El Ayuntamiento de Chilpancingo tiene hasta hoy para limpiar todos los tiraderos clandestinos que utilizó tras el cierre definitivo del basurero municipal, de lo contrario será sancionado, informó el titular de la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg), José Pérez Victoriano.
El procurador dijo que este miércoles le notificó al gobierno municipal que tiene un plazo de 72 horas (tres días) para que recoja la basura y limpie los tiraderos clandestinos que habilitó en los predios del cerro Las Antenas, en la colonia Industrial y en Tierras Prietas, cerca del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón.
Manifestó que el Ayuntamiento debe retirar totalmente la basura, que no le piden que reforeste la zona sino que sólo deje limpio. Reiteró que si en un lapso de 72 horas el gobierno municipal no sanea los tiraderos provisionales que utilizó sin autorización de las dependencias de medio ambiente, será sansionado.
El Ayuntamiento de Chilpancingo recibiría su quinta sanción de la Propeg, debido a problemas de la recolección y tratamiento de la basura; la primera sanción fue en 2013.
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Acuerdan organizaciones articular su lucha contra las reformas en un foro en Chilpancingo
En el primer Foro por la unidad ciudadana y la articulación de la lucha social en Guerrero, se plantearon ejes de lucha contra el alza al precio de las gasolinas, las reformas estructurales y los problemas ambientales, y para apoyar a los trabajadores de Prospera que están en paro desde hace 12 días.
Este sábado, 20 representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de colonias, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y activistas de diversas organizaciones, se reunieron en el Teatro Hundido de la Alameda capitalina para exponer sus demandas.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame informó que los ejes principales que se acordaron en el foro son la articulación de la lucha social, contra las reformas estructurales, afectación del medio ambiente, como el problema de la basura en Chilpancingo, una postura para el rescate de la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de las normales del estado, la revisión de las demandas de las organizaciones y la elaboración de un pronunciamiento político-social.
Las organizaciones manifestaron que darán su total apoyo a los nueve trabajadores despedidos que llevan 12 días en plantón en las oficinas de Prospera, porque consideraron que es difícil estar en protesta y no recibir apoyo económico.
Los participantes en el foro, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, acordaron un mitin político-social, para hoy en el hemiciclo a Benito Juárez, conocido como monumento a Las Banderas, donde cada organización fijará sus demandas.
Marchan activistas y padres de los 43 en la capital en memoria del guerrillero Genaro Vázquez
La presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la no reelección de rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), fueron las demandas de la marcha para recordar al líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas, en su 45 aniversario luctuoso.
La marcha de unos 600 manifestantes fue encabezada por los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos hace 28 meses, seguidos de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones del Estado. Salió a las 12 del día del monumento a Vicente Guerrero.
El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se separó con unos 80 integrantes de la corriente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que encabeza Antonia Morales Vélez, debido a un desacuerdo en la organización de los contingentes.
Mientras la protesta del MPG concluyó con la conmemoración en el Zócalo de Chilpancingo, los padres de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del programa federal Prospera, en respaldo a los trabajadores despedidos que ayer sumaron diez días en plantón.
En la alameda los padres de Ayotzinapa y organizaciones fueron recibidos por el movimiento independiente de los caídos del 60, el Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense que montó una exposición de fotos del ataque del 30 de diciembre en ese lugar, de militares armados contra civiles hace 56 años. Ahí estaban también alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El acto político fue convocado por estudiantes de Ayotzinapa en memoria del maestro egresado de la Normal Rural y fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, ahí ratificaron que continuarán movilizados mientras sus compañeros no sean presentados por las autoridades.
La activista del movimiento de los caídos del 60, Roberta Campos Adame recordó que Genaro Vázquez era unos de los dirigentes del movimiento estudiantil y popular de 1960 que devino en la creación de la UAG, como integrante de la coalición de organizaciones sociales.
Del rumbo que tomó la Universidad en los últimos años advirtió que, “están equivocados aquellos que piensan que postrando a la UAG a los pies del Estado vamos a tener mejores condiciones”.
Trabajadores despedidos injustificadamente del programa Prospera aseguraron que van “a defender con uñas y dientes” su fuente de trabajo, y no obstante la represión y el hostigamiento permanecen en plantón día y noche.
En el acto político frente al monumento a los caídos de la plaza Granados Maldonado, la mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria preso en Chilpancingo, Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez aseguró que su hijo ya habría cumplido la condena por el delito que le imputaron si tuviera una sentencia. En octubre cumplió tres años privado de su libertad.
