Un hombre asesinado y tres heridos, uno de ellos un abogado, fueron ayer los diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Un adulto mayor fue asesinado a balazos y una mujer quedó herida durante la irrupción de hombres armados a su vivienda para robar en la colonia CTM, que colinda con Barranca de la Laja.
El hecho violento fue reportado a las 6 de la mañana en la calle Morteros, indica el informe ministerial.
El reporte policiaco establece que hombres armados irrumpieron en la casa de los adultos mayores para robar y al ser descubiertos les dispararon, dejando a un hombre muerto y a una mujer herida, que después fue trasladada a un hospital para su atención.
Los pistoleros se llevaron tres automóviles cuyas características se desconocen hasta el momento.
El hombre se llamó Juan Carlos, de unos 60 años, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
En lo que va del año van 133 asesinatos en Acapulco, relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Ayer en la tarde, un abogado fue herido a balazos adentro de una camioneta, en el fraccionamiento Costa Azul.
La agresión fue reportada minutos antes de las 3 de la tarde en la calle Horacio Nelson, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados atacaron a balazos a su víctima adentro de su camioneta roja Mazda.
Según testigos, el herido salió corriendo de la camioneta tras los disparos y llegó a la entrada un restaurante de mariscos.
Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima y después trasladado a un hospital cercano.
Durante las diligencias la calle fue cerrada en su dos sentidos. El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de la Guardia Nacional.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron varios casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
Más tarde, se supo que el herido es un abogado identificado como Enrique Vargas, y trabajó en el despacho de Jesús Galeana, de acuerdo con la información recabada.
Según el reporte médico, el abogado tenía disparos en el estómago y brazo izquierdo.
Por otro lado, un hombre fue herido a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento.
La agresión fue reportada en los primeros minutos de este martes entre las calles Eje Central y Ejido Nuxco, según el expediente de la Policía Estatal.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido de dos balazos, y después trasladado a un hospital cercano.
Agentes de la Guardia Nacional encontraron varios casquillos percutidos de diferentes calibres y después puestos a disposición del Ministerio Público.
Integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero en conferencia ayer en Acapulco en la que pidió a la gobernadora Evelyn Salgado no elegir a un militar para la Fiscalía Foto:?Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no elegir en la terna de candidatos a la Fiscalía General del Estado (FGE), a un militar.
En conferencia de prensa en el restaurante El Camarón del Jacky, el presidente del Colegio, Víctor Alejandro Contreras Flores, llamó al Congreso del Estado a elegir a un fiscal que cumpla con el perfil de ser civil, abogado y guerrerense.
Advirtió que si se elige a un militar como fiscal, impugnarán el nombramiento, aunque reconoció la labor del Ejército en su ámbito.
Contreras Flores dijo que se iniciarán las acciones jurídicas y conforme a derecho corresponda para impugnar el nombramiento de un fiscal militar.
“Se hará una comisión, aquí tenemos a los mejores abogados, no vamos a permitirlo, en caso de ser designado (un militar), vamos a impugnar”.
La abogada Brenda Nava Martínez, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estudiar a los 32 aspirante a la Fiscalía General del Estado.
Solicitó a la gobernadora estudiar y analizar los perfiles profesionales, que sea guerrense, tenga experencia y sea civil, es decir un abogado.
“Necesitamos que conozca la problemática del estado y que conozca las necesidades del estado”.
Añadió: “Ya no necesitamos improvisaciones, ya no necesitamos dedazos o compadrazgos, y que sea una persona que pueda dirigir una institución”.
Dijo que la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no contaba con la experiencia y conocimiento que establece la carta magna del estado.
“Por eso estamos preocupados que en el proceso pasado para elegir fiscal, de repente apareció en la lista, entonces no vaya hacer que aparezca en la lista la terna un militar”, sostuvo.
