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Colocan madres buscadoras fotografías de sus desaparecidos en el Zócalo de la ciudad

Karina Contreras

Integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia pegaron este martes fotografías en las jardineras del Zócalo de Acapulco y exigieron al Ayuntamiento que no las quite y preguntaron: “¿Por qué tenemos que esconder algo que estamos viviendo todos los días las familias que tenemos un familiar desaparecido?”.
Además, pegaron en las columnas de los edificios alrededor del lugar, así como en postes del camellón e informaron que también pagarían en el área de Caleta.
Desde las 9 de la mañana las madres de familia empezaron a pegar más de un centenar de fotografías de personas desaparecidas en Guerrero, aunque comentaron que la mayoría son de Acapulco.
Socorro Gil Guzmán, madre de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, detenido-desaparecido el 5 de diciembre del 2018 por policías municipales, dijo que esperan que el Ayuntamiento no las retire, como hizo con las del kiosco para la Feria Internacional del Libro de Acapulco (FILA).
“Nosotros queremos hacerle un llamado al Ayuntamiento para que respete, aunque lo niegue, a nosotros nos han dicho que son ellos los que quitan o rompen las fotos” y eso sucedió también cuando inició la FILA donde se lavaron las manos y dijeron que quienes las retiraron fueron los que estaban organizando el acto, pero “hasta ahora no hemos escuchado ningún pronunciamiento de dichas personas y nosotros todavía estamos esperando que nos digan por qué quitaron las fotografías”.
Señaló que por qué tienen que esconder los hechos y que “sabemos que no se detienen, que cada día desaparecen más personas”.
Informó que van a pegar fichas en diferentes partes de Acapulco y que mañana inciarán su búsqueda en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y el jueves en el penal de Las Cruces.
Explicó que en la visita al Semefo revisan las fotografías que tienen, pues los restos no los dejan ver, para ver si reconocen algo y los checan desde el mes y año de su desaparición hacia adelante.
En la cárcel visitan a los presos y les dan pláticas de sensibilización y les piden que sí saben de alguan persona, de alguna fosa, porque se sabe que algunos están con otros nombres y edades, que los tienen aislados, y quién más para dar esa información que los que están ahí, por eso les piden que ayuden de esa manera y comentó que en algunos estados se han encontrado a personas desaparecidas en las cárceles.
Explicó que hoy y el jueves son rastreos en vida que le dieron en la Comisión de Búsqueda por su hijo y por otras personas donde por cada persona pidieron 50 fotografías.
Agregó que se les dio transporte y las fotografías para la búsqueda, pero no la seguridad y que estaba con ellas un agente de la Fiscalía General de la República (FGR), quien les dijo que por más que se trató de comunicar con la Guardia Nacional no llegaron.
Le preguntaron si iban a participar en la elección del 1 de junio para jueces, magistrados y ministros a quienes se ha señalado de corrupción ante la desaparición forzada, indicó que no podía hablar por el grupo, pero sí de manera personal donde precisó que no va votar porque “no pienso participar en esos disparates. Hasta donde estoy informada no nos va a beneficiar en nada”.

 

Cuelgan fotografías de desaparecidos en un árbol en el Zócalo de la ciudad

Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia realizaron una pega de fotografías de personas desaparecidas en un árbol de mango del Zócalo de Acapulco Foto: Aurora Harrison

