El diputado local Joaquín Badillo Escamilla platica con sus ex compañeras de bancada las morenistas, Jessica Alejo Rayo; José Efrén López Cortés, Claudia Sierra López, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Osbaldo Ríos Manrique, Antonio Helguera Jiménez, Alfredo Sánchez Esquivel, Angelica Espinoza García y Marco Tulio Sánchez Alarcón Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El diputado Joaquín Badillo Escamilla dejó el grupo parlamentario de Morena para integrarse a la representación del PVEM, por acuerdo de la alianza Unidos Hacemos Historia.
Trascendió que el movimiento es para que Badillo sea el presidente de la Mesa Directiva en el último año de la actual Legislatura, que le corresponde al PVEM según el acuerdo delos grupos y representaciones parlamentarias.
Ayer en la primera de dos sesiones del pleno del Congreso local, Badillo Escamilla, quien es diputado por el distrito 9 de Acapulco postulado por Morena, informó a la Mesa Directiva que “por acuerdo institucional de partidos” que forman parte de “la alianza histórica” Unidos Hacemos Historia, “hemos decidido separarme de mi actual grupo parlamentario”, a partir de ayer.
Después, en una segunda sesión se informó que también por determinación de los partidos que integran esta alianza electoral se integraba a la representación del PVEM.
De esta manera, Badillo, que llegó a la curul por Morena, afín al equipo del senador Félix Salgado Macedonio, podrá presidir la Mesa Directiva. Manteniéndose en su grupo parlamentario no podría debido a que el mismo partido no puede presidir al mismo tiempo la Mesa y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Fuentes del Congreso confirmaron que es la intención de esta mudanza para que, en el tercero y último año legislativo sea Badillo el presidente de la Mesa Directiva.
Al inicio de la actul legislatura el PVEM tenía dos diputados locales: Manuel Quiñonez Cortés e Hilda Jennifer Ponce Mendoza, pero hace un par de meses el diputado se declaró independiente sin dar a conocer los motivos, por lo que solo quedó en la representación la diputada Ponce.
En el pasado proceso electoral en Guerrero la alianza Juntos Haremos Historia no se concretó, incluso hubo un rompimiento entre las dirigencias del PT y el PVEM con la de Morena, a la que acusaron de no quererles dar candidaturas en distritos y municipios; en la elección por la gubernatura Morena fue solo, mientras que en la de diputaciones federales se coaligaron.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), requirió al Congreso local que en un plazo de dos días hábiles presente las constancias de cumplimiento de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, del 26 de abril, y por la Sala Regional Ciudad de México del Trife, sobre la integración del cabildo instituyente Ñuu Savi.
El 18 de mayo, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Federal Electoral (Trife), conminó al Congreso de Guerrero, y a la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, como órganos de dirección, “a que, de manera urgente y a la brevedad determine las personas que deberán integrar el Ayuntamiento Instituyente del municipio de Ñuu Savi”
Sin embardo, en el acuerdo plenario aprobado ayer por el tribunal local señala que han han pasado 42 días de la emisión de la sentencia del TEE (26 de abril), y 24 días de la emisión de la sentencia de la Sala Regional, “sin que hasta el momento la autoridad responsable haya informado sobre el cumplimiento dado a la misma, o en su caso, que está en vías de cumplimiento”.
Por lo anterior, reiteró que los términos establecidos en las dos sentencias, “no pueden ser objeto de retardo, y éstos -los plazos- se han venido acotando por el transcurso del tiempo, lo que impacta en hacer nugatorio (frusta en expectativa social) el derecho de las y los justiciables”.
Regresan al IEPC el caso Sánchez Esquivel
Por otro lado, devolvió a la Unidad de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una denuncia por violencia política de género contra el diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, por irregularidades y omisiones en la integración en el Procedimiento Especial Sancionador, a fin de “garantizar los principios de inmediatez, exhaustividad y legalidad”.
Asimismo, el TEE declaró inoperantes los agravios denunciados por el representante del PRI, Alberto Saavedra Chávez, en contra del registro del partido político local México Avanza, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al estimar “que no controvierte de manera frontal y eficaz las consideraciones de la autoridad responsable”.
Desechó de plano otra demanda que promovió el ciudadano Eriberto Flores Terrero, en contra de la aprobación del Partido Alianza Ciudadana, por “carecer de interés jurídico y legítimo para controvertir el acto impugnado”.
Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.
Candidaturas indígenas y
afromexicanas
En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.
Otras reformas
Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.
Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.
El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la consulta sobre las reformas del Congreso local a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-ra de los Pueblos Indígenas, “es un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario”, y en particular a la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), opi-nó el director del Centro de De-rechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera.
Entrevistado por teléfono, agregó que la resolución atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, es una burla más hacia ellos, y una mala señal porque significa un retroceso en las reivindicaciones de los pueblos originarios.
El lunes se conoció que la SCJN validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso local a la Ley 701 en mayo del año pasado. En ellas se eliminó el sistema de reeducación y se sustituyó a la Policía Comunitaria por una “policía indígena y afromexicana”, misma que se subordinará a las policías de los tres órdenes de gobierno.
Tlachinollan dio acompañamiento a la CRAC en su movimiento contra esa reforma, debido a que, argumentaron, no se consultó a los pueblos indígenas. Y ayer su director subrayó que la Corte “no reconoce sus formas de organización cimentadas en la libre determinación y, sobre todo, las formas de consultas que implementan las comunidades a través de sus asambleas”.
Barrera Hernández explicó que probablemente en los últimos meses el Congreso subsanó los procedimientos de la consulta y se hicieron cabildeos con algunos ministros para que les mostraran que en términos procedimentales cumplieron con los principios que ordenó la Corte y los que rigen la consulta.
Sin embargo, dijo que la realidad es que los pueblos fueron excluidos de esa supuesta consulta, sus autoridades no fueron tomadas en cuenta ni su práctica consuetudinaria que está marcada por las asambleas comunitarias.
“Fueron simplemente acciones mediáticas, de mera formalidad legaloide, nunca consultaron a fondo los pueblos”, subrayó.
En su opinión, fue una burla más, “y se sigue dando la espalda a los pueblos, ignorando su capacidad, su fuerza, su resistencia y su inteligencia para autogobernarse y construir un entramado jurídico basado en los derechos colectivos”.
El gobierno de Morena también desprecia al movimiento indígena
Barrera lamentó que, en Guerrero, en el mismo gobierno de Morena, no haya un compromiso con los pueblos indígenas, y por el contrario, exista “un desprecio hacia el movimiento de pueblos que luchan por su sobrevivencia, y que haya, también, una criminalización”.
Dijo que la Suprema Corte ahora se suma a esa política al no reconocer a los indígenas como actores políticos y al darle “credibilidad a un Poder Legislativo que nunca se ha identificado con las luchas indígenas”.
El director de Tlachinollan criticó que la SCJN legitimó la política racista de un Poder Legislativo que “más bien utiliza a las comunidades indígenas como clientelas cautivas, como masa informe que solo sirve para depositar el voto en las urnas”.
Abundó que lo que validó la SCJN es lo que quisieron imponer los diputados con una visión etnocéntrica de lo que es el derecho.
Desestimaron los ministros la cosmogonía indígena
Dijo que los ministros desestimaron lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, “que hablan de otras formas de readaptación, como lo es la reeducación que es un proceso colectivo, en el que no se criminaliza al detenido, sino que se le reincorpora a la comunidad a través de procesos pedagógicos a nivel comunitario, a través del consejo de los ancianos y del servicio comunitario, de la participación en las tareas de la comunidad, a través de la convivencia que tienen con las autoridades”.
Lo que debería hacerse, dijo, es armonizar e incorporar la legislación indígena que se ha ido construyendo con mucho sufrimiento, con luchas a nivel latinoamericano, con los principios del derecho positivo y generar legislaciones plurales.
“Pero aquí, más bien, se está supeditando el derecho de los pueblos a un derecho positivo racista, que criminaliza, que discrimina a las comunidades indígenas que las tienen en el fango de la historia y han posteado sus derechos”.
Insistió que por eso su opinión es que hubo un retroceso, “porque en la vía de los hechos se sigue separando la sociedad mestiza de la sociedad indígena al tratarla como seres inferiores, como personas salvajes, como si sus costumbres fueran de la época primitiva”.
Barrera Hernández criticó que desde el Estado se sigue reforzando la idea “etnocéntrica y racista de que los indígenas son atrasados que necesitan integrarse a la sociedad nacional de manera forzada en términos de imponerles una cultura jurídica, basada en el individuo”.