María de la Luz Reyes Ríos recordó que en el proceso anterior a Fiscalía apareció la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Y criticó que el Congreso haya “rebotado” la lista de los 32 aspirantes inscritos “sin hacer una depuración, es una pena que los diputados tengan una mínima consideración con la sociedad”.
En la conferencia también participaron los abogados José Luis Gallegos Peralta y Victoriano Sánchez Carbajal.
La ex titular de la SFP, Irma Ere?ndira Sandoval; la acade?mica Rose Ackerman; los diputados federales Leonel Godoy y Pablo Amílcar Sandoval; Netzaí Sandoval y Moise?s Reyes Sandoval en el acto conmemorativo Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Durante el foro La lucha por la construcción de gobiernos honestos, organizado por el aniversario luctuoso de Pablo Sandoval Ramírez, se destacó el papel del ex diputado federal en la izquierda del país.
Los hijos del político guerrerense Pablo Sandoval Ramírez (1944-2000) conmemoraron el 23 aniversario luctuoso de su padre, con un foro realizado este sábado en la Universidad Americana de Acapulco.
El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, la ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, participaron en la mesa junto con el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy Rangel, quienes destacaron el papel de Sandoval Ramírez en la izquierda del país.
Netzaí Sandoval leyó una semblanza de su padre, de quien dijo que nació en Tixtla, egresó como abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue integrante del comité ejecutivo de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), “que conquista la autonomía de la actual Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y derroca al régimen del general Caballero Aburto en 1960”.
Agregó: “Sufrió encarcelamiento político” en Chilpancingo, durante la lucha contra Caballero Aburto y durante la campaña del Frente Electoral del Pueblo en 1964, agregó. También estuvo preso en Michoacán, “como dirigente político cuando el Ejército intervino en la Universidad Nicolaíta, para reprimir la batalla democrática contra el gobernador Arriaga Rivera en 1967”. Luego fue preso político en Bogotá, Colombia, por motivo del Encuentro Latinoamericano de Juventudes en 1969.
También fue profesor de la UNAM y de la UAG, de esta última fue secretario general de la Unión Sindical de Catedráticos de 1974 a 1979. Fue fundador y líder nacional del Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Mexicano Socialista (PSM), “precursor y crucial impulsor del Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988”.
En la 57 legislatura fue diputado federal por Acapulco, “y en ese periodo, en el que la oposición arrebata el control de la Cámara de Diputados al partido hegemónico de Estado, Pablo Sandoval Ramírez es el primer guerrerense en la historia en ocupar la presidencia de la Mesa Directiva”, destacó su hijo.
El diputado por el distrito federal cuatro en Acapulco, Pablo Amílcar Sandoval, repasó la lucha de la izquierda, desde los años de 1960 hasta el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y destacó las leyes federales para combatir la corrupción, como la austeridad republicana, la tipificación del delito de corrupción y la eliminación del fuero presidencial.
“La construcción de un gobierno honesto y sin privilegios, que beneficie de manera igualitaria a todos los mexicanos, es una responsabilidad que tenemos nosotros, ustedes, para construir en los siguientes años”, indicó.
La ex titular de la SFP en el gobierno de López Obrador, Eréndira Sandoval, fungió como traductora de su suegra, la académica de la universidad estadounidense de Yale, Susan Rose Ackerman, quien dijo en su intervención que Sandoval Ramírez tuvo un “gran compromiso con la justicia social y el poder popular, para las mejoras de los gobiernos”.
“Mis propias investigaciones e intereses profesionales, desde hace mucho tiempo, como profesora universitaria se han enfocado en la manera en cómo la corrupción y el rentismo pueden socavar la democracia representativa y la democracia en general, y todas estas investigaciones tienen definitivamente un eco en el interés de Pablo (Sandoval) y su propio afán por auspiciar la integridad pública, los gobiernos populares y socialmente orientados a resolver problemas en beneficio de los ciudadanos”, expuso.
