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Toman padres de los 43 de Ayotzinapa la caseta de Tlalpan y marchan en la Cdmx

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante cuatro horas y marcharon desde la Procuraduría General de la República hasta el Hemiciclo a Juárez, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Las manifestaciones son parte de la Acción Global por Ayotzinapa, que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los cuales fueron asesinados tres normalistas y 43 desaparecidos.
Ayer se cumplieron 35 meses de los ataques. Los padres de familia encabezaron las protestas en la Ciudad de México, y participaron integrantes de distintas organizaciones sociales del país.
En la marcha, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, avizoró que para 2018, por los tiempos electorales, el gobierno intentará “ensombrecer el tema” de Ayotzinapa, por eso aseguró que de no haber resultados el próximo 29, el movimiento radicalizará sus acciones.
A dos años 11 meses de que policías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala, presuntamente con miembros del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y la participación de efectivos del Ejército, la principal consigna de los padres en un mitin fue que las autoridades den resultados de las cuatro líneas de investigación pendientes.
Las acciones en la Ciudad de México comenzaron a las 10 de la mañana. Padres, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) se reunieron en el antimonumento a los 43 ubicado en el Paseo de Reforma, luego partieron a la caseta de Tlalpan donde estuvieron hasta las 14:00 horas dando paso libre.
Los contingentes llegaron cerca de las 17:00 horas a la Procuraduría General de la República (PGR). Los esperaban otras organizaciones para comenzar la marcha que salió de esa sede hacia el Hemiciclo a Juárez. Faltaba una hora para que lloviera cuando los normalistas junto a los padres gritaron: “¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!”.
“¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, repitieron miembros de La Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Brigada por Ayotzinapa, Ciudad de México con Ayotzinapa; también personas portando pancartas con tres fechas: 2 de octubre, masacre de Tlatelolco; 10 de junio, Halconazo; 26 de septiembre, desaparición forzada de los 43.
La Brigada Marabunta, como en cada marcha en la ciudad, colocó una cuerda de protección para el primer contingente, el de los padres portando gallardetes con el nombre de sus hijos, luego iban formados los estudiantes de primer año de Ayotzinapa, los llamados “pelones” por su rapado obligatorio al entrar a la normal, después las demás agrupaciones.
Alrededor de las 18:00 horas la lluvia comenzó cuando los manifestantes llegaban al antimonumento que simboliza un número 43 con letras rojas; Melitón Ortega, vocero de los padres, pidió una parada allí para leer los nombres de cada uno de los 43. Luego de que Melitón repetía cada nombre, los demás contestaban: ¡presentación con vida!”.
La parada no duró más de 5 minutos porque comenzó a llover y la gente avanzó. Un activista regaló rosas a las mamás de Ayotzinapa y colocó pétalos en forma de corazón en el piso y una cartulina: ¡35 meses de impunidad y la esperanza de los 43, sigue!”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, reiteró que son cuatro líneas pendientes, entre éstas que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército y quedan pendientes consignaciones contra policías de Huitzuco.
Consideró que el tema electoral “va ser un nubarrón que va invisibilizar la justicia para Ayotzinapa. Los padres tenemos que hacer una revisión acuciosa para ver cómo remamos contra esa vorágine electoral que va a venir. Por eso la posición de los padres es poder avanzar en estos meses, arreciar las movilizaciones, para ver si hay un cambio de posición”.
Lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya administrado el conflicto hasta ahora, “dan avances a cuenta gotas, es una estrategia que ya tienen. No quieren ahondar en las líneas de investigación, que se devele las instituciones medradas por la corrupción, que están inmiscuidos con la delincuencia organizada, eso le resta votos al PRI en el 2018, ahondar sería evidenciar a un gobierno corrupto”.
El vocero de los padres, Melitón Ortega, advirtió que si el 29 próximo la PGR no da avances a la comisión de seguimiento de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aumentará el tono de las movilizaciones; el próximo 2 de septiembre inician giras por Guerrero, para que del 15 al 26 las movilizaciones a nivel nacional sean simultáneas.
Hubo varias participaciones durante el mitin que continuó aún con la lluvia, y concluyó con el himno socialista Venceremos.

 

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Pretende el gobierno cerrar el caso Ayotzinapa con la hipótesis del basurero de Cocula, denuncia padres

Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon ayer por Paseo de la Reforma al cumplirse 30 meses de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes desaparecidos, describió el ánimo de los padres, luego de que el gobierno federal revivió la llamada “verdad histórica” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo una lluvia tenue, los familiares marcharon del Antimonumento de los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez. Atrás de los padres caminan estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones campesinas y obreras.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos denunciaron que las autoridades pretenden cerrar la investigación de los ataques, asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes Iguala del 26 y 27 de septiembre, al sostener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de la verdad histórica, en el marco de la 30 acción global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el sentir de las consignas y discursos en la marcha y el mitin político de ayer, es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene la intención de cerrar el proceso, porque resulta muy costoso políticamente para sus aspiraciones a la Presidencia seguir administrando el caso.
No obstante, que no se han agotado las líneas de investigación abiertas, y que la línea de Huitzuco está fortalecida.
En consulta telefónica, informó que ayer, a dos años y medio de los hechos de Iguala hubo acciones en diferentes ciudades del país y en el mundo para exigir respuestas y justicia a las autoridades mexicanas. En la Ciudad de México, pese a la lluvia intensa en el comienzo de la protesta, estimó que alrededor de 3 mil personas apoyaron la manifestación. La protesta concluyó a las 7 de la noche, cuando la lluvia había terminado.
Dijo que se tenía confirmación de acciones por Ayotzinapa en Tlaxcala, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, y en Filadencia, Nueva York y Houston en EU.
Informó que una de las mamás de los 43, María de Jesús Tlatempa, participó en una manifestación en Francia, en la embajada mexicana, que es parte de una gira por Europa que comenzó en Austria, y seguirá en Madrid, Alemania e Italia.
En la Ciudad de México, ayer, tres madres de estudiantes desaparecidos: Carmelita Cruz, Cristina Bautista y Joaquina García fueron las oradores principales.
Ahí expresaron la molestia por el regreso de la “verdad histórica” en el pleno de las sesiones públicas de la CIDH en Washington, porque representa un retroceso en el curso de la exigencia de justicia y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y “que coloca en otro tono y tesitura el diálogo con el gobierno”.

En las caravanas norte y sur, padres de Ayotzinapa exigirán avances en las investigaciones: Vidulfo

Con la nueva caravana por el norte y sur del país, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa buscan construir un mecanismo de supervisión que exija avances en las investigaciones de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra,
En consulta telefónica sobre la gira que comenzó el sábado en Chiapas y ayer pasó por Oaxaca, en el sur del país; y en la ruta del norte, comenzó ayer en Querétaro, explicó que el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un “motor” importante en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, no tiene el mismo peso que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que podía “meterle el hombro a la investigación”.
Ahora, indicó que toca a los padres impulsar la investigación ante los mínimos resultados de la PGR, desde la salida de los expertos en abril de 2016.
Aclaró que por medio de los abogados coadyuvantes y con el acompañamiento de las organizaciones, van a construir un mecanismo de supervisión en las mesas de seguimiento mensual que se retomaron el 9 de febrero con la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Recordó que en la mesa la PGR y Segob se comprometieron a consignar a los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la detención de un grupo de los 43 desaparecidos “en un plazo breve”; a continuar la búsqueda de los estudiantes sin escatimar recursos, a fortalecer la oficina de investigación para impulsar el análisis de la telefonía celular e investigaciones en campo, y a continuar las reuniones de información mensuales.
Desde Querétaro, en el mitin que se realizó en el jardín de la Corregidora, explicó que en esta caravana van a recorrer sólo los puntos donde hay colectivos muy activos que mantienen la demanda de presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cada mes, desde el 26 de septiembre de 2014.
Explicó que en los mítines y reuniones los padres van a actualizar la información que recibieron de la investigación, y a invitarlos a la quinta convención que realizarán en la ciudad de México el 25 y 26 de septiembre para discutir la situación actual de los movimientos, y la manera de cómo seguirán construyendo referente nacional de lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Consideró que la información del caso, a veces por la distancia, llega difusa a los estados, y los padres llevan los líneas de investigación que no ha abordado la PGR, los obstáculos para avanzar en las mismas y los obstáculos sobre las investigaciones internas a los funcionarios que ha impedido tener resultados.
Antes, dijo que esperaban que en la mesa de seguimiento con funcionarios de PGR y Gobernación, el 9 de febrero, acudiera algún integrante del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, pero ayer aclaró que no fue posible. No obstante, el equipo operativo técnico del mecanismo tiene prevista una visita este mes y otra a fines de marzo o principios de abril con el relator para México, Enrique Gil Botero.
Adelantó que en las sesiones de marzo de la CIDH, habrá una audiencia del caso Ayotzinapa en la sede de la CIDH, para que México, como Estado, informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para los 43 normalistas desaparecidos, la atención de los heridos y demás víctimas de los ataques a balazos en Iguala, Guerrero, ocurridos hace 28 meses.
La caravana que va en la ruta norte, estará en San Luis Potosí, seguido de Guadalajara, hará paradas en Irapuato, Guanajuato, y terminará en el 17 en Tiripetío y Morelia, Michoacán.
El vocero Felipe de la Cruz, que viaja en la ruta sur, informó que en Chiapas fueron recibidos en la sede del sindicato de maestros de la sección 7, en Oaxaca, por la sección 22; en los dos estados tuvieron reuniones y mitines. Hoy llegarán a Puebla, continúan en Tlaxcala y terminan el 17 en Hidalgo.

El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa en octubre fue premeditado y ordenado por una estructura: Vidulfo Rosales

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que en la actual etapa de investigación complementaria en el proceso que se sigue a cuatro detenidos por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 4 de octubre pasado, se han podido reunir pruebas para demostrar que los imputados pertenecen al crimen organizado y que actuaron de manera premeditada para asesinar a los estudiantes.

