El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el morenista Osbaldo Ríos Manrique, reconoció que aún no se tiene un dictamen de la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada, que son los secretarios técnicos y colectivos los que están trabajando en este proyecto.
Este domingo, se buscó a la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la petista Leticia Mosso Hernández, pero no se pudo tener comunicación con ella; por su parte, el secretario de este colegiado, Osbaldo Ríos, dijo que quienes están trabajando en el dictamen son los secretarios técnicos de la comisión y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como los asesores de los diputados promoventes y representantes de los colectivos.
Dijo que será hasta este miércoles cuando la comisión se reúna, “los grupos, los actores que están ahí involucrados, están dando sus propuestas. Lo que ellos consideran con lo que se tiene que enriquecer esta propuesta” e insistió en que “no podemos sacar una iniciativa al vapor”.
Informó que, en esta reunión, el equipo técnico va a exponer a los diputados los avances en el trabajo que se ha realizado en reuniones pasadas, y se podría determinar “si ya es posible dictaminar”, en la que no estarán colectivos ni promotores.
Al diputado se le preguntó por la demanda de los colectivos, que insisten en que ya sea dictaminada y aprobada por el pleno esta ley en materia de desaparición forzada, a casi siete meses de que fue presentada ante el pleno, pero respondió que estos grupos están involucrados en el trabajo para la dictaminación.
“Los colectivos están involucrados. No puedo decir quiénes son los que están apurando eso, cuándo son los que han entrado a las reuniones, a las sesiones donde se está debatiendo y están analizándola. Ellos saben cómo va el avance y dependemos, en ese sentido, también de ellos para que ya nos puedan decir que ya se agotaron los temas de discusión y de análisis”, dijo Ríos Manrique.
Sin embargo, reconoció que “sí se ha atrasado, claro que sí. Pero ha sido porque no queremos sacar una iniciativa que no vaya a funcionar como los grupos requieren, y eso sí nos preocupa a nosotros”.
Al diputado se le preguntó sobre los cambios de fondo que se están realizando a la iniciativa, por parte de los colectivos y el equipo técnico, pero dijo que no tenía detalles de esto y que será hasta el miércoles cuando pueda hablar de ellos.
No obstante, se refirió a lo costoso que resultaría tener el equipo de identificación genética de cuerpos y que ese era uno de los temas que estaban en la discusión.
Diputados locales al momento de emitir su voto para exhortar a que se atiendan las denuncias contra la con-taminación de la termoeléctritca de Petacalco Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso aprobó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que atienda el problema de contaminación que genera la termoeléctrica de Petacalco, a propuesta del diputado de Morena Fortunato Hernández Carbajal.
Del PRD, Carlos Reyes Torres, ex alcalde de La Unión, añadió que las protestas recientes de comunidades aledañas sobre la contaminación causada por la termoeléctrica Plutarno Elías Calles, comenzaron tras la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de usar combustóleo en lugar de carbón mineral. También denunció que la instancia no ha atendido el conflicto social que puede escalar, porque desaparecieron los órganos de atención ciudadana que antes permitían a comisarios, comisariados y ciudadanía presentar sus quejas.
Este martes en dos sesiones continuas los diputados para aprobaron reformas a la Ley de Responsabi-lidad Patrimonial del estado y municipios, y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
De la primera, fue propuesta por el grupo parlamentario de Morena, y analizada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para establecer bases, límites y procedimientos regulares del derecho de indemnización a particulares particulares, por daños derivados de la administración indebida, irregular o por omisión, bajo los criterios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Detalla que en la resolución del 3 de febrero de un juicio de amparo en materia administrativa, se sobreseyó un acto reclamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y se establece para el Congreso del estado la responsabilidad de acatar en diez días la orden judicial, plazo que se prorrogó por 60 días hábiles por periodo de receso legislativo.
Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso agrega la palabra “afromexicanos” a la Comisión de Asuntos Indígenas, en el artículo 195, fracción 22.
En la primera sesión, se aprobaron cuatro exhortos por unanimidad, y en la segunda, otro más: a la CFE por la contaminación que ocasiona la termoeléctrica; un tercer llamado a los ayuntamientos de origen de los cuatro nuevos ayuntamientos para brindar servicios y obras a las comunidades desagregadas; al gobierno del estado y a los ayuntamientos para entregar a tiempo útiles y uniformes el próximo ciclo escolar.
Asimismo, se aprobó un acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de Diputados a aprobar presupuestos en 2024 de dotar de equipo técnico y humano adecuado y de la construcción de rompeolas a las playas de la región de Costa Chica, y finalmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la regulación y retirar los topes.
Deben secretarías federales atender daños de la termoeléctrica
El diputado Fortunato Hernández Carbajal se refirió a las afectaciones de la termoeléctrica ubicada en el municipio de La Unión, que han estado denunciado las comunidades.
Recordó que es la tercera más grande de las 71 del país, y seis de sus siete unidades comenzaron a operar entre 1993 y 1994, y generan 10 por ciento de la electricidad de México. Sin embargo, tiene impactos en la salud humana, la vida silvestre, marina y terrestre, “ha sido descrita como una de las centrales más contaminantes del mundo, en agua y aire”.
