias. En Alpoyeca y Xochihuehuetlán se atendieron 4 mil familias.
En Chilapa la gobernadora inaugura una obra federal
A medio día, la gobernadora y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, inauguraron la reconstrucción del Conalep Plantel 133 de Chilapa, afectada por los sismos de 2017, de acuerdo con la transmisión del acto en redes sociales desde aquella cabecera municipal.
Con un boletín, informaron de la inversión de federal de la 0bra, mayor a 32 millones de pesos en beneficio de más de 700 estudiantes.
La gobernadora reiteró el apoyo a Guerrero del presidente Andrés Manuel López Obrador, “nuestro presidente reafirmó su compromiso con el pueblo de Guerrero con todos los programas sociales, con todos los apoyos que se están otorgando y todas las acciones importantes para consolidar esa visión humanista y fraterna de nuestro presidente Andres Manuel López Obrador”.
Velázquez Alzúa añadió que la reconstrucción incluyó equipamiento para modernizar el plantel.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), emitió un informe respecto al término que tienen los partidos políticos nacionales para acreditarse ante este órgano electoral para participar en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
El artículo 95 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, establece que para que puedan participar en el proceso electoral se deben acreditar 60 días naturales antes del mes en que este inicie.
El proceso electoral iniciará la primera semana de septiembre del 2023, por lo que los partidos nacionales tienen como fecha límite para presentar su solicitud de acreditación el 2 de julio.
Otro proyecto de resolución aprobado fue el 012/SE/15-06-2023, respecto al Dictamen consolidado de la revisión de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que presentaron su manifestación de intención para constituirse como partido político local, correspondiente al periodo de enero del 2022 a enero del 2023.
En esta sesión también se aprobaron modificaciones al reglamento interior, al manual de organización, y el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa interna.
También se aprobó un proyecto de acuerdo relacionado con la Convocatoria y Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de personal operativo a ocupar un cargo de la rama administrativa en la Dirección General de Informática y Sistemas de este instituto electoral, documentos en los cuales se establecen el procedimiento y las reglas del Concurso Público en la modalidad de oposición, ofertando 2 plazas de analista de soporte técnico y 1 de auxiliar especializado en desarrollo, plazas que se someterán a concurso y para las cuales solo podrán participar mujeres.
La Diputada local por Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez durante su participación en tribuna en la sesión del Congreso para presentar el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Guerrero, en materia de violencia ácida conocida como “Ley Malena” Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó un adendum (modificación) de la Comisión de Justicia para agregarse a la reforma de la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, porque en las reformas aprobadas el pasado 8 de junio ninguno de los diputados presentes se percató que no se incluyó la “violencia política en razón de género” como una causal para no tener registro como candidato.
Al inicio de la sesión, el pleno aprobó con 44 votos a favor, cero en contra y una abstención, un adendum de la Comisión de Justicia, el cual fue fechado el viernes 9 de junio pasado; sin embargo, éste se aprobó hasta ayer porque el pleno no había sesionado.
Se trata de un agregado que se realizó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el 8 de junio pasado.
En la sesión se leyó el documento enviado por la Comisión de Justicia que plantea que “sea agregado el adendum rectificatorio”.
Se detalla que es en materia de la denominada Ley 3 de 3 y que es “en particular la homologación a la reforma constitucional federal… en lo relativo de la violencia política en razón de género y la inconstitucionalidad declarada respecto en la causa de elegibilidad llamada modo honesto de vivir”.
En la lectura no se dan mayores detalles del adendum, por lo que al final de la sesión se consultó a la secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, quien confirmó que en el dictamen aprobado el pasado jueves no se incluyó como causal para no ser postulado a quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género, y que fue eso lo que se agregó ayer.
La legislación aprobada el jueves y publicada el viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se plantea que se suspenden los derechos políticos y electorales a agresores que tengan sentencias firmes por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo sicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
También se establece que no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
Pero no se estableció que quienes tengan sentencia firme por cometer violencia política en razón de género no podrán ser candidatos.
El viernes de la semana pasada se venció el plazo -de 90 días previos al arranque del proceso electoral- que establece la ley para que se realicen y publiquen las reformas en la materia y que estas sean aplicables para el próximo proceso.
La diputada morenista consideró que el incluir hasta ayer como causal el tener sentencia firme por violencia política en razón de género, no tendría que tener repercusiones legales y que debería ser aplicable para el próximo proceso electoral.