El vicecoordinador de los diputados federales de Morena, Leonel Godoy Rangel, resaltó que “los comunistas como Pablo no fueron improvisados, eran preparados, eran la mayoría universitarios, participaban en círculos de estudio. Se preparaban muy bien, por eso cuando debatían y eso lo decimos constantemente en la tribuna, no son como la derecha ahora, que sube a la tribuna al insultar al presidente, a llenar de ofensas a la izquierda. No tienen argumentos, sólo insultos”.
Indicó que la ley federal de ingresos recién aprobada y la próxima ley de egresos “busca que la justicia social por la que luchó Pablo Sandoval Ramírez esté y como dicen ahí en la tribuna: si Pablo viviera, en Morena estuviera”, lo que generó aplausos de los más de 100 asistentes.
El evento se realizó en el auditorio Guillermo Soberón Acevedo, que lució casi lleno. Fungió como moderador el ex diputado local Moisés Reyes Sandoval y asistieron sus compañeros de bancada en la 62 legislatura, Zeferino Gómez Valdovinos y Marco Antonio Cabada Arias.
También estuvieron presentes la diputada local del distrito 1 en Chilpancingo, Jessica Alejo Rayo; el subsecretario de Ganadería y Pesca, Salvador Guadalupe Mojica Morga; el ex presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, y los ex regidores Javier Morlet y Hugo Hernández.
Asistieron, entre otros, el académico de la UNAM, John Ackerman; el político de la Tierra Caliente, Misael Medrano Baza; el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Morales, y el político Adolfo Plancarte.
El abogado José Luis Solís Pacheco dijo que representa a más de 6 mil policías estatales y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes exigen al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un aumento salarial, y prestaciones como créditos para vivienda y servicio de salud de calidad.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips de La Diana, el abogado del despacho jurídico J. Solís firma consultora: Attorney at Law, informó que ellos representan a los trabajadores y que ante la nula atención, buscarán un amparo para que “se ejerza el derecho que están solicitando”.
Indicó que las demandas de los policías son el incremento salarial homologado a nivel nacional, de acuerdo con lo publicado el 14 de junio de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un salario dignó para los policías.
Subrayó que los policías han manifestado que no han recibido incremento salarial desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pero “sí más exceso de trabajo u jornadas laborales”.
Otra de las demandas es el acceso a créditos de vivienda, porque la gobernadora al inicio de su mandato prometió que ella daría ese beneficio y atención a la salud digna.
También piden el derecho a vacaciones, porque “en la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado no se establece ese derecho de la Policía Estatal, por lo que están solicitando que se haga una reforma para que se incluya ese rubro, por omisión legislatica en dicha ley”.
Además pide que se respete la jornada laboral, que es de 8 horas más 4, lo cual no se hace “prácticamente los tienen cinco días laborando, lo demás de descanso, lo cual no es correcto porque va en contea de los tratados nacionales e internaciones de las jornadas que deben cubrir”.
En el documento enviado a las autoridades del estado también está el derecho a manifestarse, porque en la Ley 179, que fue creada durante el actual gobierno, se les “prohibió el derecho a manifestarse, cuando es un derecho constitucional, así como sindicalizarse, asociarse para un sindicato y es lo que están solicitando”.
También quieren el respeto a la jubilación y pensiones, porque hay elementos que ya cumplieron con los requisitos, pero la ley de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero no establece los tiempos ni cuándo, ni el procedimiento a seguir, porque no se han creado los reglamentos derivados de la creación de esa ley.
Dijo el abogado que el documento es para que las autoridades den contestación a sus demandas, pero el jefe de la unidad de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Mora Rendón, dio contestación a la petición “con un documento donde nada más da evasivas, sin responder ninguna, sino al contrario. En ese oficio les dice cómo puede darlos de baja, entre ellos, el manifestarse por no tener disciplina”.
“En este escrito, prácticamente los está amenazando por exigir sus derechos”, dijo del abogado.