Fuera del exhorto propuso que el alcalde de La Unión participe activamente y llama a la CFE, a las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, federales, a atender los problemas de salud y ambientales que afectan a los habitantes de Petacalco.
En el razonamiento de su voto, el perredista Carlos Reyes precisó que en 1993 hubo una protesta de ciudadanos para que la planta dejara de operar con combustóleo, que afectaba la pesca, la agricultura y la ganadería por la alta contaminación.
“Después de una lucha de meses fue posible que esa planta dejara de operar con combustóleo y que operara con carbón mineral, al que se le pueden poner filtros, para reducir la contaminación”,
Sin embargo, denunció que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador la planta volvió a operar con combustóleo, y advirtió que las poblaciones tomarán decisiones más radicales si no se atiende este grave problema.
“Hoy el encargado de la planta dice que tiene la instrucción de generar energía, y no ha atendido a las personas que se están manifestando. Sería muy importante que comisiones unidas del Congreso acompañemos a los ciudadanos que están protestando”. Y criticó que las mesas de trabajo se realicen en Chilpancingo, a cinco o seis horas de distancia del problema.
Apoyar a municipios desagregados
La diputada de Morena, Claudia Sierra Pérez, denunció discriminación a las comunidades de los nuevos municipios, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, por los ayuntamientos de Malinaltepec, Cuajinucuilapa, Ayu-tla y San Marcos, de donde se desagregaron.
Luego de la votación a favor para emitir un tercer exhorto a los alcaldes y el Concejo comunitario de los municipios de origen, a atender a todas las comunidades, el diputado del PRD Bernardo Ortega consideró necesario obligar a los ediles a comparecer al Congreso, por omisión e irresponsabilidad.
De Morena, José Efrén López Cortés dijo que no se puede seguir tolerando la negación de servicios y obras a las comunidades de los nuevos municipios, ni la falta de atención a los llamados del Congreso .
El diputado del PRI, Rafael Navarrete Quezada, recordó que las autoridades municipales han explicado que no pueden acreditar a las comunidades de los nuevos municipios en los catálogos para presupuestar y etiquetar recursos a las comunidades, porque pertenecen a otro municipio.
Solicitó que la Jucopo y la Secretaría de Planeación (Seplader) encuentren la ruta para que las comunidades reciban recursos de obra pública que les corresponden año, “porque no es solo la falta de voluntad de las autoridades, sino que están impedidos legalmente para etiquetarles recursos”, concluyó.
Acceso a uniformes escolares
La diputada del PRD, Patricia Doroteo Calderón, pidió llamar al Ejecutivo estatal, a los 80 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla a cumplir la Ley Número 699 sobre el el Derecho al Acceso de Útiles Escolares, Zapatos y Uniformes Gratuitos, porque, especialmente los ayuntamientos “han dejado de darle cumplimiento”.
Destacó la importancia de esta obligación para las familias de escasos recursos que no pueden comprarlos, y que ha sido motivo de que muchos niños no vayan a la escuela.
El diputado López Cortés pidió el exhorto para se construyan rompeolas en las playas de la región Costa Chica, y se dote a todos los destinos de playa con el equipo técnico y humano adecuado para garantizar la seguridad y una buena estancia a los turistas locales, nacionales y extranjeros, y evitar muertes por ahogamiento.
La diputada del PT Leticia Mosso pidió que la SCT en el ámbito de sus competencias regule los topes y reductores de velocidad en las vías de comunicación federal, y retire los que cumplan con los criterios de regulación, para la seguridad vial y prevenir accidentes fatales.
Plantean quitar pensión vitalicia a magistrados
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez presentó ante pleno el proyecto para modificar las condiciones de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que en la Ley Orgánica del Poder judicial tienen “carácter vitalicio”, 100 por ciento de su ingreso mensual como magistrado activo durante los dos primeros años, y al 70 por ciento durante el resto del tiempo.
Ortega Jiménez, señaló que esto es contrario a lo que señala la Constitución Política del país, que el artículo 127 fracción IV sólo señala el derecho a un “haber de retiro”
En el proyecto, enfatiza que la Suprema Corte “ha reiterado que el haber de retiro constituye un componente esencial de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional en aquellos Estados donde el periodo de nombramiento de los magistrados no es vitalicio, pero nunca ha descrito el ‘haber’ de retiro como una pensión o una prestación periódica y vitalicia”.
El diputadode Morena, Antonio Helguera Jiménez, propuso actualizar la Ley de Fomento Industrial para detonar el desarrollo regional a través de estímulos fiscales, y reformar la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, para ampliar sus atribuciones del organismo y nuevas obligaciones a los servidores públicos.
Entre estas, un plazo de diez días hábiles para elegir al titular de la comisión; máxima publicidad de las recomendaciones de la Codehum; que la Comisión presente denuncias ante las instancias correspondientes, y pedir la revisión de cualquier lugar donde se crea que puede haber personas desaparecidas.
