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Impunidad en las desapariciones de los 70 permitió que ahora resurgieran, dice un oficial de la ONU

El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.

Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia

El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.

Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar

A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.

Denuncian en Iguala el hostigamiento a estudiantes de Ayotzinapa y padres de los 43

A 31 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, normalistas e integrantes de las organizaciones sociales que los acompañan colocaron ofrendas florales en memoria de los tres estudiantes asesinados, y denunciaron hostigamiento y persecución del gobierno federal en contra de jóvenes de la Normal Rural y los padres de los 43 desaparecidos.
En la mañana ante la versión de que padres de los normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y organizaciones que los acompañan iban a protestar en esta ciudad, los retenes militares que son permanentes en las entradas a la ciudad fueron retirados, la vigilancia y la seguridad en el 27 Batallón de Infantería se reforzó con la colocación de vallas metálicas y la sede del Ayuntamiento fue vigilada por agentes armados de la Policía Federal.
Una hora después de la hora convocada, a las 6 de la tarde inició la primera actividad en la estela colocada a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico Norte, sitio al que llegaron cuatro normalistas de Ayotzinapa en un autobús de la estrella de oro, en representación de los padres.
Tras la colocación de una corona de flores de dos estudiantes en el sitio en el que ocurrieron los primeros ataques a los estudiantes, un joven reclamó la falta de atención de las autoridades federales a los padres de los 43 desaparecidos, a quienes los recibieron con policías antimotines y gases lacrimógenos cuando pedían una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Denunció que han recibido amenazas, hostigamiento y persecución de autoridades del gobierno federal como forma de presión para dejar el movimiento.
Crítico que a 31 meses de los hechos el gobierno federal les cierra las puertas y hace caso omiso a sus peticiones, con la finalidad de dar por cerrado el caso y sostener la “mentira histórica”, como se refirió a la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno federal llama la “verdad histórica”.
Un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reclamó que no haya personas sentenciadas por asesinato y desaparición forzada, y demandó justicia para los asesinados, la presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal Rural y castigo para los culpables.
“Ya estamos hartos de que nos estén diciendo mentiras, y si a nosotros como ciudadanos nos duele y nos afecta esta situación, entendemos y justificamos los actos que realizan los padres de familia por la ausencia de sus hijos luego de 31 meses”.
El primer mitin concluyó a las 6:35 y los cerca de 50 activistas del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y la comitiva de normalistas, se trasladaron en vehículos a la estela de Julio César Mondragón Fontes, para colocar también una ofrenda floral y hacer un segundo mitin en el que reiteraron la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Un maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) que tomó la palabra en el segundo acto donde fue hallado torturado y desollado del rostro el normalista Julio César Mondragón, calificó ese hecho como “una muestra de la podredumbre del PRI-gobierno”, dijo que van a seguir luchando para que sean castigados los involucrados en los ataques y la desaparición de los normalistas.
Advirtió que seguirán al lado de los padres y los normalistas para exigir justicia y no descartó la posibilidad de que una comisión se sume al plantón en la Procuraduría General de la República (PGR).
Después de las 7 de la noche la comisión de normalistas salió hacia Chilpancingo y los miembros de las organizaciones se trasladaron a la explanada municipal, donde hicieron un acto cívico-cultural como lo han hecho cada mes desde la desaparición de los jóvenes.

El gobierno dejó las recomendaciones del GIEI, señalan padres de los 43 en marcha en la CDMX

El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.

La marcha

La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.

Se plantan padres de los 43 en la PGR y se reúnen autoridades con el mecanismo del caso Ayotzinapa

