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Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.

 

Influían las organizaciones sociales en la investigación de Ayotzinapa: AMLO

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las organizaciones sociales dominaban y contaban con una gran influencia en la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló sobre el censo de personas desaparecidas en el país, comparando la situación con la de los normalistas de Ayotzinapa.
De igual forma mencionó de manera directa al senador Emilio Álvarez Icaza como jefe de las organizaciones sociales, asegurando que tiene influencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es un poco lo de Ayotzinapa. Las organizaciones sociales eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones sociales, una gran influencia en el Prodh, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU”.
El presidente aseguró que lo que debe hacer el gobierno federal es asumir la responsabilidad que tiene a pesar de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, a lo que agregó que “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Ante las declaraciones de López Obrador, el senador Álvarez Icaza respondió con un video en X, donde afirma que el presidente López Obrador ha traicionado a las víctimas, atacado a las organizaciones, “desaparecer a los desaparecidos” y un pacto de corrupción e impunidad.
“Para tener legitimidad para hablar del tema, dígale a las familias, incluidas las de Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos desaparecidos. Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor” comentó en el video.
En el texto que acompaña al video señaló que se ha vuelto incapaz de “cumplir con su palabra”, preguntando sobre el paradero de las personas desaparecidas y el de los 43 estudiantes normalistas, reiterando que el gobierno es una “simulación y traición” para madres y padres de los estudiantes.
El pasado 14 de diciembre López Obrador aseguró que tiene asuntos pendientes con el Centro Prodh, añadiendo que la organización se ha ido “echando a perder” además de que calificó a Emilio Álvarez Icaza como un “farsante” respecto a su participación en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día afirmó que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de 60 supuestos involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, están relacionados con Álvarez Icaza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desconoce AMLO carta de padres de los 43 de apoyo al Centro Prodh, y reitera sus críticas

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que no ha revisado la respuesta de padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, donde respaldan al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre el conteo de los desaparecidos en México y su crítica al Centro Prodh, donde se le indicó si había visto la respuesta de los padres donde apoyan al Centro, a lo que respondió con un “no”.
“No. Estoy esperando porque teníamos una reunión con padres de Ayotzinapa y de repente no participaron”.
El 14 de diciembre López Obrador aseguró que se mantenía comunicación con los padres y madres de los 43, además de que un día después sostendrían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Ante esto le aseguraron que los padres y madres de los desaparecidos no consiguieron un camión para transportarse. López Obrador adelantó que en la conferencia del próximo 27 de diciembre presentará el documento donde el Prodh celebró la sentencia donde se liberaron a supuestos involucrados en la desaparición por sufrir tortura.
“Voy a traer el documento del Prodh sobre la sentencia, de cómo, lo explico así, una persona solicita un amparo, pide la protección de la justicia porque sostiene que fue torturado. El juez, en este caso magistrados, le dan al Ministerio Público diez días de plazo para que presente el Protocolo de Estambul a sabiendas de que era imposible. El Ministerio Público pide ampliación del plazo, se le niega y en automático dejan en libertad a esta persona, al primero. Y como se sentó el precedente con esta sentencia, se deja en libertad a 63 más. Pero voy a traer el documento”, prometió.
De igual forma se le planteó si sostendría una reunión con el Centro Prodh y otra con los padres, a lo que señaló que aceptaría que los representantes del Centro puedan responder a los señalamientos sobre una supuesta defensa de las personas que estuvieron involucradas en la desaparición.
“Claro que sí, que vengan aquí y digan por qué. Por qué a partir de ahí se dejó en libertad a quienes, me consta, porque después participaron como testigos protegidos y aseguran que habían ellos actuado en la desaparición de los jóvenes”.
Añadió que el origen de las liberaciones de los presuntos responsables de participar en la desaparición de los 43 normalistas, se basa en la sentencia la cual afirma que fue celebrada por organizaciones sociales.
“El origen legal de esas liberaciones de responsables (de la desaparición de los normalistas), es esa sentencia, que celebraron. Es gravísimo porque por un lado argumentando que habían sido torturados, se libera a responsables y por el otro se deja sin justicia a quienes también ellos presuntamente o supuestamente o realmente defienden, que son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Argumentó que tras las detenciones de militares y del ex procurador Jesús Murillo Karam, hubo oposición de organizaciones bajo el argumento de no seguir los procedimientos penales.
“Lo que más me sorprende es que se detiene a Murillo Karam, incluso a militares y en vez de decir ‘se está actuando en contra de los que crearon la Verdad Histórica’, porque Murillo Karam se responsabiliza él mismo, él dice ‘yo soy el responsable con Zerón’. Entonces, se le detiene y en vez de decir ‘qué bien que durante mucho tiempo se mantuvo la impunidad y se termina aquí’, se oponen”, afirmó.
El presidente aseguró que de no haber tomado las decisiones y acciones que se realizaron, “no hubiésemos detenido a nadie”, comentando que de lo contrario hubieran seguido de rehenes.
Reiteró su petición de que el gobierno de Israel extradite al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al presidente se le preguntó sobre la ausencia de una postura de México en el conflicto armado de Israel y Palestina y si se debía por la búsqueda de la extradición de Zerón, a lo que aseguró que no hay ningún acuerdo “vergonzoso” con ningún gobierno y que la política exterior mexicana se basa en la Constitución.
“O porque tienen a Zerón y a otro mexicano y estamos buscando que los envíen. He dirigido dos cartas a dos primeros ministros de Israel, planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y por otros delitos, a dos”.
Añadió que ha mandado dos cartas a dos primeros ministros de Israel reprochando que el gobierno del país tenga resguardado a una persona acusada de tortura, reiterando que no existen acuerdos no conocidos.
“En las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado” mencionó.

