El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo informó que como parte del acuerdo que se tomó con el Ayuntamiento y la comisaría de El Ocotito, este 14 de agosto habrá elecciones en las 12 colonias del poblado para seleccionar los policías comunitarios de la organización y consejeros, mientras la seguridad de la localidad está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal y de la Policía Estatal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) les entregará papeletas a cada vecino para que elijan y después las coloquen en urnas.
Consultado vía telefónica, Alanís Trujillo mencionó que están en una tregua con el grupo que apoya al comisario Audifret Benítez Visoso, mientras se eligen a los nuevos integrantes de la Policía Comunitaria del FUSDEG.
Detalló que los 30 policías que tiene el comisario permanecen en la comisaría mientras que los 168 de ellos están en su base cuidando la comandancia y no cumplen con los puntos de control, tampoco atienden las quejas de los pobladores pues la seguridad quedó a cargo de las policías municipal y estatal.
Contó que este miércoles tuvieron otra reunión con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena y con el comisario Audifred Benítez, para definir las bases para las elecciones donde se definirá quiénes y cuántos policías comunitarios y consejeros habrá en El Ocotito.
Dijo que tienen que ser elegidos en asambleas de cada colonia o proponerse voluntariamente.
Cada uno tiene que identificarse con su credencial de elector y si no el presidente de la colonia y una representación de habitantes de la colonia ratificarán que vive ahí.
Precisó que ningún vecino de una colonia puede ir a votar a otra.
Cada policía y consejero debe de obtener un mínimo del 75 por ciento de aceptación de los vecinos para ser aprobado.
El 27 de julio en una conferencia de prensa, comisarios del valle de El Ocotito informaron que desaparecería la figura de coordinador del FUSDEG y que tomarían el control ellos y los comandantes del pueblo.
Al respecto Salvador Alanís dijo que ese anuncio no se va respetar, pues fue un acuerdo de la reunión que sostuvieron.
“No se va a respetar porque no está cumpliendo con el reglamento del FUSDEG, lamentablemente estos comisarios que firman el documento, el cual ni siquiera conocen el reglamento del FUSDEG, no conocen que no es el procedimiento adecuado de como se puede desconocer a un coordinador de seguridad municipal, porque un coordinador no nada más coordina el pueblo, si no todo el municipio. El FUSDEG cuando se forma trae un reglamento”, explicó.
Agregó que primero se van a elegir a los policías comunitarios y los consejeros, después la conformación de la estructura con los comandantes de pueblo, comandantes municipales, posteriormente se hará una asamblea donde se cambien a los coordinadores.
Abundó que incluso los coordinadores ya tuvieron que haberse cambiado, pues dijo que ese cargo es de dos años, a tres años máximo, que en su caso ya lleva dos.
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Pacta una tregua el grupo del FUSDEG y el del comisario del Ocotito, informa el Ayuntamiento de Chilpancingo
El Ayuntamiento de Chilpancingo en un boletín de prensa informó que el comisariado y representantes del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) del Ocotito, con la intervención de funcionarios municipales y del gobierno del estado, pactaron una tregua de 15 días luego de la disputa que mantienen por el control de la seguridad en la comunidad.
Los policías comunitarios de ambos grupos se concentrarán, uno en la base del FUSDEG y el otro en la comisaría municipal, y ninguno podrá hacer actividades de vigilancia, ni estar armados, se detalló el comunicado.
Antes de que se hiciera la rotación del comisario en la comunidad, se observó la división entre el FUSDEG y el grupo que encabeza el comisario, pues cada uno mostró sus policías comunitarios.
El miércoles en conferencia de prensa, 12 comisarios del Valle del Ocotito, entre ellos Audifred Benítez Visoso, dieron a conocer que desaparecía la figura del coordinador del FUSDEG, y quien tomaría el control serían los comisarios, motivo que desató una confrontación entre ambos grupos.
En el boletín el Ayuntamiento capitalino informó que firmaron una minuta de acuerdos con ambas partes.