En la correspondencia, se informó que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, envío una iniciativa para homologar la Ley de Trans-porte y Vialidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 24, reformada el el 11 de noviembre de 2022, para facultar a la Secretaría General de gobierno en materia de transporte público y vialidad.
Es decir, para otorgar, revocar o modificar las concesiones y permisos necesarios para la explotación de carreteras y vialidad de jurisdicción estatal, ejercer en su caso, el derecho de reversión; de regular la concesión y explotación del servicio público de transporte, autorizar tarifas con la Secretaría de Finanzas. Además de administrar la reestructuración de las tarifas de los servicios públicos y de particulares sujetos a permisos y autorizaciones, que en 2018 se atribuyen al jefe de la Oficina de la Gobernadora.
Otra leyenda en honor al poder castrense; ahora al Colegio Militar
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política propuso inscribir con letras doradas la leyenda “2023, Año del Bicentena-rio del Heroico Colegio Militar” en el Muro de Honor del Salón de Plenos como un reconocimiento a esta institución que en 200 años “ha formado mujeres y hombres íntegros, dignos, leales, al servicio del pueblo y por el honor de México”.
Ya existe una inscripción a los militares en la sala de sesiones: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”.
Debate sobre si AMLO apoya o no a Guerrero
En la etapa de intervenciones, el perredista Ociel Hugar García Trujillo reprochó que está por concluir el sexenio de López Obrador, y no impulsó ninguna obra que detone el desarrollo del estado, que sí hay en otras entidades del sureste.
Destacó que Guerrero es una tierra de oportunidades que requiere de una verdadera estrategia económica, y pugnó por hacer una causa común para que la entidad salga adelante.
Respondieron los morenistas Carlos Cruz, Antonio Helguera Jiménez, Angélica Espinoza García, Beatriz Mojica Morga, Jacinto González Varona y Masedonio Mendoza Basurto, resaltando la inversión en los programas sociales.
Mujeres indígenas tejen palma delante de policías antimotines que se despliegan para obligarlas a desalojar la Autopista del Sol ayer en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Edmar León García, informó que esta semana el Consejo General aprobará el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral que será entregado al Congreso local para las reformas en la materia.
El IEPC en coordinación con el Poder Legislativo realizan una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia electoral para determinar las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024.
En declaraciones telefónicas, Edmar León informó que están concluyendo la tercera visita a las comunidades indígenas y afromexicanas y que sólo faltan Cuetzala del Progreso, Acatepec, San Luis Acatlán y Azoyú, que fueron reprogramados.
León García señaló que la participación de comunidades indígenas y afromexicanas en esta consulta es de aproximadamente el 40 por ciento. Sin embargo “es una participación buena para el instituto electoral”.
Destacó que ya tienen las opiniones de los pueblos y comunidades indígenas a partir de esta tercera visita del IEPC a los municipios en las que en asambleas revisaron las propuestas las autoridades comunitarias recogieron de sus poblaciones.
Explicó que en los municipios en los que ya se realizó el ejercicio de esta tercera visita “hubo consenso por municipio” respecto a las propuestas que cada comisario o delegado llevaba, las cuales fueron socializadas en las asambleas.
Edmar León explicó que están por concluir esta primera fase que para tener la información necesaria para ser entregada al Poder Legislativo y que el pleno del Congreso “tome su decisión de modificaciones a la ley electoral, esa fase prácticamente la estamos concluyendo esta misma semana”.
En ese sentido dijo que el Consejo General sesionará esta semana para aprobar los resultados de la consulta. Se tratará de un informe que se enviará al Congreso local, donde se continuará el trámite legislativo para realizar las reformas en materia electoral.
Mientras que el IEPC continuará con otras actividades de la consulta como continuar “recibiendo opiniones de algunas comunidades, vamos a instalar algunos módulos de atención a la ciudadanía migrante indígena y afrodescendiente, y vamos a tener contacto con las organizaciones vinculadas a la vida comunitaria de estos pueblos”.
Estas actividades y la información que obtengan de estas serán para “reglamentar las normas que aplicarán en materia de candidaturas”, pero se pueden realizar en semanas posteriores porque el órgano electoral no tiene plazos fatales como el Congreso local, que sí debe aprobar las reformas a más tardar 90 días antes del arranque del proceso electoral.
El consejero no quiso dar detalles de las propuestas que se generaron en la consulta o en qué sentido van las modificaciones que se plantearon a en la consulta para realizar a la ley electoral y a los lineamientos que realizaron el Congreso local y el IEPC y que se aplicaron en el proceso electoral pasado.
Dijo que las propuestas son variables dependiendo de cada región, que en algunas se aceptaron en sus términos los lineamientos aplicados por el IEPC y en otras se plantearon modificaciones para “maximizar aún más” estos derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, protestan durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó con 33 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios. En la Ley 3 de 3, con Guerrero suman 18 estados que avalaron esas modificaciones.
