Etiqueta: CRAC-PC

Ingresan militares en helicóptero a territorio de la CRAC en Ayutla, informan autoridades

Autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunciaron que este lunes 35 militares del 48 Batallón de Infantería llegaron a la comunidad La Concordia, municipio de Ayutla, supuestamente para erradicar plantíos de amapola.
Una de las autoridades comunitarias informó que al mediodía del lunes un helicóptero aterrizó en la comunidad y se retiró a las 4 de la tarde.
Indicó que los soldados fueron abordados por los comisarios municipales de las comunidades de La Concordia y San Felipe, para que informaran del por qué de su presencia.
En una llamada telefónica una de las autoridades comunitarias dijo que el mando militar a cargo les señaló en un mapa que había tres comunidades de la zona donde opera la CRAC, que sus habitantes siembrab amapola y mariguana.
Los comisarios municipales de San Felipe y La Concordia se pronunciaron en contra de la presencia de los militares, porque en la zona funciona la CRAC que se encarga de revisar la zona para evitar ese tipo de sembradíos, y en caso de que se compruebe los comisarios de las tres comunidades de los que no se revelaron sus nombres serán detenidos y reeducados, y en una asamblea se decidirá si las comunidades son expulsadas del sistema de justicia comunitario.
La autoridad comunitaria que denunció la llegada de los militares indicó que fueron insistentes en que, los soldados “dicen que quieren colaborar con los pueblos, pero las autoridades (locales) no quisieron”, porque los militares han agredido a los pobladores y matado a vecinos, como en El Charco, municipio de Ayutla, en 1998 donde fueron asesinadas 11 personas.
“El acuerdo que se tomó es que no queremos a los militares ni policías federales, estatales y menos a la Policía Municipal de Ayutla en las comunidades donde opera la CRAC, porque ya tienen sus autoridades y tienen suficiente capacidad para actuar contra delitos, y la delincuencia organizada que poco se da por acá”, dijo la autoridad comunitaria.

 

Pide la CRAC que se aprueben sus iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley 701

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán solicitaron a los diputados la aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado en Materia Indígena y de la iniciativa popular de reforma a la Ley 701.
Ayer, en declaraciones después de participar en la marcha de apoyo a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Sabás Aburto Espinobarros reprochó que la iniciativa esté “congelada” en el Congreso, y que no haya voluntad política.
Recordó que desde septiembre está listo el dictamen, y que hacía falta voluntad política del PRI, del PVEM y del PAN, “pero en realidad no han hecho nada, todo está congelado en el Congreso, no han mostrado voluntad política y no le han echado ganas, están concentrados en el rollo del proceso electoral”.
Reconoció que hubo una pequeña reacción de los diputados de PRD y Movimiento Ciudadano después de los hechos violentos en La Concepción, el 7 de enero, que dejaron 11 muertos y 38 detenidos, “pero ahorita sigue igual y no van a hacer nada”.
Sostuvo que el problema no es la CRAC-PC, sino de grupos armados que no están regulados y andan libres en las comunidades, “como es el caso de la UPOEG, pero tal parece que es un brazo armado del propio gobierno, porque a ellos no le dicen nada, han hecho muchas cosas y no les caen”.
Agregó que son muchos grupos en Guerrero, pero que quieren tomar lo sucedido en La Concepción “como pretexto en contra de la CRAC- PC, pero no van a poder, y estamos definiendo otro plan para presionar, y si no se puede, vamos a esperar que mejoren las condiciones o al otro periodo legislativo”.
Aburto Espinobarros señaló que no hay voluntad de los diputados, y no se les hace fácil aprobar una ley, “no vamos a aceptar imposiciones a la Ley 701, o la Constitución que nos dé pasos hacia atrás”, advirtió.
Alertó que el gobierno del estado buscará oportunidades para provocar algún hecho en otra casa de justicia, para desarmarla, “puede suceder, al gobierno no le interesa la ley, no respeta la ley, está el convenio que nos protege como pueblos indígenas, el Artículo 2 y la ONU, que defiende los derechos indígenas, y al gobierno le vale”.
Por su parte, el coordinador regional de la CRAC- PC, Juan Horta Cruz demandó la aprobación inmediata de la iniciativa popular de la Ley 701 que presentó la organización el año pasado con otras organizaciones y apoyo de otras fracciones parlamentarias.