En la reunión además del presidente de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, estuvo el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, para llegar a un acuerdo y de lugar al desarrollo de la depuración de consejeros y policías comunitarios de Ocotito, se informó en el documento.
En el escrito se dio a conocer que las partes “se comprometieron a respetar la tregua de 15 días, la cual inicia a partir del próximo jueves a las 3 de la tarde, durante la llegada de los elementos de seguridad, esto durante los trabajos que se desplegarán en campo, así como en el gabinete, para elaborar el proyecto y las bases que conlleven a una adecuada depuración de los consejeros y policías comunitaria. Donde las actividades de vigilancia y seguridad durante el periodo de tregua, quedará bajo la responsabilidad de la Policía Municipal de Chilpancingo y de la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado”.
Durante el periodo de tregua quedarán suspendidas las asambleas públicas y eventos masivos que sean riesgo para los habitantes de la localidad.
En el escrito se aclaró que, “no obstante los dos bandos podrán realizar actividades de carácter informativo en casas particulares sin llegar a actos masivos, y sin que coincidan en la misma colonia, esto a efecto de evitar alguna confrontación”.
También que podrán nombrar a un comisionado, que estará acompañado de un observador de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), con el fin de hacer visitas al Ocotito durante los 15 días de tregua, para monitorear e informar diariamente a las autoridades sobre los avances de los trabajos de depuración y comportamiento de ambos grupos.
“Previo a esta reunión, el comisario de la comunidad de El Ocotito, Audifred Benítez, así como el representante del FUSDEG, Silvestre Plancarte, manifestaron su disposición de continuar por la ruta del diálogo para solucionar la diferencia de opiniones en torno al sistema de seguridad implementado en su localidad”, se informó en el documento.
No asiste el alcalde en Tierra Colorada a la reunión con autoridades comunitarias
El presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, dejó plantados ayer a integrantes del Frente Ciudadano de Tierra Colorada y promotores del Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) con quienes se reuniría para coordinarse y atender la seguridad en el municipio.
El pasado viernes vecinos de Tierra Colorada bloquearon la Autopista del Sol y protestaron casi cinco horas en distintos lugares del municipio en contra del alcalde perredista Leyva Muñoz, quien se ha negado a dialogar con la Policía Comunitaria del FUSDEG que brinda seguridad en la zona.
Ese día los habitantes acordaron con el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas, la reunión de ayer a la que asistiría el alcalde perredista, para atender las demandas del FUSDEG.
A las 12 del día llegaron promotores del FUSDEG, funcionarios del Ayuntamiento de Tierra Colorada y el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas al restaurante de Tierra Colorada para iniciar la reunión. Los promotores del FUSDEG se quejaron porque el presidente municipal no acudió a la reunión en la que sólo estuvieron funcionarios del Ayuntamiento.
Ahí, los promotores de la organización decidieron no reunirse con los funcionarios municipales porque el acuerdo era que el alcalde estaría presente.
En conferencia de prensa en el restaurante, la promotora del FUSDEG, Ruth Delgado, informó que se reunieron con el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas, en la que acordaron reunirse ayer con el alcalde Leonel Leyva Muñoz.
Comentó que el secretario de gobierno del Ayuntamiento de Tierra Colorada, Filegonio Meza García, le informó que el presidente municipal no acudió a la reunión porque tuvo una indigestión.
“Ya estaba acordada la reunión con el alcalde para atender las demandas del FUSDEG y coordinarnos, lo que consideramos una burla por no atendernos”, declaró.
Dijo que a cinco meses de la administración de Leyva Muñoz, no hay coordinación para atender las demandas de seguridad en el municipio.
A la conferencia de prensa asistió el integrante del Frente Ciudadano de Tierra Colorada, José Baudelio Sánchez Ramos.
Por otro lado, a la reunión acudieron comisarios de Tlayolapa, Michapa y El Puente, quienes se quejaron porque el Ayuntamiento les pide que paguen 60 pesos para el transporte del fertilizante, aún cuando este apoyo es gratuito.
