Denuncian padres de una primaria de Acatepec la falta un maestro comisionado en la CETEG

El representante del comité de padres de familia de la primaria bilingüe Antonio Caso, ubicada en Tierra Blanca, municipio de Acatepec, Calixtro Espinoza Jesús denunció que el maestro José García Evaristo abandonó la institución para ocupar un cargo en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), por lo que 42 alumnos no tienen clases desde agosto.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Calixtro Espinoza explicó que a finales de agosto del año pasado, sin precisar la fecha, José García abandonó la primaria bilingüe Antonio Caso, sin previo aviso a los padres de familia, alumnos o directivos, para trasladarse a Chilpancingo en donde tiene un cargo en la CETEG, aunque tampoco precisó con qué representación.
Declaró que el jefe del sector 8, Agustín Díaz permitió que José García abandonara la primaria bilingüe sin el consentimiento de los directivos, lo que calificó como un acto irresponsable que demuestra “poco interés de parte de las autoridades, para garantizar la educación a los niños de la comunidad (Tierra Blanca)”.
Señaló que los padres de familia solicitaron ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que José García regrese a la escuela para atender a los 42 alumnos de primer año que dejó sin clases, o bien, que otro maestro se haga cargo del grupo, pero no obtuvieron respuesta.
Expresó que los alumnos ya perdieron más de la mitad del ciclo escolar, lo que preocupa a los padres de familia, quienes llamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que visite la comunidad de Tierra Blanca y atienda las necesidades de los habitantes, principalmente en el sector educativo.
Relató que además, en la telesecundaria de la comunidad también hacen falta maestros, aunque no precisó la situación en esa escuela, también pidió que se envíen a los profesores que son necesarios en los planteles.
Por último, dijo que si la SEG no envía al maestro que hace falta en la primaria bilingüe Antonio Caso, los padres de familia se verán obligados a manifestarse para exigir solución al problema, ya que las autoridades están violando el derecho de sus hijos a recibir educación pública y gratuita.

Propusieron un plan contra la roya y no les hicieron caso, denuncian caficultores

 

El asesor de la organización de caficultores de la unión de ejidos La Luz de La Montaña, Sabás Aburto Espinobarros, dijo que desde hace cuatro años la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) propuso un plan nacional de acciones contra la plaga de la roya y la broca, pero las autoridades federales y del estado hicieron caso omiso.
El martes pasado productores de café de la Costa Chica-Montaña mostraron un panorama desolador, y dijeron que en este año están cosechando el 10 por ciento del café que obtenían antes, a causa de la plaga de la roya.
En los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec, hay 10 mil 500 productores que trabajan alrededor de 9 mil hectáreas de plantas de café, en donde hace tres años eran cosechados entre 50 y 65 mil quintales, cada quintal pesa 92 kilos de café seco y molido.
En la cosecha de 2015 los productores sólo produjeron 25 mil quintales. Los productores venden el café seco y molido alrededor de 19.50 pesos.
El asesor indicó que la plaga de la roya y las lluvias fuera de temporada de finales del año pasado complicaron la cosecha de la semilla y al igual que los productores del municipio de Atoyac, en la región de la Costa Chica y Montaña hay riesgo de hambruna.
Indicó que desde hace cuatro años la CNOC que aglutina a más de 50 organizaciones de caficultores del país, entregó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un plan de acciones de combate de la plaga, pero la dependencia hizo caso omiso.
Explicó que la siembra de café para las comunidades ubicadas a unos mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar representa lo mismo que cultivar maíz, grano que compran con el dinero obtenido de la venta del café, y calificó de grave la situación de los campesinos de los municipios considerados de alta pobreza.
En declaraciones, Aburto Espinobarros dijo que desde 1984 los productores han sabido lidiar con las plagas de la roya, pero la plaga de la broca también mantiene preocupados a los caficultores de la región. La broca es un coleóptero curculiónido, un gorgojo, que mide de .7 a 2.2 milímetros de largo y corroe las semilla del café.
El 80 por ciento de los cultivos de café de la región, que es la más afectada por la plaga de la roya, se ubican por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, el 20 por ciento está por arriba de esa altura, y no fue tan afectada por la plaga; sin embargo, la pronta maduración de la semilla y las lluvias atípicas acabaron por tirar la producción.
Llamó a las autoridades federales y del estado a realmente atender el problema que enfrentan los caficultores en la región de la Costa Chica y Montaña, así como de los productores de las otras regiones, y entregar los apoyos económicos a las familias que viven de la cosecha del café, porque su situación de pobreza podría empeorar.
Se unió a la exigencia de la declaratoria de emergencia para recuperar sus sembradíos.

