Trabajadores de la Fiscalía General del Estado entregan en la Oficialía de Partes del Congreso local, una demanda de Juicio Político en contra de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE), entregaron al Congreso local una solicitud de juicio político contra la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a quien acusaron del despido arbitrario de alrededor de 500 trabajadores para instalar a militares sin capacitación ni trayectoria judicial.
El ex fiscal de la región Costa Grande y Norte, Marco Antonio Maya Valle, encabezó a los trabajadores que llegaron a la una de la tarde al Congreso a entregar la demanda de desafuero de la funcionaria, nombrada por el Congreso.
El afectado explicó que los ex trabajadores también piden la comparecencia de la fiscal para que aclare cómo ha sido su desempeño, porque “no respeta los poderes, ni respeta el Poder Legislativo, ni el Judicial, ni a la titular del Poder Ejecutivo”.
Recordó que fueron despedidos cerca de 500 trabajadores de manera injustificada en todo el estado, desde agentes del ministerio público, peritos, coordinadores, agentes de la policía ministerial, fiscales especializados y fiscales regionales, quienes fueron reemplazados por militares “sin trayectoria ni vocación ni estudios en derecho penal, ni preparación para realizar las funciones que les encomiendan”.
Añadió que la fiscal públicamente reconoció que ocho años antes de su designación no había visitado el estado, “y trae consigo a un equipo de trabajadores que desconoce el derecho penal, y sobre todo la situación de violencia que impera en el estado de Guerrero”.
Maya Valle aseguró que la funcionaria no persigue delincuentes ni investiga delitos, y se ha dedicado a despedir de manera arbitraria a servidores públicos sin ninguna investigación ni resolución.
Añadió que las violaciones a sus derechos humanos son motivo del juicio de procedencia, y confían en que el Congreso local determine su destitución.
Indicó que hay demandas en tribunales laborales y algunas resoluciones y amparos a favor de sus compañeros, pero el proceso de ejecución de las resoluciones es lento.
Dos taxistas, que conducían las unidades 0534 y 1148, se encuentran en calidad de desaparecidos desde la noche del miércoles, mientras que sus unidades aparecieron en dos sitios distintos de la ciudad, en las colonias 15 de Septiembre y Vista Hermosa.
Vecinos de la colonia Vista Hermosa reportaron, desde las 4 de la mañana, al número de emergencias 911, que en una brecha de este asentamiento humano se encontraba un taxi abandonado, con las puertas abiertas y sin ninguna persona abordo.
Al lugar llegaron militares y policías estatales, quienes corroboraron que en el sitio se encontraba un taxi de la organización UATI, con el número económico 0534, y hasta el lugar llegaron agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias de ley.
El conductor del taxi se llama Jesús “N” y es buscado por sus familiares y compañeros.
En tanto, en la colonia 15 de Septiembre, al poniente de Iguala, se encontró el otro taxi, con el número económico 1148, de la organización Radio Taxi Élite, abandonado en la entrada a este asentamiento humano.
De acuerdo con integrantes de la organización, desde las 6 de la mañana hicieron el reporte, pero fue cinco horas más tarde, es decir a las 11 de la mañana, cuando fueron por la unidad debido a que ninguna autoridad ministerial acudió.
El taxista, de nombre Erasmo Ramírez, fue reportado también como desaparecido por sus familiares desde la noche del miércoles. (Redacción / Iguala).
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Familiares de Paula Calderón y Lenin Locia, detenidos acusados de secuestrar a 40 militares y policías estatales, en conferencia de prensa. De izquiera a derecha, de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño; el padre y la hija de Paula Calderón, Belester Herrera y Ariadna Bernal y los padres de Lenin Locia, María Victoria Reyes y Ángel Locia Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los ex comisarios de Petaquillas, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes, fueron detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales en esa población el 7 de junio del 2022.
Este lunes, familiares de los detenidos exigieron en una conferencia de prensa su libertad. Aseguraron que son inocentes, que no participaron en los hechos y sólo se sumaron al final de la protesta de los pobladores y a la mesa de diálogo para firmar la minuta de acuerdos para la liberación de los retenidos porque era su deber como autoridades electas de la localidad.