Y cuestionó: “De qué sirve reconocer la diversidad cultural de México, si en los hechos se pisotean sus derechos, si en los hechos no se les reconoce, si no hay marcos jurídicos que los respeten, que los reconozcan, que los toleren, que armonicen sus derechos”.
En lo que respecta a la CRAC, el director de Tlachinollan anunció que va a seguir navegando a contra corriente, y va a tener que seguir fortaleciendo sus procesos autonómicos y de libre determinación, “no va a haber de otra”.
Recordó que en su momento ya elaboró una propuesta de ley que fue rechazada por la misma fracción parlamentaria tanto de la actual como de la anterior legislatura.
“Por el momento entendemos que fue un golpe fuerte al sistema de justicia comunitario y a la CRAC en concreto”.
En tanto que el vocero de la CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que van a consultar con los pueblos y comunidades lo que resolvió la SCJN y que este jueves ofrecerán una conferencia de prensa las cinco casas de justicia para dar su opinión.
Curules vacíos de la bancada de Morena en el inicio de la sesión del Congreso Local, en la cual tardaron 20 minutos en el pase de lista ante la presencia de solo cuatro diputados Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701, “da certeza a los procesos consultivos” que realiza este poder.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Domínguez Serna dijo que en la actual legislatura, los procesos de consulta se están perfeccionando “en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
El Congreso realiza consultas en materia de educación indígena e inclusiva, y recientemente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) concluyó la consulta en materia electoral para establecer las reglas con las que se garantizará a los pueblos indígenas y afromexicanos su participación en el proceso electoral próximo.
Realiza el Ejecutivo observaciones del Legislativo a sus decretos
Al pleno del Congreso local se informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió “observación constitucional total” a dos decretos aprobados por los diputados, por lo que no se han publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Se trata de dos decretos que se generaron a partir de iniciativas enviadas por Evelyn Salgado, propuestas que en el proceso de revisión y dictaminación sufrió modificaciones en las que la gobernadora está en desacuerdo.
En la sesión de ayer sólo se leyeron los oficios en los que se menciona el contenido de los decretos observados, pero no se leyeron los anexos en los que se puntualiza qué es lo que el Ejecutivo encontró inviable para su publicación y entrada en vigencia.
Con estos dos, son tres decretos que la gobernadora por Morena observa de manera total al Poder Legislativo, donde el grupo parlamentario con mayor número de diputados es de su mismo partido.
Al inicio de la sesión se leyeron dos oficios enviados por Salgado Pineda. Se trata de la “observación constitucional total” al decreto número 445 por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el estado libre y soberano de Guerrero, número 499”, por el que se adicionó una fracción al artículo 118 y al título quinto “de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes” y al capítulo tercero “del sistema estatal de protección integral”, y de la ley número 812 para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La otra observación constitucional total fue al decreto número 457 por el que se adiciona el artículo 140 Bis del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del estado de Guerrero, número 763.
La sesión
El pleno del Congreso de Guerrero exhortó al gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Turismo, promueva el desarrollo de la actividad turística en la zona Norte de Guerrero. Fue una propuesta del diputado morenista Antonio Helguera Jiménez.
El grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para armonizarlo con “Ley 3 de 3 contra la Violencia”.
La propuesta es para que quede establecido en la legislación local que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
La propuesta la presentó en tribuna la perredista Jennyfer García Lucena, que plantea la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
El morenista Antonio Helguera presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado para establecer la prohibición de la “lista de raya” o “nómina secreta”, con lo que se inhibirá la opacidad en el funcionamiento de la administración pública municipal.
También de Morena, Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que las madres o padres cuyos hijos hayan sido diagnosticados con cáncer puedan gozar de una licencia por cuidados médicos, que les permita ausentarse de sus labores en caso de que la niña, niño o adolescente requiera descanso en los periodos críticos del tratamiento.
“A los diputados les valen madre los desaparecidos”, reprochó airadamente la presidenta del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena, después de que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, dejó plantados a representantes de colectivos, con quienes se reunirían para avanzar en la propuesta de iniciativa de Ley de Desaparición Forzada.