Informa la SCT que no entregó 5 mil televisores; por “algunos problemillas”, dice el delegado

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu informó que quedaron pendientes de entregar 5 mil televisores en tres municipios del estado, entre ellos Zitlala.
Al cuestionarlo sobre si los aparatos no se entregaron a causa de la inseguridad, el funcionario federal se limitó de a decir que “ha habido algunos problemillas de todo tipo”.
En declaraciones al salir del Foro de Comunicaciones, Transporte, Desarrollo Urbano y Vivienda, del Plan Estatal de Desarrollo, organizado por el gobierno del estado, informó que quedaron pendientes por entregar 5 mil televisores que otorgó el gobierno federal ante el cambio de señal analógica a digital, que se dio el 31 de diciembre.
Rodríguez Abreu indicó que los municipios de Ahuacotzingo y Zitlala, de la región Centro, y Acatepec, en la Montaña, son los tres donde no se terminaron de entregar los televisores que comenzaron a repartir en diciembre.
El funcionario federal indicó que tuvieron un problema con el transporte y a que a eso se debe el retraso. “Como todo fue una remesa que vinieron de varios estados no hubo tiempo de comunicar a toda la población para que asistiera”.
Agregó que son 5 mil los televisores que están en Acapulco y aún no tienen fecha para entregarlos a los beneficiarios. Tras señalar que han tenido problemillas de todo tipo, dijo que “hay de todo, pero definitivamente se van a entregar”.

Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Como un sueño, recuerda la niña la violación que sufrió en una comunidad de Acatepec



