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Está abandonado el centro para mujeres indígenas que ordenó la Coidh en Ayutla, señala Tlachinollan

 

A casi 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual de militares a la indígena Inés Fernández Ortega, en la que ordenó la instalación del Centro de Atención para la Mujer Indígena, la Infraestructura construida en Ayutla se encuentra abandonada y deteriorándose desde 2015, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle un uso distinto al ordenado por la Corte, pero la beneficiaria de la sentencia se opuso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, (organismo que brindó acompañamiento al caso de la indígena), consultado vía telefónica declaró que el Estado mexicano incumplió la sentencia o cuando menos ha sido omiso y moroso para atender la medida de reparación ordenada por la Corte en el caso de Fernández Ortega.
La Coidh emitió la sentencia por el caso Fernández Ortega el 30 de agosto de 2010, por la violación sexual ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
En dicha sentencia la Corte estableció que el Estado mexicano facilitará los recursos necesarios para que la comunidad indígena de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, “de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la presente sentencia”.
El 6 de marzo de 2012 el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Poiré Romero acudió a Ayutla a expresar una disculpa pública a Fernández Ortega en acatamiento a la sentencia, y entonces los gobiernos federal y estatal asumieron el compromiso con la víctima y con la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), de poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres como parte de la sentencia de la Corte.
El secretario Poiré Romero regresó a Ayutla el 11 de septiembre de ese año y colocó la primera piedra del Centro Comunitario que debió ser entregado y puesto en operación en 2015.
“La obra se terminó a principios del 2015, pero quedó abandonada, sin servicios de energía eléctrica y de agua y sin mobiliario, “todavía no alcanza a ser un centro comunitario con todos sus componentes y le hace falta mobiliario para la atención a las mujeres indígenas”, informó ayer Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos denunció que desde entonces ya no se le dio ningún seguimiento de los gobiernos federal y estatal. El gobierno estatal intentó en algún momento ponerlo en funcionamiento sin que tuviera las condiciones adecuadas y dignas.
“No se ha concluido como debe de ser, la infraestructura quedó inconclusa, quedó abandonada y se ha ido deteriorando el edificio, hay goteras, hay filtraciones de agua y no hay un seguimiento o mantenimiento. El inmueble se mantiene cerrado”, denunció.
Informó que hace dos años el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación propuso que se trasformara en un Centro de Atención a las Mujeres Indígenas (CAMI) de los que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
La propuesta del gobierno federal fue desechada por la beneficiaria Inés Fernández quien acordó con las autoridades que haría llegar una propuesta para el funcionamiento del Centro a fin de que no se incumpliera lo que estableció en su sentencia la Coidh.
Barrera Hernández informó que la propuesta de la indígena la entregaron hace 8 meses a la Secretaría de Gobernación, y que se elaboró con base a experiencias de organizaciones que están empoderando a las mujeres pero que todavía no han tenido respuesta.
Dijo que Inés les hizo ver a las autoridades que el Centro Comunitario forma parte de una sentencia con el que se busca garantizar la atención digna a las mujeres indígenas, con componentes que impliquen una atención integral a las mujeres y que no es un proyecto que responda a otro tipo de necesidades, como sería el CAMI.
Barrera informó que el Centro incluye un albergue para niñas indígenas y que por lo mismo tiene otra finalidad.
“En la misma sentencia de la Corte establece que el Centro tiene que ver con una reparación comunitaria para las mujeres indígenas, lideradas por Inés Fernández que fue la víctima”, mencionó.
Pero dijo que como esto implica recursos financieros y se requiere de un modelo de financiamiento a nivel federal, mismo que tendría que ser a manera de fideicomiso para que se garantice el subsidio a este Centro, ha quedado estancada la negociación, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en su propuesta de que se convierta en CAMI, “lo que implicaría que funcionarios de otras dependencias presten un servicio al Centro de Atención Comunitario”.
Para Barrera Hernández el gobierno federal está incumpliendo la sentencia de la Corte y quiere darle una cobertura al Centro, similar a la que hizo con Ciudad Mujer en Tlapa “que fue un proyecto grande y pionero de la Secretaría de Desarrollo Social, inaugurado por el presidente de la República pero que no funciona, está abandonado”, dijo.
Agregó que también el CAMI es un modelo obsoleto, sin compromiso con las mujeres indígenas y burocrático, “sólo para crear una imagen y generar estadísticas pero nada tiene que ver con una institución que las mujeres sientan y que realmente las apoye y se les proteja”, que es lo que se estableció en la sentencia de la Corte en el caso de Inés Fernández.
Insistió en que lo que quiere hacer el gobierno federal es que los funcionarios trabajen a “destajo” en las instalaciones del Centro y que solamente hagan presencia, pero que no den seguimiento a los casos. Advirtió que un modelo así no cumple las directrices que marcó la Corte Interamericana.
El defensor de derechos humanos expresó que el Centro no fue propuesto con esa finalidad, pero que el gobierno no quiere entender el espíritu que estableció la Corte Interamericana en su sentencia.
“Es una actitud de indiferencia, no quieren atender la esencia de la sentencia en la medida reparatoria, y no quieren apostarle a proyectos exclusivamente para las mujeres indígenas, lo que implica escuchar sus propuestas e invertir recursos para un funcionamiento adecuado”, advirtió.
Se quejó de que, mientras, el proyecto original está estancado y las instalaciones están abandonadas y deteriorándose por el incumplimiento de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal está supeditado a lo que ofrece el gobierno federal y éste le pide al estatal que lo resuelva, “y, como siempre, responde que no tiene recursos, por eso la solución que quieren darle es asignar el modelo de la CAMI y eso es inviable porque no está resolviendo la sentencia de la Corte”.
Denunció que las instalaciones están abandonadas desde hace más de dos años. Dijo que la obra quedó con acabados y pintura, “pero es sólo el cascarón, sin el mobiliario para funcionar”.
Mencionó que la obra debió haberse entregado en 2015 y que ese año debió funcionar.