Los representantes de distintos colectivos de familiares de desaparecidos se reunirían ayer en una mesa técnica para revisar, realizar observaciones “y empujar” la iniciativa de la Ley en Materia de Desaparición Forzada, que está congelada desde el año pasado en el Congreso local.
Esperaban la reunión los representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, el Colectivo Siempre Vivos de Chilapa y del Colectivo Lupita Rodríguez, de Chilpancingo.
Luego de que los dejaron plantados, Beatriz Adriana Rivera, del colectivo Lupita Rodríguez, recriminó que los diputados “nos dejaron un mal sabor de boca porque no llegaron a la mesa técnica”.
Explicó que la presencia de los diputados era esencial “porque queremos que la ley sea aprobada en esta legislatura; sin embargo, como siempre, nos dieron otra vez con la puerta en la nariz, fue un desaire de los diputados locales”.
Explicó que la de ayer era una mesa técnica para armonizar las propuestas de los colectivos con la iniciativa que ya tienen los diputados.
Añadió que los diputados van a contra corriente de lo que se opina a nivel nacional sobre esa ley, pues ayer mismo en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó que se debe de armonizar la ley general en todas las entidades para ayudar a las familias que tienen desaparecidos.
La representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena, informó que ayer acudieron al Congreso local “creídos tontamente” que tendrían la mesa de trabajo en el Congreso local y que iban “con toda la intención de trabajar” en una la ley que realmente de protección y los elementos necesarios para que se atienda como debe ser el problema de la desaparición en Guerrero.
“Pero una vez más vimos que a los diputados les vale madre el problema de la desaparición”.
Agregó que no es la primera vez que los dejan plantados, “a pesar de que a nivel nacional es un asunto que se ha puesto en la mesa de discusión como ocurrió en la conferencia mañanera del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de ayer”.
Opinó que el presidente, a diferencia de los diputados de Gurrero, reconoció la importancia que el tema tiene, “pero una vez más vemos que el presidente da una indicación, pero aquí, a bajo, en los estados, en los congresos, los diputados hacen lo que quieren”.
Denunció que ayer los diputados locales les volvieron a cerrar la puerta en las narices: “los diputados sabían que estábamos aquí, sabían que íbamos a platicar con ellos, pero hasta terminaron la sesión antes con tal de zafarse y la lección que nos llevamos es que el problema de la desaparición en Guerrero no les importa”.
Adriana Bahena añadió que a los diputados se les olvida que los familiares de los desaparecidos y colectivos han sido resilientes, “y hemos estado trabajando durante años, incluso a nivel nacional en estas leyes y protocolos y no nos vamos a cansar. Estos señores (los diputados) se van a ir dejando el recuerdo que no fueron absolutamente buenos para nada, porque no dejaron beneficios para los que creyeron en ellos”.
En declaraciones por teléfono cuando ya se retiraban del Congreso sin la esperanza reunión, Adriana Bahena, dijo: “Tristemente ya nos vamos, pero no derrotados, sino convencidos de que tenemos que ser más fuertes y de que la ley de Guerrero va a salir, y va a salir sustanciosa y fuerte para ayudar, dar cobertura y protección a las familias”.
Advirtió: “Si los diputados creen que nos vamos a dar por vencidos, para nada, nosotros seguiremos trabajando, y que les quede claro, vamos a seguir trabajando con ellos o sin ellos”.
Adriana Bahena informó que, de hecho, el trabajo de escritorio lo han estado haciendo los mismos colectivos en varias reuniones que han tenido y que realmente lo único que tienen que hacer los diputados es que se manifiesten que es necesaria y que tiene que salir una ley.
“Eso es lo que necesitamos ver y oír de ellos, su voluntad, pero lo que estamos viendo es que no hay voluntad para entender que hay otra cosa más importante que sus privilegios, que necesitamos canalizar los recursos a donde de verdad se necesitan”.
Criticó: “Porque es muy fácil verlos a ellos salir del Congreso bien vestiditos, guapos y en sus buenos carros rumbo a su casa a comer con sus hijos, y nosotros no, seguimos todo el tiempo insistiendo, dejando en nuestras casas a los hijos que nos quedan para hacer algo en beneficio de las familias”
Insistió: “Eso es lo que vemos, falta de voluntad de parte de ellos para que salga una ley como tiene que salir”.