Al pleno se presentó el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos en el que se señala que la intención es evitar el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras, y se recordó que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos, por lo que se debe evitar que los agresores se constituyan en servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Patricia Doroteo Calderón fundamentó el voto a favor de los diputados perredistas. Dijo que estas reformas no son una ocurrencia ni una determinación a ultranza, al fijar en tribuna la postura perredista.
Al razonar el voto a favor de su grupo, expuso que la violencia de género, “incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no son “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.
Pidió no anteponer intereses partidistas ante la defensa de los derechos y que a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “se convoque a todas las fuerzas políticas que integramos esta legislatura para que se realicen las reformas que sean necesarias a nuestro marco legal y electoral, cumpliendo los plazos que nos permitan hacer las modificaciones y reformas”.
En el dictamen se plantea que “se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”.
Y que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Reforma a Ley de Acuicultura y pesca
El Pleno del Congreso también aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero para impulsar esta actividad productiva de forma responsable con el medio ambiente, dirigiendo mayores recursos a pescadores y asegurando la inclusión de las mujeres y los grupos vulnerables.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón dijo que la iniciativa tiene la motivación de hacer que cientos de pescadores accedan a una mejor calidad de vida y, asegurar la autosuficiencia alimentaria del estado.
Se aprobó un exhorto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que indemnicen o, en su caso, tomen acciones en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna de Acapulco.
También una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar la Unidad de Evaluación y Control (UEC), como un órgano de apoyo técnico especializado de la comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, cuya encomienda será vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la institución fiscalizadora.
Es decir que la Comisión legislativa tendrá un órgano de apoyo técnico que vigilará el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el cual es precisamente el órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo.
Legislar gobiernos de coalición
En la sesión el diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere mayor gobernabilidad en la entidad.
La petista presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de circunstancias.
De Morena el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente.
La diputada perredista Jennyfer García Lucena (PRD) propuso un punto de acuerdo para crear el Parlamento Incluyente de Personas de la Diversidad Sexual del Estado de Guerrero, que organizará el Congreso del Estado a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos y las secretarías de Educación y de la Juventud y la Niñez, propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
Mientras la diputada presentaba la propuesta, integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y más (LGBTI+) protestaron durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector.
Los activistas estuvieron en el salón de plenos, en el área de galerías con pancartas en las que demandan que se realice el parlamento, tal como se realiza uno infantil, el juvenil, el de mujeres y de pueblos originarios organizados todos por el Poder Legislativo una vez al año.
Festejan cumpleaños a morenista
La sesión se interrumpió por casi una hora porque la mayoría de los diputados principalmente de Morena acudieron a la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu a festejar el cumpleaños de la diputada de ese partido Jessica Alejo Rayo. La presidenta de la Mesa Directiva sólo informó al pleno que se declaraba un receso de media hora que finalmente fue de unos 50 minutos.
Después la sesión continuó, pero al final ya en el último punto del orden del día que era una intervención del perredista Ociel García Trujillo, este pidió que se realizará un pase de lista para confirmar que existiera quórum, pero solo estuvieron presentes 16 de los 46 diputados locales por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez informó que la sesión “se declara concluida”.
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, afirmó que la consulta previa libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que realiza el organismo en 49 municipios del estado, sigue los parámetros de convencionalidad y lo que establece la constitución.
Sostuvo que la consulta a tendrá la validez, porque cumple con todos los parámetros internacionales.
Confirmó que el proceso incluye un componente acordado con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para atender la sentencia de una acción de inconstitucionalidad, que dictó la Suprema Corte de Justicia en materia electoral al poder Legislativo.
Precisó que todavía no se tiene el costo de la consulta, pero una vez que la concluyan se informará el monto a los diputados, que van a cubrir una parte del proceso, pues el instituto ya aporta su personal que opera y sus recursos materiales.
Consultada antes de iniciar la inauguración de la Feria de la Divulgación de la Ciencia y la Democracia, respondió a las declaraciones de los diputados locales Leticia Castro Ortíz y Alfredo Sánchez Esquivel, y a Ociel Hugar García Trujillo que veían opacidad en la consulta que realizaba el Instituto, una de las que ordenó la Corte, y que demandaron a la Mesa Directiva informe cuántos recursos se destinaron para este proceso.
En esa plenaria, la diputada de Morena, Leticia Castro Ortiz, también puso en duda la legalidad de la consulta que elabora el IEPC para el Congreso local, como sujeto obligado que en su momento será evaluado por la Corte.
Matildes Gama afirmó que el instituto ha realizado los trabajos con la experiencia que tienen e incluso detalló que es su sexta consulta que realizan a pueblos originarios y afromexicanos.
“Yo lo que puedo garantizar es que el Instituto es un órgano técnico que hace los trabajos con los parámetros que establece la convencionalidad y la Constitución. A nosotros nos han validado seis consultas a pueblos y comunidades”, incluso les han aprobado de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Luis Acatlán.
Destacó: “estamos confiados en que esta consulta (sobre formas de elección de candidatos de esa población) tendrá la validez que requiere la Corte y el Tribunal Electoral”.