El abogado informó que estas pruebas las presentará en la audiencia de la etapa intermedia que será a finales de marzo y que espera que sean valoradas para que se tomen en cuenta durante el juicio oral que se prevé sea en el mes de abril.
Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, fueron ejecutados la tarde del 4 de octubre cuando viajaban en una Urvan del servicio de transporte público de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
En ese episodio también fueron asesinados el trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y después cuando los homicidas se daban a la fuga también asesinaron en la colonia Reforma de Chilpancingo al chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
El 13 de octubre, el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha, resolvió en una audiencia la vinculación a proceso, con prisión preventiva, a cuatro de los acusados por el múltiple asesinato
Los imputados son Israel de 32 años, Carlos de 26, Ismael de 20 y Antonio de 18 años, mientras que un menor de edad fue turnado al juez para adolescentes en donde dos días antes también fue vinculado a proceso.
Consultado ayer, el asesor de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Vidulfo Rosales Sierra, informó que actualmente corre el plazo de cuatro meses a partir del 13 de octubre, cuando se realizó la audiencia para vinculación a proceso, en el que se realiza la investigación complementaria.
En esta etapa la Fiscalía General del Estado (FGE) y el asesor de los familiares de las victimas reúnen pruebas para fortalecer la responsabilidad de los imputados, quienes enfrentan el proceso con prisión preventiva, en tanto se realiza el juicio oral en el que se determinará su situación legal.
El abogado Rosales Sierra informó este jueves que en esta etapa en la que se realiza una investigación complementaria, la asesoría de los familiares de las víctimas han seguido reuniendo pruebas para demostrar que hubo “premeditación” en el asesinato cuando menos de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Reconoció que ha habido muy poca colaboración de los testigos, porque “hay mucho temor”, pero insistió que “existen algunos elementos de prueba que estarían indicando eso”.
Dijo: “Lo más importante para nosotros es, primero, establecer que hubo intención deliberada de agredir a los estudiantes y que hay una estructura por arriba de estas personas que ocasionaron el homicidio. Queremos demostrar que no sólo se trata de ellos, que no actuaron de manera espontánea. Hubo una planeación, un modus operandi y que hay una estructura delictiva por arriba de ellos.
–¿Quieres demostrar que ellos pertenecen a la delincuencia organizada?.
–Es correcto, para nosotros ellos pertenecen a la delincuencia organizada y eso estamos tratando de averiguar para poder acreditarlo en el juicio oral.
La FGE ha sostenido que el móvil del asesinato de los dos estudiantes, el trabajador del IEEJAG y del chofer de la Combi del servicio de transporte público, fue el asalto.
Incluso los mismos imputados han sido vinculados a proceso por otros asesinatos ocurridos en las semanas anteriores al homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, en asaltos cometidos a tiendas y en lugares públicos de Chilpancingo.
Rosales Sierra reconoció que en el expediente que se abrió por el caso de los estudiantes efectivamente han encontrado elementos comprobatorios de que los mismos acusados incurrieron en los otros delitos. “Ya los reconocieron las víctimas, ya los señalaron como los mismos que participaron en aquellos actos”, dijo el abogado.
Sin embargo, insistió que también cuentan con pruebas de que en el caso del asesinato de los dos estudiantes no actuaron por sí solos y que hubo una estructuran por arriba de ellos que los motivó a actuar y que actuaron con premeditación para asesinar a los normalistas.
Informó que todas estas pruebas se desahogarán en la audiencia de juicio oral previsto para el mes de abril y que espera que sean admitidas por el juez en el juicio de la etapa intermedia, que sería a finales de marzo.
“Nosotros como asesores jurídicos estaremos presentando el conjunto de pruebas y el juez determinará cuáles de todas estas pruebas se van a desahogar en el juicio oral”, explicó.

 

Limitan a padres de Ayotzinapa en la Basílica a una misa privada, vigilados por policías federales

