Registra el Consejo de Comunidades 4 mil 355 casas dañadas en 2013 en la Montaña, informa Tlachinollan

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que, en un recorrido, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña registraron 4 mil 355 casas dañadas en la Montaña en 2013 por la tormenta Manuel, tres mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas con daño total.
Consultado vía telefónica, Abel Barrera dijo que con la tormenta Manuel, que ocurrió en 2013, vecinos de varias partes de La Montaña se quedaron sin viviendas, y que pese a que ya pasaron más de dos años, continúan en la misma situación.
Explicó que, las cifras que registraron en su recorrido se reportaron a las autoridades de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero dijeron que ya habían hecho un recorrido por su cuenta.
El director de Tlachinollan indicó que más de 3 mil viviendas están reportadas con daño parcial y más de mil 200 casas tienen daño total, en 12 municipios ubicados de la La Montaña como Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Ecatepec, Tlacoapa, Atlixtac, San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas y Tlapa, entre otros.
Lamentó que las autoridades no registraron oficialmente los daños de las casas y apenas se está haciendo la valoración de los daños. “Todo el proceso está retrasado porque no se quería reconocer el sub registro que presentaron los del Consejo, y la negativa de la Sedatu de hacer recorridos”, explicó Barrera Hernández.
Reiteró que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.

Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Protesta de damnificados por Manuel en La Diana; exigen apoyo a la Sedatu

Unas 20 personas damnificadas por la tormenta tropical Manuel en 2013, se manifestaron en la glorieta de La Diana para exigir el apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues han pasado más de dos año y no han recibido nada por parte de las autoridades.
Los manifestantes llegaron al medio día a la glorieta de La Diana, encabezados por su vocero Gregorio Nava Valenzo, con unas cruces de madera para hacer la representación de su Vía crucis. Ahí dieron varias vueltas a las glorieta para pedir la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El vocero Nava Valenzo dijo que estaba ahí porque el 9 de febrero tuvieron una reunión con funcionarios de la Sedatu y la Sedesol, quienes se comprometieron a dar una respuesta a su demanda y no lo han hecho.
Indicó que ya no quieren engaños, que quieren saber qué pasó con el apoyo; que saben que en todo el estado hay gente que vive la misma situación que ellos y no hay claridad por parte de las autoridades; que los apoyos fueron entregados de manera selectiva.

Desalojará el Ejército a quienes invadieron casas en el Mirador en la capital, advierte la Sedatu

Vecinos de la colonia Amate señalaron que en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la comisión que los atendió les informó que acudirá el Ejército a desalojar a más de 100 familias que “invadieron” sus casas en el fraccionamiento El Mirador.
Asimismo, denunciaron que al llegar a las oficinas de la Sedatu, en el barrio de Tequicorral, los policías que resguardan el edificio les negaron el acceso en la entrada principal colocando una cadena, pese a que tenían programada la reunión con el delegado José Manuel Armenta Tello, a las 10 de la mañana.
El martes, unos 50 damnificados de la tormenta Manuel en Chilpancingo tomaron las oficinas de la Sedatu, para exigir al delegado José Manuel Armenta Tello esclarecer porqué las 130 casas que les fueron asignadas en el fraccionamiento El Mirador se encuentran “invadidas”.
Luego de una hora de protesta, los inconformes firmaron una minuta de acuerdo con el delegado Armenta Tello para reunirse el viernes a fin de resolver los problemas que prevalecen en El Mirador.
Consultados al término de la reunión que duró alrededor de una hora, colonos del comité vecinal de la Colonia Amate dijeron que no acudió a la reunión Armenta Tello, y en su lugar estuvo un representante de la subdelegada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, quien aseguró que interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra las personas que habitaron las casas en El Mirador de manera ilícita.
Una vecina, quien omitió su nombre, expresó que el representante de Jiménez Sales mostró las demandas interpuestas, a la vez que anunció que las familias irregulares que habitan en El Mirador serán desalojadas por el Ejército, a fin de que los damnificados que cuentan con un folio sean reubicados en el fraccionamiento.
Para el proceso de escrituración, comentó que a partir de la siguiente semana intervendrá la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mientras que el próximo lunes acudirán nuevamente a la dependencia a las 4 de la tarde para reunirse con el delegado Armenta Tello.
Anunciaron que, de no atenderlos Armenta Tello, convocarán a más familias damnificadas de otras colonias para movilizarse en las oficinas de Sedatu.
Por último, el comité vecinal denunció que los policías que resguardan el acceso de la dependencia cerraron las puertas con cadenas cuando pretendían ingresar a la reunión.
Explicaron que, durante 20 minutos permanecieron afuera del inmueble, mientras que los policías señalaron que “únicamente recibían órdenes”.

