Ejecutan en Chilapa a tres hombres del Cipog-EZ; uno denunció a criminales ante AMLO

El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres

Luis Blancas

Chilpancingo

Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.

Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora

El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.

Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha

El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.

La Codehum condena el triple asesinato

La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.

Tiene detenido el Cabildo de Chilapa el proceso de separación de Buena Vista de las Pilas, acusan

Desde abril de 2016, el Cabildo de Chilapa tiene detenido el trámite de la separación de la comunidad de Buena Vista de las Pilas y su incorporación al municipio de José Joaquín de Herrera, informó el gestor de la comunidad, Felipe Huitzilac García. El pueblo se encuentra a una hora y media de recorrido desde la cabecera municipal, en los límites de Chilapa con Hueycantenango.
Huitzilac García explicó que, desde abril del año pasado el Cabildo de Chilapa no le ha dado trámite a la solicitud de segregación de su comunidad de ese municipio y su incorporación al municipio de José Joaquín de Herrera. Recordó que desde 2012 la solicitud llegó al Congreso del estado, y que en la reciente legislatura les informaron que el cabildo de Chilapa tiene que hacer nuevamente el trámite, una vez que haya de nuevo aprobado la separación.
Acusó que el mismo alcalde priista de Chilapa, Jesús Parra García ha expresado que no acepta la separación de esa comunidad de Chilapa aunque, paradójicamente, a las autoridades comunitarias no las han atendido en la secretaría de Obras Públicas, argumentando que Buena Vista de las Pilas pertenece a Hueycantenango.
Según pobladores, la última obra en la comunidad fue una cancha que el mismo pueblo construyó en 1996, en el trienio del aguirrista Saúl Acevedo Dionisio.

La violencia se agudizó en su administración, reconoce el alcalde de Chilapa

El alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, del PRI, admitió que los hechos de violencia y la inseguridad se han agudizado durante su administración.

Consultado al concluir el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana, sobre la reunión que tuvo con agentes de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) el pasado 4 de noviembre en la sala de Cabildo, el alcalde dijo que se trató el problema de la inseguridad y que les informó de todas las situaciones que se están viviendo en el municipio.
“De manera clara y transparente le informamos todo (a los representantes de la ONU) de Seguridad Pública”.
Aseguró que no hubo alguna observación ni recomendación a su gobierno sino que fue una plática y una entrevista.
Agregó que informaron de todas las acciones del gobierno y el trabajo que hacen.
Sobre la ayuda que el Ayuntamiento municipal brinda a los familiares de las víctimas de desaparición en el municipio, el alcalde dijo que están apoyando de forma muy humilde de manera económica, sin especificar el monto, y con despensas a más de 40 familias.
Acerca de que si considera que el municipio de Chilapa pudiera ser declarado zona de crisis humanitaria por los altos índices delictivos como lo promueve el colectivo Siempre Vivos, que aglutina a familiares de personas desaparecidas, el presidente municipal lo negó.
“Es un tema que las autoridades correspondientes y los órganos de derechos humanos tendrán que determinar; hay que decir que son tiempos de crisis, tiempos de adversidad, muy complejos, me ha tocado gobernar en los tiempos más difíciles de Chilapa” manifestó.
“Traigo voluntad política, la he manifestado trabajando y estando pendiente en el municipio y son lamentables todos los hechos que han pasado durante todo este tiempo y que son hechos que han venido desde 2015, que se han agudizado también en mi administración, lo tenemos que admitir”.
Confió que la crisis se podrá superar de manera gradual con la concurrencia del gobierno federal por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal (PF), así como con la Policía Estatal y municipal.
A pregunta expresa Parra García respondió que ha girado oficios al gobierno estatal y federal para reforzar la seguridad pública en las fiestas decembrinas que inician el 1 de diciembre, especialmente en la verbena del 1, el certamen de belleza el 8 de diciembre y el baile popular el 12 de diciembre.

 

 

Hallan ejecutados al secretario de Obras Públicas de Chilapa, a su chofer y a su escolta en Tixtla

