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Se matan 2 familiares de ex regidor y éste queda herido, informa el alcalde de Tlacoachistlahuaca

El ex regidor perredista de Tlacoachistlahuaca, Margarito López Leal, fue atacado a causa de problemas familiares y la disputa de tierras por su primo, quien murió, igual que un hermano del ex regidor, informó el alcalde, Javier Carmona Villavicencio.
De acuerdo con fuentes del municipio, en un primer momento se dijo que se trató de una emboscada, a las 6 de la tarde del jueves, cuando el regidor en el periodo de 2009 a 2012 llegó a la comunidad de San Jerónimo, en la zona na savi de ese municipio de habla ñomndaa, luego de participar en el aniversario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en Cuautepec.
Pero la versión que recopilaron los policías municipales, dada a conocer por el alcalde Carmona Villavicencio, señala que fue el primo del ex regidor, de nombre Ricardo, quien le disparó y lo hirió en la cabeza y la espalda. Pese a las heridas fue reportado estable en el hospital regional de Ometepec.
Consultado por teléfono, el alcalde indicó que el agresor salió recientemente de la cárcel, donde pasó unos seis años por una demanda del ex regidor de 46 años por la disputa de un predio.
Fue a buscar al ex regidor a su casa la tarde del jueves y cuando llegó, lo siguió y le disparó, el hermano del ex regidor, de nombre Julián, tomó una escopeta y le disparó al agresor, quien murió. El hijo del agresor, en venganza, asesinó a tiros al hermano del ex regidor.

Exige la UPOEG a la Fiscalía que esclarezca el atentado

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE), una investigación pronta para esclarecer el atentado que sufrió el promotor de esa organización y ex regidor de Tlacoachistlahuaca, Margarito López Leal, en el que resultó herido y su hermano Juan López fue asesinado.
El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero informó que cuando llegaba a su casa de la comunidad de San Jerónimo, aproximadamente a las 7 de la noche, al menos tres hombres que portaban armas de grueso calibre lo atacaron a balazos.
Margarito recibió un disparo en la mejilla y otro en el hombro derecho, mientras que su hermano recibió varios en diferentes partes del cuerpo.
Ayer en la plenaria aprobaron un pronunciamiento dirigido a la Fiscalía par que se agilicen las investigaciones del caso.
Asimismo, organizaron una colecta para apoyar a la familia López Leal, a la vez de que le ofrecieron un minuto de aplausos de pie en su honor, luego de que el abogado explicó que es uno de los activos promotores de la organización en los cinco años que lleva.
Agregó que según sus familiares desconocen los móviles del atentado en su contra y que por eso exigieron al fiscal Javier Olea Peláez que se agilicen las investigaciones.

