El delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Guerrero, Víctor Hugo Soto Martínez, reconoció que la inseguridad orilló a familias enteras a emigrar a zonas urbanas o las cabeceras municipales, lo que provocó que la población disminuyera, y en esos lugares va a tener que entrar el personal del organismo, pues donde había escuelas con 30 alumnos ahora hay ocho o máximo diez.
Indicó que en esa situación hay localidades de Costa Chica, Montaña y Tierra Caliente, “hay localidades que se van atender porque la población ha disminuido”. Agregó que para el presupuesto 2018 se agregaron las solicitudes donde piden al Conafe acudir ahí, con el objetivo de tener recursos para poderlas atender.
Precisó el delegado que la emigración de familias no se da sólo en Guerrero, sino en todo el país.
Soto Martínez estuvo en la inauguración del Taller Nacional de Capacitación y Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Conafe, que se va desarrollar en el Plaza Suites, el cual encabezó la dirigente sindical nacional, Carolina Martínez Avilés, donde dijo en su mensaje que los trabajadores son respetados en sus derechos laborales y se esfuerza para darles condiciones dignas. Agregó que atienden a 15 mil jóvenes de educación básica, los cuales son atendidos por unos 5 mil líderes de educación comunitaria.
Explicó que por normativa, la Conafe atiende localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, donde en las escuelas comunitarias la matrícula puede ser de cinco estudiantes. Que en Costa Chica es donde tienen más escuelas comunitarias, cerca de 200, y se maneja la lengua indígena para no perder su origen.
En entrevista con reporteros, al delegado se le preguntó sin la violencia ha complicado el trabajo en las escuelas comunitarias y respondió que como a todos, el problema de la inseguridad es un tema delicado.
Indicó que por ello se procura que los jóvenes sean originarios de las regiones y municipios cercanos, pues se verían mal que a un joven de Acapulco lo manden a Tierra Caliente. Reconoció que algunos trabajadores han sido detenidos, pero nada más le preguntan a dónde van, les piden las credenciales, pero no han perjudicado a ninguno.
Dijo que han pedido más recursos para abrir más escuelas, en localidades donde el número de habitantes disminuyó. Señaló que la Conafe atiende la educación en los lugares más alejados, por “eso la atención que brindamos no es muy notoria”.
En su mensaje durante la inauguración, el delegado de Conafe, Víctor Hugo Soto Martínez, agradeció que hayan elegido a Guerrero, Acapulco, para el congreso y les dijo que “seguramente han escuchado que hay muchas complejidades, pero también Guerrero es un estado que quien conduce el timón, el gobernador Héctor Astudillo Flores, nos ha sabido consolidar, nos ha sabido aglutinar en los tres órdenes de gobierno, pero también con la participación ciudadana”.
Agregó que la directriz del trabajo en Guerrero es laborar de manera conjunta, “uno de los rubros más importantes es el educativo, pero no aislado como institución, el Conafe es una institución que ha trabajado de la mano con organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, pero también de los diferentes órdenes de gobierno y quiero enmarcar que el trabajo que se viene haciendo aquí, en Guerrero y el país, es de conjunto para atender a los jóvenes de las localidades más marginadas”.
Indicó que faltan muchas cosas por hacer, pero que reconoce el trabajo y esfuerzo de la base sindical, pues dijo que sin ellos el Conafe no avanzaría como lo hace y “sabemos que los resultados de este congreso habrán de permitir que, no solamente la base sindical, sino el conjunto de quienes conformamos el Conafe en el país tengamos directrices de lo que es el cierre de este año”.
Mientras que la secretaria general del sindicato nacional del Conafe, Carolina Martínez Avilés, aseguró que son vanguardistas, una organización sindical que se preocupa de las necesidades de los trabajadores e ir de la mano con los trabajadores. Señaló que ellos jamás utilizan los paros, que prefieren el diálogo para lograr acuerdos y avanzar.
Añadió que no saben cómo vendrá 2018, pero “nosotros estamos preparados para quien venga a dirigir los destinos de nuestra nación, estamos ciertos y seguros que seguirá la marcha y seguirá el aprendizaje de Enrique Peña Nieto, presidente constitucional”.