Aurora Harrison

Integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia ayer colgaron fotografías de personas desaparecidas en un árbol de mango en el Zócalo, para visibilizar este problema social que está creciendo y pidieron a las autoridades que respeten su forma de lucha.
Ayer en el Zócalo se llevó a cabo dicha actividad, y continuará este sábado en el municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande, posteriormente se trasladaron a la avenida Universidad en donde hicieron una pega de fichas con la Comisión Estatal de Búsqueda.
“Estamos aquí en el Zócalo de Acapulco, vamos a decorar el árbol en memoria de José Alberto García Balanzar que el 20 de mayo cumple dos años de que fue detenido desparecido por policías”, dijo la representante Socorro Gil Guzmán, madre de Jhonatan Romero Gil, quien se encuentra desaparecido desde 2018.
Abundó que la solicitud a los tres órdenes de gobierno es que respeten las actividades que llevaban a cabo para sensibilizar, “porque si ellos no buscan que nos dejen que nosotros a nuestra manera y forma buscar a nuestros familiares”.
“Vamos a colocar en los árboles que se puedan”, dijo la madre buscadora que recordó que en el Zócalo ya tenían un árbol que le denominaron De la Esperanza, “son árboles de la esperanza y para finales de mayo tenemos planeado tomar el espacio del Parque de la Reina, para colocar fotografías en ese lugar”.
Recordó que que como parte de las actividades de la colectiva están “adopta un desaparecido, de hagamos todas las plazas pública memoria de nuestros desaparecidos, porque al ver que el gobierno está haciendo caso omiso, de que no está buscando a nuestro desaparecido nosotros por eso estamos haciendo todo esto”.
“Queremos que la gente haga conciencia de lo que está pasando, que no lo normalicen y que no romanticen a las madres buscadoras, porque para nosotros no es un alago que nos digan que eres madre buscadora y que la gente le de gusto vernos, porque realmente para nosotros no es bonito y no estamos aquí por gusto, no tendríamos porque existir, porque estar cavando la tierra para buscar a nuestros hijos”, dijo.
Detalló que se tiene previsto colgar 400 fotografías de personas desaparecidas, son las mismas que se colocaron en Taxco el jueves en el centro de la ciudad, como un acto
de denuncia y memoria.
“Esta vez pedimos una pega de fichas porque a parte de colgar las fotos en el árbol, vamos a hacer pega de fichas y pedimos a la Comisión Estatal de Búsqueda el acompañamiento y ellos traen las fichas de búsqueda que se van a pegar, aclaro las que nosotros colocamos en el árbol, las conseguimos con nuestro propio recurso y las que se van a colocar más tarde son de la comisión y nos mandó seguridad”, puntualizó la representante.
Agregó que más familias siguen sumándose a las búsquedas y acciones de memoria y ayer “se acaba de sumar una persona más, un niño que fue desaparecido cuando tenía 7 años”.

Conmemora colectiva tres años de visibilizar con protestas las desapariciones de familiares

La exposición de fotografías de personas desaparecidas realizada por los integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia en el Malecón de Acapulco el sábado, en donde también conmemoraron su tercer aniversario Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia el sábado conmemoraron tres años de visibilizar con exposiciones y protestar por la política de Estado que agobia a más de 127 mil familias de personas desaparecidas en México y reprochan que autoridades encargadas de la investigación no esclarezcan las carpetas.
El sábado montaron una exposición de fotografías de personas desaparecidas en el Malecón, frente al Zócalo, y antes estuvieron en el Muro de los Desaparecidos, que se encuentra a un costado de la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad; ahí leyeron un pronunciamiento por estos tres años que llevan haciendo exposiciones de fotos de rostros de personas desaparecidas.
Una de las madres que tiene una hija desaparecida desde el 2018, Rocío Méndez, dijo que salen a buscar a sus hijos porque los responsables de la crisis humanitaria en México no lo hacen porque no les interesa lo que pase con las familias, “si no protestamos, si no salimos a la calle y gritamos que nos faltan nuestros familiares”.
“Necesitamos buscarlos porque el Estado, las instituciones creadas para eso no los buscan, sólo simulan, sólo aparentan, se toman la foto para tener una imagen ante la opinión pública nacional e internacional de que en México no pasa nada, pero vive una grave crisis humanitaria, expresada en desaparición forzada de personas”, dijo.
Sostuvo que las autoridades han querido borrar de la memoría pública a 127 mil personas, que están siendo esperadas por sus seres queridos.
“Han querido que nos olividemos de ellas, de ellos, han querido que no les menciones, pero el recuerdo, la memoría no se compra, no se vende, se hace y se construye día a día, trayendoles al aquí, al ahora, recordándoles, nombrandoles en todo lugar, en todo momento y en todo espacio privado y espacio público”, dijo.
La representante de la agrupación, Socorro Gil Guzmán, madre de Jhonatan Romero Gil, que fue detenido y desaparecido por policias municipales, dijo que llevan tres años continuos a pesar de las contingencias ambientales, “les buscamos en vida, en cárceles, en hospitales, en situación de calle, en campo, en basureros, en cerros”.
Agregó que “continúa aumentando el número de personas desaparecidas forzadamente en diferentes circunstancias en todo el país, 23 mil 67 al 28 de febrero de 2025, segu?n cifras oficiales, sin que las autoridades hagan lo necesario