Señaló que los policías estatales, distribuidos en las ocho regiones, están de acuerdo en irse a un paro de labores a efecto de que “mientras no se les cumplan sus demandas, seguirán en su manifestación, respetando la garantía de los ciudadanos”. Además, recurrirán al juicio de amparo, para que a través de ello se ejerza el derecho que están solicitando.
Padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes ingresan a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de sus representantes legales, se reunieron este viernes con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Tras la reunión de poco más de dos horas de duración, el abogado Isidoro Vicario señaló que el compromiso hecho por los funcionarios del CJF es que se vigilará el actuar de los jueces que tienen bajo su encargo asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa.
“Nos manifestaron que van a estar por lo menos vigilantes del actuar de los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación. Manifestaron que no está en sus manos, porque ellos no van a resolver los asuntos de fondo, pero por lo menos hubo un compromiso de que van a estar vigilantes del actuar de los jueces donde están estos amparos y otros procesos penales del caso Ayotzinapa”, comentó.
Por su parte el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, externó que les hubiese gustado un mayor compromiso del Consejo y tras confirmarse una próxima reunión, esperan que se haga lo más pronto posible.
“Bueno, pues ¿cómo nos vamos? Pues no nos vamos satisfechos, lo que hubiéramos querido es que hubiera un compromiso más puntual del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, sabemos de sus limitaciones, sabemos de los alcances que tiene el Consejo de la Judicatura y esperemos que se agende la reunión lo más pronto posible y podamos dar seguimiento”, dijo.
Rosales Sierra mencionó que en la reunión se tocaron cuatro temas principales. El cambio de medidas cautelares en el proceso del coronel Rafael Hernández Nieto, la solicitud formal por parte de la defensa de 14 militares de interrogar al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al ex fiscal especial Omar Gómez Trejo y a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de un mecanismo en el que se concentren los expedientes referentes al caso.
Agregó y consideró como el más importante de los puntos, el amparo interpuesto por los padres para que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), haga entrega de información que consideran relevante para la resolución del caso.
“Sobre el amparo que interpusimos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene que ver con la negativa de entregar la información relevante que tiene que ver con el paradero de los 43”, mencionó Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado de los padres y madres señaló que en la siguiente reunión con el Consejo van a analizar cada uno de los temas prioritarios expuestos, particularmente la concentración de los expedientes del caso en una sola sede, aunque no precisó una fecha próxima en la cual se pueda llevar a cabo este nuevo encuentro.
Añadió que le solicitaron al Consejo tener diálogo con las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, reiterando la importancia de la vigilancia que puedan efectuar de manera directa sobre las acciones y resoluciones que determinen los jueces involucrados en el caso.
“Le hemos dicho que se reúnan con el Poder Judicial, que dialoguen con el Poder Judicial, que hablen, que estén vigilantes de las acciones y demás resoluciones que los jueces puedan emitir. Nosotros ya hemos llevado el caso Ayotzinapa, principalmente lo que tiene que ver con militares, están en la arena judicial, están en la ruta judicial y corresponde al Poder Judicial dar respuesta a las madres y padres de los 43”, aclaró.
El abogado indicó que el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es únicamente mediático sino que por parte de los padres y sus representantes, lo han llevado al terreno judicial.
“Respecto al paradero de los 43, no es un tema nada más político, no es un tema de debate con el presidente de la República, ya es un tema que está judicializado y corresponde al Poder Judicial dar respuesta, está a prueba el Poder Judicial hoy en día”, puntualizó.
Mitin antes de la reunión
La reunión dio inicio aproximadamente a la una de la tarde y señalaron que estuvo presente el consejero Bernardo Bátiz. Antes del encuentro, los padres acompañados de estudiantes normalistas realizaron un mitin afuera de las instalaciones.
El mitin comenzó minutos después de las 12 del día y la consigna principal fue una mesa de diálogo con personal del Consejo de la Judicatura, para exponer los puntos trascendentales en el caso Ayotzinapa.
