Teme que el Ejército le siembre drogas o armas, dice Adolfo Torales luego del intento de cateo

El diputado Adolfo Torales Catalán, en conferencia de prensa en su casa en Arcelia Foto: Israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

El diputado Adolfo Torales Catalán, quien el pasado viernes reportó que un grupo de militares intentó ingresar a su casa, presuntamente para buscar autos robados, dice que ahora teme que el Ejército le siembre drogas o armas.
Este sábado, en conferencia de prensa, dijo que no se encontraba en su casa porque fue a Toluca, Estado de México, a una consulta médica a las 12 del día, por un dolor en la cabeza que lleva mucho tiempo sufriendo y que le iban a hacer estudios: una tomografía y le entregarían los resultados por la tarde.
“Mi hijo me llamó, me dijo que vio gente armada en el portón de la casa. Me comuniqué con las personas que están aquí, pero no me contestaba, porque lo estaban interrogando. Mi hijo me informó que eran militares. Le hablé a mi hermano, para que fuera al lugar y me apoyara, y cuando llega mi hermano, me confirma que son dos camionetas de militares”.
Agregó que encontraron tres militares arriba de una pipa que está estacionada afuera, “los militares estaban asomándose hacia dentro de la casa y es que aseguraron que estaban buscando carros robados”. El diputado dijo que los militares empezaron a preguntar por la persona que vive en la casa y que les confirmaron que la propiedad era del diputado Torales, y que además, preguntaron por la cantidad de carros.
“Los militares preguntaron cuántos carros tengo. También preguntaron hacia dónde me dirijo, entonces, creo que ahí ya entran las dudas, porque si vienen buscando un carro robado ¿por qué quieren saber cuál es la ruta o los caminos que yo tengo todos los días?”, dijo el diputado, quien se preguntó: “¿Qué asunto traen conmigo los militares? Ustedes saben que hace tiempo nosotros manifestamos la situación complicada de las amenazas y es una situación de la cual nos estamos cuidando, pero hoy, en mi situación, ¿yo me tengo que cuidar también del gobierno? ¿Acaso vienen con la idea de meterse a mi casa, como lo han hecho en todos lados, poniendo droga, armas, manipulando la información para poder decir que en mi casa hay carros robados? La verdad es que mi familia se espantó y mis cuatro niños que tengo aquí se espantaron”.
“La persona que me cuida aquí, ahí lo amenazaron y le exigieron que dijera todo acerca de los carros, que de lo contrario se los iban a llevar”.
“Yo no tengo gente armada aquí, no cargo gente armada, que me cuide la gente, sabe cómo ando en todos lados”.
El diputado dijo que sí hay temor de que el Ejército le siembre algo, “si esto lo hacen a nosotros ¿qué es lo que no eran con otra gente? La gente está cansada, ellos hacen retenes, nos piden el favor de revisar. Ya te están poniendo mil cosas en los carros, te quitan los celulares, te quitan bolsas y yo creo que la gente se para a ser revisada, pero de buena manera, no así”.
Dijo: “Ya no tenemos ni la tranquilidad ni la seguridad por parte del gobierno y es lamentable lo que se está viviendo, porque yo te lo digo: Le tenemos más miedo al gobierno”.
El diputado hizo un llamado al Ejército: “Que venga a hacer su trabajo, que venga a hacer su chamba, pero que no venga a cometer atropellos y hoy el gobierno sigue hablando de que lo que tenemos son herencias de los gobiernos atrasados, y yo creo que ese pretexto ya no es bueno, porque hay que analizar una situación. El presidente actual, en un año y medio sale, y quién va a quedar si queda una persona de la misma cuarta transformación y gobierna México, ¿acaso va a decir el que es una herencia del gobierno pasado? Porque cuando nuestro presidente salga ya será el pasado. Yo creo que ahora ya podemos decir, de alguna manera, que se está haciendo un mal trabajo y que esto no es herencia”.