Estuvieron en la conferencia de prensa el tío y padre adoptivo de Paula Calderón Herrera, Belester Herrera Rojas, y la hija de la detenida, Ariadna Pilar Bernal Calderón, así como el padre del también detenido Lenin Locia Reyes, Ángel Locia Hidalgo y su madre María Victoria Reyes de la Cruz.
Los familiares fueron acompañados por los abogados de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño Buitrón, quienes les darán acompañamiento en el proceso judicial, según explicaron al final de la conferencia.
El 7 de junio del año pasado, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatales entraron a Petaquillas y detuvieron a una persona, pero pobladores les impidieron la salida para presionar la liberación de su vecino.
Argumentaron que los militares realizaron algunos disparos por el rumbo del segundo panteón y la telesecundaria del pueblo, “no importándoles que hubiera gente adulta, adolescentes y niños”, explicaron ayer en un escrito los familiares de los detenidos.
Agregaron que al oír los disparos la “guardia civil” se desplazó hacia allá “y alguien” tocó las campanas de la iglesia y se pidió a los vecinos que se concentraron que se trasladaran al panteón nuevo donde exigieron la libertad de su vecino.
“Pero ante la terquedad de los militares la gente reaccionó cerrándoles el paso”.
En su escrito aseguraron que tanto Paula Calderón como Lenin Locia “no participaron en la obstrucción del paso”, que es de lo que los están acusando, porque estaban en sus respectivos centros
de trabajo, “y se puede comprobar con documentos, libro de firmas y reloj checador”.
Paula Calderón –contó entre sollozos su padre adoptivo, Belester Herrera– es madre soltera y jefa de familia. Trabaja en el Congreso local desde hace 24 años “y de su buena conducta y desempeño laboral pueden dar fe los diputados de la actual y de las anteriores legislatura”.
“Ha sido una luchadora social y presidenta de una asociación civil formada con el único propósito de hacerle llegar a la población productos a bajo costo como pollitas ponedoras, herramientas, tinacos y cemento”, aseguró y agregó que es afromexicana, nacida en Juchitán, Guerrero.
En tanto que el padre de Lenin, Ángel Locia Hidalgo, contó que es biólogo de profesión “amante de la cultura de Petaquillas”, y es coautor del libro Miradas al pasado.
“Es un amante de la naturaleza, de la danza folklórica y participa en eventos culturales, religiosos, deportivos y de entretenimiento”.
En el escrito entregado a los medios de comunicación explicaron que ambos se incorporaron como “testigos” de los hechos después de las 4 de la tarde “por la responsabilidad que tenían como comisarios electos” pero que su único propósito fue “calmar los ánimos” de la gente, llegar a un acuerdo con las autoridades y firmar la minuta de acuerdos”.
Se explica en el documento que el día de los hechos aún no habían tomado protesta, y que ocho días después del conflicto la planilla completa, cuatro comisarios, el titular, dos vocales y el suplente presentaron su renuncia en una asamblea porque consideraron que no había condiciones para seguir al frente.
A más de un año, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el viernes pasado, según sus familiares, por policías federales. Lenin fue detenido a las nueve de la mañana en su centro de trabajo, en tanto que Paula en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo en uno de los retenes de la Guardia Nacional, militares y policías estatales cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Es ilógico, irracional, una estupidez, que solamente en una cabeza de poco cerebro y razonamiento estrecho puede caber que una mujer de mínima estatura, y un integrante del grupo LGBTI, hayan secuestrado a cierto número de militares armados hasta los dientes”, cuestionaron en su escrito.
Informaron que después de que fueron detenidos el viernes los trasladaron a las instalaciones de Ciudad Judicial de Chilpancingo, pero por la noche los trasladaron al penal de la Unión, supuestamente por el riesgo que implica la delincuencia organizada.
Contaron que desde allá los estarán trasladando a Chilpancingo cuando se realicen las audiencias del juicio oral.
Los familiares de los dos detenidos pidieron la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda para que sean liberados, pues insistieron que es injusta su detención y que son inocentes.