 

 

Vinculan a proceso al acusado del asesinato de los tres militares en la emboscada en El Pozo

 

El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza Falcón dictó ayer auto de vinculación a proceso a Lucio por homicidio calificado en agravio de los militares Pedro Chávez González, Patricio Hernández García y Jaime Bernal Jiménez, asesinados la noche del 8 de mayo en la entrada del rancho El Pozo, propiedad de la familia Montúfar Mendoza en Coyuca de Catalán.
El juez consideró que los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para responsabilizar penalmente al detenido, quien de acuerdo a las autoridades que integraron la carpeta de investigación C-45/2018 forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Lucio fue detenido la mañana siguiente del asesinato de los militares en el mismo lugar donde fueron atacados cuando iban a resguardar el rancho de la familia Montúfar, pero el gobierno del estado informó de su detención mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia hasta el 13 de mayo.
Según los testigos los integrantes del grupo criminal que mataron a los militares habrían actuado en coordinación con quienes asesinaron el mismo 8 de mayo al candidato del PRI a diputado local por el distrito 17 y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, o al menos cuando llegaron al rancho de la víctima hicieron mención del asesinato de Abel.
El imputado rechazó intervenir durante el juicio oral y fue asistido por un defensor público.
El juicio en el que se resolvió la situación jurídica de Lucio comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de este jueves en la sala 1 de juicios orales de Ciudad Judicial.
El juez de Control argumentó de entrada la competencia jurisdiccional para atender el caso en Chilpancingo, debido a que el detenido fue trasladado al penal de esta capital porque según las autoridades, entre ellas el subsecretario del Sistema Penitenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, así como la Policía Ministerial mediante el oficio 00683/2018, determinaron que no había condiciones para que el imputado permaneciera en penales como el de Coyuca de Catalán o de Arcelia por los riesgos que implicaba, debido a que forma parte del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El juez dijo que el señalamiento al imputado fue atribuido por Sergio, un trabajador de la familia Montúfar, quien refirió que aproximadamente a las 2 de la tarde del 8 de mayo iba con el grupo de aproximadamente 30 sicarios que llegaron al rancho de Abel Montúfar a bordo de tres vehículos: una camioneta Ranger, otra Frontier y un vehículo compacto color vino.
Los delincuentes iban provistos de percheras, fornituras y armas largas, y según el testigo eran encabezados por Uriel Tavares, La Parra, originario de Paso de Arenas, municipio de Coyuca de Catalán, y que según el mismo testigo mucho lo había visto en el pueblo de Pineda, del mismo municipio.
Ese día aproximadamente a las 2 de la tarde (cuando apenas se rumoraba el asesinato de Abel Montúfar pero no se confirmaba su muerte, porque su cadáver fue encontrado hasta las 4 de la tarde), Uriel Tavares quien encabezaba el grupo que llegó al rancho de los Montufar le dijo a Sergio, el testigo: “Mira, tu patrón está muerto, entrégame las pertenencias del patrón”. El mismo testigo, dijo en su declaración asentada en el expediente, que entre los integrantes del grupo armado que encabezaba Uriel Tavares ubicó a Lucio a quien vio que llevaba un rifle de asalto AK-47.
El testigo refirió que después los hombres armados lo subieron a un vehículo y a su hijo Daniel a otro y se los llevaron a la población de Pineda. Declaró que los sicarios también se llevaron dos tractores de la familia Montúfar.
Dijo que a él se lo llevaron en una camioneta y a su hijo en un coche, los dos vendados de los ojos y que al llegar a Placeres del Oro los descubrieron y los presentaron con una persona a la que identificó como El Zarco, a quien vio con una pistola con cachas doradas.
Éste le dijo: “tu patrón ya caminó, a ti no te va a pasar nada, sólo dame las propiedades de tu patrón”.
Sergio el trabajador del rancho de los Montúfar y testigo declaró según el juez, que después los integrantes del grupo armado los regresaron a él y a su hijo al rancho El Pozo de los Montúfar con la intención de llevarse el ganado, pero que en la carretera estatal Las Iguanas-Las Cruces, justo en la entrada del rancho El Pozo, se encontraron con la camioneta en la que iban los militares y que los aproximadamente 30 hombres armados les dispararon.
La declaración de un militar testigo del ataque que también se encuentra en el expediente, refiere que en la camioneta Frontier que era manejaba por Amado, un primo de Abel Montúfar quien se ofreció a llevar a los militares para evitar el robo de los integrantes del grupo armado al rancho, iban únicamente siete soldados.
En el ataque murieron los soldados Pedro Chávez González originario de Veracruz, Patricio Hernández García de San Luis Potosí y Jaime Bernal Jiménez de Veracruz. Tres más resultaron heridos y uno resultó ileso y fue quien rindió la declaración que se encuentra en el expediente.
Mientras tanto, Amado huyó del lugar y no ha sido localizado para que rinda su declaración.

