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Se anticipan vacaciones en la UAG en Acapulco por segundo año ante la inseguridad, informa el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que, por segundo año consecutivo se adelantará el periodo de vacaciones ante la violencia que persiste en Acapulco. “Hay ahí una cuestión de foco rojo en la zona Universitaria, y mañana estaré allá, para platicar con los directores”, dijo.
Consultado tras la firma de tres convenios en su despacho, Saldaña  explicó que en el caso de Acapulco ya le pidió a los directivos y maestros que adelanten los exámenes, para “que no pongan en riesgo a los jóvenes… Vamos a establecer una estrategia mañana y platicaremos con ellos, yo creo que adelantaremos no más de cinco días”, precisó.
Dijo que planean adelantar las vacaciones en seis escuelas, Turismo, Derecho, Enfermería, Psicología, Preparatoria 7, Preparatoria 27 y Preparatoria 17.
Recordó que la semana pasada estuvieron a punto de suspender clases, ante “lo complicado que estuvo”, pero que esta semana no se ha registrado “ningún episodio” de violencia.
Relató que policías estatales irrumpieron en la escuela de Psicología de Acapulco para buscar a un presunto delincuente tras una denuncia hecha desde un teléfono celular, pero no encontraron al presunto infractor.
Sobre el exhorto del Congreso local para que el Ejército se encargue de vigilar las unidades académicas de la UAG, respondió que agradece la atención de los diputados ante la inseguridad de la que son víctimas. “Estábamos casi asfixiándonos por el tema de la inseguridad, lo bueno es que no ha habido ningún episodio y nos hemos movido, hemos tocado base con los ministeriales, estatales, con el Ejército y la Policía Federal”, agregó.
Señaló que ya está concluyendo el estudio que planteó el Consejo Universitario, con el que se determinarán los focos rojos en la UAG, así como las formas de operar del crimen.
Dijo que en cuanto se concluya este estudio, al que le faltan mediciones, se le presentará a las autoridades encargadas de impartir seguridad y justicia para que trabajen en él.
Convenios con Cdi, Igatipam y CMIC

En la sala de reuniones del despacho del rector, se firmaron tres convenios. El primero con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), encabezada por Lenin Carbajal Cabrera, que tiene como propósito que, mediante el programa para el mejoramiento de las producciones y productividad indígena, la UAG imparta talleres.
Este programa recibe un financiamiento de 30 millones de pesos para proyectos productivos; la UAG intervendrá con capacitación y asistencia técnica.
El segundo convenio fue con el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (Igatipam), que dirige Mara Vicencio Talamantes; este convenio ayudara a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con talleres de capacitación educativa y de atención médica.
El último convenio fue con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que se comprometió a disponer espacios en sus 800 empresas afiliadas a nivel estatal para que los estudiantes puedan hagan prácticas y residencias.
En el auditorio de Rectoría fueron entregadas más de 800 becas de movilidad, para estudiantes de preparatoria y licenciatura, entre ellos algunos que harán investigaciones de verano a España, Colombia y Francia.
Ahí, el rector reconoció que en el estado no hay buenas condiciones para los jóvenes ante la inseguridad, además de que no hay empleos, y deben de buscar en otro lado.
Subrayó que, pese a ello, la universidad está enfocando todos sus esfuerzos a mejorar la situación, e incluso pidió a los asistentes que continuaran sus estudios, por su propio bien y el de sus familias.
Aprovechó para comentar que la UAG ha sido beneficiada por el gobernador Héctor Astudillo Flores con el proyecto de aumento de becas de movilidad para mejorar la calidad de estudio de los jóvenes.