El diputado Adolfo Torales Catalán, en conferencia de prensa en su casa en Arcelia Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
El diputado Adolfo Torales Catalán, quien el pasado viernes reportó que un grupo de militares intentó ingresar a su casa, presuntamente para buscar autos robados, dice que ahora teme que el Ejército le siembre drogas o armas.
Este sábado, en conferencia de prensa, dijo que no se encontraba en su casa porque fue a Toluca, Estado de México, a una consulta médica a las 12 del día, por un dolor en la cabeza que lleva mucho tiempo sufriendo y que le iban a hacer estudios: una tomografía y le entregarían los resultados por la tarde.
“Mi hijo me llamó, me dijo que vio gente armada en el portón de la casa. Me comuniqué con las personas que están aquí, pero no me contestaba, porque lo estaban interrogando. Mi hijo me informó que eran militares. Le hablé a mi hermano, para que fuera al lugar y me apoyara, y cuando llega mi hermano, me confirma que son dos camionetas de militares”.
Agregó que encontraron tres militares arriba de una pipa que está estacionada afuera, “los militares estaban asomándose hacia dentro de la casa y es que aseguraron que estaban buscando carros robados”. El diputado dijo que los militares empezaron a preguntar por la persona que vive en la casa y que les confirmaron que la propiedad era del diputado Torales, y que además, preguntaron por la cantidad de carros.
“Los militares preguntaron cuántos carros tengo. También preguntaron hacia dónde me dirijo, entonces, creo que ahí ya entran las dudas, porque si vienen buscando un carro robado ¿por qué quieren saber cuál es la ruta o los caminos que yo tengo todos los días?”, dijo el diputado, quien se preguntó: “¿Qué asunto traen conmigo los militares? Ustedes saben que hace tiempo nosotros manifestamos la situación complicada de las amenazas y es una situación de la cual nos estamos cuidando, pero hoy, en mi situación, ¿yo me tengo que cuidar también del gobierno? ¿Acaso vienen con la idea de meterse a mi casa, como lo han hecho en todos lados, poniendo droga, armas, manipulando la información para poder decir que en mi casa hay carros robados? La verdad es que mi familia se espantó y mis cuatro niños que tengo aquí se espantaron”.
“La persona que me cuida aquí, ahí lo amenazaron y le exigieron que dijera todo acerca de los carros, que de lo contrario se los iban a llevar”.
“Yo no tengo gente armada aquí, no cargo gente armada, que me cuide la gente, sabe cómo ando en todos lados”.
El diputado dijo que sí hay temor de que el Ejército le siembre algo, “si esto lo hacen a nosotros ¿qué es lo que no eran con otra gente? La gente está cansada, ellos hacen retenes, nos piden el favor de revisar. Ya te están poniendo mil cosas en los carros, te quitan los celulares, te quitan bolsas y yo creo que la gente se para a ser revisada, pero de buena manera, no así”.
Dijo: “Ya no tenemos ni la tranquilidad ni la seguridad por parte del gobierno y es lamentable lo que se está viviendo, porque yo te lo digo: Le tenemos más miedo al gobierno”.
El diputado hizo un llamado al Ejército: “Que venga a hacer su trabajo, que venga a hacer su chamba, pero que no venga a cometer atropellos y hoy el gobierno sigue hablando de que lo que tenemos son herencias de los gobiernos atrasados, y yo creo que ese pretexto ya no es bueno, porque hay que analizar una situación. El presidente actual, en un año y medio sale, y quién va a quedar si queda una persona de la misma cuarta transformación y gobierna México, ¿acaso va a decir el que es una herencia del gobierno pasado? Porque cuando nuestro presidente salga ya será el pasado. Yo creo que ahora ya podemos decir, de alguna manera, que se está haciendo un mal trabajo y que esto no es herencia”.
El 109 Batallón de Infantería de El Ticuí, Juan Álvarez, retomó los paseos civiles a las instalaciones militares, que antes se llevaban a cabo los domingos, ahora son paseos sabatinos.
Al lugar acudieron cientos de familias de la cabecera municipal de Atoyac, incluso de la zona rural, para convivir con sus hijos y conocer la cotidianidad de los militares.
El circuito inició en la unidad deportiva castrense, la cual se continúa dentro de las instalaciones, con un recorrido para explicar los varios trabajos que realiza el personal de la milicia, desde sanidad, transmisiones y armas, así como también mantener el parque vehicular, equipo táctico y hasta dormitorios.
