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Arturo Campos podría ser liberado en esta semana, le informa su abogado Rogelio Téliz

A cuatro días de cumplir cuatro años preso, el consejero de la  Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera fue informado por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García, que en esta misma semana podría quedar en libertad.
Ayer Campos Herrera recibió la visita de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, además de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales quienes exigieron la inmediata e incondicional libertad del integrante de la CRAC detenido el 1 de diciembre de 2013.
Los representantes de organizaciones exhortaron al juez de primera instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa a dictar una sentencia conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos.
A las 12 del día un grupo de activistas y defensores de derechos humanos entró a la antesala de la cárcel de Ayutla para ver al dirigente de la CRAC. Entre ellos iba el director del  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para todas y todos, Fernando Ríos.
Además de la indígena me’phaa, Inés Fernández Ortega quien recriminó que el gobierno mienta para inculpar a gente inocente.
Una hora después el abogado Teliz García entró con un grupo de comunicadores y ahí informó a Arturo Campos que en esta misma semana el juez de Tlapa deberá citar a una audiencia de vista, el abogado confió en que se dará la sentencia la libertad del integrante de la CRAC debido a que ninguna de las 43 personas que lo demandaron por secuestro han sostenido la acusación en los careos.  El abogado recordó  que en dos amparos, tribunales federales han declarado la inocencia del preso en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra.
En una breve plática Campos Herrera expresó que en casi cuatro años de encierro comprobó que el sistema carcelario “está más jodido” que el sistema de reeducación comunitario de la CRAC.
Con voz fuerte Campos Herrera expresó que “no tengo porque estar encerrado” y tampoco Gonzalo Molina, ni Samuel Ramírez, presos en Chilpancingo, y que tampoco sus compañeros que han salido en libertad deben de ir a firmar a Tlapa porque no cometieron ningún delito.
“Esto es una tortura para los compañeros que están afuera por los gastos de un viaje que implica ir a Tlapa”. Insistió que ante las autoridades han demostrado que no son delincuentes y que todas las acciones hechas fueron como autoridades comunitarias nombradas en asambleas.
Dijo que la criminalización a los integrantes de la CRAC se demuestra con la fabricación de delitos por parte de las autoridades, pero que se han ido desvaneciendo, por ello cuando salga “ tengo la idea de seguir en el movimiento y seguir reclamando la libertad de nuestros compañeros  presos en el país, que están defendiendo a su pueblo”.
Los presos en la CRAC “comen lo que nosotros comemos”, lo que no ocurre en la cárcel de Ayutla donde le dan un huevo y siete tortillas, además de que no hay agua potable para beber sólo entubada.
Recriminó la falta de inversión en las cárceles donde no hay baños y se tienen que bañar a jicarazos. Sin embargo el preso reconoció que no hay autogobierno en la cárcel de Ayutla como en otras cárceles del país o del estado.

Se comprueba patrón de criminalización

En declaraciones al término de la visita, Abel Barrera afirmó que con el proceso de Campos Herrera se ha demostrado que hay un patrón de criminalización a los defensores de los derechos humanos como Samuel Ramírez, Gonzalo Molina y también Nestora Salgado quien fue liberada pero se encuentra fuera del país.
Fernando Ríos expresó que la reclusión está transgrediendo el sistema de justicia indígena y que se está utilizando para criminalizar a los defensores de derechos humanos. “Dejar que Arturo siga en las mismas condiciones es dejar que las condiciones en este estado sigan empeorando”.
La esposa de Campos Herrera, Agustina García dijo que la reclusión de su esposo ha sido una tortura psicológica para ella y sus hijos quienes en la escuela sufren de bullying porque su papá está en la cárcel.
Exigió a las autoridades dejar a su esposo en libertad, “ya pasó mucho tiempo, los abogados ya aportaron todas las pruebas y aún así el gobierno sigue impidiendo” su libertad.

Hay intención de acabar con las policías comunitarias en Guerrero: De la Peña

Vania Pigeonutt

El Sur, Ciudad de México

Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin  justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que  la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.