Hallan a una mujer decapitada adentro de un costal en Puente González, Iguala


Una mujer decapitada adentro de un costal y con huellas de tortura fue hallada la tarde de ayer en los terrenos de una huerta de mangos en la comunidad de Puente González, al norte de la cabecera municipal de Iguala.
En lo que va del año suman 32 asesinatos con violencia en distintos hechos ocurridos en este municipio, cometidos presuntamente por miembros de la delincuencia organizada, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes policiacas de seguridad pública municipal informaron que a las 5:50 de la tarde fue reportado el hallazgo del cuerpo de una mujer asesinada en una huerta mangos junto a una parcela de cultivo de sorgo.
Al lugar llegaron soldados del Ejército, policías estatales, ministeriales y municipales, así como agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes acordonaron el área.
Se informó que debajo de un árbol de mango fue localizada la mujer decapitada adentro de un costal, y a un metro estaba la cabeza. La víctima de unos 50 años tenía huellas de tortura y sólo vestía playera verde, los primeros reportes indican que tenía varios días asesinada.
Se dio a conocer que después de las diligencias la víctima fue trasladada aproximadamente a las 7 de la tarde a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad sin que haya sido identificada.

Hallan un cadáver en la colonia Vista Hermosa

Una hora después del primer hallazgo, cerca de las 7 de la tarde fue reportado el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en un predio de la colonia irregular Vista Hermosa, dentro del ejido Tijeritas al norte de la ciudad, cerca de la zona de hallazgo de fosas.
En un primer reporte se indicó que era el cuerpo de una mujer, pero al llegar a la zona cerca de la carretera federal en la salida hacia Taxco, las autoridades confirmaron que era un hombre de unos 60 años, con varios días muerto.
El cuerpo no tenía las piernas, al parecer porque fue devorado por animales de rapiña, tenía puesta una playera blanca con un estampado al frente con el nombre Acapulco.
Después de las 8 de la noche el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue de esta ciudad sin que haya sido identificado y sin saber la causa de la muerte.

La delincuencia recluta a jóvenes sin oportunidades y no hay dinero para apoyarlos: Sejuve

En los últimos meses en Guerrero se han registrado asesinatos de jóvenes y el titular de la Secretaría de la Juventud (Sejuve), Humberto Díaz Villanueva manifestó que los crímenes se deben a que “los diferentes grupos antagónicos del crimen organizado reclutan a este tipo de jóvenes por las necesidades y la falta de oportunidades”.
Consultado en el Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable en Chilpancingo, Díaz Villanueva justificó que la Sejuve tiene limitantes para dar resultados como es la falta de presupuesto para una población de 1 millón de jóvenes.
Dio a conocer que el presupuesto de la dependencia en 2017 es de 9 millones de pesos y hace un año fue de 13 millones.
Dijo que hay una situación de violencia en Guerrero, por lo que “los diferentes grupos antagónicos del crimen organizado reclutan a este tipo de jóvenes por las necesidades y la falta de oportunidades, (…) y por la restricción presupuestal (que tiene la Sejuve) no se tienen mejores resultados”.
Manifestó que los municipios donde se reclutan más jóvenes son la Montaña, y Tierra Caliente, y que con los programas de apoyo y becas de la Sejuve los resultados han sido positivos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

La última barrera para contener a la delincuencia es el Ejército, afirma un colegio de abogados

 