Posponen otra vez una audiencia del preso de la CRAC Samuel Ramírez; no acudió un perito

La penúltima audiencia del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez preso en Chilpancingo, se pospuso otra vez, ahora para el 19 de febrero porque el perito de Química Forense no se presentó.
En consulta telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López demandó respeto al debido proceso y la libertad absolutoria de Ramírez Gálvez.
El 9 de enero se canceló la penúltima audiencia del preso, mientras que la última sigue programada para este jueves.
La representante del Comité refirió que si nuevamente  no se presenta el perito existe la obligación de que el juez lo presente o puede provocar un “problema mayor”.
Dijo que el abogado del preso solicita que se garantice la presencia de los peritos para ambas audiencias, aunque sea mediante la fuerza pública, pues se está retrasando el proceso.
“Exigimos el respeto al debido proceso, y demandamos la libertad absolutoria de Samuel porque está purgando una pena que se puede comprobar que él  no cometió, es un delito fantasma”, recalcó.
Dijo que el preso está acusado de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, aunque está acreditado que pertenece a la CRAC, “entonces tenía el permiso de portar un arma”, y la que traía no era de grueso calibre.
En abril se le dictó sentencia a Samuel Ramírez, la que cumplió en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días, se podía conmutar pero se apeló para buscar su libertad absolutoria.
Enriqueta Chávez dijo que después de la apelación se han entregado más pruebas para comprobar la inocencia del policía comunitario, que nuevamente se entregó la acreditación de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y las resoluciones de los casos del ex preso Arturo Campos Herrera, y de Samuel Ramírez Gálvez.
Son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante el  proceso del policía comunitario ya se hicieron dos, el primero fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía, falta el de Química Forense y el de Dactiloscopía. (Beatriz García / Chilpancingo).

Pide el padre Solalinde al gobernador que permita liberar a los presos de la CRAC

El sacerdote y director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra, en un video pidió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que permita revisar los expedientes y liberar a los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, luego de que a Arturo Campos se le dio libertad absolutoria.
El video fue difundido mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, y en éste, el luchador social demandó la libertad de los tres presos políticos de la CRAC.
En un breve video el sacerdote envía un saludo a los tres integrantes de la CRAC-PC, de los que dos aún están presos, a quienes pidió resistir y no rendirse, porque se les tiene que hacer justicia tarde o temprano.
“Nosotros sabemos que los aparatos de justicia sirven como arma para doblegar a los disidentes, para someter a los pueblos, para lograr lo que el gobierno quiere, para bien de él y para bien de las empresas transnacionales, yo quiero hacer un llamado al gobernador, Héctor Astudillo, para que sea consciente de esto, para que permita que se revisen los expedientes de las personas que están injustamente encarceladas ahí y les de la liberación inmediata, así como también hago un llamado a su conciencia, como humano y como mexicano, por supuesto, no como priista”, pidió.
En la segunda parte del video, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expone que, bajo la ley 701 y el artículo 2 constitucional, no existe ni existió delito alguno que perseguir, que el gobierno de Ángel Aguirre manipuló el sistema judicial del estado para fabricar las pruebas contra los policías comunitarios.
Recalca que la exigencia de libertades será para los tres compañeros luchadores sociales de la CRAC y para todos los presos políticos del país.
“Su sacrificio de lucha implica permanecer en cautiverio hasta demostrar su inocencia de los crímenes que se les inculpan, su salida será digna y no negociada, en sus declaraciones (los presos) afirman, ‘nuestra libertad no está en negociación, no se trata de salir, nuestro sacrificio se basa en la defensa de nuestros derechos indígenas y la de nuestra institución, esa es nuestra postura inamovible y consiente’, libertad no a uno sino a los tres”, abunda.
Finalmente, en un texto, el Comité indica que su función es hacer que se escuche el sentir de los presos políticos, y que de los compañeros luchadores sociales indígenas en poder del gobierno, “su palabra no la acallará el Estado”.