 

Reinicia el 109 batallón de Infantería de El Ticuí los paseos civiles en sus instalaciones

El 109 Batallón de Infantería de El Ticuí, Juan Álvarez, retomó los paseos civiles a las instalaciones militares, que antes se llevaban a cabo los domingos, ahora son paseos sabatinos.
Al lugar acudieron cientos de familias de la cabecera municipal de Atoyac, incluso de la zona rural, para convivir con sus hijos y conocer la cotidianidad de los militares.
El circuito inició en la unidad deportiva castrense, la cual se continúa dentro de las instalaciones, con un recorrido para explicar los varios trabajos que realiza el personal de la milicia, desde sanidad, transmisiones y armas, así como también mantener el parque vehicular, equipo táctico y hasta dormitorios.
El recorrido se complemento con atracciones, como desplazamientos con tirolesa y el paseo a caballo por la unidad deportiva.
Con este ejercicio de proximidad social, la milicia busca que la ciudadanía conozca el trabajo de los militares, pero sobre todo, también generar consciencia sobre el uso de armas.
En ese sentido, se explicó a niños y jóvenes que el armamento es para defensa de la ciudadanía y, sobre todo, no son armas para uso recreativo.
Invitaron a los niños y adolescentes a no usar armas de cualquier tipo. (Francisco Magaña / Atoyac).

 

Seguirá su lucha y esperan que el próximo gobierno resuelva el caso, dicen padres de los 43 en Iguala

 

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 45 meses en Iguala colocaron ayer ofrendas florales en las estelas colocadas en memoria de los estudiantes asesinados Julio César Mondragón (foto), Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava Foto: Alejandro Guerrero

Al cumplirse 45 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres advirtieron que no dejarán la lucha para exigir justicia y la presentación de sus hijos, recriminaron el incumplimiento del gobierno federal para resolver el caso y confiaron que el próximo “quede quien quede”, pueda resolver el caso, investigar a los militares, a los policías federales y la telefonía celular de los estudiantes.
En esta ocasión las actividades para conmemorar los 45 meses de los hechos ocurridos en esta ciudad fueron breves y no hubo marcha como en otros meses.
La primera actividad inició minutos después de las 4 de la tarde en la estela colocada en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado torturado y desollado del rostro en la zona industrial, al norte de Iguala.
Llegó una comisión de aproximadamente 15 madres y padres que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos, unos 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que llegaron en tres autobuses y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
La señora María de Jesús Tlatempa, mamá del normalistas desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que este año sus hijos estarían terminando su carrera para ser maestros, “les quitaron las ilusiones de seguir con sus estudios, les truncaron sus sueños y el gobierno no se conformó con desaparecerlos, los difamó diciendo que había sido un enfrentamiento con Guerreros Unidos y que había infiltrados de Los Rojos, es mentira, el gobierno desde un inicio mintió”.
Advirtió que no van a descansar y seguirán en pie de lucha más firmes que nunca, seguirán exigiendo justicia, castigo para los culpables y la presentación con vida de sus hijos al próximo gobierno “quede quien quede”.
“Si este gobierno se va sin resolver este problema pues se va como un traidor a la patria, entregando el pueblo a países extranjeros. Por eso decimos que si van a ir a votar hagan conciencia, no se vendan por una despensa, no vendan su voto por 500 o mil pesos, por una cubeta o una gestión porque eres madre soltera, te van a dar 500 pesos, basta de tanta corrupción”, expuso.
Señaló que a los integrantes del gobierno federal actual sólo les importa el dinero, el poder y las armas, “pero ya se va, va de salida, esperemos que el que entre ese sí pueda resolver el problema, investigar a los militares, a los policías federales de los que hay nombres e investigar, los teléfonos celulares de los estudiantes que siguieron siendo ocupados después de su desaparición”.
“Lo que queremos es a nuestros hijos de regreso, porque todos los días los estamos esperando, nunca nos íbamos a imaginar que estaríamos aquí a 45 meses, por eso no hay perdón ni olvido”, agregó.
De este primer mitin los padres, estudiantes y organizaciones que los acompañaban se trasladaron al segundo lugar a bordo de los autobuses y vehículos particulares.
En el segundo mitin junto a la estela en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, una madre que soltó en llanto agradeció el acompañamiento de las organizaciones, mencionó que este ciclo escolar sus hijos estarían egresando y advirtió que “esto no se acaba hasta saber de nuestros hijos”.
En declaraciones al término del segundo mitin el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para nombrar la Comisión de la Verdad, por lo que este proceso está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé solución al recurso que interpuso el gobierno federal ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
Reiteró que esta resolución es algo que les da seguridad de que pueden llegar a la verdad y se puede hacer justicia, en el sentido de que la comisión que se forme va a participar de manera directa con los abogados que los han acompañado como víctimas, y las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dijo que para ellos está claro que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya no habrá ningún avance en este caso, que hay resistencia del ejecutivo, la PGR y complicidad de los fiscales de los estados que señalan que la resolución del Primer Tribunal Colegiado es anticonstitucional.

