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Renuncia el secretario de Seguridad de Chilpancingo tras la desaparición de siete jóvenes a manos de policías

El Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Esteban Espinosa Montoya presentó su renuncia con carácter de irrevocable, luego de que se reveló que no pasó los exámenes de Control de Confianza, y de que el jueves un video difundido en Televisa confirmó que policías municipales participaron en la desaparición de un joven en diciembre en esta ciudad.
La mañana de ayer el Ayuntamiento de Chilpancingo difundió un comunicado en el que dice que Espinosa Montoya presentó su renuncia con carácter irrevocable, en un documento entregado al alcalde Jesús Tejeda Vargas el viernes y en el que “manifiesta el compromiso de coadyuvar con la autoridad correspondiente para el esclarecimiento de los hechos que se investigan relacionados con el desempeño de elementos de la corporación policiaca”.
Espinosa Montoya fue suboficial de la Policía Federal y estaba a cargo de la corporación desde el 26 de octubre de 2015, extraoficialmente se supo que fue propuesto por los gobernadores saliente y entrante Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.
En una nota publicada el 18 de enero en El Sur, se informó que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (Cecoco) desde marzo 2016 notificó al alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, que reprobó los exámenes de Control de Confianza para desempeñar el cargo, al igual que el subsecretario de la corporación, Salinas Meneses Edmundo.
La noche del jueves en el noticiero En Punto de Televisa que conduce la periodista Denise Maerker se difundió un video del viernes 29 de diciembre de la desaparición del estudiante de Enfermería y trabajador de la Secretaría de Salud estatal, Efraín Patrón Ramos de 24 años, donde se ve que estuvieron involucrados al menos cinco policías municipales de Chilpancingo.
En la última semana de diciembre pasado la Policía Municipal desapareció a siete jóvenes de Chilpancingo, de los cuales no se sabe de dos, dos más fueron asesinados y tres torturados por la Policía Ministerial durante siete días aparecieron vivos en la ciudad.
Ante estos hechos el 4 de enero policías federales, militares y estatales desarmaron a los agentes municipales y desde entonces están a cargo de la seguridad de la ciudad.
El 3 de enero Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, quienes fueron detenidos por policías municipales el 30 de diciembre en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo, fueron hallados embolsados en un basurero en el lugar conocido como Tierras Prietas al norte de la capital.
El 12 de este mes el juez de control, Edgardo Mendoza Falcón vinculó a proceso por homicidio calificado por ese caso sólo al policía preventivo municipal Nicolás.

 

 

El problema de la policía preventiva de la capital empezó después de su administración, dice Mario Moreno

El dos veces presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos calificó los señalamientos hacia la Policía Preventiva Municipal por su participación en la detención de siete jóvenes que desaparecieron del 23 al 31 de diciembre pasado, como graves y críticos.
Consideró que la medida que tomaron los gobiernos estatal y federal de asumir la seguridad fue buena y que debe continuar, hasta que se concluya la investigación a todos los agentes implicados.
Moreno Arcos se deslindó del problema,

aseguró que en su administración solamente aprobaron 50 policías el examen de control de confianza y fueron los que dejó. Informó que los otros fueron contratados en las administraciones posteriores.
Consideró que los señalamientos a la Policía Preventiva Municipal son graves y críticos, “y definitivamente creo que la intervención que hoy se está haciendo es importante y buena”.
Contó que cuando él fue presidente municipal llevó a todos los elementos a una evaluación, de los cuales 250 no pasaron su examen de control de confianza, “y a todos los di de baja y los liquidé, pero lamentablemente en el país ha hecho falta consolidar un proyecto que verdaderamente ayude a la seguridad pública”.
Por ejemplo agregó que el proyecto del Mando Único quedó en el aire, “y lamentablemente deja en la indefensión prácticamente a todos, porque en el caso de la Policía Municipal de Chilpancingo son 120 o 130 elementos para una ciudad que tiene más de 300 mil habitantes”.
Declaró que en estas circunstancias es verdaderamente grave y crítico y más con la participación en Chilpancingo de grupos delincuenciales, “que definitivamente pegan de una o de otra forma”.
Añadió que tiene confianza en que con la intervención de los gobiernos estatal y federal se generen condiciones diferentes en Chilpancingo.
A manera de deslinde de su administración, (2005-2008), declaró que los elementos señalados no fueron heredados por él, y dijo que cuando hizo la evaluación solamente pasaron su examen de evaluación y confianza poco menos de 50 elementos y que fueron los únicos que dejó, y de ahí se inició un proceso de contratación, “desconozco que pasó después”, aclaró en referencia a las administraciones que siguieron, la de Héctor Astudillo Flores (2009-2012) y la de Marco Antonio Leyva Mena que está terminando Jesús Tejeda Vargas (2015-2018).
“Yo fui el único presidente municipal que a todos los elementos que no pasaron su examen de control de confianza los di de baja, y todos fueron liquidados de manera puntual y de acuerdo a la ley, lo que no ocurrió en otros municipios”, aseguró.
Por ejemplo dijo que en Acapulco, todos los que no pasaron siguen siendo policías.
Agregó que ante las evidencias “tan claras y contundentes” de los señalamientos contra la Policía Municipal, “ yo creo que mientras no haya condiciones diferentes de un Mando Único o de una corporación policiaca fuerte, no debe dejarse el mando definitivo. Los Chilpancinguenses hoy reclamamos mayor seguridad. Tenemos la confianza de que las acciones que se están haciendo van a dar resultados”.
En cuanto a que sólo se vinculó a proceso a un elemento y que pareciera que hay protección a los otros, Moreno Arcos dijo que la investigación debe arrojar resultados, “yo vi un video que está crítico y grave, las condiciones tienen que ser otras, en las cuales se tiene que llevar a cabo un proceso hacia todas las personas que están involucradas”.

