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Toma el Congreso protesta al cabildo instituyente Ñu Savi; “vamos a disfrutar nuestro sueño”, dicen

el presidente municipal, Donaciano Morales Poofirio (quinto de izquierda a derecha) flanqueado por la síndica procuradora, Divina Oropeza de la Luz; los regidores, Víctor Bernabé Porfirio, Hermelinda Campos Leova e Inocente Morales Álvarez, Eusebia de los Santos Hermelinda, Rodrigo Silverio Guadalupe y Maribel García Maximino, al momento de tomar protesta en la Comisión Permanente del Congreso local para encabezar el Ayuntamiento Instituyente del municipio Ñuu Savi Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso del estado tomó protesta al cabildo del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi (Pueblo de la lluvia), para el periodo del 25 de agosto de 2023 al 29 de septiembre de 2024, la única de las cuatro planillas de los nuevos municipios aprobada la semana pasada por los diputados locales.
Al salir de la sesión, el presidente del gobierno instituyente, Donaciano Morales Porfirio, declaró que el nuevo ayuntamiento se regirá con los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, mediante asambleas, como desarrollaron el proceso de solicitud para creación del municipio y de constitución del Ayuntamiento.
El alcalde na savi es originario de San Felipe, indicó que labora como gestor de proyectos productivos, sociales y culturales en diferentes municipios de la región Costa Chica, y fue uno de los fundadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con sede en Ayutla de los Libres.
Donaciano Morales Porfirio recordó que incursionó en la política a los 13 años de edad, cuando ingresó a la secundaria y un profesor lo invitó a participar en actividades como traductor. Su activismo político le permitió estudiar en la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, y luego cursó la carrera de Sociología.
A los 22 años fue regidor de su municipio, y luego presidente del Comité Municipal del PRD.
En su juventud también fue candidato del partido Gallo Rojo, que desapareció y no volvió a militar en partidos, pero apoya a López Obrador.
Celebró sus nombramientos como un sueño alcanzado por las comunidades de la llamada zona mixteca, porque en el Congreso local no había voluntad política para resolver la integración de los cabildos instituyentes. Recordó que los na savi recurrieron a los tribunales cuando los diputados incumplieron los lineamientos establecidos por ellos mismos, para la integración de los cabildos en consultas.
Aunque recomendaron a los integrantes de comités gestores de Las Vigas, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón ir a juicio, señaló que éstos decidieron no hacerlo.
En la sesión, rindieron protesta además como síndica procuradora y regidores, respectivamente, Eusebia de los Santos Hermelinda, Víctor Bernabé Porfirio, Hermelinda Campos Leova, Inocente Morales Álvarez, Maribel García Maximino, Rodrigo Silverio Guadalupe y Divina Oropeza de la Luz.

