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Exige la SEG garantías de seguridad en la Montaña Baja para que los maestros regresen a laborar


El delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la Montaña baja, Jerónimo Maurilio Morales, exigió garantías para poder laborar en las escuelas que llevan 43 días cerradas y alertó que durante esta suspensión, padres de familia están dando de baja a sus hijos para llevarlos a estudiar fuera de la región.
Aseguró que de manera paulatina han empezado a laborar 17 escuelas en la zona rural del municipio de Chilapa, así como planteles ubicados en Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.
Precisó que la región educativa Montaña baja cuenta con 680 escuelas de nivel básico, con 62 mil 84 alumnos atendidos, por 3 mil 967 maestros y personal de apoyo.
La autoridad regional informó que por esta suspensión de facto no habrá sanciones contra  docentes y personal de apoyo, porque las causas que la han originado son ajenas al sector educativo.
Este miércoles, el delegado de servicios educativos de la Montaña baja fue consultado en una oficina alterna que improvisó en un centro universitario, para despachar en el centro de la ciudad.
Informó que después del último comunicado-prórroga para la suspensión temporal de clases de la SEG, para concluir la revisión de la infraestructura de las escuelas por posibles daños del sismo del 19 de septiembre, en esta semana se están reactivando de manera paulatina las labores en algunas escuelas, en otras los maestros han estado en contacto con alumnos y padres de familia para avanzar en las actividades académicas.
Detalló que en parte del municipio de Chilapa son 17 escuelas de las comunidades las que ya reanudaron labores, así como “algunas escuelas de Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y la parte más alta ubicada en la Montaña: Zapotitlán Tablas”.
Acerca de las medidas de seguridad que se le están dando a los trabajadores de las escuelas que han reanudado, la autoridad educativa respondió:
“No nos metemos en ese tema, hay instancias que se encargan de esta situación. Nos preocupa el tema educativo, en ese estamos abocados, buscando estrategias para ir avanzando en con los niños, no al cien”.
Admitió que no hay fecha para que se regularice el sector educativo, pero insistió en que se han estado abriendo las escuelas de manera paulatina.
“Hoy reanudaron dos escuelas más, se van sumando con apoyo de los padres de familia, con acuerdos de autoridades locales, directores y maestros”.
Sobre la petición de maestros y líderes sindicales, de que reanudarán actividades hasta que una autoridad se haga responsable de lo que pudiera ocurrirles, el delegado de la SEG deslizó:
“Estamos pidiendo a las instancias que existan las garantías de seguridad, para poder desarrollar las actividades académicas en todas las escuelas. No podemos sepultar el futuro de nuestros niños, de los jóvenes. Si dejamos esta situación, dejaríamos en el abandonado el sector educativo”.
Agrego: “Pedimos las garantías para nuestros compañeros (maestros), (para) nosotros mismos aquí en la ciudad (de Chilapa), pedimos seguridad, garantías para poder desarrollar nuestros trabajo”.
El funcionario respondió que no habrá sanciones contra los trabajadores durante esta suspensión de labores generalizada en la región:
“No hay ninguna sanción, como autoridades estamos buscando la forma de contribuir donde podamos, no va a haber sanción a ninguno de los maestros. Lo que estamos buscando, más que sancionar, es solucionar, pues no es culpa del magisterio. No es culpa del maestro que no esté llegando a sus escuelas, son circunstancias ajenas al sector educativo”, dijo.
Precisó que en la región existen 680 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, en todas sus modalidades y sistemas, con 62 mil 84 alumnos.
Jerónimo Maurilio también alertó sobre una baja en la matrícula, pues padres de familia están dando de baja a sus hijos por la suspensión de labores.
“Hay padres de familia que están dando de baja a sus niños para llevarlos a otras escuelas (en municipios fuera de la región Montaña baja)”.
No obstante, indicó, no tener cuantificadas las bajas. “Necesitamos cuantificarlo una vez que tengamos los datos en el sistema de manera oficial. Ha habido casos”.
Dijo que la obligación de los maestros de diferentes instituciones y la delegación, es buscar las formas para ir conduciendo la cuestión académica en estas circunstancias.
Maurilio Morales informó que no tiene una fecha exacta en que inició la suspensión de labores y que ha habido escuelas que en un inicio estuvieron trabajando de manera normal, pero después se incorporaron y otras escuelas, que de manera esporádica, se han presentado a dejar trabajos a los alumnos y a revisarlos.