Mientras padres de los 43 estudiantes desaparecidos hacían un mitin afuera de la Procuraduría General de la República (PGR), donde instalaron un plantón, en el edificio funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron a la relatora para México Esmeralda Arosemena de Troitiño (de Panamá) y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (de Brasil), en la segunda visita oficial del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa.
Normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos montaron cuatro carpas afuera de las instalaciones en la Ciudad de México, donde permanecerán en plantón indefinido para exigir respuestas a sus demandas.
“Llevamos 31 meses en que no tenemos respuesta, en que no tenemos a nuestros hijos, por eso estamos aquí”, expresó Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
El representante de los padres de los estudiantes, Melitón Ortega explicó su ausencia en la reunión de seguimiento a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer estos hechos.
Los padres exigieron a las autoridades mexicanas consolidar las líneas de investigación sobre una presunta intervención del Ejército, el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación de la Policía Municipal de Huitzuco y el análisis de la telefonía celular de los normalistas.
Dijo que ya no pueden tolerar que los funcionarios se burlen de su angustia, “no estamos dispuestos a que el gobierno siga engañándonos con el mismo discurso, no estamos para seguir escuchando simulaciones, el último procurador general (de tres que han ocupado el cargo en los 31 meses de investigación) ha dicho que tienen interés, pero vemos que es discurso político”.
Demandó que la PGR fije una posición sobre la declaración del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -un día antes de la llegada del mecanismo de la CIDH a México- sobre la tesis oficial del basurero de Cocula, para insistir en la veracidad de una versión que descartaron científicamente los expertos.
Consideró una falta de respeto que Zerón de Lucio, estando fuera de la PGR siga haciendo declaraciones sobre Ayotzinapa, y validando una investigación a su cargo donde se evidenciaron graves irregularidades, “es falta de respeto a los padres, y exigimos que la PGR aclare si es su vocero”.
De la reunión en la PGR aclaró que sólo sus representantes legales estuvieron en el encuentro de 2 a 4 de la tarde en el edificio, y al salir informaron que no hay avances en los planteamientos de los padres de familia, que son parte de las recomendaciones del GIEI.
Confirmó que en la noche los padres de familia se reunieron en privado con los funcionarios de la CIDH, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En un boletín conjunto de la CIDH y de la PGR, se informó que el procurador Raúl Cervantes Andrade dio “un informe detallado sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda, y atención a las recomendaciones del GIEI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en lo que se refiere a la instrumentación de distintos acuerdos que resultaron de una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, celebrada en febrero pasado”.
Señala que estuvieron en el encuentro representantes de los familiares de las víctimas, y el procurador manifestó “disposición a continuar dando seguimiento a todas las líneas de investigación, lo que será el caso hasta agotarlas, a fin de esclarecer todo lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan. En ese sentido subrayó la importancia del papel de la CIDH para tender puentes y fortalecer la interlocución con los padres y familiares de los estudiantes”.

“Se agotan los caminos institucionales”, dice Vidulfo Rosales

El abogado de los padres y madres de lo 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 31 meses, Vidulfo Rosales Sierra dijo que “se agotan los caminos institucionales” para dar respuesta a las demandas de verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
Al término de la reunión en la que también estuvieron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, puntualizó que hay “nulos avances” en las investigaciones del caso, además de que, desde abril del año pasado “no ha habido mayores diligencias”.
Señaló que ante “estas omisiones y dilaciones, la institucionalidad se va a agotando” y advirtió que no les están dejando otro camino que la movilización de los padres “adquiera mayor protagonismo”.
Rosales Sierra confirmó que el plantón frente a la PGR continuará hasta que los abogados sean llamados por funcionarios de la dependencia para reportar avances sobre la consignación y detención de policías de Huitzuco y federales, el inicio de líneas de investigación hacia los militares del 27 Batallón de Infantería, el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco, así como un reporte de avances del análisis de más de mil teléfonos celulares.
Dijo, la actitud de omisiones y dilaciones en la investigación “está acotando el papel de la coadyuvancia a revisar el expediente y recibir las notificaciones correspondientes”.
Aseguró que durante el encuentro de este jueves ninguna autoridad pudo dar alguna “explicación jurídica o política” del retraso en las actuaciones.
Peor aún, el procurador Raúl Cervantes se mostró “ambiguo” ante la exigencia de fijar una postura pública de reconocimiento a las conclusiones del GIEI, de que hay líneas de investigación abiertas y que “ningún funcionario de la República puede salir a hablar de verdades establecidas”, ante la posición del gobierno mexicano que llevó el subsecretario Roberto Campa a la CIDH, de reconocer como válida la “verdad histórica”.
Vidulfo Rosales lamentó que el titular de la PGR se haya resistido a pronunciarse en torno a las declaraciones de Tomás Zerón, quien insistió en avalar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y señalar que “la investigación va a seguir exactamente igual”.
Cervantes Andrade se limitó a decir que “no puede coartar la derecho libertad de expresión”, según dijo Rosales, quien consideró que los dichos de Zerón no reflejan más que “se trata de una posición de Estado” y que el exfuncionario de la PGR está confiado en que no será castigado por las irregularidades cometidas en el caso.