Fidel García Sánchez, indígena me’ phaá, se acomoda en el piso para comer pollo con mole en un cuarto del hospital Donato G. Alarcón, donde no hay sillas, pero la buena atención de los trabajadores disminuye su dolor y cansancio por la espera.
Fidel García es un indígena tlapaneco de la comunidad de Tierra Blanca, municipio de Acatepec.
Con ocho hijos, el hombre sigue confundido, triste y solo junto a su pequeña hija de 10 años, a quien los doctores le diagnosticaron lesiones por violación y derrame vaginal, por lo que estuvo en riesgo su vida.
La pequeña permanece acostada pero inquieta. De repente sonríe, aunque sus grandes ojos denotan una gran confusión, porque no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. No habla español y sólo interactúa con su papá, quien por lo menos la hace sonreír.
Fidel también se ve confundido de que alguien llegue a visitarlo, y desestima que el suceso trágico que sufrió su familia ya está en todos los periódicos.
Allí se informó que su hijo Epifanio violó a su hermana de 10 años. Por ese delito le fue librada una orden de aprehensión y será trasladado al Albergue Tutelar de Menores Infractores, según información que se proporcionó en el Ministerio Público del sector Renacimiento.
Tímido, Fidel comienza a platicar. Es campesino y siembra jamaica que vende cada fin de semana en el mercado de Ayutla de los Libres, donde vive su hermana Nidia. Y para llegar desde su comunidad tiene que viajar tres horas en camioneta.
Uno de esos viajes lo hizo la semana pasada, pero duró más tiempo de lo previsto pues salió de Tierra Blanca el jueves 11 de mayo y se llevó con él a su esposa Laura Díaz. En casa se quedaron cinco de sus ocho hijos al resguardo de Clementino, el mayor, de 22 años.
Fidel relató que Clementino se salió a un baile el sábado y regresó a las 12 de la noche. “Empezó a prender los focos” y se percató que el petate donde estaba acostada su hermana de 10 años tenía sangre. A la niña la levantaron y le preguntaron qué le había pasado. Ella no habló.
Ya el domingo, el padre le volvió a preguntar quién le había pegado.
Según Fidel, la menor le contó que soñó que alguien la golpeaba pero no vio a nadie con claridad, y después le dio sueño y se durmió.
Afirmó que esa noche su hijo Epifanio de 16 años se había quedado con ella.
Clementino le preguntó a Epifanio por qué le había pegado a su hermana, platica Fidel. Epifanio les aseguró que él no había hecho nada.
Cuando amaneció el hijo mayor consiguió un vehículo de alquiler con un maestro que vive en la comunidad para que trasladaran a la niña porque la vio muy mal.
Fidel aclaró que él no se percató de la gravedad de la agresión, sino que el propio Clementino lo alertó de que tenían que llevar a la niña a un hospital.
Así pagaron de Tierra Blanca a la comunidad de Calmane unos 500 pesos, “los cuales todavía debo”, menciona preocupado Fidel. Y desde ahí consiguieron otro vehículo que los llevó hasta Ayutla. Por el servicio particular tuvieron que comprometer el pago de otros mil pesos.
En Ayutla, Fidel hizo compras porque tenía pensado regresar a Tierra Blanca después de que revisaran a su hija, “pero no pensé que estaba tan mal”. Ahí Clementino le dijo que la niña se estaba muriendo y que sería trasladada a un hospital de Acapulco.
En Ayutla, Laura Díaz reclamó a su hijo Clementino y le exigió que le dijera lo que le pasó a su hija, pero éste le respondió que no sabía.
Narró que ese día llegó como a las 12 de la noche y ya estaba todo manchado de sangre.
Ya en Acapulco, desde que la niña fue atendida por las lesiones, Fidel ha permanecido solo y relató que los doctores le preguntaron si sabía qué pasó.
Le informaron que había sido violada y por ello le preguntaron quién había sido, a lo que él respondió lo que Clementino le dijo, que no vieron qué le había pasado a su hermanita.
Después llegaron los representantes del MP, quienes cuestionaron al padre y a la niña, pero por la dificultad de ésta para comunicarse le pidieron que hiciera un dibujo y así pudo revelar que Epifanio era el culpable de sus lesiones.
A pesar de que en la averiguación del MP se indica que la niña gritó y que el joven le tapó la boca y al terminar se salió de la habitación y “la desfloró y le desgarró feo la vagina”, el padre –también confundido por el hecho– asegura que la menor no fue clara en su declaración y que siempre ha dicho que en un sueño vio a Epifanio, pero nunca lo afirmó.
Con dificultad para expresarse, Fidel menciona que desconoce la situación de su hijo Epifanio, “yo pienso que mi hijo no fue. A Epifanio no lo he visto que hable con chavas. Ella nomás lo soñó. Yo no sé. El doctor dice que fue Epifanio, pero él había dicho: yo no fui. Y al recordar a su hijo rompió en llanto.
Ya calmado, el campesino señala que su hija ya no vivirá más en Tierra Blanca y que se quedará a vivir con su tía Nidia en Ayutla. Ella observa tranquila y sonríe cada vez que la trabajadora social le pregunta si quiere quedarse en Acapulco con ella.

Exigen a diputados intervenir en el caso de cobros excesivos de CFE en Acatepec

Envían denuncia a la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal. Las tarifas que pagan de 200 a 2 mil pesos bimestrales son una de las más altas del país, denuncian indígenas

Ciudadanos del municipio de Acatepec que pagan de entre 200 a 2 mil pesos bimensual                   por el servicio de energía eléctrica, exigieron la intervención de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuya el cobro.

A través de la Comisión de Autogestión del Municipio de Acatepec, que integraron para gestionar la disminución de las tarifas –pues la que ellos pagan podría ser de las más altas del país– los indígenas de ese municipio han solicitado desde 2002 que se establezca un cobro de 20 a 40 pesos bimensual, “pues no tenemos aparatos que consuman mucha luz y la mayoría ocupamos sólo de dos a tres focos”, señalan en uno de los documentos enviados a los titulares de la CFE.

