Etiqueta: Desaparecidos

Se retrasa hasta tres meses la atención al normalista en coma, denuncian en la Cámara

Familiares del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma debido a que recibió un balazo en la cabeza durante los ataques en Iguala, denunciaron en la Cámara de Diputados el retraso de dos y hasta tres meses de atención al estudiante internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México.
Revelaron que la instrucción de los médicos es que se lo lleven a su casa, y eso implicaría desahuciarlo.
En la comparecencia de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos Ulises Gutiérrez Solano, hermano del estudiante herido en el primer ataque en la avenida Juan Álvarez de Iguala, subió al estrado del salón Verde, contiguo a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con una joven.
Se presentaron como familiares del normalista y mostraron dos pancartas con fotografías del joven de la Normal Rural, con una sonrisa y el uniforme de fin se cursos de bachillerato, y otra del mismo joven inconsciente, cubierto hasta la cintura con sábanas blancas y entubado.
Fue la última participación en la comparecencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con diputados federales, donde también las fracciones parlamentarias fijaron una postura sobre el caso, que se trasmitió por el Canal del Congreso.
El joven recordó el entusiasmo de su hermano cuando ingresó a la Normal Rural de Ayotzinapa y la agresión del 26 de septiembre de 2014, cuando intentaban salir de Iguala rumbo a Tixtla y una patrulla de la Policía Municipal les obstruyó el paso. “En el primer ataque (a balazos) hieren a mi hermano Aldo”.
Informó que día y noche durante dos años, un mes y días han estado en el hospital de la Ciudad de México, y tolera esta forma de vida “por amor y por exigir justicia y verdad”.
Expuso que para los jóvenes que fueron asesinados el daño es irreparable, así como para su familia. Mostrando la fotografía en el hospital añadió “es su estado actual, es un estado vegetativo, los médicos dicen que lo podemos llevar a casa, llevarlo es desahuciarlo, él ahí está con vida”.
Insistió en que las instituciones de salud sean responsables de la atención que necesita ahora y en el futuro, así como para el normalista Edgar Andrés Vargas, que recibió un balazo en la cara que le destrozó la boca en el segundo ataque de la avenida Álvarez.
Exigió que cesen los trámites burocráticos que retrasan la atención médica de dos a tres meses.
Como los padres, demandó el esclarecimiento de los hechos “sabemos que participaron los policías municipales, estatales, queremos verdad y justicia”.
Antes, el sobreviviente Ernesto Guerrero Cano, denunció la saña con que fueron atacados los estudiantes la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no obstante que la Policía Federal y el Ejército sabían que los normalistas llegaron a Iguala a tomar camiones no a generar problemas al Ayuntamiento ni a la esposa del alcalde que rindió por la tarde su informe como presidenta del DIF.
“El compañero Aldo de un balazo cayó a nuestro lado, por más que queríamos ayudar a los caídos eran más las balas que las personas que nos encontrábamos ahí. La petición (a los diputados) es que en cada uno de aporte algo, lo que pueda para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, ya no queremos más mentiras”, llamó.
El saldo de los ataques fue de seis asesinados, 15 heridos de bala y 43 normalistas desaparecidos de los que aún no hay indicios de su paradero.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.

Reprochan familiares de desaparecidos al presidente de la Comisión de Víctimas que no cumple acuerdos

Familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo confrontaron al presidente del Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron.
Demandaron acciones, no promesas y señalaron las deficiencias de la delegación federal que se encuentra en Acapulco.
El funcionario quiso defender su posición en varios ocasiones, pero durante la interpelación los familiares se dijeron revictimizados y Hernández Barros se vio obligado a guardar silencio.
El funcionario se encontraría a la 1 de la tarde con unas 200 personas de diferentes regiones y estados cuyos familiares fueron desaparecidos en la capital. También esperaban al gobernador Héctor Astudillo Flores para presentarle demandas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Una de las peticiones es que todas las averiguaciones de personas desaparecidas sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están archivadas, sin avances, y en los casos en los que hay avances es por el trabajo de los propios familiares, aseguraron.
Además Hernández Barros aclaró que sus casos deben llegar a la PGR para poder integrar a los familiares al padrón de víctimas y puedan acceder a los programas del CEAV, de lo contrario está impedido legalmente brindarles apoyos. Las víctimas aclararon que muchos acudieron primero a la PGR, pero de allá los mandaron a la FGE.
La reunión comenzó después de las 2 de la tarde, a la 1 se supo que el funcionario se trasladaba de Chilapa donde tuvo otra reunión con otros familiares de personas desaparecidas. No hubo una explicación clara sobre la ausencia del gobernador y el presidente de la CEAV se comprometió a citar para el 19 de diciembre al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (Ssa), así como a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, como lo solicitaron las víctimas.
También hicieron una agenda para la atención de personas que denunciaron la falta de apoyo, por ejemplo el caso de una mujer de Xochipala, la primera en llegar a las reuniones semanales y que tiene a su cargo dos familias, la de su hijo desaparecido hace dos años y de otro desplazado de su comunidad porque se atrevió a buscar a su hermano.
Aseguraron que no recibe dinero ni para los pasajes, que para recibir el reembolso del costo de un traslado es necesario esperar todo el día en la ventanilla de atención, y que existen adeudos de hasta ocho meses a muchas familias.
Si no hay disposición de recursos, “¿dónde está el dinero del fondo emergente?”, cuestionaron, y aclararon que sólo bajo presión se han conseguido algunos apoyos como insulina y atención médica.
La madre y activista Margarita López recriminó que tienen familiares de desaparecidos hospitalizados, y entre las víctimas reúnen dinero para solventar los gastos que no asume la CEAV.
Recordó que en Iguala cuando se anunció la Ciudad Víctima se acordó con los presidentes de las comisiones de Atención a Víctimas federal y estatal la reunión con el gobernador el 9 de noviembre, que se pospuso para esta fecha.
Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Luis Gallegos Peralta respondió a los reclamos que un familiar lo dejó plantado el día que iban a gestionar la asistencia del gobernador, la señora Guadalupe Rodríguez, madre de un desaparecido, aclaró “si a reclamos vamos, nosotros tenemos más que decirle, tenemos años pidiendo justicia, pidiendo que busquen a nuestros hijos, ¡ya basta!, ya no jueguen, para eso les pagamos, porque ustedes están cobrando un sueldo bien remunerado. Ya queremos que se ponga a trabajar”, gritó indignada y su voz se le quebró por un instante.
Luego se dirigió a Hernández Barros, que en julio del año pasado se reunió con este mismo grupo de familiares y les ofreció garantías para ejercer sus derechos como víctimas en una ventanilla única en Acapulco: “escúcheme, y por ahí vamos a empezar, a que nos escuche, que nos oigan cuál es nuestro dolor, nuestra rabia, que entiendan que estamos sufriendo. Nos mataron en vida, eso no entienden porque no tienen sensibilidad, porque no han sufrido el dolor que tenemos, ya basta de preguntar por qué faltamos, llevamos años pidiendo que nos atiendan, tenemos hijos desparecidos y mujeres que no tienen qué darle de comer a esos niños, tenemos niños que dejaron de estudiar, ya basta que vengan a prometer, queremos que se vaya, antes de que firme una minuta para que las investigaciones salgan del estado y se agilicen, porque ahí están archivadas (en la FGE), nos han dado mil vueltas, !ya estamos hartos”.
Recordó que parte de este grupo de desaparecidos en Chilpancingo hizo una huelga de hambre en la ciudad de México el 20 de julio y Hernández Barros, siendo comisionado del CEAV no se acercó a escucharlos, “si de veras se va a poner a trabajar queremos resultados y pruebas, entonces lo vamos a enaltecer, pero no ahora porque no nos han dado el trato que necesitamos. Somos víctimas y nos han revictimizado porque llevamos años esperando justicia, esperando saber en dónde están nuestro hijos, los queremos con vida, ya no queremos promesas”.