Padres en Plantón

Al tenso panorama entre padres y madres de los 43 y las autoridades federales, se suma la intención del gobierno de Miguel Ángel Mancera para que desalojen el plantón instalado sobre la lateral del Paseo de la Reforma, justo a las puertas de la PGR.
Antes del mitin Melitón Ortega informó que, conforme a los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular, activistas y organizaciones se concentraron en el antimonumento de los 43 instalado en el Paseo de Reforma para marchar a la PGR.
Señaló que la participación fue nutrida con representaciones de 20 organizaciones sociales y sindicales, organizados por turnos para tener presencia las 24 hora del día.
Funcionarios de la Dirección de Gobierno de la Ciudad de México expusieron a Vidulfo Rosales la indicación de trasladar la movilización de los padres al camellón que está frente a la dependencia federal “para no obstruir el tránsito”, lo que fue rechazado por el abogado.
Ante los medios de comunicación, el abogado emplazó al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera a demostrar que su gobierno “no responde a los intereses del gobierno federal”, que pretende imponer la “verdad histórica” y “echar por tierra” las conclusiones del GIEI.
De no solidarizarse con los padres e insistir en el desalojo, dijo, “interpretaremos que el gobierno de Mancera se une a las voces del gobierno en contra de los padres de familia”.
“No es posible que todas las autoridades estén cerrando las puertas y les den las espalda a los padres de familia, si quieren venir a desalojar, ellos sabrán lo que hacen”, expuso.
Insistió: “creemos que la protesta es legítima, hay 43 estudiantes que hoy en día no sabemos dónde están, en un hecho que ha conmocionado al país, abrió grietas, abrió dolores que hoy permanecen abiertos y toda autoridad tiene la obligación para que esto se sepa, para que la verdad y la justicia lleguen a los padres”.
Las movilizaciones por el caso de los 43 desaparecidos continuará mañana viernes con un volanteo en el área cercana al plantón. Para el sábado habrá actividades artísticas y el domingo los padres volverán a tomar las calles para marchar del Ángel de la Independencia al antimonumento a los 43.
El lunes 24 los familiares de los desaparecidos y organizaciones que los apoyan participarán en un plantón en el Juzgado Tercero de Distrito, donde se desahoga el amparo contra la resolución que exculpó a Tomás Zerón de cargos penales.
El martes siguiente llevarán las protestas a la Secretaría de Gobernación y el miércoles 26 tomarán las calles de Reforma para marchar a los 31 meses de desaparición de los estudiantes.

La presentación de los 43 y que se investigue al Ejército, piden en Iguala a 30 meses de los ataques

Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon la tarde de ayer, colocaron ofrendas e hicieron un mitin a 30 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
Los activistas reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida de los desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales y una investigación a los soldados del Ejército que participaron en los ataques de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Minutos después de las 4 de la tarde unos 150 normalistas, profesores y miembros de las organizaciones que los acompañan como el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y el integrante del comité de buscadores de fosas clandestinas y familiar de un desaparecido, Mario Vergara Hernández, marcharon de la explanada de Las Tres Garantías por la calle Juan Álvarez al periférico Norte.
En la estela a los normalistas asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo se colocó una ofrenda floral y hubo un mitin, en el que se demandó justicia para los asesinados.
En su participación un normalista de Ayotzinapa denunció que el Ejército no tiene nada que hacer en las calles, y dijo que quedó evidenciada su participación en la desaparición de los normalistas y todas las instituciones del gobierno.
“Estamos hartos de que salimos a las calles y que los malditos policías nos están hostigando, supuestamente dicen que nos están cuidando pero sabemos que en realidad nos están vigilando”, dijo el normalista ante la presencia de policías federales y municipales que los siguieron en todo momento de las actividades.
En ese mitin un grupo de policías federales armados tomaba fotografías a los normalistas y a los maestros, uno se metió entre los manifestantes para tomar fotografías con su teléfono celular.
En el segundo mitin en la Ciudad Industrial donde el contingente llegó marchando y gritando consignas de justicia y en apoyo a la normal de Ayotzinapa, un grupo de profesores de la CETEG y de normalistas bloqueó el paso a la patrulla 17195 en la que iban cinco agentes armados de la Policía Federal, quienes seguían desde un inicio las acciones de los normalistas. Les pidieron que se retiraran del lugar pues consideraron su presencia un acto de provocación.
Un policía que al parecer iba al frente del grupo pero que no se identificó y tomaba fotografías, dijo que daban seguridad a los manifestantes.
Los profesores y alumnos insistieron que se retiraran del lugar, lo cual hicieron pero se mantuvieron cerca de la zona, al igual que los policías municipales.
En la estela del normalista Julio César Mondragón Fontes, que fue torturado y desollado del rostro, un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala denunció la represión y el hostigamiento del gobierno estatal y federal en contra de líderes y luchadores sociales, y recriminó los asesinatos contra periodistas, como Cecilio Pineda de Tierra Caliente.
Denunció que las fosas clandestinas de las que se han sacado más de 150 cuerpos en Iguala, “es la evidencia de la corrupción, de la violencia y la inseguridad que se vive en Iguala y en varios municipios del estado de Guerrero”.
Dijo que seguirán exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para todos los desaparecidos, secuestrados y levantados.
Exigió al gobierno estatal que dé seguridad y justicia ante la ola de violencia y de ejecuciones que tienen al estado convulsionado.
El mitin concluyó a las 5:40 de la tarde. A las 6:15 de la tarde los normalistas salieron de Iguala hacia la Normal de Ayotzinapa sin incidentes.