Iniciativa sobre la violencia ácida
La morenista Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado para incluir a la violencia ácida como un tipo de violencia que provoca lesiones y causa daño físico irreversible a la mujer.
La priista Flor Añorve Ocampo planteó una reforma a la Constitución del estado para incorporar como requisito la presentación del Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular o fungir como jueces, magistrados, auditor superior, integrante del Consejo de Políticas Públicas, consejo de la Judicatura o defensor general del Instituto de la Defensoría.
La sesión
En la sesión quedaron de primera lectura dictámenes de reforma y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en materia de violencia vicaria, y otro por el que se declara improcedente una iniciativa de reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También se aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Andrés Guevara Cárdenas por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, para que el Programa de Mejoramiento Urbano, en la vertiente de mejoramiento integral de barrios implementado en Iguala para que se cumpla con los requerimientos de calidad de obra pública en la renovación integral del Centro Histórico.
También se aprobó un exhorto del morenista Antonio Helguera Jiménez a los municipios de la entidad para que de manera oportuna convoquen a elección de comisarios y comisarías de sus respectivas localidades.
Y antes de concluir la sesión se eligió y tomó protesta a las y los diputados propietarios y suplentes que integrarán la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del Segundo Año de la actual legislatura, la Mesa Directiva es la misma ya que su periodo concluye el último día de agosto, los vocales propietarios, son Claudia Sierra Pérez, Rafael Navarrete Quezada, Leticia Mosso Hernández, Gabriela Bernal Reséndiz, Jessica Ivette Alejo Rayo, Nora Velázquez Martínez y Bernardo Ortega Jiménez; vocales suplentes, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Esteban Albarrán Mendoza, Angélica Espinoza García, Estrella de la Paz Bernal y Carlos Reyes Torres.
La parlamentarista Maylee González Hernández participó con el tema Igualdad de Género, y habló sobre la violencia hacia las mujeres “desaparecidas y muertas” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local realizó un protocolario Parlamento Estudiantil en el que sólo nueve de 45 participantes hicieron uso de la palabra, en tribuna con temas específicos; los otros 36 sólo acudieron como espectadores. A una de las parlamentarias no se le dio la palabra a pesar de que la solicitó, lo que generó reclamos por parte de los familiares.
Este fue el parlamento estudiantil número 15 que organiza el Congreso local, al que asistieron jóvenes de secundaria, y lo denominaron Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad.
Las nueve intervenciones de los estudiantes duraron menos de una hora.
Fue más el tiempo en el que diputados y funcionarios hablaron para dar la bienvenida, y después en la entrega de reconocimientos, que el que se permitió intervenir a los estudiantes.
Incluso las intervenciones de los estudiantes fueron moderadas, a excepción de Maylee González Hernández, quien habló de la igualdad de género. Recordó que México es uno de los países más violentos con las mujeres: “gran cantidad de mujeres son agredidas, violadas, secuestradas, y asesinadas, en promedio diez diarias”.
Y la violencia continúa como una constante que pareciera que no se está atacando desde las instituciones de gobierno, “mujeres encontradas muertas en fosas clandestinas, nadie sabe qué sucedió, los casos se cierran sin importar el dolor de la familia, la edad de la víctima”.
Se refirió a los matrimonios forzados: “niñas a las que se siguen vendiendo al mejor postor, me da impotencia y coraje saber que una de esas niñas pudiera ser mi hermana, mi amiga, mi vecina”, y acusó que a pesar de que la prohibición de estas uniones está plasmada en la ley “aún no son ejecutadas como deben ser”.
Antes de que se clausurara la sesión, la estudiante Camila Nájera Ortega Cocula en la región Norte pidió la palabra. Quería presentar tres propuestas, pero no le dieron la palabra porque no tuvo el primer lugar en su región, por lo que de acuerdo con lo establecido en la convocatoria tenía derecho a estar presente pero no a participar.
Vanesa Ortega Jiménez, mamá de la estudiante y la joven demandaron que se le permitiera participar, pero ignoraron la solicitud, “todo esto es una farsa y afecta las emociones de los niños”, reprochó la tutora.
Los parlamentaristas exigieron a los tres niveles de gobierno que no escatimen en recursos humanos ni económicos para mejorar el sistema educativo, con estrategias tendientes a lograr una educación de excelencia, como la única forma de salir de la pobreza y la violencia.