El recorrido se complemento con atracciones, como desplazamientos con tirolesa y el paseo a caballo por la unidad deportiva.
Con este ejercicio de proximidad social, la milicia busca que la ciudadanía conozca el trabajo de los militares, pero sobre todo, también generar consciencia sobre el uso de armas.
En ese sentido, se explicó a niños y jóvenes que el armamento es para defensa de la ciudadanía y, sobre todo, no son armas para uso recreativo.
Invitaron a los niños y adolescentes a no usar armas de cualquier tipo. (Francisco Magaña / Atoyac).
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 45 meses en Iguala colocaron ayer ofrendas florales en las estelas colocadas en memoria de los estudiantes asesinados Julio César Mondragón (foto), Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava Foto: Alejandro Guerrero
Al cumplirse 45 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres advirtieron que no dejarán la lucha para exigir justicia y la presentación de sus hijos, recriminaron el incumplimiento del gobierno federal para resolver el caso y confiaron que el próximo “quede quien quede”, pueda resolver el caso, investigar a los militares, a los policías federales y la telefonía celular de los estudiantes.
En esta ocasión las actividades para conmemorar los 45 meses de los hechos ocurridos en esta ciudad fueron breves y no hubo marcha como en otros meses.
La primera actividad inició minutos después de las 4 de la tarde en la estela colocada en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado torturado y desollado del rostro en la zona industrial, al norte de Iguala.
Llegó una comisión de aproximadamente 15 madres y padres que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos, unos 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que llegaron en tres autobuses y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
La señora María de Jesús Tlatempa, mamá del normalistas desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que este año sus hijos estarían terminando su carrera para ser maestros, “les quitaron las ilusiones de seguir con sus estudios, les truncaron sus sueños y el gobierno no se conformó con desaparecerlos, los difamó diciendo que había sido un enfrentamiento con Guerreros Unidos y que había infiltrados de Los Rojos, es mentira, el gobierno desde un inicio mintió”.
Advirtió que no van a descansar y seguirán en pie de lucha más firmes que nunca, seguirán exigiendo justicia, castigo para los culpables y la presentación con vida de sus hijos al próximo gobierno “quede quien quede”.
“Si este gobierno se va sin resolver este problema pues se va como un traidor a la patria, entregando el pueblo a países extranjeros. Por eso decimos que si van a ir a votar hagan conciencia, no se vendan por una despensa, no vendan su voto por 500 o mil pesos, por una cubeta o una gestión porque eres madre soltera, te van a dar 500 pesos, basta de tanta corrupción”, expuso.
Señaló que a los integrantes del gobierno federal actual sólo les importa el dinero, el poder y las armas, “pero ya se va, va de salida, esperemos que el que entre ese sí pueda resolver el problema, investigar a los militares, a los policías federales de los que hay nombres e investigar, los teléfonos celulares de los estudiantes que siguieron siendo ocupados después de su desaparición”.
“Lo que queremos es a nuestros hijos de regreso, porque todos los días los estamos esperando, nunca nos íbamos a imaginar que estaríamos aquí a 45 meses, por eso no hay perdón ni olvido”, agregó.
De este primer mitin los padres, estudiantes y organizaciones que los acompañaban se trasladaron al segundo lugar a bordo de los autobuses y vehículos particulares.
En el segundo mitin junto a la estela en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, una madre que soltó en llanto agradeció el acompañamiento de las organizaciones, mencionó que este ciclo escolar sus hijos estarían egresando y advirtió que “esto no se acaba hasta saber de nuestros hijos”.
En declaraciones al término del segundo mitin el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para nombrar la Comisión de la Verdad, por lo que este proceso está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé solución al recurso que interpuso el gobierno federal ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
Reiteró que esta resolución es algo que les da seguridad de que pueden llegar a la verdad y se puede hacer justicia, en el sentido de que la comisión que se forme va a participar de manera directa con los abogados que los han acompañado como víctimas, y las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dijo que para ellos está claro que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya no habrá ningún avance en este caso, que hay resistencia del ejecutivo, la PGR y complicidad de los fiscales de los estados que señalan que la resolución del Primer Tribunal Colegiado es anticonstitucional.
