Llama el Centro Morelos a la federación y al estado a detener “la espiral de violencia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), exigió ayer a los gobiernos federal y estatal que ya detengan la espiral de violencia “que sigue enlutando decenas de hogares” en la entidad.
Pidió una investigación “pronta y expedita” para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales del asesinato del profesor Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la profesora Guadalupe Guzmán Cano, hecho ocurrido la noche del miércoles en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“La violencia es como una noche en la cual no se ve la luz del amanecer, mientras que la muerte cabalga a lo largo y ancho del estado de Guerrero, las autoridades siguen sin la voluntad de hacer algo contundente para detener o cuando menos inhibir la violencia”, manifestó el organismo en un comunicado.

En Chilapam la violencia “a la orden del día”

Se refirió a la situación que se vive en Chilapa, “donde la violencia ha estado siempre presente; las ejecuciones y desapariciones siguen a la orden del día, algunas se denuncian, otras se callan por miedo”.
El organismo recordó el homicidio de tres mujeres ocurrido el 6 de enero en el barrio de El Calvario de Chilapa, “sin que hasta el momento se sepa quiénes cometieron este crimen.
“Como Centro Morelos repudiamos todos los hechos sangrientos que siguen ocurriendo en las diferentes regiones del estado”.
Habló del caso más reciente ocurrido en la zona: el asesinato del expresidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la maestra Guadalupe Guzmán Cano cerca de la comunidad de Atempa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“Centro Morelos conocimos al maestro Marcelino y siempre se mostró accesible, sensible y muy solidario con las personas a quienes acompañábamos y que eran víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos, asesinados, fueran o no de su municipio”.
El Centro Morelos lo recordó como un hombre que siempre apoyaba las causas nobles y honestas, “y pudimos darnos cuenta de que contaba con la simpatía de la mayoría de las comunidades de Atlixtac”.
Marcelino, quien era originario de Huitzapula, según el comunicado del Centro Morelos, fue desde niño muy trabajador “y sufrió mucho trabajando como ayudante de albañil”, debido a que sus padres eran maestros pero no les alcanzaba el dinero porque tuvo muchos hermanos y él fue el mayor”.
Agregó que con su propio esfuerzo estudio para maestro y decidió incursionar en la política partidista (fue en dos ocasiones presidente municipal de Atlixtac por el PRD), “al ver que la gente necesitaba mucha ayuda”.
El Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal “que ya detengan esta espiral de violencia que sigue enlutando decenas de hogares”.
Asimismo, que se realice una investigación pronta y expedita para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de su asesinato y el de su esposa.
Ademan, pidió el cumplimiento de la Recomendación 171/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de 171 familias desplazadas que acompaña y representa el Centro Morelos dándoles la reubicación y la reparación integral del daño.
Se pronunció, además, porque “se deje de deslegitimar el trabajo de los organismos civiles de derechos humanos que acompañan y representan a la mayoría de madres y padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

 

“Queda claro que el gobierno ha sido rebasado por el crimen”: Grupo ACA

 

