Este martes el Congreso local desalojó al personal del edificio y pospuso la sesión ordinaria prevista para esta fecha, por las acciones de protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando se conoció que se trasladaban en autobuses a la capital del estado.
Esto sucedió, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa diaria, que el policía estatal que habría asesinado al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta se había dado a la fuga.
Aunque desde el viernes tampoco hay labores en la sede del poder Ejecutivo, ante la zozobra de ataques al edificio, pero la noche del lunes, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó en redes sociales que se estableció un diálogo con el Comité estudiantil Ricardo Flores Magón y con la mamá del normalista asesinado.
La Mesa Directiva informó en un primer mensaje en redes sociales, que la sesión se posponía hasta nuevo aviso, pero en la tarde la presidenta la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, convocó a los diputados a la próxima sesión este miércoles 13 a las 10 de la mañana, en el salón de plenos Primer Congreso de Anáhuac.
Se supo que en el orden del día discutido por la Junta de Coordinación Política para esta sesión, se programó que la presidenta, Citali Calixto Jiménez haga posicionamiento sobre los hechos del 7 de marzo, de la agresión de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El parlamentarista Jorge Adame Alarcón en su participación con el tema Identidad y representación política de los adultos mayores Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Durante el primer Parlamento de Adultos Mayores en el Congreso local, los participantes demandaron un representante en el poder Legislativo y una regiduría en los ayuntamientos; que los diputados intervengan para que el gobierno del estado cumpla con todas las obligaciones en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), y que haya de que haya políticas públicas para la calidad de vida del sector vulnerable.
En la instalación del parlamento, a las 11 de la mañana, la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, destacó que en Guerrero, de cada 100 personas 46 son mayores de 60 años, y la presidenta de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores del Congreso del Estado, Jessica Ivette Alejo Rayo, reconoció la necesidad de construir una cultura sin discriminacion ni violencia las personas mayores.
Después de la protesta de ley del parlamento, y la designación de la mesa directiva, la sesión comenzó directamente con las participaciones, donde también expresaron preocupación por la salud ante la longevidad de la población, y pidieron mejorar los espacios públicos para caminar con libertad, sin mayores riesgo de accidentes.
El parlamentarista Juan Manuel Macedo Gonzalez señaló que, con un promedio de vida de 70 a 80 años, hoy la población mayor es más longeva que sus padres y sus abuelos, pero viven bajo el estigma de que son improductivos, y se les borra todo posible sueño ocupacional. Añadió que también son olvidados por los jóvenes, que parecen pensar que nunca llegarán a viejos, y desde las instituciones, señaló que podrían ayudar a cambiar esa mentalidad.
De Coyuca de Benítez, María Guadalupe Rodríguez Bataz, aclaró que los apoyos al sector son insuficientes, y solicitó para su municipio una casa donde puedan impartir y recibir cursos con los jóvenes, de manualidades, música, baile, con atención médica, “un lugar donde pueden sentirse útiles, aprender, trabajar y vender lo que realicen en los talleres. Que la juventud que hoy vivimos es victoria, no es fracaso”.
Jorge Adame Alarcón se quejó que no han sido tomados en cuenta en las políticas públicas, a través de estrategias adecuadas para aprovechar la experiencia acumulada en la vida productiva y profesional de la población de edad avanzada, a pesar de que hay una ley reformada en 2022.
Aún cuando están presentes en todos los estratos sociales, denunció que el sector sigue marginado de la vida política. Para el reconocimiento como sector importante dentro de la sociedad, planteó que cuente con una representación política en el Congreso local, “ contar con un escaño, con la diputación del adulto mayor, y en los cabildos municipales una regidurías, es menester que seamos representados en los espacios de representación popular”.
La parlamentaria Clara Pérez Atrixco de la colonia Flores Baños de Chilpancingo, pidió que haya un diputado adulto mayor, como la representación que habría del diputado migrante.
Cándido Prudente Guerrero explicó que el sistema inmune del adulto mayor es más vulnerable ante los riesgos sanitarios, por la naturaleza del envejecimiento, y son doblemente vulnerados porque tienen los ingresos más reducidos.