No se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato, advirtió el detenido

El ataque a los militares comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, y según los testigos alrededor de las 9:20 otro grupo de militares que se había rezagado llegaba también al rancho El Pozo y alcanzó a escuchar los disparos, por lo que aceleró la marcha y alcanzó a ver cuándo los sicarios corrían en distintas direcciones hacia el monte para escapar.
Uno de los militares que testificó dijo que vio entre 25 y 30 hombres que se dispersaban hacia el monte. Uno de los rezagados era Lucio. El militar que testificó dijo que su superior le ordenó a él y a otro de sus compañeros que fueran por él cuando vieron que se atrincheró en la maleza y entre unos árboles.
Desde allí oyeron que les advirtió: “no se acerquen cabrones porque me los chingo o me mato”. Los militares rodearon la zona y se mantuvieron hasta las 6 de la mañana del día siguiente (9 de mayo) cuando volvió a gritar: “me rindo, voy a declarar todo pero no disparen, no me vayan a matar”.
Aunque Lucio fue detenido desde la mañana del 9 de mayo el vocero Roberto Álvarez informó de su detención hasta el 13 de mayo.
Ese día el gobierno del estado difundió una fotografía del detenido en el que aparece un hombre muy joven calzando huaraches con unas fornituras con cuatro cargadores para arma AK-47.
En el boletín no informó el día, la hora ni en lugar donde fue detenido Lucio.
El juez de Control y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza resolvió en la audiencia de vinculación a proceso de ayer que con los elementos aportados por la autoridad investigadora, “está evidenciada la probable responsabilidad penal de Lucio” y que existen los elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Agregó que la defensa del imputado no presentó ningún medio de prueba para demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio el defensor público que asesoró al imputado, Jesús Pérez González dijo que “no son suficientes ni coherentes los señalamientos del Ministerio Público en contra de Lucio”, y pidió al juez que tomara en cuenta la presunción de su inocencia, porque “no se acredita” que él privó de la vida a los tres militares.
Según el juez además de la declaración de los testigos que identificaron a Lucio entre los integrantes del grupo armado que fue al rancho y atacó a los militares, existe como medio de prueba el peritaje de rodizonato de sodio que dictaminó que el detenido contaba con residuos de plomo y bario en las manos, asimismo dijo que las características de las lesiones que recibieron los militares muertos coincide con las que produce el arma que portaba Lucio cuando fue detenido.
Fue trasladado de Tierra Caliente a Chilpancingo para que fuera juzgado aquí, debido a que en un oficio del subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Orihuela Hernández y otro de la Policía Ministerial 00683/2018 no había condiciones para que permaneciera en los penales de Coyuca de Catalán o de Arcelia porque pertenece al grupo criminal Los Caballeros Templarios.
El expediente refiere que cuando fue detenido Lucio portaba un arma AK-47, de las conocidas como Cuerno de Chivo, así como cuatro cargadores con 26 cartuchos útiles cada uno.
Al término de la audiencia el Ministerio Público solicitó al juez un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues dijo que aún falta por recibir la declaración de los tres militares que resultaron heridos y de Amado, el primo de Abel que manejaba la camioneta en que se trasladaban al rancho El Pozo los militares atacados, petición que fue concedida por el juez, quien además aclaró que su resolución es susceptible de impugnación.

 

No tienen labores por falta de vigilancia tres de diez preescolares en la Zapata y Renacimiento

En tres de los diez jardines de niños de la zona escolar 37 no hubo labores, aunque los maestros se presentaron a laborar, los padres de familia decidieron no dejar a sus hijos por la falta de seguridad.
En la primaria Carlos A. Carrillo y la secundaría 6, Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hubo clases, aunque no llegó el resguardo militar a la hora de entrada de los alumnos. En otros planteles sí se tiene seguridad permanente, como en el caso del jardín de niños Sentimientos de la Nación, de Ciudad Renacimiento.
En un recorrido por planteles de Ciudad Renacimiento se constató que se encontraban cerrados los jardines de niños Moisés Guevara, Olinalá y Rubén Figueroa Figueroa, que son tres de los diez que están en la zona 37.
Según comentaron trabajadores de los planteles, los padres de familia fueron quienes decidieron no dejar a sus hijos al no tener resguardo militar, como habían prometido las autoridades que habría. Sin embargo, no todos los días tuvieron resguardo militar después de regresar de vacaciones.
Aunque los maestros de esa zona preescolar acordaron que se trabajaría con normalidad, no ocurrió en los planteles mencionados. Otros jardines de niños de esa zona tuvieron actividades, aun sin tener vigilancia permanente, aunque hubo baja asistencia de estudiantes.
En el preescolar Sentimientos de la Nación, ubicado en el callejón Cuauhtémoc, sí hubo clases y seguridad, pero poco estudiantes. Afuera del plantel se vio a dos militares haciendo guardia, el personal del plantel indicó que los militares estaban ahí durante todas las horas de clase y hacían rondines en las calles alrededor del plantel.
En esa escuela lo que preocupa a los padres de familia es que no tienen barda, sino malla ciclónica, porque han ocurrido balaceras en las inmediaciones de la escuela y sienten que sus hijos están vulnerables.
En la escuela primaria Carlos A. Carrillo, los padres de familia informaron que no hubo resguardo militar a la hora de entrada a clases y no sabían si irían a la hora de la salida. Los maestros comentaron que tenían una reunión de zona, porque lo que pidieron es que el resguardo militar fuera permanente durante las horas de clases y no solamente que se hicieran rondines.
En la secundaria 6 Tierra y Libertad tampoco hubo seguridad a la hora de entrada, la cual han retrasado una hora y es a las 7:30 de la mañana, porque los estudiantes llegaban cuando todavía no amanecía.
La semana pasada los militares asistieron todos los días a la hora de entrada del turno de la mañana y la de salida del vespertino, pero dijeron que no podían ir entre la 1 y las 2 de la tarde, porque tienen un “receso o cambio” según el argumento que dieron.