Redacción

La asociación Grupo ACA, exigió a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda acciones concretas en materia de seguridad, porque “queda claro que las autoridades han sido rebasadas por el crimen, es preocupante que solo estén a reacción de los delincuentes”.
En un pronunciamiento realizado por la asociación civil que integra a empresarios, y profesionistas de Acapulco, expresó su “profunda preocupación ante la alarmante situación de inseguridad que prevalece en nuestro Estado de Guerrero principalmente en Acapulco”.
En un documento enfatiza: “es imperativo que nuestras voces se alcen para exigir a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), quien preside la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, en conjunto con los tres niveles de gobiernos y demás autoridades, acciones concretas en materia de seguridad”.
Lo anterior, por la parálisis del transporte público desde el jueves pasado, por las amenazas que sufrieron los choferes del transporte en la ciudad por parte de grupos criminales, así como el incendio de una combi del servicio público en el poblado de La Poza, y el ataque a un chofer a balazos quien quedó herido en el Fraccionamiento Hornos, y el ataque a un sitio de taxis en la colonia Icacos.
“Con estas acciones de inseguridad queda claro que las autoridades han sido rebasadas por el crimen, es preocupante que solo estén a reacción de los delincuentes y no específicamente para atender el problema que es la inseguridad, falta de estrategias, inteligencia y acciones en políticas públicas de seguridad enfocadas en garantizar la economía y paz social”.
La organización señaló que los niveles de violencia e inseguridad que afectan a Guerrero “son inaceptables, las autoridades en materia de seguridad, han sido superadas, por los hechos delictivos que acontecen diariamente”.
“Exigimos a las autoridades, que pongan en marcha acciones inmediatas y efectivas para combatir la inseguridad. Es fundamental que se intensifiquen las labores de estrategias de seguridad pública, los nulos resultados por la fiscalía como la persecución, investigación y procuración de justicia, y al no hacerlo, se llama corrupción, en consecuencia dejamos en estado de indefensión a las víctimas y no tenemos justicia para los gobernados”.
Agrega que “no se puede seguir experimentando en los temas de seguridad” y se solicitó a expertos en la materia para analizar las estrategias de seguridad pública implementadas por el gobierno federal y adoptadas por el gobierno estatal, de lo contrario seguirá incrementado la violencia y delitos de alto impacto”.
Se indica que es necesario analizar de fondo estas estrategias, e incluso cambiar a los servidores públicos que están a cargo de las instituciones de seguridad  y poner a perfiles con conocimiento en seguridad y procuración de justicia, “las autoridades están obligadas a dar resultado tangibles”.
Grupo ACA afirmó que “es evidente la omisión de las autoridades en esta grave situación. No podemos permitir que la impunidad y la falta de acción continúen lacerando a los ciudadanos. La seguridad debe ser la prioridad absoluta de quienes ocupan cargos públicos y de quienes están encargados de hacer cumplir la ley para vivir en un Estado de Derecho”.
“No es suficiente con discursos vacíos y promesas incumplidas; los ciudadanos requerimos observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero. Con determinación, alzamos la voz contra la inseguridad en Guerrero para ver resultados concretos y tangibles que devuelvan la paz y la tranquilidad a nuestra ciudadanía, exigiendo a las autoridades actúen de manera decidida y efectiva para restablecer la paz en Guerrero, queremos vivir en paz”, remarcaron.

 

Llama grupo priista a “encender alarmas” institucionales ante inseguridad en la entidad

La organización priista Por un Mejor Guerrero, consideró que la violencia que se vive en Guerrero debería encender “todas las alarmas institucionales” a nivel federal, estatal y municipal, y reconsiderar las estrategias en materia de seguridad.
La agrupación que preside el ex secretario general del PRI, Raúl Salgado Leyva, emitió un pronunciamiento relacionado con la violencia en la entidad, que suscribe como vocero de la agrupación, el ex alcalde priista de Quechultenango, Elpidio Pacheco Rosas.
Refiere que los municipios de Petatlán, Heliodoro Castillo, Taxco de Alarcón, Chilapa, Tlapa, Acapulco, Chilpancingo y otros municipios más, “viven momentos de angustia y preocupación, lo que debería encender todas las alarmas institucionales a nivel federal, estatal y municipal, para que reconsideren las estrategias en materia de seguridad y emprendan una cruzada extraordinaria que permita salvaguardar la vida y la integridad física de los habitantes de todo nuestro territorio”.
Considera que este “lamentable panorama”, debe obligar a los gobernantes a establecer un plan emergente con la intervención decidida de todas las instituciones, “ya que, han transcurrido varios años de promesas incumplidas de que a estas alturas estaríamos viviendo en un México próspero y en paz”.
La agrupación agrega que se entiende que son tiempos electorales, “sin embargo, es una conducta inaceptable otorgar más tiempo e importancia a la lucha por el poder, que a la responsabilidad constitucional de velar por los intereses de la nación”.
La Asociación Civil Por un Mejor Guerrero, hace un llamado “enérgico” a todos los partidos políticos “para que asuman una actitud responsable, ética y patriótica en la toma de decisiones internas para que, en la nominación de candidatos, prevalezcan los perfiles de mayor garantía en rectitud y fortaleza moral, abandonando las viejas y dañinas prácticas que han lastimado sensiblemente a nuestra vida democrática”.
Asimismo, expresó “sus más profundas condolencias” a todos los guerrerenses que han sufrido la pérdida de un ser querido, a causa de esta “incontenible ola de violencia, que a últimas fechas ha azotado a nuestro querido estado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