Martínez Avilés indicó que en el congreso estarán los 31 representantes de los estados, así como representantes de oficinas centrales y que tiene la finalidad de fortalecer a la institución, pues hay un compromiso con ella, así como fortalecer el modelo educativo. Sobre la inseguridad dijo que han tenido varios eventos y no han sufrido ningún contratiempo.
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Es en Morelos donde el rector tendrá que rendir cuentas, dice Javier Saldaña; la UAG es transparente, asegura
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que será en Morelos donde el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, tendrá que rendir cuentas por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, y resaltó que la UAG es una de las instituciones más transparentes y ejemplo en el país.
En declaraciones antes de la inauguración del Primer Congreso Internacional de Innovación, Competitividad y Sustentabilidad, realizado por la Unidad de Estudios de Posgrados e Investigación (UEPI) en el hotel Emporio, expresó que todos los “entes” están obligados a rendir cuentas y calificó la situación del rector de la UAEM como complejo, “que a nivel local se tendrá que dar cuenta de lo que suceda”.
Dijo que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de la que es miembro la UAG tendrá que dar un posicionamiento sobre el caso. El rector de la UAEM ha dicho que el gobernador perredista, Graco Ramírez, le ha tendido una venganza política y ha fabricado los delitos en su contra y de su esposa.
En este contexto y por el próximo Congreso Nacional de Universidades, de cara a la transparencia y rendición de cuentas, que se realizará los días jueves, viernes y sábado, indicó que la UAG ha realizado “un buen trabajo”.
“Somos de los pocos entes autónomos y públicos que tiene liberadas sus cuentas públicas. Hemos trabajado mucho en la parte de rendición de cuentas, hemos trabajado mucho en la parte de transparencia. Es una Universidad con poco recurso y lo que venga se tiene que transparentar”, y afirmó que la sede del Congreso Nacional será la UAG porque es un ejemplo en el país.
Abundó que la UAG, es la tercera institución más transparente, en primer lugar está la AGE, y después la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado. El rector reiteró que espera que no existan más problemas con la situación de violencia que se vive en la región de Chilapa, donde la Preparatoria 26 cumplió 2 meses sin clases.
Urgen PRD, MC y Morena al PRI que dictamine la reforma en materia de derechos indígenas
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el perredista Ociel García Trujillo, pidió en tribuna a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos dictamine la iniciativa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que presentaron el PRD, MC y Morena y que reforma los artículos 8 y 14, que conservan y amplían los derechos de los pueblos originarios.
En la sesión, el diputado perredista Ociel García Trujillo dijo en tribuna que ha enviado tres exhortos para que se dictaminen las reformas constitucionales en materia indígena.
En el Poder Legislativo, las fracciones del PRI y PVEM pretenden que primero sea dictaminada y aprobada la reforma constitucional a los artículos 8 y 14 enviadas por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 constitucional enviado por el gobernador al Congreso local elimina las palabras “Policía Comunitaria o Rural” y se elimina el reconocimiento y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria. En tanto, circunscribe su accionar a la Constitución federal. Mientras que la propuesta de la CRAC presentada por PRD, MC y Morena, conserva y amplia los derechos de los pueblos originarios y reconoce a las policías comunitarias.
El diputado perredista pidió a la comisione de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que presiden los priista Cuauhtémoc Salgado Romero, para que “ya dictamine” las iniciativas de las fracciones de MC, PRD y Morena así como la que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ahí recordó que la Comisión de Asuntos Indígenas, Justicia y de Estudios Constitucionales acordaron que antes de realizar la homologación de la Ley 701, esperarían la reforma constitucional del artículo 14.
Sin embargo, adelantó que “si continúa la demora, el rezago, como comisión realizaremos las adecuaciones pertinentes que nos tocan y de una vez dictaminar lo consecuente, lo que apelamos es que caminemos en una ruta de buenas voluntades, donde ponderemos sean los derechos reales y específicos de la gente que más lo necesita”.