Los comisarios solicitaron la intervención del director de Gobernación estatal, Jesús Vargas, para atender el problema del cobro del transporte del fertilizante.
Ninguna empresa se instaló en El Ocotito pero hay 29 terrenos vendidos en el Parque Industrial
El director del Fideicomiso Guerrero Industrial (Figuein), Erik Humberto Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal detectó “faltantes” en las finanzas del Organismo Público Descentralizado que tiene bajo su responsabilidad en el Parque Industrial del valle de El Ocotito.
En sus oficinas del edificio Nafinsa en Acapulco el funcionario estatal expuso que de las nueve empresas para las que el gobierno estatal pasado anunció como sede del Parque, incluidas la ensambladora Hyundai y Jumex, sólo se mantienen dos de ellas: Blancos Sampedro y Harigro.
El gobierno anterior estuvo encabezado por Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD pero tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue defenestrado y en su lugar fue nombrado el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez, quien entró en funciones el 26 de octubre de ese año.
Ayer el funcionario señaló que el anterior director del organismo, Julián López Galeana no consultó al máximo organismo administrativo del Figuein para rentar o vender las naves industriales del inmueble, por lo que no existe un aval para las empresas que supuestamente se habían instalado, pero que tampoco se encuentran en funcionamiento, porque nunca hubo infraestructura para alojarlas.
“Hay 29 terrenos vendidos por la administración pasada pero ninguna empresa se ha instalado”, dijo el funcionario, quien tomó el cargo el 15 de noviembre pasado.
Se le preguntó qué había pasado con la ensambladora de autos Hyundai, empresa que sería proveedora de los autobuses para el Acabús y respondió: “se fueron molestos porque no se les atendía en la seguridad”.
Detalló que la ensambladora dejó de trabajar durante el gobierno pasado “por la inseguridad”, sin embargo añadió que ahora buscan que vuelva porque “es totalmente seguro, está muy vigilado y hay tranquilidad en su interior”.
Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal continúa la revisión a las cuentas del OPD para conocer las cantidades “que hicieron falta”.
Añadió que “encontramos en números rojos (…) no sabemos la cantidad exacta pero ya la Contraloría se está haciendo cargo”.
Mencionó que la Contraloría detectó faltantes de recursos federales porque el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) hizo aportaciones y durante el año pasado no hubo comprobaciones del gobierno estatal.
Acotó que López Galeana no consideró el aval de “la junta” encabezada por el gobernador y los secretarios de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Social y Contraloría, para “pedir autorización” pues su visto bueno se requiere de manera obligada “para cualquier adquisición, venta, renta de predios”.
“Hubo irregularidades de la administración anterior del Parque porque no pidió autorización en el 2015 y el año pasado la Junta no sesionó. Esa es una de las observaciones que hace la Contraloría (…) Mediante el Inadem, son comprobaciones que no se hicieron durante 2014 y el año pasado”, detalló.
Explicó que desde su toma de protesta al frente del Figuein se ha reunido “poco a poco” con los empresarios que adquirieron lotes en el Parque para que se asienten en Guerrero, pues no lo han hecho.
Dijo que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contribuye en la seguridad del valle de El Ocotito porque “les conviene la instalación de empresas para que haya fuentes de empleo”.
El crimen organizado se disputa el mercado central de Chilpancingo, informa el alcalde
El alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena dijo que presume que el crimen organizado está dentro del mercado central porque “tenemos antecedentes que ha habido crímenes pasados, cobros alternos, no se puede permitir que en el mercado existan gobiernos paralelos, y entonces en este tipo de situaciones, un grupo y otro grupo trata de ingresar al mercado, otros defienden lo que ya tienen, (y) otros quieren entrar”.
“De alguna manera nosotros hemos estado platicando con todos los liderazgos de ahí para poder poner orden, creo que también se han dado situaciones en la cual esos intereses son intereses de carácter criminal y de intereses que muchas veces están en una tensión permanente, la idea es que nosotros platiquemos directamente con los líderes de los comerciantes y encontrar una salida, una salida que nos haga recuperar el espacio público del mercado”.