 

Por falta de vigilancia militar y de garantías de seguridad, suspenden clases escuelas de Acapulco

A pesar de que el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, informó que habría vigilancia militar en las escuelas, padres de familia y directores comentaron que no fue así y en algunas, las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso por falta de garantías de seguridad.
En el segundo día de regreso a clases, luego de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, varias escuelas no reanudaron labores, de acuerdo con lo que se observó en un recorrido realizado en varios de los planteles educativos, sobre todo de Renacimiento y Emiliano Zapata.
En la escuela Francisco Sarabia no hubo clases y se espera que se reanuden hoy. De acuerdo con vecinos, hay inconformidad porque los militares que vigilaban de manera fija ya no se los regresaron.
En el jardín Olinalá, en Renacimiento, tampoco tiene clases y de acuerdo con una madre de familia, las educadoras les avisaron que éstas se reanudaran hasta nuevo aviso, pues temen por su seguridad ya que no hubo militares fijos, como les habían prometido. Lo mismo sucedió en el jardín de niños Rubén Figueroa Figueroa y en la primaria Adolfo López Mateos, donde los alumnos fueron regresados.
Hay escuelas que están trabajando con sus reservas y en espera de una reunión de padres, para exigir la presencia de los militares, como es en la primaria Carlos A. Carrillo, en donde los elementos estuvieron unos minutos a la hora de la entrada y se fueron. Algunos padres, que se encontraban en el portón esperando con la comida de sus hijos para el recreo, informaron que no habían visto recorridos de ninguna corporación.
En la primaria Plan de Ayala, de la colonia Emiliano Zapata, los niños estaban recibiendo clases en sus aulas improvisadas y en la secundaria 6 Tierra y Libertad había clases, pero también se informó que los militares que tenían de manera fija les fueron retirados. Lo mismo sucede en la secundaria 9 de Renacimiento, donde dijeron maestros que los militares nada más van a que les firmen la libreta de que pasaron por ahí y se van, pero ya no regresan a la hora de la salida, por lo que no hay garantías de seguridad.

 

Acampan soldados a 3 kilómetros de Santa Cruz y Juquila Yucucani; vecinos les impiden pasar

Vecinos na savi de Santa Cruz Yucucani y de Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, impidieron la tarde y noche del domingo que unos 100 militares entraran a esos dos pueblos, supuestamente a destruir plantíos de enervantes.
Los soldados tuvieron que acampar a unos 3 kilómetros al sur de las dos localidades que se encuentran en las colindancias con el estado de Oaxaca, informó el abogado Mardonio Ramírez García, quien asesora a los comuneros de Juquila Yucucani.
El abogado contó, vía telefónica la tarde de ayer, que después de tres intentos de entrar a las dos comunidades por la carretera la tarde del domingo, los pobladores de Santa Cruz y de Juquila Yucucani se impusieron y les impidieron el paso por la carretera a los militares.
Dijo que los soldados tuvieron que salirse del camino e internarse en el cerro. Explicó que se quedaron, ya entrada la noche, a unos 3 kilómetros al sur de los dos pueblos en donde se quedaron durante todo el día ayer.
Los habitantes de los dos pueblos les impidieron la entrada porque denunciaron que el 6 de marzo los soldados les destruyeron una milpa cuando aterrizaron dos helicópteros en medio de una siembra.
El abogado denunció que ese día, un primer helicóptero aterrizó a las 11 de la mañana en una plantación de milpa y destruyó una amplia extensión del cultivo, agregó que dos horas después aterrizó un segundo helicóptero y acabó con un pedazo de siembra de milpa de uno de los pobladores.
Pero agregó que lo que molestó más a los habitantes de las dos localidades fue que los militares golpearon y empujaron a mujeres embarazadas.
Dijo que desde ese día los habitantes de las dos localidades, están exigiendo a los soldados que les paguen a los campesinos sus cultivos dañados.
Mardonio Ramírez informó ayer, vía telefónica, que los habitantes de las dos localidades se mantienen en las entradas de los dos pueblos para impedir que entren los soldados, porque temen que vayan a detener a algunos de los líderes.
Dijo que ayer enviaron escritos al Ayuntamiento, así como a los gobiernos estatal y federal, para que acudan a esa comunidad a verificar la violación a los derechos humanos que están viviendo por parte de los militares.