El Congreso local revisa solicitudes de licencia de autoridades que buscan candidaturas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Mosso Hernández, informó que el último día de actividades en el Congreso local, el año pasado, con la Coordinación de Servicios Parlamentarios, revisaban dictámenes de licencias de servidores públicos que buscan candidaturas a alcaldes o diputados locales.
En consulta telefónica indicó que la Mesa Directiva recibió solicitudes de licencia de la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba; del de Tecpan de Galeana, Yair Deloya Díaz, y de la regidora de Tlapa, Diana Lizbeth Campos Campos, los cuales se adelantaron en turno a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su seguimiento en la primera o segunda sesión de este año.
Consideró que será prioridad en la Comisión para que estén dentro de los plazos que marca la norma electoral.
Sobre licencias de diputados, como la que se dio a conocer ayer, de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, Mosso Hernández precisó que hay una reforma en la Ley orgánica del Congreso local, para que sus oficios tengan efectos automático, sin que hayan pasado a aprobación por el pleno.
Esto, porque el IEPC señala como plazo límite para separarse de los cargos públicos un día antes del lapso que duren las precampañas, del 2 de enero al 10 de febrero para la elección de diputados locales, y del 16 de enero al 10 de febrero para ayuntamientos.
Del anuncio de licencia que informó hace unos días la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, para participar en la contienda interna de Morena al senado, indicó que se hizo oficial con su declaración ante medios de comunicación, y seguirá el proceso a través de la Comisión de Asuntos Legislativos. Estimó que el lunes estarán recibiendo la mayor parte de las solicitudes de licencia.
“Están en tiempo, de cierta forma, (porque la ley) obligaba a aquellos que manejan presupuestos a pedir permiso definitivo o temporal, y licencias”.  Señaló que hay otro margen para los permisos o licencias a partir de marzo.
Aclaró que los tiempos son variados en cada partido. Por ejemplo, en el PT, al que pertenece, en tanto no inicie su proceso interno, quienes sean funcionarios tiene espacio para pedir licencia.
Subrayó que prácticamente esto es a partir de marzo, solo que algunos que tienen procesos internos como Morena, que ya lanzó convocatorias, o el PRD y el PRI, que han hecho pronunciamientos a través de sus asambleas. (Redacción con información de Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Firma Evelyn Salgado decreto para regular construcciones en la franja costera del estado

 

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmó el Decreto de los Nuevos Lineamientos para la Construcción en la Franja Costera del Estado de Guerrero, en el que se establecen las directrices del marco regulador, normativo y jurídico para la edificación de inmuebles, así como la reconstrucción de los ya existentes.
Este jueves, en un acto privado al que fueron convocados autoridades estales, municipales y empresarios, la gobernadora firmó el decreto. En su mensaje señaló que la corrupción del pasado tiene responsabilidad en la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco hace 51 días.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que en la elaboración del documento participaron “autoridades de los tres niveles de gobierno, así como el sector constructor de la iniciativa privada y expertos en el tema, para generar procesos óptimos en el tema de desarrollo urbano y protección civil”.