De los comerciantes que golpearon a un asaltante el sábado en el área de venta de naranjas, a un costado de las instalaciones, dijo que el mercado representa intereses y que ha platicado con líderes de los comerciantes para resolver estos problemas.
Agregó que la justicia no puede tomarse por mano propia y que debe coordinarse adecuadamente.
Aseguró que el mercado necesita una base de la Secretaría de Seguridad Pública municipal que esté todos los días haciendo rondines en distintos horarios, pero aseguró que en el mercado sí hay vigilancia aunque no de manera permanente.
Agregó que reordenarán esa central de abasto porque cada vez crece más el ambulantaje y que eso representa un problema para los ciudadanos que no pueden ingresar, además perjudican a los vendedores establecidos.
En cuanto a qué va a hacer con los ambulantes dijo que los van a “alinear”.
El presidente municipal reveló que además ya abrieron tres convocatorias para integrar más elementos policiacos de “calidad”.
Expuso que hasta ahorita de 40 aspirantes a policías solamente han aprobado 15 y que están haciendo las certificaciones federales.
Del primer aniversario de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de Petaquillas, dijo que es respetuoso de la organización pues ha coadyuvado a bajar los índices delictivos, pero que se deben de ajustar al marco del derecho y la normatividad.
“Yo los invito, como siempre los he invitado, a que sean parte precisamente de la regularización, no pueden andar diversos ciudadanos armados, que de repente exista una balacera y nadie es responsable de la muerte de alguna persona”, expresó el alcalde.
Expuso que junto con el FUSDEG y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) construye una agenda social en materia policiaca.
Tronarán una carretera si el gobierno no halla al desaparecido, advierten en Zotoltitlán
El martes en la noche en una asamblea en la comunidad nahua de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan, se acordó dar un plazo de tres días al gobierno del estado para que encuentre al campesino Antelmo García, desaparecido el 20 de enero.
También se acordó quitar dos retenes rumbo a Apango, sólo mantendrán el que está rumbo a la comunidad La Esperanza.
La noche del martes los vecinos acordaron que si en estos tres días el gobierno del estado no encuentra al campesino desaparecido, “tronarán” (es decir, destruirán) la carretera de Zotoltitlán a La Esperanza, que une las cabeceras de Apango y Zitlala, por donde entran los grupos de la delincuencia organizada.
Ayer se sintió una tensa calma en Zotoltitlán y se observó que quitaron los dos retenes en la entrada del pueblo que instalaron el domingo sobre la carretera a Apango.
La Policía Estatal y Municipal en tres patrullas, dos de la primera corporación y una de la segunda, recorrieron el pueblo y la carretera Apango-Zotoltitlán.
Vecinos del poblado informaron que en la mañana vieron sobrevolar dos helicópteros, mientras que la Policía Estatal con perros amaestrados recorrió los cerros en busca del campesino, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.
El campesino Antelmo García desapareció el 20 de enero después de que salió a las 11 de la mañana de su casa al campo.
Los vecinos lo buscaron desde el jueves 21 con el apoyo de campesinos de La Esperanza, sin conocer su paradero.
El domingo 24 de enero los vecinos armados con escopetas, machetes y palos instalaron retenes en las entradas y salidas de Zotoltitlán, porque creen que el campesino desaparecido sigue retenido cerca del pueblo.
Ese día auxiliados por la presidenta municipal del partido Movimiento Ciudadano, Felícitas Muñiz Gómez, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, y el lunes la alcaldesa se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien le ofreció el respaldo del gobierno estatal para localizar al campesino e intervino para que se reuniera también con el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
Por la intervención del gobierno estatal el martes en la noche unos mil vecinos se reunieron en la comisaría municipal y acordaron quitar los retenes que mantenían en la salida del pueblo rumbo a la cabecera municipal, y dar un plazo de tres días a partir de ayer para que el gobierno encuentre al campesino desaparecido.
En caso de no tener resultados volverán a tomar medidas, una de las propuestas es “tronar” el tramo de la carretera La Esperanza-Zotoltitlán.