para detener esta pra?ctica inhumana, ante la incapacidad de detener o por lo menos disminuir este crimen de Estado considerado por la comunidad internacional de los derechos humanos como delito de lesa humanidad”.
Socorro Gil dijo que como madre de víctimas van a seguir buscando por su cuenta, porque el trabajo que debería de hacer las autoridades no lo hacen, por el contrario les niegan los recursos para hacer trabajo de búsqueda en vida y forense.
Recordaron que ya hay una Ley General en Materia de Desaparición forzda de Personas, que entró en vigor el pasado 16 de enero del 2018, pero no hay avances en su aplicación, más bien hay retrocesos, por ello reiteran que el Estado es responsable por omisión.
“Siguen desapareciendo personas en todo el pai?s, principalmente jovenes y hoy suman ma?s de 127 mil personas desaparecidas”, indicó otra de las integrantes que leyó el pronunciamiento y mencionó que el Estado trata de invisibilizar a las familias que buscan a sus seres queridos, por ello es que salen a las calles, plazas públicas para “mostrar que esta pra?ctica inhumana no se detiene y que aumenta di?a con di?a”.
Solicitaron que se les finquen responsabilidades a los agentes del Ministerio Público que se nieguen a levantar las denuncias inmediatamente y no quieran aplicar los protocolos homologados de bu?squeda y de investigacio?n ya existentes.
“Que haya bu?squedas para las colectivas y los colectivos de familiares que son las que han encontrado fosas clandestinas y lograr dar con el paradero de muchas de las personas desaparecidas”, decía en el pronunciammiento que leyeron.
Además se solidarizaron con los familiares del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidadesa a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien falleció tras los impactos de bala que recibió cuando fue atacado cerca de playa Icacos.
Socorro Gil dijo que en lo que va del año se han sumado 10 nuevos integrantes a la colectiva que son familiares de igual número de personas que desaparecen.
Durante las actividades que efectuaron para conmemorar los tres años, se hicieron lecturas poéticas, performance, puestas en escena para que los ciudadanos proporcionen alguna información que les pueda servir para encontrar a sus seres queridos.

Pedirá colectivo información a la FGE de cientos de cadáveres enterrados sin identificar

Ramón Gracida Gómez

La representante de la colectiva de familiares desaparecidos Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, dijo que va a pedir información a la Fiscalía General del Estado (FGE) por los cientos de cadáveres enterrados sin identificar en la fosa común de El Palmar.
Es necesaria la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada en Guerrero para dotar de recursos a las instituciones para que encuentren e identifiquen los cuerpos, señaló por su parte la representante de la colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, Patricia Retana Ahuejote.
El Sur publicó el lunes pasado que dentro de la fosa común del cementerio El Palmar, ubicado en la carretera federal México-Acapulco, se encuentran cientos de cadáveres sin ser identificados que fueron enterrados entre el 2006 y el 2015, que corresponden a las administraciones municipales del entonces perredista Félix Salgado Macedonio (2005-2008), el priista Manuel Añorve Baños (2008-2012) y el finado emecista Luis Walton Aburto (2012-2015).
Vía telefónica, la representante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, dijo que tres casos de compañeras del grupo de familiares corresponden a los años del 2006 al 2015, uno de ellos es Pablo César Maganda Hernández, desaparecido el 27 de julio de 2007 en San Andrés, Barra Vieja; meses después, el 26 de enero de 2008, su tío que lo buscaba, Armando Maganda Hernández, fue desaparecido en Playa Encantada, Barra Vieja.
Un tercer caso de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia es Christian Bustos Camero, desaparecido el 28 de diciembre de 2012 en Plaza Sendero, a la edad de 20 años.
Gil Guzmán, madre buscadora de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, detenido-desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, indicó que no tenía información de que dentro de la fosa común del cementerio de El Palmar había restos humanos sin identificar, pero dio a conocer que en ocasiones anteriores ha participado en búsquedas dentro de panteones sin que hayan tenido resultados positivos.
Explicó que normalmente los puntos de búsqueda en campo o en vida provienen de información que les dan, y puso de ejemplo al recorrido en Veracruz que va a ir por invitación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debido a que existe información de una persona con características similares a la foto de su hijo que siempre lleva consigo plasmada en una playera blanca.
La representante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, consideró que es positivo para la lucha de los familiares de desaparecidos poder identificar restos humanos, aunque no necesariamente correspondan a sus deudos directos.
De las instituciones de Guerrero relacionadas con las búsquedas de desaparecidos, reiteró la crítica que hizo hace una semana durante la jornada por el joven Miguel Ángel Nolasco Parra, visto por última vez el 4 de noviembre en la comunidad de La Poza, cuando señaló a la FGE de desorganización, simulación y falta de coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Consideró que es importante que los colectivos de familiares de desaparecidos participen en la elección del titular de la CEBP, pero enfatizó que para ella es fundamental que el nuevo comisionado Alejandro García Solorio “se ponga a trabajar”.
El 19 de marzo se informó mediante un boletín que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, tomó protesta a García Solorio como titular de la CEBP, la cual se había quedado acéfala desde el 19 de febrero, cuando su entonces titular, Arturo Solís Felipe, se despidió de sus empleados.
Varios colectivos se posicionaron en contra de esta “imposición” argumentando que tienen el derecho a participar en su elección, por lo que el acuerdo es que se emita una convocatoria en la que los familiares estén involucrados y puedan conocer los perfiles de quienes buscan postularse al puesto, como se informó ayer en El Sur.
En la fosa podrían estar restos de desaparecidos que conoce, dice la representante de la Colectiva Fe y Esperanza.
La representante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, Patricia Retana Ahuejote, dijo por teléfono que es “alarmante” la cifra de 964 cuerpos no identificados que están enterrados en la fosa común del panteón El Palmar de 2006 a 2015, porque posiblemente algunos de los casos que conoce pudieran estar en la fosa.
Dentro de los casos que lleva la organización está el de Julio César Ríos Juárez, quien desapareció el 22 de abril de 2014, otro desaparecido en el mismo lapso de tiempo es Alberto Arce Flores, desaparecido el 7 de marzo de 2013 en Iguala.
“Lo que falta es recursos para las instancias que están encargadas precisamente de identificación de esos cuerpos o de esos restos, el gobierno no da lo suficiente como para que se puedan identificarlos”, dijo la madre buscadora de José Ismael Martínez Retana, desaparecido el 13 de agosto de 2017 en Acapulco.
Recordó las reuniones recientes con funcionarios y representantes populares para que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada en Guerrero, que precisamente mandata que se les dé recursos suficientes a las dependencias relacionadas con la búsqueda e identificación de cuerpos.
Señaló que la CEBP carece de trabajadores suficientes para las jornadas de búsqueda y tampoco cuentan con vehículos, por eso la “prioridad” para los colectivos en el estado es que se apruebe la norma relacionada con las desapariciones y también tener una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“De ahí va a partir todo para que puedan tener ellos los recursos necesarios para la identificación de los restos óseos que se encuentran en los diferentes panteones municipales, en las fosas comunes”.
La representante de la Colectiva Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero denunció que los tres órdenes de gobierno no le han dado a las desapariciones “la importancia necesaria, esto es algo que ya no pueden ocultar”.