La amenaza en una secundaria de Zitlala

El delegado regional confirmó que este lunes, personal de la secundaria técnica Raúl Isidro Burgos, ubicada en la cabecera de Zitlala, encontró una amenaza anónima sobre una cartulina, lo que provocó que se suspendieran labores en todas las escuelas de nivel básico en ese municipio, “hasta nuevo aviso”.
“Es lamentable lo que pasó en esa escuela, así como en otras escuelas, pero no es un problema que tengamos que resolver nosotros. Pedimos garantías para que el maestro pueda llegar a su escuela y pueda trabajar de manera armónica con los alumnos y padres de familia”.
Dijo que ha estado en contacto con jefes de sector, supervisores y directores todos los días, para atender lo que corresponda al ámbito educativo y administrar casos eventuales.
“No quisiera comentarlo a la sociedad, lo que pedimos son garantías para desarrollar nuestro trabajo”.

Dice el gobierno que intensificó vigilancia para la seguridad en la vía de Chilapa a Chilpancingo

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado intensificaron  ayer una operación de seguridad y vigilancia, para inhibir y prevenir la comisión de delitos en el corredor Chilpancingo-Chilapa.
Según un boletín oficial, policías estatales permanecen en puestos de vigilancia instalados en puntos estratégicos de la carretera federal de Chilpancingo a Tixtla y a Chilapa.
Un día antes el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia aseguró que ninguna escuela de la región de la Montaña Baja ha sido objeto de una agresión directa, luego que maestros determinaron no regresar a clases porque no hay condiciones de seguridad para laborar.
Indicó que se intensificarían las acciones de prevención del delito con el apoyo del gobierno federal.
En la región de la Montaña Baja la mayoría de las escuelas continúan la suspensión de clases ante la incertidumbre generada por los hechos de violencia y las amenazas a maestros.

Pide la CETEG en la Montaña Baja que la SEG no sancione a maestros sin clases por inseguridad

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) pidió a las autoridades que no haya alguna represión ni sanción administrativa, mientras no haya condiciones para reanudar labores en la región de la Montaña Baja, y que trabajen conforme a sus competencias, en referencia a brindar seguridad a los maestros.
El profesor Evelio Venancio, integrante de la estructura regional de la CETEG, informó que ante la crisis que vive el sector educativo en la región, la parte sindical pide que no haya represión administrativa contra la base.
“Lo que pedimos a las autoridades es que no haya algún tipo de represión administrativa u hostigamiento laboral hacia ninguno de los compañeros, que por alguna u otra razón no han reanudado clases.
“Sabemos que ya está siendo atendida esta situación y una vez que haya condiciones para  reanudar, lo haremos. Los maestros tenemos la voluntad y el compromiso con la niñez, con los jóvenes que están en la edad de ser educados”.
Dijo que no podría precisar los días de suspensión, porque algunas escuelas han intentado laborar.
“Sería impreciso manejar una fecha exacta, han sido diversas suspensiones. Algunas escuelas han reanudado, otros días han suspendido; sin embargo, el magisterio ha buscado la manera de reanudar clases”.
Sobre la parte de la seguridad a los maestros y alumnos en las escuelas, el representante sindical dijo que es deber de las autoridades garantizar la educación.
“Es lo que les compete a las autoridades, garantizar, las autoridades deben hacer su trabajo conforme les compete, eso es lo que se les ha pedido”.
El dirigente seccional informó que hay escuelas trabajado, sobre todo de nivel primaria, en la colindancia de Tixtla y Chilapa, además de que ya se ha regularizado relativamente el transporte público.

El estudiante de Veterinaria de la UAG asesinado en Cuajinicuilapa fue torturado, revela Efrén Cortés