Está mal de salud y económicamente la esposa de Arturo Campos, informa Tlachinollan

A casi cuatro años de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera fue encarcelado, su esposa Agustina García de Jesús ha mantenido a su familia prácticamente sola, y su salud se ha deteriorado.
La indígena na savi no pudo acudir al Senado desde donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara se pronunciaron por su liberación, ya que lo consideran preso político y no hay razones para que siga en la cárcel de Ayutla.
Agustina tiene 38 años, pero según el abogado de Tlachinollan que lleva el caso de Arturo Campos, Rogelio Téliz García, su salud se ha deteriorado parece como si tuviera más. Está muy delgada y tiene fuertes dolores en el cuerpo.
Vende algunas hierbas curativa que ella cosecha en el jardín de su casa en Ayutla, en la Costa Chica del estado.
Es madre de cinco hijas mujeres y un varón de quienes se ha tenido que hacer cargo en estos años, luego de que el 1 de diciembre de 2013 su esposo, también na’savi, fue acusado de delincuencia organizada, secuestro agravado, portación de armas, delitos, que según su defensa fueron imputados aún cuando la Ley 701 fundamenta las funciones de la CRAC, y Arturo  Campos nunca actuó fuera de ello.
“La familia de Arturo desgraciadamente se encuentra desgastada tanto económicamente como físicamente. Agustina por cuestiones de salud que se le han ido agudizando no pudo estar con nosotros, tiene un problema ya por esta criminalización de Arturo Campos, doña Agustina se ha hecho cargo de sus hijos, de la familia”, mencionó.
Dijo que lo que hace para mantenerse es vender plantas, pizzas, a veces pan, tenía una tienda en su casa pero desde agosto de 2013 hombres le prendieron fuego a su hogar y dejó de surtir, “desde la vez pasada eso ha ido disminuyendo su patrimonio”.
El abogado compartió que “ha habido solidaridad de algunas organizaciones, les llevan despensa, sobre eso se ha ido manteniendo. Lo que nos preocupa es el tema de su salud, doña Agustina sí está desgastada, sus hijos siguen estudiando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, económicamente no está bien”.
De Arturo Campos dijo que está estable “mejor porque tiene cerca de la familia, eso lo pone contento, pero sí ha tenido complicaciones de salud, no muy graves pero debido al hostigamiento, al encarcelamiento, por parte del Estado ha tenido un problema de presión, tiene problemas gastrointestinales”.

Se reúnen afuera del penal de la capital y piden la liberación de Gonzalo que cumplió 4 años preso


Al cumplirse cuatro años de la detención del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del penal de la capital para exigir a las autoridades estatales su libertad.
Además demandaron la liberación del consejero de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera y del policía comunitario, Samuel Ramírez Gálvez quien también se encuentra en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus en Tixtla, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Familiares, normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero,  la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), habitantes de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc y de la organización Movimiento Social Democrático  se congregaron fuera del penal donde se encuentran presos el promotor junto con el policía comunitario.
Policías estatales de la cárcel cercaron con una valla metálica el edificio para impedir que los manifestantes se acercaran a la entrada del lugar.
El mitin inició con las consignas “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, “¡Gonzalo amigo el pueblo está contigo!”.
Además portaron pancartas y lonas que decían, “Una sola voz! Un sólo sentir! Libertad incondicional!!- Gonzalo Molina-Arturo Campos- Samuel Ramírez ¡¡¡El respeto a nuestros derechos será justicia!!! Presos políticos de la CRAC”, “Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de la Policía Comunitaria CRAC”, “06 de noviembre ¡No se olvida! Gonzalo Molina CRAC-PC a 4 años exigimos ¡Libertad!”.