Con ella estuvieron las esposas de los integrantes de la CRAC, Gonzalo Molina Gonzalez, y de Arturo Campos Herrera que también están en prisión desde el 2013.
Un normalista aseguró que continuarán movilizados hasta que las autoridades acepten que la versión del basurero de Cocula es una mentira.
Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada
Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.
La marcha
La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.
El mitin en Palacio de Gobierno
Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.
Reclaman la ausencia del rector
En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.
Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión
Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.
Llegó de Yucatán con su hijo y dejó a otro allá la maestra de la UAG el día que la mataron
En la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hubo consternación tras el asesinato de Jeany Rosado Peña porque, “tenía un trato agradable, era optimista, siempre traía la sonrisa a flor de labios”, recuerda uno de sus compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), quien la conoció y la trató desde 2004 cuando llegó a fundar el grupo periférico de lo que ahora es la Escuela de Enfermería número 5 de Coyuca de Catalán.
El día que la asesinaron la profesionista acababa de llegar de Yucatán, venía de pasar las vacaciones de diciembre en su pueblo para reincorporarse a sus labores sindicales. Fue acompañada en el viaje por su hijo Isaac Daniel, a quien también acribillaron el domingo pasado.
A su otro hijo menor lo dejó con sus abuelos, de lo contrario hubiera corrido la misma suerte, consideran los compañeros universitarios con quienes tuvo contacto vía teléfono celular aquél infausto día en el que también murió a tiros su ex esposo, Nicéforo Cabrera Rojas, médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano.
Ese día Jeany perdió el vuelo de México a Acapulco de donde pensaba trasladarse en vehículo a Chilpancingo. Por eso le pidió a su ex esposo, de quien ya vivía separada, que fuera por ella a la Ciudad de México para trasladarse por tierra a Chilpancingo.
La tarde del domingo se acababan de instalar en su casa ubicada en la calle Río Ocotito de la colonia Recursos Hidráulicos, atrás del Palacio de Gobierno al poniente de la ciudad, según informó una de sus amigas y compañeras del STAUAG con quien tuvo contacto ese día antes de que los hombres armados que entraron a su casa mataran a su ex esposo, a su hijo de 13 años y se la llevaran para matarla y después abandonar su cuerpo cerca del puente del río Papagayo.
Jeany y Nicéforo eran perseguidos por criminales desde hace más de tres años. Él como médico internista de la clínica del IMSS en Ciudad Altamirano y ella como catedrática de la escuela de Enfermería número 5 de la UAG ubicada en Coyuca de Catalán, escuela que fundó desde el 2004 como grupo periférico.
El matrimonio fue víctima de extorsión y amenazas de muerte de grupos criminales que operan en la región de Tierra Caliente, hasta que Jeany se trasladó hace tres años a Chilpancingo con sus dos hijos, pero su esposo prefirió quedarse en su tierra natal Coyuca de Catalán, no quiso abandonar su empleo como médico del IMSS ni a sus clientes que atendía en una clínica particular de su propiedad.
La distancia terminó por separar a la pareja y en tres años convinieron su divorcio, aunque la amistad y sus hijos los mantuvieron unidos.
Jeany también decidió trasladarse a Chilpancingo porque fue electa secretaria de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, una de las carteras más importantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, en donde desde los primeros días fue recibida con afecto por sus compañeros.
La universitaria fue propuesta en el cargo sindical por el Frente por la Reforma Democrática de la UAG (Fredeuag), agrupación a la que pertenece el rector Javier Saldaña Almazán, aunque ella pertenecía a la desaparecida Alternativa Guerrerense Universitaria que encabezaba el ex rector Florentino Cruz Ramírez, cuentan sus compañeros.
En poco tiempo se ganó la amistad y el aprecio de sus compañeros sindicalistas, “en realidad no era difícil ganarse su aprecio, era muy activa y amigable, colaboradora y solidaria”, contó una integrante del CEC del STAUAG entre sollozos, ante la pérdida de su amiga.
Recargada en el barandal del pasillo de la primera planta del STAUAG, a unos tres pasos donde está la puerta cerrada de la oficina que ocupó Jeany Rosado Peña, la sindicalista expresó que “va a ser muy difícil acostumbrase a estas instalaciones sin ella, no escuchar su sonrisa, sus bromas, no recibir su saludo de todos los días”.