Revisa la SSPC la petición de libertad de la activista presa Kenia Hernández: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de la activista detenida Kenia Hernández, es revisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le indicó al presidente que en el caso de Hernández, buscaron hacer un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la dependencia se negó, además de cuestionar a quien pertenece la concesión de Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
Ante esto el presidente López Obrador adelantó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre el Viaducto y remarcó que Rosa Icela Rodríguez revisa el caso de Kenia Hernández.
“Vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe. Y el otro tema, de la señora que está detenida (Kenia Hernández), con Rosa Icela, que sí me consta que lo está viendo”, afirmó el mandatario.
Señalaron que hubo un recibimiento por parte de la secretaria y el equipo de trabajo y les habían asegurado que no pueden ir más allá debido a que Capufe se niega a aceptar un acuerdo reparatorio, a lo que López Obrador indicó que “lo vamos a ver, lo vamos a ver con Rosa Icela”.
Por su parte el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, reiteró la postura de que Rosa Icela Rodríguez es quien revisa el caso de la activista Kenia Hernández. Además señaló que la concesión es operada por el gobierno estatal.
“La concesión está operada por el gobierno del estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario, el convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República”, declaró.
Kenia Hernández es activista y se encuentra privada de la libertad en el penal federal de máxima seguridad en Morelos desde octubre de 2020. En julio de 2022 señaló que ha vivido 14 violaciones graves de derechos humanos en la cárcel, además de que la han mantenido incomunicada con familiares y representantes legales.

 

Pedirá a los jesuitas que investiguen al Centro Prodh por el caso Ayotzinapa, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de ayer Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que pedirá que los jesuitas investiguen la actuación del Centro Prodh en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También solicitará un informe a Mario Patrón, quien dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 2014 a 2019 y es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, respecto a la participación de la organización en el caso.
“Estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era del Prodh entonces y ahora es director de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, ese abogado. Pero necesito que me den una explicación a esto. Además, le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación”, añadió.
El Centro Pro fue fundado hace más de 35 años por la Compañía de Jesús, con el objetivo de promover y defender los derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador reiteró sus señalamientos al Centro Prodh, afirmando que defendieron a supuestos involucrados en la desaparición de los normalistas.
“Nos encontramos de que los mismos defensores de esta organización Agustín Prodh, promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no a todos, pero sí a algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no”.
Recordó el caso en el que se exhortó la comprobación de la tortura por medio del Protocolo de Estambul, razón por la que se dejó libre a 60 personas, afirmando que fue una sentencia celebrada por el Centro Prodh.
“Y todavía el Prodh lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, si habían participado en la desaparición de los jóvenes y hay pruebas.” comentó.
Acusó que la organización tiene un “doble discurso y doble moral”, además de que espera una respuesta y explicación al respecto, aclarando que no se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto moral.
“Los del Prodh y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes, o sea, con un doble discurso, una doble moral” añadió.
Además, dijo que una vinculación de las organizaciones con el senador Emilio Álvarez Icaza y afirmó que tiene intereses con “grupos de poder hegemónico” que están contra su gobierno.