Maltrato en las instituciones que debían proteger a mujeres indígenas

Segunda parte

María Pineda de la Cruz, la mujer na savi de Tlacoachistlahuaca abandonada en el desierto de Arizona hace dos años y 10 meses por coyotes (traficantes de personas), cuando huía de su marido golpeador que amenazaba con “hacerla cachitos”, vive ahora con dos de sus cuatro hijos, en la habitación de una casa prestada en Chilpancingo.
Como la vivienda tiene piso de azulejo y puertas de madera, le quitaron el pago del programa Prospera para mujeres en pobreza, el único apoyo que tenía de la intervención del Estado en su caso.
Su historia muestra cómo se vulneran derechos de las mujeres, como el acceso a la justicia, a la integridad física, al desarrollo a la personalidad (en su adolescencia y juventud no pudo decidir sobre su futuro), en conclusión, a una vida libre de violencia.
Casi a costa de su vida, el nombre de María Pineda trascendió en la prensa estatal y nacional en febrero de 2014. Después de cinco días caminando con un grupo de migrantes en la frontera, pasó dos noches y dos días vagando sola en el desierto, orando para no encontrarse con “gente mala”, hasta que llegó a un poblado donde la hospitalizaron dos días, estuvo otro más en prisión y finalmente la deportaron.
Con la atención mediática, llegaron las promesas de apoyo institucional que no tuvo antes de emigrar sin documentos.
La respuesta de las autoridades fue la detención de Rufino López, con quien la unieron a los 13 años de edad tras un acuerdo económico de los padres de ambos contrayentes (algo todavía común en algunas poblaciones de la zona na savi), antes de que se cumpliera una semana de la denuncia en los medios de comunicación.
Sin embargo, María Pineda aclaró que su agresor salió de prisión un año después, tras el pago de una fianza, para llevar el proceso en libertad por el delito de violencia doméstica, no obstante que la jueza Teresa Camacho Villalobos aseguró que había elementos para emitir una sentencia condenatoria.
Contó que el agresor también la violó, después la hizo beber blanqueador y terminó internada en el hospital de Ometepec, colindante a Tlacochistlahuaca, pero cuando María presentó la denuncia penal en el Ministerio Público no pudo acusarlo de agresión sexual, porque la mujer que recibió su testimonio le dijo, “eres su esposa, él tiene derecho de hacerte eso, regresa a tu casa”.
Después, cuando María Pineda ratificó la denuncia ante un secretario del Ministerio Público y mencionó la violación, el funcionario la cuestionó, “¿por qué no lo dijo antes?, aquí sólo dice violencia doméstica”. Como no estaba indicado en el primero escrito, el secretario se negó a incluirlo en los agravantes.
Hoy, en entrevista, María Pineda reconoció que sintió vergüenza de insistir en la denuncia. La acompañaba una de sus hijas, como testigo de cargo, y supuso que la funcionaria que se lo dijo tenía razón, que no era delito.
María Pineda, bilingüe, habla con fluidez y decisión en español sobre su experiencia en la oficina de K’inal Antzetik, que dirige la reconocida defensora de derechos de las mujeres indígenas, Hermelinda Tiburcio Cayetano.
Recordó que en su pueblo natal, Yoloxóchilt, era promotora de educación inicial de Conafe, también de educación para adultos y promotora de salud de la asociación civil K´’inal Antzetik, que difunde en las comunidades indígenas los derechos de las mujeres.
Con esta experiencia, intentó en dos en ocasiones dejar su casa, una propiedad que le pertenece a su familia; sin embargo, las dos veces se vio obligada a regresar porque no podía trabajar sin descuidar a sus hijos. La primera vez estuvo en una localidad de Cuajinicuilapa, con tres niños de uno, tres y cinco años de edad, como empleada doméstica.
En 2006, enferma y con 200 pesos, llegó a Chilpancingo, donde tampoco la recibieron en el servicio doméstico con la cuarta niña, la menor.
De vuelta a Yoloxóchilt, sabía que tenía que salir en algún momento porque su agresor también tenía la intención de acordar la boda de la mayor de las hijas, y se opuso.
Es práctica común en algunas comunidades de la zona na savi de Guerrero, la entrega de los padres a las hijas en matrimonio por dinero que, bajo los usos y costumbres se identifican como los gastos de manutención, que en los hechos constituye una venta de mujeres.
Por separado, Hermelinda Tiburcio opinó que este intercambio es posible por la migración. Explicó que permite a los hombres tener dinero para ofrecerlo a cambio de un matrimonio acordado, y asumir que las esposas son de su propiedad, al grado de tener derecho de golpearlas, e incluso de quitarles la vida. Sin embargo, no necesariamente se hacen responsables de la familia, y al salir de los pueblos abandonan a las mujeres con sus hijos. Asimismo, dijo que afecta a las mujeres el alto consumo de alcohol de los hombres.
Siendo niña, María Pineda fue casada con un hombre de 20 de años, y el año siguiente tuvo su primer hijo.
“Siempre fue violento, me decía que sus papás decidieron que yo me juntara con él, que no me quería, me insultaba: que yo no servía para nada, que estaba fea, que estoy flaca, y estaba bien, porque primero no tomaba mucho, nada más trabajaba. Después cada vez que tomaba me empujaba, me pateaba, me tiraba de la cama, me jalaba la greña y me arrastraba en la calle. También sacaba machete, gritaba, ‘voy a hacerte en pedazos, te voy a matar’”.
Cuando comenzó a colaborar con Hermelinda, su agresor se enojó mucho más, “decía que nunca estaba en casa, ‘ahora sí te voy a hacer en pedazos porque no me obedeces’; para entonces, ya no me importó nada, cómo no voy a servir, si yo le deba dinero para el líquido (químico para limpiar la tierra de cultivo) y fertilizante. Sí puedo trabajar, aunque él diga que no”.
Recordó que juntos viajaron como jornaleros agrícolas, y ella ahorró para cambiar el techo de cartón de la casa, por otro de teja, mientras él gastaba todo en alcohol. También pagó el trámite de documentación de la casa, que él puso a su nombre.
Aclaró que sus padres, le decían que se aguantara, que era su marido, que no podía criar sola a sus hijos. A la distancia, considera que ellos también le tenían miedo.
En el tercer intento, cuando el hombre dio con su paradero en Chilpancingo y volvió a amenazarla, pidió dinero prestado para cruzar la frontera. Tras cinco noches caminando y esconderse en el día para que la policía de migración no los descubriera atravesando el desierto, el grupo de migrantes y el coyote que los guiaba la abandonaron a media noche en el camino, esperando que una patrulla fronteriza la encontrara por la mañana.
“Ya no tenía agua, por eso me dejaron, ‘si te vas, todos nos vamos a quedar sin agua y sin comida’, se les hizo fácil dejarme. Así que caminaba y un rato descansaba, hasta que por la noche vi luces y dije tengo que llegar, caminé toda la noche y todo el día hasta la siguiente noche.
“Socorro, ayúdenme”, dijo al llegar al lugar, “¿viene del cerro, verdad?, y sí, era pura bajada, por eso aguanté”, y antes de probar agua o alimentos se desmayó.
En la Ciudad de México, la recibió Eva García, de la organización Camino con Alas, que la acompañó, hizo la denuncia pública en los medios de comunicación. Después de aparecer en los periódicos y en televisión, la Secretaría de la Mujer ofreció a María becas para que sus hijos siguieran estudiando. Recibió terapia, pudo concluir sus estudios de secundaria, pero nunca llegaron las becas de estudio para sus hijos. Aún en la adversidad, sus dos hijas mujeres, están estudiando carreras universitarias.
Indicó que un abogado de la Secretaría de la Mujer asumió su defensa en el caso de violencia intrafamiliar, y supone que a la fecha sigue abierto, porque no le han notificado lo contrario. Siguen vigentes las medidas cauterales para que no se le acerque su agresor.
En cambio, denunció que su agresor ha atacado al papá de Hermelinda, que vive en Yoloxóchilt, y a la misma luchadora social, cuando ha ido a la comunidad de donde también es originaria, “dice que ella me aconsejó, que hace tiempo que me trataba así, y no me salía. Quería que yo estuviera ahí, hasta que me matara. ‘Eres mía, yo te puedo hacer lo que yo quiera’, decía”.
Lamentó que no haya justicia para los agresores, mientras las mujeres violentadas llevan la carga de la familia, y las secuelas de los golpes.
En junio pasado, le retiraron quirúrgica mente “una bolita” de un seno, y debe seguir en tratamiento porque han aparecido otras. Aclaró que no sabrían si pierde el seguro popular. “Aquí (en la ciudad) el dinero no alcanza, debo pagar servicios de la casa, luz, internet, comida, los pasajes, para las hijas”.
Confió en recuperar el bono de Prospera, porque la vivienda que utiliza pertenece a una migrante en Estados Unidos. María le da cierto mantenimiento a cambio de usar una de las habitaciones con sus hijas. Trabaja como empleada doméstica en casas particulares. Aclaró que le dijeron que no era seguro, pero no pierde la esperanza.

Matan a una mujer el martes en Tlacoachistlahuaca y otra el miércoles en Ayutla

El martes y el miércoles dos mujeres fueron asesinadas en los municipios de Tlacoachistlahuaca y Ayutla de Los libres en la Costa Chica de Guerrero, una era trabajadora de la Secretaría de Salud (Ssa).
El miércoles una anciana fue encontrada asesinada al parecer con un golpe de piedra en la cabeza en el estanque de crianza de pescados en la localidad de San Felipe de Ayutla. La señora fue identificada como Sabina de 70 años.
En otro hecho el martes, en Tlacoachistlahuaca en la zona amuzga del estado la trabajadora de la Jurisdicción Sanitaria 06 de la Ssa y ganadera de nombre Irma de 54 años fue asesinada a balazos.
Fuentes de seguridad informaron que la mujer fue bajada de un taxi cerca del crucero donde está la subestación eléctrica del municipio y fue ejecutada atrás del automóvil, otros dos pasajeros y el chofer fueron despojados de sus pertenencias por los dos sujetos que usaron pasamontañas. (Jacob Morales Antonio).

Rechaza la oposición líneas del IEPC para otorgar candidaturas a mujeres

Acusan PRD, PAN, PT, MC y Morena exceso
en criterio de IEPC en candidaturas a mujeres

Abandonan la sesión y anuncian que impugnarán en tribunales el acuerdo de consejeros electorales, que entre otros, obliga a los partidos a no postular a mujeres en espacios perdedores