El presidente del Colegio de Licenciados y Posgraduados en Derecho del estado de Guerrero (Coliposdeg), Hugo Hernández Martínez consideró que a pesar de las críticas en contra de que el Ejército esté en las calles en labores de seguridad, es justificable porque es la última “barrera de contención” ante la delincuencia.
Dijo que si la delincuencia no tiene respeto por los cuerpos policiacos en sus tres órdenes de gobierno ”y aunque no nos guste y constitucionalmente pudiéramos ver que está tolerado, aceptado o no, pues es el último muro, la barrera de contención: el Ejército o la Marina, y es lo que le queda a los ciudadanos”.
Mencionó que la Fiscalía no da resultados y utiliza las mismas frases genéricas, “utilizan un discurso muy especial en cuanto viene una situación en la que le pueden echar la culpa a las bandas delincuenciales, al crimen organizado o que van a estudiar líneas de investigación, entiendo que por la situación del debido proceso no pueden ellos hablar más de lo debido, pero lo que observamos es la falta de resultados”.
Sostuvo que mientras los resultados no se informen, persistirá la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades.
Hernández Martínez expuso que los abogados encontraron que en el nuevo sistema penal acusatorio no hay avance real, sino un retroceso. Comparó, es como “una puerta giratoria”, porque ahora se presume inocente y se tiene comprobar, cuando se da esa circunstancia genera cuestionamientos por parte de sus representados “¿Cómo le explicas a la gente que hay determinado delito de extorsión, pero al no ser considerado grave pues al final de cuentas de acuerdo a la Constitución Política salen libres?”.
Expuso que los extorsionadores al ser procesados en libertad, hay riesgo de que amenacen a las víctimas.
Antes, en su discurso indicó que la corrupción está enraizada en todos los ámbitos  y que el problema no radica en las leyes, sino en su aplicación, “no hay un respeto en la misma autoridad”.
Consideró que el gobierno no es el responsable de generar plazas de empleo  pero sí el de generar las circunstancias para que se establezcan las empresas, y exista inversión, y eso ha trastocado la labor de los abogados, “lo sabemos claramente en el campo de la abogacía, sabemos cómo están los clientes y sabemos al momento de cobrar cómo nos hablan los clientes. La situación de extorsión está en todas partes”.
Dijo que debido a la situación de violencia en la capital es similar a lo que antes se sufrió en Acapulco, “están cerrando restaurantes, Chilpancingo está viviendo lo  que en su momento vivió Acapulco”. Reiteró que se debe aplicar la ley en todos los ámbitos, desde los ciudadanos que no deben de incentivar la corrupción.
Ayer en el salón Huichol en el hotel de la Costera y antes de iniciar la conferencia del invitado, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros y los integrantes Coliposdeg rindieron homenaje con un minuto de aplausos al periodista de Tierra Caliente asesinado en Ciudad Altamirano, Pungarabato, Cecilio Pineda Birto.

El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

Fue detenido en la CDMX el operador financiero de Los Rojos, según reportes oficiales

El operador de la organización delictiva Los Rojos, Jesús Esteban Mazari Taboada fue detenido por fuerzas federales en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.
Según los reportes oficiales, Mazari Taboada es primo del líder de ese grupo criminal que opera principalmente en los estados de Morelos y Guerrero, identificado como Santiago Mazari Hernández, El Carrete.
El detenido fungía como enlace de Los Rojos en la Ciudad de México para el trasiego de heroína, cocaína y la droga conocida como china white, una mezcla de heroína con fentanil, hacia Estados Unidos.
Según las autoridades era uno de los principales “blancos” del catálogo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia y su neutralización es relevante para afectar la estructura logística y operativa de Los Rojos.

Durante la captura, efectuada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, le fueron asegurados un arma corta, 1 kilogramo de cocaína y 48 dosis de esa droga.
Mazari Taboada fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Marchan, cierran la autopista y encaran padres de los 43 a policías federales en Chilpancingo

