Etiqueta: la verdad histórica

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.

Marchan en Oaxaca padres de Ayotzinapa en la tercera caravana por la presentación de sus hijos

En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.

Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo

Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.