En Acapulco familiares del estudiante desaparecido de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés Carmona, acompañados de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acudieron al Servicio Médico Forense donde reconocieron a la víctima y reclamaron el cuerpo.
En declaraciones, Efrén Cortés Chávez, uno de los tíos del joven de 24 años y sobreviviente de la masacre de El Charco, reveló que el joven fue torturado, y recriminó que desde que la Fiscalía General del Estado tomó el caso de la desaparición de su sobrino, quien realizaba un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UAG, no informó nada a los familiares quienes se enteraron del hallazgo del cuerpo por otras personas.
Fuentes de  la Fiscalía indicaron que el cuerpo no sería entregado hasta que se realizaran los exámenes de ADN para una mayor certeza, pero a la una de la tarde los familiares informaron que en 2 horas les sería entregado y trasladado a su natal Cruz Grande.
En una llamada informaron que el cuerpo fue entregado a las 3 de la tarde y que las pruebas de ADN se las entregarían después, pero que identificaron plenamente al joven por señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció.
Según el reporte de la Policía Ministerial que acudió al lugar donde fue encontrado el cadáver del joven desaparecido el 28 de octubre en el centro de Cuajinicuilapa, estaba en una fosa clandestina de unos 80 centímetros de profundidad, en un terreno ubicado en la carretera entre Cuajinicuilapa y San Nicolás.
Dice que el hecho fue reportado a las 10:30 de la mañana del martes por el comandante de la Policía Municipal de Cuajinicuilapa, Benito Gracia Morales, quien informó del lugar donde estaba enterrado el cuerpo reportado por los vecinos.
En un diámetro de 10 metros del terreno ubicado cerca de la comunidad de Montesillo, había ramas de árboles cortados y tierra removida, encontrado una fosa de 80 centímetros de ancho,  un metro con cuarenta centímetros de largo y 90 centímetros de altura, donde estaba la víctima.
El reporte indica que al cuerpo se le apreciaron “múltiples fracturas de cráneo, observándose atado del cuello con una cuerda de plástico de color blanco, así como la mitad de una camiseta de color blanco con rojo con el numero 85”.
El joven sólo vestía un “pantalón de mezclilla de color azul, bóxer gris, cinturón piteado el cual tiene la figura de la cara de caballo en la hebilla, y puesta sobre los brazos una playera tipo polo de color verde con figuras de Mickey Mouse en color rojo”.
El cuerpo no fue trasladado a la morgue a las 2:10 de la tarde, hora en que terminaron las diligencias. En el Servicio Médico Forense los familiares estuvieron acompañados de integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

Llama a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortes Chávez insistió en que la desaparición y el asesinato de su sobrino, el estudiante de Veterinaria Jorge Cortés Carmona, fue un crimen político por su relación de parentesco.
En una conferencia de prensa con representantes del Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero denunció que el gobernador Héctor Astudillo Flores guardó silencio cuando se le pidió su intervención, y la Fiscalía General del Estado (FGE) fue muy lenta en la localización del joven de 24 años, además de que el cuerpo tiene indicios de tortura.
Aseguró que el siguiente día al de su desaparición, el lunes 30 de octubre, hombres desconocidos llamaron al número telefónico del papá de la víctima, y desde el anonimato dieron a entender que ellos sabían dónde estaba el muchacho y podían ayudarlos a localizarlo, sin pedir rescate.
Indicó que los registros telefónicos fueron entregados a las autoridades y no hubo más información del caso, hasta que encontraron su cuerpo enterrado en un paraje rumbo a la comunidad de San Nicolás, por la colonia Miguel Alemán de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, y la localidad de El Comal.
Estimó que el cuerpo fue enterrado para desaparecerlo, y eso implicaría que el gobierno sabía dónde se encontraba, “¿o quién le dio el pitazo?”.
En tanto no haya una investigación profesional con resultados comprobables y científicos, dijo que insistirá en que el ataque a su sobrino pudo tener una motivación política, debido a las actividades políticas del luchador social. Subrayó que la vida de su familia es lícita.
Aclaró que independiente de los resultados del caso, sean responsables o no las autoridades, hay responsabilidad legal del Estado que debe garantizar la vida de los ciudadanos.
Señaló que la FGE no actuó hasta que la Red Solidaria Década contra la Impunidad solicitó acciones urgentes a las autoridades del Estado mexicano y a organismos internacionales. Entonces, comenzó la aplicación del protocolo de investigación compartida para casos de desaparición forzada.
Llamó a las autoridades estatales a hacer una investigación ejemplar “no de simulación. Si hay agentes estatales culpables materiales o intelectuales, o no, debe haber una sanción ejemplar”.
También exigió un pronunciamiento o deslinde del gobernador Héctor Astudillo Flores, “para que explique por qué la autoridad cayó, hubo silencio gubernamental, no hubo comunicación con la familia”.
Del Colectivo estuvieron representantes la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los mineros de Taxco, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), colonos del Nuevo Mirador, y el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García.
Consultado sobre la inseguridad en la entidad, Fuentes García aseguró que el grado de violencia no puede entenderse sin la connivencia de las autoridades.
Aunque hay operaciones militares y policiacas, estimó que hay cierto grado de contención en lugares estratégicos, como Acapulco, no así en las regiones.
“Es grave todo lo que ocurre, no basta toda esa movilización del Ejército y cuerpos de seguridad porque hay presunción de que están involucrados, y en esa circunstancia no puede hacer ninguna seguridad para nadie”,  advirtió.
Mencionó que en la época conocida como la guerra sucia, de la década de 1970, hubo una decisión de Estado para localizar y eliminar un movimiento guerrillero, que no llamaban así, sino de delincuentes, pero no fueron sólo contra los guerrilleros sino tras los familiares y la población que podía protegerlos, “el daño de aquel tiempo no ha sido reparado, no ha habido justicia ni verdad”.
Ahora, señaló que la situación es más compleja por el involucramiento de grupos criminales, “que no podría ocurrir sino fuera por la connivencia del Estado”.