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, recibieron en la entrada de la Villa a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y los condujeron a una capilla alta en la Basílica de Guadalupe, para oficiar una misa privada.
Aún aislada, la ceremonia litúrgica estuvo vigilada por dos policías federales uniformados, además de civiles armados, denunciaron los padres de familia al salir del encuentro con los religiosos, y responsabilizaron de la excesiva vigilancia a las autoridades del templo.
Aunque agradecieron el mensaje y el compromiso que les manifestaron los sacerdotes, las condiciones de lugar tampoco eran adecuadas para escucharlos. Algunos padres señalaron que la habitación se llenaba de los cantos religiosos y la misa que se celebraba en la planta baja.
El señor Epifanio Álvarez, papá del estudiante desaparecido Jorge Álvarez, indicó que ya en la parte alta, los policías le negaron el acceso a tres religiosos que los acompañaron en la marcha peregrinación, anterior a la misa, y toda la situación los hizo sentirse discriminados.
Incluso, denunciaron que los policías les prohibieron hacer grabaciones de video en la celebración, a pesar de que ellos sí estaban grabando con sus celulares la actividad y a los padres.
En un breve mitin político afuera del santuario de la Guadalupana, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, informó de la presencia de los policías federales en la misa “de ese tamaño es el trato que nos han brindado autoridades de la Basílica, que nos han dado un trato con la punta de los pies, que nos han cerrado las puertas como lo han hecho las instituciones del gobierno, y no nos vamos a rendir, porque sabemos quiénes son ellos”, dijo sobre el clero ligado al poder.
La marcha-peregrinación a la Basílica de Guadalupe y la misa que se esperaba abierta, fue para conmemorar la 27 acción global por Ayotzinapa, que se realiza el 26 de cada mes.
Comenzó a las 10:30 de la mañana en la glorieta de Peralvillo, con unos mil activistas y defensores, que cantaron consignas por la presentación de los 43 estudiantes, 2 kilómetros de la calzada de Guadalupe. Con ellos tres sacerdotes de diferentes congregaciones.
La caminata se hizo de prisa, para no llegar tarde a la cita. Aguardaron 15 minutos en las escalinatas de la entrada principal, mientras los activistas gritaba “fue el Estado”. Ahí llegaron los obispos rodeados de medios de comunicación nacionales para dar cobertura del acto tan anunciado.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, fue interrogado sobre la misa privada que se realizaría en la Villa, y aclaró que los padres no estaban enterados hasta ese momento de la condición, al contrario, explicó que lo ideal sería que toda la actividad se hiciera abierta y pública.
Decenas de reporteros avanzaron en el atrio entre los padres y los sacerdotes hacia una puerta lateral, fue necesario abrir una valla para el acceso de los padres y algunos estudiantes, porque sólo había espacio para 70 personas, en el lugar de por sí lleno de feligreses.
A puerta cerrada, los padres y familiares se encontraron con la vigilancia policiaca, comenzada la misa, algunos, molestos, preguntaron a los policías en las puertas laterales, si permanecerían en la celebración.
En el mitin de cierre, el señor Mario González declaró que “fue muy triste que en la propia casa de Dios seamos reprimidos, venimos a orar a la virgen de Guadalupe, desgraciadamente nos encontramos con esta situación, no pudimos oír completa la misa, tuvo que parase el obispo Vera, dijo sobre la celebración, para poder escucharlos.
Recriminó que los hayan aislado de los activistas que los acompañaron y estuvieron con ellos en la Caravana por la Memoria y la Esperanza.
“¿Por qué nos apartan?, los que manejan esta casa nos ponen guaruras, nos ponen policía federal, no somos delincuentes. Desgraciadamente nos damos cuenta que están en complicidad, desgraciadamente están lucrando con mucha gente que les tiene fe, y no saben la realidad de lo que pasa con la Iglesia”.
Mujeres en la calzada de Guadalupe, peregrinas y simpatizantes de los padres, opinaron entre sí, que no fue la Iglesia, sino la autoridades las que hicieron el desaire a los padres de familia “porque no les conviene”.
El señor Epifanio Álvarez, también señaló que los apartaron “¿qué no somos mexicanos, nos da rabia, coraje, con todo esto, este dolor y este sufrimiento por encontrar a nuestros hijos, ¡tenemos 27 meses de escuchar mentira tras mentiras!”
Advirtió al presidente Enrique Peña Nieto que no van a claudicar jamás, no importa que les manden policías federales, los que atacaron a los estudiantes en Iguala”.

Revisar la reapertura del caso de los normalistas asesinados en la autopista, plantea Vidulfo Rosales

 

Revisar la reapertura del caso del 12 de diciembre de 2011, instrumentar una política sobre el derecho a la libre expresión y de manifestación, e impulsar un proyecto educativo del normalismo rural, plural y abierto, con la participación activa de los estudiantes, planteó al gobernador Héctor Astudillo Flores el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
Así respondió a la posición del ejecutivo Estatal sobre el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en un desalojo policiaco en la Autopista del Sol, que se conmemoró hace dos días, el cual Astudillo consideró lamentable y aseguró que hará lo que le corresponde “para colaborar, igual que en el caso de los 43, para que se sepa lo que pasó y se sepa dónde están los verdaderos responsables”.
Rosales Sierra opinó también sobre la discusión entre el procurador de Guerrero hace cinco años, Alberto López Rosas, con el ahora fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, porque el primero demandó la reapertura de la investigación del desalojo policiaco de estudiantes en la carretera, y el segundo respondió que López Rosas pide lo que no dio en su momento, y fue más allá, asegurando que el entonces procurador ordenó el ataque a los normalistas y manipuló las pruebas que había en su contra.
En consulta telefónica, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que representa a la normal rural en distintos casos, consideró que lo más relevante de ese debate es poder hacer un análisis del estatus legal de la investigación y determinar si es procedente la apertura, pues en los hechos, está cerrada.
Recordó que no hubo exonerados ni sentenciados por las graves violaciones a los derechos humanos, que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los juzgados determinaron que no hubo pruebas para fincar responsabilidades y si bien, la Constitución establece que no se puede juzgan dos veces por el mismo delito a una persona, los implicados fueron liberados con las reservas de ley.
Consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer un análisis jurídico, para verificar la pertinencia de reabrir y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los normalistas no queden impunes.
Precisó que para los abogados coadyuvantes, la investigación de los hechos del 12 de diciembre ya se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), donde esperan que sea admitida, pero no quita la obligación del estado de avanzar en el tema.