A cinco años del desalojo a balazos contra normalistas en la Autopista del Sol unos 700 estudiantes, maestros y activistas sociales encabezados por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la capital y encararon a los policías federales por el asesinato de dos jóvenes en esta carretera, ante la violencia acrecentada pese a la vigilancia policiaca y militar y debido a los vínculos de las fuerzas de seguridad pública y armadas con la delincuencia.
“Ustedes mataron a Alexis y a Gabriel”, “¿qué tiene que cuidar en la carretera?”, “¡váyanse a Acapulco!”, “sigan enriqueciéndose con el narcotráfico”, les gritaron padres de familia y estudiantes mientras unos 200 policías retrocedían fuera del asfalto, en el punto conocido como El Parador del Marqués, donde el 12 de diciembre de 2011 policías federales, ministeriales y estatales disolvieron una protesta a balazos y asesinaron a los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
Al final los policías se refugiaron bajo la sombra de los árboles, mientras los manifestantes bloquearon dos horas el paso a la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para celebrar un acto político.
Después de la ofrenda floral un sobreviviente de aquellos hechos, Edgar Espíritu Olmedo denunció que desde aquella agresión los problemas en la Normal Rural son cada vez mayores.
El estudiante que fue herido de bala en el pecho recordó que en la protesta del 12 de diciembre pedían becas, la aprobación de la matrícula, “en vez de respuestas recibimos balas, dos compañeros muertos y a mi, un grave incidente… a la fecha tengo problemas de salud”.
Denunció que mientras los responsables de los hechos están libres los problemas en la escuela aumentaron, por ejemplo señaló el ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde tres estudiantes fueron asesinados y 43 desaparecidos, aunado al “cobarde” asesinato de dos normalistas en la carretera Chilpancingo-Tixtla el 4 de octubre pasado.
Recriminó que las consecuencias no sean contra los perpetradores, “les decimos a todos los presentes que no están solos, estamos aquí con justa razón, luchando por algo que por ley merecemos, a aquel pueblo y todos los que luchan por algo les decimos que vamos a seguir en la lucha. Desde el 12 de diciembre sigue pasando lo mismo, los que realizan actos criminales siguen en libertad, parece que por pedir algo a los gobernantes tiene que morir un ser humano, es increíble que en estos tiempos sigan muriendo compañeros, haya desaparecidos de otras ciudades y sigamos en la misma”.

La marcha

La protesta comenzó a las 11 de la mañana del monumento a Nicolás Bravo ubicado al norte de la capital, avanzó por el centro de la ciudad hacia el sur al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, donde ocurrió el desalojo en 2011.
El contingente conformado principalmente de jóvenes integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cantó en todo el recorrido consignas revolucionarias, mientras otros estudiantes y activistas a su paso hicieron pintas y colocaron carteles alusivos al 12 de diciembre y al 26 de septiembre, en edificios de gobierno y algunas tiendas Oxxo, leyendas como “pueblo toma conciencia y lucha”.
Avanzaron sobre las principales avenidas de la ciudad y el bulevar Vicente Guerrero que se conecta con la autopista de cuota.
Antes, desde las 10 de la mañana se observó la llegada de policías federales en El Parador del Marqués. Apenas se asomó la manifestación como a las 2 de la tarde, los policías con equipo antimotines ocuparon la mitad de la carretera.
Varios padres y madres en la vanguardia se dirigieron molestos hacia los uniformados que impedían el paso de los camiones del servicio público en que viajaban los normalistas, y querían estacionarlos sobre la carretera federal.
Mientras los mandos comenzaron el diálogo protocolario para pedir que la manifestación no afectara a terceros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos recriminaron a los federales la agresión a los jóvenes en 2011.
Intensamente reclamaron los asesinatos, los cuerpos desmembrados en Chilpancingo y Acapulco, los desaparecidos y levantados en la entidad y los llamaron a detener a los delincuentes: “ustedes le dispararon a Alexis (Herrera Pino) y a Gabriel (Echeverría de Jesús)”, “pinches maricones, qué tienen que cuidar en la carretera, vayan a buscar los muchachos aquí no hay nada que ver”, gritó una madre de familia.
Los policías retrocedieron varios pasos ante la presión de los manifestantes y mientras aguardaban órdenes de sus superiores, en medio de la discusión -registrada en video con teléfonos celulares de manifestantes y policías-, accedieron a salir de la carretera y a observar la protesta desde la sombra de los arboles, donde estaban antes de que llegara el contingente.
En la carretera un padre de familia hizo una oración mientras estudiantes chaponaban el monte del lugar donde se encontraba la cruz que marca el sitio donde cayó el normalista Gabriel Echeverría, a poca distancia de un letrero de lámina que señala la ubicación de un taller mecánico, y que conserva los huecos de bala de dos diferentes calibres accionados hace cinco años.
Ahí colocaron también la corona de flores en recuerdo de Alexis Herrera, el normalista que recibió un balazo en la nuca, en el carril contrario. El letrero está justo enfrente al acceso de la tienda departamental Liverpool, donde se ubicaron los policías ministeriales y estatales que dispararon a los manifestantes en 2011.

En cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes

Ayer el señor Emiliano Navarrete, papá del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, llamó a no olvidar “porque es lo que el gobierno ha querido siempre”, y ratificó el compromiso de los padres de los desaparecidos a mantener la lucha hasta saber en dónde están sus hijos y que los responsables “personas corruptas” reciban su castigo.
La señora Blanca Nava, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez, denunció que en cinco años el gobierno se empeñó en matar y desaparecer estudiantes, “es algo que nosotros tenemos que evitar, esto no puede sucederle a nuestros hijos”.
Consideró una burla para los padres que todos los delitos sigan impunes, “que nos siga pisoteando, que no nos tengan una respuesta. De aquí le digo a (el gobernador Héctor) Astudillo y (al exgobernador Ángel) Aguirre que ya quiero de regreso a mi hijo, no me pienso ir, tengo que saber qué pasó con él y sus compañeros. Este dolor que sentimos no se lo merece nadie, no queremos repetición, pero sobre todo queremos que los regresen vivos”.
Demandó que no manden policías a sus manifestaciones “nosotros no andamos buscando pleito”, asimismo que retiren a los militares de las calles porque “no sirven para nada, nada más están para desaparecer, para andar levantando y matando”.
El vocero Felipe de la Cruz demandó que se investigue y se castigue al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a sus colabores por los crímenes del 12 de diciembre, y luego se refirió a la muerte del trabajador de la gasolinera ocurrido en estos mismos hechos, Gonzalo Rivas Cámara, a quién el senado entregó post mortem la medalla Belisario Domínguez, para hacer creer a la sociedad que los estudiantes son responsables de aquella muerte.
El representante de la Normal Rural señaló que el premio del Senado tuvo la intención de criminalizar a los normalistas, que también son víctimas de la represión de los cuerpos policiacos a la protesta social.
Debido a la intensidad del sol cuatro personas recibieron auxilios por desvanecimientos. El mitin acabó a las 4 de la tarde, cuando estudiantes y activistas abordaron unos 10 camiones del servicio público, y regresaron a la Normal en Tixtla.