 

Es una burla que sólo un policía de Chilpancingo esté detenido, dice hermana de una víctima

La hermana de uno de los siete jóvenes desaparecidos por policías municipales de Chilpancingo, Efraín Patrón Ramos, Natividad calificó como una burla para la familia que sólo se haya detenido y vinculado a un policía por ese caso cuando hay evidencia de la participación de varios más, y demandó que se castigue y se dé una pena máxima a todos los involucrados.
“Es una burla para los familiares y a las víctimas, porque un policía no puede agarrar a tantos muchachos desaparecidos, queremos que encarcelen y les den la pena máxima a todos los involucrados”, demandó.
Consultada vía telefónica Natividad Patrón informó que su familia sigue en busca de justicia, y espera que sean castigados a todos los involucrados, sean policías o funcionarios de cualquier nivel.
Efraín Patrón, originario de Chilpancingo y de quien se supo por última vez a las 4 de la mañana del 29 de diciembre cuando fue detenido por policías municipales cuando estaba a un lado de la alameda Granados Maldonado, estudiaba para enfermero y trabajaba en el área de administración de la Secretaría de Salud estatal, tenía 25 años.
Natividad Patrón dijo que las autoridades no se han comunicado con la familia para rendir un informe sobre la investigación que hay actualmente.
Mencionó que el 8 de enero fueron plantados por el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, quien se había comprometidos a atender a todos los familiares de los siete jóvenes desaparecidos entre el 28 al 31 de diciembre. Después se supo que tres de ellos fueron desaparecidos una semana y torturados por agentes de la Policía Ministerial, quienes los liberaron semidesnudos en Chilpancingo.
Insistió en que el fiscal no ha reprogramado el encuentro con los familiares de Efraín Patrón para saber de la investigación a 22 días de la desaparición del joven.
Debido a la falta de atención del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la Fiscalía encargada de brindar resultados en la investigación sobre la desaparición forzada, la familia del joven estudiante piensa en recurrir a instancias federales para que atraigan el caso.
Por su parte el empresario local, Pioquinto Damián Huato consideró que no deben de ser investigados únicamente los policías municipales que aparecen en el video difundido, sino también los ministerios públicos.
“La verdad es que es increíble lo que está sucediendo, entonces yo lo dije desde un principio, que no podía ser sólo un policía, deben haber más implicados, tanto como en este caso en el que participan ocho policías (aunque en el video sólo se ve la participación de cinco)”, agregó.
Después dijo que el carro color arena que aparece en el video detuvo en otra ocasión a un comerciante local, al que se llevaron y estuvieron a punto de matarlo.
Indicó que existe una “trama bien estructurada para que un policía se echara la culpa y evitar que todos fueran procesados, cargando con los delitos más fuertes, como delincuencia organizada, peculado, abuso de autoridad, entre otros”.
“Está bien planeado para evitar todas estas penas, pero alguien los está asesorando y aquí parece que el Ministerio Público está jugando en contra de la sociedad y no a favor”, señaló.
Dijo que falta que actúen con toda la seriedad a la ley porque no se entiende donde están “los demás” policías, relacionados.