La presidenta del IEPC precisó que la consulta no está abierta a la población sino a las autoridades comunitarias: comisariados, delegados y representantes de colonias, porque así se establece en el convenio 169 de la OIT, “en esta confianza estamos realizando los trabajos”.
Recordó que las seis consultas que realizaron antes, fueron validadas por los tribunales, y en ese sentido, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, los buscó para llevar a cabo su consulta en materia electoral.
Adelantó que ese proceso pronto irá a la fase consultiva, el 20 y 21 de mayo. “Estamos siguiendo los parámetros de convencionalidad y lo que establece la Constitución. En esa confianza estamos haciendo nuestros trabajos”.
Aclaró que el Congreso local resolverá de manera interna las dudas de sus integrantes, pero el convenio firmado con el poder legislativo, es para realizar la consulta que ordenó el Poder Judicial de la federación, tras la impugnación a algunos artículos de la ley electoral sobre las candidaturas indígenas
La consulta del IEPC y la del Congreso
Recordó que el IEPC comenzó esta consulta, después que “la gubernatura indígena” pidió al organismo una representación de los pueblos en los consejos distritales durante los procesos electorales.
Precisó que la ley no les otorga esa facultad como un órgano administrativo, en ese sentido, se le negó la integración de un representante; “la gubernatura indígena” impugnó, y la Sala Regional del Tribunal electoral ordenó la consulta para saber cómo sería esta representación de los pueblos en los procesos electorales.
Destacó que el organismo amplió la consulta al pueblo afrodescendiente, y en sus propuestas, las autoridades comunitarias pidieron una representación por lengua, entonces habrá distritos electorales que tengan representación de tres etnias, como las sedes de Ometepec y Tlapa.
Sobre la consulta del Congreso local, recordó que los diputados aprobaron los requisitos para ser candidatos a diputaciones o ayuntamientos en pueblos originarios, los cuales fueron impugnados, y la Corte ordenó al Congreso realizar una consulta en las comunidades afectadas.
Esta consulta específica a las autoridades comunitarias de los pueblos consiste en tres opciones; si están de acuerdo con estos artículos de la ley, si les parecen parcialmente bien, o no les parece nada bien. También pueden hacer propuestas.
Dijo que una vez que tengan esta información, de las asambleas consultivas del 20 y 21 de mayo, se entregará al Congreso para que ahí modifiquen la ley electoral.
Advirtió que las fechas de las asambleas consultivas no son cerradas, en algunos lugares podría cambiarse uno o dos días, porque para las autoridades es muy complicado trasladarse a las sedes programadas.
En un tercer aspecto de la consulta, informó que el IEPC preguntó también sobre la autoadscripción indígena para mejorar los lineamientos de registro de candidaturas.
Señaló que en el proceso anterior, se estableció que la autoadscripción calificada, tendría que ser avalada por el ayuntamiento de un municipio indígena, una comisaría, una asamblea comunitaria, el INPI o la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
Hoy están preguntando: si están de acuerdo con esas disposiciones; si están parcialmente de acuerdo, o si no están de acuerdo. Sí señalan el último caso, pueden responder: ¿quiénes consideran que deben expedir esa constancia de autoadscripción o de vínculo con la comunidad?
Indicó que será el insumo para la elaboración de los próximos lineamientos para las candidaturas de acción positiva indígena.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no han recibido a los promotores de los cuatro nuevos municipios, porque están avanzando en el proceso de selección de los integrantes de los ayuntamientos instituyentes.
Aseguró que de esta manera también se cumple con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordena concluir este procedimiento en el caso de Ñuu Savi.
En declaraciones telefónicas, Apreza Patrón recordó que la Junta de Coordinación tiene el mandato del pleno, para ser el órgano responsable de elegir a los integrantes de los ayuntamientos instituyentes, y aseguró que están trabajando en esa ruta.
Sin embargo, realizó algunas precisiones, pues dijo que una vez que la junta defina los nombres de las planillas de los cabildos instituyentes, no pasarán de inmediato a consideración del pleno, sino que serán llevadas en consulta ante las poblaciones que conforman a cada uno de los nuevos municipios.
En caso de que estas propuestas de planillas fueran avaladas, por las dos terceras partes de las poblaciones, entonces ya se podrá llevar ante el pleno del Congreso local, dónde deberán lograr 31 votos para ser aprobadas.
Pero Apreza Patrón señaló también que algunos integrantes de los comités gestores están en contra de que se realicen estas consultas.
Sobre la resolución del TEE, dijo que “no nos genera mayor conflicto, porque mandata que designemos a los integrantes del Ayuntamiento instituyente, y nosotros estamos en esa tónica, en esa ruta”.
El priista dijo que el Congreso local y en particular la Junta de Coordinación no están en la dinámica “de obstaculizar y de tortuguismo”, pero también comentó que desde que se aprobó la creación de los cuatro nuevos municipios, se han presentado “muchos” amparos, quejas y otros procedimientos contra el poder Legislativo.