Peña Nieto debió pedir investigar a fondo

López Obrador afirmó que no fue el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas.
“Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo, pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, si hay casos como el 68 donde el mismo Díaz Ordaz se hace responsable”, dijo.
De igual forma, el presidente señaló que más allá de las autoridades militares, la responsabilidad de la desaparición recae en la autoridad civil, enfocándose en el ex procurador Jesús Murillo Karam.
“En el caso de Ayotzinapa por ejemplo, los que decidieron, bueno quien se echa la culpa de la responsabilidad, del manejo de la investigación, fue el procurador Murillo Karam, el mismo se culpó, un civil”, comentó.
Reiteró que tiene el compromiso de encontrar a los normalistas “Vamos a conocer toda la verdad. Tengo el compromiso y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Pero llegaron a una situación de control, manipulación extrema, que no permiten que los padres de los jóvenes hablen con nosotros de manera directa, debe ser a través de los asesores o de los abogados”.

 

Ayotzinapa no es un caso cerrado; el Estado debe garantizar reparación del daño: AMLO

Juan Luis Altamirano Uruñuela

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es de interés público y un expediente abierto y no es un caso cerrado.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, en Campeche, López Obrador indicó que la desaparición de los normalistas al igual que el asesinato de Luis Donaldo Colosio, son de interés nacional y no se pueden cerrar.
“No hay en estos asuntos casos cerrados, son expedientes abiertos todos, nada de cosa juzgada porque son asuntos de interés público. Es como el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, eso no se puede cerrar. O los desaparecidos de Ayotzinapa, eso no se puede cerrar”.
El presidente señaló que al momento de conocerse la verdad de cada uno de los casos, se deben tomar y aplicar las medidas de reparación de daño y no repetición, además de las disculpas por parte del Estado.
“Si se conoce la verdad, mínimo hay procedimientos de la reparación de daño, la no repetición. Ofrecer disculpas públicas a los agraviados, el Estado Mexicano lo puede hacer, debe hacerlo”.
Este jueves el presidente aseguró que al adentrarse en las investigaciones de Ayotzinapa, afirmando que es quien conduce las mismas, se encontró cosas raras.
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”.

El pasado 5 de diciembre, afirmó que se realiza una investigación a fondo para la resolución del caso Ayotzinapa, debido a que la importancia del mismo amerita que sea profunda, cuestión que aseguró se lleva a cabo.
“Había un propósito deliberado de que no se conociera la verdad y nos está costando llegar al fondo, pero sobre todo lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes. Pero intervinieron intereses de todo tipo, pero vamos a ir al fondo y no dejamos de buscar a los jóvenes”, señaló en esa oportunidad.

 

Protestan normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol y retienen diez vehículos

Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa durante el bloqueo que instalaron, por dos horas y media, en la Autopista del Sol, cerca del cruce con la carretera federal, al sur de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron en Chilpancingo, donde bloquearon la Autopista del Sol, retuvieron diez vehículos de empresas privadas y realizaron pintas en la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los normalistas llegaron a las 4 de la tarde en tres autobuses, cerraron completamente la autopista, cerca del hotel Parador del Marqués.
De forma simultánea, otro grupo de estudiantes llegó en una camioneta a las oficinas de la SEG, conocidas como Casa Blanca, donde realizaron pintas y aventaron dos petardos.
En la fachada principal escribieron con letras negras: “Resolución del pliego petitorio”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “#43”.
Los estudiantes no dijeron el motivo de su protesta, pero un normalistas señaló que pedían la entrega de uniformes, material didáctico y demandaban mejor infraestructura en la escuela.
En la autopista, los jóvenes estaban encapuchados y retuvieron 10 vehículos de empresas privadas, como Telmex, Barcel, Bimbo, Holanda, Bonafont y del Inegi.
Al lugar no llegó ninguna autoridad para atenderlos. Los estudiantes quitaron el bloqueo a las 7 de la noche y se retiraron con los vehículos retenidos hacia su escuela.