Y es que su inconformidad la plantearon primero ante la CFE, pero no fueron atendidos y ahora demandan la intervención de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados, que presiden los diputados federales                   guerrerenses Andrés Manzano e Irma Figueroa.

Uno de los integrantes de la Comisión de Autogestión, el ex alcalde de Acatepec, Antonio González García, denunció que las tarifas por el servicio de energía eléctrica son de las más altas del país, lo que calificó como “xenofobia”, “exclusión” y “racismo” por parte de la CFE.

El dirigente indígena informó que el problema está en 19 comunidades del municipio de Acatepec, y citó ejemplos que se dieron en los últimos bimestres.

Dijo que en la comunidad de Plan Ojo de Agua, el indígena Lorenzo García Bartolo el bimestre anterior pago 87 pesos, mientras que el que se venció en abril fue de mil 885 pesos. Otro caso es el del indígena Alberto Crisóstomo Cruz, quien el bimestre anterior pagó 98 pesos y el que se venció el mes de abril el recibo le llegó de mil 149 pesos. También citó el caso del indígena Prisciliano Sierra Juan, quien en el recibo anterior pago 33 pesos, pero el actual le llegó con una cantidad de mil 379 pesos.

Casos similares hay 11 sólo en la comunidad de Plan Ojo de Agua, y en 19 comunidades más.

Los reportes de los aumentos a la tarifa –según González García– fueron turnados primero al subcoordinador de distrito de la CFE, con sede en Tlapa, Bernabé Víctor Cisneros Saavedra, posteriormente acudieron con el superintentende general, con sede en Chilpancingo, Germán Moreno Montoya, y al no encontrar respuesta fueron con el gerente de la División Centro Sur, con sede en Cuernavaca, Morelos Víctor Félix Beltrán, pero en ninguna de esas instancias los atendieron, “y por el contrario fueron inclementes con nosotros; nos dijeron que no había de otra, que teníamos que pagar”.

Debido a ello el caso lo llevaron a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados.

Los indígenas exigen que se establezca una tarifa de 20 a 40 pesos, pues aseguran que no consumen más de lo necesario: “por nuestra pobreza no tenemos aparatos y lo más que consumimos es para dos o tres focos”, dicen en su escrito a los diputados Javier Manzano Salazar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Irma Figueroa, presidenta de la Comisión de Energía.

“Siendo gente indígena no nos pueden robar impunemente, por lo que este problema merece un tratamiento especial. Nuestra propuesta a la CFE es que paguemos de 20 a 40 pesos como máximo bimensualmente, pues que no tenemos ingresos permanentes, sólo cuando salimos a trabajar de jornaleros a otras partes del país”, señala González García en un documento que le envió al diputado Manzano Salazar, el 14 de mayo.

En el documento se anexan copias de los recibos de la CFE                   con los que se comprueba que las tarifas no son iguales para todos casos, aun cuando se asegura que el consumo es aproximadamente igual.

Se cita por ejemplo el caso del señor Fructuoso Cortés Alvino, quien en el bimestre que pagó en enero le llegó el recibo de 27 pesos, mientras que en otro de los casos, el señor Esteban Cortés Alvino, hermano del primero y quien tiene los mismos focos y los mismos aparatos eléctricos le llegó de 227 pesos el mismo bimestre.

Exigen a diputados intervenir en el caso de cobros excesivos de CFE en Acatepec

 Envían denuncia a la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal. Las tarifas que pagan de 200 a 2 mil pesos bimestrales son una de las más altas del país, denuncian indígenas

 Ciudadanos del municipio de Acatepec que pagan de entre 200 a 2 mil pesos bimensual  por el servicio de energía eléctrica, exigieron la intervención de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuya el cobro.