“Pedimos a los consejeros que nos den una audiencia que permita que pase una comisión de madres y padres a efecto de poder dialogar con ellos. Y que nos den una explicación, ¿por qué esa parcialidad del Poder Judicial? ¿por qué cuando se trata de procesar a los militares, son cuidadosos con el debido proceso?”, dijo.
Incluso destacó que en caso de que no se llevara a cabo la mesa de diálogo con los integrantes de la Consejería, se verían obligados a sostener un nuevo plantón en sus instalaciones, tal como el que mantienen frente a la Puerta 1 del Campo Militar Número 1.
“Si no se da esa mesa de diálogo, vamos a instalar un segundo plantón aquí. Al fin y al cabo que tenemos mucha gente, esa es la solicitud, ese es el objetivo por el que nos encontramos el día de hoy”, afirmó.
Rosales Sierra señaló al Poder Judicial de tener una total parcialidad en las decisiones relacionadas con el caso, particularmente en aquellas que involucra directamente a integrantes de los cuerpos militares del país.
“El Poder Judicial está representando un obstáculo para que podamos acceder a la justicia, particularmente los juicios y procesos que hoy se llevan en contra de los militares”, externó.
Los manifestantes se trasladaron en tres autobuses desde el Campo Militar Número 1, donde mantienen un plantón. Después de que ingresó la comitiva para la reunión con los funcionarios, parte de los manifestantes subieron a uno de los autobuses y se retiraron.
Los vehículos se mantuvieron bloqueando durante todo momento un carril de la circulación en la avenida de los Insurgentes, justo frente a la estación del Metrobús Doctor Gálvez, al sur de la Ciudad de México.
Al concluir la reunión y la entonación del himno Venceremos, cerca de 100 manifestantes subieron a los autobuses e iniciaron sus traslado en una protesta pacífica. Se espera que se mantengan en el plantón del Campo Militar Número 1 y el lunes acudan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
El catedrático de la Facultad de Derecho en Chilpancingo, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Román Ibarra Flores, falleció el viernes a causa de cáncer.
El también dirigente de la corriente política Insurgencia Universitaria, contraria al grupo que encabeza rector electo Javier Saldaña Almazán, falleció en un hospital en Acapulco, de acuerdo con fuentes cercanas al universitario.
Alumnos, compañeros y seguidores lamentaron su fallecimiento en las redes sociales, en donde recordaron el legado del reconocido catedrático y abogado.
Román Ibarra tenía un bufete jurídico y escribió algunos libros, entre ellos Filosofía del Derecho y Valores Jurídicos y Eficacia en el Derecho Laboral Mexicano.
En 2005, el doctor fue considerado como candidato para ocupar la Rectoría de la UAG. También fue fundador de Morena en Guerrero.
Saldaña Almazán publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Expreso mi solidaridad a sus familiares, en especial a su esposa Julita Díaz, quien me conmovió por su apego, amor y ganas de sanar a su esposo”.
Por su parte, integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la UAG, corriente a la que también pertenecía Ibarra Flores, junto con Rubén Cayetano García, lamentaron el fallecimiento de su compañero.
“Ibarra es el ejemplo de un verdadero hombre de izquierda, de profundas convicciones democráticas y humanistas, que jamás titubeó. Toda una vida dedicada a la academia y a la enseñanza del conocimiento jurídico consecuente”, se leía en una publicación que realizó Cayetano García.
Dijo que las personas tienen que seguir el ejemplo de Ibarra Flores, para honrar su memoria y legado como jurista honesto, comprometido con los más altos principios de la justicia. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Inés Fernández, al salir de los juzgados federales en Acapulco, en dónde posteriormente ofreció una Conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal
Este lunes se llevó a cabo, en el juzgado segundo de distrito, la última audiencia del juicio por abuso sexual contra la mujer indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega, cometido por efectivos del Ejército y sólo se espera sentencia del juez federal.