En el texto difundido por el gobierno del estado se indica que el decreto prevé “el uso de materiales y procesos de construcción adaptados para soportar condiciones extremas, como vientos de alta velocidad, implementación de medidas de protección estructural en edificaciones, incluyendo persianas resistentes y sistemas de protección contra impactos, promoción de prácticas de construcción sostenibles para minimizar el impacto ambiental en ecosistemas marinos y costeros, así como un enfoque en el diseño y construcción que incluya la adaptación y mitigación frente al cambio climático y desastres naturales”.
También considera como prioridad “la seguridad de los habitantes mediante la construcción de baños reforzados con la exigencia de muros y techumbres que puedan funcionar como refugios de emergencia, la construcción de refugios en hoteles, hospitales, mercados y centros comerciales. También la actualización obligatoria de planes de desarrollo y atlas de riesgo, para una efectiva planificación urbana y gestión de riesgos”.
La firma y presentación del decreto se realizó en privado y por la tarde se difundieron imágenes y el boletín de prensa. De acuerdo con ese texto, en su mensaje la gobernadora enfatizó que se trata de un decreto en el que se establecen estándares para construcciones capaces de resistir fenómenos naturales perturbadores, así como directrices para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, poniendo énfasis en la selección de materiales y métodos de construcción.
Además de promover prácticas sostenibles que prioricen la seguridad de los habitantes y la reducción del impacto ambiental. Evelyn Salgado, también señaló la corrupción del pasado influyó “el nivel de devastación que tuvo Otis” en el municipio, por “la forma en que se estaban construyendo los edificios y el tipo de material que se utilizó, además de actos de corrupción que se presentaron en el pasado” .
En su intervención la alcaldesa, Abelina López Rodríguez respaldó el decreto presentado por la gobernadora: “Suscribo de corazón el futuro y abrazo de corazón la iniciativa ciudadana gobernadora, me sumo a la iniciativa”.
Destacó el trabajo que se realiza entre los diferentes actores para lograr que Acapulco y Coyuca de Benítez puedan recuperarse.
A la presentación del decreto asistieron las secretarias de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel; de Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, y el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo.
También los alcaldes de San Marcos, Tomás Hernández Palma; de Tecpan, Jesús Yasir Deloya Díaz; de Coyuca de Benítez , Ossiel Pacheco Salas; de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec; de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez; de Cuajinicuilapa, Eduardo Miguel Paz Rojas, y de Copala, Guadalupe García Villalba.
Asisitieron además el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán; la secretaria de Desarrollo Urbano de Acapulco, Luz María Meraza Radilla; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Francisco Sevilla; el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Aheta), Alejandro Domínguez Aveleyra, así como el presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Enrique Castro Soto. (Redacción).