El perredista lamentó que los partidos políticos utilicen a la población indígena como generadores de votos “pero ya para hacerles justicia en este recinto legislativo, son los mas olvidados”.
En el mismo tema, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros reprochó que se mantenga en “la congeladora” la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, a los artículos del 8 al 14.
Lamentó que en el Congreso local se insista en no dictaminar la iniciativa que de manera conjunta presentaron las fracciones del PRD, MC y la representación de Morena, que fue exactamente la que les presentó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
“Le han puesto hielo al resultado de un esfuerzo extraordinario de pueblos de la Costa Chica y Montaña, que buscan la legalidad para no continuar en estado de indefensión y dejar de ser presa de arbitrariedades y persecuciones derivadas del vacío e incertidumbre jurídica”, dijo María de Jesús Cisneros.
Afirmó que en ese tema, el gobierno de Guerrero y esta Legislatura “se han convertido en un estorbo para las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas, por su actuar discriminatorio y fascista”.
A los priistas les dijo que aún están a tiempo de rectificar y realizar las reformas constitucionales que los pueblos originarios del estado han planteado al Congreso local.
“Para liquidar la deuda histórica con nuestros hermanos y estar a la altura de lo que mandata el artículo segundo de la Carta Magna y también reconocer que ante la falta de gobiernos eficientes, solo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Por su parte el coordinador de la bancada de MC Ricardo Mejía Berdeja le dijo al presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos Cuauhtémoc Salgado romero que “ya no hay tiempo que perder, hacemos una respetuosa excitativa a la comisión para desahogar de inmediato este tema”.
En el mismo tema intervino la diputada del PVEM Carmen Iliana Castillo Ávila y también condenó los hechos ocurridos ayer el municipio de Juan R. Escudero y pidió a la Fiscalía General del Estado que a la brevedad inicie las investigaciones y se castigue a los responsables. Además hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “a través del diálogo se busque una solución al problema”.
La sesión
En la sesión se presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada para Prevenir e Investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, asistencia y protección integral de las víctimas de estos delitos.
La iniciativa de reforma al Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada la diputada priista Isabel Rodríguez Córdoba.
Explicó que La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé la creación de Fiscalías Especializadas o Unidades Administrativas que se encarguen de prevenir y sancionar temas particulares de interés general, ya sea por iniciativa social, por mandamiento constitucional o legal.
Al pleno se le informó del acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la designación de Citlali Díaz Fuentes, Edmar León García y Vicenta Molina Revuelta como nuevos consejeros del IEPC.
El alcalde de Alcozauca Nicolás Diego Herrera solicitó al Congreso local que le autoricen al municipio una partida presupuestal especial para el pago de laudos laborales.
También se informó de que comisarios auxiliares y comisariado de bienes comunales de la zona indígena de Temalacatzingo en Olinalá, por el que exhortan a “diversos ciudadanos a efecto de que se abstengan de inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia”, además de que rechazan cualquier gestión que no tenga el consenso y el respaldo de la totalidad de comunidades del área náhuatl.
También comerciantes del mercado de Ayutla de los Libres solicitaron la intervención del Congreso para solucionar “la problemática” en la entrega del nuevo mercado así como un dictamen que avale el cien por ciento la seguridad estructural o en su defecto la ejecución de algunas obras complementarias.
Demuestra el Coneval que han sido erradas las políticas de desarrollo social: Eloísa Hernández
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local, diputada perredista Eloísa Hernández Valle opinó que las políticas de desarrollo social del gobierno federal no han funcionado y que “han sido erradas”.
Dijo que muestra de ello son los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), en referencia a los datos que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y a 23 por ciento no le alcanza para comprar la canasta básica.
La diputada perredista agregó que en Guerrero tampoco han funcionado las políticas sociales y por eso los guerrerenses siguen pobres, a pesar del “bastante potencial en recursos naturales”.
Hernández Valle fue consultada vía telefónica sobre los resultados del Coneval que establecen, además, que la población no pobre y no vulnerable de Guerrero es apenas el 8.6 por ciento, es decir, 307 mil 500 habitantes.