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de partidos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunciaron excesos en los criterios para combatir la discriminación de las mujeres en las candidaturas del proceso electoral de ayuntamientos y diputados locales que los consejeros estatales propusieron y aprobaron ayer, en sesión extraordinaria.
Luego de argumentar problemas de idiosincrasia, de capacitación de las mujeres, que no están posicionadas ni les interesa participar en cargos de representación, y que las acciones afirmativas (contra la discriminación) no tienen cabida en este proceso electoral, el PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la sesión y advirtieron que van a impugnar el acuerdo en tribunales.
Uno de los lineamientos del acuerdo establece que los partidos políticos no podrán postular sólo a mujeres en las candidaturas de municipios o distritos donde recibió el menor porcentaje de votación en el proceso anterior, para evitar que postulen a mujeres en los espacios perdedores, que implica violencia de género, explicó la consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz.
Asimismo, se incluyó una acción afirmativa para que, en los casos donde la relación de candidatos (50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres), termine en número impar, se incluya en el último sitio a una persona de género femenino.
En consulta, la presidenta Cinthya Citlali Díaz Fuentes, explicó después que la ley obliga al IEPC a garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas, y en este sentido se elaboró una fórmula que se aplicará a las planillas que presenten los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas comunes, en el periodo de registro de candidatos.
Aseguró que los lineamientos están apegados a la norma y comprende que a los partidos “no les guste”. Sin embargo, aseguró que el acuerdo es sólido, “está bien argumentado y fundamentado, por eso sostuvimos la postura, los consejeros estamos convencidos, creemos que es la vía correcta, de poder garantizar los derechos de las mujeres”.
En más de una hora, los partidos integrados en el Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC), además Morena, agotaron las tres rondas de participaciones (reglamentadas) para insistir en la modificación del acuerdo.
El representante del PRD, pidió que la paridad se aplicara por partidos, de forma global, no a coaliciones ni candidaturas comunes, y que la candidatura excedente (sin par) tampoco se asigne a una mujer.
El representante de Movimiento Ciudadano señaló que, por cumplir con los lineamientos, tienen riesgos de postular a personas que no están posicionadas en la vida pública, y en general todos los partidos que consideraron que los consejeros se excedieron en sus funciones, incluido el PRI, Partido Nueva Alianza, PVEM y Humanista.
Entre otras cuestiones, el representante del PAN Carlos Millán aseguró que antes de esta ley, los órganos electorales obligaban a los partidos a asignar 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres en los espacios de representación proporcional. Con los nuevos lineamientos la violencia política de género alcanza también a los hombres.
Añadió que por idiosincrasia, hay lugares donde a las mujeres no les interesa participar en política, y en ese sentido, el IEPC debe difundir sus derechos, “ayúdenos a capacitar a mujeres indígenas que sus maridos no las deja participar”.
El de Morena añadió que obligar la postulación de mujeres en determinados bloque de municipios (en el caso de menor porcentaje de votación) puede propiciar que se se proponga a una mujer como candidata y el esposo sea el que gobierne. Añadió que “las mujeres deben participar y no gritar más (en política)”.
La consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz aclaró que el Estado mexicano está comprometido por la firma de diversos tratados internacionales, a garantizar una serie de mecanismos para alcanzar la igualdad sustantiva, real, reducir la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, las acciones afirmativas en materia político electoral, siempre están dirigidas a las mujeres.
Sobre la capacitación, recordó que el financiamiento público a los partidos políticos incluye 5 por ciento para capacitación de liderazgo femenino, es un acción afirmativa para garantizar la cuota de género en la postulación de candidatos y en los cargos de representación proporcional. Precisó que a las mujeres les encanta participar en política, solo que han sido relegadas como lideres de colonias y promotoras del voto.
El representante del PRI consideró que es colocar como propietario y suplente a personas del mismo género para evitar “los Juanitos y Juanitas”, la estrategia política para simular que se cumplen con las cuota de género en las candidaturas, no así en los espacios de representación.
Antes de someter el acuerdo a votación, cinco representantes de cinco partidos salieron en protesta de la sesión.
Durante la plenaria, se aprobaron tres acuerdos por unanimidad: el de paridad, el procedimiento que deberán observar el consejo general y los consejos distritales electorales para la selección y designación de los secretarios técnicos en los 28 consejos distritales del estado, y las modificaciones del periodo de precampañas para ayuntamiento en el calendario del proceso electoral ordinario 2017-2018.
Según el punto de acuerdo, la precampaña para la elección de Ayuntamientos será del 16 de enero al 11 de febrero del 2018, para dar un total de 27 días, como establece la legislación para dicha actividad, que “no puede durar más de dos terceras partes de la campaña”.
El procedimiento para la designación de secretarios técnicos de los Consejos distritales, incluye una convocatoria para el concurso amplio de aspirantes, con un examen de conocimiento que aplicará el Instituto de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA) de la universidad Autónoma de Guerrero, y una valoración curricular, cada uno tendrá una ponderación de 70 y 30 por ciento, en la evaluación final.

A casi cinco meses de la alerta de género no la cumple el gobierno estatal: Alianza Feminista

En lo que va del año han ocurrido 128 asesinatos de mujeres, dicen las activistas. En algunos casos ni los alcaldes de los ocho municipios señalados saben de la declaratoria, reclaman

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Activistas de la Comisión de Seguimiento de la Declaratoria de Alera de Violencia de Género de la Alianza Feminista Guerrero, denunciaron que han pasado cuatro meses y 25 días sin que el gobierno del estado tenga un programa autorizado para dar cumplimiento a su declaratoria.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, las integrantes de la Comisión informaron que en lo que va del año han ocurrido 128 asesinatos dolosos de mujeres.
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que el 22 de junio del 2017 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado.
Denunció que han pasado 4 meses y 25 días sin que el gobierno del estado tenga un programa autorizado para dar cumplimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Guerrero.
Reyna Aguilar indicó que en lo que va del año, la comisión de seguimiento tiene el registro de 128 mujeres asesinadas dolosamente.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno estatal, para que en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para a la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, les informen sobre cuál es la razón para no haber presentado el programa y dar cumplimiento a la declaratoria de la alerta de violencia.
Exigieron que se implementen las medidas de seguridad, donde informen en los medios de comunicación que Guerrero tienen decretada la alerta de género; que se recuperen espacios públicos, patrullajes preventivos en zonas de riesgo para las mujeres y líneas de apoyo a víctimas de la violencia.
Además, que se conforme un grupo especializado en procuración e impartición de justicia, que emita las sanciones correspondientes por feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales, que los ayuntamientos fortalezcan los módulos de atención inmediata a mujeres en situación de violencia.
Las activistas solicitaron que funcione el banco estatal de datos e información, relativo a los actos de violencia que se ejercen contra las mujeres y niñas. Revisar los expedientes y carpetas de investigación de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, entre otras peticiones.
Por su parte, María Luisa Garfias Marín manifestó que las autoridades estales continúan simulando la erradicación de la violencia, porque los servidores públicos continúan con un trato de nepotismo e insensibilidad contra las mujeres que sufren violencia.
Dijo que ni los presidente municipales de los ocho municipios señalados están realizando acciones para combatir la violencia contra las mujeres, e incluso desconocían de la declaratoria; asimismo, no hay coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, para la creación del programa y del presupuesto.
Los municipios donde se decretó la alerta de genero son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
“Ya pasaron casi cinco meses y no hay programa ni presupuesto, a pesar de que las autoridades dicen que ya lo entregaron, las autoridades sólo están en simulación”, enfatizó la activista.