Protestan organizaciones en Atlamajac, Tlapa, para exigir la libertad de Arturo Campos

Organizaciones sociales protestaron frente el juzgado Penal de Primera Instancia en el distrito judicial de Morelos ubicado en Atlamajac, para exigir la libertad del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera.
La actividad es parte de una campaña para pedir el cese a la criminalización y encarcelamiento de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Inició aproximadamente a las 12 del día y consistió en pegar carteles del policía comunitario Arturo Campos en las calles, postes y en las oficinas del poder Judicial, como el juzgado de paz y en el penal.
Los representantes de las organizaciones como el frente Popular de Tlapa, la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Colectivo el Grito, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, refrendaron su apoyo al preso político.
Pidieron que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga y pida al poder Judicial y al Legislativo que lo liberen, porque saben perfectamente que están a la disposición del ejecutivo, explicó Alnulfo Cerón Soriano, del Frente Popular de Tlapa.

La Fiscalía modificó sus declaraciones, afirman cuatro presuntas víctimas de la CRAC en un careo


Seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla, acusados de privación ilegal de la libertad se carearon con cuatro de sus acusadores, quienes dijeron que no los conocían, que era la primera vez que los veían y que ellos no los privaron de su libertad.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz informó que los seis policías comunitarios: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Eleuterio García Carmen y Abad Ambrosio Francisco que enfrentan su proceso en libertad bajo fianza, están en la misma causa penal que Arturo Campos, la 196/2013, pero ellos sólo están señalados de privación ilegal de la libertad y Campos de secuestro.
Dijo que fue una audiencia de careo procesal, la primera fecha para desahogar el caso donde estuvieron cuatro de las 43 personas que los señalan por lo que están pendientes 39, pero se consideraría la viabilidad de los desahogos porque varios no los señalaban.
Mencionó que los cuatro que acudieron no los señalaron por lo que se demostraba su inocencia.
Agregó que no ratificaron en su totalidad su declaración ministerial porque ellos no manifestaron algunas cosas que fueron puestas por la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que el 21 de agosto de 2013 cuando fueron liberados por la Marina declararon que fueron secuestrados y les pidieron dinero, pero ahora en su declaración dicen que el contenido total no lo manifestaron ya que en ese tiempo dijeron por qué estaban detenidos y en su declaración nunca mencionaron que les habían pedido dinero, afirmaron que todo eso lo hizo la Fiscalía para poder integrar el expediente.
“Niegan el delito, por lo que quedó debidamente  demostrado, con pruebas, la inocencia de los compañeros y que si estaban retenidos fue por algunas infracciones que cometieron en sus comunidades, pero nunca estuvieron secuestrados ni privados de su libertad por ellos”, dijo.
Mencionó que con Arturo Campos queda un mes para cerrar pruebas, ya que fueron agotados los careos en la misma causa penal, y los seis policías comunitarios están libres al ampararse y reclasificarse el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I por el juzgado penal de Tlapa.
Mencionó que fueron liberados el 12 de mayo de 2016 del penal de Ayutla por la orden de libertad del juez Mixto de Ayutla de los Libres, y la jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa al no existir elementos que acreditaran el delito de secuestro del que fueron injustamente acusados.
Resultado de una resolución de amparo de noviembre de 2015 en la que el juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso, en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC.