Ante la impunidad en desapariciones puede haber otro caso Ayotzinapa en Chilpancingo: AI

 

La directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas alertó que “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento” en Guerrero y, en particular, en Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que ocurren las desapariciones forzadas.
Al señalar que, “es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma” en Guerrero, dio a conocer en un comunicado la documentación de cinco casos de desaparición forzada ocurridos durante la última semana de diciembre en Chilpancingo.
La investigación de la organización, encabezada por Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional para México, confirmó la participación de policías municipales y ministeriales en la desaparición de Alan Alexis Vélez y de dos menores de edad, ocurrida el 27 de diciembre pasado, así como en la desaparición de Jorge Arturo Vázquez Campos y Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre en la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Los primeros tres aparecieron con vida el 3 de enero, con huellas severas de tortura; en tanto que otros dos jóvenes fueron encontrados en la vía pública ejecutados con un tiro en la cabeza. Guevara Rosas consideró que, “trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, Alan Alexis y los dos adolescentes fueron privados de su libertad por policías municipales y ministeriales durante siete días. El 27 de diciembre fueron llevados a la estación de policía de Chilpancingo y después “conducidos a una casa de seguridad y luego transportados en un viaje tormentoso a Acapulco”, donde estuvieron en celdas, “al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados”.
La organización señaló que el pasado 3 de enero los tres jóvenes fueron llevados a Chilpancingo y “arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos”.
De acuerdo con la investigación de la organización internacional, en el caso de los tres jóvenes, “la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una ‘confesión’ ilegal”.
Sobre los otros muchachos, cuyos cuerpos aparecieron el mismo 3 de enero en un lote abandonado, Amnistía Internacional contó con indicios de que “habrían sido desaparecidos por policías municipales, supuestamente en coordinación con el crimen organizado”.

Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa, dice investigadora

La investigadora para México de la organización internacional, Madeleine Penman declaró a Proceso que, después de cuatro días de entrevistarse con autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), así como con familiares de víctimas y tres sobrevivientes, es posible afirmar que de la desaparición forzada en el estado, y en Chilpancingo en particular, “nadie está a salvo de ser víctima de crímenes atroces, tocan a todos los sectores lo mismo marginados que privilegiados, es alarmante”.
La investigadora destacó que lo que más preocupa a la organización es la “impunidad casi absoluta” en la que, no sólo no hay castigo para los responsables, sino que ni siquiera se realizan investigaciones oportunas por parte de autoridades, ya que, en ambos casos, aunque los familiares denunciaron los hechos de manera inmediata, no hay evidencias de que las autoridades hayan tratado de dar con su paradero.
“Todos los casos se denunciaron ante autoridades, todos tenían conocimiento de los hechos. En el caso de Jorge Arturo y Marco Eduardo, los familiares denunciaron desde el primer momento y hubo mucho ruido alrededor de estos hechos, que terminan en la presentación sin vida de los chicos, con balazos en la cabeza, al parecer un tiro de gracia.
“Los tres sobrevivientes vivieron una situación tremenda. Durante siete días estuvieron detenidos a manos de policía municipal y con involucramiento de policías ministeriales del estado de Guerrero, sufrieron incomunicación durante varios días. A los familiares se les negaba dar información del paradero a pesar de que los estaban buscando. Por los testimonios de los sobrevivientes, sabemos que la tortura incluyó técnicas de asfixia, amenazas de muerte, desnudez forzada, golpes tan fuertes que aún hay evidencias de moretones en sus cuerpos. Son indicaciones contundentes de violaciones graves al derecho internacional”, comentó la defensora.
Madeleine Penman señaló que en Chilpancingo se vive un “clima de terror”, y destacó que en los casos de los jóvenes que aparecieron ejecutados, sólo hay un policía municipal procesado, pese a indicios de más involucrados.
Del caso de los sobrevivientes, “todo indica que no ha se ha abierto carpeta de investigación por tortura, pese a que desde el 3 de enero las autoridades tienen conocimiento de los hechos, desde que aparecieron los chicos golpeados”.
Consideró que hay una “grave demora cuando hay tiempos que se tienen que imponer, cuando estamos hablando de huellas frescas que se tienen que analizar por medios forenses, que se tienen que preservar las evidencias. Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa”.
La investigadora agregó que para Amnistía Internacional es lamentable que, en casos de desaparición “sean las familias las que se tienen que movilizar para que se esclarezcan los hechos, cuando las autoridades del estado de Guerrero son los que deberían esclarecer. En estos cinco casos, desde el primer momento hubo una fuerte denuncia y movilización ciudadana importante, lo que permitió de alguna manera que tres jóvenes aparecieran con vida y que de otros dos se supiera el destino final”.
Destacó que la norma en Guerrero es “la impunidad casi absoluta” pues, de acuerdo con datos que les proporcionó la Codehum, “desde 2002 a la fecha, ninguna recomendación por desaparición forzada ha sido cumplida”. Y puntualizó: “estamos hablando de un ambiente de tolerancia, de evidencias fuertes de colusión de autoridades con crimen organizado. Estamos hablando de un contexto de que en cualquier momento pude fomentar o permitir otras desapariciones forzadas masivas, incluso otro Ayotzinapa puede ser posible”.