 

En la sierra está en riesgo la instalación de 80 casillas para las elecciones, advierten comisarios

Debido a la violencia está en riesgo la instalación de unas 80 casillas en las que votan unos 20 mil ciudadanos de al menos 13 poblaciones de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumoango), reconoció ayer en conferencia de prensa la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la recién creada Policía Ciudadana, y pidieron al gobierno del estado el regreso de militares y policías estatales que fueron la semana pasada a la zona pero se bajaron el sábado.
Ayer comisarios de unas 18 comunidades que la semana pasada conformaron la Policía Ciudadana, aglutinados en la Unión de Comisarios de la Sierra, ofrecieron una conferencia de prensa en Chichihualco para aceptar el llamado de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo para coordinarse y trabajar por la seguridad en las comunidades de esos municipios.
A nombre de los comisarios hablaron el coordinador de la Policía Ciudadana, Crescencio Pacheco González, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López y el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco.
En respuesta a la declaración del consejero presidente del Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Soberanis Núñez quien el sábado reconoció que por la violencia y por la conformación de las policías comunitaria y ciudadana en la sierra en algunas zonas no pudieron hacer simulacros y prácticas de la jornada electoral, las autoridades de la región reconocieron que hay temor en la población y que podrían no salir a votar el próximo domingo.
El comisario de Filo de Caballos reconoció que está en riesgo la instalación de unas 80 casillas a las que acuden a votar unas 20 mil personas.
Dijo que sólo en su pueblo hay riesgo en seis, y que en todas las comunidades de la zona serán unas 80.
Informó que la elección está en riesgo en las comunidades de Izotepec, Yextla, Corralitos, Puentecillas, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Torre Camotla, Escalera, Mirabal, Tres Cruces, La Laguna y Xochipala.
El comisario dijo que si bien los candidatos y los partidos políticos ya están haciendo sus cierres de campaña e hicieron su labor de promover sus propuestas, eso no basta ni es garantía de que habrá votación porque hay temor en las comunidades y es posible que no salgan a votar.
“Si no tenemos seguridad, la gente muy difícilmente va a querer salir de sus hogares a querer emitir su voto”, advirtió.
El presidente de la Unión de Comisarios, Barragán López pidió que para garantizar la seguridad durante la jornada del domingo, que el gobierno envíe nuevamente al Ejército y a los policías estatales que participaron en una operación la semana pasada en esas comunidades, luego de la violencia que ocurrió el 9 y 11 de junio.

Inédita e histórica, la condena de 19 años a militares que violaron a Valentina, dicen la ONU y ONG

 

“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.

El gobierno nunca investigó

Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.

Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.