Se reúnen damnificados de Chilpancingo con funcionarios; les darán agua potable, acuerdan

Damnificados de la capital adheridos a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con autoridades municipales, estatales y federales para plantearles sus necesidades de seguridad y vivienda a dos años del paso de la tormenta tropical Manuel.
La reunión la encabezó el jefe del destacamento de la Policía Federal en Chilpancingo, Germán Trejo, el director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Jesús Vargas Vargas y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
El líder de la APPG, Nicolás Chávez Adame pidió que se resuelvan las necesidades de las familias damnificadas que fueron reubicadas en el fraccionamiento El Mirador.
Pide que se atienda el problema de inseguridad ya que son recurrentes los asaltos en la colonia La Cinca y en el fraccionamiento El Mirador, y como no hay transporte público las familias tienen que caminar y exponerse.
Solicitaron servicio de transporte público, la pavimentación en el tramo de la colonia La Cinca al fraccionamiento, la construcción de un jardín de niños y una primaria, y que se supervise la construcción de las viviendas porque algunas tienen daños.
Acordaron que este jueves a las 7:30 de la mañana acudirá el delegado de la Sedatu y otras autoridades al fraccionamiento para hacer un recorrido.
Los damnificados piden que la constructora pague una indemnización “de inmediato” debido a los daños en las viviendas, y solicitaron servicios básicos como agua potable y luz eléctrica.
Los funcionarios prometieron que este jueves abastecerán de agua potable a las familias y colocarán transformadores de luz eléctrica en cada manzana para que no tengan problemas, ya que cada generador tiene un límite para dotar de energía eléctrica.
El líder dijo que quedó pendiente una reunión para tratar la reubicación de 572 familias de la comunidad de San Vicente al nuevo predio en Coapanguito.

 

Se plantan damnificados de Petaquillas en Palacio de Gobierno y se reúnen con el alcalde

Damnificados de la tormenta Manuel en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, que fueron reubicados en el fraccionamiento Zolimaitic, denunciaron que desde hace tres meses no cuentan con servicio de agua potable, alumbrado público ni vigilancia, y exigieron una audiencia con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, para plantearle sus problemas.
A las 11 de la mañana, unos 50 inconformes arribaron a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, dentro del Ayuntamiento capitalino, para exigir una audiencia con el alcalde Leyva Mena; ahí denunciaron que desde hace tres meses, 40 familias no cuentan con el suministro de agua potable en sus hogares.
El presidente del Comité de afectados de Petaquillas, Mario Beltrán Peña informó que acudieron al Ayuntamiento porque en reiteradas ocasiones han solicitado una audiencia con el presidente municipal para exigirle, además del suministro de agua potable, alumbrado público en el fraccionamiento y mayor vigilancia.
Explicó que al menos 30 vecinos cuentan con un contrato para recibir el suministro, “sin embargo no ha llegado el servicio y la gente está preocupada; las fiestas decembrinas la pasamos sin agua potable”, lamentó.
Dijo que mensualmente pagan 100 pesos, pese a no recibir agua, y también que dos viviendas no han sido entregadas aunque ya están construidas en su totalidad.
Beltrán Peña expresó que la actitud que toma el presidente municipal de no atender a los ciudadanos le preocupa, porque son varios problemas en el fraccionamiento que son urgentes que se resuelvan, además de la falta de agua.
Recalcó que también carecen de alumbrado público y vigilancia en la colonia, donde los vecinos incluso hacen recorridos de 20 minutos hasta la entrada del fraccionamiento en total oscuridad, y sin presencia policiaca.
Luego de dos horas de permanecer afuera de las oficinas de la Secretaría General, el alcalde los recibió en una audiencia, dónde los inconformes expresaron las irregularidades del fraccionamiento.
Al término de la reunión que duró una hora, el Dirigente del Comité de afectados refirió que el alcalde firmó una minuta donde se comprometió a brindar los servicios que requiere el asentamiento, además de que visitará este jueves el fraccionamiento Zolimaitic para conocer las carencias que padecen los pobladores.
En la minuta explicó que, además del servicio de agua potable, alumbrado público y vigilancia, Leyva Mena se compromete a ampliar la ruta de los camiones recolectores de basura hacia el fraccionamiento, y la pavimentación de algunas calles y avenidas.

