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Desaparecen seis familiares de Ixcatla, Zitlala, y una pareja en Chilapa, denuncia Siempre Vivos

 

Seis integrantes de una familia: tres mujeres, una de ellas de la tercera edad, y tres hombres desaparecieron el 18 de octubre pasado después de que salieron de Ixcatla, una comunidad nahua del municipio de Zitlala, de donde son originarios.
En otro hecho, la noche de este lunes el colectivo Siempre Vivos, informó de la desaparición de una pareja más en Chilapa. Se trata de Erick Geovany García Huaxtitlán y Esmeralda Huaxtitlán Sixtos.
Ambos están desaparecidos desde el jueves de la semana pasada y sus familiares reportaron que la última vez los vieron fue en la colonia Popular de esa cabecera municipal.
Su familia informó que Érick Geovany vestía una playera del equipo de futbol Las Chivas y un pantalón de mezclilla, y Esmeralda llevaba un pantalón de mezclilla y una blusa de licra de tirantes con flores.
Los familiares desaparecidos son Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23, y Marco Antonio García Feliciano de 18.
La familia viajaba en una camioneta Nissan tipo Pick Up roja, placas de circulación HD 91183 de Guerrero.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó ayer vía telefónica que la intención de los desaparecidos, según la denuncia de sus familiares, era llegar a Chilapa y de allí trasladarse a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, pero se cree que desaparecieron en el trayecto de Ixcatla a Zitlala, puesto que no llegaron a esa cabecera municipal ni a Chilapa.
La denuncia la presentó Celso García Feliciano, quien también solicitó el respaldo del colectivo Siempre Vivos de Chilapa.
Díaz Navarro informó que este martes integrantes del colectivo y familiares de los desaparecidos saldrán a buscarlos acompañados de soldados del Ejército y de la Policía Federal.
Informó que la ruta que seguirán será primero de Ixcatla a Zitlala y luego de Zitlala a Chilapa, que son los puntos en donde debieron pasar antes de trasladarse a Tlalcozotitlán.
El caso provocó consternación en esa zona en donde los grupos criminales Los Rojos y los Ardillos libran una lucha por la disputa del territorio.
Los integrantes de la organización civil Siempre Vivos llevan un registro de más de 100 personas desaparecidas entre los años 2013 y 2015 en los municipios de Chilapa y Zitlala, sin que las autoridades hayan esclarecido alguno de los casos.
Díaz Navarro informó que el caso más reciente es la desaparición de estas seis personas cuyos familiares solicitaron ayuda a la asociación.
Explicó que la búsqueda programada para hoy será primero rumbo a la comunidad de Ixcatla, “primero para descartar si no tuvieron algún accidente en alguna barranca”.

 

 

Condena la CIDH la campaña de desprestigio contra Álvarez Icaza y los expertos independientes

De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala.