Se comprobó que Gonzalo es inocente pero no lo liberan

En su participación, la esposa de Gonzalo, Ausencia Honorato expuso que el promotor lleva cuatro años preso injustamente y que es acusado de delitos que no cometió.
“El gobierno sabe muy bien que ellos son luchadores sociales que han luchado por la gente, que han luchado por su pueblo y el día de que hoy que se cumplen cuatro años encerrado en este reclusorio, donde él está sufriendo las consecuencias, donde él está sufriendo enfermedades a causa del encierro, a causa del gobierno ¿Por qué lo decimos? Porque el gobierno lo tiene encerrado injustamente a pesar de que nosotros hemos comprobado que todos nuestros compañeros de la Coordinadora Regional son inocentes”, sostuvo Ausencia Honorato.
Manifestó que al gobierno no le gusta que se manifiesten, que se defiendan, que defiendan sus derechos que es por eso que se encuentran encarcelados.
Resaltó que a Samuel Ramírez le violaron sus derechos humanos porque fue encarcelado injustamente antes de los 18 años, así como a Arturo Campos.
Exigió a las autoridades los liberen, que ya se comprobó que no han cometido delito, que su único delito es defender a su pueblo, a la gente pobre y humilde que más necesita, por los que el gobierno nunca ha hecho nada.
Dijo que mientras ellos están presos los delincuentes están libres, asesinando, secuestrando y desapareciendo, situación que se está viviendo en el estado todos los días.
“Nosotros le hemos comprobado al gobierno que las partes que acusaban a mi esposo y  a todos los compañeros hoy se han desistido, hoy han dicho que no tienen nada en contra de nuestros compañeros, porque el mismo gobierno sabe y las mismas autoridades que ellos no hacen nada malo, ellos no se dedican a la delincuencia, no se dedican a hacer ningún mal”, señaló.
“Como dice mi esposo, yo encerrado mis ideas, mi corazón y mi pensamiento siempre están afuera y nunca me voy a hacer para atrás, voy a seguir en la lucha”.
Los manifestantes recalcaron que el 21 de agosto del 2013 detuvieron a la comandante  Nestora Salgado en Olinalá, que ese día empezó la represión del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

Su delito fue organizarse y defenderse de la delincuencia organizada

Por otra parte, el comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovanni Torres Salgado abundó que quieren que se libere a los compañeros y que el único delito que cometieron fue organizarse para protegerse de la delincuencia organizada cuando el gobierno era incapaz de dar seguridad, porque los estaban asesinando, los policías (municipales) protegían a los delincuentes y no hacían nada por el pueblo.
“Está comprobado que el gobierno no nos dará seguridad y que va a ser necesario que nos organicemos como pueblo, porque todos somos pueblo y solamente el pueblo va a defender al pueblo, es la única forma compañeros, también seguimos exigiendo al gobierno que respete nuestra institución, que respete a la CRAC”, manifestó.
Al pueblo le pidió que no espere a que le desaparezcan o encarcelen un familiar para unirse a la lucha.

Mi hijo no es delincuente, sólo ha luchado por su pueblo

El padre de Gonzalo, Heliodoro Molina expuso que su hijo no es un delincuente, que sólo ha luchado por su pueblo. “Yo quiero que urgentemente lo dejen en libertad, es lo que pido porque él no ha cometido los errores que le achacan… porque yo conozco a mijo y no sólo yo, todo el pueblo”.
Un grupo de manifestantes de distintas organizaciones gestionó una visita a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez.
Al término del mitin la comisión visitadora contó que entregaron los víveres que les llevaron a los detenidos y conversaron con ellos. “Los encontramos en buena salud, primero un poco retraído noté a Gonzalo, de antemano no están en una fiesta, posiblemente lo estén torturando psicológicamente y carecen de muchas cosas, compañeros, cualquier reo en estos días debe tener descanso, debe tener su trabajo, debe tener la lectura. Ahorita nos acaban de decir que no les permiten que les ingresen revistas ni periódicos”, dijo uno de los activistas.

Detiene la CRAC de Xochistlahuaca a un regidor, mediador en el caso de un herido por un policía


La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Cozoyoapan del municipio de Xochistlahuaca detuvo ayer al regidor panista Herving Santiago Cruz.
La detención fue porque el Ayuntamiento incumplió con el pago que ofreció a los familiares de un adolescente de 17 años atacado a balazos por un policía municipal en estado de ebriedad en mayo pasado, luego de discutir en una fiesta.
La alcaldesa priista, Aceadeth Rocha Ramírez  comisionó a dicho regidor por ser de la colonia Cruz Verde donde vive la familia del adolescente para que intermediara, ofreciéndose Santiago Cruz como aval y responder por la agresión, indicó uno de los integrantes de la CRAC.
Se informó que el policía municipal de nombre Porfirio Silvestre Morales hirió al joven con dos balazos, uno le perforó la nuca y otra bala le dio en la espalda y lo dejó inválido. Luego de la agresión el agente municipal se refugió en el rancho “Las Tortolitas” de la alcaldesa y ayer que lo fueron a buscar los policías de la CRAC no lo encontraron.
En un principio el regidor entregó 50 mil pesos a la familia por parte del gobierno municipal y los familiares volvieron a solicitar una cantidad similar por los gastos de atención médica, además de un pago mensual por el estado del joven, pero el regidor les negó esta ayuda y los familiares denunciaron el caso ante la Policía Comunitaria.
El regidor fue detenido a la 1:30 de la tarde y fue presentado ante el comisario municipal Emiliano Valtierra López y otras autoridades de la CRAC. Afuera de la comisaría más de 100 simpatizantes de la alcaldesa priista exigieron la libertad del regidor, y la salida del sistema de justicia comunitario.
A las 7 de la noche los familiares, el regidor y las autoridades de la CRAC firmaron un acuerdo sobre la presentación del policía responsable, además  el panista entregó 10 mil pesos a la familia del afectado y quedó sin efectos la orden de aprehensión del regidor en la CRAC, y que éste ayudará a la familia del menor a hacer la demanda penal ante el Ministerio Público (MP).