 

 

Reemplazan el árbol de Navidad por los 43 que fue quemado en el Zócalo de Chilpancingo

Así como el domingo amaneció quemado el árbol de Navidad alusivo a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que colectivos de Chilpancingo instalaron en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, la mañana del martes apareció un nuevo árbol con fotografías de los estudiantes y una estrella tricolor, para reemplazar el anterior.
Integrantes de los colectivos aclararon que ellos no lo colocaron, y dijeron que pudo ser el Ayuntamiento, pues la mañana que se descubrió el árbol quemado en la plaza había una ofrenda floral del gobierno municipal en el monumento de José María Morelos y Pavón, por su aniversario luctuoso, a pocos metros de los restos quemados.
Los padres de los 43 responsabilizaron a los gobiernos estatal y municipal de la destrucción, y les exigieron que colocaran otro.
Ninguna autoridad asumió la autoría del nuevo árbol, ni hubo pronunciamientos por la quema del primero, pero se intentó replicar los materiales y los colores.
Sin embargo la diferencia es que las fotografías de los desaparecidos fueron tomadas de los carteles que emitió el gobierno estatal para publicitar la recompensa de millón y medio a quien diera información del paradero de los estudiantes.
La estrella de cinco picos roja, alusiva a la insignia socialista, se reemplazó por una estrella tricolor, lo que provocó mayor irritación de activistas, que anunciaron la colocación de otro símbolo de protesta el 30 de diciembre, después de la actividad que cada año tienen en la alameda Granados Maldonado, para recordar a los caídos de la masacre de 1960.

Urgen la ONU y CNDH la Ley General sobre Desaparición Forzada ante la alta impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab señaló que el problema más evidente en la desaparición de particulares y desaparición forzada (por funcionarios de gobierno) es que la impunidad es muy alta, en el foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en esta ciudad.
Señaló que es particularmente preocupante porque las cifras oficiales refieren cerca de 30 mil desaparecidos, incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa que está por cumplir tres años sin que se sepa del paradero de los estudiantes.
Con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, coincidió en que la Cámara de Diputados debe de aprobar ya en su siguiente periodo de sesiones, la Ley General sobre Desaparición Forzada, aún con las debilidades que han señalado expertos en la materia, y que el Estado admita la competencia del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en México, para recibir comunicaciones de casos individuales.
A la actividad conmemorativa del próximo aniversario de Tlachinollan acudieron representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representantes de Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, además de activistas y defensores de derechos humanos del estado y de distintos lugares del país.
En su ponencia Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada, Jan Jarad señaló que Guerrero ha experimentado la desaparición forzada en dos momentos, en el contexto de la denominada guerra sucia, y el actual.
Expuso que el Estado se abrió al escrutinio internacional, “pero esta apertura debe permitir la venida a México del Comité de la ONU de desaparición forzada. México debería sumarse al grupo de países que aceptan la competencia del Comité de la ONU para enfrentar los retos en materia de desapariciones”.
De las recomendaciones de los organismos internacionales añadió que las instituciones aún deben reconocer la dimensión del problema, “indispensable para la solución”, pues en su opinión las autoridades siguen usando excusas para explicar los números que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo dijo que atribuyen la desaparición de personas a que salieron de su casa con la novia, y cuando se verifica el hecho todo se vincula a la delincuencia organizada, “sabemos que sí hay desaparición forzada propiamente dicha, pero no podemos decir (más) porque hace falta investigación”.
Para terminar con el ciclo de impunidad, señaló que es necesario el acceso efectivo de la justicia, favoreciendo la búsqueda en vida de los desaparecidos, “porque en el mayor universo de casos sabemos que las propias familias siguen liderando las búsquedas”.
Destacó que el Poder judicial federal y de las entidades han dado pasos iniciales para transformaciones institucionales, “faltan acciones concretas y traspasar el ámbito de informar”.
Se refirió también a la discusión de la Ley General de Desapariciones en el Congreso de la Unión que, “aún con imperfecciones”, va a potenciar la capacidad del Estado en dar respuestas a las víctimas.

La desaparición atenta contra la víctima, su familia y la sociedad: CNDH

Luego, el presidente de la CNDH señaló que la desaparición de particulares y la desaparición forzada, siendo su naturaleza de lo más graves, atenta no sólo contra la víctima, sino contra su familia y la sociedad en su conjunto, “no basta con detener a los responsables, lo prioritario es conocer el paradero”.
Señaló que México aún debe reducir la brecha entre las normas y el respeto en la cotidianidad de estos derechos, y debe retirar las reservas para que el Comité de Desapariciones pueda recibir comunicaciones individuales en la materia, “sería signo de voluntad política y una muestra de asumir el desafío en el tema de desapariciones”.
Señaló que se han llevado mucho tiempo en la discusión de la Ley General de Desapariciones, “aún con algunas debilidades que pueda tener la ley, es necesario que la Cámara de Diputados lo apruebe en el próximo periodo de sesiones”.
Raúl González habló de acciones de la CNDH desde la recomendación 27/2001 sobre los sucesos y desapariciones de la guerra sucia en la década de 1970, a la creación de la Oficina sobre el caso Iguala, para dar atención prioritaria a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los normalistas.
Aclaró que la recomendación 27/2001 no ha sido atendida, y se han establecido pláticas con la Comisión de Atención a Víctimas para retomarlas, y para el caso Ayotzinapa hay 57 propuestas, de las cuales sólo ocho han sido totalmente cumplidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