Acerca de la demanda de los representantes de los comités gestores para ser recibidos, para conocer cómo va el proceso de designación de los ayuntamientos instituyentes, dijo que “en este momento es fundamental que nos apeguemos a los trabajos (…) nos han pedido audiencia gente que está en contra de las listas” de las propuestas, de entre las cuales se elegirán a los integrantes de los ayuntamientos instituyentes.
Señaló que la Junta de Coordinación no está recibiendo a nadie, “porque respetamos el trabajo que ya hizo la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. Somos respetuosos, no podemos reiniciar el procedimiento”.
De la ausencia a las tres últimas sesiones del pleno de los diputados locales del PRI, Flor Añorve Ocampo, de la región Norte, y Adolfo Torales, de Tierra Caliente, que han participado en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a partir de presuntas amenazas de un grupo criminal, dijo que se enteraron y conocen lo que se ha difundido en comunicados, así como a través de lo publicado en medios de comunicación.
“Qué bueno que el poder Ejecutivo esté atendiendo las demandas de autoridades y ciudadanos para reunirse”, dijo y aseguró que no ha podido tener una comunicación amplia con Flor Añorve y Adolfo Torales, “hemos cruzado llamadas para saber que están bien y hasta ahí”.
A pregunta hecha, afirmó: “No hemos hablado de los términos en los que se desarrollaron las reuniones, y tampoco el propio Ejecutivo ha solicitado o ha planteado una reunión con el poder Legislativo, a efecto de hablar sobre el tema”.
Sin embargo, Apreza Patrón señaló que lo importante es que ya se esté atendiendo el problema, “son temas de seguridad que no se pueden andar ventilando públicamente. Yo respeto lo que esté haciendo el Ejecutivo, ojalá sea para bien de la seguridad del estado”.
A estas reuniones con la gobernadora también han asistido las perredistas Elzy Camacho Pineda, de Tierra Caliente, y Susana Paola Juárez Gómez, de la región Norte.
Nuevamente a la sesión del pleno del Congreso de Guerrero no llegaron las diputadas Elzy Camacho Pineda, Flor Añorve Ocampo y el diputado Adolfo Torales Catalán, quienes participaron en las reuniones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a partir de las presuntas amenazas de muerte de un grupo criminal.
Ayer fue la tercera sesión consecutiva a la que no asistieron la perredista Elzy Camacho, y los priistas Flor Añorve y Adolfo Torales, sin que sus grupos parlamentarios realizaran ningún pronunciamiento al respecto en tribuna. Del problema de las presuntas amenazas de Los Tlacos a los diputados no se ha hablado en el Congreso local.
En la sesión, la diputada priista Julieta Fernández Márquez presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, para que entregue al Congreso un informe por escrito detallado sobre si existe un programa institucional para atender la deserción escolar en el estado, sus indicadores, metas y alcances.
En tribuna la priista dijo que Guerrero pasó de tener un millón 120 mil estudiantes matriculados a solo 825 mil, de los cuales el 80 por ciento asisten regularmente a la escuela.
Planteó que es urgente y necesaria una política pública integral, un programa gubernamental que atienda “el grave problema de la deserción escolar”.
También del PRI, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Gabriela Bernal Reséndiz, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que se suspenda la patria potestad de menores a aquellas personas que estén en un proceso de investigación por feminicidio o intento de feminicidio.
La diputada señaló que Guerrero es el octavo lugar a nivel nacional, respecto a delitos de feminicidios, ya que en el primer bimestre del 2023 se registraron 23 asesinatos de mujeres, 43.7 por ciento más que el año pasado.
“Por ello, es que el Estado además de ejercer su función investigativa y punitiva frente al delito, también debe contemplar a los menores de edad como víctimas colaterales del delito y garantizar programas de contención, apoyo directo, continuos y gratuitos y, desde luego garantizar la protección y ejercicio de sus derechos bajo una patria potestad íntegra”.
De primera lectura quedaron los dictámenes de reformas al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado y de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Durante su intervención por el Día Internacional del Trabajo, el perredista Ociel García Trujillo dijo que en Guerrero aún se espera una obra importante del gobierno federal, porque en el estado hay problemas por la falta de empleos.
García Trujillo expuso que no hay obras extraordinarias en los municipios, “donde muchos albañiles podrían al menos, tener la oportunidad de trabajar… y seguimos esperando compañeros, y yo espero de todo corazón, que el Presidente de la República, en este último año que le queda, logre hacer algo por Guerrero”, dijo.
La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para definir las reglas de postulación de sus candidaturas, es vinculante a la que realiza el Congreso del estado para reformar la Ley Electoral que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En asuntos generales de la sesión pública de ayer, el consejero electoral Edmar León García, informó que las actividades de la consulta del IEPC comenzaron el fin de semana pasado con una visita para la mitad de los 49 municipios que serán consultados. Destacó del proceso, el diálogo con el Congreso local, en específico con la Junta de Coordinación Política, cuyos integrantes están “ocupados y preocupados” por atender la consulta de la representación indígena con los más altos estándares internacionales.