Toca a la Fiscalía registrar feminicidios, dice la secretaria de la Mujer a diputados

El gobierno cumple las medidas dictadas en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sostiene Rosa Inés de la O

Alina Navarrete

Chilpancingo

Durante su comparecencia ante comisiones de diputados, la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O García fue cuestionada por los diputados respecto de los feminicidios, el seguimiento a las víctimas de la violencia, el apoyo que reciben las mujeres indígenas en el estado y por el uso de los 23.3 millones de pesos que recibió la dependencia, de los cuales sólo un millón corresponde a la inversión estatal.
Respecto de los feminicidios, informó que el contabilizarlos, investigarlos y resolverlos le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la Semujer “únicamente coadyuva” para esclarecer y definir si se trata de un feminicidio, el cual etimológicamente se refiere al asesinato de una mujer; sin embargo, según la ley hay parámetros específicos para determinar el crimen.
Informó que es la Fiscalía la que lleva las estadísticas de mujeres asesinadas.
Dijo que la Semujer tiene una coordinación de unidades de género, donde hay siete delegadas para atender a las regiones del estado; además, resaltó que las jornadas comunitarias “han sido un éxito”, pues las mujeres indígenas las recibieron “con mucho beneplácito”, ahora se implementa la denuncia y cuentan con asesoría legal bilingüe.
Expresó que la Semujer “no puede sola” y que tiene que convivir con las demás dependencias, porque el presupuesto “no alcanza” para cubrir las necesidades de las mujeres que buscan apoyo, además de que muchas son canalizadas ante las autoridades correspondiente, para garantizar que sus peticiones sean cubiertas por programas específicos.
Del seguimiento a las víctimas de la violencia y sus hijos, dijo que se atendieron a 606 mujeres, aunque el DIF cuenta con atribuciones para atenderlas, por lo que insistió en que la colaboración entre dependencias es necesaria para canalizar a los afectados, de manera que reciban la atención necesaria.
Sobre el apoyo el programa de apoyo a madres solteras, Cisneros Martínez cuestionó su funcionalidad, debido a que se les solicitan demasiados documentos para poder obtener el beneficio. En ese sentido, De la O García dijo que la dependencia se mantiene en respaldo a las mujeres en esta situación, para ello se gestionan los recursos correspondientes.
Por otra parte, afirmó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores cumple con las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Acapulco, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ayutla, José Azueta, Tlapa y Ometepec.
Informó que en octubre pasado se instalaron 73 sistemas municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; además se realizaron 73 cursos de capacitación a titulares de las instancias municipales de la Mujer y personal vinculado, sobre los dos programas; mientras que las unidades de género de la Administración Pública Estatal capacitó a 954 servidores públicos con el objetivo de transversalizar la igualdad de género.

Sejuve contribuye a erradicar la violencia

Por su parte, Díaz Villanueva fue cuestionado por los diputados sobre el seguimiento que se da a los jóvenes víctimas de la violencia, y al respecto informó que éste se da mediante la Procuraduría de la Juventud en cuanto a lo legal se refiere; además de que la dependencia es tutora de quienes están en centros de readaptación social.
Dijo que para acabar con la violencia en los barrios se implementó el programa Pinta tu cancha, pues hay puntos de reunión que eran utilizados para consumo de drogas y alcohol, pero ahora estos son espacios recuperados.
Agregó que además, con el programa Ritmo joven la dependencia motiva a los jóvenes a fomentar la paz, consideró que “muchas veces hay etiquetas” hacia ellos, por el tipo de música que escuchan y su vestimenta, por lo que “los inducimos a la industria musical, pero música con mensajes de paz”, contrario a la música popular que contiene mensajes de odio, discriminación y violencia.
En cuanto a la prevención de conductas de riesgo, dijo que a través de las estrategias Haz Conciencia por Guerrero, Agentes de Cambio, Estudiantes por la Seguridad y el programa Estatal de Prevención de Trata de Personas, se ha logrado informar, concientizar y prevenir a jóvenes de las distintas regiones del estado, buscando generar el desarrollo integral de las juventudes a través de la cultura de paz y valores.
Mientras que más de 5 mil jóvenes han sido beneficiados por medio de las políticas implantadas en materia de emprendimiento, mediante cursos, talleres y programas como son Jóvenes Ecosol, Crédito Joven, Arráigate Ser Joven, El Portal del Empleo, Guerrero nos Necesita Emprendedores, Ferias del Empleo Joven Empleatón, además de generar la inclusión de los jóvenes al mundo laboral, con acciones como Vinculación Escuela Trabajo y Joven es Compromiso.

“Hecho histórico”, mantener a una mujer de
candidata de Morena en Acapulco: militantes

En conferencia, reprochan la consejera estatal Matilde Testa y la ex aspirante a la coordinación, Leticia Castro Ortiz, actos de misoginia de la dirigencia estatal y demandan investigarlos

Abel Salgado

Mujeres militantes y simpatizantes de Morena señalaron a la dirigencia estatal que mantener la propuesta de una mujer para la coordinación de la organización municipal de su partido es un hecho histórico y corresponde a los varones respetar esa decisión.
En conferencia de prensa en las oficinas de La Coprera, la consejera estatal Matilde Testa y la ex aspirante a la coordinación de la organización municipal, Leticia Castro Ortiz, expusieron que seguirán apoyando a Adela Román Ocampo.
Leticia Castro Ortiz recordó que el lunes, cuando anunciaría su declinación para la terna de la coordinación municipal en apoyo a Román Ocampo, las oficinas de Morena en Acapulco estaban cerradas. Concluyó que es un acto violatorio a los derechos políticos, de género e incluso de derechos humanos.
Derivado de ese hecho, la secretaria de Mujeres del Comité estatal de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez les dio una respuesta. Castro Díaz leyó un comunicado en el que Gómez Ramírez reconoce la violencia hacia la mujer. Añadió que hacía un llamado a los integrantes de Morena a “conducirse dentro de los principios que nuestro instituto político tiene”.
Leticia Castro, manifestó que la coincidencia de opiniones por el hecho del lunes es un ejemplo de la discriminación hacia las mujeres en Morena.
Matilde Testa respondió que tras el deslinde del presidente del Comité estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de los hechos del lunes, se tiene que investigar “hasta las últimas consecuencias, hasta saber el nombre de las personas que cambiaron el candado de la oficina”.
Expuso que tras la determinación del Consejo Estatal por mantener el acuerdo de que en Acapulco será una mujer la coordinadora, “me siento orgullosa, es un hecho histórico en Acapulco que una mujer nos llegue a representar”.
Añadió que las mujeres han sido constantemente agredidas por diversos sectores de la sociedad. A la militancia de Morena y a la sociedad recordó que cuando los hombres han salido a pedir el voto, las mujeres los han apoyado.
La ex aspirante a la Coordinación municipal, Leticia Castro, pidió a la dirigencia de Morena en Guerrero una disculpa pública por las “lastimosas acciones que van en contra de los derechos de las mujeres”. De la declaración que hiciera el miércoles Sandoval Ballesteros al considerar el cierre intencional de las oficinas como un “golpeteo”, Leticia Castro dijo que casos como esos se tienen que destacar: “Sí, hay que exagerar el evento, porque esas conductas discriminatorias y misóginas no pueden darse más”.
Se le recordó que minutos antes, también en conferencia de prensa el presidente del CEE, Pablo Amílcar Sandoval dijo que todavía no estaba definida la situación de Adela Román. La consejera estatal respondió que “daba mucha pena” la postura del dirigente de su partido en Guerrero.
Destacó que la coordinación de la magistrada Adela Román ya “está blindada” y es el Comité Nacional quien también avaló la postulación.
También consideró que las declaraciones de Amílcar Sandoval en el que pedía que no se ventilara las inconformidades en los medios de comunicación, debe ser dirigida al representante de Morena en el IEPC, Sergio Montes Carrillo, porque él fue quien informó que de una encuesta en la que incluía a hombres en una terna, “él fue el primero en hacer un sinfín de declaraciones denostándonos a los compañeros de Morena”.
Matilde Testa afirmó que ella fue señalado por Montes Carrillo como una “simple ama de casa”.
Concluyeron que ya no permitirán más agravios a los derechos de las mujeres, incluso si surge de su propio partido. A la conferencia asistieron militantes de Morena Virginia Serrano Radilla, María de Jesús Mendoza Sánchez, Guadalupe Rivas Pérez, Magdalena Valtierra García, Guadalupe Meza de la Rosa, Patricia Batani Giles y Damaris Ruano Lucena.