 

Los gobiernos “no le han dado importancia al tema de los desaparecidos”: activista

Ramón Gracida Gómez

La acumulación de cientos de cadáveres no identificados en el panteón El Palmar se debe a la falta de un Centro de Identificación Humana y a que los gobiernos “no le han dado importancia al tema de los desaparecidos”, opinó la activista Samantha Valeria Colón Morales, al frente del Colectivo Vicente Suástegui, su esposo y defensor del agua desaparecido.
El Sur publicó el lunes pasado que dentro de la fosa común del cementerio El Palmar, ubicado en la carretera federal México-Acapulco, se encuentran cientos de cadáveres sin ser identificados que fueron enterrados entre el 2006 y el 2015, de acuerdo con información proporcionada por la directora de Panteones y Velatorios, María de Lourdes Cristino Jaimes.
Al respecto, Samantha Colón dijo por teléfono que es “desagradable” la cifra de cuerpos no identificados en la fosa común de El Palmar “y todo esto se deriva de que exactamente, todavía hasta la fecha no hemos tenido un Centro de Identificación Humana”.
Otra razón, agregó, es la falta de aplicación de protocolos “y se dejó el tema de la identificación humana muy atrás por parte de los gobiernos de todos los partidos políticos.
“No le han dado importancia al tema de desaparecidos y es por eso que hay tantos cuerpos en las fosas comunes”, señaló la representante del Colectivo Vicente Suástegui, quien desapareció el 5 de agosto de 2021.
Aseguró que la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 315 desaparecidos de 2006 a 2015, no es “real” porque muchos familiares no hacen las denuncias correspondientes.

El Centro de Resguardo Temporal de Acapulco, al 90 por ciento de construcción

El 6 de noviembre pasado, el gobierno del estado informó mediante un comunicado del avance del 25 por ciento en la construcción del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco, cuyo objetivo primordial es “el resguardo digno de cuerpos que se encuentren en calidad de no identificados, permitiendo a las familias poder asistir a ese recinto a la identificación”.
El 14 de marzo emitió otro boletín de la visita a la obra junto con representantes de los colectivos Los Otros Desaparecidos de Iguala, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y el Colectivo Lupita Rodríguez.
Samantha Colón informó que aproximadamente en octubre pasado inició la obra a un costado del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado a un lado del hospital El Quemado, en la zona suburbana.
“Es para que estos cuerpos ya no estén en las fosas comunes, queremos que estén en un centro de resguardo para que se les dé la importancia y se realicen los estudios necesarios de genética, de ADN, para que puedan ser identificados”.
La activista dijo que la construcción “al parecer lleva unas miras aún mejor, de un Centro de Identificación Humana, que es lo que necesitamos nosotros aquí en Guerrero”.
La primera etapa del Centro de Resguardo Temporal lleva un avance de 90 por ciento de construcción, será entregada en abril con una cifra aproximada de 600 gavetas y con modificaciones al proyecto original para incluir otros servicios como laboratorios y salas de rayos X para la identificación de cuerpos.
Esto fue informado en la reunión del 19 de marzo con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “donde nos vamos dando cuenta que esto ya lleva otras miras, porque no nada más se va a tratar de hacer nichos o gavetas”, resaltó Samantha Colón agregando que el Cementerio Forense de Chilpancingo “ya está colapsando”.