Cumplen 42 días sin clases las escuelas de la Montaña Baja debido a la violencia

Cumplen 42 días sin laborar las escuelas de  la región Montaña Baja debido a la violencia

Desde el 25 de septiembre no han cesado los asesinatos, principalmente en Chilapa, y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp

Luis Daniel Nava

Chilapa

La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión  paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.

Pasar a los hechos en el Pacto de Seguridad ante la violencia en Chilapa, demanda MC

En ese municipio se vive una tragedia humanitaria y existe un virtual toque de queda, advierte en tribuna el diputado Ricardo Mejía y llama a recuperarlo de la violencia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja lamentó que nuevamente “los ojos del mundo están en  Chilapa” y llamó a recuperar a ese municipio de la violencia.
En su intervención en tribuna este martes, recordó que entre los 223 ejecutados en Chilapa en lo que va del año hay mujeres, estudiantes y comerciantes. Y que a pesar de los anuncios de despliegues de seguridad y la promesa del gobierno federal para instalar una base militar en el municipio, “los hechos de violencia se siguen cometiendo, ejecuciones, desplazados, Chilapa es un centro de violaciones graves a los derechos humanos”.
Mejía Berdeja llamó a “aterrizar en acciones y propuestas, pasar de la convocatoria a los hechos concretos el Pacto por la Seguridad”.
Recordó que organismos internacionales como Amnistía Internacional, las Brigadas para la Paz, SeraPaz o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, han consignado “una y otra vez la tragedia humanitaria que azota Chilapa. Entre otras cifras, han dado a conocer que en lo que va del año se registran 223 ejecuciones”.
Dijo que el escenario de Chilapa es “de horror y violencia”, lo que consideró que también afecta la gobernabilidad, “además de que afecta las funciones esenciales del Estado”.
El coordinador de los diputados de MC recordó que en mayo de 2015, un grupo de personas armadas irrumpieron en Chilapa y desaparecieron a 32 habitantes: “ahí empezó el horror”. Y criticó que a pesar de “las denuncias, a la indignación social y la amplia cobertura de la información en diversos medios de comunicación, pareciera que la indiferencia del estado condenó a Chilapa a este desastre social”.
También se refirió a lo dicho por el secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández de que en Chilapa hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche y también las familias se encierra en sus casas, y únicamente salen por alguna necesidad o urgencia.
Tras la participación de Mejía Berdeja, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo dijo en tribuna que el pasado 28 de octubre, el estudiante Jorge Cortés Carmona “desapareció y es la fecha que las autoridades no revelan ni las pesquisas ni mucho menos el paradero de este joven. No es correcto porque existen muchísimos jóvenes que se trasladan a esa población de Cuajinicuilapa a estudiar y precisamente esa carrera de Veterinaria y que esto pueda ser parteaguas que pueda darse una ola de criminalidad en contra de los jóvenes y que este caso debiera instruir el gobernador al fiscal para que haga las indagatorias pertinentes y se dé con el paradero con vida del joven Jorge Cortés Carmona”.
El estudiante desaparecido tiene 24 años y es sobrino de Efrén Cortes Chávez, luchador social sobreviviente de la masacre cometida por el Ejercito en la comunidad de El Charco. Más tarde se conoció que el joven fue hallado muerto en el municipio de Cuajuinicuilapa.