Toman padres por tercera ocasión las oficinas de Finanzas en Iguala; insisten en que se nombren dos directores

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), padres de familia y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas, con sede en esta ciudad, para insistir en la entrega de nombramientos a dos directores.
Minutos después de las 12 de la tarde, unos cien normalistas, maestros de la CETEG y padres de familia de escuelas, marcharon de las instalaciones de la delegación regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la calle Galeana, al sur de la ciudad, y que están tomadas desde el martes de la semana anterior, pasaron por el Zócalo de la ciudad y llegaron a las oficinas de la Administración Fiscal, de las que desalojaron al personal, tomaron las oficinas y cerraron la calle Francisco I. Madero.
Los normalistas de Ayotzinapa habían llegado a Iguala en dos autobuses para realizar una marcha, colocar ofrendas florales y realizar mítines en las estelas colocadas por los normalistas asesinados en los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, para conmemorar 30 meses de los ataques y la desaparición de sus compañeros.
En la marcha, mostraron cuadros con las fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos hace dos años y medio, y que más tarde expusieron en la explanada de las Tres Garantías. Por su parte, los padres de familia mostraban cartulinas para exigir solución a los conflictos laborales en la escuela primaria Juan Álvarez, de la colonia El Capire, y del kínder Niños Héroes, de Teloloapan, donde piden que se nombre a sus directores.
El martes pasado, los maestros de la CETEG, miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y padres de familia, tomaron la delegación de la SEG. El miércoles y jueves tomaron las oficinas de la administración fiscal de Finanzas y el viernes tomaron por cuatro horas la calle Galeana, afuera de la delegación, ante el incumplimiento de las autoridades educativas y de gobierno de la zona Norte para atender su pliego de peticiones, en el que se incluye también la reubicación de centros de trabajo para unos 20 profesores en la zona de Teloloapan.
La toma de la administración fiscal, que fue la tercera ocasión, concluyó cerca de las 2 de la tarde, sin que nuevamente se les diera respuesta a su demanda a los padres y maestros de la CETEG.

Toman normalistas la caseta de Palo Blanco; piden dinero para ir a la CDMX a una marcha por los 43

Unos 30 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante una hora para pedir recursos y trasladarse hoy a la Ciudad de México, donde será la marcha nacional a 30 meses de los ataques en Iguala en los que desaparecieron 43 de sus compañeros.
Cerca de las 3:40 de la tarde los estudiantes de cuarto año de la Normal Rural llegaron a la caseta de Palo Blanco a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro. La mayoría de los jóvenes tenía el rostro cubierto.
Tras descender de los autobuses los normalistas se apoderaron de las cabinas de cobro y pidieron a los automovilistas una cooperación voluntaria, dinero que dijeron que usarán para acudir hoy a la Ciudad de México en respaldo a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos.
Unos cien policías federales antimotines y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Martín Maldonado del Moral llegaron al lugar. El funcionario ofreció a los normalistas proporcionarles cuatro autobuses más para que pudieran asistir a la manifestación en la Ciudad de México, al concluir el diálogo los jóvenes se retiraron.
No hubo incidentes durante la toma de la caseta de Palo Blanco.
La marcha será del antimonumento al hemiciclo a Juárez