 

Avala el Trife que el nuevo municipio Ñu Saavi se rija por usos y costumbres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), aprobó con dos votos a favor y uno en contra, previa discusión de motivos, que el municipio indígena Ñu Saavi elija a sus autoridades por sistemas normativos propios, conocidos como usos y costumbres.
En sesión pública, con el proyecto del magistrado Luis Ceballos Daza, se revocó el acuerdo impugnado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), donde se planteaba que en el proceso electoral 2023-2024, Ñu Saavi llevaría a cabo su elección a través del sistema de partidos. La sentencia reconoce que el municipio realizará la elección bajos sus sistemas normativos, y ordena al órgano local a brindar asesoría y coadyuvancia en la nueva elección.
Explica que, de manera preliminar consideró justificada la necesidad de que esta Sala Regional resolviera el medio de impugnación vía salto de instancia, dado que el proceso electoral en Guerrero inició desde el 8 de septiembre, hace tres meses, y resultaba pertinente definir sin más dilación el sistema por el cual el municipio elegirá a sus autoridades.
Coincidió con los inconformes, en que la solicitud ante el IEPC debió conocerse desde una perspectiva intercultural, en el ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, y que la comunidad nunca solicitó el cambio de sistema electivo, como evaluó la petición el órgano electoral.
Asimismo, dice que en el decreto de creación del municipio como el de designación del Ayuntamiento instituyente, en ningún momento se estableció el sistema de partidos como mecanismo de elección.
“Por el contrario, el decreto de creación del municipio, y el decreto de creación de las personas que integrarían el Ayuntamiento instituyente, arrojaban elementos que permitían visualizar que las comunidades contaban con la preexistencia de sistemas normativos propios y autoridades tradicionales que permitían su continuidad”.
Precisó que la solicitud es “extraordinaria” ante la creación de un nuevo municipio escindido del de Ayutla de los Libres, y no de un municipio existente que ya tuviera un sistema previamente establecido para cambiar uno por el otro. Por lo tanto, era incorrecto que el IEPC determinará que la solicitud correspondía a un cambio de sistema electivo.
Con reconocimiento a “la voluntad de las autoridades del municipio como la preexistencia de su sistema normativo interno”, y valorando “la excepcionalidad y particularidades del caso”, reconoce que el municipio de nueva creación daría continuidad a su sistema de elección.
El magistrado Luis Enrique Rivero Cabrera, que votó en contra, opinó que esta sentencia se desmarca del juicio 133, que precede este caso, cuando autoridades comunitarias de Ñu Saavi demandaron al Congreso de Guerrero la designación de las personas que conforman al ayuntamiento instituyente.
Recordó que en aquella ocasión, reflexionaron sobre los pasos establecidos en la Ley electoral local y en el reglamento del IEPC, para implementar en el nuevo ayuntamiento, el sistema normativo.
Destacó “el esfuerzo destacado” de aquella propuesta para marcar las pautas de la elección por sistemas normativos, y no apoyó la modificación que se hizo ahora para definir el sistema electivo, que además estaría fuera del plazo de 90 días para hacer modificaciones a las reglas del proceso electoral.
Consideró que la “cuestión de excepcionalidad, por la creación de nuevo municipio, desde mi punto de vista no alcanza para sobrepasar, por eso decía, es la razón más fuerte”.
Además, estimó que el IEPC hizo una interpretación de lo que resolvió la sala en la sentencia 133 para fijar una postura, y en lo que el tribunal electoral local en su momento.
Recordó que el Comité Gestor en el juicio 133, pidió la creación del municipio instituyente, para poder cambiar el modelo de elección, al sistema normativo propio, y en ese sentido respondió el instituto.
El ponente, Ceballos Daza, aclaró que, más en la cuestión procesal, las reflexiones y la lógica de la resolución, responden al mandato del artículo segundo constitucional, de cara a los derechos de los pueblos originarios en México, que ha sido soporte sólido para la Sala Superior.
“El autogobierno comprende el reconocimiento y defensa de los pueblos para elegir a sus autoridades acorde con sus usos y costumbres, respetando los derechos humanos de sus integrantes”.
Enfatizó la excepcionalidad del caso, al ser municipio de nueva creación, para hacer prevalecer el sistema normativo interno, “no estamos en un sistema de solicitud de cambio de 30 de las 37 comunidades que hicieron este planteamiento”.
Entendió que su homólogo señaló el principio de certeza de la elección, pero insistió que la propuesta no es de transformación, sino de reconocimiento de derechos, como establece la constitución y los convenios internacionales.
La presidenta de la Sala, María Silva Rojas, compartió el proyecto que calificó como “bondadoso” porque atiende la necesidad del pueblo Ñu Saavi”, en el reconocimiento de su contexto histórico y la naturaleza de sus comunidades.
Recordó que sus comunidades eran parte de Ayutla de Los Libres, y participaron en el largo proceso de cambio del sistema electivo, de 2015 a 2018.
Su condición, los obliga a ver de qué manera se entrelazan el derecho legislado y los sistemas propios que rigen a las comunidades indígenas.
Coincidió en que, si los decretos del Congreso local no señalan expresamente el sistema de partidos para el nuevo municipio, no se puede interpretar como exclusivo, porque “hay otros sistemas perfectamente válidos y que están en varias jurisprudencias”.
Como dijo Rivera Cabrera, aceptó que hay diferentes resultados posibles, “pero este es el resultado con perspectiva intercultural”.
También señaló la necesidad de atender el contexto práctico y social en que viven las comunidades, para conservar lo que lograron con el cambio de sistema electivo en Ayutla, que se rige por sistema normativo interno, y se evitan fricciones, que se siguen viendo como intervenciones del Estado.

 