El secretario de Obras Públicas de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, su chofer y su escolta fueron asesinados y hallados semidesnudos, uno estaba envuelto en una bolsa de plástico negro en la orilla de la carretera del viejo libramiento de Chilpancingo a Tixtla.
Los tres fueron levantados hace diez días en la carretera Chilapa-Chilpancingo, cerca de la comunidad de Ojitos de Agua municipio de Tixtla.
Con este hecho en la capital suman 152 ejecuciones en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento del periódico El Sur.
Después de más de 10 horas del hallazgo, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que los cuerpos pertenecían a esos tres hombres.
A un lado de los cadáveres había un narcomensaje que decía, “Esto les va pazar a todos los contraz. Atentamente: Los Jefes”.
Según fuentes de la FGE el hallazgo fue a la 1:20 de la madrugada del jueves, los cuerpos estaban atados de las manos en el basurero en el kilómetro 5 del libramiento. Los policías municipales y estatales no hallaron casquillos.
Una víctima vestía ropa interior y tenía la cabeza envuelta con una bolsa de plástico con rayas blancas y negras, otra tenía los pantalones abajo de las rodillas y estaba vendada de los ojos, la tercera estaba envuelta con una bolsa negra, tenía huellas de tortura y heridas en el cuello hechas por arma punzocortante.
Al basurero llegaron policías ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la FGE elaboraron las diligencias correspondientes y los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia.
Una fuente de la Fiscalía informó que alrededor de las 11 de la mañana acudieron familiares de Jiménez Parra, de su chofer y su escolta al Semefo para reclamar sus cuerpos.
El 23 de agosto, el secretario de Obras Públicas de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, su chofer y un policía municipal que era su escolta fueron levantados aproximadamente a las 4 de la tarde en Tixtla.
El funcionario municipal viajaba en una camioneta oficial Chevrolet blanca que manejaba su chofer, Domitilo Castorena Meza, fueron interceptados por hombres armados en el tramo entre Ojitos de Agua y Plan de Guerrero.
En la tarde en un boletín de prensa el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que el presidente municipal priista de Chilapa, Jesús Parra García identificó “los cuerpos de Parra Jiménez, y los de Antonio N y Domitilo N, chofer y escolta del funcionario municipal respectivamente, desaparecidos el pasado 23 de agosto”.
Álvarez Heredia dijo que “desde el día en que se reportó la desaparición de las tres personas, la Fiscalía General del Estado inició de oficio una carpeta de investigación, misma que se actualiza ahora por el delito de homicidio calificado”.

Tercer funcionario de esta administración de Chilapa asesinado

José Luis Jiménez Parra es el tercer funcionario de la administración actual que es asesinado.
El 16 de julio, hombres fuertemente armados asesinaron a balazos al regidor priista del Ayuntamiento de Chilapa, Miguel Ángel Salmerón Nava, e hirieron de gravedad a dos de sus acompañantes en una emboscada en la carretera de Tixtla a Plan de Guerrero, a unos 300 metros del basurero municipal.
En mayo, el director de Gobernación del Ayuntamiento de Chilapa, Miguel Andraca Eligio fue asesinado a balazos cuando comía en un restaurante en el centro de Chilapa, a dos cuadras de donde se hacía un festejo del Día del Maestro el cual era resguardado por decenas de policías federales, militares, policías estatales y municipales.
En otro caso, en mayo del año pasado, el primer candidato priista a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue ejecutado a balazos por un comando armado sobre la carretera Atzacoaloya-Chilapa cuando regresaba de una gira de campaña.

Hallan dos cuerpos desmembrados en bolsas de plástico en una calle céntrica de Chilapa

Los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron hallados la mañana de este domingo en una calle céntrica de la ciudad de Chilapa.
Según reportes policiacos, antes de las 6 de la mañana fueron halladas al menos seis bolsas negras de plástico con pedazos de cuerpos mutilados y una bolsa pequeña azul con ropa en la calle 7 Poniente, cerca de la avenida Revolución. Además cuatro partes de los cuerpos estaban sobre el pavimento.
El lugar fue resguardado por la Policía Municipal y Ministerial, que después de 30 minutos del hallazgo trasladaron los cuerpos al velatorio del panteón municipal habilitado como Servicio Médico Forense (Semefo) de la agencia del Ministerio Público de Chilapa, para después trasladarlos al Semefo de la capital del estado.
Hasta la tarde de ayer, se desconocía la identidad de las víctimas y según fuentes ministeriales uno de los cuerpos tendría 35 años y el otro unos 25; los dos con el cabello rapado.
El lugar de los hechos está a una cuadra de la catedral sobre la avenida Revolución; a dos cuadras de la casa del ex alcalde priista Francisco Javier García González, y a cuatro cuadras de la del actual alcalde priista Jesús Parra García.
Cuatro días antes, en los primeros minutos del miércoles 20 de enero, fueron hallados dos cuerpos, uno quemado y otro calcinado en la cajuela de un Tsuru blanco sin placas en la calle 24 Sur del barrio de San Juan, cerca del panteón viejo.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Rodríguez Alcocer de 58 años, de profesión ingeniero, y Justino Jaimes Hernández de 42, de oficio transportista.
El jueves 21 de enero, la cabecera municipal estuvo blindada por soldados del Ejército, Marina, policías federales, estatales, ministeriales y municipales por la visita de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional que sesionaron en un  local del centro de la ciudad, sobre la avenida Revolución, a tres cuadras de donde ayer fueron tirados los cuerpos.
En esa reunión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la militarización de la región y la instalación de un cuartel del Ejército cerca de Chilapa, ante la imparable ola de violencia; además del envío inmediato de soldados a Zitlala, Teloloapan y Chilapa, en este último municipio se han registrado 57 desaparecidos en 2014 y 2015.
En 2016 según un recuento de El Sur, nueve personas han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en Chilapa y sus alrededores.
Entre los homicidios registrados está el hallazgo de un cuerpo semienterrado en una fosa clandestina en la comunidad de Ajacayán, un policía estatal calcinado en su vehículo en el pueblo de Lodo Grande, un taxista calcinado dentro de su unidad en la comunidad de Tepehuixco, un taxista asesinado a balazos en un sitio de Urvan en Chilapa y un joven muerto con un arma blanca dentro de su casa en la avenida Municipio Libre.
Además fueron hallados dos cuerpos calcinados y quemados el 21 enero en el barrio de San Juan y dos cuerpos mutilados encontrados ayer.
Hasta ayer, el gobierno municipal priista de Jesús Parra García no había fijado una postura ante los hechos de violencia.
Sin referirse a qué hecho, el Ayuntamiento difundió un texto de 17 palabras: “En torno a los hechos ocurridos hoy por la mañana, las autoridades correspondientes están atendiendo la situación”.
Sin información de las autoridades, los vecinos de Chilapa se enteraron del hecho en portales informativos y redes sociales como Facebook, Twitter y la aplicación Whats App.