 

Los asesinatos de políticos afectan a todos y no deben quedar impunes: arzobispo

Arzobispo: los asesinatos de políticos afectan a toda la sociedad y no deben quedar impunes

Su “eliminación” trae “un dolor y desconcierto más grande” porque su propósito manifiesto era servir a la comunidad y “una forma fundamental de cuidar a los demás es que no queden en la impunidad sus crímenes”, advierte Leopoldo González González

Jacob Morales Antonio

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, advirtió que los asesinatos de políticos afectan a toda la sociedad y por eso llamó a laas autoridades a trabajar porque no queden en la impunidad.
En su conferencia dominical, el prelado católico llamó a las autoridades del estado a investigar los asesinatos de políticos y civiles, que se haga justicia y recordó que “la impunidad es abono del crimen y del delito, y deja a la sociedad bajo la amenaza de quienes en ella hacen el mal. La impunidad no permite al hermano que cometió el crimen recapacitar y enmendar su vida”.
“La eliminación de precandidatos significa para la sociedad un dolor y desconcierto más grande, porque el propósito manifiesto de estas personas era servir a la sociedad, construyendo el bien común en el servicio de autoridad, y una forma fundamental de cuidar a los demás es que no queden en la impunidad sus crímenes”.
Dijo que comparte la tristeza y el dolor de las familias que han perdido sus seres queridos, desde el gran dolor y la soledad de las esposas, hermanos, padres, madres e hijos, “desde ese sufrimiento hago una llamada a la conversión a quienes han dedicado su vida al crimen y al delito, o de alguna forma cooperan con ellos, su vida puede cambiar y ser fuente de bien”.
El padre también agradeció a quienes arriesgan su vida para resguardar la integridad de las personas y el bien común. Llamó a las fuerzas de seguridad “a seguir poniendo lo mejor de ustedes mismos”.
El viernes por la noche fue asesinado en Zihuatanejo el precandidato del PRD, Homero Bravo Espino. El miércoles se registraron tres ataques en las colonias Centro, Progreso y La Vacacional, a sitios de taxis en Acapulco, que dejaron cuatro choferes y un joven muerto. El jueves hubo cinco asesinatos, tres de ellos en la blindada avenida Costera.

Están las familias desprotegidas por las instituciones

El arzobispo llamó a reflexionar acerca la realidad de la familia, por el día que se conmemoró ayer. Dijo que la fecha representa la oportunidad para considerar la necesidad de poner atención en lo que está sucediendo en las familias mexicanas.
“Por un lado, advertimos la gran carga de dolor que viven muchas familias de nuestra religión, al ser golpeadas por alguna de las formas violentas del crimen común y del organizado; al sentirse desprotegidas en los momentos de crisis, por el de apoyo, y de alguna manera por la respuesta ineficaz de algunas instituciones públicas”, expresó.
González González dijo que las familias necesitan la atención y el apoyo de todos, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Proteger la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, y afirmó que la Iglesia seguirá apoyando a las familias desde la pastoral familiar.
Llamó a construir la paz y promover las relaciones saludables entre las familias, porque es una institución fundamental en la sociedad, “si tenemos familias sanas, nuestra sociedad será sana; si tenemos familias enfermas, nuestra sociedad también lo estará”.
Agregó que “por esta razón es urgente cuidar y potenciar el papel de la familia en la reconstrucción de la paz. La familia como comunidad educadora, fundamental e insustituible” de transmisión de valores y culturales.

Llama el obispo a encarar el crimen con labor de inteligencia, no con más militares

Salvador Rangel Mendoza declara que los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular denotan falta de humanidad y civismo, de que triunfa la ley del más fuerte. Pide ayuda para los campesinos de la sierra afectados por el bajo precio de la goma de opio

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Para el obispo Salvador Rangel Mendoza no es con más militares como se va a resolver el problema de la violencia en lugares como Chilapa, sino con una labor de más inteligencia; y con respecto a los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, declaró que eso denota una falta de humanidad y civismo, de que triunfa la ley del más fuerte.
Rangel Mendoza contestó algunas preguntas después de la misa de 7 a 8 de la noche, en la catedral de la Asunción de María, de Chilpancingo.
Consultado también respecto al problema que padecen los campesinos de la sierra del Filo Mayor, por la disminución del precio de la amapola, que impide la venta de su producto ilícito, pidió que los gobiernos federal y estatal que se interesen en ellos y les lleve a las diferentes secretarías, para que vean en qué les pueden apoyar.
El sábado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por el alto número de periodistas, políticos y aspirantes a puestos de elección que han sido asesinados en México en el actual proceso electoral; luego del asesinato del perredista Homero Bravo Espino, funcionario municipal de Zihuatanejo, el diplomático exigió que se esclarezcan los asesinatos políticos.
Consultado al respecto, el obispo dijo que, ciertamente, en Guerrero se vive un ambiente “muy difícil, muy duro, y que, de hecho, denota la falta de humanidad y de civismo en las elecciones en el país y en Guerrero, donde lo que triunfa es la ley del más fuerte”.
Dijo que a los guerrerenses les hace falta mucho saber dialogar, “saber enfrentar las ideas y afrontarlas también, en vez de querer borrar del mapa o eliminar a gente que no piense como yo”, dijo el prelado.
Contestó que predominan los intereses políticos y económicos, “y mientras haya este interés por delante, y no el bien común y el interés de la ciudadanía, esos acontecimientos (los asesinatos de políticos), desgraciadamente van a seguir sucediendo”.
Remarcó que Guerrero es uno de los tres estados con el nivel cultural más bajo, “entonces qué le vamos a pedir a estas personas, que no han sido cultivadas, a estas personas que no se saben relacionar con los demás; personas que no saben dialogar. En ese sentido, yo creo que debemos luchar para cultivar más a las personas, educarlas, civilizarlas, porque si no, vamos a seguir en la ley del más fuerte y en la ley de las cavernas, eliminando al enemigo”.