 

Detienen a un hombre armado y con drogas en un autobús de pacientes del IMSS

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zihuatanejo denunciaron que este jueves, cuando se trasladaban hacia el puerto de Acapulco en un autobús rentado por el Instituto, al pasar por Petatlán el chofer dejó subir a un hombre que, al llegar al retén en Bajos del Ejido, en Coyuca de Benítez, fue detenido por los militares porque llevaba droga y un arma.
La familiar de una de las pacientes que iba a consulta en el hospital regional Vicente Guerrero, de Acapulco, y que pidió omitir su nombre para evitar represalias, manifestó que en la madrugada salieron hacia el puerto en el autobús que contrata el IMSS para trasladar a los derechohabientes a sus consultas con especialistas.
Agregó que al pasar a la central de autobuses de Petatlán a recoger a los pacientes, se subieron tres personas, entre ellas un hombre al que los perros adiestrados que tienen los militares le olfatearon drogas, por lo que subieron a buscarlo y lo encontraron escondido en el baño del autobús, y al revisarlo, le encontraron droga y una pistola tipo escuadra.
Dijo que debido a este incidente, los soldados les informaron que tanto el hombre, como el chofer y el autobús se quedarían en ese sitio hasta que no llegara un agente del Ministerio Público, por lo que los pacientes y sus acompañantes tuvieron que buscar la manera de llegar al hospital.
La mujer responsabilizó al chofer del autobús, pues aseguró que hay un control muy estricto delIMSS para que los enfermos y sus acompañantes puedan abordar, y que a las tres personas que se subieron en Petatlán, el conductor no les requirió ningún comprobante para demostrar que acompañaba a algún derechohabiente.

 

Está abandonado el centro para mujeres indígenas que ordenó la Coidh en Ayutla, señala Tlachinollan

 