Hoy se cumplen 30 meses de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, al respecto Felipe de la Cruz dijo que a las 4 de la tarde en la Ciudad de México se llevará a cabo una marcha, del antimonumento a los 43 al hemiciclo a Juárez, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.
Mencionó que el diálogo con el gobierno federal después de la sesión en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, está suspendido y no se han vuelto a retomar las mesas de trabajo, pero eso no significa que los padres dejarán de exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Informó que en junio próximo se llevará a cabo la Caravana Peninsular 43 Esperanzas por Ayotzinapa, durante la cual visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo para seguir informando a la sociedad sobre el caso Iguala, y llevar a todo el país su demanda por la presentación con vida de los normalistas.

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.

 

Respaldan los padres de los 43 a Antonio Tizapa, quien increpó a López Obrador en Nueva York

El padre de un normalista desaparecido de Ayotzinapa, Antonio Tizapa cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes.
En México el comité de padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, emitió un boletín para respaldar a Antonio Tizapa porque sienten el mismo dolor que el papá que vive en Estados Unidos.
En el escrito se aclara que aún cuando no tienen los detalles del caso, el 17 de marzo una comisión de padres de los 43 viajará a Washington DC a participar en las audiencias del 161 periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se van a supervisar las investigaciones del Estado mexicano, y van a dialogar con Antonio Tizapa del incidente.
Vía telefónica Antonio Tizapa precisó que no le interesa la política ni milita en partidos políticos, ni siquiera es parte de los colectivos que se solidarizan con la presentación con vida de lo jóvenes normalistas en Estados Unidos, “simplemente soy un padre que busca a su hijo de ciertas maneras”. Corre en maratones con fotografías de su hijo para visibilizar la impunidad del caso, exigir la presentación de los estudiantes y castigo a los responsables de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ayer se deslindó de las acciones por los 43 durante del mitin de López Obrador, y aclaró que al final sólo cuando los seguidores del político se habían separado de él, se acercó para hacerle dos o tres preguntas y quedó muy sorprendido con su reacción.
Del acto político aclaró que asistió porque militantes de Morena lo buscaron días antes para que estuviera en la actividad, él no estaba interesado pero insistieron incluso el domingo, un día antes.
El lunes aún no sabía si tendría tiempo de acudir. No obstante llegó temprano a la actividad y un conocido lo invitó a sentarse en la primera hilera de sillas, y ahí notó que los organizadores con chalecos beige comenzaron a observarlo constantemente y le pidieron que se quitara de ese lugar. Sin un argumento tampoco insistieron demasiado.
“No entendía qué estaba pasando luego pusieron una hilera de sillas enfrente, pensé que eso era raro, después cuando veo que llegan cuatro personas a sentarse, sólo quedan tres y mueven el micrófono del podio al otro extremo”, relató.
Finalmente llegó López Obrador, lo reciben con aplausos y una señora alzó una manta alusiva a los 43, y a los pocos minutos la subieron al frente y ahí se quedó sin decir nada. De acuerdo con la crónica de la agencia Proceso, López Obrador pidió a sus seguidores que se inconformaron con la protesta por los 43 a dejarlos manifestarse, incluso señaló que se trataba de una causa justa.
Al concluir el acto, notó que los militantes de Morena rodearon al político, también dos personas con fotografías de los 43 y Antonio Tizapa intentó acercarse pero le fue imposible.
Mientras López Obrador atendía a sus seguidores él saludó a varios conocidos activistas y reporteros, y pensó que “ya no fue posible hacerle las preguntas, ni modo”.
Cuando la gente se dispersó y López Obrador subía a su camioneta se acercó, se presentó y le preguntó de su relación con Abarca y con Aguirre cuando todavía formaba parte del PRD, “no esperaba lo que él fuera a decir: que era un provocador, pregúntale a los militares, me dejó sorprendido su respuesta”.
Observaron el suceso periodistas y algunos dijeron que el dirigente de Morena lo empujó. Antonio Legideño aseguró que no fue así, incluso dijo que guardó distancia para no tocarlo ni a él ni a su coche, estimó que tal vez sabe algo y “es necesario que lo diga”.
Informó que hace un mes en la Universidad de Columbia fue a una conferencia del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, “fui a decirle, ustedes (los priistas) ejercen la impunidad, que hace 30 meses están pidiendo que devuelvan a sus hijos y que se investigue al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y a los militares”.
Ratificó que a los padres no les interesan los partidos, sólo sus hijos y que se castigue a los responsables de los ataques, los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes.
Por separado, el comité de padres de familia de los 43 señalaron que tienen claro que “los responsables de la desaparición de nuestros hijos”, de acuerdo con dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son los policías de todas las corporaciones y el Ejército, y de manera indirecta los presidentes municipales de la región Norte, así como el exgobernador Ángel Aguirre.
De igual forma señalaron a funcionarios de la PGR como Tomás Zerón, “que realizó investigaciones irregulares y turbias que encubren a los responsables”, y demandaron que lo sucedido en Nueva York no debe de convertirse en una cortina de humo que desvíe la atención, para seguir investigando a los implicados en la desaparición.
Señalaron que lo fundamental para los padres es que la PGR y otras autoridades avancen en la búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus hijos, y no van a permitir que la desaparición sea utilizada por los políticos para sacar ventaja.
“El nuestro es un tema de graves violaciones a los derechos humanos que merece una investigación exhaustiva para obtener verdad y justicia, y no debe estar sujeto a los intereses electorales”, declaran.