En cuatro escuelas de la UAG el crimen exige a maestros cuota del aguinaldo, denuncia el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que en los cuatro años de su rectorado hubo 250 universitarios afectados por la inseguridad en el estado, entre extorsiones, secuestros y asesinatos.
Dijo que cuatro escuelas de la UAG, de Chilpancingo, Acapulco y la región Tierra Caliente, adelantarán el periodo vacacional, porque la delincuencia organizada pidió cuotas a los maestros, quienes están próximos a recibir su aguinaldo, por lo que la nómina no se pagará en las instituciones.
Consultado luego de firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Guerrero (Itaig), con el que se busca incluir a los estudiantes de la UAG en los procesos de acceso a la información, Saldaña Almazán dijo que el sábado acudió a la toma de protesta del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, y le planteó la necesidad de mantener la vigilancia en las escuelas de la UAG, como la de Derecho en Acapulco, donde cuatro universitarios fueron asesinados al salir de las instalaciones.
Abundó que a Jiménez Mendoza le propuso que la UAG coadyuve con sus experiencias para fortalecer los protocolos de seguridad y así preservar la integridad de los universitarios.
Se le preguntó si la universidad tiene un registro de cuántos maestros y estudiantes han sido afectados por la inseguridad y contestó que en su administración hubo 250 casos de extorsión, secuestro y asesinato; recordó que hace tres años había homicidios dentro de las escuelas o bien, desconocidos entraban por la fuerza para sacar a los alumnos, como ocurrió en las preparatorias 8, 17 y 27, incluso “había bandas (criminales)”.
Dijo que, ante las circunstancias, la universidad aplicó medidas de seguridad y pláticas a los universitarios a través de los departamentos psicopedagógicos en las escuelas, además de que ante las extorsiones ya no se pagará a los trabajadores en las instituciones, para evitar riesgos.
Informó que este año cuatro escuelas de la UAG adelantarán el periodo vacacional de invierno, que según el calendario oficial de la SEP es del 22 de diciembre al 9 de enero de 2017, ante las llamadas de extorsión que recibieron los maestros en las que les exigieron pagar cuotas luego de que cobren su aguinaldo. Añadió que las instituciones ya están aplicando los exámenes finales, pero se reservó la fecha en que terminarán sus actividades.
Con respecto al presupuesto de la UAG, Saldaña Almazán dijo que el viernes pasado, cuando presentó su cuarto y último informe de labores en Acapulco, tuvo la oportunidad de hablar con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien continúa con las gestiones pertinentes y ya tiene asegurada “buena parte” del aguinaldo.
El rector dijo que esta semana, a partir de hoy, asistirá a la Ciudad de México para hacer lo propio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera que el aguinaldo y los salarios de los trabajadores estén asegurados de manera total.
Se le preguntó si tiene aspiraciones políticas para el proceso electoral en 2018 y dijo que “no tengo aspiraciones hacia afuera”, ya que cuando pudo ser gobernador interino en el 2014 prefirió apartarse, porque consideraba que hay actores capaces de dirigir el estado, aunque no se refirió a nadie en particular.
Añadió que, aunque no participará en las elecciones, continuará planteando una alianza gobierno-sociedad-UAG, para enfrentar el problema de los migrantes que podrían ser deportados desde Estados Unidos, luego de que comiencen a aplicarse las medidas que promueve el presidente de ese país, Donald Trump, para lo que la Dirección de Asuntos Globales de la universidad está preparando una propuesta.
De su posible reelección, Saldaña Almazán dijo que en alguna fecha, entre el 15 y el 22 de diciembre, el Grupo Universidad por Guerrero se reunirá con todos los actores implicados, para que todas las voces sean escuchadas y llegar a una ruta planteada de unidad, “yo no estoy obsesionado con nada, quien decidan (los universitarios) a ese vamos a apoyar”.
Sobre las negociaciones con el STAUAG y el STTAISUAG, dijo que mantendrá el diálogo con ambos para resolver sus demandas y que la universidad continúe en la ruta de “no tener huelgas, no le conviene a nadie”.

Hay más demanda de seguridad privada, por la estrategia fallida del gobierno, dicen empresarios

 

Empresarios de Acapulco coincidieron en que el aumento en las solicitudes de pequeños negocios para seguridad privada, demuestra que el gobierno mantiene una estrategia de seguridad fallida que los expone aún más.