A casi 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual de militares a la indígena Inés Fernández Ortega, en la que ordenó la instalación del Centro de Atención para la Mujer Indígena, la Infraestructura construida en Ayutla se encuentra abandonada y deteriorándose desde 2015, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle un uso distinto al ordenado por la Corte, pero la beneficiaria de la sentencia se opuso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, (organismo que brindó acompañamiento al caso de la indígena), consultado vía telefónica declaró que el Estado mexicano incumplió la sentencia o cuando menos ha sido omiso y moroso para atender la medida de reparación ordenada por la Corte en el caso de Fernández Ortega.
La Coidh emitió la sentencia por el caso Fernández Ortega el 30 de agosto de 2010, por la violación sexual ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
En dicha sentencia la Corte estableció que el Estado mexicano facilitará los recursos necesarios para que la comunidad indígena de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, “de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la presente sentencia”.
El 6 de marzo de 2012 el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Poiré Romero acudió a Ayutla a expresar una disculpa pública a Fernández Ortega en acatamiento a la sentencia, y entonces los gobiernos federal y estatal asumieron el compromiso con la víctima y con la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), de poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres como parte de la sentencia de la Corte.
El secretario Poiré Romero regresó a Ayutla el 11 de septiembre de ese año y colocó la primera piedra del Centro Comunitario que debió ser entregado y puesto en operación en 2015.
“La obra se terminó a principios del 2015, pero quedó abandonada, sin servicios de energía eléctrica y de agua y sin mobiliario, “todavía no alcanza a ser un centro comunitario con todos sus componentes y le hace falta mobiliario para la atención a las mujeres indígenas”, informó ayer Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos denunció que desde entonces ya no se le dio ningún seguimiento de los gobiernos federal y estatal. El gobierno estatal intentó en algún momento ponerlo en funcionamiento sin que tuviera las condiciones adecuadas y dignas.
“No se ha concluido como debe de ser, la infraestructura quedó inconclusa, quedó abandonada y se ha ido deteriorando el edificio, hay goteras, hay filtraciones de agua y no hay un seguimiento o mantenimiento. El inmueble se mantiene cerrado”, denunció.
Informó que hace dos años el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación propuso que se trasformara en un Centro de Atención a las Mujeres Indígenas (CAMI) de los que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
La propuesta del gobierno federal fue desechada por la beneficiaria Inés Fernández quien acordó con las autoridades que haría llegar una propuesta para el funcionamiento del Centro a fin de que no se incumpliera lo que estableció en su sentencia la Coidh.
Barrera Hernández informó que la propuesta de la indígena la entregaron hace 8 meses a la Secretaría de Gobernación, y que se elaboró con base a experiencias de organizaciones que están empoderando a las mujeres pero que todavía no han tenido respuesta.
Dijo que Inés les hizo ver a las autoridades que el Centro Comunitario forma parte de una sentencia con el que se busca garantizar la atención digna a las mujeres indígenas, con componentes que impliquen una atención integral a las mujeres y que no es un proyecto que responda a otro tipo de necesidades, como sería el CAMI.
Barrera informó que el Centro incluye un albergue para niñas indígenas y que por lo mismo tiene otra finalidad.
“En la misma sentencia de la Corte establece que el Centro tiene que ver con una reparación comunitaria para las mujeres indígenas, lideradas por Inés Fernández que fue la víctima”, mencionó.
Pero dijo que como esto implica recursos financieros y se requiere de un modelo de financiamiento a nivel federal, mismo que tendría que ser a manera de fideicomiso para que se garantice el subsidio a este Centro, ha quedado estancada la negociación, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en su propuesta de que se convierta en CAMI, “lo que implicaría que funcionarios de otras dependencias presten un servicio al Centro de Atención Comunitario”.
Para Barrera Hernández el gobierno federal está incumpliendo la sentencia de la Corte y quiere darle una cobertura al Centro, similar a la que hizo con Ciudad Mujer en Tlapa “que fue un proyecto grande y pionero de la Secretaría de Desarrollo Social, inaugurado por el presidente de la República pero que no funciona, está abandonado”, dijo.
Agregó que también el CAMI es un modelo obsoleto, sin compromiso con las mujeres indígenas y burocrático, “sólo para crear una imagen y generar estadísticas pero nada tiene que ver con una institución que las mujeres sientan y que realmente las apoye y se les proteja”, que es lo que se estableció en la sentencia de la Corte en el caso de Inés Fernández.
Insistió en que lo que quiere hacer el gobierno federal es que los funcionarios trabajen a “destajo” en las instalaciones del Centro y que solamente hagan presencia, pero que no den seguimiento a los casos. Advirtió que un modelo así no cumple las directrices que marcó la Corte Interamericana.
El defensor de derechos humanos expresó que el Centro no fue propuesto con esa finalidad, pero que el gobierno no quiere entender el espíritu que estableció la Corte Interamericana en su sentencia.
“Es una actitud de indiferencia, no quieren atender la esencia de la sentencia en la medida reparatoria, y no quieren apostarle a proyectos exclusivamente para las mujeres indígenas, lo que implica escuchar sus propuestas e invertir recursos para un funcionamiento adecuado”, advirtió.
Se quejó de que, mientras, el proyecto original está estancado y las instalaciones están abandonadas y deteriorándose por el incumplimiento de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal está supeditado a lo que ofrece el gobierno federal y éste le pide al estatal que lo resuelva, “y, como siempre, responde que no tiene recursos, por eso la solución que quieren darle es asignar el modelo de la CAMI y eso es inviable porque no está resolviendo la sentencia de la Corte”.
Denunció que las instalaciones están abandonadas desde hace más de dos años. Dijo que la obra quedó con acabados y pintura, “pero es sólo el cascarón, sin el mobiliario para funcionar”.
Mencionó que la obra debió haberse entregado en 2015 y que ese año debió funcionar.

 

 

Vinculan a proceso al acusado del asesinato de los tres militares en la emboscada en El Pozo

 