Represión de la protesta

También consideró necesario un debate sobre la represión de las manifestaciones públicas en Guerrero, para instrumentar una política sobre la intervención de las autoridades ante las protestas, respetando los protocolos señalados en instrumentos nacionales.
Reconoció que hay tensión del derecho de libre tránsito con derechos insatisfechos de grupos vulnerables de la población, que recurren a la protesta, sin embargo, esa “tensión no faculta al Estado a matar, porque se cancelan, sin sustento, los demás derechos: a la vida, a no ser torturado, a la salud, a la vivienda, a la educación, por hacer prevalecer el derecho de libre tránsito”.
Insistió en que hay en Guerrero una mirada superficial sobre las movilizaciones, se fomenta la idea de que un bloqueo carretero vulnera el derecho de libre tránsito de terceras personas y se criminaliza a quienes protestan, aunque no existe un estándar internacional ni ley que diga que el derecho de libre tránsito está por arriba de todos los demás.
“Eso no está permitido y se tendría que hacer una valoración en ese sentido, y crear leyes que protejan de manera adecuada el derecho a la movilización, como un derecho por el cual se expresan distintas sectores, cuyos derechos no están cumplidos”.
Otro tema de justicia pendiente con Ayotzinapa, dijo, es una discusión amplia y plural sobre la vigencia del normalismo rural, con la participación activa de los estudiantes, y que no se desvirtué la esencia que le dio origen a estas escuelas, de fortalecer las comunidades y mantener los principios políticos e ideológicos, como ocurre en UNAM.
Opinó que el Estado tiene una deuda con los normalistas rurales, a quienes estigmatiza por sus métodos de lucha y por quienes desplegó una campaña de odio que no sólo viene del gobierno, sino de la derecha conservadora. El último ejemplo, es la medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó por mortem al trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara, otra víctima de los hechos del 12 de diciembre, para golpear a las normales rurales y a todos aquellos que protestan por su derechos.
Aclaró que Ayotzinapa no sólo son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados que luego encabezaron movimiento guerrilleros en los años 70. Señaló que muchos normalistas han brindado y siguen brindando servicios en el sector público.
El 12 de diciembre

Sobre las acusaciones del fiscal contra López Rosas, el abogado dijo que hay un conjunto de responsabilidades de mandos policiacos federales, ministeriales y estatales, así como de la Dirección de Gobernación, del secretario de gobierno y del mismo gobernador de este tiempo, porque se desplegaron policías que accionaron sus armas contra manifestantes.
Puntualizó que policías ministeriales, dependiente de la entonces Procuraduría, dispararon en la trayectoria donde se encontraban los estudiantes, por lo tanto, hay responsabilidad directa del procurador, y Tlachinollan denunció en su momento que efectivamente, el proceso de investigación fue turbio, no se resguardó la escena del crimen, ni las armas de manera inmediata, los policías fueron detenidos 72 horas después, la mayoría pudo evadir fácilmente las pruebas de radisonato de sodio que determina el uso de armas de fuego, y no hubo dictámenes de balísticas directas y científicas.
En este marco, opinó que el apoyo expresado por el gobernador debe incluir una política de justicia y verdad, reparación de daño y medidas de no repetición.

Mediante un video manipulado, el gobierno intenta vincular con el narco a padres de Ayotzinapa

Por una conversación privada de uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, –difundida en internet, presuntamente por el grupo delictivo Los Rojos– el gobierno federal trata de incriminar a los padres y vincularlos con los narcotraficantes de Guerreros Unidos.
“Primero dijeron que los estudiantes eran de Los Rojos, ahora que yo soy de Guerreros Unidos. No señores, nosotros no somos de la delincuencia organizada, si así fuera, estaríamos con el narco gobierno”, respondió enojado el papá de César Manuel González Hernández, originario de Huamantla, Tlaxcala, en una conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En consulta por separado, el abogado indicó que la filtración de la llamada, obtenida mediante una intervención ilegal a sus teléfonos, ocurre en un contexto de descalificaciones muy acentuadas contra estudiantes, defensores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora directamente contra los padres de los desaparecidos.
“Se aprovechan de esta conversación (que sacaron de contexto) para deslegitimar la lucha por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos, para aislarlos de la simpatía que tiene el movimiento a nivel nacional y generar una división interna”.
Sin embargo, subrayó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no podrá quitarse la huella indeleble que constituyen las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa.
Según la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), los Guerreros Unidos asesinaron a los alumnos desaparecidos, supuestamente porque entre ellos había 17 de sus rivales infiltrados, Los Rojos, que iban a “calentar la plaza”.
No obstante, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclaró que los estudiantes no iban armados ni a enfrentarse con narcotraficantes, sino a tomar camiones a Iguala para sus acciones políticas y de protesta.
Sin embargo, el tema volvió a provocar debate en los medios, en el marco de la discusión sobre la continuidad de la asesoría internacional que solicitó el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antecedida de una campaña para desprestigiar a los integrantes del GIEI, y la difusión de los resultados del cuarto peritaje de fuego en el basurero de Cocula, que implica que la tesis oficial de PGR, de que los desaparecidos fueron quemados hasta las cenizas, sigue vigente, pese a que fue descartada dos veces por peritos independientes.