León García precisó que para el IEPC es la primera etapa de su consulta, sin embargo para el Congreso del estado será la segunda etapa de su proceso, porque ya tiene trabajo realizado en esta materia.
“La idea es que tanto el Congreso como el Instituto tomen determinaciones en el ámbito de sus propias competencias, es lo que les estamos diciendo a las comunidades que estamos visitando como IEPC, con personal del Congreso”.
En consulta por separado, León García precisó que hace alrededor de un mes, el IEPC firmó un convenio histórico por el alcance que tiene para Guerrero y el país, para que el Instituto y el Congreso realicen de manera conjunta la consulta, y después cada cual tomará las determinadas en el ámbito de sus competencias.
Es decir, el Congreso tomará los resultados para atender la acción de inconstitucionalidad 136/2020; y el IEPC para definir las reglas de postulación y registro de candidaturas indígenas y afromexicanas a los cargos de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos.
Aclaró que, en la consulta que realizó el Congreso local en 2022, sobre derechos y cultura indígena y de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública, el IEPC sólo fue parte de un comité técnico de apoyo. Esta vez, son los organizadores.
El PRI anuncia queja contra Fernández Noroña
En esta misma sesión, el representante del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, informó en asuntos generales, que presentará una queja en el IEPC contra el diputado federal del PT y aspirante a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, que en una acto público en Tlapa el pasado domingo insultó al alcalde del PRI, Gilberto Solano Arreaga.
Aclaró que el morenista no sólo denostó la figura del presidente de municipal, con distintos calificativos, sino a todos los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, porque el edil fue votado a partir de las acciones afirmativas que aplicó este organismo local para postular candidaturas indígenas y afrodescendientes.
Adelantó que van a exigir una disculpa pública sobre todo para los pueblos originarios y afrodescendientes de Guerrero porque “no hay razón para que venga a insultar a Guerrero.
También recordó que el PRI solicitó hace unos días al IEPC la certificación de las pintas de propaganda política #Es Claudia, en apoyo a la aspiración presidencial de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que aparecieron en Chilpancingo. Ahora pedirá formalmente el retiro de la publicidad política, para que el organismo electoral haga la solicitud formal al ayuntamiento capitalino.
Además, pidió que la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC apresure las diligencias sobre la denuncia que presentó la diputada local Gabriela Bernal Reséndiz, contra el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, por actos que configuran violencia política en razón de género.
L consejera presidenta, Fabiola Matildes Gama respondió que en dicho proceso se está realizando conforme a la Ley.
El IEPC realizó ayer dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria. En la primera dio cuenta del cumplimiento en la entrega de los informes financieros de nueve organizaciones políticas que solicitaron constituirse como partidos políticos, aunque sólo ocho lograron se acreditación.
Asimismo, informó de la entrega de un millón 17 mil 330 pesos al al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG), correspondiente a descuentos por multas del mes de marzo a los partidos PT, PRD y PVEM.
En la segunda sesión, aprobó la ampliación del plazo al 15 de mayo, para el registro de la ciudadanía como observadores del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guerrero.
Así como el periodo de capacitación de observadores el 27, 28 de abril y 2, 11 y 12 de mayo a través de un videotutorial, a fin de que el Consejo General resuelva la aprobación de las y los observadores, a más tardar el día 18 de mayo de 2023.
Recordó que el registro virtual de la convocatoria dirigida a universidades, colegios, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas, Afromexicanas, líderes de opinión, y comunicadores, está en la página oficial y redes sociales del IEPC Guerrero.
También aprobaron las convocatorias y el calendario para las reuniones informativas y consultivas de la Consulta, para acreditar la respectiva autoadscripción calificada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Estas reuniones se programaron el 28 de abril, 4, 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo. Los diálogos consultivos el 20 y 21 de mayo, “a fin de garantizar la efectividad de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño de las normas que permitirán la postulación y registro, a través de partidos políticos y candidaturas independientes, de personas con autoadscripción a dichos pueblos y comunidades, y que, justamente se implementó una fase previa que permitió llevar información precisa de los tiempos y la materia de la consulta”, precisaron.
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Dominguez Serna platica con el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, mientras que al fondo diputados locales de Morena discuten luego de no ponerse de acuerdo para votar a favor de la reforma denominado “Divorcio Notarial”, y cuyo punto fue sacado del orden del día a petición del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
La reforma al Código Penal establece que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años que establece el texto vigente.
También la se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años; también se adiciona una fracción al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para que dentro de las atribuciones del gobierno del estado, “en concurrencia con la federación, se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años”.
En la sesión ordinaria el pleno del Congreso se aprobaron reformas al Código Penal del estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Se precisa que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe o hace uso de un inmueble que no le pertenece. También quedó establecido que quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Otro dictamen que se aprobó es el de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres a la que se agregan que investigue los asesinatos cometidos contra personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, porque sólo era incluido en el reglamento pero no en la ley.