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

No tiene garantías de seguridad para regresar a México, señala Nestora desde Estados Unidos

 

A un año de haber salido de la cárcel, ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado, quien radica en Estados Unidos, señaló que la criminalización en su contra persiste y que no cuenta con garantías para regresar a México.
La comandanta fue aprehendida el 21 de agosto de 2013 y fue acusada de secuestro y homicidio. Por la noche del 17 de marzo de 2016 le notificaron el auto de libertad que determinó que no existen elementos suficientes para inculparla, y al siguiente día salió libre.
A un año de permanecer en libertad y radicando en el país del norte, mandó un comunicado desde Phoenix, Arizona, donde expresó que la siguen criminalizando, persiguiendo y no tiene garantías de seguridad para regresar a México.
Resaltó que antes de salir de prisión se enteró de que las órdenes de libertad otorgadas a su favor habían sido apeladas por las supuestas víctimas, pero que ha pasado un año y ninguno de los acusantes se ha presentado a ratificar su denuncia, lo que impide que su caso se cierre definitivamente, y por lo tanto abona a que persista la criminalización en su contra.
“A pesar de ello, un día después de salir me reuní con organizaciones sociales para agradecer de manera personal todo el esfuerzo que hicieron para lograr mi liberación y les informé que mi lucha no cesaría, que lucharía para exigir la liberación de los presos políticos en México y por la defensa de los derechos humanos, hoy mi compromiso sigue vigente”, señaló la comandanta.
Abundó que su trabajo y liberación fueron forjados por el pueblo. Además que cada una de las acciones para exigir su libertad en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hizo posible derribar los muros que le permiten estar ahora con su familia y continuar su lucha.
Sostuvo que los 940 días que estuvo presa “de manera ilegal y arbitraria”, como lo declaró el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, y lejos de la Policía Comunitaria, su familia y la afectación a su salud no serán en vano, que seguirá luchando por su libertad absoluta y para que pueda continuar su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas desde Olinalá.
“Después de toda la fabricación de delitos en mi contra, como asesinato y secuestro, y de la tortura que sufrí desde el primer día en que fui detenida, el 18 de marzo es y será uno de los mejores días de mi vida”, recalcó.
Finalmente señaló que junto con el Movimiento Continental por los Derechos Indígenas y el Comité de Defensa del Barrio Tonatierra Movimiento Macehualli en Phoenix, Arizona, exigirán el cese a la criminalización en su contra, también el alto a las deportaciones de la policía de Estados Unidos y a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en este país.
“Hoy más que nunca (se necesita) la unión entre nuestros pueblos y la exigencia del respeto a nuestras formas de organización comunitaria desde cualquier parte del mundo”, manifestó.

 

Cancelan audiencias a Gonzalo Molina; el traductor no certificó que conocía sus usos y costumbres

Beatriz García

Chilpancingo

Este viernes, dos audiencias que tenía programadas el preso político Gonzalo Molina González en el Juzgado Séptimo de Distrito se cancelaron, una de ellas por segunda ocasión, ya que al traductor que presentaron le faltó un documento que acreditara que conoce los usos y costumbres de Tixtla, municipio del que es originario el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El abogado de Molina González, Hegel Mariano González informó que, a las 11 de la mañana estaba programada la primera audiencia para seguir el proceso de la causa penal 59/2013 por portación de arma de fuego sin licencia, y la segunda audiencia, a las 12:15 del día, para la causa penal 67/2013, por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, cometidos contra servidores públicos.
Agregó que el 7 de febrero tenía programada la audiencia para presentar a dos testigos de los hechos ocurridos en una confrontación entre policías comunitarios y policías municipales de Tixtla en 2013, sin embargo no se llevó a cabo porque el juzgado no solicitó un traductor.
Ayer estaba programada la audiencia, y la defensa del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla llevó a una traductora, pero no la aceptó el juzgado porque no estaba certificada por las autoridades.
Mariano González informó que se trasladó a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) para solicitar un intérprete, y minutos después del mediodía llegó al juzgado con el traductor certificado de la SAICA, pero la primera audiencia fue cancelada porque ya había pasado la hora programada.
También les informaron que no se podía llevar a cabo la segunda audiencia porque el traductor certificado por la SAICA no llevaba el documento que acreditara que conocía los usos y costumbres del lugar de origen del preso.
El abogado del preso político de la CRAC informó que les interesa probar, antes de que termine el proceso, la fama pública de Gonzalo Molina González, para mostrar que la Policía Comunitaria en Tixtla surgió en un contexto de inseguridad, y para dar fe de que las actividades del promotor siempre han sido en el marco de la lucha y la gestión social.
Agregó que esperarán a que les notifiquen nuevas fechas para las audiencias.