El video atribuido a Los Rojos

El video lleva por título “para que vean quienes son los verdaderos culeros: Atte, Los Rojos”.
Comienza le diálogo don Mario.
–Pues me amenazaron Los Guerreros Unidos.
–¿Quién?, ¿los Guerreros Unidos?, responde sorprendido Vidulfo Rosales y así sigue la conversación.
–Ajá.
–¿Qué le dijeron?
–Que entreguemos el puto dinero, yo le dije que qué tengo que ver con eso. (le respondieron) tampoco te pongas pendejo hijo de la chingada, ya te dije que le digas a esa mierda y a los otros putos que se juntan con él que le den el dinero que les entreguen el puto dinero o los voy a levantar.
–¿Pero así le dijeron? ¿que le dieran el dinero? ¿así le dijeron?
–Que les repartiera, que les entregara a los padres los 200 mil pesos, que yo también y yo por qué le digo, si he sido el único que ha sido derecho con los padres, me dice nosotros agarramos parejo guey y de una vez te decimos si no entregan ese puto dinero ya valieron.
Don Mario señala que la señora Cristina tiene fotografías de cuando el señor Epifanio recibió el dinero, sin embargo Viduldo aclara en la misma conversación que no se nota en las imágenes si lo que recibe en realidad es dinero.
Luego le pide continuar esta conversación en la Normal de Ayotzinapa, incluso atribuye la llamada a la próxima búsqueda de normalistas que realizarían en Iguala.
Con el video, los medios nacionales desviaron el tema de justicia, por la relación que pudieran tener con Guerreros Unidos con los padres de familia, recriminó el abogado Viduldo Rosales Sierra.
En el video se escucha el audio de la llamada telefónica y se ven las fotografías del papá y el abogado, acompañados con textos resaltados en rojo, que se refieren a una amenaza contra Mario González de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuya entre los familiares 200 mil pesos. El padre de familia deja ver que el dinero lo recibió otro papá, pero se trata de una donación de trabajadores del INAH que motivó un altercado entre los familiares hace meses.
Ayer por la mañana, en la conferencia de prensa el señor Mario González se deslindó de los grupos criminales, y del dinero en cuestión, la señora Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ascencio Bautista, explicó que una trabajadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la abordó para preguntarle si les había servido el dinero que les enviaron, unos 200 mil pesos, del cual no habían sido enterados.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, explicó la situación a detalle, en la Ciudad de México, a donde abogados y padres se trasladaron para reunirse hoy con los integrantes del GIEI.
Indicó que la conversación ocurrió el 3 de marzo, en medio de un conflicto interno de los padres, por un supuesto dinero que los secretarios del comité habrían recibido del INAH , y él (Rosales) recibió la encomienda de buscar la información a través del sindicato del instituto, pero sólo habló con algunos trabajadores que confirmaron la entrega de una despensa.
Mario González le habló por teléfono inmediatamente después de recibir una amenaza mediante mensajes a su celular, de un presunto integrante de Guerreros Unidos, para que distribuyeran el dinero o los iban a matar.
Vidulfo Rosales reveló que en esas fechas también recibió una llamada a su celular para que no fueran a buscar a los normalistas a determinadas colonias de Iguala, “que mejor ni se acercaran porque ahí los iban a matar”.
Había una ambiente tenso, antes de la búsqueda, y en la llamada que se filtró los padres implícitamente hablaron del dinero que se supone habían donado trabajadores del INAH, y del que aún había muchas dudas y no podían adelantar conclusiones, “en modo alguno tiene que ver con Guerreros Unidos”.
Incluso, indicó que el problema de las amenazas se discutió de manera interna con los padres y concluyeron que trataban de llevar a una trampa a los padres de familia, para generar ruido y hacer un vínculo con los Guerreros Unidos.
En cambio, usaron este audio, que se guardó durante un mes para presentarlo en este momento político, cuando se discute la permanencia del GIEI, y el gobierno siente que tomó fuerza la hipótesis de la verdad histórica a partir de la difusión del cuarto peritaje en el basurero de Cocula.
Esto, en un intento de cerrar el caso, y sacar “esa piedra en el zapato que se llama Ayotzinapa”, sin embargo, no son los padres, sino el gobierno quien mantiene una relación con Los Rojos, Guerreros Unidos, y todos los grupos operan abiertamente en las calles, matando y secuestrando, dijo el abogado de los padres.

Hoy les darán información, dicen vecinos de Iguala a padres de los 43 en otro día de búsqueda