Minuto de silencio por feminicidios
A petición de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio por los cuatro feminicidios que ocurrieron o se conocieron en menos de 24 horas ocurridos en Chilpancingo, Acapulco, Juan R. Escudero y José Joaquín de Herrera.
Tras la aprobación del orden del día, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio “por las mujeres asesinadas en las últimas horas en Guerrero, y que con este minuto de silencio también sea una exigencia de justicia para que estos hechos sean castigados y sobre todo se exija todo el peso de la ley para los feminicidas”.
La diputada priista nombró a las mujeres asesinadas. Pidió justicia para la maestra Marlén Enríquez Brito, asesinada el miércoles en Chilpancingo afuera del kínder en el que trabajaba; de la adolescente Vanesa Pérez Bahena, cuyo cadáver fue localizado el martes pasado en un barranco de la colonia Mozimba en Acapulco; el de Guilibalda Reyes, de quien fue hallado su cadáver el domingo en Carrizal de la Vía e identificada el miércoles; y el de Bonificia Mendoza Ortiz, asesinada el 18 de abril, pero localizada un día después en las inmediaciones de la laguna de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera.
“Que ninguno de estos feminicidios quede impune y que cada quien haga lo que le corresponde”, concluyó Gabriela Bernal, el minuto de silencio fue autorizado por la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez “ante la situación, lamentable, triste que compartió la diputada, por ellas y por todas las mujeres asesinadas en nuestro estado”.
Piden garantizar derechos de ciudadanos de nuevos municipios
También de Morena, el diputado José Efrén López Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, porque recordó que es su obligación suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.
Se suman a posición federal contra el tráfico de armas
El pleno también aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el gobierno de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado.
El diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del gobierno del estado, que en coordinación con los representantes estatales de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.
Retiran dictamen sobre “divorcio notarial”
El tema que generó debate fue la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
La iniciativa fue del morenista Carlos Cruz López y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia, pero ya en la discusión. la morenista Leticia Castro Ortiz pidió la palabra para argumentar su voto en contra y en tribuna señaló que el tema “no se encuentra lo suficientemente analizado” y que con estas reformas se quitan facultades y “atentan” contra el Poder Judicial pues se pretende dotar a los notarios “de facultades sumamente riesgosas”.
Leticia Castro cuestionó por qué se pretende dar más facultades a los notarios; por su parte el promovente, Carlos Cruz defendió que esta figura ayudaría a descargar de trabajo a los juzgados familiares y así los trámites serían menos tardados, además justificó que ya hay estados de la República que ya tienen esta herramienta legal.
En seguida los diputados de Morena se reunieron en uno de los pasillos entre las curules para hablar del tema y se solicitó un receso, ahí Leticia Casto advirtió a sus compañeros que no votaría a favor las iniciativas de sus compañeros solo por ser morenistas, también Efrén López Cortez les adelantó que su voto sería en contra.
Finalmente pidieron al presidente de la Comisión de Justicia el priista Jesús Parra García, que retirara el dictamen el cual se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis y enlistarse en una próxima sesión.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) declaró fundada una denuncia por omisión del Congreso del estado para designar a quienes integrarán el ayuntamiento instituyente del municipio Ñuu Savi, separado de Ayutla de los Libres.
Señaló que hasta la expedición de esta sentencia no existe una fecha determinada para la designación de los integrantes del cabildo, ni se advierte que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) haya retomado el procedimiento de designación.
Ordenó al Congreso local que provea “lo necesario para concluir el procedimiento de designación de las personas que habrán de integrar el Ayuntamiento instituyente del municipio de Ñuu Savi, Guerrero”.
De acuerdo con el proyecto de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por Roberta Castro de los Santos y otras personas, en contra de actos del Poder Legislativo estatal, para la designación de los integrantes del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi, “toda vez que de las constancias que obran en autos, no existe medio probatorio alguno que se haya dado cumplimiento a lo aprobado por el Congreso local el 16 de febrero del 2023.
En esa fecha, el Congreso aprobó las listas de personas elegibles para integrar los cabildos instituyentes de los cuatro municipios municipios de Guerrero: Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
El Tribunal Electoral confirmó que la Jucopo no ha retomado el procedimiento de designación, lo cual violenta los principios de legalidad y certeza y los derechos de votar y ser votado de la parte actora y de las comunidades, “dado que el inicio de las funciones del nuevo municipio no se ha concretado ante la falta de la designación de su ayuntamiento instituyente”.
Explicó la omisión que se establece, “por los plazos transcurridos y por transcurrir, pueden generar la preclusión del derecho de los pueblos y comunidades del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi de solicitar, con oportunidad, se elija su próximo gobierno municipal bajo el modelo del sistema normativo interno y con ello, se menoscaba el derecho de las comunidades y sus integrantes al ejercicio de su libre determinación y autonomía, violentando el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, el colegiado convalidó el acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura local, del 16 de febrero de 2023, mediante el cual se declararon elegibles una lista de personas para que la Jucopo proponga la designación de los integrantes de los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón; así como el decreto número 429 con el que se ratificó dicho acuerdo plenario de la Comisión permanente.