Contó que Jeany era de las pocas dirigentes del sindicato académico que llegaba saludando de mano a casi todos, “aquí dejó un gran vacío, será difícil llenarlo con cualquier otro compañero o compañera”.
En el STAUAG se hacen conjeturas respecto de los móviles del asesinato de su compañera. Unos cuentan que quienes la mataron, a su ex esposo y a su hijo vinieron desde Ciudad Altamirano a cobrar una extorsión no pagada por el médico Nicéforo Cabrera.
“Era alguien a quien la familia tenía perfectamente ubicado y al matar al ex esposo y su hijo se llevaron a Jeany para ultrajarla. Las huellas de violencia en su cuerpo así lo confirman”, dijo otro de los compañeros de la dirigente sindical, quien confirmó que además de los dos vehículos de la pareja, los criminales también se llevaron otros objetos de valor.
La extorsión y el robo son los móviles que se manejan con más insistencia entre los compañeros de Jeany.
Incluso advierten que no aceptarán otra línea, “porque ya se empieza a manejar el móvil pasional, y eso es inadmisible. La compañera sería incapaz de meterse en problemas de ese tipo”, contó la misma sindicalista que la tarde del martes dio las palabras de despedida a Jeany en las instalaciones del CEC del STAUAG, antes de que el cadáver partiera rumbo a Yucatán, de donde hace casi 12 años Jeany vino en busca de una oportunidad de vida, pero encontró la muerte.
Deben replantear sus programas las universidades ante el recorte, advierte Saldaña Almazán
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán advirtió que las universidades públicas deben replantear sus programas de trabajo para que vayan acorde al recorte presupuestal, de lo contario, tendrán una “situación complicada” a mediados de 2017.
El rector sugirió que se priorice en áreas relacionadas con la formación orientación y cuidado de las personas, y reiteró que deben ser las de salud y educación las áreas más favorecidas si se reajusta el presupuesto.
En relación a las escuelas cerradas ante la inseguridad, dijo que buscará que los profesores y los alumnos no estén expuestos, de ahí que sean los Consejos de Unidad los que decidan si regresan a clases la semana entrante; pero anunció que algunas escuelas no volverán a clases el próximo lunes.
“El presupuesto que se aprobó este año es similar al que aprobó Ernesto Zedillo en 1995, un presupuesto con muchos recortes, dejando ver que todas las instituciones hemos crecido y prevemos que así no se hacen los ajustes iniciando el año, se puede generar una situación complicada para mediados del 2017”, advirtió el rector en declaraciones a reporteros al concluir la toma de protesta de la mesa directiva del Colegio de Licenciados en Turismo (Coltur).
Confió en que los diputados federales y locales reajusten, a más tardar en febrero, el presupuesto destinado al sector educativo y a salud.
“Se haría justicia a las universidades públicas y al área de salud, que son áreas sensibles y a las cuales se les recortó demasiado el presupuesto. Para reconstruir el tejido social, y contrastando con lo que decía el general (Salvador) Cienfuegos (secretario de la Defensa Nacional), no se va a resolver el asunto solamente con policías, y hay que utilizar la otra estrategia y la reconstrucción del tejido social, que es formar a los jóvenes”, expresó Saldaña Almazán.
Indicó que sostiene reuniones con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre representantes de instituciones cuyo presupuesto es menor a la media nacional en inversión por alumno, “para plantear una estrategia de cómo vamos a atender los asuntos estructurales de nuestras universidades; por ejemplo el asunto de pensiones, que nos está generando problemas”, indicó.
Adelantó que propondrán replantear lo establecido por la secretarías de Hacienda y de Educación para que las universidades logren “subsistir”.
“En nuestro caso, tenemos cerca de 32 mil horas que no son reconocidas, cerca de mil plazas que tampoco son reconocidas, y si se los reconoce obtendremos una estabilidad”, anotó.
Al final, dijo que hay un 80 por ciento de probabilidad de que se paguen a tiempo los aguinaldos a los trabajadores universitarios.
Matan a alumno de la UAG en una plaza de bares y restaurantes de Chilpancingo
El estudiante de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Francisco Javier Cortés Cortés, fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en una plaza comercial de esta capital en la que hay varios bares.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública informaron que los hechos ocurrieron a las 5:30 de la madrugada en el estacionamiento de la plaza Cárdenas 71, en la transitada avenida Lázaro Cárdenas, donde quedó el cuerpo del joven de unos 25 años.