Propone el PT a Javier Solorio para medirse en encuesta con Adela Román por Acapulco

Daniel Velázquez

Por acuerdo de las dirigencia nacional del PT y la de Morena, el cirujano plástico Javier Solorio Almazán es el aspirante único del PT a la candidatura a alcalde de Acapulco, informó el integrante de la coordinación operativa estatal Roberto Ortega González.
Ayer por la tarde, mediante la red social Facebook, Ortega González publicó cuatro fotografías en las que Solorio Almazán aparece al centro de la imagen flanqueado por el diputado federal Victoriano Wences Real, quien encabeza la coordinación estatal, y Ortega González quien tiene la coordinación municipal en Acapulco.
El PT es el único partido con el que la dirigencia nacional de Morena aprobó que irá en coalición en la elección de julio del próximo año.
Javier Solorio es uno de los siete aspirantes de Morena que impulsaba el grupo del presidente estatal de ese partido Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros para ser el coordinador de organización municipal en Acapulco, que es la antesala para la candidatura a alcalde.
En declaraciones por teléfono, Ortega González contó que en una reunión, el miércoles en Iguala se reunió la dirigencia estatal del PT en pleno con el cirujano plástico para hablar sobre “algunos detalles” que no mencionó, y después de eso se llegó al acuerdo de postularlo como su propuesta a la candidatura a alcalde de Acapulco.
Explicó que la propuesta de Javier Solorio llegó de parte de la dirigencia nacional porque el cirujano plástico estableció acuerdos con las dirigencias nacionales del PT y Morena para conseguir la postulación debido a que el Consejo Estatal de Morena aprobó que la coordinación del partido en Acapulco sería encabezada por una mujer.
Roberto Ortega añadió que con la definición de la propuesta del PT a la candidatura a alcalde, esta deberá someterse a una medición por encuesta con la aspirante que salga de Morena.
En la reunión en Iguala, estuvieron el coordinador de la Zona Norte del PT Isaac Carachure, el representante del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Comisión de Elecciones del partido Israel Molina y otros miembros de la dirigencia estatal.

Adela Román no ha formalizado que quiere
participar en proceso de Morena, dice Sandoval

El que no haya enviado una carta de aceptación, no la descarta, aclara y adelanta que buscará a la magistrada del TSJ. Anuncia visita de López Obrador por cuatro días, a partir del 30 de noviembre

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, informó que buscará a la magistrada Adela Román Ocampo, a quien se refirió como “una figura pública muy distinguida”, para establecer comunicación con ella porque la magistrada no ha presentado su carta de aceptación para participar en el proceso interno de Morena, pero eso no la desacredita del mismo.
Ayer, en la oficina del partido en Acapulco, Sandoval Ballesteros anunció que el presidente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira de cuatro días en el estado para visitar 12 municipios de la Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro, Tierra Caliente y la Zona Norte.
La visita de López Obrador a Guerrero será del 30 de noviembre al 3 de diciembre. El 30 de noviembre visitará los municipios de San Marcos, Tecpan y Coyuca de Benítez; el 1 de diciembre estará en Xochistlahuaca, Ometepec y San Luis Acatlán; el 2 de diciembre en Quechultenango, Tixtla, Huitzuco y el 3 de diciembre en Coyuca de Catalán, Teloloapan y Taxco.
Sandoval Ballesteros indicó que en todos esos municipios realizará asambleas informativas como parte del proceso interno de organización del partido y los ciudadanos podrán afiliarse durante esta gira.
Indicó que la conferencia fue para invitar a los ciudadanos a que participen en las asambleas.
Llamó a los militantes a actuar con mucha prudencia, mesura, tranquilidad y responsables.
Aceptó que el proceso de definición del partido de las coordinaciones de organización ha causado mucho “nerviosismo” entre los militantes porque las preferencias de Morena van a la alza en los estudios de opinión que se publican y no se publican, que tienen la Secretaría de Gobernación, el PRD y el PRI.
En la conferencia, el presidente del Consejo Estatal Luis Enrique Saucedo Ríos informó que hace una semana remitieron al Consejo Nacional y la Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los resultados de la selección de las propuestas a coordinadores de organización de los distritos y municipios.
Detalló que de los 81 municipios del estado en 31 hay propuestas de consenso y en 49 se presentó más de un aspirante lo mismo que en los 9 distritos federales y en los 28 distritos locales. En estos casos se integraron ternas o binas, las cuales fueron remitidos a los órganos nacionales. En el caso de Ayutla, señaló se elegirán autoridades por el modelo de usos y costumbres.
Agregó que están en espera de que les informen cuáles serán las fechas para las encuestas y la entrega de resultados. Pablo Amílcar Sandoval dijo que por tratarse de información estratégica para el partido no avisa a nadie sobre la fecha para la aplicación de encuestas para evitar que se falsee información.
Sobre el caso de Acapulco, donde solo hay una propuesta, Sandoval Ballesteros dijo que todo fue remitido a los órganos nacionales y reiteró que estos tienen la facultad de incluir a quien sea, “ellos tienen la facultad de poner hombres, mujeres, pueden hacer cualquier cambio que ellos consideran o decidir que es alguno de los compañeros”.
Reiteró que Acapulco es prioritario para Morena y les dijo a los militantes que no es con presiones como se va a resolver la definición del coordinador de organización ni con declinaciones, porque las candidaturas de unidad debieron concretarse antes de la sesión del Consejo donde se plantearon las propuestas.
Adelantó que se establecerá comunicación con la magistrada Adela Román porque de ella no se recibió carta de aceptación a participar en el proceso interno de Morena, pero como fue una propuesta de varios consejeros se establecerá un diálogo formal para conocer su postura. Aclaró que aunque no haya una carta de aceptación eso no la deja fuera de la contienda interna porque “es una figura pública muy destacada”.
Rechazó que en el partido haya actos de misoginia. Sostuvo que la participación de la mujer en la política es necesaria y debe impulsarse.
Insistió en que se debe cuidar el proceso interno del partido porque están conscientes que muchos de los interesados en conseguir postulaciones tendrán una presencia pasajera si no consiguen espacios de representación. Por eso el interés del partido es “buscar a los hombres y mujeres que tengan más compromiso en este proyecto y a esos son a los que queremos llegar y en su momento sean postulados como candidatos”.
Declaró que Morena no tiene comunicación con el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y en caso de que quiera participar debería estudiarse y analizarse por los órganos de dirección nacional del partido.
Sobre el retuiteo a un comentario del columnista de La Jornada Julio Hernández, quien criticó la decisión de nombrar a Félix Salgado Macedonio como coordinador de organización estatal, dijo que fue un error de uno de los colaboradores que manejan su cuenta: “de inmediato se borró porque no es una cuestión política”.