“Si partimos de las políticas públicas de la federación, me parece que no han funcionado, me parece que han sido erradas, y yo creo que si se bajan a cada uno de los estados, en Guerrero tampoco han funcionado porque vienen en cascada”, respondió.
Agregó que Guerrero cuenta con “bastante potencial” en recursos naturales y turismo de alto nivel, pero que son las políticas públicas federales las que no están funcionando.
La diputada opinó que, para revertir esta situación se necesita disminuir la corrupción y aumentar la transparencia en el manejo de los recursos, “en la medida en que logremos que se publiquen convocatorias de cada uno de los programas sociales, las listas de beneficiarios, que la gente sepa cómo acceder y cuándo, entonces estaremos logrando que se vigile de manera puntual, y que se apliquen en forma adecuada los recursos”, declaró.
Anunció que, a partir de los resultados que se dieron a conocer del Coneval, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local solicitará una reunión de trabajo con la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Alicia Zamora Villalva, así como con funcionarios de las dependencias implicadas, para buscar una ruta coordinada, “en la que podamos establecer lazos de trabajo y reglas claras para que, en adelante, los programas puedan incidir verdaderamente en esta brecha que hay de pobreza”.
En el informe se establece también, que hay congresos estatales con mucho rezago, y entre ellos menciona al de Guerrero, que se coloca en décimo sitio, con 19 por ciento de participación de mujeres, por arriba del de Querétaro, Coahuila y Nuevo León, Puebla, Durango, Estado de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala y Guanajuato.
Sin embargo la diputada perredista, discrepó, y aclaró que en Guerrero hay 18 mujeres en el Congreso local, “estamos hablando que somos el 40 por ciento del total de los integrantes de esta 62 legislatura”.
Las declaraciones de Arcángel Ramírez son de un dirigente autoritario, dicen Añorve y Rosas
El integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Acapulco, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, afirmó que las declaraciones del secretario general de la organización, Arcángel Ramírez Perulero, son de un dirigente autoritario, mientras que el ex representante de la CETEG en Costa Grande, Manuel Rosas Zúñiga, dijo que lo dicho “me tiene sin cuidado, porque se le olvida que la CETEG no es propiedad de nadie y que quien realmente manda son las bases”.
Los dos maestros cetegistas destacaron que la CETEG pertenece a las bases.
Ramírez Perulero en conferencia de prensa el domingo dijo que no es válida la convocatoria que anunciaron Añorve Rodríguez y Rosas Rodríguez para renovar dirigencias en Acapulco y Costa Grande, que están desconocidos de la organización y que fueron expulsados hace dos años, en una asamblea en Tlapa.
Consultado por teléfono el dirigente de los maestros en Acapulco, sostuvo que pese a las amenazas de Ramírez Perulero, el 18 Congreso Político Regional que se realizará de manera simultanea los días 15 y 16 de septiembre, se llevará acabo por los maestros.
Sostuvo que la CETEG no pertenece a un grupo, sino que es de la base, y que no es un sindicato como tal, sino una expresión dentro de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que tratan de democratizar.
Rodríguez Añorve recordó que el secretario general no está reconocido por las bases en Acapulco, porque fue electo en un congreso espurio, y consideró que la advertencia de expulsar a los maestros de la organización si acuden al 18 congreso, “expone lo que él (Ramírez Perulero) representa, un liderazgo vago, sin representación de bases” y un dirigente autoritario.
El representante de los maestros en Acapulco llamó a la rebelión y seguir la lucha contra las reformas estructurales, en especial la educativa, que cercenó los derechos de los trabajadores de la educación. Además, negó que este amenazando a los maestros en la región Acapulco y si hay el respaldo es por el trabajo que han realizado.
Por separado, Rosas Zúñiga, vía telefónica, sostuvo que las declaraciones de Ramírez Perulero “no dejan ver la propia ignorancia y desconocimiento que tiene de la propia organización, de la que ahora se dice llamar secretario general. Los principios fundamentales de nuestra organización son que el poder radica en las bases y no en nosotros como representantes, quien determina quién nos representa o no son los compañeros que están trabajando, no somos nosotros como representantes”.