Chilapa ya estaba blindada y siguió la violencia, señala

A pregunta del reportero con respecto a la llegada de más militares a Chilapa, la semana pasada, dijo que en vez de más soldados debería de haber más labor de inteligencia, porque los que llegan son militares que no conocen la zona, ni el ambiente.
“Chilapa es una ciudad blindada por tanto militar, policía federal y policías estatales, entonces por qué sigue habiendo esos disturbios y asesinatos. Yo creo que el mal está dentro, ellos (los delincuentes) ya están dentro, ¿o habrá alguien que les abre la puerta y se las cierra?”, preguntó sarcástico.
El obispo agregó que si así están las cosas, más militares no son la solución, “ellos se dedican sobre todo a controlar a las personas que van, que vienen y que entran por la carretera; pero hay otros caminos, hay cerros por donde pueden entrar”.
Sin embargo, insistió en que si el gobierno quisiera, ya hubiera solucionado el problema, “porque, como dijo una vez el gobernador en Acapulco, sabemos quiénes son y donde están. Yo creo que acá, en Chilapa, también saben quiénes son y dónde están”.

Los campesinos de la sierra necesitan otras opciones de cultivo

Con respecto a la disminución del precio de la amapola que mantiene en una situación de crisis a miles de familias campesinas de la sierra del Filo Mayor, el obispo Rangel Mendoza admitió que ese problema ya lo conoció desde hace tiempo y que hasta le habían pedido los cultivadores y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), que intercediera ante los gobiernos federal y estatal para que los ayuden.
“Es un problema que conozco desde hace tiempo, incluso ellos me pidieron si podría hacer algo, sobre todo llamar la atención de las autoridades, tanto estatales como federales, para que se les dé otra opción a estas personas”, recordó.
Declaró que sabe que la goma de opio todavía el año pasado la vendían de 19 a 23 pesos el gramo, pero que actualmente se lo pusieron hasta en 10 pesos, “ustedes saben que es porque están introduciendo otro tipo de enervantes a Estados Unidos y está cayendo el precio de la amapola; por lo tanto, yo creo que nuestros campesinos necesitan otra opción, porque es una situación muy difícil la que están viviendo”.
Añadió que de hecho, estos campesinos ya vivían en una situación difícil, porque era lo único que tenía para comer y ahora que les bajan el precio y ya no pueden vender, se les está acentuando la pobreza. Añadió que en estas condiciones alguien les tiene que ayudar.
Confió que en una ocasión hasta el presidente municipal de Tlacotepec (el priista Juan Pedro Salgado Román) le pidió que si podía hablar con la gente de los gobierno estatal o federal, para que fueran a esa zona y que llevaran a las distintas secretarías, para que vieran en qué les podían ayudar a estos campesinos.
“Ellos me decían que bien les pueden llevar cobijas, láminas. Sí vale la pena que pongamos atención en la sierra, pero que no sea solamente en este tiempo de elecciones, para dar dádivas y captar votos, sino verlos como guerrerenses, como hermanos nuestros, como gente que no ha tenido posibilidades”, pidió.
Después insistió: “Por qué no en vez de meter a todos esos militares, mandan una ayuda a la sierra. Yo creo que sí se puede ayudar a la gente de la sierra, ¿cuánto se gastan en el Ejército? ¿Cuánto se gastan en las policías y militares? ¿Por qué no se hace algo más, allá en la Sierra? Obras de infraestructura, mejorar las escuelas, los caminos, un buen hospital o algún trabajo que se le pueda dar a esa gente”, propuso.

 

Llama el obispo a encarar el crimen con labor de inteligencia, no con más militares