El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza Falcón dictó ayer auto de vinculación a proceso a Lucio por homicidio calificado en agravio de los militares Pedro Chávez González, Patricio Hernández García y Jaime Bernal Jiménez, asesinados la noche del 8 de mayo en la entrada del rancho El Pozo, propiedad de la familia Montúfar Mendoza en Coyuca de Catalán.
El juez consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para responsabilizar penalmente al detenido, quien de acuerdo a las autoridades que integraron la carpeta de investigación C-45/2018 forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Lucio fue detenido la mañana siguiente del asesinato de los militares en el mismo lugar donde fueron atacados cuando iban a resguardar el rancho de la familia Montúfar, pero el gobierno del estado informó de su detención mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia hasta el 13 de mayo.
Según los testigos los integrantes del grupo criminal que mataron a los militares habrían actuado en coordinación con quienes asesinaron el mismo 8 de mayo al candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, o al menos cuando llegaron al rancho de la víctima hicieron mención del asesinato de Abel.
El imputado rechazó intervenir durante el juicio oral y fue asistido por un defensor público.
El juicio en el que se resolvió la situación jurídica de Lucio comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de este jueves en la sala 1 de juicios orales de Ciudad Judicial.
El juez de Control argumentó de entrada la competencia jurisdiccional para atender el caso en Chilpancingo, debido a que el detenido fue trasladado al penal de esta capital porque según las autoridades, entre ellas el subsecretario del Sistema Penitenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, así como la Policía Ministerial mediante el oficio 00683/2018, determinaron que no había condiciones para que el imputado permaneciera en penales como el de Coyuca de Catalán o de Arcelia por los riesgos que implicaba, debido a que forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El juez dijo que el señalamiento al imputado fue atribuido por Sergio, un trabajador de la familia Montúfar, quien refirió que aproximadamente a las 2 de la tarde del 8 de mayo iba con el grupo de aproximadamente 30 sicarios que llegaron al rancho de Abel Montúfar a bordo de tres vehículos: una camioneta Ranger, otra Frontier y un vehículo compacto color vino.
Los delincuentes iban provistos de percheras, fornituras y armas largas, y según el testigo eran encabezados por Uriel Tavares, La Parra, originario de Paso de Arenas, municipio de Coyuca de Catalán, y que según el mismo testigo mucho lo había visto en el pueblo de Pineda, del mismo municipio.
Ese día aproximadamente a las 2 de la tarde (cuando apenas se rumoraba el asesinato de Abel Montúfar pero no se confirmaba su muerte, porque su cadáver fue encontrado hasta las 4 de la tarde), Uriel Tavares quien encabezaba el grupo que llegó al rancho de los Montufar le dijo a Sergio, el testigo: “Mira, tu patrón está muerto, entrégame las pertenencias del patrón”. El mismo testigo, dijo en su declaración asentada en el expediente, que entre los integrantes del grupo armado que encabezaba Uriel Tavares ubicó a Lucio a quien vio que llevaba un rifle de asalto AK-47.
El testigo refirió que después los hombres armados lo subieron a un vehículo y a su hijo Daniel a otro y se los llevaron a la población de Pineda. Declaró que los sicarios también se llevaron dos tractores de la familia Montúfar.
Dijo que a él se lo llevaron en una camioneta y a su hijo en un coche, los dos vendados de los ojos y que al llegar a Placeres del Oro los descubrieron y los presentaron con una persona a la que identificó como El Zarco, a quien vio con una pistola con cachas doradas.
Éste le dijo: “tu patrón ya caminó, a ti no te va a pasar nada, sólo dame las propiedades de tu patrón”.
Sergio el trabajador del rancho de los Montúfar y testigo declaró según el juez, que después los integrantes del grupo armado los regresaron a él y a su hijo al rancho El Pozo de los Montúfar con la intención de llevarse el ganado, pero que en la carretera estatal Las Iguanas-Las Cruces, justo en la entrada del rancho El Pozo, se encontraron con la camioneta en la que iban los militares y que los aproximadamente 30 hombres armados les dispararon.
La declaración de un militar testigo del ataque que también se encuentra en el expediente, refiere que en la camioneta Frontier que era manejaba por Amado, un primo de Abel Montúfar quien se ofreció a llevar a los militares para evitar el robo de los integrantes del grupo armado al rancho, iban únicamente siete soldados.
En el ataque murieron los soldados Pedro Chávez González originario de Veracruz, Patricio Hernández García de San Luis Potosí y Jaime Bernal Jiménez de Veracruz. Tres más resultaron heridos y uno resultó ileso y fue quien rindió la declaración que se encuentra en el expediente.
Mientras tanto, Amado huyó del lugar y no ha sido localizado para que rinda su declaración.