“Me tiene sin cuidado lo que él diga, porque a nosotros nos queda claro que el poder en la región radica en la gente a quien estamos representando y no en un pseudo representante nombrado en un congreso amañado, a intereses de sólo un grupo de personas al interior de la CETEG”.
Dijo que como representante de Costa Grande no va a meterse a las demás regiones de Guerrero para ver a quién van a nombrar.
“Ese es el coraje que tiene, ese es el ardor de él, porque en su congreso, de Arcángel Ramírez Perulero, donde fue electo, no hubo la representación de las bases de todas las regiones, aquí en Costa Grande no hubo congreso regional, no sé de dónde sacó a la gente que se llevó a su congreso, no hubo asambleas”.
Se reúnen cetegistas de cuatro zonas para recuperar la unidad; buscan un nuevo Comité
Integrantes de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de las regiones Centro, Costa Grande, Montaña baja y Norte, se reunieron en la capital y acordaron trabajar en la unidad del magisterio disidente, con el objetivo de que se nombre un Comité Ejecutivo Seccional Democrático, que represente a todos los cetegistas.
La reunión se llevó a cabo el sábado en la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, ubicada en la colonia Jardines del Sur, en la capital, donde asistieron representantes de delegaciones y centros de trabajo agremiados en la CETEG que no participaron en el 20 Congreso Político Extraordinario, en el que Arcángel Ramírez Perulero fue nombrado como secretario general del magisterio disidente.
En declaraciones en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el secretario general de la delegación sindical D-III-(16)-02, Jorge Antonio Cisneros Salinas, dijo que la reunión fue informativa y “más que acuerdos, quedaron tareas pendientes”, de seguir convocando a más cetegistas que quieran sumarse a las acciones en búsqueda de la unidad del magisterio disidente en el estado.
Las tareas son convocar a secretarios generales, comités de lucha y representantes de centros de trabajo de todas las regiones para incorporarse a la próxima asamblea de unificación de la CETEG, que se llevará a cabo el 19 de agosto en Iguala, aunque el lugar está por definirse; impulsar brigadeos informativos acerca de la reforma educativa y reconstruir la unidad en los distintos referentes de la organización.
De acuerdo con Cisneros Salinas, tan sólo en la región Centro hay cinco bloques de la CETEG con distintos representantes, aunque no específico quiénes son los representantes, dijo que es necesario que se reconstruya la unidad de la organización, para que los integrantes puedan realizar acciones de manera conjunta en defensa de sus derechos laborales.
Precisó que el objetivo de estas reuniones, en búsqueda de la unidad magisterial, no es nombrar una dirigencia paralela a la que encabeza Ramírez Perulero, sino “ir construyendo un congreso donde estemos participando todos, se puede decir que a mediano, corto o largo plazo, pero ese es el objetivo por el que nos estamos reuniendo”.
Expresó que el proceso democrático de elección del Comité Ejecutivo Seccional Democrático debe llevarse a cabo con base a los principios de la CETEG.
Critican jóvenes en el Parlamento Estudiantil la inseguridad, la violencia y la corrupción
En el 11 Parlamento Estudiantil, estudiantes de secundaria criticaron la falta de seguridad, la violencia y corrupción en el estado, manifestaron que hay una pérdida de valores en la sociedad y exigieron educación de calidad.
Las estudiantes de la región Costa Grande, Mayreni Dalí Miranda Espino y Lizeth Sánchez Ocampo expresaron que en Guerrero no hay “orden y paz”, en alusión a la promesa del gobernador Héctor Astudillo Flores. Mientras que la estudiante de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, María Xcaret Garza Tijerina dijo que “gobernantes, funcionarios, diputados, senadores y líderes, forman parte de la corrupción” y ésta no les afecta.
El 11 Parlamento Estudiantil, Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad, se llevó a cabo en el Congreso local con la participación de 34 estudiantes de distintas secundarias generales, técnicas y privadas del estado.
La estudiante de Tenexpa, municipio de Tecpan, Dalí Miranda, dijo que la cultura de la paz está en crisis en México y esto originó la pérdida de valores, debido a la violencia, la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada, la pobreza y la desigualdad.