Para el obispo Salvador Rangel Mendoza no es con más militares como se va a resolver el problema de la violencia en lugares como Chilapa, sino con una labor de más inteligencia; y con respecto a los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, declaró que eso denota una falta de humanidad y civismo, de que triunfa la ley del más fuerte.
Rangel Mendoza contestó algunas preguntas después de la misa de 7 a 8 de la noche, en la catedral de la Asunción de María, de Chilpancingo.
Consultado también respecto al problema que padecen los campesinos de la sierra del Filo Mayor, por la disminución del precio de la amapola, que impide la venta de su producto ilícito, pidió que los gobiernos federal y estatal que se interesen en ellos y les lleve a las diferentes secretarías, para que vean en qué les pueden apoyar.
El sábado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por el alto número de periodistas, políticos y aspirantes a puestos de elección que han sido asesinados en México en el actual proceso electoral; luego del asesinato del perredista Homero Bravo Espino, funcionario municipal de Zihuatanejo, el diplomático exigió que se esclarezcan los asesinatos políticos.
Consultado al respecto, el obispo dijo que, ciertamente, en Guerrero se vive un ambiente “muy difícil, muy duro, y que, de hecho, denota la falta de humanidad y de civismo en las elecciones en el país y en Guerrero, donde lo que triunfa es la ley del más fuerte”.
Dijo que a los guerrerenses les hace falta mucho saber dialogar, “saber enfrentar las ideas y afrontarlas también, en vez de querer borrar del mapa o eliminar a gente que no piense como yo”, dijo el prelado.
Contestó que predominan los intereses políticos y económicos, “y mientras haya este interés por delante, y no el bien común y el interés de la ciudadanía, esos acontecimientos (los asesinatos de políticos), desgraciadamente van a seguir sucediendo”.
Remarcó que Guerrero es uno de los tres estados con el nivel cultural más bajo, “entonces qué le vamos a pedir a estas personas, que no han sido cultivadas, a estas personas que no se saben relacionar con los demás; personas que no saben dialogar. En ese sentido, yo creo que debemos luchar para cultivar más a las personas, educarlas, civilizarlas, porque si no, vamos a seguir en la ley del más fuerte y en la ley de las cavernas, eliminando al enemigo”.

Chilapa ya estaba blindada y siguió la violencia, señala

A pregunta del reportero con respecto a la llegada de más militares a Chilapa, la semana pasada, dijo que en vez de más soldados debería de haber más labor de inteligencia, porque los que llegan son militares que no conocen la zona, ni el ambiente.
“Chilapa es una ciudad blindada por tanto militar, policía federal y policías estatales, entonces por qué sigue habiendo esos disturbios y asesinatos. Yo creo que el mal está dentro, ellos (los delincuentes) ya están dentro, ¿o habrá alguien que les abre la puerta y se las cierra?”, preguntó sarcástico.
El obispo agregó que si así están las cosas, más militares no son la solución, “ellos se dedican sobre todo a controlar a las personas que van, que vienen y que entran por la carretera; pero hay otros caminos, hay cerros por donde pueden entrar”.
Sin embargo, insistió en que si el gobierno quisiera, ya hubiera solucionado el problema, “porque, como dijo una vez el gobernador en Acapulco, sabemos quiénes son y donde están. Yo creo que acá, en Chilapa, también saben quiénes son y dónde están”.

Los campesinos de la sierra necesitan otras opciones de cultivo

Con respecto a la disminución del precio de la amapola que mantiene en una situación de crisis a miles de familias campesinas de la sierra del Filo Mayor, el obispo Rangel Mendoza admitió que ese problema ya lo conoció desde hace tiempo y que hasta le habían pedido los cultivadores y el alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), que intercediera ante los gobiernos federal y estatal para que los ayuden.
“Es un problema que conozco desde hace tiempo, incluso ellos me pidieron si podría hacer algo, sobre todo llamar la atención de las autoridades, tanto estatales como federales, para que se les dé otra opción a estas personas”, recordó.
Declaró que sabe que la goma de opio todavía el año pasado la vendían de 19 a 23 pesos el gramo, pero que actualmente se lo pusieron hasta en 10 pesos, “ustedes saben que es porque están introduciendo otro tipo de enervantes a Estados Unidos y está cayendo el precio de la amapola; por lo tanto, yo creo que nuestros campesinos necesitan otra opción, porque es una situación muy difícil la que están viviendo”.
Añadió que de hecho, estos campesinos ya vivían en una situación difícil, porque era lo único que tenía para comer y ahora que les bajan el precio y ya no pueden vender, se les está acentuando la pobreza. Añadió que en estas condiciones alguien les tiene que ayudar.
Confió que en una ocasión hasta el presidente municipal de Tlacotepec (el priista Juan Pedro Salgado Román) le pidió que si podía hablar con la gente de los gobierno estatal o federal, para que fueran a esa zona y que llevaran a las distintas secretarías, para que vieran en qué les podían ayudar a estos campesinos.
“Ellos me decían que bien les pueden llevar cobijas, láminas. Sí vale la pena que pongamos atención en la sierra, pero que no sea solamente en este tiempo de elecciones, para dar dádivas y captar votos, sino verlos como guerrerenses, como hermanos nuestros, como gente que no ha tenido posibilidades”, pidió.
Después insistió: “Por qué no en vez de meter a todos esos militares, mandan una ayuda a la sierra. Yo creo que sí se puede ayudar a la gente de la sierra, ¿cuánto se gastan en el Ejército? ¿Cuánto se gastan en las policías y militares? ¿Por qué no se hace algo más, allá en la Sierra? Obras de infraestructura, mejorar las escuelas, los caminos, un buen hospital o algún trabajo que se le pueda dar a esa gente”, propuso.