Señaló que las mujeres ocupadas en el hogar y en el campo, tienen menos ingresos que los hombres. Aunque las pensiones de apoyo, ayudan, falta el trato humanista con atención tanatológica
De Atoyac, Angelica Castro Rebolledo urgió que haya hospitales de tercer nivel en en las principales ciudades del estado, ante incremento de la esperanza de vida de la humanidad, y exhortó a los diputados a hacer buenas propuestas de salud, como un asunto prioritario, “cotidianamente encontramos que hay pocos médicos en hospitales, aunado a falta de medicamentos que afecta a todos los guerrerenses”.
Abundio Gnzalez Tecolapa pidió el hospital de especialidades para la población adulta, y que la ley define a este sector a partir de los 60 años de edad. “Hoy en la Constitución Política de la República habla de 68 años”, dijo.
Propuso también que la pensión Guerrero, del gobierno estatal, sea equivalente al menos en 50 por ciento al programa federal, y que llegue a toda la ciudadanía, no sólo a determinadas personas.
Melitón López Peralta reconoció que la administración federal tiene una política pública para los adultos mayores, pero pidió que “sea el principio y no el fin de la apertura democrática para un sector más vulnerable que los demás”.
Propuso el impulso de proyectos económicos, “aunque haya violencia en algunas partes, no significa que nos vamos a quedar apachurrados, el trabajo productivo tiene que seguir, porque lo necesitan nuestros hijos y nietos”.
Quejas sobre el ISSSPEG
Sobre el ISSSPEG, María Guadalupe Abarca Pesquera denunció que el gobierno estatal no ha cumplido con todas las prestaciones obligatorias para los 7 mil jubilados en el sistema, pese a que, cuando salen del servicio, los trabajadores reciben de pensión, el 50 por ciento del salario que tenían como activos.
Señaló que tienen derecho a seguros de riesgo, jubilación de vejez, por causa de muerte y gastos funerario, además de gozar de 120 días de salario al momento de recibir la baja “para que no se quede desamparado durante el procedimiento administrativo y nunca se ha cumplido por el déficit economico”.
Pidió la intervención de los diputados para que el estado atienda estas obligaciones en tiempo en forma, no de manera reducida o en partes, y que la totalidad del seguro de vida sea cubierta por el estado, “que ya no sea descontado de las pensiones que son muy bajas.
Mérida Carolina Añorve López agregó que la reforma a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos en 2012, se establecieron los porcentajes de pago de obligaciones para los jubilados del gobierno del estado
Aseguró que los activos de 61 sesiones del SUSPEG, hacen aportaciones para cubrir el pago de 7 mil jubilados, por lo tanto, recriminó que todavía hay rezagos en los pagos, y persistan los adeudos históricos.
Concluyó: “no nos quedaremos callados seguiremos manifestando las inconformidades e injusticias para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos como sector vulnerable, sabio y digno”.
Urbano Pablo Peralta pidió la compra de una casa o terreno en la colonia CNOP en la capital del estado para actividades recreativas para la promoción de la Cultura del envejecimiento.
Aurelio Arcos Castillo y Lucila Flores López solicitaron el arreglo de las calles y el retiro de las escaleras sobre la vía pública, para evitar caídas de las personas de la tercera edad que salen a caminar.
“Nos impide transitar seguros y libres de accidentes”, señaló Lucila Flores, particularmente en el zócalo de Chilpancingo.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, sostuvo que corresponde al Legislativo tomar las determinaciones que consideren sobre la ausencia de tres diputados a las sesiones presenciales del Congreso.
Reynoso Núñez fue consultado al final de la ceremonia por el Día de la Marina en la 12 Zona Naval, sobre la ausencia de tres diputados que denunciaron amenazas por grupos delictivos y quienes han asumido la modalidad virtual para acreditar su asistencia a las sesiones del Congreso pero no participan. En respuesta el secretario general dijo es el Congreso el que debe fijar la postura al respecto.
A fines de abril, los alcaldes y los diputados locales de las regiones Tierra Caliente y Zona Norte denunciaron amenazas de parte del grupo delictivo denominado Los Tlacos, y el riesgo de trasladarse por carretera a la capital, dado que ese grupo domina el paso en la zona Norte.