Avala el Trife que el nuevo municipio Ñu Saavi se rija por usos y costumbres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), aprobó con dos votos a favor y uno en contra, previa discusión de motivos, que el municipio indígena Ñu Saavi elija a sus autoridades por sistemas normativos propios, conocidos como usos y costumbres.
En sesión pública, con el proyecto del magistrado Luis Ceballos Daza, se revocó el acuerdo impugnado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), donde se planteaba que en el proceso electoral 2023-2024, Ñu Saavi llevaría a cabo su elección a través del sistema de partidos. La sentencia reconoce que el municipio realizará la elección bajos sus sistemas normativos, y ordena al órgano local a brindar asesoría y coadyuvancia en la nueva elección.
Explica que, de manera preliminar consideró justificada la necesidad de que esta Sala Regional resolviera el medio de impugnación vía salto de instancia, dado que el proceso electoral en Guerrero inició desde el 8 de septiembre, hace tres meses, y resultaba pertinente definir sin más dilación el sistema por el cual el municipio elegirá a sus autoridades.
Coincidió con los inconformes, en que la solicitud ante el IEPC debió conocerse desde una perspectiva intercultural, en el ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, y que la comunidad nunca solicitó el cambio de sistema electivo, como evaluó la petición el órgano electoral.
Asimismo, dice que en el decreto de creación del municipio como el de designación del Ayuntamiento instituyente, en ningún momento se estableció el sistema de partidos como mecanismo de elección.
“Por el contrario, el decreto de creación del municipio, y el decreto de creación de las personas que integrarían el Ayuntamiento instituyente, arrojaban elementos que permitían visualizar que las comunidades contaban con la preexistencia de sistemas normativos propios y autoridades tradicionales que permitían su continuidad”.
Precisó que la solicitud es “extraordinaria” ante la creación de un nuevo municipio escindido del de Ayutla de los Libres, y no de un municipio existente que ya tuviera un sistema previamente establecido para cambiar uno por el otro. Por lo tanto, era incorrecto que el IEPC determinará que la solicitud correspondía a un cambio de sistema electivo.
Con reconocimiento a “la voluntad de las autoridades del municipio como la preexistencia de su sistema normativo interno”, y valorando “la excepcionalidad y particularidades del caso”, reconoce que el municipio de nueva creación daría continuidad a su sistema de elección.
El magistrado Luis Enrique Rivero Cabrera, que votó en contra, opinó que esta sentencia se desmarca del juicio 133, que precede este caso, cuando autoridades comunitarias de Ñu Saavi demandaron al Congreso de Guerrero la designación de las personas que conforman al ayuntamiento instituyente.
Recordó que en aquella ocasión, reflexionaron sobre los pasos establecidos en la Ley electoral local y en el reglamento del IEPC, para implementar en el nuevo ayuntamiento, el sistema normativo.
Destacó “el esfuerzo destacado” de aquella propuesta para marcar las pautas de la elección por sistemas normativos, y no apoyó la modificación que se hizo ahora para definir el sistema electivo, que además estaría fuera del plazo de 90 días para hacer modificaciones a las reglas del proceso electoral.
Consideró que la “cuestión de excepcionalidad, por la creación de nuevo municipio, desde mi punto de vista no alcanza para sobrepasar, por eso decía, es la razón más fuerte”.
Además, estimó que el IEPC hizo una interpretación de lo que resolvió la sala en la sentencia 133 para fijar una postura, y en lo que el tribunal electoral local en su momento.
Recordó que el Comité Gestor en el juicio 133, pidió la creación del municipio instituyente, para poder cambiar el modelo de elección, al sistema normativo propio, y en ese sentido respondió el instituto.
El ponente, Ceballos Daza, aclaró que, más en la cuestión procesal, las reflexiones y la lógica de la resolución, responden al mandato del artículo segundo constitucional, de cara a los derechos de los pueblos originarios en México, que ha sido soporte sólido para la Sala Superior.
“El autogobierno comprende el reconocimiento y defensa de los pueblos para elegir a sus autoridades acorde con sus usos y costumbres, respetando los derechos humanos de sus integrantes”.
Enfatizó la excepcionalidad del caso, al ser municipio de nueva creación, para hacer prevalecer el sistema normativo interno, “no estamos en un sistema de solicitud de cambio de 30 de las 37 comunidades que hicieron este planteamiento”.
Entendió que su homólogo señaló el principio de certeza de la elección, pero insistió que la propuesta no es de transformación, sino de reconocimiento de derechos, como establece la constitución y los convenios internacionales.
La presidenta de la Sala, María Silva Rojas, compartió el proyecto que calificó como “bondadoso” porque atiende la necesidad del pueblo Ñu Saavi”, en el reconocimiento de su contexto histórico y la naturaleza de sus comunidades.
Recordó que sus comunidades eran parte de Ayutla de Los Libres, y participaron en el largo proceso de cambio del sistema electivo, de 2015 a 2018.
Su condición, los obliga a ver de qué manera se entrelazan el derecho legislado y los sistemas propios que rigen a las comunidades indígenas.
Coincidió en que, si los decretos del Congreso local no señalan expresamente el sistema de partidos para el nuevo municipio, no se puede interpretar como exclusivo, porque “hay otros sistemas perfectamente válidos y que están en varias jurisprudencias”.
Como dijo Rivera Cabrera, aceptó que hay diferentes resultados posibles, “pero este es el resultado con perspectiva intercultural”.
También señaló la necesidad de atender el contexto práctico y social en que viven las comunidades, para conservar lo que lograron con el cambio de sistema electivo en Ayutla, que se rige por sistema normativo interno, y se evitan fricciones, que se siguen viendo como intervenciones del Estado.