En conferencia de prensa, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, dijo que de los 11 soldados agresores de Inés, sólo se encuentra en la cárcel Hugo Humberto García de León.
Explicó que este lunes fue una audiencia final o “de vista”, y se presentaron los escritos y acusación de ambas partes, mientras que la fiscal general presentó sus conclusiones.
Añadió que solamente se espera la sentencia del juez federal y que sea en el término establecido, que son 15 días, “le pedimos al juez una penalidad alta por los delitos cometidos”, que asciende a 60 años.
“Nosotros confiamos en el juez federal, doña Inés siempre confía en la justicia, esperemos una sentencia con perspectiva de género y que se valoren los datos y pruebas”, acotó.
Indicó que el acusado se declaró una vez más inocente y que “Inés es una persona indígena, que no habla castellano y que está mintiendo”.
Aseguró que el militar acusado no presentó ninguna prueba de “descargo” a su favor y las pruebas que se presentaron de Inés son contundentes.
Señaló que al militar se le acusa por los delitos de tortura sexual, robo, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Fernández Ortega pidió que ésta “sea la última vez que venga a una audiencia, porque en varias ocasiones he estado asistiendo a una audiencia”.
Expresó que cada vez que lo ve “siente coraje y que lo único que pido es que finalmente sea condenado”.
“Cada vez que se vuelve a mencionar, me da coraje y lo único que pido es justicia”, concluyó. (Argenis Salmerón).
Pobladores de Petaquillas se reunieron anoche y acordaron dar su respaldo a los ex comisarios Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, detenidos el viernes pasado por policías estatales, acusados por el delito de secuestro.
De acuerdo con una transmisión de la reunión hecha a través de Facebook, los pobladores se reunieron después de las 8:30 de la noche, en la parroquia San Agustín, para acordar el apoyo a los dos ex comisarios detenidos, a quienes consideraron como inocentes.
Uno de los vecinos propuso realizar una cooperación entre todos los pobladores, para cubrir los honorarios de un abogado particular, que se encargue de la defensa de sus ex representantes.
Argumentó que ellos no son delincuentes y que lo que hicieron durante el secuestro fue participar para mejorar “muchas cosas de la población”.
“Hagamos una cooperación entre los habitantes de aquí, para que de inmediato se contrate un abogado penal, el que los familiares consideren conveniente, porque esos abogados cobran muy caro, pero que se pague y que tramite un amparo. Porque no cometieron un secuestro”.
Añadió que en un secuestro se pide un rescate, lo cual no ocurrió. Además de que, agregó, los militares estaban en una calle “que estaba taponeada, nada más”.
Otro de los pobladores propuso “manifestaciones pacíficas, sólo con pancartas”, para exigir su liberación el día que se realice la audiencia del juicio oral.
Calderón Herrera, quien fungía como segunda comisaria y es trabajadora del Congreso local; así como Locia Reyes, tercer comisario y trabajador de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fueron detenidos el 8 de septiembre.
Paula Calderón fue detenida en un filtro de agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, cuando se trasladaba a su trabajo en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, y Lenin en su centro de trabajo.
En conferencia de prensa el lunes, familiares de los detenidos aseguraron en un comunicado que fueron detenidos por “agentes federales”, pero fuentes del gobierno estatal informaron que la detención estuvo a cargo de policías estatales, que los detenidos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común, por el delito de secuestro agravado.
El delito del que se les acusa se derivó de la retención de militares y policías estatales el 7 de junio de 2022, en Petaquillas, cuando realizaban un patrullaje y después de que, según los pobladores, detuvieron a un vecino y realizaron disparos cerca del panteón nuevo de la localidad. Los pobladores les impidieron el paso para presionar la liberación del detenido.