Informó que ayer no recibieron ninguna explicación del porqué no se presentaron a la reunión, “simplemente no se presentaron a esa reunión que ya estaba acordada con una orden del día que se distribuyó a cada uno de los diputados”.
Finalmente, Beatriz Adriana Rivera, también dijo que
van a seguir insistiendo, a retomar y a reunirse como Frente de Colectivos para acordar las acciones que sean necesarias, “pero de que va a haber una ley estatal la va a haber”.
Informó que, además, están empujando la creación de un Centro Regional de Identificación Humana en Guerrero por todo lo que implica históricamente el problema de los desaparecidos en la entidad.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
Se trata de las reformas que diputados locales realizaron el 24 de mayo del año pasado en materia de seguridad indígena y afromexicana, con las que se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afromexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses -a pesar de que la Corte había dado todo un año para su desarrollo- sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
El diputado de Morena Masedonio Mendoza Basurto, y organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron los principales opositores de estas reformas.
Incluso, después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente ayer validó la Corte.
Ayer en sesión, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH); la ponencia estuvo a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
La ponente propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad; y que se reconociera la validez del decreto 183 por el que se reforma la ley 701.
En el estudio de fondo, la ponente Ana Margarita Ríos habló de un apartado que denominaron vulneración a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En su exposición la ministra explicó por qué se declaraba infundada la solicitud de invalidez de este decreto.
Comentó que ésta es la primera consulta indígena que se validaría por parte de la Corte, porque consideraron que el Poder Legislativo de Guerrero sí cumplió con realizar la consulta de acuerdo con las fases y características que han sido establecidas por este tribunal.
La ministra ponente señala que en la fase preconsultiva se desarrolló de manera correcta identificando las comunidades a consultar, y que posteriormente el Congreso emitió lineamientos que establecieron los principios por los que “se regiría la consulta”, esto a pesar de que en este proceso no participaron pueblos indígenas ni afromexicanos.
En este caso, la ministra argumentó que estos lineamientos podrían modificarse “de acuerdo a sus necesidades, sistemas normativos, y costumbres de cada comunidad”.
De la fase informativa, la ministra se refirió a la distribución de información y la difusión sobre la realización de la consulta por diferentes vías, y que se realizaron asambleas en las cuatro lenguas indígenas “lo que permitió un entendimiento y diálogo intercultural”.
Y en la fase de deliberación interna, la ministra Ana Margarita Ríos, validó que se realizaron asambleas y reuniones al interior de las comunidades “sin la intervención del Poder Legislativo” en las que se discutieron la propuesta de ley para aprobar o presentar propuestas de modificación.
Después, en la fase de diálogo, la ministra dijo que se realizaron 424 asambleas consultivas de un total del mismo número de comunidades de 54 municipios que “quisieron participar”.
Mientras que en la fase de decisión “el Congreso incorporó el mayor número de propuestas con base en el principio de mayor consenso posible”, y afirmó que las opciones que “no fueron integradas expresamente ya formaban parte de la redacción de la redacción de artículos puestos a consideración o bien, tenían incidencia en el ámbito competencial de otros poderes”.
En la sesión no se dieron detalles de lo anterior, y solo se apunta que “estuvo debidamente fundado y motivado por el Congreso local en la exposición de motivos”.
La propuesta llevada al pleno de la SCJN planteó que el Congreso de Guerrero sí cumplió con las fases mínimas que debe tener una consulta previa, y que esta cumplió con las características establecidas por la Corte.
Se consideró que fue una consulta libre porque no hay pruebas “de que actos de coerción, intimidación o manipulación por parte de las autoridades”; la ministra también precisó que “la finalidad de llegar a acuerdos no puede interpretarse en el extremo de exigir que todas las propuestas y comentarios en lo individual deban reflejarse en el proyecto final de la ley pues es de carácter general a todos los pueblos”.
En el segundo apartado de vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la ministra ponente propuso declarar infundado el concepto de invalidez que pidió la CNDH.
Con lo aprobado, se determinó que “sí está reconocida la personalidad jurídica y los derechos de dichas comunidades” y que de esta manera “queda superada la confusión que surge de la interpretación aislada de los artículos impugnados”.
Pobladores del nuevo municipio Ñuu Savi, informaron que la Sala Regional Ciudad de Méxi(Trife), conminó al Congreso del Estado a que de manera urgente y a la brevedad determine quiénes serán las personas que deberán integrar el ayuntamiento instituyente de ese nuevo municipio.