También llamaron a los integrantes de la actual legislatura a que sus propuestas sean tomadas en cuenta y materializadas en iniciativas que se conviertan en leyes. Entre sus principales demandas estuvo la seguridad, porque la falta de esta es uno de los problemas más fuertes a los que se enfrentan.
Otra demanda reiterada fue que en Guerrero faltan infraestructura educativa, y en muchos otros casos no hay maestros suficientes o simplemente no los hay por lo que demandaron al Estado, cumplir con su obligación de garantizar la educación a todos los niños, adolescentes y jóvenes.
Estuvieron la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez; el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Pánfilo Sánchez Almazán, y los diputados Masedonio Mendoza Basurto y Fortunato Hernández Carbajal, y el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña.
El diputado local del distrito 18, Adolfo Torales Catalán (PRI), votando desde su casa en Arcelia durante su participación virtual en una sesión del Congreso Foto: Israel Flores
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
A más de un mes que se conociera que un grupo criminal amenazó de muerte a alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte, y que desde entonces no acuden a las sesiones del Congreso local, este martes las perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán participaron en la plenaria de manera virtual, sin que ninguno realizara alguna participación.
El 27 de abril se publicó en El Sur que el grupo de alcaldes y diputados locales informaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la amenaza de muerte, y le pidieron acciones concretas.
En particular, advirtieron del riesto que corrían en sus traslados a la capital, en cumplimiento de sus labores o trámites.
Aunque no se específicó a qué grupo criminal se referían, se conoció que eran Los Tlacos, que tienen control de los tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo.
Después se realizaron reuniones de las que no se conocieron los detalles. Sin embargo, los tres diputados no han acudido a las sesiones del Legislativo.
Ayer se colocó en el centro del salón de plenos, frente a la tribuna, una pantalla en la que se observó la participación remota de las perredistas y el priista, quienes por un mes dejaron sus actividades en el Poder Legislativo.
Por amenazas, diputado
calentano participa
El diputado local Adolfo Torales Catalán, del PRI, informó que participó en la sesión virtual de la Comisión de Biblioteca e Informática, “en mi carácter de presidente del mismo, en donde se puso a consideración de los diputados que lo integran el Informe Anual de Actividades, que fue aprobado por unanimidad para el conocimiento del pleno”.
El diputado local del distrito 18, de militancia priísta, se ha mantenido activo en Tierra Caliente realizando reuniones con diferentes ayuntamientos y sectores, en donde además ha entregado obras de invitaciones, apoyo a las escuelas, y realizó giras por varios municipios, donde llevo regalos para las fiestas del Día de las madres y motocicletas para rifar por el Día del Maestro.
Sin embargo, acerca de su actividad legislativa, no se había conocido de alguna participación en el Congreso debido a que se mantiene en la postura de no asistir a Chilpancingo.
Minuto de silencio por hermado del diputado Astudillo
Al inicio de la primera de dos sesiones, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Héctor Javier Astudillo Calvo, quien fuera hermano del diputado Ricardo Astudillo Calvo e hijo del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En la sesión el pleno aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Senado, con la que se establece como requisito la edad mínima de 18 años para poder ser candidatos a diputaciones y de 25 años para ser secretaria o secretario de estado.
A propuesta del morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, el pleno aprobó un exhorto a las Secretarías de Salud y de la Mujer para que “tomen acciones inmediatas encaminadas al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.
En tribuna, el morenista dijo que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, y que en el 2020 más de 3 mil casos de menores de 19 años embarazadas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala.
Y llamó a las Secretarías de Educación, de Salud y de la Mujer a cumplir con los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, a través de campañas de educación sexual difundidas a través de redes sociales, la radio y la televisión.
Este martes se realizaron dos sesiones, ya que la Junta de Coordinación Política decidió que mañana jueves no habría.
Actos de corrupción con
programa de caminos artesanales
Al final de la segunda sesión, en tribuna el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”. Ahí denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.
En ese sentido explicó que los recursos de este programa del gobierno federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas, pero en casos como el de Tlacoapa se presumen malos manejos del presupuesto público.
El morenista llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.
La sesión
En estas se presentadon diversas iniciativas, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, para quedar como Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guerrero.
De Morena, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar el principio de paridad de género en la elección de comisarios, suplentes y vocales, así como en la integración del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales.