A través de la Comisión de Autogestión del Municipio de Acatepec, que integraron para gestionar la disminución de las tarifas –pues la que ellos pagan podría ser de las más altas del país– los indígenas de ese municipio han solicitado desde 2002 que se establezca un cobro de 20 a 40 pesos bimensual, “pues no tenemos aparatos que consuman mucha luz y la mayoría ocupamos sólo de dos a tres focos”, señalan en uno de los documentos enviados a los titulares de la CFE.

Y es que su inconformidad la plantearon primero ante la CFE, pero no fueron atendidos y ahora demandan la intervención de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados, que presiden los diputados federales   guerrerenses Andrés Manzano e Irma Figueroa.

Uno de los integrantes de la Comisión de Autogestión, el ex alcalde de Acatepec, Antonio González García, denunció que las tarifas por el servicio de energía eléctrica son de las más altas del país, lo que calificó como “xenofobia”, “exclusión” y “racismo” por parte de la CFE.

El dirigente indígena informó que el problema está en 19 comunidades del municipio de Acatepec, y citó ejemplos que se dieron en los últimos bimestres.

Dijo que en la comunidad de Plan Ojo de Agua, el indígena Lorenzo García Bartolo el bimestre anterior pago 87 pesos, mientras que el que se venció en abril fue de mil 885 pesos. Otro caso es el del indígena Alberto Crisóstomo Cruz, quien el bimestre anterior pagó 98 pesos y el que se venció el mes de abril el recibo le llegó de mil 149 pesos. También citó el caso del indígena Prisciliano Sierra Juan, quien en el recibo anterior pago 33 pesos, pero el actual le llegó con una cantidad de mil 379 pesos.

Casos similares hay 11 sólo en la comunidad de Plan Ojo de Agua, y en 19 comunidades más.

Los reportes de los aumentos a la tarifa –según González García– fueron turnados primero al subcoordinador de distrito de la CFE, con sede en Tlapa, Bernabé Víctor Cisneros Saavedra, posteriormente acudieron con el superintentende general, con sede en Chilpancingo, Germán Moreno Montoya, y al no encontrar respuesta fueron con el gerente de la División Centro Sur, con sede en Cuernavaca, Morelos Víctor Félix Beltrán, pero en ninguna de esas instancias los atendieron, “y por el contrario fueron inclementes con nosotros; nos dijeron que no había de otra, que teníamos que pagar”.

Debido a ello el caso lo llevaron a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Energía de la Cámara de Diputados.

Los indígenas exigen que se establezca una tarifa de 20 a 40 pesos, pues aseguran que no consumen más de lo necesario: “por nuestra pobreza no tenemos aparatos y lo más que consumimos es para dos o tres focos”, dicen en su escrito a los diputados Javier Manzano Salazar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Irma Figueroa, presidenta de la Comisión de Energía.

“Siendo gente indígena no nos pueden robar impunemente, por lo que este problema merece un tratamiento especial. Nuestra propuesta a la CFE es que paguemos de 20 a 40 pesos como máximo bimensualmente, pues que no tenemos ingresos permanentes, sólo cuando salimos a trabajar de jornaleros a otras partes del país”, señala González García en un documento que le envió al diputado Manzano Salazar, el 14 de mayo.

En el documento se anexan copias de los recibos de la CFE                   con los que se comprueba que las tarifas no son iguales para todos casos, aun cuando se asegura que el consumo es aproximadamente igual.

Se cita por ejemplo el caso del señor Fructuoso Cortés Alvino, quien en el bimestre que pagó en enero le llegó el recibo de 27 pesos, mientras que en otro de los casos, el señor Esteban Cortés Alvino, hermano del primero y quien tiene los mismos focos y los mismos aparatos eléctricos le llegó de 227 pesos el mismo bimestre.