 

Denuncian la falta de avance de la FGE en la búsqueda de dos desaparecidos

Argenis Salmerón

Los integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia se quejaron que no hay avance en la búsqueda de dos desaparecidos el año pasado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), y aseguraron que ellos hacen el trabajo de pegar las fichas que llevan fotografías.
Ayer los integrantes de la colectiva pegaron las fichas con las fotografías de los desaparecidos en las comunidades de Lomas de Chapultepec, Barra Vieja y La Poza.
En declaraciones por teléfono, la líder de la colectiva, Socorro Gil Guzmán, se quejó que no hay avance en la búsqueda de los dos desaparecidos el año pasado en Acapulco por parte de la FGE.
Añadió que tampoco la FGE ha hecho la pega de fichas con las fotografías de los dos desaparecidos, a pesar que hay una denuncia en el Ministerio Público, “nosotros andamos haciendo su trabajo”.
Se quejó que no hay apoyo económico de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para las búsquedas de sus familiares desaparecidos.
Agregó que no hay para comidas, hospedaje ni transporte, solamente los de la Comisión Estatal de Búsqueda, “pone una Urvan, pero es todo”.
Reconoció que hay seguridad de la Guardia Nacional y policías estatales, pero “es su trabajo al final de cuentas”.
Informó que ayer acudieron a las comunidades de Lomas de Chapultepec, Barra Vieja y La Poza para buscar indicios de Miguel Ángel Nolasco Parra, que desapareció el 26 de noviembre del año pasado, originario de la Ciudad de México.
“Lo que pasa que él trabaja en el ramo de la construcción y por última vez fue contratado en el hotel Princess”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que las personas tienen miedo de hablar y no dicen nada, “es normal pero hasta hoy (ayer) no hay nada todavía”.
Manifestó que la pega de fichas de los desaparecidos comienza a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde.
Los desaparecidos son Miguel Ángel Nolasco Parra, con fecha del 26 de noviembre del año pasado, originario de la Ciudad de México, y Luis Javier Montero Hernández, desaparecido el 11 de septiembre del 2024, y vive en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.
El martes pasado, los integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, iniciaron una jornada de pega de fotografías de dos desaparecidos del año pasado, en la comunidad de Xaltianguis.

Aumentan en el país los desaparecidos sin que el gobierno lo detenga, señalan

Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia realizaron en el Zócalo la 34 exposición de fotografías de personas desaparecidas Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

Las y los integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia durante sus 34 meses de resistencia, dijeron que sigue en aumento el número de personas desaparecidas sin que las autoridades hagan lo necesario para detener o disminuir ese crimen.
En su segunda exposición correspondiente a este año, Rostros de la impunidad, que instalan en el kiosco del Zócalo, mencionaron en su comunicado que leyeron que aunque hay una ley que entró en vigor a la fecha no se ven avances de su aplicación, por el contrario hay un retroceso.
El integrante de la organización, Julio Mata Montiel, informó que la colectiva solicitó una audiencia con la presidenta Abelina López Rodríguez, porque retiraron del kiosco las esferas con fotografías de víctimas, pero a la fecha no le han dado respuesta.
“Nosotros desde la sociedad civil no tenemos otro medio más que denunciar y pedirle a las autoridades que haya políticas públicas para ver cómo se detiene esta ola de desapariciones… todavía las desapariciones de los 70, 80, 90 no están resueltas, la gente no aparece. La gente de Atoyac está esperando que le den su reparación que por ley le corresponde, pero ni siquiera los apoyos económicos dan”, dijo.
Añadió que la desaparición forzada sigue aumentando y en México “cada vez más, los números no disminuyen, ni si quiera se detienen, sigue aumentando y es grave y las autoridades dicen que están haciendo cosas y que van a plantear una estrategia, pero no sabemos cuál es”.
El también secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) reprochó que México haga simulación, porque aunque ratifica y firma todos los instrumentos internacionales “en la práctica no se aplican, tenemos la convención internacional contra la desaparición forzada de la OEA, pero se le aplicaron dos candados para que no funcionara adecuadamente”.
Lamentó que no haya coordinación en las fiscalías, “no hay una base de datos que nos digan certeramente cuántos son los desaparecidos en todo el país, cuántos se han encontrado, hay más de 70 mil cadáveres en los servicios médicos forenses que no se han identificado, pero así está la situación y es gravísimo”.
Mata Montiel reiteró que van a seguir ocupando las plazas para visibilizar el problema, que el propio gobierno ha sido incapaz de llevar a cabo, porque los ministerios públicos tendrían que dar la calidad de víctima, pero son ellos quienes llevan el trámite a pesar de hacer la denuncia.
Al final expresó su solidaridad al gremio periodístico ante las agresiones y asesinatos recientes en otras entidades del país.