Matan a una mujer el martes en Tlacoachistlahuaca y otra el miércoles en Ayutla

Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.

Promesas sin cumplir, burlas y engaños provocaron la retención del alcalde de Tlacoachistlahuaca

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Segunda de tres partes)

Promesas incumplidas, engaños y burlas del presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio, del Partido del Trabajo, fueron la causa de que indígenas na savi de Juquila Yucucani, la mayoría mujeres, lo retuvieran el 27 de marzo en la comisaría municipal, y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a entregar un millón y medio de pesos “para beneficio de la propia comunidad”. El texto fue escrito a mano y firmado por el alcalde.
En una entrevista este miércoles 5 de abril, ante la presencia de Principales (ex comisarios, que son autoridades tradicionales) del pueblo en la comisaría de la localidad, el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder Benito Zeferino Sánchez aclararon que el dinero lo utilizarían para construir un albergue comunitario, que también les servirá como comisaría municipal, obra que el alcalde se comprometió hacer en 2016 pero incumplió.
La versión de los representantes del pueblo se dio en medio de la polémica que provocaron las declaraciones de Carmona Villavicencio, en el sentido de que los habitantes de este pueblo lo retuvieron en la cárcel de la comisaría y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a pagarles un millón y medio de pesos, como indemnización por los plantíos de amapola destruidos por el Ejército en días recientes.
Con la ayuda del traductor Miguel Ortiz Ortega, el reportero platicó con el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder de Juquila Yucucani, Benito Zeferino Sánchez, quienes acompañados por los Principales del pueblo narraron el origen del conflicto con el alcalde Carmona Villavicencio, quien después de su detención ha emprendido una campaña en contra de este pueblo al que acusa de exigirle un millón y medio de pesos como indemnización por la amapola destruida por los militares.
Zeferino Sánchez explicó de entrada que a diferencia de los anteriores alcaldes, quienes apoyaron con obras o con dinero en efectivo a esta comunidad, Carmona Villavicencio los engañó desde que anduvo en campaña.

Juquila Yucucani, era una colonia de Santa Cruz Yucucani

Por diferencias partidistas Juquila Yucucani se separó de Santa Cruz Yucucani de la que era una colonia a principios del año 2005. Entonces nombró a un comisario propio y sus habitantes comenzaron su gestoría de manera independiente para tener su propia infraestructura social.
Santa Cruz se encuentra en la parte alta de una loma y las casas de Juquila están asentadas en la parte baja, ambos caseríos están separados por una carretera de terracería que cruza a la mitad y por la que se puede llegar en dos horas en vehículo a Putla de Villa Guerrero, Oaxaca.
En el año de la independencia de Juquila de Santa Cruz, el presidente municipal panista Eloy Salmerón Díaz (quien gobernó el periodo 2005-2008) construyó en Juquila Yucucani las dos primeras aulas de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. También les donó una camioneta de 3 toneladas y les construyó la cancha de básquetbol.
El siguiente alcalde, el priista Oswaldo Salmerón Guerrero (2009-2012) construyó el techado de la cancha, introdujo la red de agua potable y pavimentó 100 metros de la calle principal.
El también priista Amando Ramos Brito, quien sustituyó a Oswaldo Salmerón y que gobernó el 2012 al 2015, construyó las otras dos aulas de la escuela primaria y dio a la comunidad 50 mil pesos en efectivo para un terreno que ahora les sirve para usos múltiples.
Zeferino Sánchez contó que en cambio, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio, electo para el periodo 2015-2018, es el único que en año y medio que lleva como alcalde no les ha hecho ninguna obra, y que por el contrario los ha engañado y se ha burlado de ellos.
Dijo que los habitantes de Juquila Yucucani no le pidieron nada, y que fue el propio edil quien cuando andaba en campaña les prometió en una primera visita la construcción de la comisaría municipal, la iglesia y un comedor comunitario.
En una segunda visita se reunió con las mujeres de la localidad y se comprometió a comprarles un terreno para construir un centro de salud, les dijo que les donaría una ambulancia para el traslado de los enfermos a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, o a Ometepec.
Incluso les anunció que “habrá tanta obra” que la gente de la comunidad que se fue de jornalera a los estados del norte del país, “va a regresar porque yo les daré empleos aquí en las obras”, mencionó Zeferino Sánchez.
Desde entonces a algunos habitantes del pueblo les pareció que las del alcalde eran mentiras y que se estaba burlando de ellos, pero le dieron el beneficio de la duda, sobre todo cuando en su discurso de toma de posesión en septiembre del 2015, Juan Javier Carmona dijo que iba a gobernar sin distinción de personas.
“A todos les voy a servir parejo”, dijo entonces el alcalde según los recuerdos del comisario Juan Perfecto quien estuvo en la ceremonia, cuando además, el recién ungido anunció especialmente al contingente que fue de Juquila que a partir del 15 de octubre de 2015 les enviaría a dos maestros pagados por el Ayuntamiento, como lo hizo el anterior alcalde.

Rompen “relaciones de amistad” con el presidente municipal

El 15 de marzo de 2016 acudió a la Presidencia Municipal una comisión para recordarle al alcalde sus compromisos con Juquila Yucucani, pero entonces el presidente municipal Carmona Villavicencio les respondió que él no podía construir la comisaría, porque los gobiernos federal y estatal no le autorizan recursos para ese tipo de obras.