El proyecto de ley niega el derecho a la búsqueda: activista de Coahuila

En el panel Blanca Martínez Bustos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, de Coahuila, denunció el sub registro de personas desaparecidas que oficialmente asciende a 30 mil, dado que la asociación donde colabora documentó 568 casos, y sólo 25 por ciento aparecen en el registro nacional, y aseguró que en ese mismo rango se encuentra Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) de Nuevo León, de las pioneras en el país en este tema.
De la experiencia trágica de familiares de desaparecidos rescató la valentía y dignidad de las mujeres empoderadas en la búsqueda, y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, que en marzo de 2011 se realizó la primera búsqueda en terreno, y al hallar restos óseos surgió la necesidad de tener certeza de que realmente corresponden a su familiar.
Añadió que las mujeres cambiaron el sentido de la maternidad, ya no sólo buscan a sus hijos, buscan a todos.
De la negociación de la iniciativa de desaparición forzada -donde participaron organizaciones de diferentes estados-, denunció que reveló la perversidad del sistema, porque les negó lo fundamental, el derecho de los familiares a buscar a sus desaparecidos.
Informó que con otras organizaciones recurrieron a la Corte Penal Internacional para denunciar esta situación, y que el organismo ponga una lupa no sólo sobre Coahuila, sino en todo México, porque el Estado no es capaz de garantizar justicia, “le apuesta a la impunidad”.
Consideró que si un mecanismo internacional se involucra en la investigación y en la construcción de posibilidades de justicia, habría avances.

Holgazanas, las cámaras en los estados: Sergio Corcuera

El ex miembro y presidente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Sergio Corcuera informó que fue parte del proceso de la negociación de la Ley de Desapariciones en la Cámara de Senadores.
Planteó el cambio del lenguaje, en lugar de hablar de búsqueda que en la legislación se incluyeran comisiones de hallazgo efectivas, y que no se mencione más la presunción de muerte, sino la presunción de vida, sin que sea obstáculo para que la familia puede disponer de los bienes de la víctima, necesarios en los momentos de crisis.
Básicamente dijo que la discusión fue tirante, y aún valorará ir o no a la discusión que está pendiente en la Cámara de Diputados.
Opinó que el problema es que “las legislaturas estatales son holgazanas”, pues de 2013 a la fecha sólo cuatro entidades han legislado en la materia.
En este sentido señaló que “con mucha dificultad” logró convencer a los senadores para que en el proyecto se incluyera un artículo transitorio para que, si en un año con seis meses las entidades no han homologado la legislación, los jueces de los estados aplicarán la ley federal. El Ejército no evita las desapariciones forzadas: Ariel Dulitzky