Al lugar acudieron policías que hallaron el cuerpo del estudiante y tres casquillos percutidos calibre 380. Por sus pertenencias e identificaciones las fuentes informaron que la víctima era Cortés Cortés y tenía una credencial de la escuela de Derecho de la UAG en su cartera.
Estaba en proceso de tramitar su título de licenciado en Derecho y trabajaba en el área administrativa en el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve), también sería parte del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, cuyas actividades comenzarán la próxima semana.
En el 2015 Cortés Cortés fungió como secretario privado del presidente del patronato, Daniel Morales Pastor, quien fue director de Ecología del Ayuntamiento en la administración del priista Mario Moreno Arcos.
Que se consulten en las escuelas los temas del Consejo Universitario, piden al rector
Colectivo disidente llama a Javier Saldaña a que elabore una iniciativa de reforma al reglamento electoral para flexibilizar los requisitos para que se inscriban los candidatos a rector de la UAG
El Colectivo Insurgencia Universitaria que forman estudiantes y maestros de distintas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), acordó exigir al rector Javier Saldaña Almazán que promueva que los representantes del Consejo Universitario consulten en las instituciones los temas que se analizarán en las sesiones, antes de que éstas se lleven a cabo, para que lo que acuerde o apruebe el Consejo corresponda al sentir de los universitarios
Además exigirán a la administración central que las sesiones se transmitan en tiempo real mediante Radio UAG, que se graben y los videos estén disponibles en las páginas de Internet oficiales.
Este sábado los integrantes del colectivo Román Ibarra Flores, el ex rector Arquímedes Morales Carranza, Alejandro Millán Vega, Santiago Jiménez Benítez, Olga Delia Vivar Flores, Ernesto Gálvez Reyes, Pavel Sierra Martínez, Silvia Alemán Mundo, Andrés y Leonel Nájera Hernández se reunieron en la explanada de la escuela de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria Sur en Chilpancingo.
En la reunión de las 10:30 de la mañana a las 2 de la tarde, los integrantes del colectivo discutieron acerca de
su principal propuesta, que Saldaña Almazán “en uso de su facultad de proponer cambios legales” elabore una iniciativa de reforma en la que proponga la derogación de la fracción VI del artículo 78 del estatuto general y del inciso C, fracción III del reglamento electoral.
Ahí se establece como requisito para los candidatos a rector que deben acreditar que cuentan con el apoyo de 40 consejeros universitarios, consejeros académicos de 20 escuelas o 150 consejeros de unidades académicas, lo cual “constituye un obstáculo verdaderamente grave, que nunca había existido en la universidad”.
Según el colectivo, la reforma es necesaria “para que haya condiciones de igualdad en la próxima elección de rector y evitar una crisis política en la universidad”.
Según integrantes del colectivo, que fueron consultados al término de la reunión, en los próximos días presentarán la solicitud por oficio a la reforma en los reglamentos de la UAG, antes de que comience el proceso electoral.
Aunque el problema principal que discutieron los universitarios fue “la afectación a la democracia con la costumbre de los consejeros de no consultar previamente a los maestros y estudiantes que representan en cada escuela, para votar los diversos temas en el Consejo Universitario”.
Para que los debates de las sesiones del Consejo lleguen íntegros a la comunidad universitaria, el colectivo acordó pedir que se graben y transmitan en vivo.
También discutieron el déficit financiero de la UAG de 270 millones de pesos en este año, la falta de espacios para que se acepte a más estudiantes en las áreas de la salud y el hecho de que Radio UAG no cuenta con la concesión correspondiente, entre otros temas que desarrollarán en sus siguientes encuentros para proponer soluciones. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Le propusieron a Astudillo hacer foros sobre la Ley 701 pero no respondió: Marcos Matías
Los ex secretarios de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, actual asesor del Congreso de la Unión, y Carlos de Jesús Alejandro, actual integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, denunciaron que le propusieron al gobernador Héctor Astudillo colaborar en su administración para hacer foros sobre la reforma a la Ley 701 pero no hubo disposición de su parte.
Este martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que formaron el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, no ha sido llamada a ninguna actividad.
Al respecto Matías Alonso y De Jesús Alejandro consideraron que fue erróneo de parte de las autoridades y los universitarios no incluir en la Comisión Coordinadora a la CRAC ni a organizaciones de pueblos originarios para que contribuyeran en los trabajos de la reforma que finalmente los regirá.