Marchan comunitarios en Xicotlán, Chilapa; exigen que se cancelen 60 órdenes de aprehensión en su contra

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de los pueblos fundadores marcharon este miércoles en esta comunidad. Al final las autoridades llamaron a la paz, a la justicia y al gobierno del estado a que retire todas las 67 averiguaciones previas y cancele las 60 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
Al mediodía unos 500 vecinos de 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se concentraron en esta comunidad y después marcharon del crucero de Mexcaltepec a la cancha de Xochitlán. La marcha fue encabezada por civiles de las comunidades donde tiene presencia esta Policía Comunitaria. Atrás caminaron policías armados.
En la marcha los manifestantes gritaron consignas como: “Unidad de los pueblos por la paz”, “Ya no queremos más violencia”, “Unidad, unidad, unidad…” exigieron.
Los policías comunitarios de los pueblos que acudieron de estos dos municipios de la parte baja de la región Montaña, están adscritos a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, al final de la manifestación desmintieron acusaciones en su contra, que dijeron, les ha hecho Constantino Calvario Merino “y su grupo delictivo de la comunidad de San Jerónimo Palantla de Chilapa”.
En las acusaciones, denunciaron, los responsabilizan de los enfrentamientos con la gente de San Jerónimo Palantla, pero se deslindaron de este caso ocurrido el año pasado.
En su pronunciamiento recordaron que este lunes se reunieron los coordinadores de la CRAC, consejeros, presidentes de comisariados de bienes comunales, delegados, comisarios municipales y que tomaron acuerdos con respecto a la emboscada que sufrieron en San Jerónimo Palantla, encabezada por Domingo Orgin Calvario, Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa y Alfonso Orgin Castro.
Manifestaron a los tres niveles de gobierno que no están de acuerdo en que “nos sigan fabricando delitos para discriminarnos ante la sociedad, porque somos una institución regida por nuestras costumbres y por comunidades”.
Denunciaron que ellos se han encargado de brindar la seguridad a los pueblos pero que el grupo de San Jerónimo Palantla les han fabricado muchos delitos como los del 8 de febrero del 2015, cuando les prepararon una emboscada cuando iban al diálogo para liberar a sus compañeros de la Policía Comunitaria, Isaías Xochitempa Chautla y Rufino Orgin Calvario.
El coordinador agregó que esa vez ellos encontraron cascajos de armas de diferentes calibres, pero que después les interpusieron demandas en las que el agente del Ministerio Público “se prestó al chantaje sabiendo que hay documentos firmados por los tres niveles de gobiernos y la CRAC en los que nos exculpan”.
“La CRAC-PC de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla siempre ha respetado los acuerdos que se firmaron el 1 y el 11 de febrero del 2015, se elaboró una acta de conciliación en donde se acordó que nadie, ni el comisario municipal ni el comisario suplente encauzaron a los ciudadanos de nuestras comunidades, ni tampoco a la CRAC”, recordó el consejero.
Dijo que los directivos informaron que en marzo del 2016 se pactó que la casa de Rincón de Chautla asumió un acuerdo en el que se comprometió a liberar a los detenidos que estaban en proceso de reeducación, Alfonso Orgin Castro, Apolinar Calvario Tlatempa, Heladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Mientras tanto los de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario municipal Francisco Chautla Cicinteco y Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario y más de 25 ciudadanos que participaron en la reunión se comprometieron a retirar las denuncias que interpusieron ante el Ministerio Público en contra de los policías comunitarios y autoridades de la CRAC de Rincón de Chautla, “pero ellos no espetaron los acuerdos, mucho menos retiraron las demandas”.
Demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales que respeten la estructura de esta organización, y se declararon independientes de cualquier otro grupo que opera en el estado.