“Ayotzinapa, por desgracia, es un hecho repudiable sucedido en nuestro país”, expresó en referencia a los ataques en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, durante los que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Dijo que otro hecho es “el cierre de escuelas por inseguridad en Tierra Caliente”, donde escuelas de nivel básico suspendieron labores al inicio del ciclo escolar, ante los constantes secuestros y asesinatos.
Dijo que a casi cinco años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “hay más muertes en nuestro país que en Irak y Siria, ¿y qué pasa con nuestro estado? En los periódicos sólo encontramos en las páginas muertes y más muertes, pero el gobernador Héctor Astudillo Flores ha dejado su frase con un gobierno de orden y paz”.
Llamó a tomar conciencia de los daños provocados y a crear un mundo mejor, “sin miedo” y exigió justicia por los asesinatos de los periodistas en el estado y el país.
La estudiante de El Coacoyul, municipio de Zihuatanejo, Lizeth Sánchez, dijo que “Guerrero está manchado de sangre” y recordó los casos de Ayotzinapa, los desaparecidos durante la guerrilla, los secuestros y asesinatos que ocurren de manera diaria en el estado.
“¿Podemos fomentar la paz cuando más del 60 por ciento de los mexicanos sufre pobreza, la desigualdad es un problema cotidiano? Yo creo que no, educar en la paz significa tener una actitud de estar convencidos de resolver los problemas, sabemos que nuestro futuro como país no es nada alentador, hemos tocado fondo, a todos nosotros nos toca la difícil tarea de seguir adelante, en Guerrero no tenemos ni orden ni paz, ya estamos enfadados de discursos”, expresó.
Propuso que se mejoren los empleos, propiciar la interacción, combatir la corrupción, para evitar casos como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La estudiante de la secundaria Moctezuma de Atlixtac, María Elena Castillo Aguilar, cuestionó el modelo educativo en México que pondera la calidad, pues en la comunidad de Ahuixtla, de donde es originaria, sólo hay un jardín de niños y una primaria. En el primero hay un maestro y la segunda, dos, quienes atienden a alumnos de distintos grados, “con un sin número de carencias deben hacer funcionar la escuela, ¿eso es educación de calidad?”.
Contó que la secundaria más cercana está a 12 kilómetros de distancia, por lo que los estudiantes deben pagar 20 pesos de transporte, además de su almuerzo y los materiales que necesitan para sus clases, “si surge un gasto inesperado, me he quedado sin almorzar”.
“Es un dinero que, por nuestras condiciones económicas, sólo pueden cubrir los hijos de quienes se van al país vecino (Estados Unidos) a buscar mejores condiciones, porque en el nuestro, no las hay. Si la camioneta no puede ir por nosotros, caminamos aproximadamente una hora y media por las veredas para poder regresar a casa”.
Señaló que las estadísticas “hablan de quienes abandonan la escuela, pero es dramáticamente indignante cuando por el miserable presupuesto destinado a la educación y la escases de centros educativos, la escuela es quien abandona a los alumnos”.
Ante la situación, Elena Castillo propuso “que se reduzcan a niveles justos el sueldo de diputados, senadores, gobernadores y demás servidores públicos que cobran excesos que lesionan a los más desprotegidos”, para que los recursos sean destinados a la construcción de escuelas “geográficamente equitativas”.
Por otra parte, la estudiante de la secundaria técnica 7, ubicada en la cabecera municipal de Arcelia, Dariana Damián Millán, habló sobre la violencia en contra de las mujeres, la discriminación y la desigual por género que se vive en las escuelas, “si los humanos aprendieron a odiar, también pueden aprender a amar su prójimo”, expresó.
Faltaron dos estudiantes de la Tierra Caliente: SEG
El director general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alberto Rodríguez Bello, dijo que al parlamento estudiantil fueron convocados 36 alumnos de distintas secundarias del estado, pero faltaron dos de la región Tierra Caliente por falta de recursos y por temor de los padres de familia ante la inseguridad.