En un comunicado el organismo consideró inadmisible la denuncia contra Álvarez Icaza que interpuso el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, fechada el 15 de marzo, por fraude al gobierno federal y los contribuyentes por un millón 250 mil pesos, que el Estado mexicano aportó para gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de un acuerdo de asistencia técnica internacional que México solicitó a la CIDH.
El secretario técnico firmó el acuerdo internacional en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisa.
La denuncia fue interpuesta por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal AC, pero el tema fue llevado a debate por la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace hace seis meses, cuando terminó el primer periodo de mandato del GIEI. Entonces la empresaria dijo que Álvarez Icaza cayó en un conflicto de intereses en un caso del que debió excusarse por su nacionalidad.
En el escrito fechado en Washington, DC, la CIDH (órgano autónomo de la OEA) expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre esta base, “porque no constituye ningún delito, (la denuncia) resulta temeraria e infundada”.
Explica que Icaza Longoria firmó el convenio de cooperación con México en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, a través de la figura de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. Por lo tanto, la CIDH no administró los recursos ni lo hizo el secretario Ejecutivo.
Para aclarar el caso el organismo cita el argumento que usó en la querella para desacreditar la labor de los expertos y del funcionario de la CIDH: que Álvarez Icaza “incorporó a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes”.
Sin embargo los quejosos señalaron que Álvarez Icaza “engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
Antes de esta denuncia hubo una campaña dirigida a cada integrante del GIEI para poner en duda su calidad moral y su trabajo en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y en especial en América Latina. Los expertos son Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Carlos Beristáin y Francisco Cox.
La CIDH precisó que las partes que firmaron el acuerdo de asistencia técnica internacional (los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Estado mexicano representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República), estuvieron de acuerdo en la selección de los expertos y expertas.
Recordó que se integró el grupo de trabajo a partir de la solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, en cumplimiento de los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer una verificación técnica de las acciones de las autoridades y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente.
Durante un periodo de seis meses analizarían las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y harían un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Tras el primer informe de trabajo, el 6 de septiembre de 2015, se renovó su mandato por un periodo adicional de seis meses, que vence el 30 de abril.
Del primer informe y conclusiones del GIEI, la CIDH destacó las irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, de las autoridades estatales.
En particular los cuestionamientos a la tesis oficial “la versión histórica” de los hechos de Iguala que dio a conocer el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (desacreditada científicamente por expertos independientes), y la apertura de nuevas líneas de investigación para llegar a la verdad de los hechos.
La Comisión reiteró su respaldo al trabajo del GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones que presenta, asimismo, al secretario Ejecutivo de la CIDH, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Se reúnen padres de Ayotzinapa con la PGR; sigue obstaculizando a los expertos, denuncian

 

La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.

La búsqueda sin vida

Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.

La Ssa dio de baja a los dos médicos desaparecidos desde junio del año pasado, denuncia un familiar

 

Un tío de uno de los médicos desaparecidos el 19 de junio del 2015 informó que la Secretaría de Salud (Ssa) dio de baja en la segunda quincena enero a los médicos desaparecidos del Hospital Básico Comunitario de Petatlán, Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, quienes aún no han sido localizados y denunció que el anterior fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz “paró” las investigaciones de búsqueda.
El tío de Marvin Hernández, Romualdo Hernández Alvinez, denunció que con dicha medida la dependencia estatal incumplió un acuerdo de los familiares con el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez en el sentido de que mientras no se esclareciera la situación, los familiares seguirían cobrando los salarios de los médicos desaparecidos.
Hernández Alvinez reveló que los familiares habían acordado con el gobierno estatal que mientras no hubiera solución al caso de la desaparición, los padres de quienes son trabajadores de la Secretaria de Salud seguirían cobrando su salario.
Sin embargo, informó que desde la quincena pasada (la segunda de enero) “nos encontramos que fueron dados de baja los médicos Raymundo Tepeque Cuevas y mi sobrino Marvin Hernández Ortega”.
Declaró que el argumento que les dieron es que no tienen conocimiento del caso, “pero nosotros les dijimos que tan tienen conocimiento que los tenían en nómina”.
Agregó que pidieron una entrevista con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y les dijo que le entregaran un documento con el que justificaran el acuerdo del pago de los salarios.
“Le dijimos que sí, que con mucho gusto se lo entregaríamos en esta semana, pero nos dijo que además requería de un acuerdo del gobernador Héctor Astudillo y en ese sentido vamos a solicitar una entrevista personal con el gobernador para que nos atienda como familiares de los médicos desaparecidos desde el 19 de junio del 2015”, anunció Hernández Alvinez.
Dijo que los familiares pedirán al gobernador Héctor Astudillo una entrevista para plantearle el caso de la baja, y que continúe la búsqueda de los desaparecidos.
Adelantó que pedirán al gobernador Héctor Astudillo que intervengan los tres niveles de gobierno y que se sigan tres líneas de investigación que los familiares propusieron; de la Policía Estatal, la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y agregó que tampoco descartan la de delincuencia organizada.
Explicó que la postura de los familiares de los cuatro jóvenes desaparecidos es que se agoten todas las líneas de investigación y que se detenga a los responsables.
Hernández informó que esas tres líneas las plantearon en una reunión en la Cámara de Diputados local y también al anterior fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, pero éste únicamente “paró” la investigación. Los familiares reclamaron a ambas instancias que no se habían agotado estas tres líneas de investigación “y que nunca habían hecho nada absolutamente para resolver el problema de injusticia, y es la misma situación que estamos viviendo ahorita”.
El también ex dirigente universitario, denunció que en el ámbito local “siempre hicieron como que hacían la investigación, pero no la hacían, entonces no hubo ninguna responsabilidad de la Fiscalía y, hay que decirlo, tampoco del gobierno del estado, en caso concreto del gobernador Rogelio Ortega”.
Agregó que el fiscal, Xavier Olea Peláez, ha convocado a los familiares directos de los dos médicos, así como del licenciado en turismo y del trabajador de la jurisdicción 07 de la Secretaría de Salud, quienes desaparecieron en junio del año pasado, a que comparezcan ante la Fiscalía.
“Entiendo que por que es un asunto que le heredaron de la administración anterior y que está pendiente por resolver, por eso la preocupación del actual fiscal de querer atender el asunto”.
Recordó que debido a las inconsistencias en la investigación plantearon el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando representantes vinieron a Chilpancingo en septiembre del año pasado.
Además dijo que el caso trascendió más allá de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso informó que con el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomas Cerón, acordaron una reunión de trabajo, “en la que como familiares ejerceríamos el derecho de contar con una investigación independiente y ese es el proceso en el que estamos”.
El 19 de junio del 2015 los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas del Hospital Básico Comunitario de Petatlán, desaparecieron junto a el trabajador de la jurisdicción 07 de la Secretaría de Salud, José Osvaldo Ortega Sucedo y el licenciado en turismo, Julio César Mejía Salgado, quienes hasta el momento siguen sin ser encontrados.