Ofrecen PRD, PAN y MC cambios para abatir inseguridad e impunidad

En el primer foro organizado por los partidos que componen el Frente Ciudadano por México, acuden los dirigentes del PRD, PAN y MC. Los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias de partido, dice Luis Walton

Lourdes Chávez

Chilpacingo

Los representantes estatales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), ofrecieron cambios para resolver los problemas del país, en el primer foro regional que organizan en conjunto, para incorporar propuestas ciudadanas a la plataforma electoral del Frente Ciudadano por México para las elecciones de 2018.
El dirigente del PRD, Celestino Guzmán Cesáreo, declaró que el Frente en Guerrero, “está dando sus primeros pasos para acabar con el pacto de impunidad (que existe en el país)”, y añadió “vamos por la transformación del sistema político mexicano”.
El presidente del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, consideró necesario reunir propuesta ciudadanas para diseñar un plan de gobierno para la transformación del país, “darle a un cambio de rumbo (a la forma de gobernar)”, ya probamos cuando gobierno un solo partido, ahora, abrir la puerta a los gobierno de coalición”.
De MC, Luis Walton Aburto insistió en que los tres partidos tienen diferencias ideológicas, “pero también es cierto que los problemas del país son bastante más importantes que las diferencias que tengamos nosotros. México vive una situación como nunca, en Guerrero no había la inseguridad que se ve en estos tiempos”.
En un salón de la capital se realizó el primero de los foros los Foros programáticos regionales del Frente Ciudadano por México en Guerrero, con el tema Buen gobierno, honestidad y rendición de cuentas, con ponencia de los académicos Pedro González Ramírez, Víctor Manuel Escobedo Rueda, y el ex funcionario del gobierno estatal y de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, Victoriano Sánchez Carbajal.
Luego de un receso, se abrió la participación a ciudadanos. Hubo siete intervenciones que incluyeron a dos militantes de partido conocidos, Pioquinto Damián Huato, del MC en Chilpancingo, y el panista Carlos Millán.
Además de la estructura estatal de MC, sus dos diputados y la alcaldesa de Apango, Felícitas Muñiz Gómez, de la misma filiación, se identificó entre el público a representantes municipales del mismo partido, y líderes de colonias.

Cumplen 42 días sin laborar las escuelas de la región Montaña Baja debido a la violencia