Hay un patrón de impunidad en el país, afirma Nestora Salgado antes de volver a EU

La ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García participó antes de regresar a Estados Unidos, luego de 10 días en el país, en la presentación del informe del proceso de acceso a la justicia en los asesinatos de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, ocurridos hace siete años en Oaxaca y que están en la impunidad, lo que afirmó que es un patrón en México.
En la presentación del informe participaron el embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson, la mamá de Jyri, Evve Jaakkola, el esposo de Bety, Omar Esparza y los abogados Karla Micheel y David Peña, quienes denunciaron que a siete años hay impunidad en el caso.
Fue en el museo José Luis Cuevas, y fue invitada Nestora Salgado porque fue presa política y porque su proceso judicial aún no concluye.
La activista dijo que “da vergüenza que sea un patrón sistemático querernos callar, está quedando en uno más de tantos casos de impunidad el caso de otras defensoras asesinadas por defender el territorio, entonces nos damos cuenta que son los intereses de algunas personas que tienen mucho que ver y están moviendo los hilos para que no haya justicia”.
Hace siete años ocurrió el doble asesinato de Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en Oaxaca, y de Jyri Antero Jaakkola, observador de derechos finlandés, que estaba en ese territorio Triqui.
Ambos fueron asesinados por un grupo armado en Oaxaca el 27 de abril de 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos que encabezaba Bety, cuando se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
A siete años de los hechos sus familiares y abogados, organizaciones de derechos humanos y diputadas y diputados del Parlamento Europeo mantienen su señalamiento de que no hay justicia, y el gobierno mantiene a los perpetradores en libertad. Están pendientes de ejecutar diversas órdenes de aprehensión.
Salgado señaló sobre el caso que “es la misma historia que se está repitiendo: el caso de Nestora Salgado, de muchos presos políticos. La misma historia, la misma defensa, las mismas voces que queremos levantar, que luchamos por la defensa del territorio, en defensa de la paz, se me hace tan curioso que en este patrón seamos asesinados, seamos encarcelados y con esta misma impunidad”.
Antes de que concluyera el informe, Salgado se fue al aeropuerto y aseguró que seguirá su proceso, porque aún queda pendiente su libertad absoluta. La Fiscalía General del Estado mantiene acusaciones en su contra por más de 50 secuestros.

Piden en un foro que se abra la posibilidad de diálogo entre la CRAC y UPOEG para trabajar en conjunto

El foro Movimientos sociales desde el sur hacia la nación. Debate para una agenda común culminó ayer en las instalaciones de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa con el acuerdo de designar una comisión de seguimiento de las actividades planteadas por los asistentes.
La tarde del sábado ante la insistencia de participantes se abrió la posibilidad de diálogo entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) cuando los representantes de la UPOEG, Crisóforo García y de la CRAC, Valentín Hernández, se comprometieron a llevar a sus comunidades la propuesta de iniciar un diálogo para trabajar conjuntamente en la impartición y administración de justicia.
Al respecto el rector de la Unisur, José Joaquín Flores Félix declaró que ver reunidos y en un diálogo serio y constructivo a representantes de diferentes expresiones de policías comunitarias puede ser ya considerado un logro del foro.

