Piden organizaciones ante el Congreso local justicia por el asesinato de Yanqui Kothan

El integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña (FPM) Juan Sánchez informa el ofre-cimiento de una mesa de diálogo para los primeros días de abril con diputados Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de cuatro organizaciones sociales, exigieron al gobierno del estado y al Congreso local una investigación a fondo, justicia y castigo a todos los responsables e implicados en el asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.
Los dirigentes de las agrupaciones Frente Popular de la Montaña (FPM), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETREG), academicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Directorio del Poder Popular, se manifestaron este jueves afuera del Congreso local.

Plantón por reconicimiento de Cerón

En tanto, los integrantes del FPM ampliaron ayer su plantón que instalaron el miércoles afuera del Congreso, donde piden una reunión con los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para pedirles que se cumpla un acuerdo legislativo en el que se reconozca al dirigente social asesinado Arnulfo Cerón Soriano como defensor de derechos humanos.
También exigen que el Congreso local que requiera información al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del por qué se dejó en libertad al presunto autor intelectual del homicidio de Cerón Soriano, el ahora aspirante a la alcaldía de Tlapa por Morena, Marco Antonio García Morales.
Ayer, además del campamento que instalaron el miércoles en la entrada a la explanada del Congreso local, instalaron otro en la entrada al estacionamiento y por la noche amenazaron que si no recibían respuesta a su petición de reunirse con los representantes de la Jucopo, a partir de este viernes impedirían el acceso al personal.
A las 10 y media de la mañana llegaron a solidarizarse representantes de la CETEG, academicos de la UPN y de la agrupación del Directorio del Poder Popular.
Las cuatro organizaciones exigieron en un mitin justicia en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan, que se realice una investigación a fondo, castigo a todos los responsables del asesinato, así como a los ex funcionarios implicados en las irregularidades del caso, al pretender falsear la información de los hechos.
El representante de la CETEG, Rogelio Beltrán, dijo que además de que fueron a solidarizarse con el FPM y a exigir a los diputados integrantes de la Jucopo que los reciban en audiencia, también acudieron para emitir un pronunciamiento conjunto con las otras agrupaciones de exigencia para que las autoridades esclarezcan a fondo el asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
El académico de la UPN de Chilpancingo, José Luis Ayala, expresó que los representantes de las cuatro organizaciones exigen justicia y castigo a todos los responsables del asesinato del estudiante Yanqui Kothan.
“Estamos pidiendo el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables pero también que se desarrollen políticas públicas que no permitan nunca más que vuelvan a pasar estos acontecimientos que lastiman a la sociedad en general”.
Juan Sánchez Gaspar, uno de los integrantes de la comisión política del FPM, dijo que siempre se han solidarizado con la Normal de Ayotzinapa desde la desaparición de los 43 estudiantes, “y vemos que las agresiones a esa Normal se van complicando más”.
Denunció que el estudiante Yanqui Kothan “fue asesinado de manera cobarde y nosotros condenamos enérgicamente el caso y exigimos que se haga justicia y se castigue a todos los asesinos”.
En la noche, el también integrante de la comisión política del FPM Telésforo Aguilar, informó que ampliaron el campamento que instalaron el miércoles en la entrada de la explanada del Congreso local y se colocaron también en la entrada del estacionamiento.

 

Protestan ante el Congreso por la liberación del sospechoso del crimen de Arnulfo Cerón

Integrantes del Frente Popular de la Montaña, en el plantón en la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo.