 

Da la Marina por terminada la búsqueda de desaparecidos por el huracán Otis

Ramón Gracida Gómez

La Secretaría de Marina (Semar) dio por terminadas en diciembre pasado las búsquedas de los marineros desaparecidos por el huracán Otis y las reuniones con los familiares porque ambas acciones acordadas entre ambas partes eran compromisos del gobierno federal anterior.
Representantes de la Base Naval se comprometieron con los familiares de los desaparecidos a conseguir enlaces con la nueva administración federal para agilizar los trámites de las actas de desaparición y defunción y recibir una pensión, liquidación y atención médica, pero hasta la fecha el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha respondido, denunció ayer Cristina Sánchez Camacho, esposa de Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos.
De las 24 familias que se reunían cada martes dentro de las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, sólo siete han conseguido que el proceso para obtener el acta de defunción con el juez asignado avance, mientras que el resto está estancado por documentos que les piden y no han sido tramitados.
En el caso de Cristina Sánchez, el juez le pidió en octubre pasado que la Semar emita un documento en el que informe que la búsqueda de su esposo no dio resultados positivos, pero la Marina se ha negado y el abogado de la Secretaría del Trabajo que lleva su caso tampoco lo ha gestionado.
Vía telefónica, la esposa de Fernando Esteban, desaparecido en el mar al salir de la Marina Majahua de Puerto Marqués el 25 de octubre de 2023, precisó que el 17 de diciembre de 2024 fue la última reunión entre familiares e integrantes de la Semar dentro de la Base Naval.
El capitán Federico Prieto “prácticamente nos dijo pues que el nuevo secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales Ángeles) les había dicho que ya cesaran porque ésos eran compromisos del almirante anterior (José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar), que pues ellos de su parte ya habían hecho lo que estaba en sus manos para lo de la búsqueda y que ya no podían seguir destinando recursos de eso”.
Sin embargo, el capitán Prieto comentó que iba a tratar de hacer un “enlace” con otra dependencia del gobierno federal porque la Semar, que fue asignada a este trabajo por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cumplió “su parte”.
La Marina giraría un escrito a la mandataria federal Sheinbaum Pardo para ver qué dependencia quedaría encargada de atender a los familiares de los marineros desaparecidos, en particular se buscaría que fuera la Secretaría de Trabajo porque ahí se están haciendo los trámites de la pensión y el seguro social.
“Pero hasta la fecha no nos han dicho nada, de hecho el día martes me enviaron un mensaje donde me están avisando que ellos metieron el escrito, pero que no les han dado respuesta”, dijo Cristina Sánchez.
Los familiares le pidieron al representante de la Semar gestionar una reunión con la presidenta de México, pero se las negó argumentando que las búsquedas de los desaparecidos y las reuniones semanales eran “compromisos del anterior gobierno y que este gobierno no se va a hacer responsable de lo pasado”.
La esposa de Fernando Esteban Parra expuso que es importante el seguimiento a los trámites para obtener las actas de desaparición y de defunción de sus familiares para que puedan tramitar las pensiones, el seguro social para los deudos y futuras demandas.
Sin embargo, sólo siete juicios han avanzado del grupo de 24 familias, “los demás están en espera, hay creo que dos juicios que no han iniciado, la Secretaría del Trabajo no ha emitido la documentación”.
En su caso, el juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Saúl Torres Marino, solicitó que la Marina hiciera un documento “donde ellos avalan que buscaron, pero que no encontraron ningún cuerpo; por eso, según, tiene detenido el juicio”.
“Pero la Marina me dijo que ellos no pueden hacer un escrito sin que una autoridad se los solicite y el abogado que lleva mi casa de la Secretaría del Trabajo no ha hecho esa gestión”, agregó la familiar.
El abogado le dijo que no era necesario que él tuviera que hacer un escrito, pero se comprometió a mandar el documento, pero en la última reunión con la Marina, empleados le dijeron a Cristina Sánchez que todavía no llega ningún escrito.
La esposa de Fernando Esteban Parra va a buscar que la Fiscalía General del Estado (FGE), que tiene la carpeta de investigación por desaparición de su esposo, gire un escrito a la Semar demandando lo que solicitó el juez.
Después de que el juez apruebe el juicio, los familiares deben acudir al Registro Civil para tramitar su acta de defunción y luego ir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar una pensión y el servicio médico.
La familiar del marinero del yate Litos pidió que la nueva administración federal no se deslinde de los compromisos del gobierno anterior, sobre todo porque provienen del mismo partido político.
La madre de dos niños estudiantes de preescolar recordó que sus hijos están “desamparados” porque no puede tramitar la pensión ni la liquidación, y no han sido registrados en los programas sociales del gobierno federal.
Cristina Sánchez recordó que las búsquedas de los marineros fueron suspendidas por la contingencia del huracán John y fueron reanudadas cuatro semanas más, pero la última fue a principios de diciembre.
La Semar argumentó que ya no todos los familiares que en un principio acudían a las reuniones, lo seguían haciendo después del primer año del paso del huracán categoría 5, pero se comprometió a notificarles si en siguientes recorridos encuentran algún indicio de su desaparición.