Toman estudiantes y padres de Ayotzinapa una gasolinería en la CDMX por los 43 desaparecidos

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocuparon las instalaciones de una gasolinería Hidrosina en las avenidas Insurgentes y Reforma de la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
Como parte de sus protestas de esta semana los manifestantes bloquearon el acceso al sitio y permitieron que algunos automóviles cargaran combustible de forma gratuita.
Además saquearon los estantes que contenían aceites y productos para vehículos.
Con los rostros ocultos con playeras, pintaron el lugar y sostuvieron mantas con la leyenda “Ayotzinapa en pie de lucha”.
Fueron rodeados por personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina. Tras la protesta se retiraron a su campamento.
Además, este sábado debido al Día Internacional de la Mujer, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales hicieron un mitin en el monumento a la Madre, ahí reconocieron la lucha histórica de la mujeres, y condenaron la opresión y la violencia contra ellas.
Consultado vía telefónica el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra informó que a las 11 de la mañana más de 500 activistas de diferentes organizaciones sociales acudieron al monumento a la Madre.
Agregó que en el mitin participaron madres y padres de los 43 normalistas quienes reconocieron la lucha histórica de las mujeres.
Además se reconoció el valor inclaudicable de las madres de familia por buscar a sus hijos desaparecidos, “es por eso que se realizó el mitin con presencia de organizaciones sociales y estudiantiles de la Ciudad de México”.
El abogado dijo que también se habló de la carestía de la vida, de la reforma energética, y el incremento al precio de las gasolinas, el gasolinazo.
Precisó que este sábado se tomó simbólicamente la gasolinería que está ubicada a un costado del Monumento a la Madre.
Las organizaciones que acudieron al mitin fueron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente de Defensa Popular de la Ciudad de México, y estudiantes de diferentes universidades, entre otras.

Requiere otra vez la SEIDO a policías de Iguala por el caso Ayotzinapa; sólo han ido 10 de 76

Policías municipales de esta ciudad fueron nuevamente requeridos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que declaren respecto de los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Según información de uno de los policías que está en la corporación desde antes de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, en esta semana se notificó a los agentes de la corporación que están activos.
La fuente consultada, que pide el anonimato para evitar represalias, indicó que a los agentes se les está mandando a traer desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal en grupos de cinco, y se les notifica que nuevamente se deben de presentar ante la SEIDO en la Ciudad de México, para rendir su declaración de los ataques en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y otros civiles.
Dijo que sólo 10 de los 76 policías municipales que siguen activos dentro de la nómina municipal pero desarmados, se han presentado a rendir su declaración.
Dijo que de manera extraoficial les informaron que también se citará una vez más a los agentes que fueron liquidados o se dieron de baja voluntaria, pero ayer ninguna fuente oficial confirmó esa información.
De los más de 300 agentes de la Policía Municipal que había en 2014 cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más de 50 fueron detenidos en penales federales, unos 140 fueron liquidados porque no acreditaron los exámenes de control de confianza o solicitaron su baja de forma voluntaria, y 76 siguen en nómina, mientras que otros huyeron.