En su participación el ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky señaló que el Ejército no sirve para evitar las desapariciones forzadas, y mencionó como ejemplo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Explicó que la falta de una ley no es la causa de la desaparición forzada, ni de la falta de respuesta, de la justicia para que haya garantías de no repetición, que son muchas, entre otras la falta de reconocimiento de la realidad del problema.
Señaló el patrón crónico de impunidad en las desapariciones forzadas, en las violaciones de derechos humanos y en general para los delitos, “sabemos que las desapariciones son una técnica de terror para ocultar la verdad”.
Además de la falta de coordinación entre la federación y los estados, la falta de capacitación para atender el problema, incluso en el Poder Judicial, señaló fundamentalmente “la falta absoluta de sensibilidad a las necesidades de las víctimas por una gran parte de servidores públicos”.
Se declaró convencido de que la Ley General va a contribuir a superar la falta de respuestas a las desapariciones forzadas, porque más allá del resultado final de la ley, buena o regular, el proceso de difusión ya es un triunfo para familiares y el movimiento social.
Destacó que la propuesta coloca a la víctima como respuesta de la deficiencia estatal, “los familiares tienen que ser tratados con dignidad. La búsqueda debe tener un sentido humanitario, no subordinada a la detención de los responsables de una desaparición”.
La ley crea un sistema nacional, un banco de datos genéticos, tipifica mucho mejor el delito de desaparición forzada y de particulares, incluye la declaración de ausencia que coloca a los familiares en un limbo jurídico con muchísimas dificultades socioeconómicas y avanza para evitar temas de impunidad, informó
No obstante las observaciones a la ley, el presidente del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Acapulco, Ciro Fuentes y del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez, coincidieron que aún cuando aprueben la ley no hay voluntad política de las autoridades para resolver los casos.
Después de escuchar testimonios de una madre y una esposa de la asociación de desaparecidos de Tamaulipas, el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que ellos sí saben cuándo, cómo y quiénes se llevaron a sus familiares.
Acusó de las desapariciones a Celso Ortega, líder de la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernado Ortega.
Señaló que argumentando la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena fomentó la creación de un grupo criminal armado denominado Policías Comunitarios por la Paz y la Justicia que tomó la cabecera municipal de Chilapa y opera en ese municipio y en el de Zitlala, y pidió que los ayuden a desarmar a esa organización.
En el panel vespertino, Miguel Nieva, consultor e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se refirió a las nuevas tecnologías de búsqueda, y señaló que los patrones identificados en campo permiten determinar el modos operandi de los agresores.
La información de los restos o los objetos hallados en fosas es elemental para la investigación y se puede capitalizar, “muchas veces nosotros cuando vamos a una escena del crimen estamos levantando cuerpos y objetos que son información”, explicó.
La recopilación permite la creación de bases de datos que pueden estar relacionados a nivel regional, después a nivel país.
Afirmó que la información permitiría profundizar en las investigaciones, que generalmente se aboca a la identificación de responsables, no en los desparecidos.
El director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara resumió las coincidencias y propuestas en conclusiones, “hoy podemos asumir a los 43 y a los 30 mil como parte de una problemática común nacional e internacional, la revaloración de la vida nos dice que ni el dolor, ni la desaparición ni aún la muerte, son contrarios a la vida, y el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un salto cualitativo enorme, y ese paso se lo debemos a las mujeres que han dado los rasgos característicos de esta lucha”.
“Las víctimas caminan más sólidas, más fortalecidas, más articuladas y hay nuevas maneras de entender esta vinculación”, cerró.
Asistieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla.
Además integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), y el Centro contra la Tortura y la Impunidad.

Marchan padres de los 43 y organizaciones en Iguala a 34 meses de los ataques a los normalistas

Al cumplirse 34 meses de los ataques y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ayer en esta ciudad donde ocurrieron los hechos, compañeros, familiares e integrantes de organizaciones exigieron su presentación con vida, castigo para todos los involucrados en este crimen y justicia para los asesinados y heridos la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los tres mítines de ayer, dos en las estelas en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en la calle Juan Álvarez y periférico Norte, y otro en la estela a Julio César Mondragón Fontes en Ciudad Industrial y en la explanada de Las Tres Garantías, los diferentes oradores demandaron que se sigan las líneas de investigación propuestas por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó que se investigue la ruta hacia el municipio de Huitzuco y la participación en los ataques y la desaparición de un grupo de normalistas por sus policías municipales, rastrear los teléfonos de los desaparecidos que de acuerdo a las investigaciones siguieron encendidos después de su desaparición, el probable trasiego de droga en autobuses de pasajeros que pudo ser la causa de la agresión tan violenta hacia los estudiantes, y la participación del Ejército en la operación, coordinación y participación en los ataques y la desaparición de los normalistas.
En el mitin en la calle Juan Álvarez equina con periférico Norte, donde ocurrió el ataque más violento hacia los normalistas, la tía de uno de los desaparecidos originaria de Ayutla agradeció a las organizaciones el acompañamiento y pidió que no dejen solos a los padres de los 43.
Lloró y dijo que se siente culpable por la desaparición de su sobrino, porque ella lo convenció de estudiar para maestro y lo llevó a la Normal de Ayotzinapa, “somos gente pobre y queremos salir adelante, si queremos tener una fuente de trabajo tenemos que estudiar, fue por eso que traje a mi sobrino pero desgraciadamente el gobierno lo desapareció”.
“A él le quiero decir que lo seguimos esperando, y al pinche gobierno le decimos que ya nos entregue a los muchachos, que ya no nos haga sufrir porque nosotros como familiares no hemos tenido Navidad ni año nuevo por seguirlos esperando”, agregó.
Un representante de los normalistas reclamó que hace 34 meses sus compañeros murieron a balazos por defender la educación pública.
“En el gobierno tenemos gente que roba y que no le conviene que los normalistas se formen y que agarren conciencia, que no se den cuenta que la escuela debe de seguir siendo pública para que no tenga la oportunidad de seguir estudiando”, repudió.
Dijo que con el apoyo de las organizaciones seguirán manteniendo vivo el movimiento, “y vamos a seguir buscándolos vivos.”
“Ya no se ve tanta gente como antes cuando las marchas eran inmensas, porque el caso y la investigación siguen su curso. Se siguen investigando a más policías municipales y federales que estuvieron en el momento de los hechos, así como a los policías municipales de Huitzuco a donde se cree que se llevaron un grupo”, expuso.
Tras afirmar que la investigación lleva más del 50 por ciento de avance el dirigente normalista dijo que se debe de hacer mayor presión, para pedir que el gobierno dé con el paradero de sus compañeros.
El representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala dijo que la demanda es la presentación con vida de los 43 normalistas “desaparecidos por el narcogobierno del Estado mexicano”.
Demandó castigo a todos los implicados en este crimen, que se informe del proceso legal y jurídico de los que ya están detenidos así como que se le dé seguimiento a las líneas de investigación que propuso el GIEI.
Advirtió que seguirán con la llama encendida para seguir siendo la piedra incómoda de los gobiernos municipal, estatal y federal “para que lo que sucedió en Iguala no quede impune y en el olvido”.
El primer mitin inició poco después de las 5 de la tarde y concluyó una hora después. De allí los cerca de 80 participantes marcharon sobre el periférico Norte a la zona de Ciudad Industrial a la estela al normalista que fue desollado del rostro y torturado, Julio César Mondragón Fontes.
En este sitio se vio que el gobierno local levantó la basura que se había ido acumulando en un tiradero clandestino junto al cauce del río San Juan, también se extendió el escombro que se había ido acumulando en la zona.
Minutos después de las 7 de la tarde el segundo mitin concluyó y los alumnos, familiares de los 43 desaparecidos y miembros de las organizaciones se trasladaron en carros particulares y un autobús de la línea Futura a la entrada de la avenida Bandera Nacional junto a la terminal de la Estrella de Oro, donde inició una segunda marcha hasta llegar a la explanada de Las Tres Garantías donde hubo un tercer mitin.