En lo que va del año ha recibido el MP 20 denuncias por desaparición de personas en Acapulco

 

En lo que va del año se han presentado unas 20 denuncias por desaparición de personas ante el Ministerio Público.
No se precisó el número de denuncias interpuestas por este delito que ocurrieron el año pasado.
Según la información de la Fiscalía del estado, de estas 20 denuncias, en 10 casos las víctimas han sido encontradas muertas, lo que significa un 50 por ciento de alta dificultad que tardan en resolverse; cinco no han sido encontradas hasta la fecha y el resto regresaron a sus casas.
Se indicó que hay casos de mujeres desaparecidas, de 16 a 25 años, que se van con sus parejas y días después regresan a sus casas.
En el caso de adolescentes el hallazgo se puede hacer por las cuentas en las redes sociales como Facebook y la cercanía a su círculo íntimo, debido a que coincide con el inicio de las relaciones de pareja.
Según la información dada, la tardanza en las investigaciones por parte de la Fiscalía para dar con el paradero de las personas o la falta de apoyo posterior a la denuncia, ocasiona que las familias de las víctimas regresen a sus casas y esas son las potenciales víctimas de muerte.
Un caso, según la información proporcionada por el Ministerio Público, fue la madre de familia María Isabel Cayetano, quien el sábado pasado se presentó en la Fiscalía regional e interpuso una denuncia por el secuestro de su hija María Isabel Hernández y su pareja Javier Bautista Moirera.
Se precisó que ambas personas fueron raptadas en Acapulco el martes pasado, en un vehículo blanco –la mujer es originaria de Chilpancingo y su pareja del puerto– y hasta ayer no habían sido localizados.

Halla el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala una osamenta en Teloloapan

Foto: Alejandro Guerrero
Foto: Alejandro Guerrero

14:27.   Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala hallaron este martes huesos humanos en el cerro de La Muñeca, en la comunidad de Los Pericones, municipio de Teloloapan.

A unas dos horas de camino a pie entre los cerros, cerca de las 2 de la tarde, cinco familiares de desaparecidos -acompañados de un guía y sin resguardo policiaco- hallaron los huesos en la falda del cerro en el que no se descarta que haya más restos.

A la intemperie fueron hallados varios huesos humanos, un par de costillas, un fragmento de cráneo y otros huesos menores que podrían ser de los pies o manos, y los familiares consideran que el resto del cuerpo podría estar inhumado en una fosa y tener más de dos años muerto.