Cuestionan exámenes de ADN a 400 cuerpos

La principal preocupación de los familiares fue la “confronta de los resultados de ADN de 450 cuerpos en posesión del Servicio Médico Forense (Semefo) que serán llevados a un panteón ministerial, porque Margarita López aclaró que es difícil de creer que se hayan concluido los análisis en tres meses, ya que los familiares de este grupo han esperado hasta ocho años por esta información.
El caso ilustrativo, que también fue motivo de reclamo, fue el de la señora Bellanira Chino Ocampo, que el mes pasado recibió los restos de su hija después de diez meses descubiertos en una fosa clandestina en las inmediaciones de Chilpancingo.
Aclaró que no tiene certeza de que los huesos pertenezcan a la niña de 15 años desaparecida en marzo de 2015, porque antes de recibirlos personal de Semefo “andaba buscando los huesos de mi hija en tantas bolsas”.
La mujer reclamó que nunca pidió dinero, que durante nueve meses sola buscó a su hija. Al final solo pidió al CEAV un ataúd y un terreno para colocar los restos. El caso fue presentado a la prensa el 25 de octubre.
Ahora se sabe que no recibió el ataúd y que el cuerpo fue depositado en una tumba rentada durante seis años, que pagaron sus compañeros del colectivo de familiares de desaparecidos.
Al comienzo de la reunión un padre de familia demandó la salida de Hernández Barros de la CEAV, porque no conoce la Ley de Víctimas, el funcionario se defendió diciendo que él la elaboró, y también fue cuestionado por atribuirse el documento. Al final pidió a los inconformes un mes para que las personas evalúen su gestión. Insistió en que tiene “escasamente un mes” como presidente de la Comisión.

Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.

No se rendirán hasta saber de sus hijos, dice la madre de uno de los 43 en una caravana en EU

Desde San Diego, California, en Estados Unidos, la mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido Benjamín Ascencio, Cristina Bautista Salvador aseguró que no van a descansar hasta que el mundo entero sepa que los madres y padres no se rendirán hasta saber la verdad de dónde se encuentran sus hijos.
Las madres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa se unieron a la caravana Contra la Represión en México desde mediados de octubre, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, el movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, la asociación Luchando Contra el Feminicidio en Ciudad Juárez, y la comunidad Otomí de Xochicuatla del Estado de México. La caravana recorre 12 estados de la unión americana y regresa a México la próxima semana.
Ayer la señora Cristina Bautista informó que participaron en protestas, foros en universidades, acudieron a entrevistas en estaciones de radio, se reunieron con “paisanos” en aquel país y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos. En Chicago hicieron un mitin en el Consulado de México el 25 de octubre.
Relató que en su mensaje las madres llaman a los jóvenes a hacer acciones en el extranjero, en particular los días 26 de cada mes para recordar los ataques, homicidios y desaparición forzada de estudiantes en Iguala, y exigir que el gobierno mexicano no ponga más obstáculos al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicieron con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contra el que también hubo una campaña de desprestigio.
Asimismo denunciaron que no confían en las autoridades y solicitaron que sus abogados se entrevistaran con uno de los detenidos claves en los hechos de Iguala, el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores, pero la petición no fue aceptada.
De los temas recientes mencionó el rechazo al nombramiento del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch, por sus probables nexos con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Destacó el recibimiento solidario en Estados Unidos, “los jóvenes nos preguntan cómo nos pueden ayudar, qué queremos que realicen, los estamos invitando a hacer reuniones para dar a conocer el tema y el 26 de cada mes a realizar una actividad pública, distribuir volantes, que se de a conocer y que no se cierren, nosotros nos abrazamos con todos porque necesitamos la unión, porque la unidad es la fuerza yo les aseguro a los jóvenes que van a participar, que queremos que lo sepa todo el mundo entero, que los madres y padres no descansamos, que sepan que no nos rendiremos hasta saber la verdad de donde andan nuestros hijos”.
Consideró que las autoridades no comparten esta idea y obstaculizan todo esfuerzo de llegar a la verdad. Recordó que los padres se trasladaron para pedir los expedientes del caso en Matamoros, Tamaulipas, y en Chilpancingo exigieron en el Tribunal Superior de Justicia rinda cuentas de las videograbaciones que guardan evidencia de los hechos criminales de Iguala, y que no fueron investigados sino destruidos, cuando la responsabilidad era de la PGR.
Además, indicó que cuando los padres se encontraban en plantón en la Cámara de diputados en la Ciudad de México, antes de la llegada del mecanismo internacional de la CIDH que dará seguimiento a las investigaciones, se cambió de puesto a la procuradora Arely Gómez, y el presidente nombró en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, “eso nos da a entender que no quieren que se avance, (pero) no descansaremos hasta saber donde están nuestros hijos”.
La caravana estuvo en Seattle y Olympia en el estado de Washington y recorrerá varias ciudades de California, antes de regresar a México.