Consultado al término del parlamento, Rodríguez Bello dijo que la SEG pagó los gastos de traslado de los estudiantes, sus asesores y padres de familia, a la capital, pero los recursos fueron reembolsados, lo que significa que debían hacer una inversión previa que algunos no pudieron costear.
Dijo que los padres de los estudiantes que no asistieron, tuvieron “precaución” al no enviarlos a la capital, no sólo por la inseguridad, sino porque “los padres siempre estaremos preocupados por la seguridad de nuestros hijos”.
Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados
En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.
Marchan la UPOEG y comisarios; exigen que se regulen los grupos de seguridad ciudadana
Unos 400 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo de Comisarios de Costa Chica, marcharon para exigir en el Congreso la regularización de los grupos armados de seguridad ciudadana y una interlocución para abrir mesas de trabajo con los gobiernos estatal y federal.
Los manifestantes esperaban ser recibidos por una comisión de diputados de las Comisiones de Justicia, Seguridad y Asuntos Indígenas, como se acordó una semana antes con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la priista Flor Añorve Adame.
Sin embargo, y después de que se le insistió, sólo fueron recibidos por la diputada del PRI, Beatriz Alarcón Hernández, quien atendió a una comisión en la sala José Francisco Ruiz Massieu, y adujo la tardanza de los manifestantes para justificar la ausencia del resto de los diputados.
En la reunión se estableció otra cita el miércoles, sólo para las demandas de la UPOEG. El Consejo de Comisarios de la Costa Chica, anunció que continuará su agenda por separado.
De manera extraoficial, se denunció que la UPOEG relegó los asuntos de los comisarios, para centrar la reunión en el problema de Tierra Colorada, donde tienen una pugna con el FUSDEG.
Por separado, el representante del Consejo de Comisionarios, Feciliano Santana Alonso, explicó vía telefónica que los representantes de los pueblos de Costa Chica llegaron a Chilpancingo a participar en una marcha por la dignidad en un frente común con la UPOEG, para hacer presión en el Congreso por atención a sus demandas.
Aclaró que son movimientos independientes con peticiones comunes, salvo en el tema de seguridad ciudadana, por lo que su gestión continuará por separado. De la reunión, sólo declaró que esperan la mediación de la diputada Añorve para tener comunicación directa con los secretarios y delegados de Gobierno en la gestión de servicios y beneficios de programas sociales.
Entregaron peticiones de sue-ro antialacrán y medicamentos para comunidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistla- huaca y ambulancias para Igualapa y Llano Largo. Confió en que la diputada Beatriz Alarcón los llame para dar seguimiento a sus planteamientos.
El “error” de la protesta
La marcha de hombres y mujeres campesinos comenzó después de la 1 de la tarde, en el crucero de la Autopista del Sol con la carretera federal Mexico-Acapulco, al sur de la ciudad, avanzó por la calle lateral del bulevar Vicente Guerrero y la avenida Lázaro Cárdenas. En el Congreso ya se había colocado una carpa para recibir a los manifestantes.
Llegaron a las 2 de la tarde, un retraso de dos horas para la cita con diputados, debido a la demora de los grupos de Costa Chica, el contingente más amplio.
Ya no había diputados, y el oficial mayor, en acuerdo con el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, salió a la explanada a recibir el documento dirigido al Congreso sobre la regulación de los grupos ciudadanos de seguridad.
Plácido explicó que los diputados ya no los atenderían porque llegaron tarde, y era necesario reconocer que cometieron un error.
El argumento no convenció a los promotores de la UPOEG ni al Consejo de Comisarios, que tomaron el micrófono para recriminar la desatención de los diputados: “Ese error de nosotros para ellos es terrible, y cuando ellos incumplen ¡no pasa nada!”, “los diputados piden a los pueblos que reconozcan su error, que llegamos tarde, cuando ellos estuvieron en los pueblos pidiendo el voto no les importaba si era mañana, tarde o noche”, “hemos venido de manera pacífica, no hemos alterado ninguna regla, cerramos nada. La tardanza se debe porque no venimos de aquí a la vuelta”, insistieron en quedarse en el lugar hasta ser atendidos por los legisladores.