 

Ingresan militares en helicóptero a territorio de la CRAC en Ayutla, informan autoridades

Autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunciaron que este lunes 35 militares del 48 Batallón de Infantería llegaron a la comunidad La Concordia, municipio de Ayutla, supuestamente para erradicar plantíos de amapola.
Una de las autoridades comunitarias informó que al mediodía del lunes un helicóptero aterrizó en la comunidad y se retiró a las 4 de la tarde.
Indicó que los soldados fueron abordados por los comisarios municipales de las comunidades de La Concordia y San Felipe, para que informaran del por qué de su presencia.
En una llamada telefónica una de las autoridades comunitarias dijo que el mando militar a cargo les señaló en un mapa que había tres comunidades de la zona donde opera la CRAC, que sus habitantes siembrab amapola y mariguana.
Los comisarios municipales de San Felipe y La Concordia se pronunciaron en contra de la presencia de los militares, porque en la zona funciona la CRAC que se encarga de revisar la zona para evitar ese tipo de sembradíos, y en caso de que se compruebe los comisarios de las tres comunidades de los que no se revelaron sus nombres serán detenidos y reeducados, y en una asamblea se decidirá si las comunidades son expulsadas del sistema de justicia comunitario.
La autoridad comunitaria que denunció la llegada de los militares indicó que fueron insistentes en que, los soldados “dicen que quieren colaborar con los pueblos, pero las autoridades (locales) no quisieron”, porque los militares han agredido a los pobladores y matado a vecinos, como en El Charco, municipio de Ayutla, en 1998 donde fueron asesinadas 11 personas.
“El acuerdo que se tomó es que no queremos a los militares ni policías federales, estatales y menos a la Policía Municipal de Ayutla en las comunidades donde opera la CRAC, porque ya tienen sus autoridades y tienen suficiente capacidad para actuar contra delitos, y la delincuencia organizada que poco se da por acá”, dijo la autoridad comunitaria.

 

Acuartelan a los policías de Iguala; sólo atienden llamados si los acompañan militares

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Carlos Manuel Díaz García informó que los 74 policías fueron acuartelados, luego de la agresión a balazos que sufrieron la mañana del martes dos de sus compañeros, que suspendieron el servicio en algunas área y sólo van a llamadas de auxilio con el acompañamiento de policías federales o soldados.
El policía primero negó que estén en un paro de labores como se rumoró desde la noche del martes, pero confirmó que concentró a todos los policías en las instalaciones del cuartel municipal, ante el riesgo y temor de otro atentado en contra de alguno de ellos.
Del ataque a dos agentes a bordo de una patrulla la mañana del martes al salir de la colonia El Capire, dio a conocer que los dos regresaban de colonias populares asentadas en la zona rural al sur de la ciudad después de un patrullaje, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta los toparon de frente y los atacaron a balazos cuando iban en movimiento.
Mencionó que el policía que iba manejando la patrulla 005, de nombre Daniel, de 32 años, recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el antebrazo, ambos del lado izquierdo. Cree que por los impactos en la patrulla les dispararon con un arma calibre .9 milímetros.
En declaraciones ayer en la mañana en las instalaciones del cuartel, dijo que se trasladaría a la Fiscalía regional para conocer los avances de las investigaciones del ataque a sus compañeros. Agregó que tras la agresión del martes se implementó un fuerte dispositivo de seguridad y de búsqueda de los agresores en el que participaron policías federales, estatales, ministeriales y soldados del Ejército, pero los resultados fueron negativos.
De la situación médica del policía dio a conocer que se encontraba fuera de peligro, y se esperaba que ayer lo dieran de alta.
Mencionó que a pesar de estar acuartelados y haber retirado de servicio a todos los policías, ya que están desarmados, salen siempre y cuando haya el acompañamiento de la Policía Federal y de soldados del Ejército.
Sobre la petición de que se les regrese el armamento que les fue decomisado en octubre de 2014 tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, el representante de la Policía Municipal dijo que están en pláticas con el alcalde Herón Delgado Castañeda para hacer las gestiones necesarias, “para ver que lo más rápido posible se vea lo del armamento para que ya tengamos el equipo adecuado para salir a combatir a la delincuencia”.
De la situación de los 74 policías que tiene la corporación en relación con los exámenes de control de confianza y las certificaciones, y Díaz García afirmó que cuenta con toda la documentación que acredita que 64 están certificados y falta que le entreguen los resultados de 10 agentes. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Bajan militares a un pasajero de autobús en Teloloapan con mariguana: PGR

Militares detuvieron a un pasajero de un autobús de la Estrella de Oro por portar mariguana en Teloloapan, hace ocho días, y la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud.
La PGR difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que militares en un puesto de revisión en la carretera federal Teloloapan-Iguala en la entrada de la cabecera municipal de Teloloapan, donde le marcaron el alto a un autobús, “solicitando al chofer y a los pasajeros que descendieran para realizar una revisión de seguridad al vehículo”.
Dice que un canino detectó enervantes en el portaequipaje, y al revisar dos maletas contenían dos envoltorios con cinta canela, con mariguana.
El equipaje pertenecía a un pasajero que abordó el autobús en Teloloapan y se dirigía a Cuernavaca.
“De a acuerdo con el dictamen practicado por la perita en materia de química forense, la mariguana asegurada tuvo un peso neto total de 28 kilos 240 gramos”, indica el comunicado.
El detenido fue identificado como William o Carlos y él y la droga fueron puestos a disposición de la delegación de la PGR en Chilpancingo para las investigaciones.