Acusan al cura de Zapotitlán y Acatepec de matar a golpes a un indígena en 1995

 

 El párroco Adrián Ramírez Ventura ha señalado por golpear a campesinos, cobrar tarifas elevadas por servicios religiosos y emborracharse antes de oficiar misa, y aún así el gobierno estatal no ha procedido a expulsarlo del pueblo, denuncia ex alcalde en un documento

 Zacarías Cervantes Chilpancingo A pesar de que el sacerdote que oficia en Zapotitlán Tablas y Acatepec, Adrián Ramírez Ventura, ha sido acusado de golpear a indígenas, e incluso en 1995 uno de ellos falleció por los golpes, y que el cabildo y las autoridades comunales que fungían ese periodo acordaron expulsarlo, a la fecha el ministro sigue oficiando en ambos municipios.

Las irregularidades y atropellos que ha cometido el clérigo datan de 1993, cuando llegó a los municipios de Zapotitlán y Acatepec, según se detalla en una minuta de acuerdos que firmaron en 1996 los integrantes del cabildo, presidido por Antonio González García, así como representantes de Bienes Comunales y 172 “principales” del municipio de Acatepec.

En dicho documento se señala que en octubre de 1995, el sacerdote Ramírez Ventura golpeó “salvajemente” al campesino Rafael Santiago Marcelino, quien posteriormente falleció a consecuencia de los golpes en la comunidad de El Llano, municipio de Acatepec.

Se indica que, también en estado de ebriedad, golpeó “salvajemente” en 1996 al indígena Angelito Toribio, en la comunidad de Barranca Piña, también de ese municipio.

El clérigo es acusado, asimismo, por el ex presidente municipal Antonio González de tener una adeudo con la comuna que presidió en el trienio de 1993 a 1996, de 8 mil pesos.

Según el ex alcalde, el sacerdote pidió el dinero prestado para el obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, para una supuesta obra, pero dijo que el recurso nunca fue devuelto.

Otras de las quejas en contra del párroco es que desde el púlpito agrede verbalmente a las autoridades municipales y a sus propios feligreses, a quienes califica de “ignorantes pendejos”.

Debido a ello, los integrantes del cabildo, presidido por González García, así como las autoridades comunales y 172 “principales” de los pueblos acordaron expulsarlo de su demarcación en marzo de 1996, pero el párroco sigue en la región y cometiendo arbitrariedades, dijo González García.

El la minuta de acuerdos se señala que el clérigo Ramírez Ventura, cuando visita las localidades, “antes de oficiar misa se embriaga con los fiscales, mayordomos y con los principales, y ya en estado de embriaguez pierde totalmente el sentido y en forma descontrolada lanza una serie de improperios, insultos, palabras obscenas, y en ocasiones ha llegado hasta a golpear a los fiscales, principales o mayordomos”.

En el documento se agrega que en 1994, el religioso agredió verbalmente e intentó golpear al entonces presidente municipal Antonio González García, pero que intervino la Policía Municipal.

Otro de los señalamientos es que Ramírez Ventura no tiene una tarifa fija por sus servicios, pues las misas, los bautizos y confirmaciones “las cobra a su antojo”, desde 30 y hasta 200 pesos, “aunque a veces sólo balbucea palabras que no se entienden por su estado de embriaguez”.

El ex alcalde González García informó que ya en el 2000, Ramírez Ventura provocó un conato de violencia al tratar de apropiarse por la fuerza del templo mayor de Acatepec, mientras que en 2002 corrió a los misioneros Clariteanos que hacen trabajo social en las comunidades de ese municipio.

“Estos misioneros entraron en conflicto con el señalado sacerdote y con el obispo de Tlapa, pero la gente de las comunidades luchó porque los misioneros se quedaran en las localidades de Yerba Santa y Plan de Gatica”, dijo el ex alcalde.

Indicó que a pesar de que estas denuncias se presentaron en su momento ante el gobierno estatal, ante el obispo Alejo Zavala, a la Secretaría de Gobernación y ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “nuestros documentos fueron a dar al cesto de la basura, el gobierno no quiere un enfrentamiento con el obispado de La Montaña, por lo que la gente de Acatepec ha tenido que tragarse su coraje e indignación”.