La mayoría de las escuelas que pertenecen a la región educativa Montaña Baja continúan la suspensión de clases, ante la incertidumbre generada por los recientes hechos de violencia y las amenazas a maestros.
Administrativamente a la Delegación Regional de Servicios Educativos Montaña Baja pertenecen 663 escuelas de preescolar, primaria y secundarias de todas las modalidades, ubicadas en nueve municipios aunque la mayor parte se concentra en cinco.
La suspensión  paulatina de labores derivada de la inseguridad y que se extendió a toda la región inició el 25 de septiembre, y fue avalada por la Dirección Jurídica de la SEG que reconoció el problema por la presión de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), quienes bloquearon la carretera Chilpancingo-Chilapa afuera del internado de Tixtla.
En ese oficio número 1.0 1/2017/2292 dirigido a jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica y media superior de las regiones Montaña Baja, Montaña Alta y Centro, la SEG aceptó:
“Derivado de los recientes acontecimientos que se han venido suscitando en el municipio de Chilapa, relacionados con la suspensión del servicio de transporte público por asuntos de inseguridad (…) operaremos una fase de tolerancia a fin de no aplicar descuentos a los trabajadores que registren retado en su llegada o el retiro antes de concluir la jornada vespertina o bien acrediten su inasistencia”.
La medida, según la instrucción del titular José Luis González de la Vega, se aplicaría “hasta que se normalice la prestación del servicio de transporte y/o se establezcan los protocolos de seguridad correspondientes”.
A partir de esa fecha no han cesado los hechos de violencia y las amenazas contra maestros que se hacen virales en las redes sociales Facebook y Whatsapp.
En este contexto la SEG ha justificado con cuatro prórrogas la suspensión de labores que terminaría este lunes.
No obstante el macabro hallazgo en la víspera, de siete cuerpos semicalcinados en las orillas de la ciudad de Chilapa y una amenaza en una cartulina que fue dejada este lunes en una oficina de la Secundaria Técnica Raúl Isidro Burgos de Zitlala, cuyos alumnos y maestros se presentaron a laborar el mismo lunes, detonó de nuevo y de facto la suspensión de clases “hasta nuevo aviso”.
En el periodo de suspensión los acuerdos que se han generalizado se han tomado en un primer momento por centros de trabajo, en reuniones hechas las veces que los mentores han intentado reanudar (como en esta semana), fuera de las escuelas o vía telefónica. Estos acuerdos se han tomado al finalizar las prórrogas.
En la región el magisterio se encuentra fraccionado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la dirigencia formal de la CETEG y sus disidentes, la Dirección Regional Colectiva y el Movimiento de Secundarias Técnicas.
Ayer dirigentes regionales de la CETEG dijeron que no podrían fijar una postura y que darían información “más adelante”. En la misma postura se mantiene el delegado regional de la SEG, Jerónimo Maurilio Morales.
El último colapso del sector educativo en la región fue de julio de 2014 a mayo de 2015, en el contexto de enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad y la zona rural en el sur del municipio, el asesinato de candidatos en Ahuacuotzingo y Chilapa, y la irrupción de civiles armados y autoridades comunitarias a Chilapa.
Ese contexto social llevó a calificar a las autoridades educativas regionales al municipio y alrededores como “escenarios de guerra”.
En esa ocasión las autoridades reconocieron por oficio que 140 de 663 “escuelas de todos los niveles y modalidades han dejado de laborar por un periodo de 20 días hábiles en diferentes momentos”.
En la suspensión de labores del 25 de septiembre a este martes 7 de noviembre, el calendario escolar marca 31 días hábiles (entre ellos dos sesiones de consejos técnicos escolares que se realizan el último viernes de cada mes).
Información oficial indica que la región educativa Montaña Baja abarca 663 planteles educativos:
Sector 14 de Preescolar formal: 96 escuelas; Sector 1201 de Preescolar Indígena: 148 escuelas; Sector 19 de Primaria Formal: 124; Sector 1201 de Primaria Indígena: 137; Sector 04 de Servicios Estatales (primarias y telesecundarias): 133; Secundarias Generales: 5 y Secundarias Técnicas: 20.
Estas escuelas están localizadas en su mayoría en Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtac y José Joaquín de Herrera, un número menor de centros de trabajo se ubican en Acatepec, Zapotitlán Tablas, Quechultenango, Tixtla y Mártir de Cuilapan, en estos municipios escuelas de un solo nivel educativo pertenecen a Montaña Baja.
En la ciudad de Chilapa también han suspendido labores hasta nuevo aviso el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), el plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el campus de la Universidad Tecnológica y desde hace dos semanas el Centro Universitario Aurora Meza.
Maestros han informado que en la región han estado funcionando los dos planteles del Colegio de Bachilleres y su nueva modalidad de Tele Bachillerato, del cual se desconoce el número.
También existen preparatorias populares de la UAG que operan sin presupuesto público (siete en comunidades de Chilapa, Zitlala, La Esperanza de Mártir de Cuilapan, Hueycantenango y Ahuacuotzingo), de las cuales se desconoce si están laborando o no.

Ninguna escuela ha sido objeto de una agresión directa, dice el vocero de seguridad

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia aseguró que ninguna escuela ha sido objeto de una agresión directa en municipios de la región educativa Montaña Baja, luego de que maestros determinaron no regresar a clases porque no hay condiciones de seguridad para laborar.
Expuso que se intensificaron las acciones de prevención del delito como recorridos y patrullajes permanentes en los municipios de Chilapa, Zitlala, Atlixtac, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), con el apoyo del gobierno federal.
En un boletín, Álvarez Heredia informó que la Policía Estatal y el Ejército mantienen cuatro puestos de control en la carretera que comunica Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, para resguardar a los usuarios y choferes del transporte público.
Indicó que las acciones son para prevenir y disuadir el delito, además que ninguna escuela ha sido objeto de una agresión directa.
“Hay una mesa de inteligencia entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado para judicializar los casos y organizar los operativos para la búsqueda, localización y detención de objetivos prioritarios” expuso.