Debido a la violencia está en riesgo la instalación de unas 80 casillas en las que votan unos 20 mil ciudadanos de al menos 13 poblaciones de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumoango), reconoció ayer en conferencia de prensa la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la recién creada Policía Ciudadana, y pidieron al gobierno del estado el regreso de militares y policías estatales que fueron la semana pasada a la zona pero se bajaron el sábado.
Ayer comisarios de unas 18 comunidades que la semana pasada conformaron la Policía Ciudadana, aglutinados en la Unión de Comisarios de la Sierra, ofrecieron una conferencia de prensa en Chichihualco para aceptar el llamado de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo para coordinarse y trabajar por la seguridad en las comunidades de esos municipios.
A nombre de los comisarios hablaron el coordinador de la Policía Ciudadana, Crescencio Pacheco González, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López y el comisario de Filo de Caballos, Alfonso González Pacheco.
En respuesta a la declaración del consejero presidente del Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Soberanis Núñez quien el sábado reconoció que por la violencia y por la conformación de las policías comunitaria y ciudadana en la sierra en algunas zonas no pudieron hacer simulacros y prácticas de la jornada electoral, las autoridades de la región reconocieron que hay temor en la población y que podrían no salir a votar el próximo domingo.
El comisario de Filo de Caballos reconoció que está en riesgo la instalación de unas 80 casillas a las que acuden a votar unas 20 mil personas.
Dijo que sólo en su pueblo hay riesgo en seis, y que en todas las comunidades de la zona serán unas 80.
Informó que la elección está en riesgo en las comunidades de Izotepec, Yextla, Corralitos, Puentecillas, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Torre Camotla, Escalera, Mirabal, Tres Cruces, La Laguna y Xochipala.
El comisario dijo que si bien los candidatos y los partidos políticos ya están haciendo sus cierres de campaña e hicieron su labor de promover sus propuestas, eso no basta ni es garantía de que habrá votación porque hay temor en las comunidades y es posible que no salgan a votar.
“Si no tenemos seguridad, la gente muy difícilmente va a querer salir de sus hogares a querer emitir su voto”, advirtió.
El presidente de la Unión de Comisarios, Barragán López pidió que para garantizar la seguridad durante la jornada del domingo, que el gobierno envíe nuevamente al Ejército y a los policías estatales que participaron en una operación la semana pasada en esas comunidades, luego de la violencia que ocurrió el 9 y 11 de junio.
“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
El gobierno nunca investigó
Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.
Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.
Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zihuatanejo denunciaron que este jueves, cuando se trasladaban hacia el puerto de Acapulco en un autobús rentado por el Instituto, al pasar por Petatlán el chofer dejó subir a un hombre que, al llegar al retén en Bajos del Ejido, en Coyuca de Benítez, fue detenido por los militares porque llevaba droga y un arma.
La familiar de una de las pacientes que iba a consulta en el hospital regional Vicente Guerrero, de Acapulco, y que pidió omitir su nombre para evitar represalias, manifestó que en la madrugada salieron hacia el puerto en el autobús que contrata el IMSS para trasladar a los derechohabientes a sus consultas con especialistas.
Agregó que al pasar a la central de autobuses de Petatlán a recoger a los pacientes, se subieron tres personas, entre ellas un hombre al que los perros adiestrados que tienen los militares le olfatearon drogas, por lo que subieron a buscarlo y lo encontraron escondido en el baño del autobús, y al revisarlo, le encontraron droga y una pistola tipo escuadra.
Dijo que debido a este incidente, los soldados les informaron que tanto el hombre, como el chofer y el autobús se quedarían en ese sitio hasta que no llegara un agente del Ministerio Público, por lo que los pacientes y sus acompañantes tuvieron que buscar la manera de llegar al hospital.
La mujer responsabilizó al chofer del autobús, pues aseguró que hay un control muy estricto delIMSS para que los enfermos y sus acompañantes puedan abordar, y que a las tres personas que se subieron en Petatlán, el conductor no les requirió ningún comprobante para demostrar que acompañaba a algún derechohabiente.