Vecinos aplauden al paso de la marcha

A diferencia de meses atrás en los que vecinos del centro de la ciudad huían al paso de las marchas del movimiento por Ayotzinapa o cerraban sus negocios, ayer se vio a vecinos que aplaudían al paso del contingente encabezado por familiares de los 43 desaparecidos y el grito de las consignas que caracterizan a los normalistas de Ayotzinapa, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “vestido de verde olivo, políticamente vivo no has muerto camarada, tu muerte será vengada”, entre otras.
Los negocios no fueron cerrados y en la explanada la gente que paseaba por el lugar siguió en sus actividades.
El representante de los estudiantes mediante una bocina que llevaban en el cofre de un carro particular de uno de los participantes, reiteró que fue la policía la que atacó a sus compañeros ,“ hay evidencias científicas de que las balas que se encontraron pertenecen al Ejército, en colusión miembros de la delincuencia organizada, participaron policías municipales, estatales, federales y los gobernantes que estaban en turno, a pesar de que nuestro estado se está cayendo en pedazos no se hace nada”.
Reclamó que con la presencia de dos batallones en Iguala (el 27 y el 41), con bases de la Policía Federal, Estatal y Policía Municipal siguen los asesinatos, robos, secuestros y desapariciones.
A los igualtecos les dijo que no son los normalistas quienes han generado la inseguridad en el estado y en Iguala, “no son los normalistas quienes han venido a robar, quienes han venido a secuestrar ni quienes han venido a matar, sino las corporaciones mismas coludidas con miembros del crimen organizado”.
A las 7:40 de la tarde la marcha llegó a la explanada y se realizó un tercer mitin el cual duró unos 20 minutos. Poco después de las 8 de la noche la comisión de normalistas y familiares de los 43 salió de Iguala, siempre vigilados a distancia por policías municipales, estatales, federales y agentes del gobierno de todos los niveles y corporaciones.

Se cumplen “mil días de impunidad y corrupción”, denuncian padres de los 43 en marcha en la Cdmx