Hasta las 2:20 de la tarde la búsqueda de fosas clandestinas continúa y los integrantes del comité se dirige a otro punto ubicado a poco mas de un kilómetro donde se les informó que hay otra osamenta humana.

Con este hallazgo suman ya 123 cuerpos hallados en fosas clandestinas por el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala desde noviembre de 2014.

No investigan las autoridades las desapariciones de vecinos del sur de Chilapa, dice su abogado

Los gobiernos federal y estatal tampoco han investigado las desapariciones de personas que denunciaron los pueblos del sur del municipio de Chilapa, que irrumpieron en la cabecera municipal el 9 y la abandonaron el 14 de mayo del año pasado.
El asesor de la agrupación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia, que irrumpió armada en mayo del año pasado en Chilapa y durante su estancia en la ciudad desapareció al menos a 30 ciudadanos, Jesús Escobedo González informó que a pesar de que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances en las investigaciones de los desaparecidos del sur de Chilapa.
Ahora la organización aglutina 76 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De los desaparecidos afirmó que son víctimas del crimen organizado cuando viajan de sus comunidades a Chilapa.
Los familiares de desaparecidos de Chilapa que encabeza José Díaz Navarro, y que acusan a los vecinos del sur de Chilapa de las desapariciones de mayo, denunciaron anteriormente que a siete meses de la irrupción de civiles armados no se ha esclarecido la desaparición de 57 vecinos, de los cuales 38 denunciaron ante el Ministerio Público.
Ayer, Escobedo González asesor de la agrupación Comunitarios por la Paz y Justicia que irrumpieron en Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal incumplieron el compromiso de investigar el paradero de sus familiares y de garantizarles seguridad.
El abogado informó que han documentado 15 casos de desaparecidos de las comunidades de El Jagüey, San Ángel y Santa Catarina, pero reconoció que de éstos sólo cinco presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y hay otros casos que no han sido denunciados públicamente por temor.
Escobedo González agregó que los comisarios mantenían comunicación con funcionarios del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero no han recibido respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores ni del secretario de Gobierno, a pesar de que los primeros cinco días de la administración solicitaron audiencia.
Precisó que los pueblos están documentando todos los casos para tener la información correspondiente si deciden regresar a la cabecera municipal a presionar.
El abogado recordó que los comisarios y los civiles armados dejaron la cabecera municipal el 14 de mayo, después de que la Policía Federal se comprometió a garantizar seguridad en sus pueblos y a detener a los cabecillas de la banda criminal Los Rojos que controla Chilapa, a los que responsabilizaron de la desaparición de vecinos y ejecuciones en sus comunidades y en los caminos.
Insistió que a siete meses no se han cumplido sus demandas pues los integrantes del grupo criminal siguen operando y sus desaparecidos no han sido localizados.
También se quejó de que los campesinos del sur de Chilapa, que colindan con el municipio de Quechultenango, son víctimas del crimen organizado cuando viajan a Chilapa.
Detalló que a mediados de diciembre fue ejecutada una familia (una pareja y su hija), en la comunidad de San Ángel, en la carretera de Atzacoaloya a Chilapa, después de vender artesanías en la cabecera.
Dijo que no se integró una averiguación previa ni se publicó en los medios de comunicación. “En esos pueblos se siguen dando enfrentamientos que no se publican en la prensa”, aseguró el abogado.
Dijo que los pueblos se siguen integrando a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, y ya son 76, 36 del municipio de José Joaquín de Herrera y 40 del de Chilapa.
Informó que suman más de mil civiles armados, pues tienen de 8 a 25 integrantes.
Aseguró que por la presencia de los civiles armados se ha logrado la paz en la zona, pero los vecinos son víctimas cuando se trasladan a Chilapa, por lo que transitan la ruta de Quechultenango para llegar a Chilpancingo.
Rechazó los señalamientos de que los civiles armados pertenecen a la banda criminal Los Ardillos, se quejó que el señalamiento los pone en estado de vulnerabilidad ante el otro grupo criminal que opera en Chilapa (Los Rojos), y ante las autoridades porque deslegitima su demanda de seguridad y la búsqueda de sus desaparecidos.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.