 

Condena la edil de la capital el ataque a reporteros y exige que se investigue

La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández en conferencia en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, declaró que como ciudadana y presidenta municipal “repudia” y “condena” el ataque que sufrieron la semana pasada cuatro reporteros de la capital.
La alcaldesa, quien ha sido acusada por reporteros locales de pretender censurar la libertad de expresión al presentar una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra de cinco periodistas de la capital, exigió a las autoridades que investigar ese ataque y otros casos de violencia.
En su conferencia semanal de los lunes, cuando una reportera le preguntó si hay garantías de seguridad durante la celebración de la Feria de Navidad y Año Nuevo que inicia con el Paseo del Pendón, la alcaldesa aseguró que está garantizada y recordó que durante los dos años que le ha correspondido organizarla ha tenido “saldos blancos”.
Después se refirió al caso del ataque de los cuatro reporteros Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Oscar Guerrero y Héctor Camacho, los tres primeros que resultaron heridos y el cuarto ileso.
“Como autoridad, como ciudadana y como presidenta, tengo un sentimiento de solidaridad con los que han sido agredidos por los poderes facticos que quieren acallar a la presa”, dijo.
Derivado de la denuncia por violencia política en razón de género que presentó Hernández Martínez ante el IEPC, el secretario de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Abel Miranda, y los columnistas Efraín Flores Iglesias y Antelmo García Castro, han denunciado que temen por su integridad física debido a que quien los denuncia ha sido exhibida en fragmentos de videos desayunando con un jefe de un grupo delictivo.
Flores Iglesias y García Castro incluso presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) la semana pasada.
Pero ayer, la alcaldesa, al referirse al ataque a los cuatro comunicadores la semana pasada, dijo que en este momento “es crucial la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico” y que es un acto que “repudia” el Ayuntamiento.
Aseguró que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, “este gobierno condena cualquier acto de violencia. Exigimos que las autoridades investiguen, este y otros casos, la impunidad no tiene cabida en una democracia”, dijo.
Expresó su solidaridad con la labor de los comunicadores y admitió que “ser periodista es de las profesiones más peligrosas”.
En otro asunto, un reportero le preguntó por los objetivos de la creación del Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero, que integraron el sábado morenistas que apoyaban a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, como aspirantes a la presidencia de la República. La alcaldesa aseguró que se constituyó por la unidad y no por la división.
“Fue una reunión en la que coincidimos muchos actores políticos de Morena; representantes populares, consejeros, militantes, aspirantes a distintos cargos de todo el estado y de las distintas regiones”.
Aseguró que no se trata de una corriente o tribu, “sino que queremos ser un puente que abone a la reconciliación y a la unidad partidaria, pacifica, plural y democrática”, y el objetivo es “apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Rechazó que el Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero represente un contrapeso al interior del partido.
Añadió que entre las tareas que van a realizar será “buscar a todos los compañeros que no han tenido puentes de reconciliación, vamos a seguir construyendo la unidad”.
Hernández Martínez anunció que este miércoles no irá al acto político de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum por ser un día hábil, “mientras sigamos trabajando abonamos más”.

 

Piden en encuentro de mujeres agraristas a autoridades avanzar en la equidad efectiva

Asistentes al primer Encuentro Estatal de Mujeres Agraristas, llevado a cabo en el auditorio municipal de Tixtla Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Tixtla