El Charco, momento axial

Morales Porfirio, sociólogo de 47 años de edad y consultor de gestión de proyectos en la región Costa Chica, recordó que el sueño del pueblo Ñuu Savi surge en 1998, tras la masacre de El Charco.
“Precisamente la gente estaba en un proceso para la construcción de un proyecto de desarrollo integral en la zona en aquel entonces, cuando ocurrieron los acontecimientos lamentables. Posteriormente, comenzaron, la gente, a organizarse para poder obtener un municipio, un gobierno para autogobernarse (1999 y el 2000)”.
Aclaró que no pudieron avanzar porque “desgraciadamente”, Ayutla, municipio del que se desprendieron, estaba gobernado por partidos políticos y nunca les otorgaron la anuencia para separarse.
Así participaron en la lucha por el cambio de sistema electivo en el municipio, “y afortunadamente, tuvimos compañeros en el gobierno comunitario que (en 2019) nos dieron el acta de anuencia”. Así, intensificaron las labores de gestión.
Añadió que, “ahora vamos a disfrutar nuestro sueño, vamos a disfrutar nuestro municipio, y desde luego, sentar las bases para poder caminar junto con nuestro pueblo”.
En este proceso, lamentó el deceso de tres promotores del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón, que estuvieron dos días en la capital del estado, en demanda de que el Congreso del estado aprobara su propuesta de cabildo instituyente, y que se accidentaron al volver a sus comunidades.
Estimó que el Congreso tenía interés en el tema, incluso había acuerdos con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para aprobar los cuatro cabildos antes del proceso electoral local.
“Ojalá eso pudiera salir lo más pronto, porque también es un acuerdo que tienen los diputados, la Jucopo. Yo no sé qué pasó ahí. Ojalá que antes de que finalice este mes, pudieran salir los (proyectos de los) compañeros, si no va a pasar más tiempo, porque vienen los procesos electorales, y difícilmente va a avanzar”.
De la organización exitosa del pueblo Ñuu Savi, señaló que desde el primer momento en que definieron la propuesta de integración del cabildo en asamblea, no hubo intereses personales ni del comité gestor.
Además, de tener experiencia en un gobierno municipal comunitario, regido por sistemas normativos, también conocidos por usos y costumbres, de Ayutla de los Libres.
“Eso se logró gracias a la unidad. Tenemos que ser claros, nosotros cuando vimos que los diputados no respetaron el primer acuerdo donde establecieron criterios para sacar la propuesta (de cabildo) en la consulta, demandamos y llegaron hasta el tribunal federal. Creo que gracias también a eso se logró.”
Los nuevos ayuntamientos fueron aprobados desde 2021, y en enero de 2022, se aprobó su adición a la Constitución Política del estado.
Reconoció que los otros comités gestores no recurrieron a los tribunales, a pesar de que les recomendaron promover el mismo mecanismo. Al final, estimó, que faltó voluntad política de cada fracción en el Congreso local para aceptar la autodeterminación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Para el nuevo gobierno Ñuu Savi, informó que todos los proyectos, presupuesto y necesidades que se planteen, serán aprobados en asamblea de 37 comunidades, con casi 12 mil habitantes.
“Sí es cierto, hay algunas cosas que nosotros debemos decidir como cabildo, pero también tenemos que basarnos en la asamblea”.
Adelantó que la asamblea ya avaló solicitar el cambio de sistema electivo en el municipio Ñuu Savi, porque vienen de este sistema, y han hecho ejercicios que les facilita este mecanismo, “por somos una sola lengua, tun savi, entonces se nos facilita más para poder trabajar”.
Por ello, consideró “una grosería” que se atribuya sólo a actores políticos un logro de las comunidades originarias, “nosotros nos regimos por la vía de la asamblea desde cuando empezamos la gestión. Sobre todo, siempre acatamos lo que mandata para lograr lo que hoy estamos celebrando”.
Sobre un oficio dirigido al Congreso para que no se aprobara el ayuntamiento instituyente el municipio Ñuu Savi, suscrito por vecinos de nueve localidades, dado a conocer en la sesión de la Comisión Permanente, indicó que tiene origen en uno o dos ciudadanos inconformes, pero la petición ya quedó rebasada, y el llamado es a que participen en la asamblea.
Después de tomar protesta, el cabildo instituyente se reunió en privado con integrantes de la Jucopo, que trascendió por fotografías redes sociales.

Se actuó conforme a la ley, dice Yoloczin Domínguez

La presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, emitió un boletín de prensa, para destacar que “el Poder Legislativo actuó conforme a lo estipulado en la ley en cuanto a la designación del Ayuntamiento Instituyente de Ñuu Savi, y al darle el lugar y reconocimiento a la decisión mayoritaria del pueblo”.
Celebró la integración del cabildo paritario como “acto histórico y de justicia social” que da respuesta a una demanda de más de 25 años por parte de habitantes de diversas comunidades, quienes determinaron constituirse como nuevo municipio, en busca del desarrollo.
Del nombramiento de los ayuntamientos instituyentes de los otros tres nuevos municipios, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas, Domínguez Serna, dijo que sostuvieron el martes una reunión con sus comités gestores y comisarios de las comunidades que lo conforman, y este viernes continuará el diálogo para establecer una fecha tentativa para la designación.

Denuncia la Red Década Contra la Impunidad amenazas contra su secretaria ejecutiva