 

Da acompañamiento la Codehum al sacerdote Filiberto para que acceda a la justicia, informa

 

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán dijo que ese organismo da acompañamiento al sacerdote Filiberto Velázquez Florencio ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno del estado, con la finalidad de que “él tenga acceso a la justicia”.
Agregó que es también para que se lleven a cabo las investigaciones con la debida diligencia, luego de que “efectivamente él solicita medidas cautelares de protección para resguardar su integridad física”.
En declaraciones breves en Acapulco, Narciso Gaytán dijo que de manera personal tuvo contacto con el también director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio e instruyó el acompañamiento para que presentara la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se le brindó la atención de manera oportuna a través del área de atención a defensores de derechos humanos.
Sostuvo que personalmente respondió al sacerdote para poder generar todas las acciones y el personal de la Codehum está dando seguimiento.
Comentó que Filiberto Velázquez le dijo cuando se comunicó con él vía telefónica, que había sufrido un atentado y solicitaba denunciar los hechos por lo que “nos articulamos con el gobierno del estado para generar las condiciones de seguridad para el padre”.
Indicó que la Fiscalía está investigando para poder determinar quiénes fueron los responsables del atentado.
Agregó Narciso Gaytán que en lo que va del año la Codehum han recibido más de 300 quejas.
El director del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, sufrió un atentado cuando salía de la Normal Rural de Ayotzinapa el miércoles en la noche en la carretera Tixtla-Chilpancingo y por lo cual presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). (Karina Contreras).

 

Nueva protesta de egresados de Ayotzinapa en Recinto Estatal para exigir plazas de docentes

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Egresados de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2019-2023, de nuevo protestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir plazas de maestros.
Los manifestantes informaron que pasaron el proceso que la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm) marca, pero que 165 egresados no han recibido su plaza.
En esta ocasión, los inconformes acudieron a las oficinas porque este martes tenían una reunión programa con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), entre ellos, con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marco Antonio Marbán Galván, pero la suspendieron.
Ante la llegada de unos 80 egresados, los policías estatales que resguardan la entrada del lugar cerraron la puerta principal, por lo que los usuarios tuvieron que acceder por la parte trasera.
En declaraciones, uno de los afectados, quien se identificó como Cristian, dijo que el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, no ha entregado las plazas “en tiempo y forma”.
Explicó que este año la SEG entregó 177 plazas en la licenciatura bilingüe, para todas las normales públicas, y de esas, Ayotzinapa sólo obtuvo tres, el resto siguen desempleados.
“Los egresados estamos exigiendo a las autoridades educativas que agilicen el proceso de la entrega de plazas y que sea una cantidad que realmente abarque a todos los egresados”, destacó Cristian.
Manifestó que la justificación que dan las autoridades estatales es que no hay presupuesto para entregar más plazas y que deben que esperar también que haya jubilaciones.
“En su próximo informe, la gobernadora sólo va a decir que no hay plazas para los egresados, que no hay trabajo, pese a que en las comunidades rurales los alumnos no tienen maestros”.
Los manifestantes externaron que su situación laboral está en la incertidumbre, como la de miles de egresados.
Minutos antes de las 10 de la mañana, los egresados se retiraron del lugar luego de que les programaron una reunión con autoridades ese mismo día.

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

“Voy a cumplir” el compromiso de verdad y justicia para Ayotzinapa, reitera AMLO

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que, en el último año de su gobierno, la administración se mantiene trabajando para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, al presidente se le preguntó sobre su compromiso de descentralización de las dependencias federales, comentando que es un tema pendiente en su administración, junto con el caso Ayotzinapa.
“Está pendiente y estamos trabajando en lo de Ayotzinapa, que es otro compromiso, pero estamos trabajando todos los días para esclarecer los hechos y dar respuesta a los padres de los jóvenes desaparecidos, pero todos los demás los hemos cumplido, y muchos otros, muchos, muchos otros que no estaban ahí en la lista puntual de 100 compromisos”.
En la conferencia de prensa matutina del pasado 3 de octubre, el presidente López Obrador remarcó que ante los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuenta con el compromiso de dar a conocer lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
“Estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables, que no haya impunidad y lo más importante; el no dejar de buscar a los jóvenes”.
El pasado 25 de septiembre, los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Al salir de la reunión, los padres indicaron que les iban a entregar unos informes, pero debido a que no se incluía información previamente solicitada, los rechazaron.
En la conferencia de prensa del 26 de septiembre, en la conmemoración de los nueve años de la desaparición de los normalistas, López Obrador dijo que le llamó la atención que no aceptaran los informes y que no estaban cerrando el caso, reiterando el compromiso de buscar esclarecer los hechos.
“Y me llamó mucho la atención por qué no la aceptaron (los informes), si no les estamos cerrando el caso. No es un carpetazo, es un expediente abierto, es un informe de cómo vamos y tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes”, decía el presidente en dicha oportunidad.