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones que los acompañan recorrieron ayer 13 colonias al oriente y sur de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, como parte de la primera jornada de búsqueda y de información, donde vecinos les confirmaron que vieron pasar a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De los asentamientos recorridos ayer por los padres de los 43, algunos de ellos como la colonia Morelos, Acatempan y 24 de febrero, son de alta incidencia delictiva, al igual que el sector dos que visitarán hoy en un perímetro de unas 20 colonias asentadas en la zona de la colonia y la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde los normalistas fueron atacados y desaparecidos hace más de 17 meses.
En la parroquia de San Gerardo, donde los padres y los normalistas pernoctaron, se organizaron 19 brigadas encabezadas por los padres de los 43 desaparecidos, normalistas, integrantes del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala e integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, estos últimos que desistieron de su participación, porque esperaban una búsqueda de fosas clandestinas en los cerros.
Las brigadas empezaron a salir de la parroquia a las 9:30 de la mañana, y la última, encabezada por el vocero de los padres y el abogado, Melitón Ortega y Vidulfo Rosales, salió de la iglesia minutos después de las 10:00 de la mañana.
Antes de salir, el abogado Vidulfo Rosales indicó que el plan de búsqueda y de información se distribuyó en dos sectores, el primero, el que se recorrió ayer entre las 9:30 y las 12:30, se desplegó en 13 colonias y unidades habitacionales ubicadas frente al Palacio de Justicia, al oriente y al sur de la ciudad, donde según las investigaciones fue uno de los ataques a los normalistas que iban en el quinto autobús y donde estudiantes huyeron hacia esos asentamientos.
Las brigadas se distribuyeron entre las colonias Morelos, Acatempan, Nacim Kuri y 24 de febrero, estas consideradas de alta incidencia delictiva en las que se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
También recorrieron La Floresta, las unidades habitacionales Las Tres Iguanas, Guacamayas, Loma Pajaritos, Los Ángeles, Barrio de las Flores y Los Naranjos, así como las asentadas en las faldas del cerro del Tehuehue, al sur de la ciudad, entre el periférico y la lateral de la carrera federal México-Acapulco, como la CNOP, Burócrata, 24 de febrero, Capire, Génesis y Getsemaní. Además, dos brigadas se extendieron hacia la zona del mercado Adrián Castrejón, el barrio de San Gerardo y parte del centro.
En el recorrido, los padres y normalistas, entregaron volantes informativos a vecinos y pegaron algunos carteles en los que se veía la imagen del presidente Enrique Peña partida a la mitad con el fondo de una de las marchas encabezadas por los padres de los desaparecidos y en medio la leyenda, “43 Unión, dignidad, organización; ¿te vas a quedar de espectador o lucharás por un mejor país”, y abajo los números y correos electrónicos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para dar información de los ataque.
En las casas cerradas dejaban los volantes en las rejas y abajo de las puertas, y donde había alguien les informaban de su búsqueda y les solicitaban información de los 43 normalistas.
“Somos padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa, buscamos a nuestros hijos, si tiene alguna información nos puede ayudar dándola a conocer”, le dijo Melitón Ortega a una mujer que encontró a fuera de su casa en la colonia Los Naranjos, a la que le entregó un volante.
Pasaron por una finca en la colonia Los Naranjos, se supo que es propiedad de la diputada local del PRD y ex titular de la SEG, Silvia Romero Suárez; dejaron volantes abajo de la puerta principal y en un poste de madera de la línea de teléfono colocaron un cartel.
La brigada cinco, en la que iban normalistas, mineros de Taxco e integrantes del Bloque Democrático, colocaron carteles en la fachada del edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la orilla de la carretera federal México-Acapulco.
El grupo pidió acceso al edificio del poder Judicial, donde la delegada administrativa del Palacio de Justicia, Bertha Medrano atendió en la puerta principal a la comisión.
Pidieron que les dijera a los trabajadores que conocen información o vieron algo del ataque a los normalistas, “la puedan dar a conocer de manera anónima”, le dijeron.
El integrante del Bloque Democrático, Isaac Miranda pidió que les informen de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, a lo que la funcionaria les dijo que hasta donde tenía conocimiento el presidente del Poder Judicial, entregaría toda la información que tiene de la noche del ataque en una reunión programada para el 9 de marzo.
Tras el breve diálogo, colocaron carteles y repartieron volantes entre los trabajadores, además de que la administradora se comprometió a sacar copias del volante y repartirlas entre los empleados.
Frente al Palacio de Justicia un grupo de alumnos quitó una lona de unos cuatro metros cuadrados con el retrato del presidente Peña Nieto de su visita a Iguala el 24 de febrero, y en ese espacio pegaron carteles.
Cerca de las 12:30 concluyó la actividad y todas las brigadas se encontraron en la explanada de las Tres Garantías, donde se hizo un balance de coordinadores de brigadas para conocer incidencias. Casi a las 3:30 de la tarde, se ofreció una conferencia de prensa.

Hubo quienes dijeron que sí
vieron a los normalistas y los autobuses

En la conferencia de prensa, el abogado Vidulfo Rosales declaró que ayer hubo vecinos que confirmaron que sí vieron a los normalistas y los autobuses.
En términos generales, dijo, la jornada de búsqueda fue positiva, con un cambio en la actitud de la gente hacia ellos, y señaló que algunas de las colonias visitadas ayer son complicadas, “sabemos que esas colonias son complicadas en el tema de inseguridad, sin embargo, se dio sin ningún incidente y la población estuvo abierta al dialogo”.
“Vemos positiva la búsqueda y tenemos una convicción fuerte de que va a haber información en lo inmediato, ahorita son muy pocos datos, pero la percepción que tenemos es que sí hay una mayor disposición de la población, mayor apertura y menos hermetismo de las dos veces pasadas que se ha venido a buscar, donde hallamos un ambiente más hostil y hermético”.
Dijo que una información recurrente que obtuvieron diferentes brigadas es que “vieron a los estudiantes recorrer esos lugares, vieron los autobuses, vieron a los estudiantes bajar de los autobuses y se comprometieron a que de manera más discreta aportarán la información”.
Contó que también hubo muchas familias que mostraron su solidaridad a los padres, al dar a conocer que también tienen familiares desaparecidos, en las colonias Acatempan, Génesis y Getsemaní.
Declaró que sólo en la colonia 24 de febrero, en dos viviendas les pidieron que “no estén molestando”, sin que la incidencia pasara a mayores.
Informó que obtuvieron elementos mínimos, pero que sí hubo información de algunas personas, las cuales se comprometieron a entregar información hoy en los módulos que se instalarán.
Dio a conocer que en el fraccionamiento San Ángel, donde vive al alcalde Esteban Albarrán Mendoza custodiado por policías estatales, el guardia de seguridad privada no les permitió la entrega, por lo que sólo entregaron algunos volantes a transeúntes.
Rosales Sierra anunció una segunda jornada de búsqueda de información los días 25 y 26 de este mes, e incluirían otras zonas de Iguala como Pueblo Viejo y las Parotas, así como Cocula y Taxco.
En ronda de preguntas y respuestas, Rosales Sierra informó que la reunión programada para el jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, se pospuso para el 9 de marzo a las 12:00 del día.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega confió en que la gente de Iguala va a colaborar y brindará mayor información, “se están dando las condiciones y próximamente vamos a obtener lo que estamos buscando”.
Reiteró que los padres no son enemigos de Iguala, sino “víctimas de esta agresión y por lo tanto, no somos los responsables de que los negocios se hayan perjudicado y sus ventas se hayan bajado, aquí el responsable es el gobierno, el Ejército y las corporaciones, y mientras no se esclarezcan los hechos vamos a seguir viniendo”.