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a varios casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, denunció amenazas en contra de su secretaria ejecutiva, Magdalena López Paulino.
“Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”, le mandaron decir a través de un mensaje vía Messenger de Faccebook.
En un boletín de prensa, los integrantes de la red Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortes Chávez, expresaron ayer su “preocupación” por el mensaje “intimidatorio y amenazador” que le mandaron el 2 de febrero a López Paulino.
Informaron que ese día, aproximadamente a las 19:30 horas, la defensora de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió vía Messenger el texto: “Ni siquiera sabes lo involucrado que estoy en la desaparición forzada de guerrero, guerra sucia, mi caso es el segundo después de lucio cabañas, investiga antes de creer que me puedes hacer caer”.
Detallaron que el texto fue enviado a través del Facebook de John Titor, pero que están seguros que se trata de un perfil falso.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, actualmente da acompañamiento y litiga los casos de la masacre de El Charco, en este caso representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y a la familia Zavala.
Asimismo lleva el caso del luchador social de Iguala asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, y el asunto de los policías comunitarios masacrados en Ometepec en mayo del 2015.
Aunado a ello, el organismo de derechos humanos, informó que el 27 de enero, recibió la notificación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de la Sentencia del caso Jorge Tzompaxtle Tecpile en el que ese tribunal internacional ordena al Estado mexicano la eliminación de la figura del arraigo “en la Constitución y leyes, y la armonización de la prisión preventiva con la convencionalidad”.
La Red, exigió al gobierno federal un alto al hostigamiento e intimidación a la defensora de derechos humanos María Magdalena López Paulino.
Asimismo responsabilizó al Estado de la integridad física y psicológica de la defensora y demás integrantes de esa Red.
El organismo recuerda que López Paulino cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2014.

 

Con la decisión de la CIDH de revisar la masacre de El Charco 50% de la lucha ya se ganó: Efrén Cortés

Efrén Cortés, sobreviviente de la masacre de El Charco, en la entrevista con El Sur, en la Alameda Central de Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Efrén Cortés sabe que después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó estudiar y analizar la masacre ejecutada por elementos del Ejército Mexicano en El Charco –donde fueron asesinados 10 indígenas na savi y un estudiante universitario–, la discusión no se centrará en si existían o no en la zona grupos armados organizados, sino en que los militares cometieron tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, militares irrumpieron violentamente y además de matar a 11 personas, causaron lesiones a cinco más y detuvieron a 22 pobladores, que fueron torturados. Por eso Cortés, sobreviviente del atentado, celebra ahora que la CIDH aceptara llevar el caso.
“No se trata de debatir si había guerrilla. Ya se dijo que sí”, dice en entrevista con El Sur.
Sentado en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, Efrén considera que la admisibilidad del caso por parte de la comisión “es un avance, porque se reconoce que pudo haber violaciones a los derechos humanos, pues hubo ejecuciones, tortura, niños detenidos”.
“El análisis es muy importante por dos cosas: porque el Ejército intervino y hay una cantidad grande de violaciones de parte del Estado Mexicano respecto a convenios internacionales que se ha comprometido a respetar, como los derechos humanos. La CIDH presume que eso no se hizo”.
Ese es un avance, enfatiza, “es el 50 por ciento de esta lucha”, que comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado mexicano es que a nosotros nos consta que sí hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura. La justicia ya nos juzgó por delito de rebelión, conspiración y portación de armas. Eso no demandamos –explica Cortés–. A los compañeros rendidos, desarmados, el Ejército los masacró, y nosotros fuimos torturados. Esa es la demanda ante la CIDH. Es lo que se debe de investigar”.
El Estado mexicano, recuerda, determinó entonces que la masacre fue producto de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército.
Son procesos tardados, reconoce Cortés, “así es la justicia internacional, pues la comisión recibe todas las demandas del continente, pero que la CIDH acepte el caso es un avance porque las fuerzas armadas, el Ejército, hizo esa masacre con total impunidad. Cuando sucedió, los jueces de distrito de Acapulco hacían lo que los ministerios públicos militares les decían. A nosotros nos consignó el MP militar”.

“Sin justicia no hay paz”