Para los indígenas el albergue en el que planean que también tenga un espacio grande para su comisaría es la obra prioritaria de su pueblo, porque la actual, construida de bloc por ellos mismos, es insuficiente.
Por la respuesta negativa del alcalde desde ese 15 de marzo, los indígenas se desmoralizaron y rompieron “relaciones de amistad” con Carmona Villavicencio.
“Levantamos un acta que remitimos al gobernador Héctor Astudillo Flores para enterarlo de que el presidente municipal nos dijo que no construiría la comisaría”, contó Benito Zeferino.
El comisario Juan Perfecto Aguilar informó que ha acudido cuatro veces al Palacio de Gobierno en Chilpancingo para gestionar la construcción de la comisaría.
También mostró un oficio de fecha 14 de febrero de 2017 enviado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez a quien le piden su intervención ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que el gobierno del estado les construya el albergue comunitario de 30 por 15 metros dentro del cual se incluya la comisaría, “porque el presidente municipal no quiere hacernos obras para nuestra comunidad”, dice el escrito.
Como reacción de sus gestiones ante el gobierno estatal y ante la dirigencia estatal del PRI, el presidente municipal visitó Juquila Yucucani el 14 de marzo pasado y pidió platicar con los habitantes para planear las obras comprometidas, pero como los habitantes ya habían acordado suspender relaciones con él, el comisario le pidió que regresara después porque primero iba a consultarlo con la gente.
Convinieron entonces que Carmona Villavicencio regresara el 26 de marzo. Ese día la mayoría de los vecinos se reunieron en la comisaría para esperar al presidente municipal. Había un ambiente festivo, pero Carmona Villavicencio no llegó.
En su lugar el alcalde mandó a dos ingenieros del Ayuntamiento, quienes sin consultar a los habitantes ni al comisario se dispusieron a medir la actual comisaría municipal, y cuando el comisario Juan Perfecto les preguntó qué hacían, los empleados le contestaron que sacaban las medidas para “armar el proyecto” de la nueva comisaría y que la obra comenzaría el próximo año, “cuando salga el nuevo presupuesto”.
Una mujer se acercó a los ingenieros y les dijo: “no quedamos así, quedamos que el presidente iba a venir hoy, pero vienen ustedes y no quedamos en ese acuerdo”.
El comisario contó que ese día había reunidas como 70 mujeres, aparte los hombres, juntos pasaban de 100. Las más enojadas eran las mujeres y fueron las que sometieron a los dos ingenieros y a otra persona que los acompañaba y los metieron a la cárcel que se encuentra en una esquina de la comisaría.
Contó que a uno de los retenidos le permitieron salir para que fuera a la caseta telefónica que está en Santa Cruz Yucucani y llamara al presidente municipal, para que le dijera que necesitaban verlo a él para que les informara qué obra va a iniciar.
Cuando regresó el empleado les dijo que le contestó una hermana del presidente, y más tarde lo volvieron a mandar a hablar y al regresar esta vez les informó que le contestó un sobrino del presidente y que iría a darles una explicación.
Pero entonces la irritación de los pobladores aumentó, sobre todo entre las mujeres quienes, según Benito Zeferino, tomaron como una burla la información del ingeniero.
A las 2 de la tarde del mismo 26 de marzo llegó a Juquila un sobrino del presidente municipal, acompañado por el director de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, resguardados por 14 policías municipales.
Las mujeres ya estaban exaltadas y reclamaron a los funcionario por qué no fue el presidente municipal, “en la campaña bien que vino a gritar hasta con aparato (altavoz) para hacer su promoción, ¿y ahora por qué en vez de él manda a su secretario y a su director de seguridad?”.
La gente agarró al secretario del Ayuntamiento y lo metió a la cárcel y sacaron a los dos ingenieros y a su acompañante, “ustedes no van a pagar por culpa de otros”, les dijeron y los dejaron que se fueran.
En seguida le reclamaron al director de Seguridad Pública por qué bajó sólo y no llevó la patrulla, el jefe policiaco les explicó que la había dejado con el chofer arriba, en Santa Cruz Yucucani y las mujeres le ordenaron que fuera a traerla.
Un grupo de mujeres lo siguió, pero luego el director les dijo que la patrulla no se había quedado con el chofer y que él traía las llaves y las mujeres le reclamaron, “por qué andas contando mentiras, no somos tu calzón para que nos andes contando lo que tú quieras”, le reprocharon e intentaron someterlo, pero el funcionario intentó echarse a correr y sacó su pistola en medio de las mujeres.
Las mujeres quisieron quitarle el arma, pero el director de Seguridad Pública la entregó a uno de sus policías, al que se la quitaron después, mientras el jefe policiaco era llevado a la cárcel.
Durante la noche los policías municipales se quedaron en la comisaría de Santa Cruz Yucucani.
Al día siguiente, el 27, permitieron que los dos funcionarios salieran a almorzar a las 10 de la mañana y le pidieron al comisario que los dejara libres, para que fueran a informarle al presidente municipal que querían hablar con él, pero el comisario y los principales les dijeron que no, porque la gente del pueblo se iba a enojar con ellos.
En cambio, les fueron a comprar fichas de Internet a la comunidad vecina para que se comunicaran desde dentro de la cárcel. Ese día se presentó molesto el alcalde y fue detenido y encarcelado por los vecinos.

Juquila Yucucani, el pueblo que encarceló al alcalde de Tlacoachistlahuaca

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Primera de tres partes)