De acuerdo con la resolución, el Congreso local podría vulnerar los derechos políticos electorales de los pobladores, pues se requiere del gobierno instituyente para que puedan elegir la forma de elección de autoridades municipales bajo el sistema normativo interno en el proceso electoral 2023-2024.
Fue el 31 de agosto de 2021, cuando el Congreso local aprobó el decreto para crear el municipio de Ñuu Savi, así como otros tres más: San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas. Hasta ahora, han pasado 23 meses sin que los diputados les designen gobiernos instituyentes.
Como se informó en El Sur, hace unos días, en una reunión, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, dijo a los promotores de los cuatro nuevos municipios, que hay dos amparos recientes que esperan desahogar en junio, para que revisen los nombramientos de ayuntamientos instituyentes.
Ayer, consultado vía telefónica, un integrante del comité gestor de Ñuu Savi, que pidió no publicar su nombre, dio copia a El Sur del fallo del Tribunal federal con fecha del 18 de mayo de 2023 –del cual recientemente fueron notificados– y que se emitió en el expediente SCM-JDC-133/2023, por un juicio que promovieron los pobladores de esa nueva demarcación para proteger sus derechos político-electorales, el cual, a pesar de su argumento resultó infundado.
No obstante, el documento destaca que el 20 de octubre de 2022, el Congreso local emitió el acuerdo parlamentario que contiene los criterios para la designación de las personas integrantes de los ayuntamientos instituyentes. El 13 de noviembre de 2022, en la comunidad de Ocotlán, los habitantes de Ñuu Savi aprobaron sus propuestas de propietarias y suplentes para la integración de su cabildos instituyente para el periodo de 2022-2024.
Señala que el 16 de febrero de 2023, la Comisión Permanente del Congreso Local aprobó el acuerdo que declara persona elegibles como propuestas para la designación de integrantes de, los ayuntamientos instituyentes. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, ya el Tribunal Elecotral de Estado (TEE) había detectado que desde el 17 de febrero de este año no hay actuación alguna en el procedimiento de designación de las integrantes del gobierno instituyente, por lo que advirtió una omisión de la Jucopo del Congreso Local.
Es por ello, que el Tribunal, a pesar de que calificó como improcedente el juicio de los pobladores que pedían que el TEE diera una fecha límite para que el Congreso local designe un ayuntamiento instituyente, con el argumento de que no tenerlo, les impide solicitar cambiar la forma de elegir su próximo gobierno municipal, al modelo de sistema normativo interno.
El Tribunal federal sostuvo que para reforzar los derechos a la libre determinación y autonomía de las comunidades y de la ciudadanía de Ñuu Savi, y no permitir que su derecho a elegir su próximo gobierno municipal bajo el sistema normativo interno precluya – es decir, se quedaran sin la posibilidad del ejercicio de su derecho en el transcurso del plazo legal establecido– “conminó al Congreso del Estado de Guerrero”, a sus órganos de decisión, es decir, la Jucopo, a integrar el ayuntamiento instituyente.
Expuso que la decisión la tomaba, “ante la evidente omisión en que el Congreso del Estado de Guerrero ha incurrido en nombrar al mencionado ayuntamiento instituyente, y ante la eventual vulneración de los derechos políticos-electorales de la parte actora y de las personas designadas integrantes de dicho ayuntamiento instituyente por la asamblea, para ejercer sus cargos y determinar la forma de elección de sus autoridades municipales bajo el sistema normativo interno”.
Según el documento, el gobierno instituyente de Ñuu Savi tendría como fecha límite para su ejercicio el 29 de septiembre de 2024, es decir, le restarían 16 meses para ejercer sus funciones como autoridades municipales.
El pasado 9 de mayo, los integrantes del comité gestor de Ñuu Savi entregaron ante el IEPC una solicitud para que en el proceso de elección de 2023-2024 se incorpore el sistema normativo interno por usos y costumbres, ante el atraso del los legisladores locales para nombrar el gobierno instituyente.
Fuentes del IEPC informaron que dicha solicitud aún está en proceso y siendo estudiada.