Víctima de tortura, Efrén Cortés también estuvo cuatro años preso, un año en Acapulco y tres en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco. En dos procesos, fue juzgado por portación de armas, terrorismo, asociación delictuosa, rebelión, conspiración e incitación a la rebelión, al igual que la entonces estudiante Erika Zamora Pardo, quien estuvo en la cárcel el mismo periodo que Cortés, a diferencia de otros compañeros, absueltos año y medio después de la matanza.
“Faltan unos dos años más para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay argumentos sólidos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. El Ejército tiene que reconocer que se violaron derechos humanos de manera grave”, destaca Cortés.
Originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, menciona que antes de que sucediera la masacre se discutían dos cosas en El Charco: si se declaraba autónomo Ayutla de los Libres y cómo desarrollar una sustentabilidad productiva.
“Ahí es zona indígena, y eran acciones frente a la militarización y violencia que se sufría. Había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sí, porque la masacre se dio dentro de un contexto político. El Ejército Mexicano sabía que esas comunidades podían tener vínculos con grupos armados, por eso hizo lo que hizo.
“Muchos compañeros que estaban heridos de no gravedad, aparecieron muertos. La demanda es que se repare el daño y no sólo material, sino social, a las comunidades, a la región, a las víctimas. Los hijos de los masacrados estaban chicos, el Estado tiene la obligación de repararles el daño. Los conozco y hoy tienen 23, 25, 28 años. Es reparación de la región, de las comunidades, y hasta reparación individual.
Como sobreviviente, insiste, lo más importante es la ejecución de la justicia: “Si no hay justicia no hay paz, reconciliación, sigue la impunidad. Si el Estado, en vez de juzgar, asesina, entonces violenta. Pedimos a la comisión que investigue eso”.

Pobreza sistémica

Cuando ocurrió la matanza, Efrén Cortés tenía un compromiso organizativo con esa región. Se involucró en movimientos sociales desde los 15 años –hoy tiene 50– porque desde pequeño se percató del atraso en todos los sentidos que se padecía en la zona. En Cruz Grande, un poblado de unos 5 mil habitantes, las personas morían de polio o sarampión.
“Lo vi a los 9 años. Por ejemplo, en Ayutla, en el momento de la masacre, no había luz ni caminos, era mucho atraso y racismo por parte de la gente mestiza. Vi a niños morir por problemas respiratorios. La pobreza es sistémica. Eso llevó a la organización y es una zona que durante muchos años ha luchado por reivindicaciones sociales”.
Efrén cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero e incursionó en el activismo social desde la preparatoria. Se enfocó en las causas campesinas y populares.
“No me arrepiento de lo que he hecho, pues ha sido por convicción. En los parámetros de una democracia capitalista, esto está mal, es de terror: marginación, violencia. En aquel tiempo no era una violencia como ahorita, pero había una violencia de tipo política. Las cosas han empeorado, ahora es una violencia generalizada.
“Hemos observado que donde hay minas, agua, tierras, surge la violencia, para que la gente migre y las grandes empresas lleguen y controlen, como pasa en Guerrero. Desde el surgimiento de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y las guerrillas del 68 y del 70, la violencia en la entidad se ha mantenido. No ha parado el asesinato de luchadores sociales. El Estado mexicano antes usaba las guardias blancas (grupos paramilitares), hoy usa la delincuencia. Es lo mismo. La lucha social tiene que seguir, porque las cosas están muy difíciles”.

Marca para toda la vida

A Efrén Cortés la masacre en El Charco lo marcó de por vida porque fueron asesinadas personas con quienes convivió de cerca. “Era gente indígena que conocí por años, yo conocí la capacidad que tenían para organizar a sus pueblos. Eso no se me olvida porque uno, en el proceso de lucha, no deja de ser humano. Cuando llegaba a sus comunidades siempre me trataban con cariño, me daban de comer sin importar la hora. Hice vínculos con varios de los asesinados. Eso es lo que más siento”.
“A nosotros nos tocó tortura, estar presos y vivos. ¿Y los que murieron?”, cuestiona. “El Ejército está dentro de la ley. Siempre lo promueven, dicen que tiene honor y nosotros pensamos que no”.

“No a la Guardia Nacional”