Tulio Sánchez propuso también una reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la creación de la Presea “Faustina Benítez”, para “reconocer a mujeres guerrerenses que hayan destacado por su labor social en esta entidad”, la cual sería entregada por el Congreso del Estado en Coyuca de Benítez, en el marco de la conmemoración del natalicio de la guerrerense, el 15 de febrero.
El Pleno aprobó también un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política para realizar el Parlamento Estudiantil número 15 de Los adolescentes y la cultura de la legalidad, el próximo 9 de junio.
Mientras que la perredista Yanelly Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar la denominación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Con información de Israel Flores/ Ciudad Altamirano).
Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral, que será remitido al Congreso local para realizar reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024
Entre las principales reformas se plantea que únicamente las asambleas comunitarias -y no alguna institución del Estado- pueden emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento; y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular candidatos de estas poblaciones.
La consulta es para realizar las reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, en la que participaron mil 135 autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias.
En la sesión del Consejo General que se realizó de manera virtual, el presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, dijo que se consultó a 2 mil 532 comunidades en las que tuvieron intérpretes y traductores para cumplir con el principio de “culturalmente adecuada”.
Destacó también la participación en la etapa consultiva del 45 por ciento de las autoridades comunitarias convocadas.
De las 2 mil 532 autoridades comunitarias que participaron en las reuniones informativas solo 138, que son 13.2 por ciento fueron mujeres, 910 que representan el 86.8 por ciento fueron hombres.
Mientras que, en la fase consultiva, fueron convocadas 2 mil 532 autoridades y asistieron mil 135 que representan el 45 por ciento, de los cuales el 16 por ciento (182) fueron mujeres y el 84 por ciento (153) fueron hombres.
En este informe se apunta que en la para la fase previa se realizaron 29 reuniones, el mismo número para la fase informativa y 52 de la consultiva
Mientras que la consejera Dulce Villalobos Tlatempa confió en que los resultados que obtuvieron en esta consulta tengan finalmente “una materialización en la normativa que integrará la representación” de los pueblos consultados.
Los resultados
En el caso del artículo 13 Bis que se refiere a la postulación de candidaturas a diputaciones locales, se menciona en el informe que se está parcialmente de acuerdo con la iniciativa de reforma, pues se propone que en los ocho distritos electorales locales (de los 28 de Guerrero) identificados como indígenas, los partidos políticos registren y postulen de manera obligada a ciudadanos que se autoadscriban como indígenas” o, en su caso, se postulen en al menos seis distritos de manera obligada.
Se propuso que en el distrito 15 afromexicano, de manera obligada los partidos políticos registren y postulen candidaturas de ciudadanas o ciudadanos que se autoadscriban como afromexicanas.
Que las candidaturas indígenas y afromexicanas cumplan con la paridad; están de acuerdo en que se sigan usando los datos estadísticos INEGI, y que, por lo tanto, se actualicen los distritos catalogados como indígenas y afromexicanos, en función de los resultados de dicho censo.
Otra de las opiniones principales incluidas en este informe es que “se opinó que en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígena”.
Del artículo 272 Bis relacionado con las candidaturas a los ayuntamientos, se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea requisito un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento como actualmente se propone, y que “en su mayoría de registren y postulen ciudadanas y ciudadanos que se auto adscriban como indígenas”.
Se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para los pueblos y comunidades indígenas.
En Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena, se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada pueblo.
Respecto al vinculo comunitario y autoadscripción calificada en la consulta se opinó que quienes deben expedir la constancia para acreditar a una candidata o candidato como indígena o afromexicano, sea expedida por las autoridades comunitarias: comisarías, delegaciones o colonias, así como autoridades tradicionales de la comunidad de donde se adscriba la o el candidato.
También que ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ni la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) o alguna otra institución, tienen la facultad para expedir constancias de auto adscripción o vínculo comunitario, por lo que estas constancias no pueden ser utilizadas para el registro de candidatos.
Las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad: haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y que preferentemente la candidata o candidato que se postule como indígena, hable la lengua de su comunidad, además del español; que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
En el caso de las mujeres, priorizar los cargos tradicionales u otros en los que participen en sus comunidades de origen, debido a que la mayoría no realiza servicios comunitarios o de ser el caso, “se cuenta al hombre como cabeza de familia”.
También debe solicitar acta de nacimiento, constancia expedida por autoridades comunitarias y avalada por la asamblea, para que se acredite la pertenencia de la candidata o candidato a la comunidad indígena o afro, asimismo, que la persona viva en una comunidad de ese origen.