El diputado local del distrito 18, Adolfo Torales Catalán (PRI), votando desde su casa en Arcelia durante su participación virtual en una sesión del Congreso Foto: Israel Flores
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
A más de un mes que se conociera que un grupo criminal amenazó de muerte a alcaldes y diputados de las regiones Tierra Caliente y Norte, y que desde entonces no acuden a las sesiones del Congreso local, este martes las perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juárez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán participaron en la plenaria de manera virtual, sin que ninguno realizara alguna participación.
El 27 de abril se publicó en El Sur que el grupo de alcaldes y diputados locales informaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la amenaza de muerte, y le pidieron acciones concretas.
En particular, advirtieron del riesto que corrían en sus traslados a la capital, en cumplimiento de sus labores o trámites.
Aunque no se específicó a qué grupo criminal se referían, se conoció que eran Los Tlacos, que tienen control de los tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo.
Después se realizaron reuniones de las que no se conocieron los detalles. Sin embargo, los tres diputados no han acudido a las sesiones del Legislativo.
Ayer se colocó en el centro del salón de plenos, frente a la tribuna, una pantalla en la que se observó la participación remota de las perredistas y el priista, quienes por un mes dejaron sus actividades en el Poder Legislativo.
Por amenazas, diputado
calentano participa
El diputado local Adolfo Torales Catalán, del PRI, informó que participó en la sesión virtual de la Comisión de Biblioteca e Informática, “en mi carácter de presidente del mismo, en donde se puso a consideración de los diputados que lo integran el Informe Anual de Actividades, que fue aprobado por unanimidad para el conocimiento del pleno”.
El diputado local del distrito 18, de militancia priísta, se ha mantenido activo en Tierra Caliente realizando reuniones con diferentes ayuntamientos y sectores, en donde además ha entregado obras de invitaciones, apoyo a las escuelas, y realizó giras por varios municipios, donde llevo regalos para las fiestas del Día de las madres y motocicletas para rifar por el Día del Maestro.
Sin embargo, acerca de su actividad legislativa, no se había conocido de alguna participación en el Congreso debido a que se mantiene en la postura de no asistir a Chilpancingo.
Minuto de silencio por hermado del diputado Astudillo
Al inicio de la primera de dos sesiones, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio en memoria de Héctor Javier Astudillo Calvo, quien fuera hermano del diputado Ricardo Astudillo Calvo e hijo del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
En la sesión el pleno aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Senado, con la que se establece como requisito la edad mínima de 18 años para poder ser candidatos a diputaciones y de 25 años para ser secretaria o secretario de estado.
A propuesta del morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, el pleno aprobó un exhorto a las Secretarías de Salud y de la Mujer para que “tomen acciones inmediatas encaminadas al cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente”.
En tribuna, el morenista dijo que según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes, y que en el 2020 más de 3 mil casos de menores de 19 años embarazadas en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Zihuatanejo e Iguala.
Y llamó a las Secretarías de Educación, de Salud y de la Mujer a cumplir con los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, a través de campañas de educación sexual difundidas a través de redes sociales, la radio y la televisión.
Este martes se realizaron dos sesiones, ya que la Junta de Coordinación Política decidió que mañana jueves no habría.
Actos de corrupción con
programa de caminos artesanales
Al final de la segunda sesión, en tribuna el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”. Ahí denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.
En ese sentido explicó que los recursos de este programa del gobierno federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas, pero en casos como el de Tlacoapa se presumen malos manejos del presupuesto público.
El morenista llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.
La sesión
En estas se presentadon diversas iniciativas, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, para quedar como Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guerrero.
De Morena, la diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para garantizar el principio de paridad de género en la elección de comisarios, suplentes y vocales, así como en la integración del Consejo Consultivo de Comisarios Municipales.
Tulio Sánchez propuso también una reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer la creación de la Presea “Faustina Benítez”, para “reconocer a mujeres guerrerenses que hayan destacado por su labor social en esta entidad”, la cual sería entregada por el Congreso del Estado en Coyuca de Benítez, en el marco de la conmemoración del natalicio de la guerrerense, el 15 de febrero.
El Pleno aprobó también un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política para realizar el Parlamento Estudiantil número 15 de Los adolescentes y la cultura de la legalidad, el próximo 9 de junio.
Mientras que la perredista Yanelly Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar la denominación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Con información de Israel Flores/ Ciudad Altamirano).