Llegaron a acuerdos con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero desde hace un mes, los diputados locales, las perredistas Elzy Camacho Pineda del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán, Susana Paola Juárez Gómez del distrito 20 con cabecera en Teloloapan y el priista Adolfo Torales Catalán del distrito 18 con cabecera en Pungarabato, participan de manera virtual a las sesiones del Congreso local.
A pregunta sobre si la ausencia fisica significa que sigue la protesta contra el gobierno, Reynoso Núñez respondió: “significa que el Congreso tendrá que tomar las determinaciones que correspondan, no es un asunto del estado, nosotros ya hemos hecho lo que nos corresponde hacer, nosotros ya hemos ofrecido las medidas de seguridad necesarias para que lo hagan (asistir personalmente), ya si no vienen, no está en nuestras manos”.
El secretario sostuvo que desde finales de abril, cuando autoridades del estado se reunieron con los alcaldes y diputados, se les ofrecieron medidas de seguridad y el acompañamiento en el camino, “sin embargo no hemos recibido ninguna solicitud de parte de ellos para que se les pueda dar acompañamiento”.
“Respetamos su decisión de no asistir de manera personal al Congreso pero no es un tema que tenga que ver con el estado”.
Detalló que el ofrecimiento del gobierno del estado a los diputados fue: “nosotros lo que ofrecimos fue hacer el acompañamiento desde su municipio donde radican habitualmente a la ciudad de Chilpancingo y poderlos acompañar en la vuelta si es que ellos consideraban que al pasar por algunas ciudades pudieran tener o correr algún riesgo, sin embargo no hemos recibido ninguna petición para que se haga este acompañamiento”.
Agregó que en las carreteras hay presencia de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, con lo que garantizan el tránsito seguro, pero a los diputados se les ofreció “un acompañamiento extra”, y no lo han solicitado.
De las amenazas del grupo delictivo denominado Los Tlacos hacia las autoridades de la Tierra Caliente y la Zona Norte, el secretario general dijo que eso “ya fue superado. Creo que nosotros ya hemos sido suficientemente… lo hemos explicado con la suficiencia necesaria en cuanto a lo que está sucediendo en esta región, habría que ver que otros factores son los que estan impidiendo que los diputados vengan a la capital”.
Caso Abarca, decisión del poder Judicial
De la absolución al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, el secretario general dijo que el ex alcalde no quedará en libertad y es atribución de los jueces determinar la culpa o no de los acusados.
“Creemos que los jueces hacen sus actuaciones conforme a lo que tienen en los expedientes, en el caso del señor Abarca el tiene otros procesos mas ahí los cuales tiene que enfrentar y bueno, esperemos que en todos haya justicia, nosotros no podemos decir si es inocente o si es culpable, eso lo tiene que determinar la autoridad jurisdiccional”.
De las posibles protestas de normalistas ante el fallo del Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito con sede en Tamaulipas, dijo que el gobierno del estado ofrece las condiciones para que se manifiesten en los antimonumentos pero en paz. “Tienen derecho a manifestarse pero también la ciudadanía tiene derecho a vivir en paz”.
Retraso en las participaciones
Del retraso en la entrega dinero público al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para el financiamiento de los partidos, el secretario general dijo que se debió a un aplazamiento del gobierno federal en la entrega de las participaciones federales, pero ayer y hoy ya se hicieron depósitos al Instituto.
“Tuvimos un problema durante tres meses que tuvimos saldos en contra por parte de la Federación en las participaciones federales, a eso se debieron los atrasos, ya se están regularizando las entregas al IEPC, ayer (miércoles) se hizo un depósito del recurso ordinario hoy (jueves) se va a hacer otro y vamos a ir normalizándonos poco a poco”.
En la sesión del IEPC de este miércoles los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Morena se quejaron porque desde hace tres meses no reciben dinero y demandaron al gobierno del estado que entregue al Instituto el presupuesto que le fue etiquetado.
Nuevo hospital
El secretario general acusó a la Comisión Intersindical, de asociaciones y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de tener intereses políticos por sus protestas ante el retraso de la obra. “Es un tema que se ha politizado, ahí hay gente tratando de generar polémica y hacer política con un tema que fue decisión del presidente de la República de hacer el hospital de tercer nivel”.