No se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato, advirtió el detenido

El ataque a los militares comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, y según los testigos alrededor de las 9:20 otro grupo de militares que se había rezagado llegaba también al rancho El Pozo y alcanzó a escuchar los disparos, por lo que aceleró la marcha y alcanzó a ver cuándo los sicarios corrían en distintas direcciones hacia el monte para escapar.
Uno de los militares que testificó dijo que vio entre 25 y 30 hombres que se dispersaban hacia el monte. Uno de los rezagados era Lucio. El militar que testificó dijo que su superior le ordenó a él y a otro de sus compañeros que fueran por él cuando vieron que se atrincheró en la maleza y entre unos árboles.
Desde allí oyeron que les advirtió: “no se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato”. Los militares rodearon la zona y se mantuvieron hasta las 6 de la mañana del día siguiente (9 de mayo) cuando volvió a gritar: “me rindo, voy a declarar todo pero no disparen, no me vayan a matar”.
Aunque Lucio fue detenido desde la mañana del 9 de mayo el vocero Roberto Álvarez informó de su detención hasta el 13 de mayo.
Ese día el gobierno del estado difundió una fotografía del detenido en el que aparece un hombre muy joven calzando huaraches con unas fornituras con cuatro cargadores para arma AK-47.
En el boletín no informó el día, la hora ni en lugar donde fue detenido Lucio.
El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza resolvió en la audiencia de vinculación a proceso de ayer que con los elementos aportados por la autoridad investigadora, “está evidenciada la probable responsabilidad penal de Lucio” y que existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Agregó que la defensa del imputado no presentó ningún medio de prueba para demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio el defensor público que asesoró al imputado, Jesús Pérez González dijo que “no son suficientes ni coherentes los señalamientos del Ministerio Público en contra de Lucio”, y pidió al juez que tomara en cuenta la presunción de su inocencia, porque “no se acredita” que él privó de la vida a los tres militares.
Según el juez además de la declaración de los testigos que identificaron a Lucio entre los integrantes del grupo armado que fue al rancho y atacó a los militares, existe como medio de prueba el peritaje de rodizonato de sodio que dictaminó que el detenido contaba con residuos de plomo y bario en las manos, asimismo dijo que las características de las lesiones que recibieron los militares muertos coincide con las que produce el arma que portaba Lucio cuando fue detenido.
Fue trasladado de Tierra Caliente a Chilpancingo para que fuera juzgado aquí, debido a que en un oficio del subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela Hernández y otro de la Policía Ministerial 00683/2018 no había condiciones para que permaneciera en los penales de Coyuca de Catalán o de Arcelia porque pertenece al grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El expediente refiere que cuando fue detenido Lucio portaba un arma AK-47, de las conocidas como Cuerno de Chivo, así como cuatro cargadores con 26 cartuchos útiles cada uno.
Al término de la audiencia el Ministerio Público solicitó al juez un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues dijo que aún falta por recibir la declaración de los tres militares que resultaron heridos y de Amado, el primo de Abel que manejaba la camioneta en que se trasladaban al rancho El Pozo los militares atacados, petición que fue concedida por el juez, quien además aclaró que su resolución es susceptible de impugnación.

 

No tienen labores por falta de vigilancia tres de diez preescolares en la Zapata y Renacimiento