Los acuerdos

Retomando los asuntos que se discutieron en la mesa sobre educación y cultura el viernes pasado cuando inició el foro, este domingo se propuso un próximo encuentro con universidades y organizaciones para dar continuidad al debate sobre el sentido y utilidad de la educación en el que se debe incluir el trabajo con universidades campesinas.
También se propuso fortalecer proyectos universitarios como el de la Unisur, que pueden funcionar como acompañantes de los movimientos sociales y que los movimientos acompañen a la Unisur para lograr su reconocimiento oficial.
Se planteó también la necesidad de que la educación inicie desde la niñez para fortalecer la identidad de los pueblos, por lo que se deben replantear los contenidos de la educación básica.
Sobre educación y seguridad se propuso la creación de una escuela para las organizaciones comunitarias en las que se incluya formación en derechos humanos.
Se insistió en que la educación comunitaria debe enfatizar las identidades de los pueblos y que las actividades deben respetar los procesos individuales de las organizaciones.
Finalmente se acordó utilizar las nuevas tecnologías para difundir acuerdos y propuestas entre las organizaciones, comenzando con cuentas en redes sociales y una página intenet, sin limitarse a ellas sino extender la difusión a todos los medios disponibles, incluyendo radios comunitarias para localidades en las que el acceso a medios alternativos es limitado.

Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.

Suspenden careo de Gonzalo Molina con ex funcionarios de Tixtla porque no se presentan

El Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal, suspendió este jueves una audiencia en la que el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, se carearía con la diputada local perredista, Erika Alcaraz Sosa, y con el profesor Edilberto Vega Cantor, que no asistieron.
La diputada y el profesor se desempeñaban como regidora y secretario general del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de Tixtla, cuando Molina González fue acusado por la diputada y el profesor de los delitos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico en la causa penal 7/2017.
Los supuestos delitos se derivaron de una protesta afuera del Palacio municipal de Tixtla el 26 de agosto de 2013 de policías comunitarios que demandaban la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El abogado de Molina González, Hegel Mariano Ramírez informó que la audiencia significaba agilizar el proceso y aportar elementos que fortalecieran la legalidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución.
Añadió que con la comparecencia de la diputada y el profesor existe la posibilidad de que se desvanezcan todos los elementos incriminatorios contra Gonzalo Molina y, al mismo tiempo, aporten elementos que tienen que ver con la relación que existía entre el cabildo y la CRAC.
Informó que la actual diputada participó en mesas de diálogo después de la acusación contra Gonzalo Molina en las que el cabildo se comprometió a aportar toda la información para que el promotor de la CRAC en Tixtla recuperara su libertad y se suspendieran las órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la Policía Comunitaria.
“Nosotros consideramos que, de acuerdo con la investidura que actualmente tiene como diputada, debería de comparecer de manera voluntaria y facilitar el desahogo de pruebas en lugar de complicarnos, porque esto a nosotros nos mete en una dinámica nueva de seguir un procedimiento para hacerla comparecer”.
Por ello el abogado la llamó a que su comparecencia sea inmediata para agilizar el proceso en contra de su defendido.
Informó que el proceso se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas, precisamente porque se ha dificultado la localización de algunos denunciantes y la comparecencia de otros.
Informó que también se ha complicado por la falta de recursos económicos de Gonzalo para ofrecer algunas pruebas o acceder a algunas documentales.
Aparte de la causa penal 7/2017, Molina González enfrenta otros dos procesos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito (federal) también por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y contra agentes de autoridad. Otro más está radicado en el juzgado de Tlapa, por el delito de secuestro agravado, aunque en este proceso lo defiende otro abogado.
Minutos antes de las 11 de la mañana, Molina González apareció en la rejilla de prácticas y firmó el acta en la que se asentó que no asistieron los denunciantes.
Molina dijo que la inasistencia de quienes lo denuncian es una forma de eludir su compromiso, “sin embargo, vamos a esperar, a veces tienen asuntos que arreglar y esperemos que la próxima vez si estén aquí, el profesor Edilberto y la diputada Erika, ellos saben bien como ocurrieron los hechos y saben perfectamente que yo era promotor de la Policía Comunitaria, y que la CRAC es una institución”.
Dijo que cuando ella era regidora y él secretario del Ayuntamiento, le entregaron su nombramiento como promotor de la Policía Comunitaria, y que él les informó que trabajaría en la organización de algunas comunidades.
Apareció en la rejilla con un cuadro en las manos con la imagen de Jesucristo, que pintó al óleo para ofrecerlo en venta, “porque necesito recursos no sólo para sacar adelante la defensa de Gonzalo, sino también la de Samuel” (Ramírez Gálvez), quien es policía comunitario de Zitlaltepec.

 

Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques

Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.

Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación

Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.