Cuando Efrén estuvo encarcelado, sus hermanos sufrieron acoso político, “los investigaron”, cuenta. Al salir de la cárcel se reincorporó al movimiento social y continuó en el activismo social. Sobrevive gracias a “acciones autosustentables” y trabajo independiente. “Al juego de partidos políticos no entramos. Queremos que las luchas de los pueblos sean reivindicadas”.
–¿Qué opinas de la creación de la Guardia Nacional?
–En México sí hay una crisis de seguridad, hay una descomposición donde las policías municipales y estatales y hasta el Ejército delinquen. Nunca la delincuencia puede operar sin el aval del poder. Hasta el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de buscar que esta delincuencia baje, pero la forma como lo están haciendo es la misma que utilizaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Otra opción, propone Cortés, sería una policía civil y que los militares regresen a los cuarteles. “Se ha mostrado, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales, que en donde está el Ejército se incrementa la violencia. Guerrero tiene de 15 a 20 mil militares desplegados en todo el territorio y la violencia no baja, porque ésta tiene otras características: marginación, abandono, pobreza”.
En 12 años de presencia militar, advierte, la violencia no ha bajado. “Es de locura que el nuevo gobierno diga que el mando de la Guardia Nacional lo tendrá la Secretaría de la Defensa. La guardia va a pasar, ya lo vi, pero es un error querer resolver el problema de la violencia a través de la militarización. Los gobiernos civiles tienen derecho a buscar que la violencia baje y podría pasar eso, pero a la larga, dos o tres años, esto se va a convertir en un grave problema de violaciones a los derechos humanos”.
Concluye: “Hasta las policías municipales están dirigidas por militares. Esa es la militarización, porque no se utilizan prácticas disuasivas, sino represivas. La policía tiene la función de investigar, prevenir el delito. El militar no está formado para eso, sino para matar, velar por la soberanía nacional, cuidar áreas estratégicas del país. No para estar en las calles y en los retenes”.

 

Ya no buscarán justicia tras un acuerdo con el gobierno, informan viudas de El Charco

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.

 

Protestan activistas en el poder Judicial en Acapulco para exigir justicia en El Charco

Un día antes de cumplirse 20 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos protestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, para exigir justicia al Estado mexicano.
La masacre del 7 de junio de 1998 dejó 10 campesinos y un estudiante universitario muertos, además de cinco heridos y 22 detenidos.
La manifestación comenzó a las 3:20 de la tarde, unas 20 personas exigieron justicia por esos hechos en los que el Ejército masacró a campesinos y prevalece la impunidad en el caso.
Los manifestantes advirtieron que no van a descansar hasta que se haga justicia para los asesinados y para los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
En el mitin en representación de Iglesias por la Paz, fray Julián Cruzalta dijo que es doloroso ver tanta violencia contra el pueblo y que estaban ahí para exigir al poder Judicial que ya dé respuesta y castigue a los culpables, para que corte la larga cadena de injusticia e impunidad.
Añadió que además de El Charco están otros casos como el de Aguas Blancas que son hechos violentos donde no ha habido justicia.
Dijo que estaban ahí después de 20 años de la masacre para exigir al Poder Judicial de la Federación que se ajuste a lo que es un verdadero Estado de Derecho, que imparta justicia porque “después de 20 años esa justicia no ha llegado y por lo tanto están violentando la Constitución, sus propias reglas y normas”.
Exigió que reconozcan que las masacres y represiones que el pueblo ha sufrido a lo largo de su historia “no deben quedar impunes, no puede quedar impune tanta sangre derramada y sufrimiento en la familia”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que uno de los enemigos del pueblo es el Ejército, que “sirve únicamente a la oligarquía capitalista y han pasado 20 años de impunidad como una más de las masacres”.
La hija de Arturo Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena dijo que cómo es posible que no se pueda juzgar el actuar de los militares si se sabe que han participado en estas masacres, incluida la de Iguala en donde desaparecieron los 43 normalistas, y que se tenga más presos políticos que políticos presos.
Indicó que cuando la corrupción deje de ser un negocio la impunidad dejará de existir, y preguntó dónde está la justicia cuando hay personas que reclaman a sus familiares.
“Hay impunidad en la masacre de Aguas Blancas y prevalece a tal grado que viene otro proceso electoral y no hay justicia”, señaló.
Dijo que exigen al gobierno federal un basta ya a la impunidad, “queremos justicia y a los responsables de El Charco, Aguas Blancas e Iguala”.
E dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame expuso que se busca una pizca de justicia en un país que se ahoga en la impunidad, y que El Charco es una “deuda que tiene el Estado mexicano al igual que Aguas Blancas y la desaparición de forzada de 43 normalistas”.
Agregó que han sido asesinados luchadores sociales y no hay justicia, y hay hostigamiento a los luchadores sociales que ya debe de parar. También demandó la libertad de los presos políticos.
Finalizó diciendo que van a seguir repudiando a las instituciones que no imparten justicia. La protesta pacífica concluyó una hora después.