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir un hospital de tercer nivel en Acapulco, el presupuesto de 3 mil 500 millones de pesos ya está autorizado solo falta el predio, el cual debe ser entregado por el estado pero este se mantiene en secreto luego de que sus anteriores propuestas han fracasado.
Ayer, Reynoso Núñez sostuvo que ya está definido el predio donde se construirá el nuevo hospital pero que la información sobre su ubicación lo harán las autoridades del ISSSTE.
Señaló que los inconformes quieren que el hospital se contruya en un predio que tiene condiciones complejas.
Reconoció que al gobierno del estado le ha dado trabajo encontrar un terreno para la construcción del nuevo hospital, pero el gobierno federal ya tiene una propuesta de un predio que ea de su propiedad para evitar señalamientos de corrupción o sobrecostos.
“No es que la gobernadora no quiera, no es que nosotros estemos poniendo trabas en el tema, está muy avanzado y yo espero que en próximos dias lo dará a conocer el ISSSTE pero ya está. Es un tema que está resuelto, no debe prestarse a grilla, a politiquería. Lo están tratando de tergiversar, quiénes están tratando de llevar el tema por otro lado”.
Abundó que se ha buscado que terreno donde se edificará el nuevo hospital cumpla con ciertos estándares porque será de un solo nivel y buscan que no corra riesgo de inundación.
Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
Con la presencia de representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, el pleno del Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos un exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que analicen la reforma educativa.
Sin embargo, se rechazó que el Legislativo solicite al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que abstenga de cualquier represalia en contra de los maestros y maestras que se oponen a la reforma.
Este jueves los diputados locales celebraron las dos últimas sesiones correspondientes al tercer periodo ordinario, en las que dieron primera y segunda lectura al dictamen por el que pidieron se analizara la reforma educativa, y en ambas estuvieron maestros de la CETEG encabezados por la profesora Antonia Morales Vélez.
En la exposición de motivos, la coordinadora de la fracción del PRD, Erika Alcaraz Sosa, se explica que es conveniente hacer un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que se reactive la comunicación y reinicien las mesas de trabajo ya concertadas con la Secretaría de Gobernación (Segob).
El dictamen es resultado de las tres solicitudes que el Congreso recibió de las dos fracciones de la CETEG y de la Dirección Colectiva Estatal de las Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales, que solicitaron su intervención ante las autoridades federales y estatales, tras el despido de 951 maestros y retenciones salariales.
El exhorto está dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que de manera conjunta se analice la reforma educativa en las mesas de trabajo instaladas por la Segob, la de Educación Pública (SEP) y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La intención, se lee en el dictamen, es que se aborde el asunto relacionado al proceso del cese y la situación salarial de los maestros y solucionar el conflicto social en Guerrero.
El exhorto fue aprobado por mayoría de votos.
El petista Jesús Martínez Martínez, que preside la Comisión de Derechos Humanos propuso un exhorto al gobernador Héctor Astudillo Flores a fin de que gire instrucciones al titular de la SEG, José Luis González de la Vega de abstenerse de cualquier represalia, ya sea psicológica, laboral, administrativa o económica contra los maestros que se oponen a la reforma.
En la exposición de motivos se lee que la reforma educativa “no sólo es regresiva en la protección de garantías básicas”, sino que viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, que deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros a quienes, aseguró, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación.
“Con la reforma educativa el Estado legaliza una relación laboral que deja atrás el derecho conquistado de la seguridad en el empleo, lo que viola garantías consagradas en el artículo 123 constitucional. El principio básico de la Carta Magna es que cualquier modificación no puede orientarse más que hacia una progresividad de los derechos consagrados, es decir, no se pueden aprobar cambios regresivos a garantías ya conquistadas”, expone el documento.
Pese a la argumentación, la propuesta fue rechazada por las fracciones del PRI y PVEM, que hacen mayoría en el Congreso.
En respuesta los maestros gritaron consignas como “va a caer, va a caer, la reforma va a caer” y se retiraron tras dialogar con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priista Flor Añorve Ocampo a quien agradecieron la apertura y acordaron continuar las reuniones.