La Esperanza es una comunidad del municipio de Mártir de Cuilapan, se encuentra en un punto intermedio entre Zitlala y Zotoltitlán.
Ayer los habitantes se mantuvieron reacios a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Sin embargo algunos vecinos a condición de que no fueran citados como fuente, dijeron que, “los chicos malos están llegando a hacer males a la comunidad”, ya que son desplazados de los municipios de Chilapa y Zitlala, “y aquí no los vamos a dejar llegar”.
Antes de la desaparición del campesino Antelmo García el 20 de diciembre, el campesino Barrios Cuatzinque fue hallado degollado a orillas de la carretera, lo que fue una alerta para los vecinos de La Esperanza, Hueyitlalpan y Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan.
El desaparecido es activista por la conformación de una policía comunitaria
El desaparecido es un activista que desde hace un año participa en la conformación de una policía comunitaria, pero los vecinos no habían decidido si incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Sus vecinos dicen que, “es un señor tranquilo y sin vicios, que se dedica a chambear en un invernadero de jitomate que tiene cerca de la comunidad”.
El Ayuntamiento informó que 34 policías estatales a bordo de seis patrullas participan en la búsqueda del campesino, así como agentes municipales en una patrulla.
La fuente municipal confirmó que la mañana de ayer sobrevolaron dos helicópteros del gobierno del estado para sumarse a la búsqueda de Antelmo García, y al mediodía elementos de la Policía Estatal con perros amaestrados recorrieron los cerros cercanos, pero hasta las 8 de la noche no tenían resultados.
Bloquean en Tierra Colorada la carretera federal a Acapulco; exigen que el FUSDEG libere a un detenido
Unos 200 pobladores de comunidades del sur y el oriente de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) marcharon y bloquearon totalmente durante tres horas la carretera federal México-Acapulco para exigir que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) libere al inspector de la Dirección de Reglamentos, Feliciano Cayetano.
El inspector, originario de la comunidad de Tepehuaje, fue detenido el jueves por los policías comunitarios, acusado de desprestigiar al FUSDEG con los locatarios del mercado municipal, señaló el comisario de Tepehuaje, Pedro Hernández Loeza, quien aseguró que el detenido no cometió ningún delito.
El comisario dijo que desde que fu
e detenido han intentado hablar con la Policía Comunitaria para que lo liberen y lo que les contestan es que ya le encontraron más delitos y que eso impide que lleguen a un acuerdo para su liberación.
Además aseguró que él metía las manos por Feliciano Cayetano, “porque es mi gente”.
Pedro Hernández manifestó que las comunidades que estaban presentes no formaban parte del FUESDEG porque no les gustó como trabajaba.
“No nos gustó porque actuaron mal, fueron a mi pueblo y actuaron mal y mi pueblo ya no quiso hacer esa policía”, expresó.
Contó que un joven fue sacado de su casa y lo detuvieron sin tener una orden de aprehensión.
Y que ante la detención del funcionario convocaron a una marcha “pacífica” para exigir su libertad.
Antes de que comenzara la marcha, en
el arco de donde salieron se encontraba el presidente municipal, Leonel Leyva Muñoz hablando con los marchistas, dijo que porque vivía ahí, pero que no acudiría a la marcha.
Los inconformes portaban pancartas en las que se leía: “Fuera consejeros del FUSDEG, exigimos cambio”, “Señor gobernador pedimos su intervención para frenar el abuso de la comunitaria”, “El Tepehuaje exige a la comunitaria libertad para Feliciano”, “Libertad y justicia para el señor Feliciano”.
Los manifestantes marcharon del arco de entrada a Tierra Colorada hasta la base del FUSDEG en la colonia San José, en la carretera federal México-Acapulco, donde también gritaron consignas como: “El pueblo unido jamás será vencido”, “cambio de consejeros”, “fuera los corruptos del FUSDEG”.
Desde las 12:50 del día bloquearon la carretera como parte de la protesta.