 

Demanda seguridad y diálogo con autoridades la caravana por la verdad de El Charco

Organizaciones sociales de Guerrero que se sumarán hoy a la Caravana Por la Verdad, la Justicia y la Paz que saldrá de la Ciudad de México y llegará mañana a El Charco, por el 20 aniversario de la masacre en ese pueblo de Ayutla, demandaron ayer en conferencia de prensa a las autoridades estatales y federales garantías de seguridad, y pidieron una mesa de dialogo.
La caravana partirá a las 8 de la mañana de Ciudad Universitaria (CU) de la Ciudad de México con destino al puerto de Acapulco, en donde a la 1 de la tarde los participantes tendrán un mitin en los juzgados federales que llevaron los procesos judiciales en contra de los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez. Además protestarán allí contra el proceso judicial que se sigue al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Al día siguiente partirán a las 6 de la mañana rumbo a El Charco en donde están programadas las actividades a partir de las 10 de la mañana.
De la Ciudad de México participarán organismos como la Red Década Contra la Impunidad, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), así como personalidades como Fray Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
También los defensores de derechos humanos Arturo Carrasco, Hugo Gallardo, Elsa Arista, Sergio Mesino, Mónica Hurtado.
En conferencia de prensa ayer integrantes de la Dirección de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero encabezada por Chávez Adame y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), Alfredo Ramírez García, informaron que la caravana pasará por Chilpancingo a las 11 de la mañana en donde se le sumarán integrantes de grupos sociales como la APPG y de la Dirección Colectiva, de la colonia Nuevo Mirador, los trabajadores despedidos de Prospera, del STAUAG, CETEG, sección 14 del SUSPEG, SUTCOBACH, sindicato de telefonistas y de la Universidad Pedagógica Nacional.
Chávez Adame informó que también invitaron al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno y al encargado de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés.
Agregó que por la situación de violencia que se vive en la entidad responsabilizan a los gobiernos estatal y federal de la seguridad de los participantes en esta caravana que recorrerá carreteras los días 6 y 7 de junio desde la Ciudad de México hasta El Charco, municipio de Ayutla.
Demandó una reunión con las autoridades para este miércoles después del mitin en los juzgados federales para que escuchen y atiendan las demandas de justicia en el caso de El Charco, y para que se revisen los procesos judiciales que tienen “injustamente” algunos integrantes de organizaciones sociales.
Informó que las autoridades estatales ya se reunieron con una parte de las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco para atender sus demandas de proyectos productivos, pero que falta que atiendan las demandas de carácter integral y sobre todo el de justicia que plantean los sobrevivientes.
“Es importante que se atienda la demanda de justicia y ésta no se va a resolver solamente con proyectos productivos”, dijo el dirigente de la APPG, en referencia al ofrecimiento que hicieron los gobiernos federal y estatal a una parte de las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco.
El secretario general del Sutcobach, Ramírez García declaró que a 20 años de esa masacre el reclamo de las organizaciones sociales sigue siendo el de justicia, el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, para que este hecho no quede en la impunidad.
En la conferencia estuvieron tambien José Luis Ayala en representación de los trabajadores de la UPN y Andrés Nájera Hernández en representación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG).

 

Anuncian caravana de Cdmx a Acapulco para exigir justicia en la masacre de El Charco

Por el 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de organismos de derechos humanos anunciaron una marcha caravana de la Ciudad de México (Cdmx) al puerto de Acapulco para mañana miércoles, para exigir justicia.
Vía telefónica la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organizadora de las actividades, Magdalena López Paulino dijo que “responsabilizamos al gobierno del estado de la seguridad de quienes participamos en esta caravana”.
Dijo que participarán integrantes de la Red Década Contra la Impunidad, así como de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), además de integrantes de agrupaciones locales como la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
En las actividades participarán el fray Julián Cruzalta, fundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
Así como los pastores y defensores de derechos humanos Arturo Carrasco y Hugo Gallardo.
López Paulino informó que la marcha- caravana partirá el 6 de junio a las 8 de la mañana del metro de Ciudad Universitaria (CU) en la Ciudad de México con destino al puerto de Acapulco, donde realizara un mitin a la 1 de la tarde en los juzgados federales, para recordar que se llevaron allí procesos “injustos” en contra de los sobrevivientes de la masacre del Charco Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
Dijo que también exigirán justicia en el caso del activista y dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame.
Informó que el 7 de junio la marcha-caravana saldrá del puerto de Acapulco hacia la comunidad de El Charco a las 5 de la mañana, para la actividad del 20 aniversario de la masacre. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Pidió el gobierno a viudas de El Charco desistirse de la demanda en la CIDH, señala Red Solidaria