En la reunión de anoche, los vecinos manifestaron su respaldo a los detenidos corearon varias veces “justicia, justicia” y una mujer gritó: “Lenin y Paula, justicia, los queremos vivos”, al tiempo que quien conducía la asamblea arengó: “No están solos”, y el resto de los asambleístas corearon repetidamente: “no están solos, no están solos”.
El abogado de los padres de familia de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en entrevista en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado donde asistió al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos” Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, celebró que su caso se haya incluido en los nuevos libros de texto.
El abogado fue entrevistado al respecto antes del encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó este miércoles con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En los nuevos libros de texto se menciona que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es uno de los más graves episodios violentos de la historia reciente de México, y un crimen de lesa humanidad en contra de estudiantes normalistas”.
El asesor de los padres de los 43 estudiantes dijo que tuvo conocimiento de que varias gentes cercanas a Morena tuvieron un debate previo, para que en los libros de texto se incluyera el caso Ayotzinapa, como parte de la historia contemporánea del país.
“A mí me parece relevante. Yo creo que es un hecho que conmovió al país, es un hecho de la historia que implicó una eclosión social en la última recta histórica de nuestro país y creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Los niños tienen que saber que un hecho ominoso de esa naturaleza ocurrió para que no se vuelva a repetir”, dijo.
Explicó que el caso Ayotzinapa debe quedar registrado en la historia de nuestro país como un hecho que no debe acontecer, que todos debemos reprobar y reclamar su esclarecimiento y justicia.
En los libros de texto se menciona que distintas investigaciones concluyen que “en esos camiones (que retuvieron los normalistas) había heroína con valor de 2 millones de dólares, que traficaba el cartel que controlaba Iguala”.
El abogado aclaró que no se confunda el señalamiento de la droga que según versiones había en uno de los camiones, y que los estudiantes los tomaron sin saber que venía en uno de los autobuses y que eso habría sido el motivo de una reacción tan violenta contra ellos.
“Esa es una hipótesis que se plantea y uno de los móviles que se sigue. El GIEI ha esbozado respecto de lo que habría motivado la agresión a los estudiantes”.
Sin embargo, explicó que sólo son hipótesis y que es una de las cuestiones que no se han podido esclarecer al día de hoy, “no hay un móvil claro, son hipótesis planteadas como móvil del crimen”, explicó.
Agregó que los padres de familia tienen esperanzas de que el caso se esclarezca “lucharemos en todo momento para que ello acontezca”, pero añadió que al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le queda muy poco tiempo “y veo difícil que en los próximos días pueda haber un derrotero distinto del caso”.
Indicó que el mismo presidente de la República se ha entrampado con lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, que es una institución hermética, pero a la vez con mucho poder y que tiene todo el respaldo del presidente.
Añadió que seguramente por ello no se hará más “porque no vemos que el presidente esté dispuesto a tensar más las cosas con las fuerzas armadas”.
Dijo que el hecho de que se solicite información sensible y relevante para ubicar el paradero de los jóvenes que está en manos del Ejército va a implicar una tensión fuerte del presidente de la República con el Ejército “y creo que no está hoy en día en su espectro político tensarse con las fuerzas armadas”.
Por ello, declaró que los padres creen que finalmente se va a venir sacrificando el tema del esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa por su relación política con el Ejército.
Sin embargo, advirtió que los padres de los 43 no van a quitar el dedo del renglón y van a seguir exigiendo y pidiendo el pleno esclarecimiento de estos hechos y que haya justicia.
Añadió que es obligación del gobierno mexicano esclarecer el caso Ayotzinapa y que quien quede como presidente de la República en el próximo sexenio tendrá la obligación de esclarecer de manera plena los hechos “y en su momento nos tendremos que acercar con quien vaya a quedar como responsable del poder Ejecutivo para pedir compromisos claros y pleno esclarecimiento de los hechos”.