Encuentran calcinado a un policía estatal en Chilapa; fue levantado el jueves

El cuerpo calcinado de un agente de la Policía Estatal que fue levantado el jueves en Chilapa fue encontrado en un vehículo incendiado a las afueras de esa cabecera municipal.
Según fuentes policiacas, a las 5 de la mañana las autoridades recibieron una llamada anónima que reportó un vehículo incendiado en Lodo Grande, cerca del panteón de Chilapa.
A las 9 de la mañana acudieron policías estatales y ministeriales y hallaron un automóvil incendiado marca Volkswagen tipo Derby, con placas LRR-28-81, y adentro encontraron un cuerpo calcinado.
Una fuente de la Policía Ministerial informó que la víctima era el policía estatal Odilón Solís Parra de 35 años, originario de Acatlán, quien fue levantado el jueves en la pozolería El Fuerte, en Chilapa.
Al lugar acudieron policías estatales, ministeriales y militares que resguardaron el lugar mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacían las diligencias.
Los restos fueron trasladados a una funeraria en Chilapa y después fueron entregados a sus familiares para sepultarlo.
La mañana del jueves el suboficial de operaciones de la Policía Estatal, Abdón Castrejón Legideño asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Chilapa, luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó al alcalde, Jesús Parra García, destituir al anterior jefe policiaco, Juan Suástegui Epifanio.
En ese municipio han ocurrido distintos hechos de violencia, el 2 de enero tras una denuncia anónima la Policía Municipal encontró una fosa clandestina en el panteón de Ajacayán, al norte de la cabecera municipal de Chilapa, donde había un cuerpo semienterrado el cual era devorado por animales.

 

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

Por orden de Astudillo, removió el alcalde de Chilapa hace ocho días al secretario de Seguridad, revelan

 

Desde hace una semana, el secretario de Seguridad Pública de Chilapa, Juan Suástegui Epifanio fue destituido de su puesto por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores, y el gobierno municipal encabezado por el alcalde priista Jesús Parra García ha mantenido esa información en sigilo.
Fuentes oficiales dieron a conocer a El Sur que desde el lunes 21 de diciembre no hay secretario de Seguridad Pública municipal. La decisión tampoco fue informada a los integrantes del Cabildo.
No obstante, el mismo día 21 el Cabildo fue convocado para presentarle al encargado de despacho, Isidro Casarrubias Tlacotempa, quien fungía como director de Seguridad Pública municipal; la designación la habrían hecho el alcalde y los dos síndicos.
El pasado miércoles 16 de diciembre en esta cabecera, en una reunión con familiares de personas desaparecidas, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores prácticamente ordenó al alcalde Jesús Parra la remoción del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Suástegui Epifanio.
“Le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Que (el alcalde) vea la manera de relevarlo, que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente. Ante un señalamiento de que no estuvo a la altura de las circunstancias se tiene que relevar. Te lo pido como gobernador”, dijo el mandatario estatal.
El gobernador se refería a la petición pública que el 6 de octubre hicieron familiares de los desaparecidos en Chilapa, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigara la actuación de Suástegui Epifanio durante la irrupción de civiles armados a la ciudad, del 9 al 15 de mayo.
El oficial de la Policía Estatal, Juan Suástegui Epifanio fue designado el 10 de mayo, en la administración del priista Francisco Javier García González, como secretario de Seguridad Pública municipal por el gobierno del estado, encabezado entonces por Rogelio Ortega Martínez.
Lo anterior, tras la renuncia de Job Encarnación Cuenca ante las exigencias de los civiles armados de las comunidades del sur del municipio que sitiaron la ciudad del 9 al 14 de mayo.
Suástegui Epifanio fue ratificado por el gobierno municipal entrante de Jesús Parra García, quien, en un comunicado filtrado a periodistas afines, lo defendió de las acusaciones de presuntos nexos criminales que hicieron vecinos de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, el 30 de septiembre.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.

El gobierno no investiga y sólo envía a Chilapa policías, dicen familiares de desaparecidos

 

A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.