Harán búsqueda paralela al gobierno de la familia de Zitlala desaparecida


Familiares de los seis desaparecidos el 18 de octubre cerca de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, informaron que continuarán la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
Este miércoles se cumplieron 15 días de que los seis integrantes de la familia García Feliciano desaparecieron cuando regresaban de la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo, Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya indicios de su paradero.
El lunes la Policía Ministerial del estado comenzó las investigaciones del caso y los agentes han recorrido las comunidades donde pasaron los seis integrantes de esa familia a bordo de una camioneta Pick Up Nissan roja, pero ni el vehículo ha sido localizado.
Los agentes ministeriales que investigan son acompañados por un amplio convoy de militares y policías estatales.
El vocero único en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó que 125 elementos de las fuerzas armadas, federales y estatales están en la operación de búsqueda y localización de los seis miembros de esa familia que desapareció desde el 18 de octubre, en esa zona de la Montaña de la entidad.
Dijo que en los últimos tres días un grupo integrado por 80 soldados del Ejército, 20 agentes de la Policía Federal, 15 de la Policía Estatal y 10 de la Policía Ministerial, visitaron las comunidades de Tlalcozotitlán, Tlaltempanapa y Quetzalcoatlán, donde hicieron recorridos y se entrevistaron con vecinos y familiares para tratar de obtener información.
“También revisaron el fondo del río de Tlaltempanapa donde fueron encontradas partes automotrices, al parecer la carrocería de un vehículo”, informó en referencia a otro vehículo que no era en el que se transportaba la familia desaparecida.
Álvarez Heredia informó que la Fiscalía General del Estado mediante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Álvarez, inició la carpeta de investigación 12040190200160211016 por la desaparición de Félix “N”, Florencia “N”, Marco Antonio “N”, María “N”, Marino “N” y Santa “N”.
Agregó que la operación continuará hasta lograr la localización de las seis personas desaparecidas.
A esta búsqueda no se integraron los representantes del colectivo Siempre Vivos ni los familiares de los desaparecidos, cuando menos durante el 31 de octubre cuando los cuerpos policiacos entraron a la comunidad de Tlaltempanapa, de donde hay sospechas de que desaparecieron los seis miembros de la familia García Feliciano.
Los habitantes de la localidad pusieron como condición para que entraran las fuerzas del Estado, que no estuviera el representante de Siempre Vivos, José Díaz Navarro, tampoco participaron en el recorrido los familiares de los desaparecidos.
Consultados por teléfono ayer los familiares y el presidente de Siempre Vivos informaron que van a continuar la búsqueda este jueves en los lugares en donde creen que pudieran estar los seis desaparecidos.

Regresa torturado uno de los dos comerciantes levantados el lunes en Chilapa

Mientras tanto Andrés Bautista García, uno de los dos comerciantes que fueron levantados el lunes en Chilapa, apareció la mañana de este miércoles con visibles huellas de tortura, pero sus familiares se negaron a dar detalles del caso por temor a represalias.
Andrés de 42 años y Mauro Villanueva Carvajal de 28 fueron levantados a las 9:20 de la mañana del 31 de octubre cuando llegaban a su negocio que se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal.
Hombres armados los sometieron violentamente y se los llevaron por la fuerza en una camioneta verde de doble cabina.
Fuentes de esa cabecera municipal informaron que Bautista García regresó con visibles huellas de tortura, y que quienes lo tenían lo liberaron cerca del crucero de la Universidad Tecnológica de Chilapa, a la salida de esa ciudad, pero sigue desaparecido Mauro Villanueva Carvajal.