Informó que después del informe el GIEI, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fijaron su posición de que ya no se van a reunir con ninguna otra autoridad hasta que no se tenga una reunión con el presidente de la República, “porque el tema que vamos a abordar hoy en día con el gobierno es la información en poder del Ejército mexicano, que es información relevante que puede ayudar al esclarecimiento del caso y esa información que está en poder del Ejército, solamente lo podemos dialogar con el jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente.
“Por lo pronto no vamos a dialogar con nadie más y no vamos a tener respuesta de nadie más”.
Informó que desde que rindió su informe el GIEI solicitaron una reunión con el presidente de la República, López Obrador, pero que todavía no reciben respuesta y que sólo en una conferencia mañanera el presidente dijo que él no se va a reunir con los padres hasta que haya información relevante, “y como no hay información relevante, quién sabe cuándo nos reciba”.
Integrantes del Movimiento por la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la UAG, en la conferencia de prensa con la ex diputada de Morena, María de Jesús Cisneros: la catedrática de la UAG Silvia Alemán, el abogado Rubén Cayetano y los maestros Román Ibarra y Jorge Luis Urióstegui Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a no dejarse presionar por intereses que distorsionen los conceptos para desechar la impugnación contra el nombramiento como rector electo de Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García indicó que el 15 de junio se radicó el caso y se turnó a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, como Juicio Electoral Ciudadano 033/2023, por la anulación del proceso electoral que alteró la normalidad democrática de la institución educativa.
Explicó que la normalidad democrática debe ser inalterable y ésta se rompió, porque no hubo elección extraordinaria para culminar la gestión de 2021 a 2025 a través de un rector sustituto para el actual periodo. El nuevo periodo por el que fue electo Saldaña Almazán es de 2023 a 2027.
Proponen que se sancione que no hubo elecciones en 2021 y que se restablezca la periodicidad o normalidad democrática, para que, no habiendo elecciones en 2021, pueda haberlas en 2025, 2029, 2033 y así sucesivamente.
Cayetano García aclaró que la demanda expone un problema de legalidad, que no involucra el autogobierno, la educación, de investigación o presupuesto, por lo tanto, exhortaron a los magistrados “no dejarse presionar por intereses políticos aviesos, que distorsionan el concepto de autonomía para deshacer convenientemente (el juicio)”.
Asimismo, les piden a los magistrados que actúen “con absoluta y meridiana imparcialidad, porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la universidad, particularmente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica, probada en 2016 por el Congreso local”.
La ley orgánica que rige a la UAG establece que debe hacer elecciones extraordinarias si el rector electo se separara antes de los años de la gestión. Si se separa después de cumplidos dos años, el Consejo Universitario podría nombrar un rector en sustitución, para ir a elecciones ordinarias en el plazo de cuatro años.
El abogado señaló que, en referencia de la gestión universitaria, los sexenios de las gubernaturas sólo se modificaron en una ocasión para empatarse con los comicios federales, a partir de una reforma a la Constitución, no por decisión de grupos.
“Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer, para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero”.
Advirtió que si el tribunal deja pasar esta irregularidad, sentará un grave precedente para que cualquier persona altere las fechas de las elecciones universitarias, sin consecuencias.
Los promoventes del juicio porque en el proceso electoral les negaron el registro de candidaturas, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, respaldaron la representación de Cayetano García, como abogado y en su calidad de universitario honorario, al ser egresado de la institución educativa.
Alemán Mundo añadió que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a la UAG, que recibe 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto público. Además, que defender la legalidad no lesiona la autonomía, y que debido a esta exigencia, ha sufrido violencia política en razón de género.
Urióstegui Train denunció que grupos porriles están amenazando a los opositores que defienden la legalidad y un trabajador de la Facultad de Derecho, que no es consejero, lo agredió en la sesión Consejo Universitario, donde el grupo opositor fue a conocer la calificación de la elección.
Insistió en el uso político que el grupo hegemónico pretende dar al alumnado, como plataforma para ganar senadurías.