Hallan muerto al estudiante de Veterinaria en Cuajinicuilapa; estuvo 10 días desaparecido

El luchador social y sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez informó que a 10 días de no saber de su paradero, su sobrino Jorge Cortés Carmona fue hallado muerto en un paraje entre los poblados de San Nicolás y El Tamal, en el municipio de Cuaujinicuilapa.
Indicó que el cuerpo fue identificado por su hermano por la ropa que llevaba puesta el día que desapareció.
Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Acapulco para la necropsia de ley, con la que se determinará la causa de muerte.
De acuerdo con la ficha de la acción urgente que emitió la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el joven de 24 años de edad originario de Cruz Grande, se encontraba en la cabecera municipal de Chuajinicuilapa cursando un seminario de titulación en la escuela de Veterinaria y Zootecnia, donde concluyó sus estudios de licenciatura.
Sus familiares detallaron que el sábado 28 de octubre por la noche estuvo en una reunión con sus compañeros de escuela, lo último que se supo de él es que acudió a una tienda de conveniencia la madrugada del domingo 29.
En la acción urgente se solicitó la intervención de los tres niveles de gobierno para garantizar su integridad física y su vida, también se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humano y las representaciones en México de organismos internacionales.

Ante nuevas amenazas del crimen maestros no vuelven a clases en cinco municipios

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas

Ayer tenían que reanudar labores en Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. Los maestros toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad, dice la jefa de sector primaria, Juana Pineda

Zacarías Cervantes

Chilapa

Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.

Son “unas setenta y tantas” escuelas sin labores en la Montaña Baja, dice el secretario de Educación

Asegura que el gobierno estatal ya sigue una estrategia en materia de seguridad. “Tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, declara González de la Vega

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, declaró que son “unas setenta y tantas” escuelas de educación básica las que pararon labores en la Montaña baja.
Consultado en el jardín de niños Leonor López Orellana, en el barrio de San Mateo, donde acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores para inaugurar un edificio, al respecto de la situación de las escuelas de nivel básico en la región Montaña baja, donde en los últimos días grupos de la delincuencia organizada han amenazado a maestros para que no se presenten a clases debido a posibles ataques, González de la Vega Otero aseguró que el gobierno estatal implementó una estrategia en materia de seguridad, pero no detalló en qué consiste.
Aseguró que según el delegado de Servicios Educativos de la región Montaña baja, Jerónimo Maulirio Morales, “en la última reunión que tuvimos” hace unos días, eran “setenta y tantas” las escuelas cerradas por la falta de seguridad en comunidades de Chilapa y Zitlala, contrario a lo que se publicó en medios de comunicación, donde se dijo que se trataban de 663 planteles, “no sé quién les dio esa cifra, de dónde la sacaron”.
En su edición del 31 de octubre pasado El Sur publicó que de acuerdo con información oficial, en la región educativa Montaña baja, que comprende los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Acatepec y Zapotitlán Tablas, existen 663 planteles de preescolar formal e indígena; primaria formal e indígena; servicios estatales, así como secundarias generales y técnicas con más de 62 mil 300 alumnos, que son atendidos por alrededor de 3 mil 400 docentes y personal de apoyo.
Además, en este colapso del sector educativo se encuentran también las preparatorias 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la privada José Vasconcelos, así como los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); mientras que de nivel superior, están la Universidad Tecnológica y el Centro Universitario Aurora Meza.
González de la Vega sostuvo que el número de escuelas cerradas en la región no rebasa los 75 planteles, aunque “la danza de cifras” es imprecisa y los maestros se presentarían a laborar de manera normal este lunes, pues luego de las estrategias en materia de seguridad, la SEG considera que hay condiciones para que se reanuden las clases.
Dijo que en un principio las clases en la zona se suspendieron porque maestros y padres de familia solicitaron la revisión de las instalaciones, luego de los sismos de septiembre pasado, pero después comenzó el problema de transporte a las comunidades.
“Es un tema muy difícil, es un tema complejo, es un tema que no corresponde únicamente a Educación. No con esto quiero decir que no sea una responsabilidad de nosotros, ¿qué hacemos? Así como contribuimos para que (alumnos y trabajadores) no puedan entrar a una escuela dañada, tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, dijo y añadió que las evidencias presentadas fueron mensajes de texto, principalmente mediante Whatsapp, donde se advierte que si comienzan las clases habría ataques.
Se le preguntó si las escuelas contarán con resguardo del Ejército, Policía Federal o estatal, así como de detalles de la estrategia de seguridad para la Montaña baja, pero contestó que no conoce a fondo las medidas, pues se trata de un tema que les compete a las autoridades en la materia.