Acusan al cura de Zapotitlán y Acatepec de matar a golpes a un indígena en 1995

El párroco Adrián Ramírez Ventura ha señalado por golpear a campesinos, cobrar tarifas elevadas por servicios religiosos y emborracharse antes de oficiar misa, y aún así el gobierno estatal no ha procedido a expulsarlo del pueblo, denuncia ex alcalde en un documento

 Zacarías Cervantes Chilpancingo A pesar de que el sacerdote que oficia en Zapotitlán Tablas y Acatepec, Adrián Ramírez Ventura, ha sido acusado de golpear a indígenas, e incluso en 1995 uno de ellos falleció por los golpes, y que el cabildo y las autoridades comunales que fungían ese periodo acordaron expulsarlo, a la fecha el ministro sigue oficiando en ambos municipios.

Las irregularidades y atropellos que ha cometido el clérigo datan de 1993, cuando llegó a los municipios de Zapotitlán y Acatepec, según se detalla en una minuta de acuerdos que firmaron en 1996 los integrantes del cabildo, presidido por Antonio González García, así como representantes de Bienes Comunales y 172 “principales” del municipio de Acatepec.

En dicho documento se señala que en octubre de 1995, el sacerdote Ramírez Ventura golpeó “salvajemente” al campesino Rafael Santiago Marcelino, quien posteriormente falleció a consecuencia de los golpes en la comunidad de El Llano, municipio de Acatepec.

Se indica que, también en estado de ebriedad, golpeó “salvajemente”               en 1996 al indígena Angelito Toribio, en la comunidad de Barranca Piña, también de ese municipio.

El clérigo es acusado, asimismo, por el ex presidente municipal Antonio González de tener una adeudo con la comuna que presidió en el trienio de 1993 a 1996, de 8 mil pesos.

Según el ex alcalde, el sacerdote pidió el dinero prestado para el obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro, para una supuesta obra, pero dijo que el recurso nunca fue devuelto.

Otras de las quejas en contra del párroco es que desde el púlpito agrede verbalmente a las autoridades municipales y a sus propios feligreses, a quienes califica de “ignorantes pendejos”.

Debido a ello, los integrantes del cabildo, presidido por González García, así como las autoridades comunales y 172 “principales” de los pueblos acordaron expulsarlo de su demarcación en marzo de 1996, pero el párroco sigue en la región y cometiendo arbitrariedades, dijo González García.

El la minuta de acuerdos se señala que el clérigo Ramírez Ventura, cuando visita las localidades, “antes de oficiar misa se embriaga con los fiscales, mayordomos y con los principales, y ya en estado de embriaguez pierde totalmente el sentido y en forma descontrolada lanza una serie de improperios, insultos, palabras obscenas, y en ocasiones ha llegado hasta a golpear a los fiscales, principales o mayordomos”.

En el documento se agrega que en 1994, el religioso agredió verbalmente e intentó golpear al entonces presidente municipal Antonio González García, pero que intervino la Policía Municipal.

Otro de los señalamientos es que Ramírez Ventura no tiene una tarifa fija por sus servicios, pues las misas, los bautizos y confirmaciones “las cobra a su antojo”, desde 30 y hasta 200 pesos, “aunque a veces sólo balbucea palabras que no se entienden por su estado de embriaguez”.

El ex alcalde González García informó que ya en el 2000, Ramírez Ventura provocó un conato de violencia al tratar de apropiarse por la fuerza del templo mayor de Acatepec, mientras que en 2002 corrió a los misioneros Clariteanos que hacen trabajo social en las comunidades de ese municipio.

“Estos misioneros entraron en conflicto con el señalado sacerdote y con el obispo de Tlapa, pero la gente de las comunidades luchó porque los misioneros se quedaran en las localidades de Yerba Santa y Plan de Gatica”, dijo el ex alcalde.

Indicó que a pesar de que estas denuncias se presentaron en su momento ante el gobierno estatal, ante el obispo Alejo Zavala, a la Secretaría de Gobernación y ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, “nuestros documentos fueron a dar al cesto de la basura, el gobierno no quiere un enfrentamiento con el obispado de La Montaña, por lo que la gente de Acatepec ha tenido que tragarse su coraje e indignación”.