Mientras esperaban respuesta, se anunció que llegaron representantes de colonias de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, donde el día anterior hubo otro altercado entre grupos de seguridad ciudadana de la UPOEG y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Plácido Valerio se apartó con ellos, antes de la reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu.
Pide el STAUAG que no se aplique el ISR a prestaciones como pretende Hacienda
Luego de que el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) se manifestó a que no se aplique el Impuesto Sobre Renta (ISR) en las prestaciones de los trabajadores universitarios, el secretario general del sindicato, Ofelio Martínez Llanes, indicó que siguen las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda.
Reconoció que nuevamente la Secretaría de Hacienda está haciendo el planteamiento del cobro del ISR al concepto de prestaciones. Sobre el tema, Martínez Llanes recordó que hace año y medio se planteó la situación de que se iba pagar el impuesto en las prestaciones, pero conjuntamente con la administración central de la UAG se negoció y se suspendió esa situación.
Agregó que “hoy nuevamente está latente y estamos en esa ruta, discutiendo, pero no es que se vaya aplicar mañana o pasado mañana, se está en una negociación y se está viendo cuál puede ser la mejor salida”.
Indicó que en ese concepto no se ha descontado ningún peso, y que se descuenta en donde ya se ha venido haciendo, pero todavía falta ver lo de las prestaciones.
Indicó el dirigente que quienes rebasan los 400 mil pesos anuales o los que tienen dos o tres trabajos son los que están llamando a los del SAT, pero es una cuestión federal y “no tiene nada que ver con la aplicación del impuesto, eso es otra cuestión ahí”.
Sobre si harán alguna protesta sobre el caso y se planteó la negociación juntamente con el rector Javier Saldaña para pedir que no se aplique.
Que saben que es una cuestión de ley, pero “nosotros tenemos que plantear esa cuestión, buscar ante las instancias de los gobiernos y buscar un plan de previsión social que ayude amortiguar esos descuentos, si es que se dan. Y por último la movilización, que está dentro del proyecto, pero no hay fecha todavía”.
En otro tema, informó que son al menos cuatro nuevos centros de trabajo los que están solicitando que se creen las delegaciones sindicales, por lo que se hará el estudio de acuerdo con el estatuto del STAUAG.
Además del tema del ISR, en el CGR del STAUAG se acordó exigir a la Administración Central el pago del retroactivo del aumento salarial que corresponde al periodo de enero a mayo de este año, que todavía se adeuda. La sesión que se llevó a cabo el 30 de mayo, en el auditorio de la Rectoría, también se nombró a los integrantes de la Comisión de Padrón Sindical que se hará del proceso electoral para el cambio del Comité Ejecutivo Central (CEC).
Otro de los acuerdos es que el CGR mandata al comité para que comience la revisión de los agremiados cuya antigüedad real no está reconocida ante el ISSSTE. Asimismo que el comité revise qué acuerdos pactados con la administración central no se han cumplido tras el emplazamiento a huelga, para que se exijan los pagos correspondientes.
Otro acuerdo fue que se apresure la elaboración del Plan de Previsión Social. El sexto acuerdo es que el comité defienda los centros de trabajo que fueron cerrados por la reforma administrativa de la Rectoría, con la que se modificó el organigrama de la institución y como resultado cerrarán distintos programas, como el Servicio Médico Universitario de Ometepec, Casas de Cultura de Taxco y Arcelia.
En el séptimo acuerdo se mandata a que busque la forma legal o la movilización, para exigir que el gobierno estatal pague los impuestos de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Otro acuerdo es que a más tardar el 30 de junio el comité realice en las regiones del estado un taller sobre educación sindical.
Durante el consejo también hubo un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión y se exigió un alto a la impunidad, esclarecimiento a las agresiones y crímenes cometidos en contra de periodistas en el estado y el país.
También se acordó exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de los crímenes de maestros y estudiantes de la UAG, así como de la sociedad en general. De igual modo, el cese del hostigamiento en contra de luchadores sociales, en especial del dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Otro de los acuerdos es seguir exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y se manifestó su apoyo a los padres de familia de los jóvenes. Se pidió la libertad de los presos políticos.