En una llamada a la Redacción, Matías Alonso dijo que representantes de pueblos originarios hablaron a principios del año pasado con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo, a quien le propusieron una iniciativa de proyecto a la reforma de la ley 701 inspirada en la nueva Constitución del estado, y en la declaración de las Naciones Unidas.
Dijo que no tuvieron respuesta y que es lamentable que se haya formado una Comisión Coordinadora, en la que sólo participan el gobierno estatal y la UAG, excluyendo al Congreso local y a las organizaciones de pueblos originarios,.
“Varios compañeros estamos sorprendidos porque nos dimos cuenta de que el gobierno del estado solamente se fue con el esquema académico, con el esquema universitario, y un esquema de esa naturaleza está condenado al fracaso con anticipación porque no incluye al Congreso local ni a los pueblos indígenas”, consideró.
Dijo que cuando comenzó la administración de Astudillo le propusieron un formato amplio para discutir el tema en reuniones conjuntas, pero no respondió.
De Jesús Alejandro dijo que el planteamiento se le hizo al gobernador de manera formal mediante un oficio, pero “no tuvimos suerte y nunca encontramos eco, o quizá no hubo voluntad política”.
Señaló que pese a que la 61 Legislatura del Congreso local prolongó la reforma a la Ley 701 hasta marzo de 2017, en tres meses no pueden llevarse a cabo los foros de consulta necesarios para elaborar una propuesta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos.
Contó que cuando se otorgó la prórroga se reunieron con Astudillo “de manera muy rápida”, que ya se había formado una comisión para hacerse cargo de la reforma, pero lo cierto es que no supieron de ninguno foro o alguna otra actividad que se llevara a cabo para discutir el tema.
No ha sido llamada la comisión que creó la UAG para la reforma de la Ley 701, denuncia la CRAC
La Universidad Autónoma de Guerrero creó una comisión para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701, a partir del convenio de coordinación institucional con el gobierno del estado, que no ha sido llamada a ninguna actividad, denunció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán.
En un documento sobre la Ley 701, armonización y reforma, recordaron que el rector, Javier Saldaña Almazán, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, se comprometieron en un convenio firmado en abril, a realizar acciones tendientes al análisis y presentación de proyectos de reforma a la legislación, para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta recomendación está dirigida al gobernador de Guerrero, al fiscal general, al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Olinalá, por violaciones a los derechos humanos de siete miembros de la Policía Comunitaria y 12 personas detenidas por la CRAC.
Sin embargo, hasta finales de octubre supieron que se integró la comisión, pero los universitarios que la integran no habían sido convocados para trabajar en el proyecto de Ley.
Desde 2013, en el Informe Especial sobre las Autodefensas y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, la CNDH recomendó al ejecutivo estatal impulsar las reformas que permitan la plena armonización de los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito normativo y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales.
Recomienda al Congreso llevar a cabo “de manera inmediata”, los trabajos legislativos para que, “en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se armonicen los sistemas normativos indígenas con el estatal, en los aspectos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que expliciten claramente la competencia de cada ámbito y los mecanismos para la efectiva inclusión de las normas, procedimientos y autoridades indígenas en una dinámica de colaboración y coordinación con las instituciones estatales”.
Sin embargo, en la reforma integral a la Constitución política del estado, en abril de 2014, se pospuso dos años la armonización de las leyes secundarias, incluida la 701, y antes de concluir el plazo, la actual Legislatura decidió prorrogarla hasta marzo de 2017.
El 4 de marzo de 2016, emitió otra recomendación similar, la 9/2016, para el gobernador y los diputados locales, y llamó al fiscal general del estado a establecer las medidas adecuadas para la reparación del daño de las víctimas de las violaciones a derechos humanos acreditadas, y a generar manuales, lineamientos, protocolos o instrumentos normativos necesarios, sobre cómo dirigir, analizar y determinar las indagatorias que involucren a autoridades comunitarias e indígenas.
El convenio de la UAG y el gobierno estatal se encuentra en la página de la liga de Consejería jurídica del gobierno del estado, y establece como vigencia, “el cumplimiento de la Recomendación antes citada, contando a partir de la fecha de su firma, pudiéndose modificar o rescindirse mediante comunicación escrita con treinta días naturales de antelación, con el fin de no afectar el desarrollo de las actividades”.