Posteriormente fue recibida una comisión de tres personas, entre ellas el comisario de Tepehuaje, para dialogar con el coordinador Marcelino Tacuba Castro.
Mientras se llevaba a cabo la reunió
n, los manifestantes no dejaron de gritar consigas.
Posteriormente salió el coordinador a hacer un llamado para que no se confrontaran con los policías comunitarios, y que actuaran con madurez y respeto.
“Lamentamos enormemente que la gente se deje influenciar por personas que no están buscando precisamente la cordialidad”, expresó.
Además, abundó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) ya se había comunicado con ellos porque el detenido habló vía telefónica para informarles que le estaban dando un trato inhumano, pero que eso era mentira.
Por lo tanto la Codehum no vio necesario acudir a Tierra Colorada a verificarlo, porque dijo que conocen el trabajo del FUSDEG.
Le recordó a la población cómo estaban antes de que existiera la Policía Comunitaria, “pagaban cuotas y andaban temerosos”, y que ahora que existe el FUSDEG es distinto.
Mientras que el juez cívico calificador del Ayuntamiento, Luis Enrique Urióstegui Hernández tomó un megáfono e insistió en q
ue les dijeran por qué estaba detenido su compañero, quien ya llevaba tres días privado de su libertad y desconocían el motivo.
Además reprochó que no están de acuerdo con la coordinación que preside la Policía Comunitaria porque no ha sido democrático y que si querían en ese momento se dirigían a una cancha a elegir nuevos consejeros.
A las 3:20 de la tarde la comisión salió para informar que ya habían llegado a un acuerdo, y que hoy a las 5 de la tarde sería liberado Feliciano Cayetano.
Los pobladores y familiares se quejaron porque querían ver libre al inspector en ese momento y porque no se levantó u
n acta donde se firmara el compromiso.
Después ingresaron otra vez a la sede de la comunitaria para continuar dialogando, sin embargo, familiares del detenido quisieron pasar pero los comunitarios no los dejaron.
Los pobladores comenzaron a reprocharles a gritos que los dejaran entrar porque tenían derecho, mientras que los comunitarios en el mismo tono insistían que no podían entrar.
Esto provocó que por un momento pobladores y policías, hombres y mujeres, se agarraran a golpes.
Otra vez la comisión salió y nuevamente informó que el acuerdo era que hoy lunes lo liberarían a las 5 de la tarde, y que no se firmó un documento porque fue “un compromiso de palabra de hombre”, y que además aún no terminaban las investigaciones.
El coordinador expuso en una entrevista que el funcionario estaba acusado de difamación, pese a que legalmente este cargo ya no se tipifica, pero que dentro de los usos y costumbres todavía es algo perjudicial, “sobre todo cuando lo hacen en contra de personas que le están dando seguridad al pueblo de manera gratuita”, aseveró.
También manifestó, “el señor en su investidura como empleado del Ayuntamiento se ha encargado de
decir muchas mentiras en contra de la Policía Comunitaria y en el caso del sector ambulante les invita a que no hagan su aportación”.
Aportación que dijo, piden porque desde la administración pasada el Ayuntamiento se comprometió a apoyarlos pero no lo ha hecho.
Hoy también convocaron al secretario general del Ayuntamiento, Filogonio Meza porque según declaró el detenido, es él quien le da instrucciones.
Es por intereses políticos la intención del FUSDEG de detenerlo, dice Crescenciano Ramírez
El ex promotor del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Crescenciano Ramírez López denunció que hay intereses políticos y de no transparentar los recursos económicos que recibe del gobierno estatal y federal el movimiento, motivo por el cual pretenden detenerlo.
Consultado vía telefónica, Ramírez López dijo que en la asamblea del FUSDEG que se llevó a cabo la noche del sábado en Petaquillas hubo acarreados, quienes votaron para su detención y “no asistieron los verdaderos integrantes de la asamblea de Petaquillas”.
Comentó que dentro del movimiento hay intereses políticos, porque hay consejeros de Petaquillas y Juan R. Escudero que están afiliados al partido Morena y pretenden participar en las elecciones de 2018 para algún cargo público apoyados por el FUSDEG, lo cual es una falta para el movimiento.