Los ataques en Iguala hicieron visible un país de desaparecidos y asesinados, dice Vidulfo

 

Los discursos de la clase política no tienen reflexión objetiva ni responsable de los problemas que atraviesa Guerrero, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En una consulta telefónica sobre la mención de Ayotzinapa que hizo el gobernador en la instalación del Congreso Constituyente en Iguala, dijo que los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 dieron visibilidad a un país de desaparecidos, asesinados, instituciones políticas corroídas y de una clase política que busca el poder por el poder.
Sin embargo, “todos esos hechos no se están considerando, (los políticos) no se sienten interpelados por esa realidad que nos desborda a todos”, expresó.
El sábado, en el 166 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente, el gobernador Héctor Astudillo Flores mencionó los sucesos históricos que han acontecido en Iguala, y por los gritos que se escucharon en el público reclamando que no había mencionado el caso Ayotzinapa, declaró que esto no se debe repetir y que en 2016 se tiene que castigar a quienes “transgredieron la ley”.
Rosales Sierra consideró importante que el gobernador haya pedido justicia, pero aseguró que los políticos están más preocupados por la paz, la tranquilidad, que todo regrese a la normalidad, “sin una reflexión objetiva de los problemas”.
Indicó que Ayotzinapa es un problema medular, “un derrotero que México debe seguir, que dio visibilidad a un país de desaparecidos, asesinados, donde las instituciones políticas están corroídas, de una clase política disociada de demandas sociales, que no le interesa, que busca el poder por el poder, todos esos hechos no se están considerando, no se sienten interpelados por esa realidad que nos desborda a todos”, comentó el abogado.
Como ejemplo de los discursos “vacíos”, señaló el recibimiento que la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo dio a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa en el primer acercamiento que tuvieron con el Congreso, pues les reclamó que se haya quemado el Congreso en las acciones de protesta, “debería avergonzarlos las causas que motivaron eso”.
También mencionó la intervención del diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez en la comisión de diálogo con ciudadanos que pugnaron por el caso Ayotzinapa. Recordó que el perredista impulsó fuertemente la candidatura del ex alcalde José Luis Abarca, implicado y preso por los ataques a los estudiantes y la desaparición forzada de 43 de ellos.
“No es posible que estén en Iguala y se hable del Ejército Trigarante, de una patria que han pisoteado, de haber contribuido al pisoteo de instituciones que se construyeron en el proceso revolucionario”, reclamó.
Advirtió que preocupa “el discurso superficial (del gobernador), lleno de retórica, sin un compromiso real con las víctimas”, porque dijo que llamar a la paz y a la tranquilidad implica la represión de las manifestaciones y las protestas.
Insistió en que deben hacer una reestructuración no sólo de Guerrero sino del país, buscar los mecanismos para fortalecer a los municipios y el sistema de justicia. Aseguró que la reforma del sistema judicial no es suficiente porque la corrupción sigue fuerte, pero que “a las autoridades les preocupa más la economía que las vidas”.
Recordó que Guerrero tiene heridas abiertas desde los años 70, y que los delitos se siguen reeditando. Estimó que si no se resuelve el problema de la impunidad, si no se hace una discusión abierta y franca sobre los derechos humanos, no habrá paz, concordia ni desarrollo.
De las ejecuciones diarias en distintas regiones del estado, opinó que tampoco se está reflexionando sobre la relación de las corporaciones policiacas con estos delitos, y las autoridades “se niegan a aceptar que las propias estructuras gubernamentales propician violencia desbordada”.
Como referencia mencionó el asesinato de una familia entera en Pinotepa Nacional, entre ellos un bebé de tres meses, que a pesar de la indignación que produjo, pasará a la estadística en poco tiempo.
Aseveró que mientras las autoridades partan de la idea que las instituciones están bien y que los malos están en la calle y se debe luchar contra ellos, no habrá solución al problema de la violencia, “porque la realidad es que hay una confabulación de instituciones con el crimen y la propia clase empresarial… si mañana amanecen cinco muertos es normal, nos están acostumbrando a la muerte, al horror, y eso es muy peligroso”, se lamentó Vidulfo Rosales.