Encuentran atados y ejecutados en San Miguel Totolapan a los dos músicos desaparecidos el lunes

Los cadáveres de dos músicos de Santana del Águila que fueron reportados desaparecidos la tarde del lunes, ayer fueron encontrados en un terreno baldío cerca de San Miguel Totolapan, amarrados de pies y manos y con impactos de bala.
Según el reporte oficial, las dos personas se dedicaban a la música en diferentes grupos. Eran integrantes del extinto grupo Los Santaneros del Águila, que se desintegró hace un año tras la ejecución de uno de sus integrantes.
Las víctimas son David García Rayo de 46 años y su hermano Jeremías García Rayo, quien era empleado del Ayuntamiento de Ajuchitlán, según el reporte oficial, que agrega que el lunes los levantaron cuando iban a San Miguel Totolapan desde Santana del Águila, un recorrido de unos 4 kilómetros en carretera.
Este miércoles fueron encontrados a las 5 de la tarde cerca del puente de San Miguel Totolapan en un terreno baldío. Estaban amarrados de pies y manos con los ojos vendados y presentaban varios impactos de bala.
Los cuerpos quedaron en manos del agente del Ministerio Público que llegó al lugar para iniciar la averiguación previa correspondiente. No hubo reportes de los responsables del doble homicidio.
Los dos muertos son primos de Guadalupe García Rayo, el ex director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Ajuchitlán, quien también fue regidor de la administración pasada y fue ejecutado afuera de su casa el 25 de diciembre del año pasado.
En Santana del Águila después de que fueron secuestrados cinco profesores en enero pasado se quedó un grupo de militares desde abril, para garantizar la seguridad para que regresaran los maestros a dar clases, pero en agosto se retiraron.
Los soldados se replegaron a Poliutla, a 10 kilómetros, donde cruza la carretera federal a Iguala con la entrada a San Miguel Totolapan y que pasa por Santana del Águila.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

Haga clic aquí para ver el video: https://goo.gl/wGZ0fN

Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Denuncian ante el MP la desaparición en Iguala de una mujer y su hija de 3 años que iban a Cocula, y de una pareja

 

En hechos distintos fue reportada ayer la desaparición de una mujer y de su hija de tres años ocurrida el domingo luego de que salieron hacia Cocula, y el viernes la de un hombre y una mujer de unos 40 años en Iguala.
Según fuentes policiacas ayer se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la desaparición de una mujer y su hija de tres años, quienes son vecinas de la colonia 24 de febrero de esta ciudad y se les vio por última vez el domingo de la semana pasada cuando salieron hacia el municipio de Cocula, a visitar a unos familiares.
Según la información que familiares dieron a las autoridades, la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica con Enriqueta de 36 años quien iba con su hija de tres años, les informó que la tenían en Cuernavaca, Morelos, por lo que sus familiares solicitaron apoyo de policías para su localización, sin embargo no la encontraron donde había dicho.
El esposo informó a las autoridades que el jueves le llamaron de un teléfono con lada de Cuernavaca, donde le informaban que tenía que ir solo por su esposa y su hija, pero hasta la tarde de ayer no las había localizado.
En un hecho diferente la tarde de este domingo fue reportada ante el Ministerio Público la desaparición de un hombre y de una mujer de unos 40 años, y según versiones de fuentes policiacas, ayer localizaron abandonado el taxi en el que se les vio por última vez el viernes.
Familiares de los desaparecidos dieron a conocer a las autoridades que el viernes la pareja salió a bordo del taxi número 261 de la colonia 28 de abril, al poniente de la ciudad.
Informaron que un día después localizaron abandonado el taxi en la colonia Adolfo López Mateos, el cual fue decomisado por policías estatales y puesto a disposición del MP.
Hasta la noche de ayer se desconocía el paradero de las dos personas y si es que se han comunicado con sus familiares para pedir algún tipo de rescate para su liberación.

 

Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.