En tres de los diez jardines de niños de la zona escolar 37 no hubo labores, aunque los maestros se presentaron a laborar, los padres de familia decidieron no dejar a sus hijos por la falta de seguridad.
En la primaria Carlos A. Carrillo y la secundaría 6, Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hubo clases, aunque no llegó el resguardo militar a la hora de entrada de los alumnos. En otros planteles sí se tiene seguridad permanente, como en el caso del jardín de niños Sentimientos de la Nación, de Ciudad Renacimiento.
En un recorrido por planteles de Ciudad Renacimiento se constató que se encontraban cerrados los jardines de niños Moisés Guevara, Olinalá y Rubén Figueroa Figueroa, que son tres de los diez que están en la zona 37.
Según comentaron trabajadores de los planteles, los padres de familia fueron quienes decidieron no dejar a sus hijos al no tener resguardo militar, como habían prometido las autoridades que habría. Sin embargo, no todos los días tuvieron resguardo militar después de regresar de vacaciones.
Aunque los maestros de esa zona preescolar acordaron que se trabajaría con normalidad, no ocurrió en los planteles mencionados. Otros jardines de niños de esa zona tuvieron actividades, aun sin tener vigilancia permanente, aunque hubo baja asistencia de estudiantes.
En el preescolar Sentimientos de la Nación, ubicado en el callejón Cuauhtémoc, sí hubo clases y seguridad, pero poco estudiantes. Afuera del plantel se vio a dos militares haciendo guardia, el personal del plantel indicó que los militares estaban ahí durante todas las horas de clase y hacían rondines en las calles alrededor del plantel.
En esa escuela lo que preocupa a los padres de familia es que no tienen barda, sino malla ciclónica, porque han ocurrido balaceras en las inmediaciones de la escuela y sienten que sus hijos están vulnerables.
En la escuela primaria Carlos A. Carrillo, los padres de familia informaron que no hubo resguardo militar a la hora de entrada a clases y no sabían si irían a la hora de la salida. Los maestros comentaron que tenían una reunión de zona, porque lo que pidieron es que el resguardo militar fuera permanente durante las horas de clases y no solamente que se hicieran rondines.
En la secundaria 6 Tierra y Libertad tampoco hubo seguridad a la hora de entrada, la cual han retrasado una hora y es a las 7:30 de la mañana, porque los estudiantes llegaban cuando todavía no amanecía.
La semana pasada los militares asistieron todos los días a la hora de entrada del turno de la mañana y la de salida del vespertino, pero dijeron que no podían ir entre la 1 y las 2 de la tarde, porque tienen un “receso o cambio” según el argumento que dieron.

 

Por falta de vigilancia militar y de garantías de seguridad, suspenden clases escuelas de Acapulco

A pesar de que el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, informó que habría vigilancia militar en las escuelas, padres de familia y directores comentaron que no fue así y en algunas, las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso por falta de garantías de seguridad.
En el segundo día de regreso a clases, luego de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, varias escuelas no reanudaron labores, de acuerdo con lo que se observó en un recorrido realizado en varios de los planteles educativos, sobre todo de Renacimiento y Emiliano Zapata.
En la escuela Francisco Sarabia no hubo clases y se espera que se reanuden hoy. De acuerdo con vecinos, hay inconformidad porque los militares que vigilaban de manera fija ya no se los regresaron.
En el jardín Olinalá, en Renacimiento, tampoco tiene clases y de acuerdo con una madre de familia, las educadoras les avisaron que éstas se reanudaran hasta nuevo aviso, pues temen por su seguridad ya que no hubo militares fijos, como les habían prometido. Lo mismo sucedió en el jardín de niños Rubén Figueroa Figueroa y en la primaria Adolfo López Mateos, donde los alumnos fueron regresados.
Hay escuelas que están trabajando con sus reservas y en espera de una reunión de padres, para exigir la presencia de los militares, como es en la primaria Carlos A. Carrillo, en donde los elementos estuvieron unos minutos a la hora de la entrada y se fueron. Algunos padres, que se encontraban en el portón esperando con la comida de sus hijos para el recreo, informaron que no habían visto recorridos de ninguna corporación.
En la primaria Plan de Ayala, de la colonia Emiliano Zapata, los niños estaban recibiendo clases en sus aulas improvisadas y en la secundaria 6 Tierra y Libertad había clases, pero también se informó que los militares que tenían de manera fija les fueron retirados. Lo mismo sucede en la secundaria 9 de Renacimiento, donde dijeron maestros que los militares nada más van a que les firmen la libreta de que pasaron por ahí y se van, pero ya no regresan a la hora de la salida, por lo que no hay garantías de seguridad.