Cancela la Sedatu contratos a seis constructoras; emplaza a cuatro a entregar en tiempo, informa

El director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Armando Saldaña Flores informó que a seis empresas constructores en Guerrero se les canceló el permiso de construcción porque no cumplieron, y que cuatro están aplazadas a entregar a tiempo las casas que se les encargaron.
Este miércoles, Saldaña Flores y el delegado de la Sedatu, José Armenta Tello, realizaron dos recorridos en Guerrero para entregar casas para los damnificados por la tormenta Manuel y para supervisar obras.
El primero recorrido fue en Xochistlahuaca y en la comunidad de Venta Vieja, Acapulco, donde Saldaña Flores dijo que los trabajos están avanzados y que se terminarán esta semana.
En el lugar se le preguntó a Saldaña Flores sobre los avances de las casas y sobre cuántas empresas fueron demandadas por incumplimiento de contrato, a lo que respondió que cuatro empresas fueron aplazadas porque en cuatro unidades habitacionales, sin especificar cuáles, encontraron retrasos de obras, pero dijo que hablaron con los encargados para que hagan las reparaciones, y les dieron 20 días de plazo para iniciar los trabajos de adecuación de las viviendas antes de proceder con la demanda.
Además, dijo que se cancelaron seis contratos a empresas de construcción porque no cumplieron con los trabajos, por lo que la abogada general de la Sedatu realizará el proceso administrativo para la cancelación de los contratos y demandar, “no han presentado avances en tiempo y forma y esto obliga a cancelar los contratos”, resaltó Saldaña Flores.
Informó que este miércoles en Xochistlahuaca, junto con el delegado de la Sedatu entregaron 300 viviendas, 120 en la localidad y el resto en lugares cercanos, “ahí las casas se hicieron mejor gracias a la fundación Banamex”, indicó.
Al terminar la entrega acudieron a Venta Vieja para supervisar la construcción de las casas, y dijo que serán entregadas aproximadamente en la segunda semana de enero, que cada vivienda costó 180 mil pesos, pero que, “gracias a la fundación Azteca, pudimos hacer una mejora en las viviendas, la construcción está mejor consolidada”.
El funcionario dijo que en los recorridos observó que las casas se encuentran en buenas condiciones, y que cuentan con todos los servicios; asimismo, dijo que en Guerrero se han entregado 2 mil 500 casas.
En cuanto a las deficiencias que han reclamado los ciudadanos, específicamente los damnificados de El Mirador, aseguro que habló con la empresa Masa Construcciones, encargada de hacer las casas, para que hagan las reparaciones necesarias.
Justificó que Guerrero es un lugar sísmico donde se pueden presentar problemas en cualquier asentamiento, porque es normal en cualquier proceso de construcción, pero reiteró que donde se encuentre una vivienda en mal estado será reparada en su totalidad.
En El Mirador, dijo que se están realizando estudios geológicos para determinar en qué situación se encuentra la zona y qué obras de mitigación harán. Afirmó que las deficiencias no se previeron porque en el estudio de suelo se identificó una densidad de construcción que, al ir escarbando, el suelo presentó otras características.
Se le preguntó si el retraso de las obras también se debía a que la delincuencia organizada cobraba cuota a las empresas, y respondió que en Guerrero hay muchos problemas, pero “tenemos un gobernador que esta trabajando. Y no te puedo decir que empresa tuvieron el problema porque no estuve a cargo de la dirección, sólo la he tenido de tres meses a la fecha y (…) no hemos tenido esos problemas”, enfatizó.
En agosto, la Sedatu no había definido si cancelaría el contrato con la empresa Constructora 15, por la mala calidad y trabajo atrasado en la construcción de las 93 casas para damnificados de la sierra de Azinyahualco.
En el recorrido en Venta Vieja, donde se construyen 116 casas para más de 400 vecinos, se observó que las casas cuentan con tres recámaras, un baño, sala y un cuarto de lavado. La construcción se ve resistente, de tabicón, varilla y cemento.
En el lugar habrá un kínder, una primaria, un centro de salud y una iglesia, porque la comunidad no tenía, y las calles están casi terminadas. Según los ingenieros, los trabajos se terminarán en esta semana y, posiblemente, las casas se entregarán en enero. Sin embargo, aclararon que la zona no contará con red de drenaje, por las condiciones del terreno, por lo que habrá baños sépticos. La empresa encargada del proyecto se llama Ecoblock Internacional.

Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital

Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.

El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido

En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.