En vísperas del 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, los gobiernos federal y estatal dividieron a las viudas y sobrevivientes mediante el ofrecimiento de proyectos productivos, a condición de que se desistan de su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que los ofrecimientos comenzaron en febrero pasado, y que algunos aceptaron los proyectos, pero que cuando menos los sobrevivientes Erika Zamora Partido y Efrén Cortés Chávez decidieron continuar adelante con la demanda en contra del gobierno mexicano.
El 25 de mayo, el gobierno del estado informó en un desplegado que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, “atendió a las viudas del El Charco, quienes estuvieron acompañadas por comisarios municipales y algunos habitantes de Ocote Amarillo, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, La Palma, Ahuacachahue, El Potrero, El Coyul, El Mezón Zapote y de la propia comunidad de El Charco”.
Entonces se informó que el secretario les “ofreció el acompañamiento de la  dependencia a su cargo para asesorarlas en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.
El comunicado oficial destacó que Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, manifestó que “le brindamos la confianza y reconocemos la sensibilidad social al gobernador Héctor Astudillo Flores”.
Mientras tanto, ayer, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió un boletín mediante el cual dio a conocer los gastos que ha realizado por el litigio que llevan a nivel internacional del caso de la masacre de El Charco, “para transparentar los gastos ya que algunos peticionarios, han decidido no continuar con el litigio ante la CIDH, sabemos que las necesidades de contar con proyectos productivos es primordial, sobre todo para el sustento de la economía familiar, por lo que les deseamos la mejor de las suertes a los compañeros que así lo han decidido”, dice el escrito.
Agrega: “agradecemos la participación y la cooperación de las peticionarias, quienes aportaron la cantidad de doscientos treinta mil pesos cero centavos, de los gastos que hemos realizado en el litigio que ascienden a ochocientos veintitrés mil pesos cero centavos.
El documento concluye: “reiteramos nuestros mejores deseos a quienes han decidido no continuar y manifestamos nuestros parabienes a quienes han decidido continuar con este litigio hasta el final, entre quienes destacan los defensores de derechos humanos, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez”.
Consultada vía telefónica, López Paulino informó que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ofreció proyectos productivos desde el mes de febrero a las viudas y sobrevivientes, a condición de que se desistieran de la demanda que presentaron ante la CIDH.
El 25 de mayo por medio del desplegado emitido por el gobierno del estado se conoció de una de las reuniones que se habían venido dando ya por separado el grupo que aceptó los recursos.
López Paulino consideró que es entendible la posición de las viudas y sobrevivientes que aceptaron los proyectos productivos pues destacó que viven en extrema pobreza y requieren de ingresos para su familia, pero aclaró que hay otros que lo único que buscan es justicia, como Zamora Pardo y Cortés Chávez.
La división del grupo de viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco se da cuando existe un fuerte endeudamiento del organismo con instituciones bancarias a quienes solicitó créditos para financiar el costo de la demanda que alcanzó los 823 mil pesos. Según datos de la Red enfrentan adeudos con los bancos Inbursa, Santander y Banamex.

 

 

No hay investigación ni castigo a los culpables a 20 años de El Charco, dicen organizaciones

A 20 años de la masacre de El Charco, el gobierno mexicano ha permanecido “indiferente ante las ejecuciones extrajudiciales. No existe una investigación y mucho menos sanción para los responsables”, denunciaron este martes en la Ciudad de México líderes de organizaciones y el sobreviviente, Efrén Cortés Chávez.
El próximo 7 de junio se cumplirán 20 años de la masacre de El Charco, comunidad indígena na savi ubicada en Ayutla de los Libres, donde soldados del Ejército mexicano ejecutaron a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se anunció que el 6 de junio llegará a Chilpancingo una caravana que saldrá de la Ciudad de México, en la que se espera la participación del obispo Raúl Vera López, y partirá a la conmemoración de la matanza en El Charco.
En la conferencia, Efrén Cortés Chávez indicó que “el gobierno mexicano, a 20 años ha permanecido indiferente ante estas ejecuciones extrajudiciales.
“En Guerrero se encuentran entre 15 mil y 20 mil militares, la violencia ha trastocado todo y la militarización no está dando resultados de la supuesta seguridad. Es obvio que a alguien beneficia esto. Los pueblos tienen que defenderse para poder ejercer su derecho al territorio, a la educación; para luchar por la vida. Se revelan ante un Estado represor, que los lastima. Ellos no agredieron, el Ejército agredió en la masacre de El Charco y el pueblo se defendió”, indicó.
El sobreviviente estuvo acompañado de María Magdalena López, de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), y fray Julián Cruzalta, de Iglesias por la Paz.
“A 20 años de la masacre, nos pronunciamos contra la impunidad. Según el gobierno mexicano, no hubo violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, y es todo lo contrario. Hubo todo tipo de violaciones y humillaciones”, indicó María Magdalena López. (Guillermo Rivera / Ciudad de México).