Se requieren más de mil 400 millones para la reconstrucción

?En cuanto a la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado, González de la Vega Otero dijo que Guerrero necesita uno mil 400 millones de pesos para las obras, mismas que ya comenzaron en 61 planteles, en los que la pérdida de instalaciones fue total.
Precisó que en la capital ya comenzó la demolición de las primarias Fray Bartolomé de las Casas y Antonio A. Guerrero, pero aún faltan otras escuelas. El proceso se llevará a cabo durante este mes, para que el 6 de diciembre comiencen las obras de reconstrucción.
Añadió que 14 escuelas de Chilpancingo no fueron consideradas para recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero se harán las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los planteles que cuenten con los dictámenes correspondientes para la reconstrucción total reciban los apoyos. Esta situación también ocurrió en algunas escuelas de la región Costa Grande.
Dijo que hay 82 planteles con daños menores, más estéticos, que no requieren una inversión mayor a 200 mil pesos; por ello las autoridades crearon un semáforo para identificar las escuelas dañadas, en rojo se encuentran las de reconstrucción total; en amarillo están las que necesitan una reconstrucción parcial, que requieren cerca de un millón de pesos, y en verde son los planteles con afectaciones “no tan profundas”, que lo máximo que recibirán son 200 mil pesos del programa de reforma educativa.

Se reforzará la seguridad para el regreso a clases en Chilapa, ofrece el gobernador

No tiene el dato preciso de cuántas escuelas han cerrado ante la amenaza de la violencia, dice Astudillo. Evade el llamado del obispo Rangel a que el gobierno del estado y el crimen organizado detengan los crímenes
Anarsis Pacheco

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que el interés del gobierno del estado en Chilapa es que se regrese a clases con las condiciones “que se requiere”, tras la suspensión realizada por maestros ante la amenaza de grupos criminales que operan en la zona.
Consultado al concluir el acto protocolario de honores a la bandera en Palacio de Gobierno, Astudillo Flores no detalló cómo se darían estas condiciones para el regreso a clases.
Desde el pasado 25 de septiembre más de 600 escuelas de la Montaña baja suspendieron labores por la amenaza realizada a través de redes sociales en contra de maestros.
“En Chilapa hay un operativo desde hace tiempo, lamentablemente los actos delictivos vuelven a aparecer y eso obliga por supuesto a reforzar cerca de un municipio, cerca de otra región, dependiendo dónde se vayan presentando, pero por supuesto el interés es que se regrese a clases con las condiciones que se requieran”, agregó.
Durante la consulta también se le preguntó sobre la postura del obispo de Chilpancingo-Chilpa, Salvador Rangel, quien ayer domingo exigió al gobierno y a los integrantes de la delincuencia organizada que detengan los crímenes. Respondió que no tenía ninguna opinión al respecto.
Insistió que en le tema de Chilpa, existe una situación “muy desafortunada”, por lo que se debe de reforzar toda la región.
Se le preguntó sobre el número exacto de las escuelas cerradas que registró su gobierno. Contó que el dato no estaba confirmado.
“No lo tengo de ese número, hay que esperar que podamos hacer una valoración”, detalló.
A pregunta expresa sobre la desaparición del sobrino del luchador social Efrén Cortés, Jorge Cortés Carmona, señaló que no tenia “información”, pero que la Fiscalía General del Estado daría un reporte más tarde.
Consultado por separado, el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, señaló que después de Acapulco, Chilapa es el municipio con más violencia en el estado.
Inclusive detalló que en los últimos días los homicidios dolosos han aumentado en la región ante la confrontación de grupos de crimen organizado que están disputándose la región.
Insistió que en esa zona se ha aumentado el resguardo por parte del Ejército, y no únicamente en Chilapa, sino también en los municipios de Zitlala, José Joaquín Herrera, Ahuacotzingo y Tixtla.
“Chilapa ya ocupa el segundo lugar en el número de homicidios dolosos, este tema ya ha sido analizado por grupo de coordinación Guerrero”, agregó.
Ante esto se le preguntó si no han considerado cambiar la estrategia debido al aumento de los hechos violentos. Aseguró que la estrategia diseñada si está rindiendo “frutos”.
“Han disminuido los homicidios dolosos en Acapulco, en un número muy significativo. Chilpancingo que tenia un repunte delictivo prácticamente está frenado, y lugares como Iguala  que antes era el tercer municipio más violento del estado ahora está en el lugar numero 9”, aseguró.

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas



Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.