 

Avala el Congreso local la reforma federal que prohíbe cigarros electrónicos y fentanilo

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Deyanira Uribe Cuevas en su intervención en tribuna en la que argumentó su voto en contra de la reforma constitucional que prohíbe los cigarros electrónicos y vapeadores así como la producción y distribución del fentanilo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó este miércoles la minuta de reforma constitucional federal que prohibe el uso de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la producción, distribución, y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo además drogas sintéticas no autorizadas.
En la misma sesión, que fue la segunda del día celebrada, los diputados también aprobaron un dictamen de adiciones a la Constitución Política del estado para establecer el derecho a la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición.
La reforma federal, que forma parte del llamado Plan C, se trata de adiciones de un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5, que fue propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establece prohibir el uso de cigarros electrónicos y sistemas electrónicos para fumar, así como su producción y venta, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintética y cualquier actividad relacionada con dichas sustancias.
Fundamentó el dictamen la diputada del PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz como integrante de la Comisión de Estudios Constitu-cionales y Jurídicos, quien en tribuna mencionó que el derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución General de la República y respaldado por diversos tratados internacionales de los que México forma parte.
“Los dispositivos de vapeo y drogas sintéticas han mostrado un impacto alarmante en la población joven, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, su consumo ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, representando un grupo particularmente vulnerable, máxime porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social, al incrementar los índices de violencia y criminalidad asociados a su producción y distribución”, mencionó la priista.
Vadillo argumentó que la re-forma busca fortalecer el derecho humano a la salud, “prohibiendo actividades relacionadas con ciga-rrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, todas ellas identificadas como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional”.
Para razonar el sentido de sus votos, solo subieron a tribuna las representantes del PAN, MC y PRD, de los cuales solo MC votó en contra. El resto de los Grupos Parlamentarios votó a favor.
Pese a que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, realizó observaciones a la reforma y se dijo en contra de prohibir los cigarros electrónicos, su voto fue a favor por el caso del fentanilo.
“En esta reforma que vamos a votar hoy se mezclan dos problemáticas muy diferentes que nos pone en una situación compleja, porque es importante manifestar mi total acuerdo para aprobar medidas implacables contra el fentanilo, pero la prohibición de los vapeadores puede ocasionar más problemas de los que pueda resolver”.
La diputada Deyanira Uribe Cuevas mencionó que “desde la perspectiva de Movimiento Ciu-dadano la votaremos en contra, porque en primer lugar consi-deramos que el combate a las adicciones debe comenzar con un sentido de regulación, no de prohibición, implementando campañas de prevención y concientizaciónl sobre el uso problemático de precursores químicos y drogas sintéticas”.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), subió a tribuna solo a decir que votaría a favor porque el consumo de sustancias como la nicotina y el fentanilo “genera enfermedades devastadoras, muchas de las cuales impactan gravemente a la juventud y la adolescencia”, y para el caso de los cigarros electrónicos que no existen evidencias científicas concluyentes que respalden su eficacia como herramienta para dejar de fumar.
Al final, la reforma fue aprobada por 41 votos, dos en contra y cero abstenciones.

La otra reforma aprobada

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un dictamen de adi-ciones a la Constitución Política de Guerrero, para establecer el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición, para que las autoridades implementen ope-rativos de búsqueda inmediata sin que, para ello se ponga una denun-cia ante el Ministerio Público.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucio-nales y Jurídicos, la diputada Citlali Calixto Jiménez mencionó que la iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el fin de contrarrestar la problemática de la desaparición de personas, y como una manera de fortalecer el mecanismo denominado Alerta Violeta.
“Establecer en Guerrero como un derecho humano el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres desapare-cidos sin necesidad de denuncia ministerial, implica eliminar ba-rreras burocráticas significativas y facilitan el acceso a la justicia y protección de las personas afectadas y sus familias”, dijo.
Expuso también que se pretenden consolidar mecanismos de búsqueda como la Alerta Violeta, para garantizar que el estado actúe de manera inmediata y coordinada ante cualquier denuncia de desaparición, y asegurar que todos los recursos necesarios se movilicen rápidamente y que las acciones de búsqueda se realicen de manera eficiente y efectiva.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2025, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Al ser la última sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legis-lativo, el diputado Jesús Parra García, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de los trabajos de dicho periodo, comprendido de septiembre del 2024 a enero de este 2025.
En una tercera sesión se instaló el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 64 Legislatura y se citó a sesión para el próximo 22 de enero.