En el primer Encuentro Estatal de Mujeres Agraristas, se demandaron a las instituciones del sector jornadas de atención prioritaria el segundo martes de cada mes para avanzar a la equidad efectiva.
Este fue uno de los planteamientos presentados ante funcionarios de los tres niveles de gobierno en el auditorio del Ayuntamiento de Tixtla, firmado por las participantes del encuentro, con el que concluye una serie de 24 capacitaciones de promoción de los derechos agrarios de las mujeres en 20 municipios.
El director de la asociación civil Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (PADS), Carlos García Jiménez, promotor del programa, explicó que, de mil 255 presidentes de comisariados ejidales que hay  en el estado de Guerrero, solo hay 10 mujeres. Ni el uno por ciento de los titulares.
De cada 10 mujeres de comunidades rurales, tres tienen derechos agrarios reconocidos, según datos del Registro Agrario Nacional, indicó.
Aclaró que en los años recientes, las instituciones pretenden remontar el rezago histórico producto del cacicazgo de los hombres y la baja participación de las mujeres rurales, y la Red Estatal de Mujeres Agraristas desde la ciudadanía es coadyuvante.
La Red con mil 750 mujeres que participaron en los talleres, la mayoría sin derechos agrarios, nombró a 140 representantes regionales para promover el acceso a la titularidad de la tierra y al certificado agrario. Ayer mismo, el RAN, entregó 50 certificados agrarios.
En el plan para acceder a este derecho, presentados por dos integrantes de la Red, proponen hacer valorar el compromiso del RAN de brindar atención prioritaria a mujeres rurales el segundo martes de cada mes en su representación estatal, y llaman a la Procuraduría Agraria (PA), a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno del estado y Tribunales Agrarios, a que haga lo propio en sus oficinas centrales y delegaciones .
También demandan programas de capacitación, acompañamiento jurídico y procuración de justicia agraria, con perspectiva de género, y que en subsiguientes elecciones de órganos de representación de los núcleos agrarios, la equidad sea efectiva, con seis mujeres y seis hombres en la integración de comités.
Además de proyectos productivos y acciones medioambientales, plantean que desde las dependencias se impulse la equidad de género, que los programas sociales lleguen de manera prioritaria a localidades con mayores brechas de desigualdad en materia agraria, de derechos humanos y sociales.
Pidieron a la Secretaría de la Mujer que siga impulsando los derechos para el empoderamiento de los derechos agrarios, humanos y sociales de las mujeres. Adelantaron que la Comisión de Enlace de la Red buscará reuniones para establecer mesas de trabajo en conjunto.
Asistieron al encuentro, el delegado del RAN, Roberto Olinares Pita, la coordinadora de la Unidad de Género del RAN, Gabriela Rangel, el delegado de la Procuraduría Agraria, Marcos Méndez Lara, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario, María de los Ángeles León Maldonado, el subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Daniel Cahua López, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, y el presidente municipal, Moisés Gonzalez Cabañas.

 

Piden voceadores ayuda para reconstruir sus puestos que fueron dañados y saqueados

Voceadores de Acapulco, pidieron ayuda para retirar escombros y poder levantar sus puestos afectados por el huracán Otis, y volver a trabajar Foto: Carlos Carbajal

Voceadores solicitaron apoyo a las autoridades para que les ayuden, porque sus puestos de revistas fueron dañados por el huracán Otis y también fueron saqueados.
Este lunes, en declaraciones que hicieron en la avenida Costera, cerca del puesto de revistas que se encuentra por el Edificio Inteligente, el propietario del lugar, Silverio Abarca, dijo: “Queremos empezar a trabajar, pero los puestos están destruidos”.
Agregó que “queremos que regresen a ver a la Unión de Voceadores, nosotros poco los molestamos, pero ahorita ha sido grave el asunto. Cuando menos que nos ayuden a levantar la basura, esa que hay mucha”, dijo el propietario del puesto de revistas.
El secretario de la Unión de Voceadores, Javier Lucio Castro Salmerón, declaró que son 115 puestos de revistas en todo el estado y en Acapulco los 70 puestos fueron “volteados, algunos despedazados, y lo principal es que nos saquearon toda la mercancía”.
“Lo que nosotros pedimos a los tres órdenes de gobierno es que nos apoyen y vean a los voceadores como ayudantes, pues con la catástrofe estamos la mayoría sin trabajar y únicamente tenemos seis puestos trabajando, que no fueron muy golpeados”, detalló.
Entre los que están funcionanado está el del centro, el que está frente a la clínica 9 del IMSS, ubicada en la avenida Cuauhtémoc.
Sostuvo que la mayoría de los puestos fueron saqueados, que se llevaron refrigeradores y hornos de microondas, por ello, la petición es “que nos den créditos y el apoyo económico para poder trabajar”. (Aurora Harrison).