“No es posible que el movimiento lo entreguen a un instituto político por intereses, el movimiento es del pueblo y no de un partido político y no podemos utilizarlo con este fin”, declaró.
Agregó que otras de las irregularidades de la estructura del FUSDEG es que en las asambleas no informan de las actividades que realizan y del dinero que reciben del gobierno, “nosotros no podemos permitir que estén realizando esta faltas que he denunciado, (y) por lo cual pretenden detenerme”.
Ramírez López asegura que en la asambleas “acarrean gente, los policías comunitarios piden a la población que se queden y no hablen durante la reunión y si lo hacen serán detenidos”.
Ramírez López explicó que para determinar la estructura, perseguir o dictar sentencia para un detenido debe de haber un procedimiento, “pero ellos se están acelerando para que me detengan, lo que refleja su descaro, sus errores, pero sabemos que hay intereses dentro del movimiento”.
“Parece que les estorbamos en algunos intereses, en algunas cosas, pero tienen que transparentar, cuando se lleve a cabo este proceso daré la cara y seguiremos luchando para fortalecer el movimiento”, expresó.
Crescenciano Ramírez mencionó que no tiene alianza con el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes (CETIG), Juan Mendoza Tapia, de lo cual lo han acusado los integrantes del FUSDEG.
Plantea Bruno Plácido que la UPOEG deje sus funciones de seguridad y vuelva a la gestión
A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.
Las ocho mesas de trabajo de la asamblea
Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.
De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor
En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.
Diálogo y respeto, piden
coordinadores
El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.
El ministerial quiso agredir con su arma al comunitario y se defendió, explica el FUSDEG
El comandante municipal del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en Tierra Colorada, Maximino Alejo Prudencio, informó que el policía ministerial intentó agredir con su arma al policía comunitario sólo “porque se veía sospechoso” pero éste se defendió disparando al ministerial en dos ocasiones. Los hechos ocurrieron el sábado en la comunidad de Mazatlán, municipio de Chilpancingo.
Consultado por teléfono, Alejo Prudencio reveló que el policía ministerial Margarito García Marqués pretendía detener con su arma y de manera agresiva al policía comunitario pero éste se defendió y le disparó; el ministerial recibió dos disparos, uno en la cabeza y el otro en el cuello. El herido fue trasladado al Hospital General Raymundo abarca Alarcón para recibir atención médica, y hasta ayer estaba grave.
El comandante de la FUSDEG declaró que “el ministerial llegó de manera agresiva con su arma para agredir a nuestro compañero, pero no pensó que es comunitario y se defendió”. Descartó que el policía comunitario halla atacado al policía ministerial.
Fuentes ministeriales informaron que la tarde del sábado, el policía ministerial Margarito García Marqués resultó herido de bala tras ser atacado por un policía comunitario del FUSDEG.
Por otro lado, luego que el domingo integrantes del FUSDEG presentaron en la comandancia en Juan R. Escudero (Tierra Colorada) al chofer de la ex panista y ahora perredista Nelly Pastrana Santaella, Alejandro Martínez Carbajal detenido por el delito de robo de un taxi y de 13 mil pesos, Alejo Prudencio informó que mantendrán retenido al chofer para ser reeducado y no lo entregarán a las autoridades correspondientes, “porque los liberan a los detenidos, como el caso de Alberto Adame Aguirre y a su hijo Rodrigo Adame Navarrete que los detuvimos el martes en Xolapa, Acapulco por el robo de una camioneta, el intento de homicidio de un arquitecto y los entregamos a la fiscalía y nos informaron que ya los liberaron”.
El domingo, integrantes del FUSDEG presentaron en la comandancia en Juan R. Escudero, al chofer de la ex panista y ahora perredista Nelly Pastrana Santaella, Alejandro Martínez Carbajal detenido por el delito de robo de un taxi y de 13 mil pesos, quien además ya había sido detenido anteriormente por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.