Por un lado, el presidente de la Federación de Empresarios, Alejandro Martínez Sidney, señaló que los pequeños comerciantes son los más expuestos a la inseguridad pues carecen de recursos para pagar vigilancia que el gobierno está obligado a brindar.
Y en declaraciones por teléfono, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco, Fidel Serrato Valdés, dijo que la situación “es complicada” dado los resultados respecto a los asesinatos en la ciudad, no obstante, indicó, con el reciente cambio de estrategia los empresarios esperan que haya “resultados positivos” y mejoren las condiciones de seguridad para todos.
Afirmó que con las empresas que cuentan con la capacidad económica para contratar seguridad privada “se demuestra que hay inseguridad”.
“Se le ha pedido a las autoridades que mejoren porque no han sido suficientes los esfuerzos, las estrategias no son suficientes”, señaló Serrato Valdés.
Añadió: “entendemos que en estos tiempos es complicado y es un mundo diverso que se debe atender por parte de nuestras autoridades. Queremos tranquilidad y esperaríamos que los resultados positivos fueran inmediatos, pero es difícil”.
Por su parte, Martínez Sidney indicó que a pesar de los anuncios que ha hecho el gobierno estatal para modificar la estrategia del Grupo de Coordinación Guerrero, no es con más policías como se mejorará la violencia.
“Tampoco es con dádivas para la gente como se va a terminar la pobreza, sino con el fortalecimiento del tejido social, con el aumento de verdaderas inversiones para atraer el turismo y que haya empleos mejor pagados, porque los jóvenes ahora son presa fácil de la delincuencia organizada”, declaró por teléfono.
El Sur informó este lunes que de acuerdo con representantes de empresas privadas de seguridad, aumentaron 70 por ciento las solicitudes de pequeños y medianos negocios para la contratación de servicios de seguridad en Acapulco a causa de la violencia.
Restaurantes, taquerías, estéticas y tiendas de ropa son los nuevos clientes de estas empresas, pues los negocios que se consideran pequeños o medianos son los que han empezado a solicitar los servicios de guardias o instalación de cámaras y monitoreo, ante la violencia que no disminuye en el municipio.

 

 

Vecinos de la colonia Progreso no ven los recorridos de la BOM, como se anunció

Luego de que el pasado miércoles fue asesinado un hombre frente al colegio Leopoldo Díaz Escudero, en la colonia Progreso, zona donde se informó que habría una Base de Operaciones Mixta (BOM), ayer no hubo presencia policiaca.
Vecinos y comerciantes de ese lugar dijeron que no ha habido recorridos de vigilancia de ninguna corporación.
Al mediodía, en un recorrido por las calles Ignacio Vallarta, Manuel Acuña, Michoacán, Durango y Bernal Díaz del Castillo, se observó una patrulla de la Gendarmería, pero los agentes se encontraban desayunando. Una vez que terminaron se fueron del lugar.
El miércoles a las 3 de la tarde, fue asesinado un hombre cuando circulaba en su camioneta Toyota, con placas de Morelos, en la calle Durango y frente al colegio particular Leopoldo Díaz Escudero, de la colonia Progreso.
Ayer el colegio celebró la Erección del Estado de Guerrero y los alumnos salieron temprano. De acuerdo con algunos vendedores y vecinos del lugar, no hubo vigilancia.
Un vecino dijo que no se encontraba cuando sucedió el crimen, pero que se enteró que habían asesinado a una persona en su vehículo, que llegaron policías, soldados y agentes federales. Reprochó que únicamente acuden cuando sucedan los homicidios.
“No hay vigilancia, no hacen recorridos”, se quejó el vecino, y recordó que el martes fue el día que vio presencia de policías de todas las corporaciones, en referencia al día que el alcalde Evodio Velázquez Aguirre y el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo López, recorrieron la avenida Durango e invitaron a comerciantes a denunciar delitos.
Un comerciante dijo que cuando sucedió el hecho violento no estaba. Se había retirado y se enteró de lo que sucedió por los medios de comunicación y por lo que le contaron.
“Debería de haber vigilancia para inhibir los delitos, pero no hay patrullas, no hay policías” dijo el comerciante. Aunque después contó que “de repente hacen rondines, pero es rara la vez que eso sucede”, declaró el comerciante de la calle Ignacio Vallarta.
Otra comerciante indicó que había más recorridos de vigilancia antes de que se anunciara la Base de Operaciones Mixtas, “ahorita son raros los patrullajes”, e incluso recordó que había soldados en el mercado de la Progreso y federales que caminaban por el lugar.
Este jueves, El Sur informó que un día después que el alcalde Evodio Velázquez recorriera la colonia Progreso junto con autoridades militares y ofreciera reforzar la seguridad con instalación de la BOM, comerciantes dijeron que no hubo recorridos. Ayer que también se hizo un recorrido por el lugar no se observó ningún patrullaje.