En una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia, padres y defensores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que llevan “mil días de impunidad y corrupción” en las instituciones y el gobierno mexicano.
Con pancartas y consignas que exigían justicia, unos mil manifestantes protestaron con sus rostros cada vez más graves y cerrados, gritando los lemas de siempre: “¡Ni perdón ni olvido!”, “¡26 de septiembre no se olvida!”, “¡Ayotzinapa vive!”.
Los acompañaron miembros del Frente del Pueblo, del Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (Fnamop) y de otras varias agrupaciones.
“Mil días representan un largo caminar de dolor y de incertidumbre para nosotros”, dijo la madre de un normalista desaparecido al arrancar la marcha.
“Mil días demuestran también la evidencia de la impunidad y la corrupción que hay en México, que las instituciones no funcionan, que el gobierno no cumple su compromiso de respetar los derechos”, comentó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de las víctimas.
En mayo emplazaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que diera a conocer resultados concretos sobre las cuatro líneas de investigación del caso que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a más tardar en la segunda semana de agosto.
Las líneas son la posible participación del Estado en los hechos, la cooperación de la policía de Huitzuco, el análisis de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, en Estados Unidos.
“Es impresionante cómo a mil días la gente ayuda de manera espontánea. Los padres viven de la solidaridad y eso les da ánimo”, añadió Vidulfo Rosales.
Advirtió que “si no hay avances (en agosto), nos movilizaremos de nuevo. Es vital resolver este asunto antes de octubre. Después, la elección presidencial va a ocupar la agenda nacional y ya no se va a hablar de nosotros”, aseguró el abogado al terminar la marcha en el hemiciclo a Juárez.
En la marcha se vio a normalistas de distintas escuelas rurales del país, integrantes de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos y magisteriales, partieron a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, hicieron una parada en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en el antimonumento a los 43 sobre la avenida Reforma.
Pese a la lluvia continuaron su camino, en la calle 2 de abril adyacente al monumento, había al menos seis patrullas y policías auxiliares de la Ciudad de México esperando la movilización, del lado del Palacio de Bellas Artes un grupo de unos 200 policías antimotines vigilaba el inmueble.
Durante el mitin el vocero del movimiento, Melitón Ortega explicó que la exigencia a las autoridades es que se investigue al Ejército, den información de las búsquedas en los celulares de los implicados esa noche, que se detenga a los policías federales y de Huitzuco -municipio vecino a Iguala-, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI detuvieron a 25 jóvenes.
Vidulfo Rosales agregó que “todo se mueve en torno a las cuatro líneas. Nos llevarán indefectiblemente al paradero de los 43, el tema de Huitzuco, además de detener a los policías hay que verificar a dónde fueron llevados los 25 estudiantes”.
Otro requerimiento dijo, son los juicios políticos contra el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien responsabilizó de la desaparición y asesinato de tres normalistas y otros tres civiles en Iguala hace casi tres años, y el del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles quien reprimió a normalistas en ese estado.
A casi tres años de los ataques contra los estudiantes en Iguala, a nivel internacional hay medidas cautelares de la CIDH, lo que permitió la investigación del GIEI y el Mecanismo de Seguimiento, “el tema está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, hay una acción, hay un procedimiento ante el Comité de Tortura, ante el Comité de Detenciones Arbitraria, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, casi todos los mecanismos, las relatorías de todos los temas tienen un caso abierto”.
Sin embargo, Vidulfo Rosales lamentó que la exigencia no puede avanzar a nivel internacional si el Estado no entrega resultados para el 15 de agosto, y sigue retrasando las respuestas como hasta ahora.
“Lo que nosotros estamos exigiendo es que haya una jornada de lucha del 15 de septiembre al 26 de septiembre, particularmente en ocho estados: Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guerrero y la Ciudad de México, habría un conjunto de movilizaciones coordinadas”, informó.
La actividad fue encabezada por padres de los normalistas, quienes pidieron paciencia a la sociedad y comprensión porque han dejado todo por su búsqueda. Iban al frente con las fotografías de José Ángel Campos, Jorge Álvarez, Benjamín Ascencio, César Manuel González, Martín Sánchez, la mamá de Benjamín, Cristina Bautista dijo que a casi 3 años de no ver a su hijo seguirá hasta encontrarlo.
Participaron en el mitin la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM. Denunciaron la irrupción de policías para disolver una protesta de alumnas de la Normal Rural Justo Sierra Mández de Can?ada Honda, en Aguascalientes, y que “elementos de la Policía de Michoacán se metieron a la Normal de Tiripetío mientras estudiantes brigadeaban e hirieron a un compañero en la cara, que está postrado en el hospital”.
Los padres anunciaron que los próximos 6 y 7 de julio una comisión asistirá a Lima, Perú, a audiencias extraordinarias de la CIDH, y convocaron a la creación de carteles de los tres años de la desaparición de los 43, para que con la reproducción de los mismos recaben fondos.
Fueron a la protesta la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Telefonistas, integrantes de La Sexta, del Frente Popular Revolucionario y Brigadas de Paz Marabunta.
Un periodista independiente vestido de árbol acompañado de dos activistas exigieron la presentación con vida de los 43, y justicia para los periodistas asesinados en el país, ya que sólo en este año van siete. Cargaron una calavera de cartón y los nombres de los periodistas de La Jornada asesinados este año: Miroslava Breach y Javier Valdez.

Impunidad en las desapariciones de los 70 permitió que ahora resurgieran, dice un oficial de la ONU

El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.

Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia

El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.

Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar

A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.

Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.