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), instalaron un plantón afuera del Congreso local para exigir que los diputados llamen a comparecer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por la liberación del principal sospechoso de la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.
En la protesta, uno de los miembros de la dirección del FPM, Telésforo Aguilar Villanueva, recordó que el Poder Judicial hace tres meses declaró inocente al morenista Marco Antonio García Morales, Tony, principal sospechoso del homicidio del defensor de derechos humanos, desaparecido el 11 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre 2019.
No obstante que desde el inicio del proceso legal, la organización denunció diversas irregularidades que estaba cometiendo la Fiscalía General del Estado, y que no tomó en cuenta el juez que determinó su liberación, pese a que anticipadamente señalaron las faltas ante el mismo presidente del poder Judicial.
“Entendemos que hubo un acuerdo económico con el magistrado en primera instancia, que lo liberó (por insuficiencia probatoria)”.
Aclaró que aún faltan dos instancias a las cuales pueden recurrir, pero insistieron en que el Congreso local atienda esta demanda, porque antes, hicieron en un plantón en las instalaciones del tribunal y conversaron con el presidente que sólo les respondía que la ley estaba a favor del acusado.
“Nos decía que supuestamente él no interviene, pero antes de la sentencia, afirmó que las pruebas estaban a favor del (autor) intelectual, cuando sabemos que no es cierto. Nuestro compañero señaló directamente a quién lo estaba a amenazando”.
Añadió que el inculpado fue aprehendido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y liberado en la administración de Mo-rena, de Evelyn Salgado Pineda.
“No es un tema de justicia, sabemos que el actor intelectual ha estado apoyando directamente a la gobernadora desde que estuvo en campaña, por eso estamos aquí nuevamente”.
García Morales también fue precandidato a la alcaldía de Tlapa y los hechos ocurrieron cuando era el jefe de gabinete del Ayuntamiento.
Ratificó que el magistrado debe informar al poder Legislativo sobre la resolución que se emitió en un caso emblemático de violencia en la región.
La denuncia de hechos, es que Cerón Soriano fue citado por una persona conocida en las afueras de la ciudad de Tlapa. Después de que fue torturado y asesinado, su cuerpo fue traslado en un vehículo que cruzó la ciudad para colocarlo en una fosa de tres metros, con el fin de desaparecerlo. Tras mucha presión social se dio la investigación. Sus restos fueron rescatado al mes siguiente.
La protesta del FPM se instaló afuera del portón principal del Congreso del estado, a las 1:40 de la tarde. De acuerdo con Aguilar Villanueva, un secretario de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, fue a preguntar qué pedían al Congreso, y no regresó durante toda la tarde.
Adentró se desarrollaba una sesión que concluyó por la noche, donde vieron salir al personal. Aclaró que la protesta continuará en el acceso del poder Legislativo, hasta tener una respuesta formal.
Añadió que antes de la sentencia, también recurrieron al Congreso para que fueron observador del juicio, y entonces se comprometieron a enviar un exhorto al poder Judicial, por la justicia.
A las 9 de la noche, el director general de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al plantón del FDP en el Congreso local a dialogar con los manifestantes.
Vía telefónica, Aguilar Villanueva indicó que el funcionario les dijo que llegó a atender una queja de la diputada Yoloczin Domínguez, de que estaban impidiendo la salida de los diputados con el plantón en la puerta del estacionamiento, donde se habían instalado siete horas antes.
A través del funcionario estatal, indicó que se acordó una audiencia con la presidenta de la Jucopo, para este martes a la 1 de la tarde.
La fuente precisó que la manifestación no cerró ningún de los accesos principales o alternos del edificio, incluso aclaró que al concluir la sesión del Congreso, vieron salir a varios diputados por la puerta del estacionamiento, a pie, pero la diputada de Morena pedía salir en su vehículo.

 

Conmemora la APPG en Chilpancingo tercer aniversario luctuoso de Pablo Sandoval Cruz

Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) organizaron un homenaje en el tercer aniversario luctuoso del luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y en el panteón central dejaron una ofrenda floral.
En el monumento a los caídos de 1960, ubicado en la alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, los integrantes de la APPG, encabezados por Nicolás Chávez Adame, colocaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio.
“Pablo amigo, el pueblo está contigo”, “avanzar, avanzar en la lucha popular” y “el pueblo unido jamás será vencido”, corearon y avanzaron en marcha hasta llegar al panteón central de Chilpancingo.
Entre los asistieron están trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), damnificados de la tormenta Manuel, Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, entre otras organizaciones sociales.
En la marcha, el dirigente de la APPG dijo que se cumplían tres años del aniversario luctuoso de Pablo Sandoval, quien dejó un legado de lucha, y coreó: “Pablo te fuiste, pero nunca te rendiste”.
En el panteón, Chávez Adame informó que Sandoval Cruz fue el fundador de la APPG, quien desde muy joven fue luchador social, “él se convirtió en nuestro guía, en nuestro mayor referente y líder”.
Nicolás Chávez lloró al recordar que la playera que llevaba puesta se la había regalado en su cumpleaños Sandoval Cruz.
Al finalizar el mitin, los integrantes de las distintas organizaciones sociales entonaron el himno Venceremos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.