Cada año hay menos dinero para personas desaparecidas y desplazadas: colectivos

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

El presupuesto destinado para 2025 a la búsqueda de personas desaparecidas cada vez es menor, y el destinado en este año que viene para los desplazados es una miseria, consideraron colectivos de familiares desaparecidos en la entidad.
“Es una pena que la presidenta (Claudia Sheinbaum) y la gobernadora (Evelyn Salgado) sigan sin reunirse con las familias de las víctimas”, consideraron.
El colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María y Pavón (Centro Morelos) que representan a víctimas de desaparición de municipios de la Montaña, dieron su postura respecto a que el Congreso local aprobó asignar para 2025 a la Secretaría General de Gobierno 5 millones 37 mil pesos para la búsqueda de personas y 4 millones 215 mil para “restablecer la vida de grupos desplazados”.
Socorro Gil Guzmán, dirigente de Memoria, Verdad y Justicia, consideró que cada sexenio en lo federal y cada año en el gobierno estatal se recorta el presupuesto para las búsquedas de personas desaparecidas.
Indicó que, además, las autoridades no han logrado frenar las desapariciones forzadas de personas que se cometen a diario.
El colectivo que representa tiene registrada una cantidad de 4 mil 500 personas desaparecidas en la entidad.
“Las comisiones de búsqueda siguen simulando que trabajan, vas a un Ministerio Público a solicitar copias de tu carpeta de investigación y te piden que pagues las copias, porque no hay recursos”.
“Sin embargo, con recursos o sin recursos nosotras seguimos buscando, le hemos demostrado al Estado que nosotras somos más inteligentes. Nos organizamos, boteamos en las calles, trabajamos para conseguir dinero y poder movernos y seguir buscando”.
“Sólo nosotras, las familias, sabemos cómo le hacemos para no parar de buscarles. Es un pena que la presidenta y la gobernadora, aún a estas alturas, sigan sin reunirse con las familias y lo único que hacen es hacernos a un lado”, expresó Socorro Gil, madre buscadora.
Por su parte, Teodomira Rosales Sierra opinó que el recurso destinado es una miseria, considerando que de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero.
“Son tan sólo los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a Estados Unidos, el número es mayor”.
“Es una miseria. 4 millones es muy poco para reubicar a las víctimas de desplazamiento, se necesita más dinero. Las familias se están muriendo uno por uno y en total vulnerabilidad”.
Dijo que aunque siempre se ha destinado presupuesto para la búsqueda de personas y las víctimas de desplazamiento, lo que hace falta es voluntad de los servidores públicos.
Puso como ejemplo que en el gobierno estatal anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se conocieron los resultados del dinero destinado al sector.
“Si bien es cierto que en el gobierno de Astudillo hubo mucho dinero para buscar a personas”.
“No se supo a dónde se fue el dinero. En una presentación de peritos se explicó el trabajo, pero de ese dinero nunca se supo cuántos desaparecidos se encontraron, de esos que están amontonados en los Semefo y los panteones comunes”.
Insistió en que es poco para todos los problemas que enfrenta la entidad a diario.
“Día con día hay violencia, no es suficiente el recurso, hacen falta los recursos y la voluntad”.
En el caso de los desplazados consideró que el gobierno de Evelyn Salgado no tiene claro cómo manejar el tema.
“El año pasado se apoyó a las víctimas de la sierra de Petatlán, fueron 60 mil pesos. Es una burla, porque les quitan sus tierras, los desplazan y apenas les devuelven mangueras, láminas y enseres domésticos”.
La defensora aseguró que las víctimas necesitan que les recuperen una casa digna, un terreno para sembrar y acompañamiento psicológico.
“Por ejemplo, de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento. Son los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a EU el número es mayor”.
Enfatizó que para reubicar a las víctimas de desplazamiento se necesitan más de 4 millones de pesos al año.
“Las víctimas han perdido todo, hasta su identidad y sus costumbres, además tienen un daño psicológico muy fuerte”.
Además, dijo que “necesitan una casa y un terrero. Todos son campesinos, no estudiaron para irse a la ciudad a buscar un empleo, lo único que saben son labores del campo”, finalizó Rosales Sierra.