Entre las 54 localidades del municipio de Tlacoachistlahuaca, Juquila Yucucani era, hasta antes del 27 de marzo, una comunidad desconocida. Desde ese día se dio a conocer mediante una fotografía en la que el presidente municipal, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio, está tras las rejas de una reducida celda de la comisaría municipal de ese pueblo.
Sobre el caso hay dos versiones. La del alcalde que dice que los pobladores lo detuvieron para exigirle el pago de 2 millones de pesos como indemnización por la destrucción de plantíos de amapola por militares en días recientes, y la del comisario y representantes del pueblo que aseguran que lo encerraron porque no cumplió con obras prometidas, entre éstas un albergue que también serviría para su comisaría municipal.
Juquila Yucucani es una comunidad de 800 habitantes que hasta antes del 2005 era una colonia de Santa Cruz Yucucani asentada en la falda de un “cerro alargado”, el significado en tu’ un savi (la lengua del pueblo na’ savi) de Yucucani.
Juquila y Santa Cruz Yucucani son dos de las localidades más alejadas de Tlacoachistlahuaca. Se encuentran ubicadas en la parte alta al noreste de la cabecera municipal, en las colindancias con el vecino estado de Oaxaca, a las que se llega en 3 horas y media o en cuatro en vehículo (según la pericia del conductor), partiendo desde Tlacoachistlahuaca, la cabecera del municipio.
La mitad del tramo carretero de la localidad Rancho Viejo a Santa Cruz y Juquila Yucacani, (unos 80 kilómetros) se transita por una accidentada y sinuosa carretera.
Por la distancia y la dificultad para transitar el camino de terracería las actividades económicas de los habitantes de Juquila Yucucani las realizan en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, que se encuentra a dos horas en vehículo.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informan que en Juquila Yucucani hay 89 viviendas. De ellas el 82.46 por ciento cuenta con electricidad, el 87.72 tiene agua entubada, el 1.75 tiene excusado o sanitario, el 17.54 tiene radio, el 22.81 televisión, el 14.04 refrigerador, el 5.26 lavadora, el 8.77 automóvil, nadie tiene computadora personal, el 8.77 por ciento tiene teléfono fijo, y nadie cuenta con teléfono celular ni con Internet.
En esta comunidad el 100 por ciento de sus 800 habitantes es na’ savi (mixteco) y carecen de un centro de salud, médicos y medicamentos, mientras que un sólo maestro que va de vez en cuando, atiende a los 64 niños de primaria.
En el centro de la localidad se encuentra la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, es de cuatro aulas construidas de concreto. La mañana del miércoles 5 de abril la escuela estaba cerrada, tres de las cuatro aulas son utilizadas como bodegas y las butacas yacen amontonadas en los rincones.
“El maestro tiene 54 niños de primaria pero muy poco viene, llevamos dos años solicitando al gobierno estatal y al municipio por lo menos dos o tres maestros más, pero no nos responden”, contó el comisario Juan Perfecto Aguilar, mediante el traductor Miguel Ortiz Ortega, mientras mostraba el abandono en que se encuentran los salones y los niños jugando en los patios, o trabajando en el campo con sus padres.
Declaró que han gestionado ante el gobierno del estado una escuela de calidad, pero que les contestó que “no hay recursos de ese programa para comunidades como ésta”.
Los habitantes de Juquila Yucucani no cuentan, además, con un jardín de niños y sólo algunos de los padres llevan a sus hijos a Santa Cruz Yucucani, la comunidad vecina, en donde además siete maestros atienden a 400 alumnos de primaria.
Tampoco hay aquí un centro de salud, y desde hace dos años los habitantes no han recibido respuesta a su solicitud para que les manden cuando menos un enfermero o enfermera y medicamentos.
El comisario denunció que el centro de salud que está en la comunidad de Santa Cruz Yucucani, casi siempre está cerrado porque el médico va dos o tres días por semana y se regresa, e incluso hay semanas que definitivamente no va, “y aunque esté sólo da la consulta, no hay medicamentos”.
Las mujeres embarazadas, los niños con diarrea o vómito, que son lo común en Juquila y Santa Cruz Yucucani, son trasladadas a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, entre los dolores que les provocan los tumbos que dan las camionetas que atraviesan el cerro por una accidentada carretera sin pavimentar.
A pesar su ubicación alejada de las zonas urbanas y de difícil acceso, los habitantes de Juquila Yucucani no parecen vivir en la pobreza extrema. La mayoría de las casas son construcciones de concreto y hay muchas de dos y hasta tres plantas. En las calles estorba al paso de los vehículos el material de construcción amontonado de las familias que construyen modernas viviendas.
–¿De qué vive la gente aquí, de dónde obtienen sus ingresos?
–Vivimos de la siembra de caña, maíz y frijol, aquí todos nos dedicamos a la agricultura–, responde el comisario mientras recorre con la vista los cerros aledaños desmontados. En los descampados se alcanzan a ver, a lo lejos, plantaciones verdes, difícil de reconocer qué tipo de sembradíos son.
El comisario explicó que antes se dedicaban a la ganadería pero que ahora cada campesino tiene su parcela y ya no quieren que haya ganado suelto, porque provocan daños a los cultivos.
Otro campesino le dijo al traductor que les hace falta una buena carretera para poder sacar a vender sus productos. Contó que el actual presidente municipal, Carmona Villavicencio les aseguró que en marzo del 2016 comenzaría la pavimentación del tramo carretero de Rancho Viejo a Santa Cruz Yucucani, “y ya cumplió un año y no se ve nada”.
Agregó que por eso sus actividades económicas las realizan del lado de Oaxaca, en Putla Villa de Guerrero, que les queda más cerca en comparación con su cabecera municipal, Tlacoachistlahuaca.
En esta comunidad las familias están desprovistas de los apoyos que dan los gobiernos federal y estatal a través de los programas sociales.
El comisario Juan Perfecto explicó que viven muy alejados como para viajar a la capital del estado a hacer los trámites.
“Además no sabemos cómo ni dónde gestionar, sabemos que hay programas sociales para los campesinos y que los adultos mayores reciben apoyos de los gobiernos federal y estatal, pero no sabemos a dónde ni con quien ir”, se quejó el comisario.

Marginación en el pueblo que encarceló al alcalde

Una mujer y sus dos hijos en una calle de Juquila Yucucani donde el pasado lunes 27 de marzo pobladores de esa comunidad de indígenas nu’savi retuvieron al presidente municipal petista en reclamo de obras. Sus habitantes viven de la siembra de caña, maíz y frijol, dijo el comisario a enviados de El Sur. Sólo el 1 por ciento cuenta con sanitario. Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Una mujer na’savi con su hijo a un costado hace tortillas de maíz, en el interior de su casa en la comunidad de Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuca .Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Juquila Yucucani, el pueblo que encarceló al alcalde de Tlacoachistlahuaca

Viven de la siembra de caña, maíz y frijol, afirma el comisario. Sólo el 1 por ciento de sus habitantes cuenta con sanitario

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Primera de tres partes)

Se quedan 24 horas sin telefonía celular seis municipios de Costa Chica

Durante 24 horas el servicio de telefonía de la compañía Telcel dejó de operar en los municipios de Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Marquelia, en la región de la Costa Chica, en éste último los usuarios reportaron la falla y hasta ayer la señal era intermitente.
En una visita al municipio de Marquelia se constató que los usuarios y vecinos estaban molestos porque informaron que desde inicios del año es frecuente que la señal de esta compañía telefónica se caiga y queden incomunicados durante horas, sin que la operadora les retribuya o les ofrezca un incentivo por el error.
Además, ayer se comprobó que la señal era intermitente. Los vecinos de los municipios aledaños que acudieron a una actividad del PRD en Marquelia, también comentaron que en sus ciudades no tenían señal telefónica. (Jacob Morales Antonio / Marquelia).

No hablará más del caso de la amapola en un pueblo de Tlacoachistlahuaca, dice el alcalde

El alcalde del PT de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio afirmó que “ya no le echará más leña al fuego” y no hablará del caso de la comunidad de Juquila Yucucani, donde el 16 de marzo fue destruido un plantío de amapola por el Ejército y un helicóptero militar fue atacado.
Expresó que buscará alternativas para mejorar las condiciones de las comunidades de la zona alta del municipio, donde los habitantes de na savi viven en la pobreza extrema.
Carmona Villavicencio dijo que está buscando ayuda al gobierno del estado, y de la federación para las comunidades ubicadas en los límites con el estado de Oaxaca.
Se buscó ayer al alcalde por teléfono para conocer su postura luego de que el segundo comisario de Juquila Yucucani, Francisco López Aguilar y otros dos vecinos señalaron que es falso que solicitaran al alcalde un millón y medio de pesos como indemnización por la destrucción de la siembra de amapola, y advirtieron que con sus declaraciones ponen en riesgo a la población.
El comisario indicó que el dinero que pidieron al alcalde luego de que fue retenido en la comisaría, sería para la construcción de un albergue que ocuparán como comisaría, mismo que desde el 2015 han solicitado al presidente municipal a quien también le recriminaron que haya construido un albergue en la comunidad vecina de Santa Cruz Yucucani.
Mientras la diputada local del PRD del distrito 16, Rosa Coral Mendoza Falcón, reconoció que los problemas de las comunidades indígenas de esa zona no se han podido atender.
Dijo que a los pobladores no se les puede culpar de la siembra de enervantes, pero que se tienen que buscar alternativas de siembra de cultivos como el maíz, el frijol. “Que los gobiernos de los tres niveles, y no sólo al municipal se le quede la responsabilidad. Que exista una coordinación para generar opciones para la gente y buscar salvaguardar la salud y educación de los ciudadanos”.
En consulta por teléfono opinó que el tema de la legalización medicinal de los enervantes como la amapola es una situación “compleja” que se tiene que estudiar, en el impacto local, nacional e internacional, además de que se tendrían que regular nuevas normas de salud, que no se salga de control su uso, y se tiene que demostrar que es un beneficio para la salud.