 

Presenta la Red Década un informe con casos de violaciones graves a derechos humanos en el estado

A 12 años de su fundación, la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó el informe Memoria, verdad, justicia, reconciliación, en el que está el caso de la masacre de El Charco en Ayutla, el asesinato en Iguala del activista Arturo Hernández Cardona, la detención arbitraria de los hermanos del ex guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile y el homicidio del estudiante de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jorge Cortés.
Los casos fueron presentados en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación AC, ahí estuvo la hija de Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena quien lamentó que le tocó nacer en Guerrero, “en un estado mexicano opresor y asesino, ejecutor de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales”.
Arturo Hernández era dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y de la Unidad Popular (UP), fue encontrado sin vida el 3 de junio de 2013, después se supo que fue asesinado por el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Su hija recriminó que el caso de su padre está frenado por la impunidad con la que cuenta el ex alcalde incriminado por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Denunció que ella y su familia son víctimas indirectas del homicidio perpetrado por Abarca Velázquez, según lo dio a conocer en una declaración notariada el sobreviviente Nicolás Mendoza quien también corre peligro al ser desprotegido por el gobierno federal, él reveló que fue Abarca quien disparó contra Hernández Cardona.
En su testimonio dijo, “recuerdo a mi padre, Arturo Hernández Cardona como un defensor de derechos humanos, activista, siempre solidario con los grupos de magisterio, sindicatos mineros, agricultores, líderes de colonias, el día 30 de enero como miembro de la Unidad Popular se manifestó con un pliego petitorio, los activistas son sometidos a algún tipo de chantajismo, al gobierno no le gusta ningún tipo de protesta”.
Recordó que en 2013 su padre protagonizó una discusión con Abarca Velázquez porque pedía fertilizante para los campesinos, protestó en la Autopista de Iguala a finales de mayo y fue desaparecido junto a otros siete miembros de la UP, luego su cuerpo fue encontrado a las afueras de Iguala.
Reclamó que su padre ya había denunciado al ahora ex alcalde, al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores y a la directora del DIF y esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, por si algo llegaba a pasarle a él o a cualquier miembro de su organización. Además habían pedido la revocación de mandato ante el Congreso de Guerrero pero fueron ignorados.
Agregó que la desaparición de los normalistas fue sólo a un año tres meses después del asesinato de su padre junto a otros miembros de la UP, y es “sembrada” la verdad histórica de que los 43 estudiantes fueron incinerados en Cocula, “una de mis hermanas es perseguida en esos días de la desaparición y reiteradamente ha sido amenazada en ese periodo, las amenazas no cesan por parte del Estado mexicano”.
Dijo que su familia materna es de Cocula y las autoridades no les han brindado ayuda.
En la conferencia de prensa participaron la sobreviviente de la masacre de El Charco, Erika Zamora, la secretaria ejecutiva de la red, Magdalena López, el representante de Iglesias por la Paz, Fray Julián Cruzalta, la secretaria general del sindicato de trabajadores de La Jornada, Judith Calderón, el abogado de la organización, Ernesto Rodríguez Cabrera y la diputada perredista de la Asamblea del Distrito Federal, Beatriz Adriana Olivares.
Se presentó también el caso de los hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, indígenas nahuas originarios de Veracruz quienes fueron detenidos de manera arbitraria en enero de 2006, posteriormente arraigados, imposibilitados de defensa y violando su derecho al debido proceso y el juicio. Andrés fue reivindicado como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Además el caso del estudiante de Veterinaria de la UAG, Jorge Cortés Carmona quien fue desaparecido el 29 de octubre de 2017 y fue encontrado en una fosa clandestina el 7 de noviembre con huellas de tortura, era sobrino del sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés.